Debemos  reconocer  que hubo progresos,  porque cuando se explícita que la gratuidad se amplía a nuevas instituciones universitarias, que no pertenecen al CRUCH (Consejo de Rectores), se da un paso para terminar con políticas que han tenido como único sustento el año de fundación de las universidades,  generando  la odiosa división entre CRUCH y privadas, sin considerar trayectorias, ni el proyecto académico que representan, o los mecanismos de participación que contemplan en su gestión.

El esfuerzo planteado por el gobierno de reducir del 60% al 50%, para aumentar la cobertura del beneficio, posee el mérito de tomar una decisión desde una ‘perspectiva realista y sin renuncias’. Con costos por cierto, por las presiones que han ejercido algunos rectores, quienes señalaron que debieran ser compensados por esta reducción.

En definitiva el gobierno ha sido capaz de superar los criterios ideológicos, asumiendo  pragmáticamente la implementación de la gratuidad. Se echa de menos eso sí, un análisis más fino del tipo de estudiantes y de universidades que podrían haber sido favorecidos.

Debemos tener en cuenta que el respaldo o rechazo a la iniciativa, se va a jugar en esta etapa, en la que se harán visibles para la opinión pública el impacto de la gratuidad, más allá de los eslóganes.

Los beneficiados  serán el 50% de los estudiantes más vulnerables que hayan accedido a las 25 universidades del CRUCH, por eso resulta injustificable que 4 universidades ‘tradicionales’ que tienen menos de 4 años de acreditación, que es el requisito mínimo que se les va pedir a las privadas, sí puedan acceder a esta etapa de la gratuidad.

Si algo es indispensable para darle solidez a esta política, es que sea consistente, coherente y predecible. Lo que claramente ha faltado hasta el momento y todavía estamos a tiempo de rectificar.

Los gobiernos tienen la responsabilidad y deben principalmente abordar adecuadamente estos pilares fundamentales, y dar señales que sobre ellos hay control y preocupación del Estado. Las derivaciones estarán de cargo de las empresas e instituciones vinculadas a cada actividad económica, a través de las cuales se fomentará y activará la inversión. Por más esfuerzos que realice un país que no tenga garantizado los tres pilares fundamentales difícilmenteconcretara inversión de largo plazo con un nivel de riesgo  aceptable.

El primer pilar fundamental corresponde a la estabilidad social, a través de la cual el país debe garantizar el debido resguardo de las condiciones que permitan una calidad de vida equitativa para la población, en aspectos de salud, educación, medioambiente, seguridad, igualdad ante la justicia y en general calidad de vida acorde con los estándares internacionales de respeto de los derechos de las personas.

De este modo la institucionalidad del país dará garantías de que los proyectos podrán ser ejecutados si cuentan con las aprobaciones correspondientes y que éstas serán respetadas por la ciudadanía,cuando se obtengan a través del proceso establecido por la autoridad que las otorga.

Ningún inversionista realizará proyectos de inversión donde no se garantice estas condiciones, ya que ello conlleva un alto riesgo de fracaso o postergaciones indefinidas.

El segundo pilar será la estabilidad económica. Este factor se orienta a mostrar un país con reglas claras y de largo plazo para la inversión, en aspectos tributarios, laborales y de institucionalidad.Esta garantiza el acceso al capital, al recurso humano calificado, a proveedores de clase mundial y a las condiciones financieras que permitan el retorno de la inversión a valores competitivos a nivel internacional.

La estabilidad económica también deberá garantizar que las condiciones laborales son las adecuadas, que los trabajadores reciben una justa remuneración y que el retorno para el Estado por la vía de impuestos será el adecuado a los estándares apropiados a cada sector.

Por ultimo será también importante para el inversionista la estabilidad política del país reflejada en la credibilidad y el respeto que la ciudadanía tiene de las instituciones del Estado. El Gobierno en primer lugar, el Congreso Nacional, los Tribunales de Justicia y la Contraloría General de la Republica, deberán en su conjunto garantizar la trasparencia y la permanencia del estado de derecho en el país, así como el respeto de las normas de convivencia nacional.

Chile cumple ampliamente con estos tres pilares fundamentales, lo cual ha sido reconocido y apreciado por la comunidad internacional. Ello se ha construido a través de los años con mucho esfuerzo y sacrificio colocando a nuestro país en un lugar destacado en la comunidad latinoamericana.

En consecuencia el sector privado debe tener la confianza y apreciar que el país cuenta con estas condiciones fundamentales para el desarrollo de la inversión, lo cual representa un activo de incalculable valor que sin lugar a dudas da las garantías de seguridad y estabilidad a la inversión en el largo plazo.

Enap nació como una empresa petrolera.Sin embargo hoy no tiene petróleo; también ha incursionado en el negocio del gas natural, con pobres resultados luego del corte del suministro argentino. En la década pasada desarrolló una estrategia de participación en geotermia la cual tampoco ha mostrado avances significativos.

Actualmente la empresa destina sus mayores esfuerzos a la refinación y distribución mayorista de combustibles a nivel nacional.

Como su principal abastecimiento de crudo lo constituyen fuentes y productores en el extranjero está permanente expuesta a los vaivenes del mercado internacional del petróleo, que producto de las variaciones imprevistas de este mercado ha generado fuertes pérdidas en sus últimos ejercicios.

Todos sabemos que en el negocio del petróleo y el gas natural el mayor beneficio está en la exploración y producción y no en la refinación que es lo que hace hoy Enap.

¿Cuál debería ser entonces el destino de Enap? ¿Puede subsistir una empresa de estas características en un país como Chile, sin disponer de materias primas propias y sin financiamiento?

¿Puede Enap estar sometida a leyes que restringen su operación frente a la dura competencia que representan las empresas distribuidoras privadas en el país?

Sin duda que no, por lo tanto para sacar a Enap adelante y dar ese gran paso, además de establecer un gobierno corporativo, se debe definir una estrategia de desarrollo que la transforme en líder de la implementación de una nueva política energética para el país.

Para avanzar en lo anterior hay pasos que se pueden dar, como por ejemplo.

Establecer una política de desarrollo energético, en la cual Enap tenga una participación relevante y lidere con fuerza su implementación, apoyando las políticas públicas del ministerio de Energía.

El país y especialmente la clase política deben depositar su confianza en que la empresa puede asumir este desafío, estableciendo compromisos y resultados, lo cual se traduce en entregar los recursos económicos para ello.

Eliminar las trabas legales y burocráticas que agobian a Enap para que pueda competir en Chile en iguales condiciones que las empresas importadoras y distribuidoras de combustible del sector privado.

Implementar en el más breve plazo un nuevo Gobierno Corporativo que le de garantía a todos los sectores y que la empresa se abocara al mandato que para ella se defina en la política energética del país.

Trasparentar el mercado de los combustibles en Chile , tanto desde el punto de vista de su importación , distribución y comercialización , así como desde la óptica impositiva y los negocios asociados.

El desarrollo energético es vital para Chile. Enap puede cumplir un rol relevante en la aplicación de una política que saque al país de esta coyuntura.

La experiencia depositada en esta empresa por más de 60 años no debe desperdiciarse, y muy por el contrario debemos capitalizarla y ponerla al frente del desarrollo energético nacional.

Frente a este portazo, del cual no hay precedente, la empresa tiene solo dos alternativas.

La primera es ralentizar su programa de inversiones adecuándolo a los recursos disponibles, y la segunda es endeudarse en el sistema financiero internacional para suplir la falta de capitalización.

No consideraremos una tercera alternativa que es la venta de activos o pertenencias mineras ya que ello no cuenta con la “licencia social “y podría generar un conflicto mayor.

La primera alternativa es impensable ya que el plan de inversiones de Codelco considera básicamente la construcción y puesta en operación de sus yacimientos estructurales de reposición, que le permitirán mantener su producción de cobre en los próximos años, objetivo esencial para la generación de flujos financieros para el país.

La segunda opción, menos mala, es obtener recursos en el sistema financiero internacional, lo cual no representa un problema para Codelco. Sin embargo, aumenta peligrosamente su ya elevado endeudamiento y su costo financiero, incrementando los ya elevados costos de la empresa.

Las razones del gobierno para negar los recursos frescos para inversión puede deberse a la disminución en la productividad de la empresa en los últimos años, lo cual repercute negativamente en los márgenes operacionales, con el consecuente resultado de menores ingresos para el fisco.

Además, el aumento de costos en la empresa, que informado en sus estados financieros de diciembre de 2012 alcanzó a US$ 2,60 por libra de cobre producido, el más alto de su historia y que afecta negativamente el margen operacional y la utilidad. Considerando que el precio del metal bordea hoy los US$ 3,0 la libra, es un costo extremadamente peligroso para la cuprífera.

En consecuencia parece que la junta de accionistas ha querido castigar o presionar a la empresa restringiendo la capitalización de utilidades, lo cual sin lugar a dudas generará un efecto inverso, ya que sin financiamiento habrá demora en los proyectos estructurales de reposición, disminución de la producción y en consecuencia menores ingresos para los accionistas, es decir el fisco de Chile.

Por otra parte, los representantes del dueño, en este caso los ministros, tienen la obligación y deben exigir al Directorio, que la empresa opere a niveles de productividad y costos razonables para este mercado, permitiendo que genere utilidades que finalmente puedan distribuirse a los accionistas que somos todos los chilenos.

Difícil situación, pareciera que la solución debería ir por la suscripción urgente de un pacto o acuerdo que involucre a los accionistas, los administradores y los trabajadores, que comprometa la disposición de todas las partes a hacer esfuerzos y mejorar los aspectos en que la empresa se muestra deficitaria y así alcanzar los objetivos planteados, de otra forma estaremos en un círculo vicioso que comprometerá el futuro de Codelco y los ingresos del país.

Este es un tema que debería estar con fuerza en la discusión política de las candidaturas presidenciales. El modelo de desarrollo minero implementado en Chile en los últimos 20 años basado en una estrategia de carácter mixto, público y privado, ha permitido triplicar el volumen de producción de cobre , transformando al país en el principal productor de ese metal en el mundo.

La permanencia o no de este modelo en el largo plazo, la justa retribución al Estado por parte de las empresas privadas que explotan los recursos naturales en Chile, el impulso a las exploraciones mineras, la oportuna disposición a costos razonables de los insumos necesarios para la minería como lo son la energía, el agua y el capital humano, la disminución en la productividad y el aumento de costos en Codelco , son algunas de las materias que el próximo gobierno deberá enfrentar, abordar y resolver, si queremos mantener el importante flujo de ingresos provenientes de este sector.

La minería en el mundo cumple un ciclo de altos precios especialmente sustentado por el crecimiento económico de China. Este ciclo, que no será eterno, ha permitido recaudar al país en los últimos 8 años por concepto de impuestos una cifra superior a los 85.000 millones de dólares, monto que ha representado la base del aumento del presupuesto de la nación en los últimos periodos. Alguien podría imaginar al país sin la disponibilidad de estos ingresos. Como abordaría Chile una realidad económica que lo obligara a disminuir su presupuesto nacional por no contar con esos recursos, la verdad es que sería impensable para nuestra sociedad.

Es dable preguntarse entonces qué estamos haciendo y que haremos en el futuro, en materia de políticas públicas en minería para sustentar la mantención de estos flujos, frente a un escenario de incertidumbre con precios de los metales a la baja y un aumento de costos descontrolados en el sector.

¿Estamos abordando esta realidad con visión de largo plazo que permita llevar adelante la cartera de proyectos mineros de la década, la cual día a día muestra nuevas bajas?

La verdad es que necesitamos como país tener claridad respecto de esa política, ya que el no hacerlo podría resultar en un estancamiento de la competitividad del país en el ámbito minero, que resultaría de alta peligrosidad y muy difícil de revertir en caso que se transforme en una realidad.

El desafío económico de Chile de alcanzar el desarrollo el 2020 pasa sin lugar a dudas por la minería.

Debemos garantizar entonces que la explotación de los recursos naturales no renovables chilenos generen los beneficios por todos esperados.

Esta será una de las principales responsabilidad de los gobernantes de la presente década, y las propuestas de solución deberían estar en el futuro debate presidencial, ya que sin estos ingresos será muy difícil entregar los beneficios que la ciudadanía demanda en educación, salud y vivienda, como todos quisiéramos.

¿Qué está pasando en Codelco, por qué esta empresa no se está desarrolla en un clima que promueva la disminución de costos y el aumento de la productividad en beneficio de todos los chilenos?

Sin duda que la preocupación existe, y frente a esto es importante señalar que la nueva ley de Gobierno Corporativo de Codelco, aprobada en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, entrega las herramientas para abordar la administración de la empresa desde una perspectiva de largo plazo, actuando con independencia del gobierno y sobre la base de una alianza estratégica con los trabajadores, que maximice la productividad y el retorno para el Estado de Chile.

Cabe entonces preguntarse por qué esto no se está produciendo, por qué los ejecutivos de la empresa, personas de larga trayectoria empresarial, no solo en la minería sino que en el mundo de la gestión, no están siendo capaces de administrar Codelco al margen del conflicto interno, generando acuerdos y alianzas, promoviendo el diálogo, aplicando el espíritu y haciendo uso efectivo de la independencia que les entrega esta nueva ley de Gobierno Corporativo, logrando así un clima de colaboración y esfuerzo comunitario.

Por otra parte sería interesante conocer cuál es la posición del Directorio de Codelco, integrado de acuerdo con la nueva ley por cuatro miembros independientes, dos representantes de los trabajadores y tres representantes del Presidente de la República, frente a esta situación, ya que de acuerdo con la ley de Gobierno Corporativo este órgano es el responsable último en la administración de la empresa, con plenas facultades y atribuciones, definiendo políticas y supervisando la gestión.

Interesante sería conocer el planteamiento de este cuerpo colegiado y las orientaciones y directrices que está dando a la administración, frente a los conflictos internos que están generando importantes perjuicios para los accionistas que somos todos los chilenos.

Los actuales desafíos de Codelco no son menores. Construir y operar los grandes yacimientos de reposición que permitirán dar continuidad a la producción de cobre futura, no solo necesitan de una buena ingeniería y una buena gestión, lo cual por si solo ya representa un gran desafío, sino que lo más importante, requiere el compromiso de las personas que son finalmente las que harán realidad el programa de inversiones de más de US$ 20.000 millones que ha informado la empresa para la presente década.

Codelco no puede fracasar en este proyecto de futuro, ya que ello pondría en serio peligro el proyecto país del 2020.

La ley de Gobierno Corporativo constituye una herramienta potente para abordar problemas de gestión, representó en su momento un gran avance en la modernización del Estado y su aplicación en plenitud es responsabilidad del Directorio de la empresa, lo cual constituye para sus miembros no solo una obligación profesional y ética sino también una obligación legal.

Esperemos que la voluntad, el buen juicio, la buena disposición y la responsabilidad, permitan alcanzar acuerdos que den continuidad a la producción, para así generar los recursos que tanto necesitan la educación, la salud y la vivienda en nuestro país.

Este ejemplo, uno más, nos indica que nuestro país no ha logrado abordar con éxito la problemática que se produce en la relación que debe existir entre las comunidades y las empresas, frente a un proyecto de inversión.

Múltiples ejemplos han llenado las páginas de la prensa en los últimos meses informado de paralizaciones de proyectos producto de la imposibilidad de generar un acuerdo comunitario de largo plazo, que por una parte permita realizar las inversiones de manera sustentable y por otro que las comunidades aledañas a los proyectos tengan la certeza de que su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y adecuada calidad de vida será garantizado.

Sin lugar a dudas que el principal elemento que impide este acuerdo es la falta de credibilidad y confianza existente entre las partes, la cual muchas veces tiene fundamento producto de promesas no cumplidas o impactos no previstos en los estudios medioambientales, que finalmente deben ser absorbidos por la comunidad.

La teoría de negociaciones nos indica que, se alcanza un acuerdo cuando las partes involucradas en el conflicto construyen una solución de equilibrio, respecto de la cual a ninguna de ellas le conviene apartarse o modificar, ya que en cualquier posición negociadora distinta a la de equilibrio se encontraran en una situación de menor beneficio que la alcanzada en el acuerdo.

Esta solución de equilibrio que parece tan sencilla de alcanzar no se está logrando en nuestro país, con el consecuente resultado negativo, no sólo para las empresas sino también para las comunidades y por supuesto para el desarrollo.

La razón de ello se funda básicamente en los siguientes aspectos. Las empresas en general no tienen una cultura que les llame a considerar como fundamental el impacto socioambiental que generaran sus proyectos, lo cual asumen como una obligación legal propia del estudio de impacto ambiental más que como una responsabilidad social empresarial.

Por otra parte las comunidades actúan instintivamente con un alto grado de desconfianza frente a los esfuerzos que pudieran hacer las empresas para construir estos acuerdos, producto de las malas experiencias anteriores.

Por último, la institucionalidad vigente carece absolutamente de un procedimiento efectivo y que de garantía a las partes, a través del cual la comunidad y la empresa puedan generar relaciones de confianza y construir acuerdos comunitarios.

El proceso de participación ciudadana que considera el Estudio de Impacto Ambiental no permite que la comunidad se exprese con algún grado de efectividad sobre los proyectos de inversión al no tener ella capacidad técnica alguna para abordar un desafío de esa envergadura.

Se supone que la capacidad técnica para la evaluación, también en los aspectos socioambientales , la incorporan los servicios públicos especializados, los cuales muchas veces se encuentra colapsados o incapacitados técnicamente para responder a proyectos de alta complejidad.

En resumen, no hay sistema efectivo, no hay confianzas, no hay acuerdos, no hay proyectos, no hay empleo, no hay desarrollo.

La relación socioambiental sustentable ha pasado de ser, en una década, un aspecto no considerado como relevante en las inversiones a representar hoy una falla fatal para los proyectos.

Frente a este panorama de incertidumbre lo que corresponde es que el estado enfrente el problema con decisión, lo estudie técnicamente y legisle sobre el, dando garantías a todos los actores de modo que el tema comunitario no se transforme en un freno al desarrollo de nuestro país.

Distintas son las razones, señala Cochilco,  que generan esta disminución de nuestra cartera de inversiones mineras, que no necesariamente sacan a los proyectos del mercado sino que en la mayoría de los casos genera un retraso importante en su puesta en marcha, colocándolo en la calidad de diferido.

Una de las preocupaciones a destacar en el estudio es que prácticamente la totalidad de estos proyectos diferidos se encuentran en etapa de factibilidad lo cual hace presumir que las empresas ya han realizado una inversión relevante.

Otro detalle interesante del informe es que esta situación no afecta solo a inversiones del sector privado sino que también a la empresa estatal Codelco, la cual aporta a esta lista con dos proyectos por un total de US$ 7.041 millones de dólares.

Las razones principales argumentadas por las empresas que han tomado la decisión de suspender o retrasar estas inversiones, y destacadas por Cochilco en su informe, se refieren a factores externos tales como el asegurar un suministro eléctrico a costos inferiores a los actuales, perfeccionar sus estudios de impacto ambiental, o conseguir los permisos para las obras de infraestructura que requieren los proyectos, en algunos casos más de 800 como han señalado autoridades empresariales de la minería.

La situación antes descrita y generada en un plazo no superior a cinco meses no termina aquí , ya que gran cantidad de proyectos mineros se encuentran en este momento en etapa de reevaluación, lo cual podría hacer aumentar esta lista de eliminaciones y retrasos de manera importante, afectando negativamente los ingresos fiscales presupuestados para los próximos años, producto de la disminución en la recaudación fiscal por concepto de tributación minera, hipotecando así el esperado desarrollo de Chile.

La situación de estancamiento en la dictación de políticas públicas que resuelvan las trabas a la inversión en general en nuestro país está haciendo crisis, lo saben las autoridades del poder ejecutivo y legislativo, también los empresarios, el problema ya no se refleja en una mera expectativa sino que lo podemos palpar día a día en el sector.

Los ministros de Estado deben saber que cuando hablan públicamente introducen elementos que generan impacto, sensaciones y cambios relevantes en los sectores a los cuales se refieren y estos pueden ser de tipo económico, social, judicial, o como ha ocurrido en el reciente caso del ministro de Salud, afectar gravemente la honra de las instituciones.

Por ejemplo, cuando un ministro de Hacienda, Economía o Minería señala públicamente que su sector o el mercado sufrirá un impacto, ya sea positivo o negativo, producto del evento tal o cual, introduce sin lugar a dudas cambios en la percepción que el país pueda tener sobre ese hecho, influyendo en la reacción de la opinión pública y afectando las expectativas racionales de las personas que deben tomar decisiones en ese ámbito, tanto en el sector público como en el privado.

Es por esto que los ministros de Estado deben siempre, previo a realizar alguna declaración pública, verificar con absoluta certeza que, lo que trasmitirán a la ciudadanía corresponde a un hecho objetivo, de clara verificación y señalando en lo posible las fuentes de la información, y nunca sobre la base de información parcial o conjeturas.

También deben tener presente el impacto que causaran sus declaraciones, ya sea en el perjuicio o beneficio que ellas generaran para algún determinado sector. Ello no implica que no deban hablar, solo que deben hacerlo en la convicción de lo que están diciendo.

En resumen aquí va la recomendación: los señores ministros, que son esclavos de sus palabras y ellos bien lo saben, jamás deben hablar públicamente en borrador solo hacerlo en limpio y no se verán expuestos a tener que pedir disculpas.

Mucho se ha hablado del futuro del litio pero la verdad es que aun no existe certeza del real potencial de este mineral, lo cual dependerá de la demanda futura generada por el éxito que tengan las iniciativas vinculadas a su utilización.

La fabricación de automóviles eléctricos, cuyas baterías se construyen con litio metálico, representan quizás la mayor expectativa en relación a su utilización en el mediano plazo, y así lo han entendido las empresas que fabrican estos automóviles, las cuales están tomando posiciones sobre propiedad minera de litio en distintos países del mundo, incluido Chile.

El éxito en la comercialización de automóviles eléctricos podría, en un periodo de 10 años, generar un importante aumento en la demanda y en el precio de este mineral.

En el largo plazo, quizás 50 años, existen estudios que, con un aceptable nivel de seriedad, hablan del tritio, sub producto del litio, como el más probable compuesto a ser utilizado como combustible en la generación de energía nuclear a través del proceso de fusión.

Cualquiera de las alternativas anteriormente descritas, que tuviera un meridiano grado de éxito colocaría a Chile en una posición más que expectante en el mercado mundial del litio, con los consecuentes beneficios para el país.

El litio se explota en Chile, principalmente en el Salar de Atacama, en propiedades mineras de CORFO, por parte de empresas privadas sobre la base de antiguos contratos suscritos en el gobierno militar y previo a la declaración de mineral no concesible.

Estos contratos de explotación vencen dentro de los próximos 15 a 20 años, y en ellos tienen definido el volumen de mineral que pueden explotar, recibiendo el Estado un beneficio menor de esta explotación.

En los últimos años estas empresas han tratado conseguir autorización para aumentar el volumen de producción autorizado, la cual en los gobiernos de la Concertación no se les concedió.

Parece más que razonable entonces evaluar hoy como abordaremos la explotación del litio cuando venzan estos contratos, y como administraremos las reservas que actualmente tiene el Estado y que no están siendo explotadas.

El Gobierno ha propuesto abordar la explotación del Litio a través de los llamados CEOL, contratos que otorgan una autorización manteniendo la propiedad del estado.

Este tipo de contratos se utiliza en exploración petrolera, con el nombre de CEOP, donde el negocio es de alto riesgo, alta inversión y desconocimiento absoluto de las reservas, situación muy distinta a la que encontramos en el caso del Litio, ya que no se da ninguna de las incertidumbres que vemos en los contratos de exploración de hidrocarburos.

Es necesario entonces previo a ello delinear una política para el Litio y aquí va una propuesta:

1° Resolver, con visión de largo plazo, respecto de la condición de “reserva estatal y mineral no concesible” que tiene hoy el litio en nuestro país. Este es un aspecto importante de dilucidar, especialmente si el Gobierno propone incorporar derechamente al sector privado en su futura explotación, o dejar definitivamente el recurso para explotación estatal.

2° Incorporar a Codelco, empresa pública que dispone de las mayores reservas de litio no explotadas en Chile, en los estudios que tiendan a definir una política de explotación y comercialización, y constituirla en la heredera natural de las actuales reservas de litio que tiene CORFO en el salar de Atacama.

3° Constituir una instancia pública – privada de carácter técnico que se aboque al tema, donde el Estado explicite su voluntad sobre el desarrollo de la minería del litio, focalice los recursos estatales y privados disponibles para investigación, promueva la interrelación entre la minería del litio y los sectores industriales, realice ingeniería de mercado a nivel internacional de modo de monitorear las oportunidades para este mineral, y promueva la explotación y desarrollo de este recurso.

Esperar que el devenir de los hechos nos sorprenda sin una clara política pública para este mineral, entregando su explotación al sector privado, podría representar un riesgo para el país, no solo por la pérdida del retorno económico futuro esperado, sino desaprovechar una posición estratégica a nivel mundial.