Lo que parece inaudito, es que a esta vorágine de descubrimientos de irregularidades en los nombramientos de las nuevas autoridades, no solo concurren personeros de derecha, lo que sería lo esperable y lógico, si no que hemos visto a ciertos personajes de la Nueva Mayoría rasgando vestiduras por el hermetismo de dichos nombramientos, como si esos nombres hubieran surgido del sueño delirante de la Presidenta y no de propuestas de los propios partidos.

A este festín de descréditos, obviamente como era esperable también se suman gozosos sectores de la ultraizquierda, deseosos de descalificar por cualquier expediente al nuevo Gobierno.

El paroxismo de estas denuncias ha llegado a través del diario La Tercera, que hace algunos días en primera página tituló con caracteres de escándalo, que las nombradas ministras de Cultura, Claudia Baratttini y de Desarrollo Social Fernanda Villegas, son deudoras de Crédito Universitario, aduciendo que tal situación en la práctica las inhabilitaría para sumir sus respectivas carteras.

Deudas al sistema de Crédito Universitario, lo tienen miles de chilenos, y esa es parte fundamental de la lucha de la actual coalición que gobernará el país, por terminar con este perverso sistema de endeudamiento de las familias y de los profesionales, por el simple derecho a estudiar.

Es manifiesto que esta campaña pro transparencia que repentinamente ha imbuido a la derecha y sus socios de la gran prensa, no tienen el propósito de optimizar la probidad de la función pública, sino simplemente el perturbar y entorpecer la instalación del nuevo Gobierno, que se ha propuesto cambios fundamentales que significan en la práctica terminar por desmantelar los amarres que nos dejara la dictadura.

La actividad, que obedecía a un merecidísimo homenaje al Padre Esteban Gumucio, en el Centenario de su nacimiento, y a los 35 años de la Celebración del Simposio, comienza con una larguísima liturgia, muy piadosa y muy católica, mucha oración, una mención rápida al Cardenal Silva y al Padre Esteban Gumucio, ambas voces proféticas de nuestra Iglesia, pero pasan los minutos y ninguna mención a que la obra que se escucharía fue escrita en homenaje a las miles de víctimas de la Dictadura, a los detenidos desaparecidos, a los ejecutados, a los torturados, a los cientos de familiares que atestaban hace 35 años la misma Catedral, exponiéndose a la brutal represión.

Esta noche hubo un silencio cómplice de la Iglesia, con esa realidad violenta que nos rodeaba, que fue valientemente denunciada por el Cardenal Silva y el Padre Gumucio.

Ninguna evocación a que la Cantata y el Simposio surgen en ese contexto político social de la más cruel Dictadura Militar, silencio sobre de rol de la Vicaría de la Solidaridad, en esos aciagos días.

En todo el largo preludio piadoso, nunca se pronunció la palabra dictadura, derechos humanos, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, exiliados, degollados, justicia, verdad, impunidad, no se escuchó la palabra Lónquen. Estoy seguro que esa larga oración piadosa, no llegó a oídos de Jesús….ni al Dios de los pobres y perseguidos.

La hermosa Cantata fue una frustración, vaciada de contenido, aunque resonara con fuerza la poesía de Gumucio en la voz de Pepe Secall.

Esta noche sentí vergüenza por la inmensa involución conservadora que sufre la Iglesia de Santiago.

Antes de que terminara la Cantata me retiré para sentir que hoy en la calle se vive la verdadera lucha de nuestro pueblo por verdad, justicia y democracia.

El problema, es que dicha argumentación se basa aparentemente en que al Estado chileno le asiste la razón absoluta y que la ciudadanía debe dar fe de que efectivamente las evidencias tienen una contundente argumentación jurídica.

Pero esa apelación a la seguridad en la estrategia de defensa de Chile, se basa en una confianza ciega, ya que el Gobierno, como responsable de la conducción de nuestras Relaciones Internacionales, nunca ha explicado al ciudadano común, a la sociedad civil, en qué consisten realmente esas premisas, de modo que esa ciudadanía se pueda efectivamente empoderar de la posición del país y comprender el peso que tiene nuestra postura en La Haya.

El tema no se debate, no se difunde, se torna una verdad dogmática, solo discutida entre expertos de alto nivel. Lo concreto es que hoy, a pocos días que comiencen los alegatos orales en la Corte y se acerca la solución del diferendo, la sociedad chilena está desinformada.

El problema más grave se suscitará, cuando emane el Fallo de la Corte, sea cual sea su resolución, y más aún si no se cumplen con las expectativas planteadas por Chile. En ese momento seguramente el Gobierno llamará a esa ciudadanía desinformada, a defender los sagrados intereses de la Patria.

Pero mi preocupación es más precisa. Se basa en que si el fallo no es lo que el Gobierno espera, y Chile ve desmedrada sus posiciones, se desatará irremediablemente una reacción mediática, azuzada por posiciones chauvinistas y nacionalistas, de defensa de la Patria agredida, muy difíciles de controlar, y esa agresividad reprimida, se lanzará contra el enemigo natural mas identificable en ese momento de desazón patriótica, nuestros hermanos migrantes peruanos.

Se generarán declaraciones xenófobas, llenas de intolerancia, pidiendo por parte baja que se expulse a todos los peruanos…si es que no se pasa a acciones violentas y agresiones de hecho.

En ese momento, ¿cual será la actitud, del Gobierno? Enfrentado a un conflicto previsible, ¿ explicará ex post, que un fallo adverso estaba entre las posibilidades, y en ese momento se explicarán cuales eran los argumentos de Chile?

Creo que la sociedad civil chilena, el mundo social, sindical, estudiantil, tienen la madurez suficiente para conocer el trasfondo real de ese diferendo, y les asiste el derecho como ciudadanos, de conocer cuales son los argumentos que Chile esgrime con tanta certeza.

El movimiento social necesita saber cuales son las fortalezas y también las debilidades de esa argumentación. Solo así, en la eventualidad de un fallo desfavorable o que no cumpla con la totalidad de lo esperado, la ciudadanía más consciente podrá tener herramientas para evitar desbordes patrioteros, que dañarían tanto o más que la eventual perdida jurídica ante un fallo internacional.