La recomendación de Golborne pareciera ser muy conveniente para sus aspiraciones. Sugiere que el lector más que evaluar el libro de Novoa por la identidad de las ideas que proyecta (los árboles), se quede en el intento de plasmar lo que los impresionistas llamaban la impresión visual de un instante efímero (el bosque), sin reparar en la esencia de aquello que este libro busca sustentar que se encuentra en las sustantivas distinciones que sus partes cobijan.

Obviamente que para Golborne fue necesario recurrir a una hermenéutica impresionista de este libro, ya que de otra forma no hubiese sido presentable escribir un prólogo para el mismo.

Las contradicciones e incoherencias en las que incurre al hacerlo son demasiado obvias y ya parecen un patrón de su acción política y precandidatura. Vamos por partes.

Primero, presenta un libro del político de centro derecha que más ha criticado al gobierno de Sebastián Piñera del cual él fue parte y al cual le debe en gran medida su capital político.

Segundo, presenta un libro de uno de los políticos más conservadores de la centro derecha, cuando todos sabemos que él está a favor del AVP y del aborto terapéutico. Esto acentúa también su falta de conexión con la UDI en temas valóricos.

Tercero, presenta un libro de uno de los políticos más pinochetistas de la UDI, cuando ha representado en innumerables oportunidades que él votó por el No y que nunca fue partidario de la dictadura y por ende de Jaime Guzmán.

Cuarto, presenta un libro sobre un político tradicional con amplio oficio que representa justamente la antítesis del llamado que él hace cotidianamente a oxigenar la política con caras nuevas e independientes sin mácula partidaria, ni mochilas del pasado.

Quinto, presenta un libro sobre ideas y convicciones respecto de las cuales él nunca ha tenido mayor preocupación, ya que es un hombre pragmático que siempre le ha preocupado mucho más la lógica de la eficiencia gerencial neo-cosista que las cavilaciones sobre un proyecto colectivo de centro derecha.

Sexto, presenta un libro que desprecia todo tipo de igualdad y reivindica una noción restrictiva de libertad, que no fue aquella que le permitió salir de Maipú para liderar una transnacional del retail y después ser ministro de estado.

En definitiva, el candidato de la UDI con sus incoherencias e indefiniciones básicamente nos invita ahora a vislumbrar una imagen de un bosque cuyos árboles se desvanecen en contornos luminosos livianos, y que con lo cuales lamentablemente no se gana una elección ni menos se construye un proyecto político.

Para nadie es una incógnita que la forma en que esta problemática fue abordada por Sebastián Piñera durante los primeros años de su gobierno dejó mucho que desear, y que ello le significó daños a su capital político y a la credibilidad de su presidencia.

Para José Zalaquett, los conflictos de intereses debe conceptualizarse “… como la existencia de situaciones de riesgo objetivo para los intereses públicos o los intereses de determinado colectivo porque una persona (funcionario público o agente privado) que se encuentra sometida al deber fiduciario de velar por tales intereses, mantiene, a la vez, cargos, intereses o relaciones de carácter privado (excepcionalmente, también de carácter público) que le generan el incentivo de favorecer éstos en desmedro o por encima de aquéllos; es decir, un conflicto de interés no es un hecho sino que una situación objetiva, independiente a la calidad moral de la persona involucrada.” Por tanto, corresponden a realidades objetivas que son exógenas a la subjetividad del individuo y que no tienen nada que ver con juicios de reputación que ostenta una determinada persona por la forma en que ha conducido sus relaciones privadas y públicas en el pasado.

Ahora bien, producto del impacto negativo que gatilló la renuncia del Ministro Teodoro Ribera al gobierno, a Renovación Nacional y a la Coalición por el Cambio, unido al hecho que hace poco partió la carrera presidencial en la centroderecha, creo importante traer el tema de los conflictos de intereses a colación, pues la administración de los mismos será clave en las precandidaturas de Andrés Allamand y Laurence Golborne.

Si analizamos las situaciones de riesgo objetivo a que se refiere José Zalaquett parecieran estár mucho más presentes en la opción de Golborne que en la de Allamand. Basta contrastar las entrevistas dadas por ambos en el programa Tolerancia Cero y en analizar otras decisiones adoptadas por ambos desde que partió la campaña presidencial.

En efecto, una de las preguntas que se le efectuaron a Golborne dijo relación con la conocida y bastante verosímil versión de que él habría aceptado la vicepresidencia ejecutiva de HidroAysén antes de transformarse en ministro. Aunque él lo negó rotundamente, esta circunstancia deja instalada una duda importante que le resta credibilidad frente al electorado para tener una postura imparcial frente a una muy relevante problemática pública.

En cambio, Allamand, al poseer mucho más independencia que Golborne, pudo declarar abiertamente que “HidroAysén está muerto, no es un proyecto viable”, y que buscará un acuerdo nacional para solucionar este problema.

Por otro lado, Golborne designó como jefe de su programa de gobierno a José Ramón Valente quien fue miembro de la junta directiva de la Universidad Santo Tomás, que actualmente esta siendo investigada por la Fiscalía Oriente por los contratos de asesorías que supuestamente firmó con Eugenio Díaz cuando éste era presidente y consejero de la entidad que las evaluaba: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Allamand en cambio nombró como vocera a la abogada y ex-ministra de Bienes Nacionales Catalina Parot, quien es una militante de Renovación Nacional que ha dedicado parte importante de su vida al servicio público y que en materia de conflictos de intereses es una figura muy poca riesgosa.

La dicotomía es clara. El oficialismo tendrá que optar entre un político experimentado, libre de conflictos de interés y que entiende la naturaleza de los problemas públicos, o un gerente carismático curtido principalmente por una experiencia en el mundo privado que viene cargada con más de un conflicto de interés.

Entre un postulante que ya está siendo nominado como el de la tasa máxima convencional (MEO lo señaló así en CNN Chile) u otro que no posee riesgo objetivo en este aspecto, la elección no es para nada banal.

Ojalá que esta vez los errores del pasado sirvan de algo.

Al menos parcialmente, lo anterior se explica por dos situaciones. Primero, la postergación quizás producto de los condicionamientos del proceso de transición a la democracia, donde se optó por relegar a los civiles a un lugar secundario en la toma de las decisiones relevantes de la Defensa Nacional. Segundo, debido a la existencia de un régimen de excepción para la asignación de los recursos del sector, gracias a la denominada Ley Reservada del Cobre, que asigna el 10% de las utilidades de Codelco a las FF.AA para la compra de material bélico.

Por ende, el desafío en Defensa es aún mayor que en otros sectores del Estado.

Como lo han mostrado episodios recientes y pasados, la postergación del mundo civil dentro del sector ha dado lugar a anomalías que han quedado en evidencia, por ejemplo, en compras de armas que no se han caracterizado por la transparencia y la rendición de cuentas necesaria que exige toda democracia en forma.

Al contrario, resulta ostensible que el Poder Legislativo también ha estado al margen de estos procesos. De esa forma, si bien hemos llegado a tener una fuerza militar superior a la de todos nuestros vecinos, no sabemos si ello obedece a una estrategia política o a compras aisladas de cada institución.

El proyecto que presentó el gobierno actual para derogar la ley del Cobre que fue aprobado en la Cámara de Diputados recientemente, busca terminar con este régimen de excepción en materia de financiamiento de compras de armamento, a efectos de incluir a la defensa en el CPP.

Con ese fin, a objeto de que las compras de las FF.AA estén orientadas a responder a las amenazas que afectan o pueden afectar nuestra seguridad y de contar con un presupuesto que constituya en sí una herramienta de disuasión, el proyecto en discusión establece la elaboración de una estrategia de seguridad y defensa, que oriente las decisiones del sector en el mediano plazo y consagra un mecanismo de financiamiento plurianual junto con un Fondo de contingencia estratégico.

Este proyecto en definitiva permitirá que las Fuerzas Armadas en general puedan realmente desarrollar políticas públicas más efectivas.

Un buen ejemplo de esto es la aproximación que Chile ha tenido con la Antártica.Con este proyecto se podrá invertir en políticas que logren un mucho mayor impacto no sólo en materias de defensa, sino también por ejemplo en la investigación y el desarrollo de dicha zona que es muy rica por su valor geopolítico y su gran biodiversidad. Esto en definitiva implica una aproximación al CPP de defensa que es mucho más intersectorial que antes, y por ende más beneficioso para el país.

En buena medida lo que está logrando el Ministro Andrés Allamand con este proyecto y política de Estado, al tomar la posta que le dejó el gobierno de Michelle Bachelet, es incluir adecuadamente la Defensa dentro del lenguaje integral del CPP, avanzando no sólo en el diseño (rol que tiene la Estrategia mencionada), implementación y evaluación de sus programas y políticas, sino que más importante aún, vinculando el mismo con un presupuesto estratégico plurianual.

Lograr avanzar en este sentido será recordado como un hito en dos sentidos; como la apertura de un sector postergado al proceso de modernización del Estado, y quizás más importante, como un momento clave de la consolidación de una democracia madura, propia de un país que se encamina al desarrollo.

Según este principio dos especies no pueden coexistir en el mismo nicho ecológico si subsisten de forma idéntica. Con el tiempo, una de ellas indefectiblemente excluirá a la otra de dicha circunspección natural, confirmando el hecho que nuestros competidores más peligrosos son aquellos que se parecen más a nosotros mismos. En la diferenciación radica la base de cualquier ventaja estratégica.

Traigo lo anterior a colación a propósito de la carrera presidencial que se ha desatado en la centro derecha, y que viene generando un verdadero marasmo de confusión entre algunos dirigentes de los partidos políticos de este sector y diversos líderes relacionados con el mismo, quienes estarían ya convencidos de consagrar al Ministro Laurence Golborne como el candidato del oficialismo debido principalmente a su alta popularidad y a ciertos atributos blandos que él mismo posee, que lo harían supuestamente ser el único candidato capaz de vencer a Michel Bachelet en la próxima elección presidencial.

Sin embargo, si analizamos a Golborne a la luz del principio de Gause, podemos concluir rápidamente que la opción de llevarlo como candidato pareciera no ser para nada una alternativa tan estratégica.

En efecto, la centro derecha de forma pusilánime ha caído bajo el embrujo de la tiranía de las encuestas y se va convenciendo cada vez más que sólo el ministro de Obra Públicas puede derrotar a Bachelet, cuando a todas luces es el candidato cuya forma de subsistencia política se parece más a la de nuestra ex Presidente de Chile y por ende implica un peligro mucho menor para ella y un riesgo importante para la centro derecha.

De alguna forma se busca un consuelo timorato en la posibilidad de tener un candidato cercano y simpático (un mini Bachelet) para la elección presidencial del 2013, y no un candidato cuya posición estratégica se sustenta justamente sobre la base de una real y profunda diferenciación en lo que a ideario político corresponde.

En este sentido, creo que la Coalición por el Cambio debe a toda costa evitar la elección de un candidato que busca principalmente mimetizarse con Bachelet, bajo el entendido que sus cualidades son las que la ciudadanía más aprecia para gobernar, sino que muy por el contrario debe buscar diferenciarse lo más posible de las mismas, y perdurar en dicha diferenciación intelectual e ideológica.

Se debe consolidar una postura estratégica para tener un patrón claramente distinto al de la inerte cariñocracia de Bachelet.

Si la Coalición por el Cambio no logra alejarse del canto seductor que emana de las encuestas, lo mencionado anteriormente sólo la llevará a alejarse del poder otra vez.

Resulta clave entonces que los principios, la política y las convicciones sean los elementos centrales en los que descanse la ventaja competitiva diferenciadora de la candidatura de centro derecha para el 2013.

Llegó entonces la hora de seguir las recomendaciones de Bruce D. Henderson, en el sentido que el oficialismo debe recurrir a la imaginación con el objeto de desplegar lo antes posible una estrategia que no solamente respalde una candidatura cuyo eje central es la reivindicación de la política de la diferenciación, sino que más importante aún, logre acelerar frente a la opinión pública la concreción de los efectos que la competencia política gatilla mediante la representación efectiva de las profundas diferencias que existen por ejemplo entre el ideario político de Andrés Allamand y Michel Bachelet, pero más importante y urgente aún, la existente entre la liviandad popular de Laurence Golborne y la amplia experiencia política y la capacidad deliberativa de nuestro ministro de Defensa.

Sin lugar a dudas esta reivindicación estudiantil ha abierto una ventana de oportunidad para debatir nuevamente sobre qué tipo de estado queremos construir para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Una mirada simplista encausaría este debate dentro de la anticuada dicotomía mercado versus estado, mientras que una más perspicaz lo haría en un plano que trasciende esta bipolaridad, y que se basa principalmente en el reconocimiento que tanto el estado como el mercado no pueden solucionar de forma insular los complejos problemas públicos que aquejan actualmente a la sociedad.

Ya en los años ochenta Michel Crozier reconocía esta realidad al recomendar que los políticos y la administración pública desde el estado benefactor debieran abandonar su megalomanía y volverse modestos, no en el sentido de renunciar a su vocación pública, sino que realmente reconocer la imposibilidad estatal de solucionarlo todo.

En este sentido, Crozier nos recuerda que no es el estado el único llamado a hacerse cargo de los problemas públicos, y que por ende existe una relación de corresponsabilidad entre la sociedad y el estado, que es clave tener presente al momento de desarrollar políticas públicas.

En esta misma línea, Luiz Carlos Bresser Pereira en los años noventa diferenciaba lo público de lo estatal, por lo que recomendaba que una serie de bienes socialmente preferentes fueran financiados por el estado pero producidos directamente por la ciudadanía desde una esfera que él denominó como “lo público no estatal”.

Esta esfera de democracia participativa y de fortalecimiento de derechos sociales fue bautizada por este autor como el fenómeno de la publicización en contraposición al de la privatización de ciertos bienes y servicios estatales. Esta recomendación está muy en línea con lo que propone actualmente Cameron con The Big Society.

Asimismo, el modelo pos burocrático fue forjado en base a la recomendación que la administración pública debe dejar de lado la noción autárquica y paternalista de interés público para definir y producir conjuntamente con los ciudadanos la noción emergente y contingente de valor público.

Ahora bien, los rendimientos decrecientes del estado benefactor europeo y las falencias del sistema capitalista son evidencias potentes de que necesitamos configurar un estado distinto.

Uno que no solamente reconozca las relaciones de corresponsabilidad existentes entre la sociedad, el mercado y el estado, sino que uno que esté dispuesto a adquirir nuevas capacidades estatales para gestionar esta corresponsabilidad relacional de forma transparente, eficiente y efectiva.

En definitiva, problemas como los de nuestro sistema de educación parecieran necesitar mucho más de un estado con un rol cualitativamente más modesto, pos burocrático y relacional, que de uno con un rol cuantitativamente más voluntarista, expansivo e interventor.

La proposición criticada es muy simple y lógica: mientras más alternativas de elección existan en el mercado mayor será el bienestar individual del agente económico ya que su toma de decisión siempre será más óptima.

Es decir mientras más posibilidades existan de elegir, mayor será el bienestar y satisfacción de los agentes económicos. Habría entonces según la teoría económica una relación directa entre el aumento cuantitativo de las posibilidades de elegir de las personas y su calidad de vida.

Ahora bien, Schwartz concluye que esta proposición no se confirma cuando se supera un cierto umbral donde las alternativas de elección aumentan considerablemente.

La paradoja de elegir nos muestra que en muchos casos cuando las alternativas de elección se expanden lo que en definitiva se genera es más bien insatisfacción (infelicidad) en los individuos, quienes enfrentados a una toma de decisión con demasiadas opciones de solución, tienden a caer presos de un desencantado y depresivo inmovilismo o parálisis que afecta la administración de su libertad de elegir e incentiva el abandono de la supuesta proactividad virtuosa que la amplitud de elección cobija.

Por otro lado, es sabido que las democracias más consolidadas poseen diseños institucionales que buscan justamente la consolidación de gobiernos de coalición, puesto que los mismos ofrecen mayor estabilidad a los sistemas políticos y permiten que los mismos formulen políticas públicas más coherentes y adaptables en el tiempo.

Sin perjuicio de lo anterior, estos arreglos institucionales tienden a limitar la oferta política a básicamente dos coaliciones, lo que naturalmente implica un número muy bajo de alternativas de elección para los ciudadanos.

Esta opción también ha contribuido a restarle prestigio y legitimidad a la política, ya que la ciudadanía siente que no hay suficiente competencia en la oferta electoral y los partidos se encuentran divorciados de los problemas reales de la gente.

Esto también ha contribuido a la merma constante y permanente de la participación ciudadana en elecciones periódicas.

En este sentido, si contrastamos la paradoja de elegir de Schwartz con elecciones políticas de democracias avanzadas, podemos verificar que su proposición no se confirma del todo, ya que el menor número de alternativas de elección democrática, no estaría generando una mayor participación electoral de la ciudadanía sino que todo lo contrario.

A menor oferta política nos encontramos con más inmovilismo y mayor desafección política, como también con un creciente malestar ciudadano.

Queda entonces el reto de contestar la pregunta que nos arroja la paradoja de elegir en el campo de la política: ¿Cual es la cantidad adecuada de alternativas de elección que debe primar en el sistema político para generar mayor bienestar?

La respuesta no parece ser para nada evidente.

Sin embargo no veo a nadie realmente preocupado en el debate público actual sobre el proceso de modernización del estado chileno, que resulta ser una condición sine qua non para que estas exigencias se materialicen.

Debemos de una vez por todas concluir nuestra transición desde un estado burocrático a uno posburocrático y entender que la misma será presupuestalmente muy onerosa pero necesaria.

Esta transición al paradigma posburocrático implica que nuestro país consolide de una vez por todas un verdadero servicio civil, que sea gestionado para que la noción de rendimiento se incorpore a la ética pública de todos los funcionarios del estado, y no sólo sus directivos de nivel primario y secundario.

En definitiva, las exigencias de la ciudadanía requieren lo que Allen Schick acuñó como El Estado que Rinde; es decir, un estado más flexible y orientado a la provisión de productos y servicios que gatillan estratégicamente impactos políticos o resultados finales que son valorados colectivamente, más que al cumplimiento rígido de insumos legales o reglamentos anticuados, o a la perpetuación de servicios y organismos públicos insulares y descoordinados.

Los políticos y los ciudadanos deben tener esto presente. Sin un estado que rinde a nivel central, regional y local, no habrá mejor educación y calidad de vida para la mayoría, tampoco más legitimidad para el sistema político.

Discrepo de esta postura puesto que descarta por completo que la competencia (impulsada por el lucro) puede ser un mecanismo muy efectivo de control de la gestión de los servicios o bienes educacionales.

Esta postura desprecia profundamente la libertad de las personas y su capacidad para auto determinar su futuro mediante la discrecionalidad.

En efecto, existe evidencia conclusiva en la literatura económica (J. LeGrand) y en la de filosofía política (A. Sen) en el sentido de confirmar que la libertad de elección de los usuarios de sistemas públicos de provisión de bienes preferentes (como el de educación) puede ser un mecanismo muy eficaz para asegurar tanto la equidad como la eficiencia.

Es más, la libertad de elección ha sido considerada como algo intrínsecamente deseable por gobiernos de centro izquierda como el de Tony Blair.

En el Reino Unido se optó por la libertad de elección (choice) de los usuarios como mecanismo de control porque la misma promueve tanto la equidad mediante el aumento de oportunidades para la demanda de los más vulnerables, como también genera incentivos correctivos para los proveedores de servicios educacionales, quienes en definitiva optan por ofrecer servicios de mejor calidad y con mayor capacidad de respuesta.

Ello con el fin de evitar que sus usuarios o clientes emigren a otros establecimientos educacionales y dejar de recibir insumos financieros como consecuencia de dicha emigración.

En este sentido, en el Reino Unido se optó por restringir relativamente la discrecionalidad de los proveedores de la educación más no de sus usuarios.

Obviamente que el mercado de la educación tiene su propia especificidad y posee asimetrías de información que generan fallas.

Sin embargo, cobra importancia reconocer que solamente garantizaremos la calidad de educación en la medida que junto con el lucro, la competencia y la libertad de elección, seamos capaces de asegurar que los más desposeídos puedan en definitiva acceder a información fidedigna para efectos de sustentar adecuadamente sus elecciones dentro de un contexto de competencia real donde el espacio para la segmentación arbitraria en la educación por el lado de la oferta se encuentre reducida al máximo.

Nadie puede desconocer que todas las propuestas que ha ofrecido el gobierno buscan asegurar la calidad de la educación y la equidad en su acceso, como asimismo aminorar las fallas del mercado de la educación.

Por lo que aceptar el lucro, recurrir a la competencia y a la libertad de elegir de los ciudadanos no implica para nada renunciar a una educación mejor, sino que todo lo contrario.

Lo anterior se confirma principalmente por el hecho que estas soluciones no son generadas desde un inicio para resolver necesariamente un problema determinado, sino que más bien flotan bajo el alero de las comunidades de especialistas (actores ocultos) en búsqueda de problemas y son entendidas mejor como procesos muy similares a los de selección natural biológicos. Es decir, todos ellas flotan competitivamente y se encuentran constantemente siendo combinadas y rearticuladas, como nuevas versiones alternativas a problemas que de un momento a otro ganan espacio en la agenda.

En definitiva, las decisores de política pública son tomadas en base a las alternativas de solución previamente existentes que son colocados en la agenda como consecuencia de una crisis o evento político (como un cambio de gabinete), para hacerse cargo de una situación factual que efectivamente ha sido identificada y explícitamente enunciada como un problema público que requiere ser solucionado.

En este sentido, al nuevo Ministro de Educación Felipe Bulnes se le viene encima la compleja labor de negociar que la solución elegida por el gobierno (Gran Acuerdo para la Educación – GANE) logre en definitiva ser enganchada con éxito con el problema publico de la educación superior.

Ahora bien esta posibilidad parece baja si el gobierno no toma una postura clara respecto al tema del lucro. El Ministro Bulnes debe salir a promover el GANE a la ciudadanía, al sistema político y a los grupos de interés, con mucha fuerza y convicción. Debe representar con claridad que el lucro es un medio legítimo para incentivar los emprendimientos educacionales superiores, como asimismo que la competencia que ella genera puede servir como un mecanismo efectivo de control de gestión no solamente para la fría burocracia del gobierno central, sino que principalmente para cada ciudadano que desde su atenta e interesada libertad de elección castigará a las universidades mediocres.

Lo anterior debe ir obviamente acompañado con la promesa que incluye el GANE de crear y desarrollar una Superintendencia de Educación Superior realmente empoderada y autónoma desde el punto de vista financiero y administrativo, que sea capaz de darle más transparencia al sistema de  educación superior y corrija sus asimetrías de información y las arbitrariedades existentes en el acceso al financiamiento de las carreras.

Sin esta actitud creo que Bulnes simplemente se verá obligado a extraer por completo la palabra lucro del GANE, lo que en definitiva implicaría una derrota importante para el gobierno.

Las negritas son del autor

Primero una ardiente pasión por las convicciones propias (ética de la convicción), segundo un sentido de responsabilidad (ética de la responsabilidad), y tercero una fría seguridad interna.

Es decir, un buen político debe poseer la habilidad de combinar esta pasión ardiente con la fría seguridad en una racionalidad maduramente reflexionada que valora tanto los medios (instrumentos) como los fines ideológicos que conducen al éxito político.

Traigo a Weber a colación como consecuencia de la columna publicada en el Diario La Tercera por Ernesto Águila (Ocaso de la República Binominal), en la que culpa a las instituciones electorales chilenas por el fracaso en la canalización de demandas sociales.

En efecto, si bien su argumento no deja de estar bien fundado, no es menos cierto que el mismo omite por completo la falta de voluntad política de la oposición para ponerse a disposición de la solución de los problemas y no en la vereda de la exacerbación del conflicto con fines electorales.

La responsabilidad de los actores políticos respecto del cuidado de las instituciones y su mantención en el tiempo es muy distinta en la centro derecha que en la centro izquierda.

Mientras los gobiernos de la Concertación tuvieron problemas la centro derecha ejerció la democracia de los acuerdos y salió al amparo del Gobierno de Ricardo Lagos para generar el nuevo trato después del escándalo Mop-Gate, como también permitió a la DC participar en las elecciones del año 2002 a pesar de haber inscrito a sus candidatos fuera de plazo.

Esta actitud de la centro derecha claramente fue guiada por una ética de la responsabilidad.

Sin embargo ahora, la concertación cae presa de una ética de la convicción radicada en su ala más izquierdista, lo que la ha llevado principalmente a exacerbar el conflicto, a diferencia de sólo algunos actores DC que sí han manifestado su voluntad de dialogar.

El conflicto social, entonces, se explica en parte, por las instituciones electorales. Pero más relevante aún es la responsabilidad con que actúan los agentes políticos. La Concertación, en este ámbito, no ha estado a la altura y su asociación con el PC la ha convertido en un conglomerado ambiguo, sin agenda e imprevisible.

En consecuencia, parece razonable reconocer que la concertación y sus líderes se encuentran entrampados irresponsablemente en sólo una antípoda de lo que Weber llamo la tragedia de la política: aquella feroz tensión existente entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción.

La verdad es que esta condición de nuestra cultura política no tiene nada de malo, y más bien es un signo que muestra la madurez de nuestro sistema democrático, que de alguna forma condiciona a sus integrantes a moderar las ideologías estridentes e imprudentes.

Tal como lo argumenta Javier Santiso, en nuestro país existe un consenso que ha permitido la duración de una economía política de lo posible, y que nos ha alejado del canto seductor de las políticas de lo imposible que fueron promovidas por el voluntarismo populista de varios de nuestros gobiernos en los años sesenta y setenta. Nuestra propensión hacia un incrementalismo pragmático que descarta todo tipo de reformas bing bang o fundacionales y el continuismo de nuestras políticas públicas es lo que le ha dado estabilidad y éxito a nuestro modelo de desarrollo.

Ahora bien, el éxito de nuestro desarrollo no se ha concretizado sin un precio. El costo más elevado viene por el lado de la política. Sin duda que el sistema binominal ha contribuido al fortalecimiento de nuestra economía política de lo posible, pero también le ha restado pluralismo, diferenciación, vitalidad y competitividad.

Estamos frente a un sistema con fatiga de materiales que es administrado por muy pocos y que se encuentra gatillando hace rato efectos colaterales negativos. Me refiero obviamente a nuestro envejecido padrón electoral, a la poca participación ciudadana en la política, y al divorcio que existe entre los partidos políticos y la ciudadanía en general. Básicamente estamos viviendo en una sociedad que desconfía ampliamente de la política y no valora su importancia. El riesgo de esta realidad para Chile no es menor.

Una solución: Primarias

Desde este contexto resulta muy alentador escuchar voces que sugieren el mecanismo de primarias para determinar el próximo candidato presidencial del oficialismo. Lo anterior es importante puesto que las primarias podrían ser el contexto ideal para generar más competencia, legitimidad, debate y participación ciudadana dentro del sector, y con ello dar un paso importante hacia la anhelada consolidación de una verdadera mayoría social de centro derecha.

El Diseño y la Implementación de esta Solución no es Obvia ni Simple

Esta sugerencia abre a la centro derecha un espacio de oportunidades pero también de amenazas. La determinación del tipo de primarias a ser efectuada no es un tema banal. Requiere mucha reflexión política y técnica. De nada servirá una primaria que básicamente refuerce los vicios que poseen actualmente los partidos políticos. Demás esta recordar los nefastos efectos generados por la primaria de la Concertación para la elección presidencial pasada. Básicamente fue uno de los factores detrás de la derrota de Eduardo Frei.

En este sentido, cobra importancia que las primarias sean diseñadas de una forma abierta que permitan la mayor cantidad de participación ciudadana y una competencia real entre todos los actores que muestren una vocación de poder dentro de la Coalición. La primaria debería constituirse en el espacio donde se consolide una mayoría, que le sigue siendo muy esquiva a la centro derecha.

En definitiva, más que encontrar candidatos en “una realidad que se impone” (las encuestas) como se ha realizado en el pasado, la Coalición por el Cambio debe ir a buscar su mayoría social en el espacio más adecuado y transparente: una competencia política sin barreras de entrada, con reglas claras y mucha información.

Llegó la hora de que Allamand, Lavín, Golborne, Hinzpeter, Longueira, Mathei, entre otros, vayan a reencontrarse con la ciudadanía, es decir con la verdadera política.

En efecto, este clamor estridente desconoce por completo que Chile es miembro de la versión anterior de UPOV (1978) desde el año 1996, por lo que la propiedad sobre variedades vegetales (VV) existe en nuestro país no sólo desde ésa época sino antes (Ley N° 1764 de 1977 que Fija Normas para la Investigación, Producción y Comercio de Semillas), y por ende no resulta para nada algo novedoso ni pernicioso desde un punto de vista económico o legal, y más bien constituye un medio clave para el desarrollo de la innovación agrícola y forestal.

La accesión de Chile a la versión de UPOV 1991, responde básicamente al cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por nuestro país durante los gobiernos de la Concertación, y más específicamente, mediante la firma y ratificación del Acuerdo de Libre Comercio firmado con el EFTA (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.

Más aún, al acceder a UPOV 1991, Chile adquirió la obligación de modificar su legislación interna sobre Variedades Vegetales para actualizarla al estándar exigido por este Tratado Internacional.

En este sentido cobra importancia recordar que el gobierno de Michelle Bachelet presentó el 2009 un proyecto de ley que busca derogar y actualizar la ley Nº 19.342 sobre VV, para efectos de no incumplir las obligaciones internacionales contraídas por Chile en esta materia.

Este proyecto de ley, que se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional, establece con claridad en su artículo 1 inciso tercero, que la protección sobre VV se con concederá salvaguardando y respetando, tanto el patrimonio biológico y genético, como los conocimientos tradicionales nacionales, y además se asegura que el otorgamiento de derechos sobre VV que hayan sido desarrollados a partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Además, este proyecto de ley también incluye el otorgamiento de licencias no voluntarias en casos en que el titular de la VV protegida haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en la utilización o explotación de la respectiva variedad, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

En consecuencia, considero que las acusaciones esgrimidas en contra de la accesión de Chile a UPOV 1991, en el sentido que la misma favorece los intereses de transnacionales como Monsanto, y que implica tanto una transgresión a derechos humanos colectivos, como asimismo, un atentado a los conocimientos tradicionales y a la seguridad alimentaria de nuestro país, no poseen fundamento alguno y corresponden más bien un esfuerzo por generar confusión entre la ciudadanía y el sistema político.