Voces libertarias que adquieren mayor impacto y mayor significación cuando se trata de los medios de comunicación que deben reflejar la opinión ciudadana y no intentar manipularla construyendo eso que llaman como justificación “la opinión pública”.

Por supuesto en periodos de oscuridad democrática, es decir en periodos de dictadura como el que vivimos en Chile durante 17 años, la importancia y el coraje de las voces libertarias se hacen más necesarias aunque puedan tener consecuencias más dolorosas.

Una trayectoria de 80 años permite valorar y reconocer el aporte al desarrollo y a la recuperación democrática de la voz libertaria de Radio Cooperativa. Y, por supuesto, de acuerdo con la época en que nos ha tocado vivir, esta voz libertaria tiene nombre y rostro de periodistas, hombres y mujeres, y de funcionarios y personal técnico y administrativo a quienes admiramos y expresamos reconocimiento.

Los universitarios del país debemos gratitud a Radio Cooperativa por su aporte y su trabajo profesional y arriesgado para informar de la intervención militar de las universidades chilenas que aplastó toda autonomía académica y que exoneró centenares de académicos, funcionarios y estudiantes.

La voz libertaria de las comunidades académicas que se propuso recuperar la Democracia y reconstruir la Universidad Chilena encontró eco en la voz libertaria de esta Radio

Quienes fundamos y presidimos las Asociaciones de Académicos de las universidades chilenas y luego el Comité Coordinador de Asociaciones de Académicos del país, tuvimos en la voz libertaria de Radio Cooperativa no sólo un espacio para dar a conocer nuestra lucha sino que una garantía de que nuestra actividad era transparente, pública y pacífica lo que, paradojalmente, para nosotros era un elemento de seguridad que aseguraba el conocimiento público si algo nos llegaba a ocurrir.

Así ocurrió por ejemplo cuando el Rector Delegado de la Universidad de Concepción, en el verano de 1986, firmó mi exoneración y al día siguiente la de otros 5 académicos junto a la expulsión de más de 260 dirigentes estudiantiles.

Cooperativa estuvo con nosotros cuando a los pocos días, asistimos a una impresionante manifestación de solidaridad organizada en Santiago, en el Estadio Italiano, por la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile que presidía Patricio Basso, que convocó a centenares de académicos, líderes sociales y agregados culturales de numerosas Embajadas amigas.

Nos acompañó en esa lucha pionera que permitió, por primera vez, revertir completamente y detener los periodos habituales y regulares de exoneración “veraniega” de académicos y estudiantes. Téngase presente que la dictadura debió retirar a su Rector Delegado y que todos los exonerados, académicos y estudiantes, fuimos reincorporados sin condiciones.

He estimado conveniente darle concreción a este reconocimiento en hechos indesmentibles para que el homenaje, casi sorprendente de todos los sectores al testimonio de esta Radio, no sea solamente una gentileza ni constituya un mero acto protocolar.

Las voces libertarias de las comunidades universitarias – académicos, estudiantes y funcionarios – encontraron en la Voz Libertaria de esta Radio amiga el eco necesario y valeroso, para que las demandas de la sociedad civil y del propio medio de comunicación se hicieran una y se fortalecieran mutuamente para hacer posible el tránsito a una democracia que debemos cuidar y hacer cada día mejor.

Para ello, voces libertarias como la de Cooperativa seguirán siendo necesarias.

Sus fuentes principales de inspiración se encuentran en la doctrina social de la Iglesia Católica, en particular a partir del fuerte impacto de la Encíclica Rerum Novarum a fines del siglo XIX; en el aporte fundamental del filósofo francés Jacques Maritain; en las contribuciones del sacerdote Jean Lebret y otros pensadores cristianos como Emmanuel Mounier y Nicolás Berdaieff.

También han sido su fuente las enseñanzas y testimonio notables de sacerdotes en Chile como Monseñor Mariano Casanueva y Martín Rücker, Fernando Vives, Alberto Hurtado y Monseñor Alberto Larraín, junto al aporte creador y la práctica política concreta desarrollada por laicos chilenos de excepción como Eduardo Frei, Bernardo Leighton, Radomiro Tomic y Jaime Castillo, entre otros.

Así surgió la Democracia Cristiana como alternativa al liberalismo individualista que sustentaba el capitalismo y al socialismo materialista que postulaba la instauración del comunismo. Sus fundadores denunciaron así toda forma de injusticia y de opresión convirtiéndose en defensores de la libertad y la justicia.

Podría resumir la novedad y trascendencia de nuestras convicciones en: 1) la dignidad de la persona humana, 2) el valor de la comunidad, 3) el bien común, y 4) la legitimidad y los límites del derecho de propiedad.

Pero sus jóvenes fundadores unieron al conocimiento profundo de sus fuentes el testimonio, por ejemplo, de Eduardo Frei y de Bernardo Leighton que, en distintos momentos, siendo Ministros de Estado renunciaron a sus cargos frente a acontecimientos que conmovieron el alma nacional y que violentaron su conciencia.

Hoy, tanto los problemas nacionales de pobreza y desigualdad, de verdad y  reconciliación sobre la historia traumática de violación de derechos humanos en las horas aciagas de la Patria, como los desafíos de una globalización que esté impregnada de los valores de la solidaridad, requieren de la acción de un movimiento como el que ha representado en la política chilena la Democracia Cristiana.

Es cierto que el individualismo y el pragmatismo imperantes así como los errores, las irregularidades y los delitos de la clase política han debilitado el compromiso con esta actividad.

Debemos en consecuencia, acostumbrarnos a ser grupos pequeños de militantes disciplinados, organizados, eficaces y ejemplares para llevar a cabo nuestros postulados y renovar nuestra acción, aplicando los principios a las nuevas realidades y problemas, trabajando con otros y contribuyendo al éxito del gobierno en que participamos.

¡Ninguna dificultad ni ninguna crisis pueden hacernos perder el norte, el orgullo y la fortaleza de nuestra identidad!

La puerta tiene que ser ancha para que abandonen nuestras filas los sinvergüenzas que olviden la ética de la humildad y del verdadero servicio público.

En la última Junta Nacional que tuve el privilegio de compartir con Radomiro Tomic y ante mi insistencia para que volviera a hablar me dijo: “Nosotros ya hemos hecho todo lo posible, ahora es la hora de los jóvenes”.

Nos toca ahora a nosotros decir ¡Juventud chilena adelante! ¿Qué están esperando? A lo mejor algunos viejos “idealistas” todavía podemos ayudar.

Muchos líderes políticos de la Nueva Mayoría parecen también haberse comprado esta versión de que todos tenemos responsabilidad y que este es un problema transversal. El propio gobierno ha asumido esta tesis y ha llamado, una vez más, a “los expertos” para resolver el problema.

Ciertamente es necesario resolver el problema de la relación entre poder, negocios y política y se trata de una materia pendiente y que es necesario regular con urgencia.

Pero en los hechos conocidos ¿de qué se trata exactamente?

Ni más ni menos que, a propósito de una investigación dirigida contra un poderoso grupo empresarial por fraude tributario, a la UDI la pillaron con las manos en la masa poniendo en evidencia, aparentemente, un sistema creado para financiar a determinados parlamentarios e incluso funcionarios públicos de manera ilegal y en todo caso ilegítimo.

Esto no es extraño. Se trata del mismo sector político que construyó, apoyando a la dictadura, el sistema económico neoliberal que con pocos cambios nos rige y que ha elevado a la categoría de valores sociales el tener más (consumismo), el ejercer el poder y el individualismo. Es la mantención a todo trance de estos valores y de las posiciones de poder que se han conquistado lo que explica culturalmente esta relación anómala e ilegítima entre los negocios y la política.

Sus responsables – y lo mismo vale si hay otros actores políticos de distinto signo que aparezcan vinculados a estas prácticas – han defraudado la fe pública y han deteriorado gravemente la confianza de la ciudadanía en sus autoridades electas, en los partidos políticos y en las instituciones. ¡Este sí que es delito que no tiene perdón! Y no tiene nada que ver el esfuerzo por instalar como concepto paradigmático “la famosa presunción de inocencia”.

Incluso si por la debilidad de las regulaciones actuales o por vacíos legales se demostrara que judicialmente no ha existido delito, ellos mismo ya han reconocido sus errores e incluso ¡han pedido perdón! Han actuado ilegítimamente, han abusado de sus relaciones de poder.

¡Por favor vuelvan a sus actividades privadas y renuncien a sus funciones públicas, especialmente si son parlamentarios electos por voluntad de un sector de la ciudadanía y por la distorsión comunicacional que resulta justamente del financiamiento que criticamos!

Como regalo a estos señores que todavía deben muchas explicaciones, aparece un negocio inmobiliario de proporciones en que la ciudadanía sospecha el uso de información privilegiada y de influencias políticas a las que la gran mayoría de los chilenos no tenemos acceso. Su protagonista, por ser quien es, produce de una manera irresponsable un daño grave a la imagen de nuestra Presidenta y a nuestro gobierno. Es bueno que vuelva al mundo privado – del que parece no había salido – y enfrente eventuales  investigaciones y querellas.

Lo que no es aceptable es que desde la derecha justamente se levanten voces buscando “el empate” y llamando a escándalo por el uso de información privilegiada y por la especulación financiera. Recordemos que su líder, que es puesto como ejemplo de emprendedor y que alcanzó la más alta autoridad de la República, también ha estado bajo la sospecha y la polémica pública por  haber construido su fortuna gracias a la especulación financiera y al uso de información privilegiada.

Es importante para quienes nos importa la imagen de Chile y que como académicos y como militantes políticos trabajamos incansablemente por recuperar y reconstruir una nueva democracia, decir con fuerza que nos duele en el alma lo que sucede.

Tenemos sí la responsabilidad de ser claros y categóricos.

La evidencia muestra que esta relación incestuosa entre poder, negocios y política ha beneficiado histórica y principalmente a un sector político de la derecha. Si hay políticos de otros sectores implicados también deberán dejar la función pública.

Pero todos ellos, por favor no esperen a que gracias al Comité de Expertos se encuentre una salida y se perfeccionen las regulaciones que impidan esta relación ¡váyanse ahora!

En esta fecha simbólica, vale la pena decir que fuimos millones los que luchamos contra la dictadura, que somos millones los que seguimos soñando con una democracia sólida, participativa, renovada.

Somos muchos más los académicos, los dirigentes políticos, los trabajadores, los religiosos, los periodistas, los militantes políticos, los miembros de las fuerzas armadas, los dirigentes sociales que no hemos participado de esta relación impropia entre poder, negocios y política y que construimos día a día la Patria.

¿Todos responsables? ¡No señor!

No obstante, hay que recordar que fue un 17 de marzo de 1919 cuando el profesor Salvador Gálvez Rojas dicta la primera clase de Química a los 28 alumnos del primer curso de Farmacia, fecha que coincide entonces con la iniciación de actividades de la Universidad de Concepción.

Por eso es que hoy la Región del Bío Bío y el país saludan con alegría los 95 años de vida de esta institución de educación superior.

La Universidad de Concepción fue la primera creada en regiones y es la tercera del país después de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile y es un señero ejemplo de lo que las regiones empoderadas y convencidas de su contribución al desarrollo nacional pueden hacer por sí mismas.Efectivamente, ella nace como una creación de la Región que se superpone a la resistencia y a la indiferencia de los poderes centrales e inicia de hecho sus actividades en ese memorable marzo de 1919.

Es significativo recordar en esta fecha, el pensamiento de don Enrique Molina Garmendia, su Rector Honorario Vitalicio, cuando señalaba que una Universidad “no estaba constituida por el sólo conglomerado de escuelas profesionales, por muy completas que sean en su número y en su calidad, escuelas en que los jóvenes vayan a sólo vivir ciertas capacidades intelectuales y técnicas que les permitan ganarse la vida. Ni queda constituida tampoco por el hecho de agregar a esas escuelas, institutos de investigación científica ni por la preparación de especialistas.El alma de la Universidad tiene que formarla un ambiente filosófico y ético, que dejándose sentir en cada escuela, encuentre su expresión más definida en una Facultad Central de Filosofía y en el cultivo de las humanidades”.

Ciertamente entendemos aquí porque él nos señalaba que “no se pretendió fundar una nueva Universidad sino que una Universidad nueva”.

¡Qué duda cabe, que más allá de vaivenes y dificultades temporales, la Universidad de Concepción ha sido fiel a esa vocación!

Miles de profesionales formados en las múltiples y variadas áreas del conocimiento han servido y sirven al desarrollo nacional, muchos de ellos contribuyendo en diversas áreas geográficas al prestigio internacional de Chile. Todos ellos reconocidos por su vocación de servicio público.

Cientos de especialistas e investigadores de relevancia formados en sus diversos programas de posgrado, particularmente sus Doctorados y Magíster acreditados y de excelencia, contribuyen a la creación de conocimiento relevante trabajando en un mismo nivel con centro de excelencia extranjeros.

Centros de Investigación pioneros y de excelencia en ciencias ambientales, en minería, metalurgia y geología, en biotecnología, en agricultura, en recursos marinos, en el desarrollo forestal, en la salud pero también en educación y humanidades dan cuenta de la validez de esta visión de sus fundadores.

Hoy, en el marco del desarrollo de la Tercera Misión, contribuye además de manera notable al desarrollo de la transferencia tecnológica, a la vinculación con el sector productivo y al patentamiento.

Múltiples instancias de reflexión sobre el acontecer nacional y global, como sus célebres Escuelas de Temporada, y una sucesión interminable de eventos internacionales que se suceden en sus tres campus representan un impacto y contribución a la formación y al desarrollo de toda la sociedad.

Es que para la Universidad de Concepción, una marca de identidad ha sido su compromiso social en las distintas épocas del acontecer nacional, por ejemplo: reforma universitaria, resistencia a la dictadura, consolidación democrática, reconstrucción frente a las catástrofes.

Honor y gloria a los miles de académicos y funcionarios que han moldeado su historia, a sus miles de estudiantes solidarios y a sus miles de egresados que han hecho y hacen Patria.

Honor y gloria a la contribución relevante para Chile que la Universidad de Concepción escribirá para los años que han de venir “siempre en las alturas puesto el pensamiento”.

En ese sentido, hay que destacar y felicitar la gestión del ministro de Educación que en forma proactiva ha iniciado un diálogo con diversos actores, generando entonces un debate participativo acerca de los contenidos de la Reforma que impulsará nuestro gobierno.

Naturalmente en un sector de alta complejidad hay distintas posturas y surgen opiniones polémicas y encontradas, algunas tal vez demasiado apasionadas.

Pretendiendo contribuir al debate, el señor Rector de la Universidad de Chile ha señalado en un medio escrito de circulación nacional: “Es muy simple, las universidades públicas son las estatales”.

Lamentablemente, esta afirmación carece de rigor y siembra confusión, por venir de quien viene, alentando incluso visiones sesgadas de algunos dirigentes estudiantiles que intentan generar el mismo paradigma.

En el referido comentario anterior, indiqué que, “Tradicionalmente se ha considerado la Universidad pública como aquella generada por ley y/o aquella financiada por el Estado, siendo este último componente el que ha predominado históricamente en América Latina y en Chile para identificar a esta institución”.

Tanto es así que cuando se crea el Consejo de Rectores por la Ley Nº 11.575 de 14 de agosto de 1954 (art. 36, letra c), tuvo como objetivo inicial la administración de los fondos públicos de investigación y desarrollo, y ampliación de infraestructura de las 7 universidades reconocidas por el Estado y existentes a la fecha.

Dos creadas por Ley y por iniciativa del Estado, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, y cinco creadas por iniciativas privadas pero reconocidas por el Estado, la Pontificia Universidad Católica de Chile con sede en Santiago, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Austral de Chile con sede en Valdivia.

Posteriormente, este conjunto de universidades llamadas tradicionales, a las que se agregaría más tarde la Universidad Católica del Norte con sede en Antofagasta, pasaron a ser financiadas por el Estado – por Ley de Presupuesto y leyes especiales – en una proporción similar de sus respectivos presupuestos.

Al comenzar la década de los 70, este conjunto de instituciones que hemos llamado el patrimonio universitario de Chile, eran responsable de la formación profesional y técnica a lo largo del país donde algunas de ellas, particularmente las estatales, mantenían sedes regionales.

Bajo el gobierno del Presidente Allende, socialista y marxista, en pleno periodo de la Reforma Universitaria, el compromiso del Estado con sus universidades tradicionales se mantuvo y jamás se pretendió poner en cuestión el carácter público de estas universidades.

Así, en el presupuesto fiscal del año 1974 el financiamiento fiscal como porcentaje del presupuesto total representaba para la Universidad Técnica del Estado un 91.7%; para la Universidad de Chile un 87.9%; para la Pontificia Universidad Católica de Chile un 79.6%; para la Universidad Católica del Norte un 87.6%; para la Universidad Técnica Federico Santa María un 88.0%; para la Universidad Austral de Chile un 75.6%; para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso un 83.3%; y para la Universidad de Concepción un 80.2%.

Es decir, Chile financiaba en promedio el 86.2% del presupuesto de sus universidades.

Como sabemos, con la dictadura militar este financiamiento comenzó a disminuir gradualmente y con la drástica intervención de la legislación del año 1981, no sólo se modificó la composición de este financiamiento público sino que además se impuso la separación de las sedes regionales de las universidades estatales que se convirtieron en Universidades independientes y tuvieron como efecto adicional que las Casas matrices debieran hacerse cargo de la deuda de estas instituciones agravando su crisis financiera.

Esto explica que en la actualidad el Consejo de Rectores esté integrado por 25 universidades para las cuales, en promedio, el aporte público respecto de su presupuesto representa hoy poco más del 20%.

Es cierto que, desde 1990, el gasto público en educación superior se ha incrementado fuertemente estimándose que alcanza sobre el 2% del PIB situándose sobre el promedio de los países de la OCDE.

Sin embargo, existe una gran diferencia con otros países cuando se observa la composición de este gasto. Mientras en los países desarrollados sólo el 23,6% del gasto proviene de fuentes privadas, en Chile este porcentaje llega a 84,2%.

Es decir que la mayor parte es aportada por las propias familias de los estudiantes.

Si, además, consideramos que la mitad del Aporte Fiscal Directo como del Aporte Fiscal Indirecto – al cual acceden por lo demás las universidades privadas creadas a partir de la legislación del año 81 – es captado por 5 universidades del Consejo de Rectores, tenemos que las universidades tradicionales se enfrentan a un financiamiento público precario, inestable y extraordinariamente diferenciado entre ellas.

La mayor parte de su financiamiento debe entonces provenir de las familias de los estudiantes y de una profesionalización y diversificación de las actividades de lo que se denomina la Tercera Misión, o la vinculación con el medio, y que incluye, además de la tradicional función de extensión académica y difusión cultural, actividades de asistencia técnica, transferencia tecnológica, licenciamiento y patentamiento como una contribución concreta al desarrollo regional y nacional, función esta última que al igual que en los países desarrollados seguramente se seguirá profundizando.

De allí que la demanda por un nuevo sistema de financiamiento y porque el Estado asuma su deuda histórica con sus universidades, agrupadas en el Consejo de Rectores, es tan potente y decisiva para el futuro del país.

Tenemos conciencia clara que nuestras universidades, en contrapartida deben hacer esfuerzos adicionales para alcanzar niveles de calidad y excelencia reconocidos en la formación de nuestros profesionales, en la acreditación internacional de sus programas de posgrado, en el desarrollo de investigación pertinente y de vanguardia que responda a los grandes dilemas nacionales en todas las áreas y en una vinculación estrecha con el medio.

Sabemos por otra parte que la Reforma de la Educación debe poner acento en los niveles básico y medio de la educación escolar y que la Educación Superior, hoy en nuestro país, no es sólo la educación universitaria sino que incluye de manera muy significativa la educación técnica a la cual tenemos que dedicar esfuerzos sostenidos y de gran magnitud.

Faltaríamos a nuestro deber como académicos, sin embargo, si no insistiéramos en la legitimidad de nuestras demandas.

El propio Consejo de Rectores en un documento denominado “El Consejo de Rectores ante los desafíos de las universidades chilenas en el bicentenario”, publicado en octubre de 2009, afirmaba en una presentación firmada por el propio señor Rector de la Universidad de Chile:“Las instituciones del Consejo de Rectores, tienen una singularidad, representan valores y bienes públicos, que están ligados íntimamente a la historia patria, nos conducen a reafirmar, en el presente, nuestro compromiso con el progreso social de Chile y su gente”.

Simplificar en extremo el debate puede conducir a contradicciones y a errores, incluso al señor Rector, con grave daño para la reforma de la educación superior en su componente universitaria que debe combinar gratuidad con una nueva estructura de financiamiento y un nuevo compromiso del Estado con sus universidades tradicionales.

Constituye la oportunidad de un amplio y necesario debate.

Esto genera las posibilidades para la comunidad universitaria de retomar la discusión, interrumpida por el golpe de Estado en 1973 y por sus consecuencias normativas reflejadas en la legislación impuesta del año 1981 cuyo efecto más dramático en el tiempo ha sido la concepción de la educación superior como un negocio: los estudiantes transformados así en clientes, los académicos transformados en funcionarios u operarios, y sus autoridades directivas transformadas en gestores de una comunidad empresarial.

En este contexto, que debemos tener presente, ¿qué es hoy día la institución universitaria?

Ya en 1986, nuestro recordado Luis Scherz se aventuraba a plantear que hacia el 2000, en un contexto de recuperación de la democracia en Chile, la Universidad probablemente pasaría de un modelo profesionalizante napoleónico a un modelo humboldtiano centrado más bien en la importancia de la investigación.

Él avizoraba bien que este debate no sería únicamente chileno. Hoy, acelerado por el fenómeno de la globalización, ciertamente este debate crucial se da en las universidades de distintas latitudes.

Postulamos que la Universidad está en crisis y que, probablemente, esté en el centro del nuevo debate, encontrar su definición y su rol social más allá o superando e integrando ambas visiones clásicas.Las comunidades universitarias deberían movilizarse en torno a esta primera cuestión central.

En la aurora de este debate que ojalá se inicie pronto, aparece el concepto de Universidad pública y un segundo elemento central para la discusión, ¿qué sería hoy la universidad pública?

Tradicionalmente se ha considerado la Universidad pública como aquella generada por ley y/o aquella financiada por el Estado, siendo este último componente el que ha predominado históricamente en América Latina y en Chile para identificar a esta institución.

Con este criterio, Chile construyó y consolidó su patrimonio universitario, siendo hasta 1980, ocho las universidades llamadas “tradicionales” que combinaban universidades creadas por el Estado y universidades de creación privada, todas ellas con financiamiento público relevante.

Equivocadamente, y utilizando justamente las realidades consagradas por la legislación impuesta que se critica, algunos pretenden hoy día reducir la Universidad pública al ámbito de las universidades estatales.

Afortunadamente el propio ministro de Educación designado por la Presidenta Bachelet ha sostenido un criterio que refuerza nuestra tesis al señalar por escrito en una columna de opinión: “Hasta ahora he usado, sin definir, el concepto de universidad pública. Aunque es materia de controversia, no lo veo como sinónimo de universidad estatal. Corporaciones sin fines de lucro, debidamente acreditadas y que solo busquen crear y difundir el saber sin discriminaciones de ningún tipo, ni por raza, credo, condición social o corriente de pensamiento, tanto en sus contenidos como en la selección de alumnos y profesores, constituyen, en un sentido amplio, una universidad pública”.

Adicionalmente, otros componentes que caracterizarían a una Universidad pública, según diversos autores, serían, por ejemplo, “ser una institución de educación superior que cumple con el derecho ciudadano a la educación en todos sus niveles, de acuerdo a los conocimientos y la formación ciudadana que la sociedad define como necesarios”, “ser una universidad pública que desarrolla la investigación que la nación necesita para aumentar sus conocimientos y enfrentar sus problemas”, etc.

Por su parte el Rector de la Universidad de Concepción, profesor Sergio Lavanchy, ha señalado justamente y en forma reiterada la necesidad de que el Estado considere el carácter público de esa Casa de Estudios Superiores y, en general, de las otras universidades tradicionales “por cuanto nadie podría dudar del rol social e igualitario que cumplen ni de la generación de bienes públicos que cada una de ellas realiza”.

Por nuestra parte, creemos que la Universidad pública debe distinguirse esencialmente por “pensar a Chile y a los chilenos”.Para ello, su prioridad debe estar focalizada en ser un referente “anticipatorio y crítico” de los modos y caminos en que la sociedad chilena construirá un futuro sostenible, más justo y más humano y se insertará en el mundo.Ella debe criticar, anunciar, inventar.

La Universidad pública debe, más que ninguna otra, ser conciencia crítica de la sociedad.Este debate es de la mayor importancia y sería hermoso ver que moviliza también a nuestras comunidades universitarias.

Las expresiones, “el gobierno de los mejores y la excelencia”; “en 20 días hemos hecho más que la Concertación en 20 años”;”haremos el mejor censo de la historia”, quedarán como expresión de la soberbia y el sin sentido que impidió permanentemente la sintonía entre el gobierno y las mayorías nacionales.

Un gobierno que confundió las habilidades y los intereses de grandes empresarios y gerentes, es decir de una minoría, con el deber de realizar una política de estado democrática, participativa e integradora. Un gobierno de derecha que instaló en el mejor sentido un gobierno de “clase”.

Tenemos ahora la oportunidad de construir una nueva democracia, integradora, inclusiva, participativa, es el foco de la esperanza depositada por la mayoría de los chilenos en el gobierno de la nueva mayoría.

Desde luego la responsabilidad de nuestra Presidenta es central no sólo para ejercer su liderazgo en el cumplimiento del programa de gobierno sino que para percibir y encarnar esta nueva esperanza.

También para valorar e incorporar un rol activo de los partidos políticos en el apoyo al gobierno, en la definición de las grandes tareas, en la difusión de su obra y también en la tarea de educación cívica de nuestro pueblo que debemos retomar desde el sistema escolar pero no sólo en el aula.

La reciente experiencia frustrada del gobierno de la alianza de derecha, enseña que, en democracia, el rol de los partidos políticos resulta indispensable para gobernar.

Por su parte, la responsabilidad de los partidos políticos que integran la nueva mayoría es central, no sólo para procesar sus legítimas diferencias lo que parece obvio, sino que para sintonizar la acción del gobierno con los actores sociales cada vez más demandantes de protagonismo, sin los cuales no habrá posibilidad de cambios reales y sustentables, y para respaldar con lealtad a toda prueba a la Presidenta.

Fin a la “política entre cuatro paredes” y sí a la trasparencia y a la participación ciudadana.Aunque les moleste a algunos pocos, sí es cierto que una nueva esperanza recorre Chile.

La esperanza de una atención de salud garantizada para todos los chilenos.

La esperanza de jubilaciones dignas y claramente superiores a las actuales.

La esperanza en una educación pertinente, gratuita y de calidad para la juventud chilena pero también la capacitación técnica y profesional entendida como un proceso de actualización permanente para todos los trabajadores chilenos.

La esperanza en una nueva institucionalidad expresada en una nueva Constitución que defina los grandes valores e intereses de la sociedad chilena de manera participativa y democrática, que establezca los derechos y deberes ciudadanos sin exclusiones ni discriminaciones y que defina a todos los pueblos habitantes del bello Chile como hermanos.

La esperanza de contribuir a un mundo en paz participando activamente en la sociedad global a través de foros y organismos internacionales.

La esperanza que los chilenos podamos cambiar el eje de nuestras preocupaciones de la obsesión “del tener” al paradigma “del ser”.

Es importante, sin embargo, decir y explicar que el cuestionamiento al modelo es una cuestión perfectamente legítima que tiene una historia y antecedentes de varios años en todo el mundo y que, a los chilenos, nos puede sorprender únicamente cuando se manipulan los conceptos y los medios de comunicación a través de una propaganda burda e interesada gracias a la falta de un verdadero debate ilustrado sobre las cuestiones de fondo que hacen al desarrollo y al crecimiento y cuya responsabilidad recae en nuestras seudo-elites intelectuales – hoy farandulizadas – y en nuestra clase política.

Revisando por ejemplo, una sencilla publicación de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina de 1996 ¡hace 17 años! y que hizo públicos los trabajos del llamado Grupo de Lisboa, bajo el título de “Los límites a la competitividad: cómo se debe gestionar la aldea global”, encontramos este párrafo ilustrativo.

“La dinámica de la competitividad, como ideología rectora de las relaciones sociales, económicas y políticas conduce a la catástrofe porque es incapaz de resolver los problemas comunes de un mundo al que crecientemente podemos percibir como una nave común en la que estamos todos embarcados.

Además, en su base, la propia lógica de la competencia implica, necesariamente, el que haya ganadores y perdedores. Por ello, es esencial al modelo la exclusión de quienes no son capaces de sobrellevar con éxito el desafío competitivo. Es intrínseco al modelo orientado por el nuevo crédito de la competitividad el crecimiento de la pobreza y de la marginalidad.

Lo es, también, la tendencia hacia una homogeneización que no respeta las tradiciones y las formas culturales propias de cada pueblo. Se requiere una lógica distinta para la construcción de una sociedad más justa y responsable.

No pregonamos el fin de la competencia, sino el de la ideología que la instala en el lugar exclusivo de los valores absolutos y los modelos rectores. Proponemos, sí, el fortalecimiento de lazos solidarios, la conciencia común de los problemas comunes y el establecimiento de nuevos contratos sociales, entre la sociedad civil y el Estado, tanto a nivel de los “viejos” ámbitos nacionales, como de los nuevos espacios comunes y del planeta en su totalidad”.

Por supuesto que son afirmaciones controversiales y debatibles ¡en hora buena!

Para los que ignoran o intentan silenciar este debate, el Papa Francisco en su reciente exhortación apostólica “La alegría del evangelio”, revive y prolonga con fuerza este legítimo cuestionamiento al modelo.

Abordando “Algunos desafíos del mundo actual”, nos dice:

“Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida.

Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, «sobrantes».”

“En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo.

Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando.”

Esta controversia sobre el modelo nos importa existencialmente.

Dicho con toda humildad, somos nosotros los demócratas cristianos, los que, desde la publicación de los 24 puntos de la Falange (1936), nos empeñamos en reconocer el respeto a la dignidad humana en una sociedad de personas llamadas a convivir en colaboración y cooperación en el marco del bien común: el paradigma que llamamos de la sociedad comunitaria.

Decían nuestros jóvenes, que serían años más tarde los fundadores del PDC. “La dignidad del hombre, su libertad y demás derechos naturales, son el valor supremo de la vida cívica.El Estado, la Sociedad y la Economía se organizan para facilitar el desenvolvimiento de la personalidad humana”.

Que no se inquieten nuestros adversarios de la derecha por nuestro rol y nuestro futuro.Sabemos dónde estamos y que tenemos no sólo la oportunidad sino que la responsabilidad de contribuir plenamente a la construcción, con responsabilidad y con gobernabilidad, del nuevo Chile.

Por lo mismo, me asiste la seguridad de que todos los demócratas cristianos, nuestros simpatizantes y nuestros adherentes, vamos a concurrir con alegría a votar por Michelle Bachelet el próximo domingo 15.

La tercera candidata elegida por la derecha y la mayoría de los otros candidatos han optado por ese camino. El propio Presidente del partido de la ultraderecha se refirió despectivamente a “sus vacaciones por las calles de Nueva York”.El gobierno, incluido el Presidente de la República, en una actitud que ciertamente lo empequeñece, encabeza la verdadera – aunque no nueva – “campaña del terror” que advierte, inútilmente como en el pasado, acerca de “los peligros que amenazan a Chile”.

En la vereda del frente, nos ubicamos quienes admiramos su temple y su altura de estadista para superar la trágica muerte de su padre, torturado por sus propios compañeros de armas, trabajando lealmente con su testimonio personal por un Chile reconciliado.

También, quienes como académicos y trabajando en el plano internacional hemos conocido del reconocimiento y la admiración de muchos líderes internacionales por su trabajo al organizar y poner en marcha, a pedido del propio Secretario General de Naciones Unidas, ONU Mujeres, entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

Así, recuerdo que el 5 octubre de 2010, doña Michelle recibió en Montreal, el Premio al Coraje Femenino. Al día siguiente recibí del Dr. Louis-Jacques Filion, amigo y experto mundial reconocido en emprendimiento, un mensaje en que señalaba: “Ha sido una velada excepcional en presencia de Michelle Bachelet.Tienen una compatriota que hace un gran honor a Chile”.

Recientemente, participando en Brasil en un Encuentro Nacional sobre Educación Emprendedora, me vi gratamente sorprendido cuando el Conferencista indio, Bunker Roy, invitado a exponer sobre su emblemático proyecto denominado La Universidad de los Pies Descalzos – creado para formar mujeres ingenieros capaces de utilizar la energía solar en beneficio de sus poblaciones – dijo:“Aprovechando la presencia del Dr. Vera de Chile quisiera reconocer y destacar el apoyo decisivo dado a nuestro proyecto por esa gran mujer que se llama Michelle Bachelet quien nos visitó en India y quien ha sido decisiva para el éxito de nuestra iniciativa a través de su inmensa tarea desplegada en ONU Mujeres”.

Posteriormente, me señalaría, “por eso nadie en el sistema de Naciones Unidas quería que ella se fuera”.

Dificulto ciertamente que quienes han escogido el camino de descalificar y denostar logren alguna vez esta estatura internacional que engrandece y le hace falta al Chile que quiere competir en la globalidad.

Por razones como éstas, además del compromiso programático que compartimos, quienes nos hemos formado en las fuentes del humanismo cristiano no podemos tener dudas.

Nos corresponde por inspiración – más allá de las dudas e inconsecuencia de algunos dirigentes – ser parte activa del proyecto de Doña Michelle para construir una sociedad más equitativa, más inclusiva, más democrática, más justa y buena para todos los chilenos.