Aunque se considere esto de sentido común, no necesariamente lo es.  A la luz de lo que han sido los procesos electorales desde el año 90, ha quedado claro que la intención y acción de voto no se guía necesariamente por este principio básico.

Mucho se dirá sobre los motivos por los cuales las comunidades deciden por una u otra opción electoral.  Cercanía personal con el candidato, conocimiento de su historial, propuesta programática, tendencia política, adscripción a coaliciones con más o menos posibilidades. Insondables son los caminos de la voluntad en la cámara secreta.

Este artículo apuntará a una sola variable. O, mejor dicho, antivariable. La del dinero.Una que ha sido el origen de los cuestionamientos al sistema político y, por extensión, del cohecho indirecto y de normas donde claramente fueron motivos muy distintos del interés común los que permitieron su aprobación. La Ley de Pesca es el caso más emblemático.

Fue hace varias elecciones que, en el marco de candidaturas por el Partido Ecologista, en el equipo de campaña de Aysén decidimos la no instalación de palomas en las calles de Coyhaique y sus alrededores. Así como tampoco empapelar la ciudad ni pagar a los propietarios de viviendas por instalar lienzos o gigantografías. No fuimos los primeros.  Seguimos la senda de otros antes, por cierto.

El sentido de esta decisión fue múltiple.

El respeto por el espacio público común en primer lugar. No es que se considere que la acción política sea negativa en sí misma, pero la propaganda electoral ha llegado a niveles tales en que durante los plazos legales más parece invasión que el legítimo derecho a informar sobre las distintas opciones en competencia.

El objetivo de este tipo de estructuras motivó otra reflexión. Estas instalaciones nada dicen sobre qué representa (o significa) votar por uno u otro candidato.  Producto de sus características, se complejiza explicar programas u objetivos en profundidad, por lo menos en las hechas para su visibilidad a distancia.

El costo económico fue otro de los aspectos considerados. No solo porque no se contara con recursos ilimitados sino porque para acceder a ellos se requeriría necesariamente recurrir a quienes están disponibles para financiar la política. Análisis correcto, a la luz de lo que se ha sabido siempre pero que solo en los últimos años ha pasado a ser para la opinión pública un aspecto fundamental relacionado con la calidad de nuestra democracia.

El sentido de competencia a todo evento ha generado un todo vale que, a fin de cuentas, no permite que sean las ideas y programas los que influyan en la intención de votos.  Canastas familiares, pelotas de fútbol y camisetas para clubes deportivos, onces para agrupaciones de ancianos y televisores para rifas, siguen el mismo patrón de la paloma y gigantografía hija del photoshop y son el ejemplo de la pérdida de la responsabilidad ciudadana, tanto de electores como de candidatos, a la hora de tomar decisiones tan importantes como elegir a quienes tendrán la responsabilidad de conducir el Estado en sus distintos niveles.

Ejemplo perverso de ello es que hasta hoy estas acciones en períodos de campaña pueden ser reembolsadas como gasto electoral. Es decir, el Estado – todos nosotros – financiamos el clientelismo y el marketing sin contenido que ha inundado una parte importante de la vida social y, por extensión, también la acción política.  En nuestro Chile el clientelismo no solo es considerado legítimo sino, incluso, legal.

Tanto es así que hay quienes creemos que las empresas no debieran poder incurrir en financiamiento electoral. No solo porque quienes votan son los ciudadanos y no las compañías, sino porque además el objetivo legítimo de estas es el lucro y así como la figura de la responsabilidad social empresarial es utilizada por múltiples empresas simplemente como publicidad y corrupción social, esta suerte de “responsabilidad política empresarial” surte el mismo efecto.

Tampoco es lógico pensar que un ciudadano aporte económicamente a dos o más contendores. ¿Qué sentido democrático tiene que yo como individuo aporte dinero a la campaña de A y también a la de B, cuando ambos son adversarios en la arena política o tienen programas disímiles?  No es el interés colectivo, por cierto.

Por ello, un elemento a considerar en la decisión de voto es el despliegue económico del candidato. La inversión que realiza en publicidad, equipos de terreno y toda su campaña, que está claro no es fruto del voluntariado sino financiada, dan cuenta no solo de la mirada del postulante sino también de que alguien cobrará, al final del día, la factura.

Y ese pago se realizará con cargo a leyes en el caso de congresistas y favores de otro tipo en el de otras autoridades elegidas. Así es como se pervierte el sentido del bien común. Y eso es lo que hemos visto, lamentablemente, no solo en la aprobación de leyes sino, también, en los debates públicos.  El silencio cómplice de diputados, senadores y diversas autoridades elegidas en temas de alto interés de sus propios distritos y circunscripciones es solo una muestra de ello.

La regulación de límites a gastos de campaña y la generación de espacios públicos y de medios para la promoción de todos los candidatos, y la opción por aquellos postulantes que difundan sus programas (conocido como voto programático) son algunas de las alternativas para revertir la tendencia actual. Además de dar igualdad de condiciones para la competencia y permitir evitar la cooptación empresarial de los futuros servidores públicos.

Por eso, si ve que un candidato cuenta con un financiamiento desmesurado y más aún desconocido, desconfíe. Alguien pagará, en algún momento, esa factura. Y lo más probable es que sea usted, con su propia calidad de vida y la de sus hijos. O incluso peor, toda la sociedad.

Por esos imponderables que ocurren en ocasiones, durante la inscripción de ocho de los nueve candidatos al Senado y 51 de los 56 a la Cámara Baja alguien olvidó incluir el mandato que los postulantes deben entregar para el trámite, lo cual derivó en el rechazo, por parte del Servicio Electoral, de tales candidaturas.

Fue tal el impacto en el mundo político, que el presidente Ricardo Hormazábal se vio obligado a renunciar y el timonel de la UDI de la época, Pablo Longueira, se alzó como salvador de sus adversarios, asegurando los votos para, mediante una normativa especial, aplazar las elecciones en una semana y así dar tiempo para enmendar el rumbo.

Solo tres días tomó a la clase política armar el proyecto, enviarlo al Congreso, aprobarlo y publicarlo como ley.  La DC y la Concertación podían respirar aliviadas. Y, según nos dijeron, nuestra democracia también.

Recordé tal diligente actuar con motivo de la tramitación del proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales, que la semana pasada inició su votación en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados.  Proyecto esencial para asegurar la figura de servicio público, no comercial, de los sistemas de agua potable y saneamiento en territorios no urbanos.

La iniciativa original ingresó al Senado en 2008 a instancias del gobierno de Michelle Bachelet.  Este primer trámite constitucional fue breve, menos de un año, luego de lo cual pasó a la Cámara Baja.

Aunque logró avanzar bastante, en 2010 la administración de Sebastián Piñera intentó incorporar cambios que desperfilaban el sentido colectivo y no comercial del mensaje inicial. La oposición de las organizaciones y un sector de los diputados detuvo la tramitación.  Y así, pasaron casi seis años hasta que la semana pasada se procedió a votar la indicación sustitutiva que en septiembre ingresó el nuevo gobierno, enrielando nuevamente la discusión hacia su sentido matriz.

Seis años de espera.

Seis años para abordar una iniciativa fundamental para miles de chilenos y chilenas que habitan en la ruralidad y que esperan se fortalezca una práctica común en un ámbito tan esencial como es el saneamiento y el suministro de agua.

Son las paradojas del sentido de urgencia y prioridades del sistema político.  Del sistema político como un todo, más allá de las excepciones.

En el caso del impasse de la DC en 2001 el acuerdo fue inmediato, asumiendo que la ley era crítica.  En el de los servicios sanitarios rurales, simplemente no.  Porque más allá de sus complejidades, lo que está claro es que no hay consenso en esta materia, que existe un choque de miradas sobre el sentido que se debe dar a un servicio básico esencial: entregarlo al mercado para ser regulado por criterios comerciales y de acceso sobre la base del poder adquisitivo, o apostar por el cooperativismo en la gestión y asumirlo como un derecho social más allá de la disponibilidad económica.

El fondo del debate es si se mantendrán las organizaciones de agua potable rural con el sistema vigente, reforzando y mejorando su actual forma de operación, o se entregará el servicio a las sanitarias comerciales, ahora que ciertos territorios se transformaron en buen negocio producto del crecimiento poblacional y la expansión inmobiliaria.

Es muy posible que para muchos, entregarlo al mercado sea la mejor opción.  El mantra sobre la calidad, la eficiencia en el servicio e, incluso, la justicia en su prestación (nada es gratis y quien quiere algo tiene que esforzarse, es decir, pagar) va asociado a la competencia y el lucro individual.

Y claro, en tal argumentación se olvidan convenientemente los problemas que ha generado tal visión en términos de maximalización de las utilidades a través de prácticas ilegales (colusión, financiamiento de la política) o sus deficiencias éticas (negar un servicio básico a quienes no pueden pagar, la privatización de lo que debiera ser público).

En Chile al momento del ingreso del proyecto existían 1.500 organizaciones de agua potable rural, abasteciendo a cerca de un millón y medio de personas.  En Aysén, son 35 las agrupaciones de este tipo, para unos seis mil pobladores y pobladoras.  Pero la discusión de hoy en el Congreso, como tantas otras, no solo les afecta a ellos.  Permea el tipo de sociedad que vamos construyendo.

Y construir sociedad no es tarea solo de algunos. Es labor, si se me excusa la redundancia, de toda la sociedad.

La Fundación “Chile Descentralizado… Desarrollado”, sucesora de la Conarede, ha reimpulsado la discusión luego de la presentación de las 70 propuestas que se entregaran a Michelle Bachelet hace más de un año.Nacieron del trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional que presidieron Esteban Valenzuela y Heinrich von Baer.

Descentralización es una palabra poco cercana, hay que reconocer, y que algunos ligan a tecnocratismo ininteligible y a enmarañados procedimientos del Estado.  Que otros asocian a una especie de voluntarismo por avanzar hacia un regionalismo y localismo extremista, limítrofe con ideologismos chovinistas.  Y no falta el que habla del egoísmo y la falta de reciprocidad de cualquier territorio que pretenda acceder a los beneficios de pertenecer a una comunidad país, más no a sus costos.

Distintas miradas para un concepto anclado en el propio origen del vivir en sociedad.  Ya lo dijéramos hace un par de meses en forma simplificada: “Desde que dos hombres (o mujeres si se quiere) se juntaron y decidieron caminar juntos (en sociedad) y decidir sobre aspectos que a ambos les afectarían, debieron buscar mecanismos para actuar en propiedad.  ‘Un día decides tú, al otro yo’, ‘yo soy más fuerte que tú, así es que decido yo’ y ‘veamos caso a caso y sobre la base de quién convence al otro resolvemos’ me imagino fue ese inicial y caricaturizado diálogo.  Porque descentralizar, al igual que la discusión sobre los sistemas electorales, la asamblea constituyente y la propia democracia, no es nada más que el debate sobre el ejercicio del poder.Una reflexión clásica que nos ha acompañado desde nuestros inicios como ser social”.

Bien dice la sabiduría popular que el poder no se entrega, sino que se conquista. Y como la discusión sobre la descentralización apunta al poder, preciso es copar todos los espacios con la demanda. Que haga sentido en los ámbitos social, político, ciudadano e institucional.

Hoy hay que pasar al activismo por una causa que no es más que la redistribución del poder. Donde los que viven en el día a día los efectos de las decisiones que otros toman puedan ser protagonistas de estas y no solo clientes, usuarios, beneficiarios (o, si me permiten, perjudiciarios).

Porque ya no basta con quejarse, paso siguiente al de darse cuenta de que algo está mal.Tampoco con reclamar, que no es más que demandar luego de visibilizar el problema.

Tales son acciones necesarias, por cierto, pero que deben confluir en el camino de la transformación.  De recuperar el control de lo que nos atañe, de ser protagonistas de nuestro presente y orientadores de nuestro futuro.

Y para todo ello es preciso informarse, participar y ser coherente entre el decir el actuar.Aunque cueste.  Aunque sea difícil. Aunque signifique ciertos costos que cada uno sopesará.

Tal es válido no solo para los ciudadanos. También para las comunidades, las organizaciones, las regiones.

La lucha por el poder es un clásico de la humanidad. No terminó con un nuevo sistema electoral, ni lo hará con una nueva Constitución.  Tampoco con una Asamblea Constituyente.  Pero tal certeza no debe ser argumento para dejar de construir una sociedad más democrática.  Es más, debe ser el incentivo para hacerlo.

Porque como dijera alguna vez Galeano recordando al cineasta argentino Fernando Birri, los ideales (utopías, causas, sueños) están allá como el horizonte y su objetivo no es hacernos llegar.

Es, afortunadamente, hacernos avanzar.

Al avance del calendario, es tradición recordar la elección de Salvador Allende en 1970 como el último Presidente previo al posterior golpe de Estado, el inicio de la dictadura cívico-militar en 1973 y los triunfos y derrotas de una elite que desde la génesis del dominio español  ha escrito y reescrito la historia (y, con ello, el ethos patrio). Sumemos la conmemoración del arribo de la primavera, que por cierto compartimos con todos los compañeros de hemisferio.

Múltiples y, quizás, contradictorios simbolismos.  Vida y muerte, amor y odio, desazón y esperanza se mezclan en los 30 días que dura este noveno mes del año.  Es el sino de la existencia, donde los extremos forman parte del mismo entramado vital.   “Así es la vida” nos diría el crítico que definió los clásicos como aquellas obras que, como los vampiros en la noche, se alimentan de las llagas siempre abiertas de la humanidad.

Una de ellas, la conciencia del individuo frente a lo que ocurre en su entorno.  Y sus ansias de transformarlo, colectivamente, cuando no está de acuerdo con lo que ve.  El ciudadano, en el sentido político del término.  Lo contrario es el idiota, según nos recordara -no sin polémica- el actual ministro de la Presidencia Nicolás Eyzaguirre, aludiendo así al sentido griego del concepto: idio (“propio”) – tes (“quien hace algo”), es decir, aquel que no tiene interés alguno en los asuntos públicos sino solo en los suyos.

Todas las sociedades cargan con ambos.  Ciudadanos e idiotas.  Quienes intentan, de distintas formas, participar en la vida pública (no solo a través de un cargo en el Estado o mediante la acción política partidaria, claro está) y quienes deciden voluntaria o inconscientemente marginarse porque “da lo mismo quién salga presidente, total mañana tengo que trabajar igual”.

Así como comer empanadas y tomar chicha se convierte en un acto obligado en septiembre, también lo es repasar la historia. La historia de Chile.  Claro que no solo aquella que nos habla de presidentes, senadores y diputados, generales y almirantes, y guerras con países vecinos y contra el así llamado enemigo interno (muchas de ellas motivadas por intereses trasnacionales aliados a mezquindades locales), sino la que escribieron anónimos hombres y mujeres.  Esos que vivieron en nuestro suelo y que, con su acción (u omisión), también moldearon la tierra que hoy habitamos.

Es ahí cuando nos asalta la “Batalla de Chile”. Trilogía documental de Patricio Guzmán que rememora los meses previos (y posteriores) al golpe cívico-militar de 1973.  Horas de material audiovisual histórico que, paradójica y lamentablemente, no han tenido espacio en la televisión abierta nacional.  A 25 años de recuperación de la democracia, mas no de la soberanía popular, o mejor dicho, de terminado el sistema autoritario de uniforme, pero eso es otro debate.

Lo cierto es que esos eran otros tiempos.  Una ciudadanía con poder, demasiado, dirán a quienes acomoda la tranquilidad de los consensos de la transición, que no solo opinaba sobre el quehacer colectivo sino se inmiscuía, como actor protagonista, en los acontecimientos que de una u otra forma le afectarían.  No le daba lo mismo.  Ahí están las imágenes del estudiante, la dueña de casa, el profesional y el obrero, el empresario y el trabajador, en la ciudad y en el campo, actuando, dejando atrás la indiferencia y abulia sobre lo público. Apatía que no es más que alimento para que otros tomen las decisiones que a uno corresponden.

Mucha agua ha pasado bajo el puente: atropellos, metralla y tortura, destrucción de La Moneda mediante. Y, para no obviar, también polarización, violencia política y la siembra de los principios del neoliberalismo son el socavamiento del relato colectivo, el utilitarismo económico, el individualismo.

En los últimos años, atisbos hemos tenido de renacimiento masivo del ciudadano participante.  Movimientos sociales por la educación y la justicia socioambiental, reivindicaciones territoriales y demandas de los pueblos indígenas, por nombrar solo algunos, forman parte de aquel resurgimiento.  Y también, hay que reconocer, los que impulsan aspiraciones de corte no progresista como el rechazo al aborto y la mantención del modelo social y de desarrollo vigente, por nombrar solo algunos.

Alguien dijo alguna vez, aporta a la causa que quieras, pero aporta a alguna.  Tal es el ethos de septiembre. Mes de anhelos. De tinieblas también. De construir ciudadanía, esa que fuimos perdiendo en algún recodo de estas cuatro décadas en que los sueños como motor vital se cubrieron de pragmatismo, temor y comodidad. 

Pero aún tenemos patria ciudadanos, dicen que dijo Manuel. Sea lo que sea que signifique la frase, revisar la historia siempre es necesario.  Fundamental. Para comenzar a preguntarse, quienes no vivimos aquella época de principios de los 70, dónde quedó esa ciudadanía que esperanzada creyó que el mundo podía cambiar.

La participación ciudadana ya no puede ser vista solo como tickets en una lista de asistencia sino incluir nuevos procesos, nuevas formas para incorporar –no solo conocer- la visión de quienes son afectados por las decisiones que toma tanto el Estado como el sector privado.

Las resoluciones que pueda adoptar esa institución conocida como Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) que define, como bien señala su nombre, la utilización que se da a esas ricas y biodiversas áreas son un ejemplo de esta necesidad.  Cultivos acuícolas, conservación ambiental, turismo, pesquería y extracción bentónica, navegación, instalaciones portuarias y territorios indígenas son algunas de las destinaciones que puede entregar dicho cuerpo colegiado.  En muchas ocasiones compatibles, pero en muchas otras, excluyentes.

La comisión, que preside el Intendente (en nuestro caso, Intendenta), está integrada en Aysén también por una mayoría de actores del sector público como gobernadores, secretarios regionales ministeriales, directores regionales, junto a algunos representantes de los territorios, del sector privado y de la sociedad civil: alcaldes, consejeros regionales, pesca industrial y artesanal, acuicultura, turismo, comunidades indígenas y el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP).

Aunque son varios los que están, no son todos los que son.  Porque si hay algo que Chile posee es precisamente borde costero.  Somos uno de los países con mayor litoral del mundo, el que incluye no solo su territorio continental sino el de sus miles de pequeñas islas e islotes desperdigados en sus múltiples archipiélagos.  Así lo entendió en algún momento la salmonicultura y ya vemos lo que hizo con dicha crucial información. 

Es por ello que las definiciones sobre el destino que daremos a ese extenso espacio donde el mar se adentra en la tierra o, si se quiere, la tierra se hunde en el mar, deben contar con importantes grados de legitimidad social.  Y eso incluye contemplar los mejores instrumentos de participación, pero también de transparencia en lo que se decide.

Con motivo de la discusión de la recalificación de diversas áreas en la región para convertirlas en aptas para la acuicultura, quienes vivimos en Aysén nos hemos informado sobre determinaciones que podrían adoptarse sin el mayor conocimiento de quienes habitamos este territorio.  Y eso preocupa.

Lo anterior es más pertinente aún considerando los pasivos sociales y ambientales que a su paso ha ido generando la industria del salmón. Basta revisar las imágenes de la basura e instalaciones fantasma, sin considerar toneladas de desechos depositados en el fondo marino, que ha dejado como vergonzoso legado de sus procedimientos industriales.

Tal nivel de impacto socioambiental hace necesario que cualquier decisión relativa a una arremetida salmonera en lo que queda de limpio litoral aysenino se realice con la mayor participación ciudadana y conocimiento técnico.  Algo que, en este caso, lamentablemente no ha ocurrido.  La propia Subsecretaría de Pesca ha reconocido que no cuenta con estudios de capacidad de carga para las zonas donde pretenden relocalizar concesiones acuícolas.

No es posible que porque muchos habitantes de Aysén no vemos lo que ocurre en el fondo del mar no nos importe.  Acá no corre el dicho ojos que no ven corazón que no siente.  Porque aunque cerremos la vista el desastre sigue su camino.  Un desastre natural y humano.

Porque ese mar que tranquilo nos baña no pertenece solo a algunos.  Es un patrimonio que debemos cautelar tanto para las generaciones actuales como futuras, de chilenos y chilenas y también de especies cada día mayormente amenazadas y exterminadas por la irresponsable acción humana.  Ética de la vida se llama a aquello. 

El mar, tampoco, debe ser solo un espacio para sacarlo a colación cuando de insuflar ánimos patrioteros en contra de países vecinos se trata.  También debe ser motivo para cuidarlo como el tesoro que efectivamente es.

La discusión del CRUBC sobre las nuevas áreas aptas para la acuicultura que se comenzará a dar este jueves 11 de junio en Coyhaique será una oportunidad para hacer las cosas correctamente.

Hay reacciones para todos los gustos, siendo cuatro las combinaciones posibles. Siguiendo una lógica matemática, claro está.

Entre los que impulsan la AC, un grupo –el más ultrón, por decirlo de alguna forma- le critica que no haya utilizado el concepto “asamblea”, asumiendo así que ya desechó tal mecanismo.  Dentro de este mismo universo, pero más cercano a la Nueva Mayoría y con una fe incombustible en la Mandataria, se encuentran quienes escucharon “constituyente” y llegaron automáticamente a la conclusión que ella sí estaría disponible para una tarea de tal envergadura.

En la vereda opuesta están los que sienten un patológico terror por la autodeterminación de los pueblos, soberanía popular mediante.  Desde este grupo ya se escuchó enérgicamente que no estarán los votos para cumplir con los supuestos oscuros y asambleísticos designios de Bachelet. 

Y están los otros, los que con cierta autocomplacencia se muestran satisfechos con que se haya sepultado tamaña locura.

Ante tal enredo, lo único concreto es que Michelle Bachelet no fue clara.  Probablemente no por una confusión en el discurso, sino simplemente porque  es parte de una estrategia que viene desarrollando desde que asumiera nuevamente el desafío de ser Presidenta de Chile.  Ni muy lejos que te queme, ni muy cerca que te congele.  La indefinición en ciertos temas complejos.  O mejor dicho, asumir una postura que permita múltiples interpretaciones. 

Como esa historia india en que a varios monjes ciegos se les pide que palpen una parte de un elefante y digan qué es lo que tocan: una cuerda, el tronco de un árbol, un abanico, una pared son algunas de las conclusiones.  Quien escuche a la Mandataria en los temas más peliagudos, tendrá la misma sensación.

Algo así como la goma guar, ese complemento culinario anodino que espesa las comidas pero que en el fondo no cambia el gusto de lo que se ingiere.  O, si me apuran un poco, como el test de Rorschach (sí, lo googleé) donde al final el paciente enfrentado a indescriptibles figuras simplemente ve lo que en su fuero íntimo quiere ver.

Donde sí se equivoca Michelle Bachelet es al decretar, desde el púlpito presidencial, el inicio de un proceso constituyente a partir de septiembre, mes patrióticamente emblemático.  Es loable el intento, por cierto, pero en el caso chileno ese tránsito ya comenzó.

Y partió hace ya varios años, gracias a ciudadanos y organizaciones que impulsaron en diversos espacios el debate sobre la Constitución y el mejor mecanismo para su modificación.  Un camino que la institucionalidad, incluida la ex candidata y hoy Presidenta, pareciera seguir a regañadientes, obligándose primero a proponer una nueva Constitución, para plantear posteriormente que dicho recorrido será “institucional, participativo y democrático”.  Hoy escuchamos  “proceso constituyente”, y eso ya es un avance.  Al debe aún -no podríamos decir lo contrario- pero camino constituyente al fin y al cabo.

Porque los ciudadanos no están para adivinar el futuro.  No les corresponde, cuales oráculos del ayer, pronosticar qué hará –o no hará- determinada autoridad.  Y según el resultado, ponerse a llorar o explotar de alegría.

El trabajo es saber leer las señales del presente, proyectarlas al mañana y a través de sus resultados definir las líneas de acción para avanzar hacia el destino buscado.  En nuestro caso, la asamblea constituyente como el medio más democrático para dotar a Chile de una nueva Constitución.

Teniendo claro aquello, el resto es música incidental.

Fue en julio de 2014 cuando un joven de 24 años, hoy aspirante a PhD, envió una carta al Papa Francisco.  En esta relató cómo durante su pubertad fue víctima de Martínez y su grupo cercano.  Al hacerlo, no centró muchas esperanzas en los efectos de su misiva.  Pensó que sería un acto oficioso más, producto de las redes de poder e influencia que perviven al interior de la Iglesia Católica.

Un mes después, el 10 de agosto, un llamado telefónico lo cambió todo. “Buenas tardes hijo, soy el padre Jorge”, le dijo una voz al otro lado de la línea.  Ante su extrañeza, el interlocutor insistió: “Soy el Papa Francisco”.

Aunque inverosímil, tal fue la conversación.  Lo primero que hizo Jorge Bergoglio fue pedir perdón a nombre de la Iglesia.  Luego, asegurar que su denuncia sería investigada, pidiéndole entregar los antecedentes al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez.

Pero no fue todo. En conocimiento de que uno de los acusados oficiaba de vicario general de Granada –por tanto muy cercano a la jerarquía local- la Santa Sede decidió intervenir el proceso con dos vicarios judiciales de la diócesis de Valencia. Francisco no estaba obligado a ello, pero así procedió para asegurar la mayor independencia en la investigación interna, en paralelo a la criminal.

En Chile la semana pasada supimos de la decisión de relevar al fiscal Carlos Gajardo de la investigación del caso Penta, una de cuyas aristas conduce a Soquimich.  Soledad Huerta, fiscal nacional subrogante (el titular Sabas Chahuan se encontraba en el extranjero), autorizó la decisión, quedando a cargo de la indagatoria el fiscal Metropolitano Oriente Alberto Ayala (jefe de Gajardo).  Para todo lo relacionado con la minera, quedaría el fiscal Metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, ante la inhabilidad de Ayala quien durante años fue asesor de Soquimich.

El problema es que Montes es hijo del senador PS Carlos Montes, partido con algunos de sus parlamentarios investigados por el caso. Y que Ayala tendría interés en ser el próximo Fiscal Nacional, para lo cual debe ser respaldado por la Cámara Alta.

De regreso de sus vacaciones, Chahuan tomó cartas en el asunto.  Ante los múltiples cuestionamientos ciudadanos y políticos, asumió la investigación e incluyó en su equipo al propio Gajardo, acreedor de la confianza ciudadana por la forma en que hasta ese momento había llevado las diligencias.

Chahuan tampoco estaba obligado a tomar esta decisión, pero con tal medida evitó que se instalara la desconfianza sobre la incorruptibilidad del Ministerio Público.

Aterricemos en Aysén.  Este fin de semana se difundió profusamente un comunicado de la Fiscalía Regional informando el resultado del juicio a un empresario de Coyhaique, acusado de abusos sexuales en contra de una niña.

Antes de continuar preciso informar que –sin ser amigos cercanos- conozco desde antes al inculpado y he tenido siempre una opinión positiva de su persona.  Aclaración necesaria no solo por transparencia, sino porque precisamente este artículo trata sobre conflictos de interés.

Durante el juicio, la defensa solicitó que el caso fuera tramitado en un tribunal externo a la región.  La razón: el padre de la víctima era a la fecha funcionario de la Corte de Apelaciones de Coyhaique e incluso compartía roles directivos con el juez de Garantía a cargo del caso, según informó en noviembre la prensa local.

Las peticiones fueron rechazadas.  Tanto por el tribunal de primera instancia como por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, cuyos integrantes también forman parte del círculo laboral del padre de la víctima.

Al hacer estos descargos, quien en todo momento planteó su inocencia no buscaba un tratamiento especial.  Tampoco que se le exculpara solo porque él lo decía.  Su intención, y la de su defensa, era simplemente tener un juicio justo.  Uno en el que no hubiera duda sobre la imparcialidad de quienes tenían la responsabilidad de juzgarle.

Todo fue infructuoso.  Fue condenado por un tribunal sobre el que rondaron dudas con respecto de su imparcialidad.  Faltó, en el fondo, la prudencia que sí ha operado en los casos descritos en un inicio.

Una de las propuestas del trabajo de la Comisión de descentralización en Aysén fue la necesaria rotación de los jueces en los territorios, similar a lo que ocurre en otros organismos del Estado.Se evitarían así las influencias cruzadas producto del establecimiento de relaciones de amistad.  La concentración del poder es un fenómeno que debemos combatir como sociedad.

Algo de sensación de injusticia se va instalando entre la ciudadanía cuando se insiste en no dar señales de imparcialidad y transparencia.  Se lastima la fe pública, principal sustento de cualquier institucionalidad.

Porque los hombres en sus cargos pasan, pero el daño a las instituciones queda. Y eso también nos debe preocupar.

¿De aquello no tratan, también, los casos Penta y Caval?

Fue su campechana y pragmática respuesta a quien le recomendó despedir al eterno -y peligrosamente bien informado- director del FBI J. Edgar Hoover, según reseñara en 1972 el periodista del New York Times ganador del Pulitzer David Halberstam, en su libro “Los mejores y más brillantes”.

La obra, dicho en sencillo, relata cómo a pesar de reclutar a los intelectuales y académicos más destacados de su generación, por seguir sus consejos Kennedy arrastró a su país a una de las, para ellos, más desastrosas guerras que había enfrentado su país hasta ese momento: Vietnam.

Pongo sobre la mesa esta anécdota para recordar que en política no existen las verdades reveladas. Hay análisis y proyecciones más o menos certeras, es cierto.  Pero solo de tecnocracia inmediata no se construye la sociedad. Se hace mirando el horizonte, también.

La siguiente historia se la escuché a un destacado constitucionalista chileno.

Una de las principales propuestas del programa del ex presidente Barack Obama cuando se postuló en 2008 fue la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida en Estados Unidos como Obamacare.  Esta fue aprobada por el Congreso en marzo de 2010 y obliga a todos los estadounidenses a contratar un seguro de salud, con multa en dinero de no hacerlo.

La discusión sobre la constitucionalidad de la ley era clave. Al ser EEUU un Estado federado, la legislatura nacional tiene limitaciones para imponer a sus Estados o ciudadanos determinados comportamientos.  En este caso, comprar un seguro de salud.

Los republicanos confiaban en que la Corte Suprema echaría por tierra el proyecto aprobado por el Congreso, declarándolo inconstitucional.  Cinco de los 9 jueces son conservadores, incluido su presidente John Roberts.Sin embargo y contra todo pronóstico, este magistrado se alineó con los progresistas (demócratas) y respaldó la ley. 

Contradictoriamente, gran parte de su argumentación fue de rechazo al proyecto y en particular a la posibilidad de que el Congreso obligara a los ciudadanos a contratar un seguro.  Pero votó a favor porque lo calificó de impuesto, algo para lo cual los congresistas sí tienen atribuciones.

¿Por qué optó por esta vía, cuando pudo haber desechado la iniciativa sin más?

Aunque hay varias interpretaciones, la revista Forbes explica que una de las consideraciones fue que de rechazar el principal proyecto de ley de Obama habría quedado en evidencia la marcada alineación partidista conservadora de la Corte Suprema.  Y esto habría trasladado la discusión desde el plan de salud hacia el cuestionamiento de la labor del máximo tribunal.  Incluso los demócratas ya estaban reuniendo pruebas para iniciar una batalla político-legal.  Y eso era un gusto que Roberts, como presidente de la Corte Suprema, no se podía dar.

Volvamos a Chile.

Ante las reformas que el gobierno ha anunciado (tributaria, educacional, constitucional y, hoy por hoy, laboral), quienes se oponen amenazan en todo momento con recurrir a esa instancia contra mayoritaria que es el Tribunal Constitucional.  Especial esfuerzo ha puesto en ello el partido celador de la Carta Fundamental de Pinochet que es la Unión Demócrata Independiente.

Y desde la vereda opuesta cunde la molestia por tanto afán bloqueador, inmovilista.Sin embargo, quizás habría que tomar distancia.

Quien de verdad busque  un cambio trascendental, no cosmético, debiera confiar en que los opositores a las reformas mantengan su empeño.  Es  más, que lo refuercen. E incluso que tengan éxito. Que el Tribunal Constitucional les dé la razón y las propuestas de Bachelet no puedan avanzar más allá de lo que permite el corsé que el dictador encajó al país en 1980.  Y que el duopolio remendara en 1989 y 2005.

Así, la discusión de fondo se elevará por sobre las indiscutiblemente necesarias reformas del gobierno y se trasladará a esa cárcel institucional que es la Constitución,  donde su cambio en lo esencial sería parte del debate.  Incluida la posibilidad de una asamblea constituyente, ante la incapacidad del sistema vigente de resolver los baches del modelo de sociedad de mercado.

Si la UDI reflexionara como John Roberts, pensaría dos veces los pasos que da en pro de bloquear a todo evento las reformas de Bachelet.

Esto es parte de la discusión pública que se dará el próximo año, más aún cuando el debate constitucional esté en la mesa producto del cronograma legislativo.  El resultado dependerá de la claridad política no solo de los políticos sino de todos los actores involucrados.  Tanto de los que buscan triunfos cortoplacistas como de los que ponen la vista mucho más allá.

Adiós 2014. Bienvenido 2015.

Múltiples paneles para discutir sobre los medios se organizaron durante las cinco jornadas.  Libertad de expresión y libertad de prensa siempre han sido sus fundamentales premisas, sustentadas en la adhesión a “los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual”.

Libertad, libertad, libertad.  La libertad, ante todo, es el gran leit motiv de la SIP.  De ello da cuenta constantemente en sus informaciones oficiales y, por cierto, en las líneas editoriales de los múltiples medios adscritos a la organización.

Por eso el aviso que la Asociación Nacional de la Prensa (referente chileno de la SIP) ha difundido en diversos medios con la consigna “Todos somos Venezuela”, denunciando lo que entienden es la intervención de los diarios de dicho país a través de la gestión estatal del suministro del papel.  Por eso, también, las múltiples declaraciones contra todas las naciones en las cuales se cuestiona, en alguna medida, el sacrosanto derecho de propiedad mediático.  De propiedad sin control alguno.

La Sociedad Interamericana de Prensa representa una sola mirada.  La de las empresas de comunicación que buscan ejercer su labor (imponer sus intereses, más bien) sin traba alguna.

Puede ser la legítima acción de un grupo de interés, pero mezquina al fin y al cabo cuando hablamos del amplio espectro en el que se mueve la comunicación social: la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información.

En el fondo, la SIP representa, en esencia, la libertad de hacer negocios con los periódicos, como queda constatado en el programa del encuentro en Santiago. Y de paso imponer su visión.

Muchos periodistas, al igual que múltiples actores del sector de la comunicación, diferimos al respecto.  Concordamos en que un peligro para las libertades y derechos relacionados es el poder absoluto del Estado y el aparato público.  Pero faltan importantes variables en dicho análisis.Están ausentes, si de verdad se quiere defender principios y no simplemente privilegios.

Así lo entendemos en el Colegio de Periodistas, donde no solo la reivindicación gremial es nuestro sur.  Adherimos también a fundamentos generales vinculados con la democracia, el respeto a la dignidad humana, la libertad de expresión y el derecho a la información.  Y si tal significa coartar nuestro accionar, que así sea.

La protección de los niños, de las víctimas, de los más vulnerables, así como el fortalecimiento de valores esenciales para la sociedad y la democracia merecen regulaciones distintas a la censura previa.  Algo totalmente distinto a lo que los dueños de medios plantean para Chile, donde el fomento del bien común es visto, casi siempre, como un peligro para su libertad.

Tales conceptos nos llevaron, junto a la presidenta de la orden Javiera Olivares, el director de El Ciudadano Bruno Sommer y el director del portal El Clarín Paul Walder, a concurrir este lunes a la Cepal –sede de la asamblea- para entregar a la presidenta de la SIP, Elizabeth Ballantine, una simple carta.

Una carta suscrita por decenas de organizaciones sociales y de la comunicación, académicos, premios nacionales de Periodismo y directores de medios no mainstream, relevando un tema notoriamente ausente de las preocupaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (y de la ANP) en su lucha por la libertad de expresión: la concentración de la propiedad.

Porque Chile es un ejemplo paradigmático. Se encuentra en el primer lugar de América Latina, con un nivel de concentración de un 95%: un duopolio de medios impresos, un oligopolio de estaciones televisivas y un 45% del mercado radial concentrado en un conglomerado transnacional español, son parte de nuestra lamentable realidad. 

Más aún, una parte importante de tales empresas pertenecen a grupos que controlan relevantes sectores de la economía del país.  Y ya lo sabemos, el poder en pocas manos es contrario a la democracia.

La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA en el año 2000 señala al inicio de su principio 12 que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho de la libertad de información de los ciudadanos”.

Esto quisimos plantear, infructuosamente, a la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa en la Cepal, organismo adscrito a la ONU.  Esto, junto a un cartel que expresaba la subversiva frase “Más libertad de expresión” y que llamó la atención de los guardias.

Requisado al ingreso, fue motivo para que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, atendiera a la delegación en la sala de espera del organismo internacional.  Algo no muy protocolar, por cierto.  El que horas más tarde se nos haya avisado con 30 minutos de plazo para sostener una reunión a la rápida con la presidenta Ballantine, solo da cuenta del escaso interés de esta asociación para enfrentar seriamente el desafío de la democratización de la prensa y la comunicación.

Pero no es esta una discusión sobre el procedimiento.  Es sobre el discurso ideológico pro libertad de empresa periodística, pro mercado de medios, que se alza como el gran proveedor de servicios informativos, y sancionador de qué es y qué no es libertad de prensa.

Una libertad que debe cruzarse con la libertad de expresión y el derecho a la información de todos (no solo de los controladores), para que en definitiva se pueda llegar a pensar que la Sociedad Interamericana de Prensa defiende el interés común y no solo inversiones privadas y la posibilidad de seguir siendo, casi sin contrapeso, los dueños del discurso.

Un discurso que, afortunadamente, las nuevas tecnologías están ayudando a dosificar.

En el caso del bombazo, la portada de La Segunda con el titular “El retorno del miedo” y el reportaje “Radiografía a los colectivos estudiantiles” de Canal 13 emitido el lunes previo fueron las prácticas editoriales que encendieron las alarmas de la ciudadanía y de las instituciones. Entre ellas, del Colegio de Periodistas.

En el caso del vespertino de la cadena de El Mercurio, por lo que se entendió como un intento de infundir temor desmedido entre la población más allá de los hechos, llevando incluso a la ciudadanía a ligar el mencionado titular con acciones y portadas de un pasado del cual La Segunda no debiera sentirse particularmente orgullosa.

En el del ex Canal del Angelito, por la forzada vinculación de la legítima organización anti sistémica de grupos estudiantiles con el artefacto explosivo que dejó 14 heridos.

Si para algo ha servido esta discusión es precisamente para recuperar la convicción de que la objetividad en los medios de comunicación no existe. Que desde el momento en que el editor de un medio escoge un tema (o cuando lo omite), define el enfoque y las palabras, tiros de cámara, ángulos, está definiendo el tipo de mensaje que entregará.

En concreto, un discurso subyacente.

Lo antes dicho no debe confundirse con la práctica de torcer datos.Alude a la sutileza de elegir el formato y el contenido del mensaje. Aún recuerdo un titular de
El Mercurio hablando del proyecto de ley “de inscripción obligatoria, voto voluntario”, aludiendo al que el gobierno de la época llamaba “de inscripción automática, voto voluntario”, que en términos procedimentales era lo mismo aunque con un sentido totalmente distinto.

No es igual quedar “automáticamente inscrito” en los registros electorales al cumplir 18 años que quedar “obligatoriamente inscrito”. La intención de predisponer negativamente a la ciudadanía frente a una iniciativa coercitiva era notoria.

Considerando la agenda pro mano dura y de restricción de libertades individuales cívicas de un sector político, las acciones de La Segunda y Canal 13 no dejan muchas dudas. Y así lo manifestó el Colegio de Periodistas: “Infundir temor en la población no aporta a la democracia y no debe ser nunca utilizado por los medios de comunicación como herramienta para validar agendas editoriales”.

Pero no fue lo único.

La discusión sobre el inserto alusivo al acuerdo de la Cámara de Diputados pre 11 de septiembre también ha abierto el debate sobre la libertad de expresión. Fue la presidenta de los periodistas Javiera Olivares quien expresó que tal publicación atentaba contra los principios democráticos, aquellos a los cuales adhiere el Colegio en su Código de Ética.

El columnista de El Mercurio Carlos Peña respondió acusando una supuesta incoherencia entre su opinión crítica sobre el inserto y la preeminencia que nuestra orden profesional da a la libertad de expresión.

El planteamiento del articulista se internó así en una discusión histórica frente a la colisión de dos derechos que nos son esenciales: la garantía de poder expresar la opinión propia (incluso aunque sea divergente del discurso hegemónico) versus los límites de esta manifestación cuando, por ejemplo, se vulnera la dignidad de la persona o el concepto de democracia al que adherimos, como pareciera ser en este caso.

Muchos medios se reservan el derecho a publicar insertos si estos van contra su política editorial o valores que les son esenciales, lo cual por cierto La Segunda, El Mercurio y La Tercera no aplicaron.

Cuando Carlos Peña cuestiona la opinión de Javiera Olivares transita el mismo camino que él critica en su carta. ¿Está planteando una censura a la dirigenta, que no debió haber dicho lo que dijo, en contraposición a su propia defensa -la de Peña- de la libertad de expresión?

Por cierto que no, está haciendo una legítima crítica política a lo expresado, que es lo mismo que hiciera Olivares. Ella dio una opinión frente al actuar de los medios de comunicación en lo que muchos periodistas consideramos el rol social de la prensa.Por ejemplo, su adhesión a los valores democráticos. Porque el tema no era la publicación de un documento histórico, como se ha dicho. Era el encabezado que hacía una legitimación –pasada y presente- de la intervención armada.

Los periodistas abogamos por la libertad de expresión pero también por la democracia y la defensa de los derechos humanos. Y buscamos permear con esta mirada a todas las instituciones, incluidos los medios ¿O alguien considera que la prensa está por sobre el bien y el mal, intocable, protegida del escrutinio ciudadano, en un estadio de impunidad periodística?

Por cierto que este debate no terminará aquí. Quedará abierto porque es un clásico en la historia de humana. Lo que se precisa es generar discusión sobre ello, que la reflexión crítica es la que nos permite avanzar como sociedad.

Una donde, por ejemplo y ejerciendo mi derecho a opinar, haya claridad en que ensalzar los golpes -y amenazar con ellos en el presente- debe ser rechazado mayoritariamente por la ciudadanía.

Ahora, no nos confundamos. ¿Rechazo el uso mediático de atentados explosivos para instalar agenda pro mano dura y la legitimación de golpes para interrumpir el cauce democrático? Sí. ¿Apoyaría ley de censura previa? No.

La idea, ingresarlo a tramitación a mediados de ese año gracias al trabajo de las consultoras chilenas Poch y EPS, y la multinacional sueco-noruega Sweco, que coordinaron la investigación de varias universidades nacionales que pusieron a disposición su técnica (y prestigio, por qué no decirlo) para la faraónica intervención de la Patagonia aysenina, embalses y torres de alta tensión incluidos.

Todo iba viento en popa. Tres toneladas de papel se enviaron al sur por esa fecha, como muestra de la solidez del trabajo realizado. A ese momento y luego de varios años de investigación, la ingeniería y la evaluación ambiental del proyecto ya estaban prácticamente definidas.

Pero la Patagonia deparaba sorpresas.El 7 de abril de 2008, cuatro meses antes del ingreso del EIA, el lago Cachet II vació 200 millones de metros cúbicos de agua al río Colonia, afluente del Baker, colmando y rebalsando en una amplia extensión su lecho por toda el área donde HidroAysén pretendía construir su central Baker 2, aguas abajo de la Baker 1.

Aunque en su oportunidad Hernán Salazar, quien las oficiaba a la época de gerente general de HidroAysén, aclaró que “las crecidas de los flujos de agua no afectarían nuestros embalses ni alterarían de modo alguno el buen funcionamiento de las centrales”, más de alguno dudó de tal aseveración.

Mal que mal, en las décadas cercanas previas no se había producido tal fenómeno y nadie, ni de la empresa ni de ningún centro de estudios, había alertado antes sobre la ocurrencia de glofs (nombre técnico para los vaciamientos de lagos de origen glaciar) en dicho territorio.

Al día de hoy el Cachet II se ha vaciado más de una decena de veces, generando constantes alertas y perjuicios a los pobladores que viven en las riberas del Baker aguas abajo de la confluencia con el Colonia.No evaluar los efectos de tal fenómeno ni presentar modelaciones de riesgos de inundación (requeridos recurrentemente por los servicios) fueron parte de las reclamaciones que presentó la ciudadanía y que fueron acogidas por el Comité de Ministros.

Pero esa no fue la única ni la primera vez en que la Patagonia se defendía.Que Gaia se comportaba como la baguala que es en este austro al fin del mundo.

El 2 de mayo de 2008 entró en erupción el volcán Chaitén luego de siglos de inactividad. Masivas evacuaciones, millonarias pérdidas y un cambio en el sentido de la prevención frente a los fenómenos naturales fueron sus principales efectos.Y uno colateral fue que instalar torres de alta tensión en la zona costera de Palena era una muy mala idea. Mal que mal, el trazado que HidroAysén pasaba a escasos kilómetros del macizo volcánico.

Pero previamente la geología patagona había cobrado una primera víctima. El 21 de abril de 2007 un evento sísmico de origen volcánico en las cercanías de Puerto Aysén generó pánico en la población.

Y no solo eso. La caída de un cerro producto del remezón originó una ola gigantesca en el fiordo Aysén que cobró la vida a 10 personas. Como resultado paralelo, a los pocos días fue rechazado el primer estudio de impacto ambiental de la represa río Cuervo, proyectado en esa (y en esta) época sobre la falla activa Liquiñe-Ofqui. Digo “en esta” porque, la verdad, hay empresas que nunca aprenden.

No aprenden que la Patagonia es un territorio aún desconocido y en pleno proceso de conformación y cambio hidrogeológico. Y esto origina que sean múltiples los riesgos imposibles de considerar ante cualquier intervención a gran escala.Ante ello, lo lógico es aplicar el principio precautorio.

Son estos antecedentes los que hacen llamar la atención sobre la certeza con que Bernardo Larraín Matte, presidente del directorio de Colbún, habla de la alta calidad técnica del EIA de HidroAysén. Enrostrando que el estudio habría sido elaborado por un consorcio internacional.

Lo que casualmente no recuerda es que contaron “con una auditoría independiente inédita en estas materias, a cargo de la empresa internacional Price Waterhouse Coopers”, según consignaran en su memoria del año 2008.

Sí, la misma consultora que auditó a La Polar y que hace un par de meses fue multada por su responsabilidad en el escándalo, por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (sanción ratificada por la Corte Suprema) y también por la Superintendencia de Valores y Seguros.

La agencia a la que el Vigésimo Juzgado de Letras de Santiago le congelara cuentas bancarias por más de 4 millones de dólares y la que enfrenta una querella de la AFP Provida por su participación en el hecho delictual vinculado al retail. Esa misma consultora fue la que dio garantías de la seriedad del estudio de impacto ambiental de HidroAysén.

Pero el “respaldo serio” de Price Waterhouse Coopers no ha sido lo único que han olvidado los ejecutivos de HidroAysén.

Tampoco recuerdan que fueron los propios servicios públicos ayseninos los que en 2008 señalaron, en su mayoría, que el estudio carecía de información esencial y relevante para ser evaluado. Razón suficiente para su rechazo en tal etapa.Solo la instrucción del ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma a su subalterno el intendente Selim Carrasco posibilitó superar tal grave impedimento.

Menos aún, que fue gracias a presiones (fastrackers incluidos, según consignó y cuestionó Contraloría) e irregulares cambios de informes técnicos por autoridades políticas que pudo ser aprobado en mayo de 2011 en Coyhaique. Con varias autoridades inhabilitadas por conflictos de interés, según consignó una comisión investigadora de la Cámara de Diputados cuyo informe fue aprobado por el pleno.

Y que ninguno de los fallos judiciales fue unánime. En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt el resultado fue 2 a 1, votando por acoger el recurso el propio presidente del tribunal. Y tres a dos resolvió la Corte Suprema, donde uno de los ministros que rechazó el requerimiento ciudadano poseía unos $ 100 millones en acciones de Endesa.

Nada de eso han recordado en la defensa de la supuesta validez del estudio, su tramitación y aprobación.

Lo bueno es que los ciudadanos sí tenemos memoria. Y más allá de la operación comunicacional de Endesa y Colbún, recordaremos que HidroAysén fue un mal proyecto y un peor estudio de impacto ambiental. Es cosa solo de mirar un poquito hacia atrás.

Era un tremendo notición que podría dar vuelta el tablero, cambiar la correlación de fuerzas como le llaman. Hecho político que con un sistema binominal como el actual, con quórum casi imposibles de alcanzar, no era un dato menor.

Pero la emoción me duró poco. Las palabras del representante de oposición no significaban abrirse a la posibilidad de que el cambio a la Constitución se realice por la vía más democrática, devolviendo el poder constituyente al pueblo.

No planteaba que la llave para iniciar institucionalmente tal proceso fuera un plebiscito, un referéndum que nos dé a chilenos y chilenas la oportunidad de decidir si queremos mantener la actual Carta Fundamental o cambiarla, mediante el Congreso o una asamblea constituyente.”Lo que acordemos en el Congreso, se plebiscita” fue la frase de Espina a La Segunda, el jueves último.

Aunque se suma a las voces que piden plebiscito, lo hace con un pequeño detalle, que a estas alturas más parece una trampa: su referéndum sería para refrendar cambios constitucionales previamente elaborados por los parlamentarios mediante los quórum vigentes.No para definir si iniciamos un proceso constituyente de verdad.

En la práctica, su planteamiento se apropia y tergiversa una demanda ciudadana y de diversos movimientos sociales como Marca tu Voto, Manifiesto Plebiscito para una nueva Constitución y el Movimiento Ciudadan@s por la Asamblea Constituyente, entre muchos otros que han hecho su aporte al proceso. Localiza el plebiscito al final de la línea temporal constituyente, aplicando la lógica de los hechos consumados.

Pero no solo eso. Da una salida, entrega una oportunidad discursiva a quienes quieren mantener las cosas tal como están, pero investidos de un supuesto espíritu democrático y ciudadano.

Veamos.

Por una cuestión de lógica, son los partidarios del modelo social, económico y político vigente en Chile a quienes interesa mantener el statu quo y se aferran a las instituciones de veto: binominal, quórum mayoritarios, rol preventivo del Tribunal Constitucional, que les permite mantener el control de los posibles cambios estructurales incluso siendo minoría política, social y electoral.

Representemos en ellos esencialmente a la derecha y a algunos grupos de centro de la Nueva Mayoría.

En la vereda opuesta, producto esencialmente de las movilizaciones sociales de 2011 y 2012, importantes sectores del oficialismo están planteando reformas de fondo a la Constitución del 80, llegando a exigir una nueva Constitución.

En tercer lugar están las fuerzas ajenas a NM, que anhelan cambios más de fondo que los planteados por ésta y que presionan para que se lleven adelante.

Considerando las dificultades que existen bajo la actual institucionalidad para cambiar los capítulos que requieren de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio y la casi imposibilidad para tocar siquiera los de 2/3, no existe mucha confianza en que lo que salga del Congreso se haga cargo de las transformaciones de fondo (derechos sociales garantizados, protección del medio ambiente, terminar con la subsidiariedad del Estado, más y mejor democracia, descentralización efectiva, entre otros).

Esto, sin entrar en la discusión de la falta de legitimidad que el Parlamento tiene por motivos electorales y políticos y que es uno de los sustentos para el llamado a una asamblea constituyente.

Si a este oscuro escenario sumamos un plebiscito que refrende o eche por la borda los tibios posibles cambios, los únicos perdedores seguros serán quienes aspiran a transformaciones estructurales, que me atrevo a decir somos una mayoría.Y al contrario, los que sí o sí ganarán con el plebiscito ex post propuesto por Espina son quienes quieren trabar los cambios.

Porque si triunfa el Sí, se mantendrán y en alguna medida legitimarán las moderadas modificaciones que salgan del Parlamento. Si gana el No, todo volverá a fojas cero y los celadores del legado de Pinochet podrán decir incluso que la ciudadanía valida el actual texto constitucional.

El problema es que quienes creemos que la única legítima vía para cambiar la Constitución es la asamblea constituyente nos enfrentaríamos así a la disyuntiva de votar Sí o No, cuando ninguna de las dos opciones es valedera.

Una alternativa sería boicotear el proceso mediante una alta ausencia electoral, pero si en la segunda vuelta presidencial el nivel de abstención llegó a casi el 60 % y la elite política ni se inmutó, es iluso pensar que el no participar en un plebiscito así planteado surtiría algún efecto.

Por ello la importancia de desnudar desde ya los efectos del mañoso plebiscito planteado por el congresista.

Porque, algo es necesario tener en claro. La ciudadanía exige referéndum, pero no el que está ofreciendo ahora, en lo que parece ser un acto de prestidigitación, la actual oposición. El plebiscito que se demanda es al principio, no al final.

No estamos en 1989 y lo que se reclama no son 54 reformas para dejar atrás parte del autoritarismo pinochetista, sacrificando en la pasada la soberanía popular.

Hoy la discusión es precisamente lo contrario, recuperar 25 años de democracia secuestrada.

Llegó el tiempo de luchar por su liberación.