Promulgada la reforma, lo que se consagró en definitiva es una obligación para las familias de matricular a sus niños y niñas a este nivel, cuyo incumplimiento, generará la imposibilidad de acceder a la educación básica.

Algunos académicos e instituciones se han pronunciado al respecto, abordando temáticas desde el currículum, calidad y la condición laboral de los profesores, dando por alto, lo que a mi juicio es trascendental. ¿Hay matrícula para el kinder? ¿Dónde se encuentra?

Con la información entregada por el Ejecutivo, de inmediato se puede deducir que no hay problemas de cobertura. Lo que es verdad, la cobertura para el kinder es prácticamente del cien por cien. Luego, hilemos un poco más fino ¿de qué matrícula estamos hablando?

Según la información proporcionada por el MINEDUC vía Transparencia, la matrícula gratuita, esto es, la de colegios municipales y subvencionados gratuitos alcanza sólo para el 57% de los niños y niñas de 5 años (77.449 matrículas en los municipales y 66.298 en los subvencionados gratuitos).

El resto, está cubierta por los colegios privados y los colegios particulares subvencionado con financiamiento compartido (20.994 matrículas en los particulares y 84.363 en los subvencionados con FC).

La reforma constitucional no implica garantizar el kinder, sino sólo la obligatoriedad, en tanto que el Estado no está garantizando necesariamente el acceso en forma plena, por consiguiente, cerca del 40% de todas las familias deberá invertir dinero para que su hijo o hija pueda ingresar a la educación básica, porcentaje que con el tiempo podría incrementarse, ante la progresiva y constante disminución de las matrículas en el sector público.

Así también, la obligación del Estado de financiar un sistema gratuito sólo establece el imperativo de otorgar recursos a quién dé la educación, pero no dice a quién ni con qué requisitos.

De esta manera, la coexistencia de los subsidios con el financiamiento compartido, sólo va a incentivar la segregación a más temprana edad, así también el lucro.Esta reforma más que solucionar el problema, agudizará aún más la precariedad de nuestro sistema educativo.

La implementación de esta reforma quedará a cargo del próximo gobierno, quien tendrá como desafío garantizar el acceso gratuito y universal al kinder y en segundo lugar, terminar con el financiamiento compartido, principal responsable de la segregación y el lucro en la educación escolar.

Quisiera referirme a la propuesta revolucionaria que realizó la Nueva Mayoría, en particular por el Diputado Mario Venegas (DC), al proyecto presentado por el Gobierno.

La discusión legislativa se dio en torno a la Indicación Sustitutiva presentada por la Ministra Schmidt, en tanto que el proyecto original presentado por Beyer, nunca evolucionó positivamente, impedido por la arrogante posición del ex–ministro y su composición ideológicamente sesgada.

La Indicación Sustitutiva presentada por el Ejecutivo representó una buena señal, acogiendo las palabras de expertos y de los parlamentarios, lo que se tradujo en la presentación de un Proyecto de Ley nuevo, inclusive posteriormente su nombre fue modificado: de “Carrera docente”, a la “Creación de un nuevo sistema de inicio de carrera docente”.

Por la necesidad de la discusión, el Ejecutivo hizo bien al dividir la discusión con el objeto de avanzar en acuerdos, sabiendo que este proyecto no es la solución a todos los problemas de los docentes, pues su foco es una particularidad del sistema, su “inicio”

El proyecto presentado por el Ejecutivo era bueno, pero perfectible. En esta labor se aprestaron los actores durante la semana de discusión, y el principal problema identificado, lo encarnaban las lógicas y más probables consecuencias de fijar nuevos requisitos para ingresar a ejercer la docencia al sector subvencionado, y no fijarlas al inicio de ingreso a Pedagogía.

En primer lugar, el sector que se estaba regulando es significativo, en tanto que representa sobre el 90% del campo laboral de un profesor, abarcando tanto al sector particular subvencionado y al municipal, por tanto los nuevos requisitos eran trascendentales para el sistema.

En segundo lugar, se exigía a quien egrese de una Escuela de Pedagogía, que esta se encontrase acreditada, en este sentido el compromiso del Ejecutivo fue hacer la acreditación obligatoria en Pedagogía en el Proyecto de Agencia Nacional de Acreditación (acreditación como condición de funcionamiento, y no sólo y exclusivamente para recibir beneficios económicos del Estado, como lo establece actualmente la ley).

En tercer lugar, y lo que generaría más impacto en el sistema, es el cumplimiento de algunas de las cuatro condiciones propuestas en el proyecto. Tres de ellas, dicen relación con el ingreso a estudiar Pedagogía, esto es:

a) Haber obtenido a lo menos una media de 550 puntos en la PSU o su equivalente, entendiéndolo como el 32% superior de la distribución de desempeño,

b) Haber obtenido a lo menos una media de 500 puntos en la PSU o su equivalente, y un promedio de notas de enseñanza media que se encuentre dentro del 30% mejor del establecimiento,

c) Haber obtenido un promedio de notas de enseñanza media que se encuentre dentro del 15% mejor del establecimiento.

La consecuencia lógica, al observar que existen más de 1400 programas de Pedagogía (www.mifuturo.cl), en las que sólo cerca de 380 programas se encuentran acreditados (www.cna.cl), en los que en la gran mayoría no hay siquiera requisitos de ingreso, el proyecto significaría una catástrofe de proporciones épicas, en tanto que los estudiantes podrán acceder a estudiar Pedagogía, pero una vez egresados no podrían ejercer su profesión, salvo que cumplieran el cuarto requisito,haber obtenido una calificación satisfactoria en el examen inicial.

Cuestión que resulta poco probable observando los actuales resultados de la prueba Inicia y los estudios realizados, como lo ha manifestado Elige Educar, en los que existe una relación entre PSU y buen resultado en la Prueba Inicia, no dan garantía que el fracaso de esos estudiantes sea evitable.

Es en este marco, ante la preocupación por la inminente catástrofe épica que se produciría, el diputado Mario Venegas (DC) presentó una indicación de nuevos requisitos para ingresar a estudiar Pedagogía.

Ya se había planteado antes la necesidad de fijar los requisitos al ingresar a estudiar Pedagogía, pero fue resistido por el Gobierno, argumentando que infringía la Constitución al vulnerar la autonomía de las Universidades.

La solución que logró consenso por parte de todos los parlamentarios de la Comisión, fue incluir los requisitos de entrada al sector subvencionado al ingreso de la Carrera, pero otorgando un pequeño porcentaje a las Escuelas de Pedagogía, de un 10% de ingreso libre en relación al total de la matrícula, en el que se integra también el porcentaje de admisión especial que cada universidad administra.

El acuerdo es revolucionario y responde a lo denunciado por expertos y el movimiento social, en tanto que es el Estado quien está asumiendo las responsabilidades, y no se las está delegando al mercado.

De convertirse en Ley, gran cantidad de Programas y Carreras de Pedagogía cerrarán, y esto no generará una escasez de profesores, salvo en dos excepciones (Educación de Párvulos y Docentes en Física, lo que se podrá sanear por medio de políticas focalizadas), en tanto que hoy hay una sobre ofertas de profesores; al contrario, esta ley fortalecerá a la formación docente.

No le pidamos “peras al olmo”, evitemos ver el vaso medio vacío, este proyecto de Ley sólo se hace cargo de un ítem de la Carrera Docente, la discusión de los temas no tratados en este proyecto, deberán ser abordados en un nuevo proyecto de Carrera Docente, que lo más probable, será responsabilidad del próximo Gobierno.

Este proyecto de ley representa una revolución silenciosa, un pequeño paso hacia la transición de un Estado más responsable y presente, y hacia un sistema educativo de calidad para todos.

ANA surge de una relación por violación. El gobierno jamás reconocerá que su origen es en virtud de una trasgresión.Dirá que todo estaba programado, pero lo cierto es que dos hechos concretos provocaron que ANA fuera concebida: la desastrosa gestión de Eugenio Díaz, ex Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, siendo formalizado por una variedad de irregularidades y en segundo lugar, la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad del Mar, por el descontrolado lucro con el cual dirigían la empresa educativa, que llevó al abismo a todos sus estudiantes y trabajadores.

No se ha aprendido de la violación y de su prevención. ANA tiene la misma médula que cuenta su hermana mayor, la CNA: la defensa y sobreprotección de los proyectos institucionales.

¿Cuál es la verdadera razón por la cual las instituciones de educación superior se someten a procesos de acreditación? ¿Mejorar en calidad? Actualmente, el verdadero incentivo para que las instituciones de educación superior se acrediten, es el acceso a beneficio del financiamiento estatal.

ANA permite el funcionamiento de una institución de educación superior, que no cuenta con el reconocimiento de lo mínimo: su autonomía.

Una institución que no cuenta con autonomía, podrá funcionar 9 años (número que es brevemente reducido en relación al actual de 11 años) generando una situación de precariedad en los estudiantes y trabajadores, en tanto que no cuentan con protección alguna en caso de pérdida del reconocimiento oficial por parte del Estado, omitiendo irresponsablemente todo lo acontecido con la Universidad del Mar.

Esta situación es idéntica cuando una institución no es acreditada: ANA confunde Licenciamiento con Acreditación.

En relación a la acreditación se establece que es obligatoria con tres tipos categorías.Quien cumple con todo lo exigido tendrá 6 años de acreditación; quien lo hace “a medias” tendrá 3 años de acreditación, y la que no cumple, no será acreditada, perdiendo también el reconocimiento oficial (cuyas consecuencias ya fueron comentadas).

Además en la actual acreditación y en la propuesta, se evalúan con los mismos parámetros los CFT, IP y Universidades, sin distinguir tampoco entre Universidades docentes, semi-complejas y complejas.

En relación a los estándares de calidad que serán evaluados, dicen relación con lo que las mismas instituciones prometen. Tal y como acontece hoy, cuando por ejemplo una institución promete un tipo de perfil de egreso, los pares evaluadores sólo constatan que eso sea cierto; en definitiva, el mínimo exigible.

Hay presente en ANA una concepción ideológicamente sesgada. ANA protege los “derechos de los consumidores” lo que cada institución promete, y que cada estudiante firma a la hora de matricularse, sea cumplido. Esa es la concepción de “aseguramiento de calidad” que el proyecto protege.

En este contexto, no tiene sentido que nazca ANA. Se necesita una nueva institucionalidad, que no resguarde solamente los intereses de las instituciones y que no sea únicamente una herramienta que sirva de información a las familias y estudiantes.

ANA debe concebir un aseguramiento de la calidad no desde la perspectiva de la libertad de enseñanza, sino desde el derecho a la educación.

Lo que implica el reconocimiento al rol que tiene para el desarrollo de la persona y para el país, asegurando otros valores como la comunidad educativa, la que no es sólo integrada por los gobiernos de cada institución, sino también por trabajadores y estudiantes.

Muchos hemos sido los lastarrinos que se han formado en sus aulas, adquiriendo el conocimiento necesario para desenvolverse en la sociedad, y también hemos construido en el, las grandes amistades, aquellas que son de toda la vida.Por muchos años, vestir la camisa celeste de lunes a viernes, era motivo de un gran orgullo para la familia. Los lastarrinos estamos de fiesta, contentos por el centenario de nuestra institución.

Al Liceo Lastarria no va cualquiera, por lo general, van los mejores. Los mejores son los que al momento de la postulación cumplen con las notas exigidas y con la rendición satisfactoria de las evaluaciones que el propio Liceo realiza a los postulantes.Inclusive, se ha generado un negocio emergente, el “pre-liceo”, semejante al pre-universitario, que prepara a los estudiantes para rendir los exámenes de admisión.

¿Cómo no obtener los mejores resultados en la PSU, si se escogen a los mejores estudiantes?

Al parecer, la experiencia del Liceo Lastarria y de los otros Liceos destacados, ha sido fuente de inspiración para el Gobierno de turno en la creación de los Liceos Bicentenarios, en tanto, han creído que la mejora de la Educación Pública, pasa por la creación de instituciones de calidad que seleccionan a los mejores estudiantes.La concepción que hay detrás pareciera ser: “educación pública y de calidad, sólo a los mejores”, concepto que se aleja a la concepción propia de Educación como un Derecho.

No existe fundamento válido para la selección en los colegios, la Convención contra toda forma de discriminación en la esfera de la enseñanza(ratificada por Chile en 1971), invita a los Estados a no realizar discriminación alguna en la admisión de los estudiantes.

Tras el fundamento contra la selección está la convicción de que la selección de estudiantes,atenta contra la dignidad de los alumnos y limita la integración social. Así internacionalmente, la tendencia es sólo a seleccionar para ingresar a la educación superior.

Sumado a lo anterior, la situación es delicada, en tanto que desde el año 2003, por medio de una reforma Constitucional, se establece que la Educación Media es obligatoria, y por tanto, que internacionalmente se valide la selección para ingresar a la educación superior, tiene sentido, en cuanto la educación superior no sea obligatoria.

Comprendiendo que la selección atenta contra la dignidad e impide el encuentro de los distintos ciudadanos en el aula de clases, diversos han sido los actores que lo han denunciado: desde los diversos centros de estudios, hasta los propios jóvenes movilizados por las calles, quienes han exigido mayor equidad en educación.

La presente discriminación es compleja, en tanto que la oposición contra esta denuncia no es sólo del Gobierno, también de los diversos actores del sistema educativo. La selección está enraizada en nuestra sociedad. Así ha quedado demostrado en la última encuesta de los actores del sistema educativo 2012 del CIDE , en la que los directores, docentes y estudiantes, avalan la selección en los establecimientos educacionales.

Es inconcebible que en nuestra sociedad democrática, se permitan y validen métodos de selección en el ingreso a la educación pública de calidad, más cuando la excepción de la educación pública son los establecimientos de calidad.

¿Si no hay selección entonces qué? Una alternativa válida es el sorteo, en tanto que todos tienen la misma oportunidad de postular y quedar seleccionados, se entiende también, que las instituciones públicas que entregan educación de calidad no deben ser exclusivas, sino que masivas.

Punto aparte queda para la educación privada, ya enunciada en parte por Felipe Berrios Sj, en que la Iglesia Católica es una de las férreas defensoras de la selección en sus colegios.

100 años ha cumplido el Liceo Lastarria, y quienes hemos estado en sus aulas, hemos sido unos privilegiados. Espero que en el futuro, en una sociedad menos segmentada, todos accedan a tu fruto maduro, de educación pública y de calidad.

El proyecto que será votado en sala, es igual que la Ley n° 19.648 que buscó dar estabilidad a cerca de veinte mil profesores que se encontraban bajo el régimen de “contrata”. El requisito para acceder a planta  era haber estado contratado a plazo fijo a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal.

La iniciativa, emana a partir de lo que establece el Estatuto Docente, que permite dos modalidades de regímenes laborales a los profesionales de la educación: a contrata o planta, estableciendo como límite que el número de horas de aquéllos “(…) no exceda del 20% del total de horas de la dotación de las mismas (…)” (art. 26).

El propósito del proyecto es mejorar la calidad de la educación, terminar con el menoscabo laboral de los profesores a contrata y reivindicar la función docente.

¿Logra el proyecto de ley estos objetivos? Creemos que no. Si realmente queremos llevarlos a cabo, los legisladores y actores sociales -especialmente el gremio de los profesores- deben tener en cuenta.

El proyecto de ley no mejora la calidad de la educación.

El proyecto no ha puesto requisito complementario alguno para ser docente de planta. Se persiste en el principio rector del Estatuto Docente: “la antigüedad está sobre la calidad”. Este criterio es nefasto para mejorar nuestro sistema educativo.

El proyecto asegura un acceso inmediato a planta, cumpliendo con los requisitos establecidos. Según el Estatuto Docente, para acceder a ser profesional de planta se debe pasar por un “concurso público de antecedentes”, mientras que los profesionales a contrata, acceden por medio de un decreto alcaldicio o un contrato de trabajo.

Por lo cual, bastará un decreto alcaldicio o un contrato de trabajo por tres años continuos o cuatro discontinuos, para acceder a la titularidad, lo que atenta contra la igualdad ante la ley.

Además, el Estatuto Docente establece un sistema rígido, en el cual no hay incentivos para la remoción de los profesores deficientes (o derechamente malos), y tampoco promoción al incentivo de retiro. Por consiguiente, al priorizar la antigüedad por sobre la capacidad y habilidad del profesional, no se condice a una mejora en la calidad del sistema.

El proyecto no termina con el menoscabo laboral ni reivindica la profesión docente, en tanto que el máximo de 20% reservado para mantener a profesionales a contrata, se mantiene. No elimina la posibilidad de mantener este 20%, que por lo demás no es un perjuicio para el sistema, pues impide que sea aún más rígido de lo que ya lo es.

Si bien es cierto, que hoy las cifras de docentes a contrata son alarmantes, tal como lo ha demostrado la prensa, en la que se expone que de los 4.406 establecimientos educacionales, 1.130 tienen en su plantel docentes a contrata y de ellos, 108 establecimientos superan el 20% del total de su planta.

El problema denunciado no es de la normativa, sino de su correcta fiscalización. Hoy la fiscalización del Estatuto Docente pasa por la Contraloría General de la República, en el caso de aquellos municipios que tienen Departamentos de Administración Municipal, y por la Dirección del Trabajo, si se trata de Corporaciones Municipales.

Son ambos entes quienes deben realizar la correcta fiscalización del sistema. Si el problema visualizado por los patrocinadores del proyecto es la vulneración al límite máximo legal dispuesto a personal a contrata, las responsabilidades son de los entes fiscalizadores y no de la normativa.

Por lo demás se suma un nuevo factor, que al parecer el Colegio de Profesores ha pasado por alto, y que justamente, contribuye al menoscabo de la labor docente.

La LGE publicada en el Diario Oficial en 2009, permite en su artículo 46 letra g, que cualquier profesional con título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres pueda ejercer la docencia.

Por consiguiente, un profesional, como el descrito, que no es docente y está a contrata, puede pasar inmediatamente a planta docente. Si bien la LGE establece un plazo de ejercicio, sólo basta aprobar la evaluación de conocimientos disciplinarios y prácticas pedagógicas establecidas en el reglamento para que continúe enseñando.

La invitación es a ampliar la mirada. Si realmente deseamos mejorar las condiciones laborales de los profesores y así también la calidad de nuestro sistema educativo, las voluntades deben orientarse a cambios estructurales en educación.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, se han anunciado 25 proyectos de ley en educación de los cuales sólo ocho se han concretado, lo que corresponde al 32% de cumplimiento.

Entre los 17 proyectos de ley que no han sido ingresado, se encuentra el proyecto de Carrera Docente (Informe de cumplimiento legislativo, mayo 2013, en www.cdc.cl)

Es en proyectos como el de Carrera Docente, donde los esfuerzos deben ser dirigidos, así todos ganan: profesores, estudiantes y el sistema educativo en su conjunto.

Y no como el presente proyecto que busca el beneficio sólo de un grupo de profesores.