Un día después, nos enteramos del crimen atroz de un niño de cuatro años ocurrido en San Bernardo. La reacción no fue la misma. Esas mismas autoridades, indudablemente consternadas por las características del crimen, no hicieron declaraciones públicas. Es comprensible que las autoridades no aparezcan comentando cada hecho delictual, pero no deja de llamar la atención que el caceroleo de la zona Oriente se haya convertido en un hecho político, y no lo sea el asesinato de un pequeño niño, ocurrido en presencia de sus tres hermanitos.

Según la prensa, los vecinos declararon haber escuchado “gritos desgarradores de un niño”, pero nadie acudió en su ayuda. Doce horas después de ocurrido el crimen, el mayor de los hermanos -de sólo 11 años- concurrió a denunciar el hecho.

En esta breve historia están todos los elementos necesarios para que Ismael y sus hermanos estuvieran en riesgo a merced de adultos incompetentes: familiares ausentes; un sistema público ineficiente que actúa frente a hechos graves consumados y una comunidad que calla porque no quiere ver o prefiere no meterse, aunque no escatima en entregar detalles a la prensa después de ocurrida la tragedia.

El victimario es la pareja de la madre del pequeño Ismael, criminalizado por venta de drogas y presumiblemente consumidor problemático, al igual que la madre. El padre biológico de Ismael, ausente, relata no haber sospechado nada, porque “…no tenía mucho contacto…pensaba que estaba bien con él (padrastro)”, ahora muestra indignación por la muerte de su hijo.

Había antecedentes serios que indicaban el alto riesgo en que vivían los cuatro hermanos, pero ningún mecanismo funcionó, ni el sistema de salud, ni el sistema escolar, ni el Sename, ni las oficinas de protección de derechos. Aquí nadie se hizo cargo de la secuencia de negligencias parentales que precedieron  la muerte de Ismael.

La falta de cuidados y protección básica de los niños deben ser siempre tomadas en serio, porque pueden estar encubriendo otros hechos más graves o son el paso previo al maltrato físico o abuso sexual.

Las negligencias en el cuidado infantil constituyen vulneración de derechos básicos de niños y niñas, son una forma de violencia que presenta distintos niveles de gravedad y una señal que obliga a poner atención y hacer seguimiento de las familias en que ocurre. La negligencia suele ser expresión de la falta de competencias parentales asociadas a las propias experiencias y carencias emocionales y educacionales de los progenitores, o sus condiciones de vida.

Es aquí donde el sistema de salud y educacional están en una situación privilegiada para detectar, prevenir, contener y reparar. Sin embargo, la realidad muestra una y otra vez que las instituciones pasan por alto estas situaciones recurrentes en las familias y no actúan oportunamente ante un entorno complejo, con niños que muestran abandono físico y emocional -en su higiene, alimentación, salud, ausencia de contención-, a cargo de adultos incompetentes, en hogares en que hay violencia doméstica, donde se consume alcohol o drogas. Así, esperamos que el drama se convierta en tragedia para reaccionar consternados y dar paso a la intervención de la policía, la justicia penal y el Servicio Nacional de Menores.

La protección efectiva de los niños y niñas es urgente, hay medidas posibles de tomar ahora, ¡ya!

No es necesario esperar hasta contar con una política de infancia y adolescencia complejamente elaborada, que ya llega muy retrasada. Se requiere de criterios y protocolos claros para que las instituciones cumplan efectivamente con su actual responsabilidad de proteger a los niños vulnerados en sus derechos. Se requiere de especialistas en primera infancia.

La situación de vulneración grave en que viven tantos niños de nuestro país no ha sido prioridad en estos 25 años. Estos crímenes -violaciones, abusos sexual, maltrato, abandono, negligencia, homicidios- se producen día a día, y en estas historias de dolor se observan errores de parte de la justicia, de la comunidad que tiende a ser un simple espectador, de las instituciones y autoridades, y de la Familia.

Por ahora, los tres pequeños hermanos de Ismael han sido ingresados a residencias del Sename, traumatizados y abandonados por una madre y familia que, cinco días después de la muerte de Ismael, no se presentan a reclamarlos. Seguramente la justicia sancionará al homicida. Fin de la historia. Esta es la respuesta final del sistema chileno, que no asegura la contención apropiada ni mucho menos la reparación de los hermanos de Ismael por la brutal experiencia vivida.

El crimen de Ismael, sí debió ser un hecho político.   

Pero, hace algo más de un año el Tribunal de Familia de Castro decidió devolverlo a sus padres, a pesar del historial de violencia intrafamiliar ya conocido.¿Se habrá decidido pensando en el bien superior del niño?

Imaginamos que sí, pero los hechos indican que, una vez más, se equivocaron y Byron sufrió las graves consecuencias de una decisión errada que tampoco fue supervisada. La noticia estalló hace algunos días, cuando Byron fue internado en el hospital de Castro producto del maltrato sistemático sufrido a manos de sus padres. Nada de esto es producto del azar, el sufrimiento de este niño de seis años es consecuencia de las deficiencias de un sistema que se pretende especializado.

¿Hasta cuándo los niños de este país deben sufrir las consecuencias de las irregularidades, deficiencias, desinterés, negligencias de un sistema que sigue dando muestras de su debilidad e incompetencia para cumplir con las funciones que la ley le encomienda?

¿Hasta cuándo seguimos enredados en discusiones erradas y tardías sobre la protección de la familia en Chile?

En el caso de Byron -que es un ejemplo de la cotidianeidad que viven miles de niños-, no hubo profesores/as que alertaran sobre el sufrimiento al que era sometido, ni médicos, ni dentistas, ni psicólogos, ni vecinos.

Aunque probablemente muchos de ellos nunca llegaron a atenderlo, ya que el sistema de salud no va en busca de los más vulnerados sino que espera que ellos lleguen espontáneamente.

En cuanto a los vecinos, parece ser que somos ciudadanos capaces de tolerar altos niveles de violencia; de otra forma no se explica que el niño haya pasado casi un año y medio sometido al maltrato de sus padres.

Luego, esperamos que niños maltratados se transformen por arte de magia en ciudadanos saludables y respetuosos de las reglas de la sala de clases, en la calle, en la casa, y algún día en sus propias familias. Muchos lo logran, a pesar de sus padres, a pesar de sus profesores, a pesar del sistema de salud, a pesar de la justicia; lo logran vulnerados en sus derechos esenciales.

Otros tantos no pueden con su historia y pasarán a formar parte de los llamados infractores juveniles. Niños rehenes de familias donde los gestos de bondad y contención elementales están ausentes, niños que se debaten en el azar de ser mártires o héroes, o simplemente marginales.

Como dijo un gran humanista, el ser humano deviene persona inserto en el grupo (familia, escuela…), es necesario observar su desarrollo al interior del grupo y la forma en que su destino estará íntimamente ligado al mismo; así como también el destino de cada uno marcará el destino del grupo. Los hechos y experiencias recogidos del entorno por cada persona en particular, irán construyendo su vida psíquica profunda.

Las personas somos la expresión de un devenir incesante, y ese devenir está en gran medida condicionado por el medio que cada ser humano edifica en su alma, el que será una réplica del medio en que la vida lo ha instalado.

La realidad del país indica que las políticas y programas implementados en estos 24 años de democracia han tenido magros resultados en la protección de nuestros niños. Los hechos que nos impactan recurrentemente, más bien, estarían desnudando una débil voluntad política para enfrentar este fenómeno, y cuando se pierde de vista la prioridad que debe darse al cuidado de la infancia y adolescencia nos debilitamos como sociedad.

Es necesario transparentar y revisar el uso de los recursos que el Estado destina al sistema Sename. Es necesario revisar la distinción entre niños/as de “protección” y niños “infractores” que atiende este Servicio y su extensa red de colaboradores y tener en cuenta que ambas categorías se dan en un continuum.

Es necesario analizar si la frontera establecida entre ambas categorías-y la forma en que opera- tiene alguna utilidad para los niños/as y adolescentes o para el servicio. Es un hecho que los niños/as y adolescentes infractores de ley son sujetos de protección.

El miedo en las simples palabras de Byron “…no quiero estar con mis papás…”, debe hacernos reflexionar sobre la grandilocuencia de discursos políticamente correctos, mientras los niños y niñas del Sename siguen esperando. En tanto se resuelven las grandes ideas y propuestas-muchas de ellas necesarias- es posible mejorar las cosas introduciendo mejoras que sólo dependen de una decisión administrativa.

Así, en Santiago, niños que requerían ser protegidos por estar a cargo de adultos negligentes o incompetentes; abandonados o por vagar o mendigar en las calles, entre otras diversas situaciones de vulneración de derechos, eran enviados a la Torre 4 de la cárcel de Puente Alto mientras se resolvía su destino final.

Allí convivían con niños que esperaban su declaración de discernimiento por haber infringido la ley penal. En la primera etapa del proyecto, realizamos un diagnóstico aplicando entrevistas a los niños recluidos en dicho penal y nos desplazábamos a sus domicilios para entrevistar a las familias y evaluar su entorno.

El proceso derivó en 1994 a la promulgación de la Ley 19.343, de “Erradicación de los niños de las cárceles”, que estableció centros de privación de libertad especial para ellos, como los Centros de Observación y Diagnóstico destinados a adolescentes privados de libertad inculpados de un crimen o simple delito, donde permanecían a la espera del examen de discernimiento y la resolución del juez.

Por su parte, los Centros de Tránsito y Distribución serían el lugar para los niños de menor edad, vulnerados en sus derechos o infractores de ley. Sin embargo, la situación no se resolvió y, especialmente en regiones, los niños siguieron yendo a secciones habilitadas para ellos en cárceles de adultos. En 1990 el promedio mensual de niños/as en recintos de Gendarmería era de poco más de 500, cifra oscilante que alcanzó su mínimo en 1995 para volver a cerca de 500 diez años después.

En esa época la pregunta era ¿por qué las juezas/es suponían que un niño estaba más seguro en la cárcel que en la calle? Considerando que en la cárcel el riesgo de maltrato y abuso físico, psicológico y sexual era cierto e inmediato.

¿Cómo hacíamos entender al “sistema” que los niños que escapan de sus casas a temprana edad, lo hacen huyendo precisamente de esa certeza e inminencia del maltrato y el abuso?

Hoy, 23 años después, las interrogantes siguen vigentes. Así lo demuestran las declaraciones de los niños que pasaron por el Hogar Villa San Luis en la Región de Aysén, relatando los abusos que sufrieron por largo tiempo en ese hogar al que fueron enviados por el Estado para ser protegidos.

Según el fiscal de Coyhaique “…no hemos obtenido pruebas para contrastar el relato…pero no puedo decir que esto no ocurrió”. Simple, mientras ellos no obtengan pruebas concordantes con el relato de los niños, éstos deben seguir esperando.

¿Qué hay de la concordancia entre los distintos relatos? Así, en un caso que tiene más de 10 años –ya sobreseído una vez-la justicia aún no ha sancionado a nadie. Aunque el Sename está legalmente obligado a poner en conocimiento del Ministerio Público cualquier hecho que revista carácter de delito, ello no ocurrió oportunamente, según declaran los funcionarios que en esa época informaron hasta el más alto nivel institucional de los abusos y violaciones sufridas por los niños y niñas al interior del hogar.

A lo anterior se suma el escándalo provocado por el estudio realizado por el poder judicial y la UNICEF, donde se constata la recurrencia de maltratos y abusos en diversos centros dependientes del Sename a lo largo del país.

Pero ésta es la mácula en la historia del Sename.

Basta dar una rápida mirada a algunos hechos ocurridos en centros de su dependencia que muestran incompetencia, negligencia y otros niveles más graves de responsabilidad de parte de quienes tienen a su cargo el cuidado y atención de los niños más vulnerados entre los vulnerables del país.

En 1993 murieron asfixiados 3 niños en un Centro de Ovalle; en 1994 8 niños murieron en La Serena por inhalación de gases, y 5 en Concepción y Santiago en situaciones de incendio; en 1996 una niña de 15 años murió en una celda de castigo en el Centro de Tránsito y Distribución de Puerto Montt (detenida por vagancia); en 1999, 8 adolescentes fallecieron en Temuco al incendiarse el CTD Alborada luego de un motín; en 2006, 8 niños murieron en un incendio en el Centro de Rehabilitación Conductual “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt, donde permanecían en forma transitoria niños entre 14 y 18 años, con medidas cautelares bajo la nueva ley de responsabilidad penal adolescente.

Esto es lo que inevitablemente vemos, ya que las muertes son imposibles de ocultar, pero la escena cotidiana se completa con otras graves violaciones a los derechos de estos niños/as que siguen siendo víctimas de un sistema cuya precariedad material y humana está lejos de cumplir con los estándares internacionales con que el país se ha comprometido.

Para algunas autoridades este ha sido un “tema” que es mejor no tocar porque sería como abrir la caja de pandora; otros se han aferrado a la estrategia de que “las malas noticias en estas materias duran máximo 72 horas…”, y sólo hay que esperar que otro hecho concentre el interés de la ciudadanía.

El problema no se solucionaba con la Reforma Penal Adolescente. Ha fallado la voluntad política para abordar el problema de los adolescentes infractores y de los que requieren protección del Estado.

Hace falta una política general de infancia, que considere a los niños y adolescentes no sólo cuando son detectados como sujetos de atención porque la mentada protección familiar no funcionó, o porque el abandono emocional y físico, maltrato y abuso, no los han habilitado para adecuarse a la norma y convertirse en buenos ciudadanos.

El Estado debe terminar con el estigma que significa haber “pasado por el Sename”, tal como lo señalamos insistentemente a comienzos de los 90. Resulta intolerable que con recursos del Estado -y bajo el pretexto de proteger, (re)habilitar y reinsertar- se perpetúe el drama de tantos niños y niñas.

Mucho se habla de la protección de la familia, nadie podría estar en desacuerdo con ello, sería políticamente incorrecto. Pero ¿de qué protección y de qué familia hablamos? La familia, antes que todo, debe ser el lugar de acogida, contención, amor y respeto, que permita el desarrollo de los afectos y propicie la creación y fortalecimiento de los vínculos. Ahí radica su esencia y su importancia; lo demás puede discutirse, pero la falta de lo esencial la desnaturaliza.

Hace pocos meses debimos enfrentar la tragedia ocurrida en Curicó, donde tres adolescentes fueron ejecutados por su padre con el fin de castigar a su mujer. Luego, en Monte Patria, en un hecho similar, dos niños fueron asesinados por su progenitor.

Qué decir de los 45 femicidios ingresados en fiscalías en los primeros 9 meses de 2012. Esto se ha hecho parte de nuestra vida cotidiana y nos impresionamos hasta que ocurre el siguiente hecho.

Nos debatimos en la búsqueda de explicaciones que, a lo sumo, logran bajar los niveles de angustia de algunos; en otros casos esas explicaciones agravan la falta.

¿Cómo es posible buscar signos de altruismo en la conducta del progenitor de Monte Patria?

¿Cómo es posible intentar explicar el crimen alevoso de los niños de Curicó por la supuesta depresión del victimario?

Se elude la verdad, es demasiado crudo indagar en el ¿por qué tres adolescentes se someten con aparente docilidad al ritual que los llevará a la muerte a manos de su padre? Miedo, miedo impuesto en el tiempo y bajo cuya lógica se aprende a vivir, un miedo difuso que es propio de las dinámicas de violencia en la familia donde se teme el inminente descontrol del agresor, que no se sabe cuándo empieza ni cuándo termina.

Es en este escenario donde se socializan los niños atrapados en relaciones violentas en la pareja, o cuando son ellos las víctimas de golpes, humillaciones, abandono emocional de parte de sus padres u otros adultos a cargo.

En Chile, es frecuente la ocurrencia de femicidio seguida del suicidio del hechor, en los últimos años parecen también ser más frecuentes los casos en que el parricidio se ejecuta en la persona de los hijos seguido o no del suicidio del agresor. Como sea, se trata de casos en que hay una historia de violencia sobre la mujer, violencia que arrecia ante la amenaza de la separación si ellas deciden poner fin a la relación. Se trata de violencia ejercida como castigo y el asesinato de los hijos tiene ese fin.

Estos crímenes son simplemente la punta del iceberg de otras diversas formas de violencia que los anteceden como son la vigilancia y hostigamiento obsesivo, el control y la brutalidad impresa en golpes, humillaciones, descalificaciones y otros abusos; todo ello como parte de la misma espiral.Así, la familia que decimos proteger se transforma en un lugar de sufrimiento, arbitrariedad, opresión y abuso.

El Estado chileno ha puesto en marcha diversas iniciativas en los últimos 20 años para prevenir, sancionar e intentar reparar, pero los hechos siguen sucediéndose y la realidad no da tregua. Este es un fenómeno real que nos afecta a todos, y resulta inmoral no reconocerlo así.

Debemos entonces ser honestos con lo que entendemos por “protección de la familia” y enfrentar nuestros propios fantasmas a la hora de hablar de ello.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2013/01/crimen-y-castigo-en-la-familia/

En 2004, la Ley que establece el sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia (N° 19.974), dispuso que el sistema lo forman la ANI, la Dirección de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, cuyos jefes integran el Comité de Inteligencia que es la instancia de coordinación técnica presidida por el Director Nacional de la ANI, y establece que a requerimiento de la ANI los organismos de inteligencia deben entregar información.

Esta ley trata separadamente las funciones militares de las policiales en materia de inteligencia y establece una diferenciación precisa entre lo que es la inteligencia militar de la que corresponde a las policías. Además, al referirse a las operaciones encubiertas para recabar informaciones, insiste en que los organismos podrán hacerlo “en el ámbito de las competencias propias de su servicio”.

Así, las Fuerzas Armadas, sólo pueden procesar información en su propio ámbito de acción y competencias, o sea la defensa, quedando fuera los asuntos de seguridad pública.

El Libro de la Defensa Nacional de 2010, reconoce que la función de defensa es distinta de la función de orden público y que la primera se orienta y ocurre en el ámbito de la seguridad exterior y la segunda en el de la seguridad interna.Tratándose de la seguridad interna su participación directa ocurre sólo en casos de estados de excepción (art 39 de la Constitución).

Entonces, lo nuevo estaría en la frase “recabar información complementaria de las fuerzas armadas”, complementariedad que estaría asociada a una ampliación del ámbito de actuación y recolección de informaciones, lo que excede el marco legal vigente, a menos que se decrete un estado de excepción.

Lamentablemente soplan aires de militarización desde algunos sectores de La Araucanía, expresando nostalgia por tiempos de dictadura. Más grave aún son las expresiones desde La Moneda que evalúa día a día la posibilidad de decretar estado de emergencia en la Región, además de haber ordenado a Carabineros establecer una zona especial de control y seguridad para vehículos y personas durante las 24 horas del día.

La prematura y temeraria contextualización de todo esto en una lucha contra el terrorismo es el escenario propicio para que algunos de esos nostálgicos llamen a armarse para defenderse del enemigo que serían los grupos violentistas, supuestamente compuestos por mapuches. Así se va configurando lo necesario para recurrir a la única posibilidad de aplicación de la 7ª medida.

Vale señalar que, aún antes del trágico y criminal acto incendiario que provocó la muerte de dos personas, en algunos círculos de derecha ya se escuchaban voces sugiriendo la posibilidad de sumar la colaboración de las fuerzas armadas al control del conflicto en La Araucanía.

Esperemos que se sumen más voces de alerta ante lo que está ocurriendo, se actúe en el marco del Estado de derecho y se pongan sobre la mesa nuestros compromisos internacionales.

El abuso sexual suele estar asociado a la idea de un victimario hombre, cualquiera sea el sexo del infante o adolescente abusado. Pero la realidad suele ser más compleja.

En el último año son varios los casos en que han aparecido mujeres involucradas como autoras o cómplices de abusos sexuales y violaciones de niños/as.

Se trata de mujeres que usaron su posición privilegiada como educadoras y responsables de niños en edad preescolar para estos delitos en contra de quienes estaban a su cuidado; entre los más publicitados están los casos de una profesora diferencial que confesó haber abusado de un niño en Puerto Montt; una educadora y una auxiliar de párvulos acusadas de abusar de las niñas en un colegio; una directora de jardín infantil sindicada como encubridora de los abusos sexuales reiterados (70) que su hijo habría perpetrado sobre infantes de un jardín infantil; una pareja de cuidadores de un colegio acusados de un número indeterminado de abusos  y otros más.

Violaciones y abusos sexuales en sus distintas formas sufridos en tiempo indeterminado por niños y niñas en el contexto del sistema escolar, ambientes en que la mayoría de los adultos responsables son mujeres.

Se trata de un drama en que se ven sumidas familias completas, y donde se ha herido gravemente la infancia y puesto en cuestión la responsabilidad con que directivos y educadores de los establecimientos enfrentan una problemática de tal gravedad. De prevención ni hablar, la cantidad de casos que han surgido durante el último tiempo indica que ese no ha sido un tema de preocupación.

Poco se han documentado los abusos sexuales de niños o niñas cometidos por mujeres. Al sexo femenino, por su rol de género asociado a la maternidad –gentil, servicial, pasiva, etc. se le permiten mayores acercamientos físicos a los niños/as en general, a ellas se les han confiado los cuidados y posibilidades de contacto casi sin limitaciones; ellas han sido genéricamente las depositarias de la confianza en el cuidado de niños y niñas.

La asimilación de las mujeres al rol de la madre-buena, es la base de esta confianza, sumado al conocimiento y percepción generalizada de que los abusadores sexuales son hombres. En este escenario se tiende a considerar estos actos criminales cometidos por mujeres como anormales y contrarios a la naturaleza femenina.

¿Cuál es el camino para mejorar la prevención de los abusos sexuales?

En primer lugar, no es posible detectar a las/los abusadoras fácilmente, porque suelen ser personas amables y hasta atractivas para los niños/as, o porque los abusos ocurren dentro de las paredes del hogar.

En los casos que se han conocido en Chile han fallado aspectos elementales tratándose de establecimientos educacionales: falta de control sobre quienes trabajan con los niños directa o indirectamente, lentitud o ausencia de reacción ante los primeros indicios o sospechas, descuido o negligencia en el cuidado de los niños/as a cargo.

Por otra parte, se observa la necesidad de un mejor manejo de informaciones de parte de las familias y el público en general, de manera de ser capaces de detectar y atender ciertas señales que dan cuenta de estados de confusión, temor y sufrimiento de los niños y niñas que están sufriendo algún tipo de abuso.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/11/las-mujeres-como-autoras-de-abuso-sexual/

No aporta a nuestra seguridad saber que las policías se han involucrado en delitos de drogas, tráfico que lidera el crimen organizado y que ha impactado algunos procesos democráticos de Latinoamérica.Como si fuera poco, un capitán de carabineros y tres cabos son dados de baja por estar involucrados en una supuesta red de corrupción.

Estas situaciones no pueden sino actualizar y acercar el fantasma de la corrupción asociada al narcotráfico en nuestro país, tal como se observa en el escenario regional.

En Chile las instituciones parecen reaccionar rápido dando de baja a los policías presuntamente involucrados y la justicia se hace cargo de la persecución penal. Pero ¿es suficiente con eso? Obviamente no.

Es necesario que la autoridad política asuma el control de la situación porque no se trata simplemente de un asunto penal o de disciplina policial, se trata de algo mucho más complejo que dice relación con la legitimidad y credibilidad de la institución encargada de la seguridad de las personas y sus bienes, para lo cual puede recurrir al uso legítimo de la fuerza.

Se trata de cómo proteger a las policías del poder corruptivo de las redes criminales–nacionales o transnacionales- y de cómo resguardar una institución que requiere de la confianza ciudadana para cumplir con sus funciones.

No se trata de un hecho lamentable –como dijo un subsecretario-,se trata de una situación grave que requiere de medidas de fondo para resolverse. Es necesario que el poder político asuma su responsabilidad en la conducción de las policías y enfrente activamente algunos desafíos urgentes.

En primer lugar, revisar y mejorar los sistemas y procesos de reclutamiento y formación a fin que se asegure la incorporación de personas idóneas y capaces de desarrollar las competencias para responder a las necesidades que plantea el fenómeno delictual y la seguridad de la sociedad actual.

En segundo lugar, es evidente la necesidad de fortalecer los controles internos y externos.En lo interno se deben mejorar los mecanismos de detección temprana de las conductas reñidas con la ética y la ley, así como de problemáticas individuales o familiares que afectan el ejercicio de las funciones policiales, por ejemplo las situaciones de violencia intrafamiliar, de endeudamiento, etc. En este último aspecto se requiere de mecanismos de apoyo que permitan resolver los problemas oportunamente.

El reglamento disciplinario de Carabineros, por su parte, requiere de una puesta al día, a fin que se oriente principalmente a la protección de los derechos ciudadanos/as en su relación con la policía, más que al resguardo de la jerarquía institucional.

En materia de controles externos, es necesario un control legislativo sistemático y un sistema efectivo de rendición de cuentas. Finalmente, la sociedad civil debe asumir un rol más activo en la observación y control de la actividad policial.

Algunos dirán que se trata de casos aislados, pero las prácticas del soborno y cohecho son aisladas hasta que dejan de serlo y la corrupción se instala.

La confianza ciudadana en las policías es un activo de la democracia, pero es frágil y se construye día a día. Chile no presenta los niveles de crimen organizado de otros países donde su poder corruptivo ha permeado diversas instituciones.

Por lo tanto, es urgente poner los remedios para evitar que las policías enfrenten una crisis de legitimidad.

Más sobre policías en: http://www.fesmex.org/common/Documentos/Libros/Reformas_Policiales_en_AL_Sept2012.pdf

Un cambio de concepción al que aportó el surgimiento de nuevos fenómenos cuya trascendencia, intensidad o naturaleza, han impactado la seguridad interna y externa, diluyendo la frontera entre ellas. Se trata de amenazas que dan lugar a conflictos de baja intensidad, pero cuya duración puede ser de largo aliento.

La seguridad se ha visto impactada por la irrupción del crimen organizado, cuyo protagonista es el mercado de las drogas ilícitas (narcotráfico, lavado de activos, desvío de precursores químicos), donde el uso y recrudecimiento de la violencia han sido la estrategia de expansión y control de los mercados.

Junto a éste, otras formas de crimen organizado han ido creciendo, asociadas o no al narcotráfico, tales como la trata de personas – que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas/os, principalmente con fines de explotación sexual-, el tráfico de migrantes clandestinos, el tráfico ilícito de armas pequeñas o ligeras, el secuestro extorsivo, la prostitución, el sicariato, las pandillas, y otros mercados ilícitos de bienes como el de automóviles robados y sus piezas.

Se trata de una criminalidad que pone en peligro las democracias vulnerando y debilitando la independencia e integridad de los gobiernos y la institucionalidad vigente, deteriorando la confianza ciudadana en ellos.

El crimen organizado es el problema más apremiante en México, Centroamérica y El Caribe, siendo los más afectados por ser las rutas naturales del tráfico de drogas, desde los productores en la región andina hasta los grandes mercados de consumo en Norteamérica, Europa y últimamente en Brasil.

Por otra parte, donde campea el narcotráfico es un buen negocio la venta de armas ilegales, lo que incide en los altos niveles de violencia homicida. En México, durante 2010 se produjeron 15.273 homicidios vinculados al crimen organizado, y entre 2007 y 2011 estos crímenes llegaron a 43.371.La violencia y los homicidios se han transformado en indicadores de gobernabilidad y sus altas tasas pueden acercar a un país a la calificación de Estado fallido.

En los países del Cono Sur la criminalidad organizada tiene un carácter incipiente, comparada con otros países de la Región. La excepción es Brasil, que es el consumidor de cocaína y marihuana más importante de América Latina y uno de los más grandes después de Estados Unidos y Europa.

En este país sí hay organizaciones y redes de narcotraficantes con gran poder de fuego asociado al mercado ilegal de armas, todo ello facilitado por la corrupción policial.

Expertos señalan que las organizaciones narcotraficantes del Perú se han convertido en productoras y exportadoras de cocaína de alta calidad que ingresan a Chile por la ruta Tacna-Arica-Santiago, y también vía Bolivia, desde donde es –además- ingresada a Argentina y Brasil; sin embargo, las principales operaciones estarían en manos de organizaciones mexicanas y colombianas.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/06/crimen-organizado-y-narcotrafico-en-america-latina/

Dicha campaña, que se realiza en virtud de un convenio entre la PDI y la municipalidad de Puente Alto, beneficiaría a 5.000 infantes -de pre kínder a 2° básico- de los colegios municipalizados de esa comuna, los que serían catastrados para disminuir la cifra de niños perdidos.

Los niños/as “…tendrán una efectiva base de datos personales en su domicilio y en poder de la familia…”, con la entrega de una libreta-pasaporte donde se registran los datos para identificar al menor en caso de extravío (según señala la web de la División de Investigaciones del ministerio del Interior); también habrá charlas a la comunidad sobre estrategias de prevención, y la toma de huella digital y una muestra de ADN.

El Jefe Nacional de Ubicación de Personas (PDI), fundamentó la medida en las 33 denuncias por presunta desgracia que involucraron a menores de edad en esa comuna durante el año 2011.

Frente a esta campaña surgen algunas interrogantes, entre ellas ¿cómo una muestra de ADN ayudará a evitar el extravío de un niño?

¿Ante una denuncia por presunta desgracia, se invertirá en exámenes de ADN sobre diversas muestras tomadas durante la investigación?

¿Cuáles son, hasta ahora, los resultados y duración de las pesquisas por presunta desgracia que involucran a niños?

¿No es suficiente con entregar elementos de prevención a la comunidad educativa y las familias?

Hasta ahora, otras experiencias de toma de muestras de ADN en niños pequeños persiguen objetivos muy distintos a los que declaran las autoridades en Chile.

Tal es el caso de Gran Bretaña, donde el director forense de Scotland Yard, en 2008 expresaba la necesidad de contar con muestras de ADN de niños potencialmente peligrosos, desde los 5 años, y así prevenir las conductas criminales que comienzan a edades tempranas (10-12 años, como informaban The Guardian y El País).

Aunque el Reino Unido ya contaba con la mayor base de datos de ADN en Europa, la citada autoridad señalaba que el elevado número de crímenes sin resolver indicaba que era insuficiente.

La reacción de grupos defensores de libertades civiles no se hizo esperar, haciendo énfasis en la desnaturalización del rol de los educadores, identificando y estigmatizando a los niños como posibles futuros delincuentes, sin mencionar la violación de otros derechos.

En todo caso, en el Reino Unido la ley ya permite la toma de muestras de ADN de detenidos/as desde los 10 años, sin necesidad de consentimiento. Situación similar ocurre en Francia, donde la Ley de Seguridad Interior de 2003 (propuesta por el entonces Ministro Sarkozy) permite la toma de muestras de ADN de cualquier detenido, sin importar la edad.

Llama la atención que en Chile no haya habido reacción alguna sobre la campaña en cuestión, en circunstancias que es, por decir lo menos, cuestionable y reñida con el interés superior de niños y niñas, que está por sobre las necesidades investigativas de la policía.

Urge además, habida consideración de la experiencia internacional, una reflexión ética y jurídica sobre los reales objetivos que persigue esta llamada acción preventiva.