Y en este nuevo capítulo de la historia argentina, conocidos los resultados de madrugada, ante un mutismo que invadió la sede de la Dirección Nacional Electoral, confluyeron dos sentimientos simultáneos. El primero, de naturaleza exclusivamente electoral y segundo, uno enteramente político y cultural.

En el ámbito electoral, es la elección con menos candidatos presidenciales desde el retorno a la democracia, que en algún momento llegaron a ser 18. Debe reconocerse también, como señalaba una cientista política argentina, es una elección de Alianzas más que de partidos, lo cual se refleja en el ámbito de candidaturas parlamentarias particularmente, representando un proceso de fuerzas centrípetas más que de dispersión, como se había caracterizado la República Argentina durante un largo tiempo.

Junto a estos fenómenos, las Primarias (PASO) representaron una primera vuelta virtual, que colabora en este proceso de concentración política, depurando la función de la primera vuelta electoral.

Esta elección irrumpe, en un contexto de la intención positiva de algunos sectores que buscaban deslegitimar el día de la votación ciudadana, teniendo como precedente los incidentes en Tucumán. Sin embargo, entregados los resultados, muchos de estos sectores trasladaron sus reclamos de la ilegitimidad a un retraso en la entrega de los cómputos por parte de la autoridad electoral, que sin duda refleja una innecesaria insatisfacción técnica, que en nada cambia el producto de la jornada.

El segundo, de naturaleza exclusivamente política, parece ser el resultado de otra dicotomía, similar a la Branden o Perón, pero en las circunstancias actuales: Mao o Perón. El frenazo en el crecimiento de la económica china, que se tradujo en una baja importante de la demanda de recursos naturales sin procesamiento alguno de parte de nuestras economías, vuelve a instalar la reflexión sobre la fragilidad de nuestros modelos de desarrollo.

Esto no significa poner en cuestión los esquemas de redistribución, que han permitido a sectores postergados obtener mayores niveles de satisfacción de sus necesidades sociales y ampliación de sus derechos fundamentales, sino poner el acento en la sustentabilidad de nuestros modelos de desarrollo social que parecen de una fragilidad insostenible ante el menor embate.

En esta jornada no solo los argentinos o vecinos próximos estaban pendiente del juicio del pueblo trasandino, sino también muchos de los países que emprendieron un camino común en la creación de un modelo de desarrollo y justicia social distinto al impuesto por el consenso de Washington, como el caso particular de Venezuela.

Venezuela enfrenta condiciones económicas difíciles y políticamente aun más desafiantes, con una elección plebiscitaria a desarrollarse a finales de este año, dado que debe renovar su poder Legislativo. En este contexto, no cabe duda alguna que la República Bolivariana debe enfrentar los mismos desafíos que la reciente elección transandina: electoral y política.

El desafío electoral consistirá en demostrar la excelencia de un sistema, aceitado y escasamente criticado, tanto en el ámbito nacional como internacional, que sin duda resiste  el análisis de cualquier observador electoral internacional.

Por otro lado, la cuestión política, debe ser radicada en el ámbito que corresponde, sin contaminar el andamiaje electoral, abriendo espacios para un diálogo renovado de las fuerzas políticas confluyentes y buscando resolver la situación de varios opositores al actual Gobierno.

En la Argentina, ninguna duda cabe que esta segunda vuelta, será decidida por el hermano peronista menor que concurrió a esta primera vuelta, pero fundamentalmente por el pueblo peronista militante, que está en un estado de disgusto importante con su Gobierno, lo cual genera un desafío particular a la Presidenta más que al candidato justicialista que debe enfrentarla.

¿Cuál es la fórmula para enfrentar esta segunda vuelta? Sin intención de querer entregar fórmulas mágicas, el Gobierno debería lograr proyectar en el pueblo argentino los logros alcanzados y que deben ser defendidos, así como el riesgo que pudiera representar un giro muy brusco al modelo.

El desafío al candidato, dar muestras de credibilidad importantes sobre la responsabilidad con la cual pretende proteger estas victorias sociales, hacerlas sostenibles y enfrentar la drástica reducción de la demanda oriental, que a todos los latinoamericanos golpea en mayor o menor grado.

No cabe duda que la fórmula Braden o Perón, se vio drásticamente sustituida por Mao o Perón.

En ese momento un grupo de Ministros de la Corte, incluido el propio Presidente de la misma, se encontraban cautivos de los guerrilleros, esperando las resultas de una negociación que nunca se produjo.

Aun retumban en los oídos las palabras desgarradoras del Presidente de la Corte Suprema, que rogara por el cese al fuego, al entonces Presidente de la República Rómulo Betancourt. Palabras que caerían al vacío.

Este pedazo de historia colombiana, que desde el asesinato de Gaitán hasta el presente, se tiñe de sangre de connacionales que no lograron construir en el diálogo inclusivo, la formula virtuosa de solución a sus controversias.La Presidencia de Álvaro Uribe no fue la excepción.

Su firme decisión de utilizar exclusivamente la vía militar, como forma de exterminio de las guerrillas FARC y ELN activas hace varias décadas, envolvió al país por un momento, por lo menos la Colombia visible de la capital, en un éxtasis de triunfo aplastante sobre las fuerzas insurgentes. El rescate de Ingrid Betancourt o el bombardeo en territorio ecuatoriano, parecían demostrar la inexistencia de fronteras o lugares seguros para operar militarmente los guerrilleros y guerrilleras.

Sin embargo, el costo en vidas humanas, la violación de territorio de un país vecino, la “invasiva” colaboración extranjera, el deterioro de la imagen internacional de la republicana Colombia o los falsos positivos, son sólo alguna de las nefastas externalidades de una guerra sin tregua, que condujo a los ciudadanas y ciudadanos a un extremo de agotamiento al militarismo como opción exclusiva.

La necesidad de un diálogo, el imperativo de la paz y un liderazgo con capacidad de generar una verdadera Unidad Nacional, se abrieron paso en esta densa selva de fusiles.

El capítulo abierto por el Presidente Santos, representa sin lugar a dudas, una opción que requiere mucho coraje y convicción, dado que juega todo su capital político. El camino del diálogo sólo tiene dos alternativas: la firma de Acuerdos de Paz o el síndrome Pastrana (que recuerda el fallido intento de negociación, utilizado por las FARC, con “Tirofijo” al mando, para robustecer su capacidad militar). Coherente con la historia reciente el principal opositor a esta iniciativa, es precisamente su predecesor, el ex Presidente Álvaro Uribe.

En este contexto, la noticia de la destitución del alcalde de Bogotá, el ex guerrillero del M-19 Gustavo Petro, por parte del Procurador Alejandro Ordóñez un reconocido conservador católico, desató los peores temores respecto al proceso de diálogo que se lleva adelante en la Habana, Cuba.

Apenas conocida la resolución, que con especial dureza aplica además la pena de inhabilitación para cargos públicos por 15 años, las FARC hicieron público un comunicado donde tildan al Procurador de “inquisidor” y señalan que es un “mal precedente para la paz de Colombia”.

Demás esta indicar la total falta de prudencia del Procurador, para no ingresar en terrenos mas conspirativos, como asimismo lo ilegítima de la figura normativa en si misma, al otorgar una potestad de revocación de un mandato con origen popular, a una autoridad designada.

En este contexto, debemos evaluar los derroteros de la negociación, especialmente si consideramos que la posibilidad de llevar adelante una nueva Constituyente, parecen estar ajenas a la agenda de trabajo de los negociadores.

En primer lugar, no pueden permitirse las partes el “lujo” de entrabar un proceso histórico, por un incidente de esta naturaleza, que debe encauzarse dentro de la institucionalidad y a falta de ella, crearla en el marco de la misma negociación.

En segundo lugar, el Presidente Santos debe ser claro en el rechazo a esta operación política, para darle densidad y fortaleza al proceso que él mismo encabeza, sobre todo con miras a la elección presidencial.

Decimos esto, no pensando en el juego de opciones electorales, sino el carácter cada vez más plebiscitario de dicho proceso: el camino de la paz o el camino militar.

El Presidente no debe caer en la provocación del último atentado atribuido a las FARC, que muchas veces sabemos son producto de elementos marginales de la misma guerrilla o de quien sabe quien.

En tercer lugar, la única condición de todo proceso de paz, es la necesidad de la paz, que sin duda está instalada en la agenda del primer mandatario colombiano y cúpula de la longeva guerrilla, pero más aún en el corazón de todos los colombianos y colombianas campesinos, campesinas, mujeres, jóvenes y marginados, que sin bando alguno, han sido las víctimas casi exclusivas de este desgarrador conflicto.

Por esta razón, no debe ni puede volverse atrás, el único futuro de Colombia es el diálogo y la paz, que tiene la oportunidad de sellar medio siglo de destrucción y muerte.

Sin embargo esta lectura tradicional no resulta una matriz aplicable a la realidad histórica y política argentina, donde el peronismo ha jugado un rol avasallador con escaso paralelo en Latinoamérica, además de sus condiciones especiales de expandirse y contraerse según los requerimientos del “movimiento”.

Sin perjuicio de algunas victorias esperables, como el PRO, los precandidatos presidenciales como Binner o Cobos, así como la firme subsistencia de la UCR a nivel nacional, la mirada estaba centrada  en el joven Sergio Massa, peronista y ex K.

¿Qué se jugaba? La sucesión de la Presidenta Cristina Fernández en un sentido complejo, vale decir, si tenía una mayoría suficiente para introducir la modificación constitucional necesaria para su reelección o cuales serán los potenciales sucesores.

Más que nunca se jugaba la sucesión presidencial, lo que queda de manifiesto con la cantidad de precandidatos de todo el espectro político, que se presentaron en esta elección con miras al 2015.

Los números de hoy son contundentes en un solo sentido: la Presidenta no tiene ninguna chance de ser reelecta por vía de la reforma constitucional.

Por lo dicho, debemos pasar a analizar los elementos centrales del cambio alterno: cómo, cuándo, qué y quienes son sus potenciales sucesores.

En primer lugar, la Presidenta ha sido extremadamente precavida de ir construyendo una camada de jóvenes que constituyan el “nuevo peronismo”, al cual bautizaron “La Campora”, movimiento interno que fue ocupando espacios claves del poder del aparato estatal y han tenido una total protección desde la Presidencia de la Nación.

Sin embargo una sucesión de errores y escándalos han herido de muerte a estos jóvenes, particularmente por la situación que involucra al Vicepresidente de la Nación.

Todo parece indicar que la sucesión “desde arriba” sufrió un daño mayor como modelo y cierra esta alternativa como un mecanismo sucesorio.Por tanto la Presidenta deberá crear una nueva formula, que mantenga el proceso de cambio, no desvíe el modelo hasta ahora construido y logre evitar una confrontación entre peronistas, que finalmente pueda dejarlos fuera del poder.

En segundo lugar, sobre el cuando una cosa es clara: no es ahora. El PRO proclamó ya su candidato, Mauricio Macri, porque el resultado electoral esperado, se vio refrendado en las urnas y por tanto no tienen tiempo que perder.

En el caso del Justicialismo la premura es el peor camino, dado que el “movimiento” tiene a varios candidatos con gran capital político y debe dar tiempo a los intendentes, grandes electores en la tradición peronista, para poder tomar una decisión.

La Presidenta aun debe retomar sus funciones, que suspendió por razones de salud, afirmar el mando que parece severamente golpeado por disputas públicas al interior del Gobierno, dado que resulta condición indispensable para tener un rol relevante en la definición presidencial del 2015.

En tercer lugar, sobre qué recae la sucesión, parece ser el factor determinante de esta última elección parlamentaria.

Sergio Massa, el peronista disidente, repitió en innumerables pasajes de su alocución de anoche, palabras como, inclusión, tolerancia y humildad. Sin duda el estilo y generación se jugaron sus cartas.

El estilo, porque todo parece indicar que los argentinos y argentinas quieren pasar a una nueva etapa de conducción política, que solo recurra a la confrontación bajo muy especiales circunstancias y apuntó a candidatos que cambiaron el tono, buscando unir y sumar.La generación, porque bastaba ver la “fotografía” de los candidatos electos del Frente para La Victoria, para entender porqué se pide una renovación a gritos dentro del peronismo.

Finalmente, para definir el quienes, hoy por hoy es una confrontación a tres bandas: Sergio Massa, Sergio Urribarri y Daniel Scioli. Resulta prematuro afirmar que Massa tenga un acercamiento al Gobierno, que termine en una reconciliación total, a pesar que la historia muestra el pragmatismo del peronismo al momento de disputar el poder.

Por esta razón, y sin perjuicio del favoritismo que tiene Sergio Urribarri, es una carrera que aun debe resolverse.Sin duda en un esquema confrontado y tensionado, la conducta que ha mantenido Scioli, con una lealtad critica y prudente, lo ubica en una situación privilegiada, además de contar con más herramientas que Massa para desplegar sus capacidades.

No cabe duda que esta elección ha colocado un dilema en el peronismo gobernante, en términos de renovarse o dejarse avasallar el 2015.

Renovación que abarca un cambio radical al estilo confrontacional, así como los rostros de los líderes susceptibles de suceder a la Presidenta, que tengan la fuerza para continuar el proceso que sacó a la Argentina de la crisis de comienzos del siglo XXI.

Solo en los últimos años se sufrieron varias crisis donde sectores políticos o sociales, actuando al margen del sistema institucional, han buscado imponer su voluntad sobre las mayorías.

El Golpe de Estado en Honduras, la intentona policial de Ecuador, el montaje al Gobierno democrático de Álvaro Colom en Guatemala, son solo algunas de estas conductas que no desaparecen del paisaje criollo.

En esto Venezuela no es la excepción, cuando el día de ayer el candidato de la oposición ante un resultado estrecho toma el camino de deslegitimar a la institucionalidad, desconociendo por completo los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral.

No tengo dudas que al momento de escribir estas líneas desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela, cientos de medios de comunicación estarán plasmando en sus páginas una larga lista de razones por las cuales debe declarase a la República Bolivariana de Venezuela, como candidata al “auxilio” internacional o en el mejor de los casos decretar un estado de emergencia político, donde las partes deberían establecer un diálogo tendiente a un pacto, como señalara el candidato Henrique Capriles.

Sin embargo, debemos ver la situación con detención y no dejarse arrastrar por las pasiones electorales o lo estrecho del resultado. Debemos analizar este proceso, porque las estructuras institucionales y reglas jurídicas de un Estado, no son meros formalismos estéticos sino la base de la convivencia social.Abordemos por tanto los aspectos de esta elección, que parecen tener la relevancia suficiente para entender el futuro cercano, comenzando por el resultado de la campaña electoral.

En primer lugar debemos establecer un hecho, que se deriva de la similitud casi exacta de la participación electoral entre las elecciones de octubre y las celebradas el día de ayer (solo hay una diferencia de 6.000 votos en la suma de los votos de ambos candidatos, en estas dos elecciones), esto es: 679.000 electores y electoras se desplazaron del oficialismo a la oposición.

Teniendo en las manos estos datos descriptivos del hoy, se debe despejar una incógnita: ¿Qué genera la migración de estos sufragios? Al parecer más de medio millón de venezolanas y venezolanos pueden haber sentido el fin de un ciclo, con el fallecimiento del Comandante Chávez.

Esto no necesariamente significa un rechazo al modelo construído bajo el rótulo de “socialismo del siglo XXI”, dado que el candidato de la oposición se presentó en muchas oportunidades como un continuador de las políticas sociales bolivarianas.

Tampoco podemos obviar el natural desgaste que sufre toda organización política con más de una década en el poder, considerando particularmente que dentro de ese período debieron enfrentar, ni mas ni menos, que un Golpe de Estado, entre otras amenazas.

Sin duda la presente ausencia del Comandante Chávez, constituye una figura de complejo e inmediato reemplazo, lo cual debería llevar al Presidente Maduro a crear un liderazgo con identidad propia, pero siempre en la conducción del proceso de cambio bolivariano.

El siguiente aspecto, dice relación con la pregunta, ¿y ahora qué? La respuesta a esta interrogante es sencilla, directa y conocida para los chilenos y chilenas: dejar que las instituciones funcionen.

Todo candidato, en todos nuestros países y en todas las elecciones, tienen el derecho sagrado a la creencia que resultó victorioso, razón por la cual nuestros sistemas electorales prevén mecanismos especialmente creados para ello.

Dicho lo anterior, esta “creencia” no habilita a establecer como declaración de principios el total y absoluto desconocimiento de la institucionalidad vigente, más aún cuando se ha sido “beneficiario” anterior del mismo, vale decir, ha resultado electo con los mismos mecanismos, normas e institución que se busca obviar.

No olvidemos que Venezuela pasó por una situación similar cuando el 2005 la oposición decidió no presentar candidatos a la Asamblea Nacional, de la cual finalmente resultó marginada y sin representación legislativa alguna por todo el período respectivo.

Buscar crear una crisis política para crearse un espacio de negociación al margen de la institucionalidad, resulta un juego demasiado abierto y peligroso para el país, además de constituir un mal precedente para el resto de Latinoamérica.

En esta situación corresponde aplicar el viejo adagio “pastelero a tus pasteles”, vale decir, el Gobierno a gobernar, el Consejo Nacional Electoral a completar su labor, evacuando cualquier reclamación presentada en tiempo y forma, el candidato opositor a hacer uso de los mecanismos fijados por la Constitución y las leyes, para despejar cualquier duda razonable y las Misiones Internacionales, apoyar la institucionalidad vigente, entregando sus reportes y recomendaciones. En este sentido el camino parece bastante despejado, dado que ambos candidatos están contestes en una revisión más amplia.

No cabe duda que la frase del Presidente de la Democracia Cristiana chilena, a propósito de la elección interna de la colectividad, son muy apropiadas para esta situación: gana las elecciones quien tiene un voto más que el contrincante.

Sostener lo contrario, vale decir cuando las diferencias son muy cercanas, significa que la institucionalidad electoral solo funciona legítimamente cuando la distancia entre candidatos es suficientemente aplastante, para que el derrotado sienta que no tiene ninguna opción de revertirla.

Esto significaría transformar a las instituciones del Estado en formalidades alternativas, donde el usuario puede decidir usarlas o simplemente obviarlas, dependiendo la conveniencia del momento.

Evitemos las tentaciones que pueden generar incertidumbre y desesperanza. En cambio hágase uso de todo recurso o mecanismo vigente, para plantear las divergencias y no destruyamos el pacto social básico, con la finalidad de allanar caminos de encuentro en la patria de Bolívar.

¿Habrá o no un reordenamiento en la política latinoamericana como reacción de esta situación?

Frente a los hechos y al desarrollo del gobierno de Chávez él intentó instalar un tipo de Democracia contra-hegemónica, que dio forma a tres sistemas constitucionales en Sudamérica: Ecuador, Bolivia y Venezuela, además de algunos cambios de diferente naturaleza en países como Argentina o Nicaragua.

Este modelo constitucional que recuperó el Estado social expandió las formas de participación ciudadana y entregó una especial identificación a los pueblos originarios. Esta es la principal característica del legado del presidente Chávez, o sea la manifestación jurídica de este socialismo del siglo XXI.

En este marco, figuras como el referéndum revocatorio de mandatos constituye un arma importante del electorado con la finalidad de “recordarle” a su mandatario o mandataria quien es el verdadero soberano.

El gobierno de Chávez estableció formas de redistribución de una riqueza que hoy fluye por nuestra subregión. Los programa sociales en educación, vivienda, salud, alimentación y energía, constituidas por las llamadas Misiones, han traído aparejado también un empoderamiento político y cultural de masas tradicionalmente marginadas y de paso le han cambiado el rostro a Venezuela.

En la segunda pregunta, dada la actual institucionalidad venezolana y el consecuente empoderamiento de sus hombres y mujeres, sin duda un arranque liberal podría mermar en parte las bases del modelo bolivariano, pero difícilmente lograría que Venezuela volviera a un periodo pre-Chávez.

Las reacciones viscerales sobre el futuro de Venezuela no se condicen con las reales posibilidades de introducción de reformas muy radicales.No a pocos les resultaría atractivo desmantelar el sistema de protección social, y más aún con un país que posee una reserva de petróleo de nivel mundial.

En la hipótesis de intentos de esta naturaleza, considerando los resultados electorales y desarrollo del proceso bolivariano, solo podrían ser generadoras de conflictos sociales graves, de los cuales América Latina necesita alejarse.

En este sentido los actores internacionales deberían mantener una posición clara de no injerencia en asuntos internos del país, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica, donde el Presidente Obama tiene la oportunidad histórica de dar una muestra del mismo progresismo que ha impulsado su administración en otras tierras, al iniciar el proceso de término a guerras de Irak y Afganistán.

También deben manejarse con cautela los organismos internacionales como OEA, MERCOSUR y UNASUR, entendiendo que esto constituye un asunto interno de un Estado miembro, que goza de un sistema institucional democrático y con mecanismos explícitos para resolver la sucesión presidencial.

Por último, no podemos obviar el liderazgo que el Presidente Chávez ejerció sobre un conjunto de países de la región, el que viene a ser la tercera incógnita de este puzle.

La situación de vacío que queda con el fallecimiento de Hugo Chávez pone al vicepresidente Nicolás Maduro en una singular tentación, el buscar convertirse en el “primus interpares” de la región.

Sin embargo, aun cuandoVenezuela viene con un sello de origen de haberse constituido como pionero del modelo del socialismo del siglo XXI, la multiplicidad de liderazgos debiera ser el camino que se deberá trazar en el futuro cercano.

En este contexto los planes de solidaridad internacional sin duda mantendrán su rumbo actual, en la envergadura y cobertura que ha existido hasta ahora. De producirse una derrota del chavismo, sin duda la salida de Venezuela del bloque de líderes progresistas sería inminente y los planes de solidaridad se verían dañados en su expansión.

Resulta inimaginable el desahucio unilateral de acuerdos suscritos con otros Estados Latinoamericanos, en razón de un cambio en la conducción venezolana, dado que un ejercicio de esta naturaleza solo conduciría a un desprestigio irreparable del país en el contexto regional.

Sin duda los próximos días y meses veremos en el centro del debate una defensa o defenestración del legado de Hugo Chávez Frías.

Nuevamente lo veremos como el Gran Elector de la contienda presidencial venidera, como lo fuera Juan Domingo Perón con sus “muchachos” (como los reseña la Marcha Peronista).

Sin embargo, deberían todos los venezolanos y venezolanas preservar los cambios que han dotado a su país de una mejor distribución del bienestar y expansión del ejercicio de sus derechos sociales, no caricaturizándolo como un capricho de su ex gobernante sino como un legado histórico en su proceso de construcción de una Nación más desarrollada, justa y próspera.

Una vez más la distribución del bienestar constituye la base sólida de las opciones que encarnan estos cambios.

Una vez más debemos llamar la atención sobre las intenciones por detener o dañar estos procesos, desde el punto de vista del imaginario comunicacional. Demos dar a Ecuador la oportunidad de recuperarse de su traumático pasado reciente. Es deber de todos y todas fortalecer ésta y todas nuestras democracias, garantizando el ejercicio pleno de derechos esenciales.

Durante varios meses el Ecuador fue testigo de la consolidación de la figura del Presidente Rafael Correa. Esto quedó demostrado en las múltiples encuestas de opinión, las cuales reflejaron su creciente popularidad y le permitieron conservar el poder, dando un nuevo impulso a la“RevoluciónCiudadana”.

Los resultados de la elección presidencial del último domingo confirman esta tendencia, con una victoria sobre sus opositores de derecha e izquierda de 57%, y una proyección de la obtención de 93 asambleístas sobre 124, o sea una dominancia en el parlamento de 75%.

Mientras en el Palacio de Carondelet las figuras del binomio del Movimiento País, Rafael Correa como Presidente y Jorge Glas su Vicepresidente, se asomaban por el balcón para saludar a los cientos de partidarios, sus enconados opositores atrincherados en algunos medios de comunicación empezaban a vaticinar un oscuro futuro. Sin embargo, el pueblo le daba al Presidente Correa una indiscutible fortaleza a través de las urnas.

Una particularidad de esta reciente elección ha sido la ausencia de voces que clamen algún tipo de fraude electoral.

Fraude electoral, que puede manifestarse en la compra de votos o en la manipulación de resultados, y que aparecen persistentemente como reclamos políticos en las elecciones a lo largo de América latina, queda ausente en esta elección.

Las misiones de observación internacional que estuvieron presentes este domingo 17 de febrero y provenientes de OEA, Unión Africana, Liga Árabe, o Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, rescataron la transparencia de proceso, con el mérito adicional que el proceso fue organizado y dirigido por un consejo electoral asumiendo sus funciones hace  un año.

La nota baja en estas elecciones la reciben los partidos políticos y medios de comunicación social. La poca presencia de militantes en los locales de votación, que tienen por finalidad fiscalizar el cumplimiento de las etapas más vitales del proceso electoral, ha sido una debilidad que debe enfrentarse con fuerza y convicción por parte de los dirigentes políticos ecuatorianos.

El rol de coadyuvantes en la constitución de las mesas, la llegada del material electoral a los centros de votación, o la correcta aplicación de los procedimientos de votación y escrutinio, han contado con poca ayuda ciudadana, lo cual a su vez ha sido un problema que se percibe en países como Perú, Colombia y Chile.

Por su parte, los medios de comunicación han sido parciales en estas elecciones, ejerciendo presiones indebidas al proceso eleccionario reciente. Existe entonces una necesidad de reconstruir un poder comunicacional masivo y diverso, que asegure el acceso a información a todos y todas los ciudadanos para el periodo que se avecina.

Los resultados de las elecciones presidenciales de Ecuador dejan una interrogante interesante de analizar para el contexto chileno. Esto es conocer donde radica la fortaleza del proceso ecuatoriano.

El Estado ecuatoriano ha tomado con decisión y valentía la tarea de reducir la pobreza, mejorar su infraestructura y diversificar a sus inversores extranjeros, con un modelo donde no sólo el crecimiento económico juega un papel esencial sino la distribución del bienestar.

Correa ha conducido al país con políticas económicas que han favorecido la inversión y han logrado mejorar los índices económicos, lo que ha permitido dejar camino llano al proceso más crucial: la aplicación de medidas de distribución de ingreso y de mejoras de la calidad de vida de los ciudadanos más pobres. Sin duda esta tarea ha traído aparejada la resistencia de los poderes facticos y empresariales, lo cuales lograron concentrar solo el 25% de los votos en esta última elección.

Los desafíos del Presidente Correa en sus próximos cuatro años de gobierno son variados, pero tienen en común que vienen acompañados por la palabra “Revolución”.

En materia económica estarán centradas fundamentalmente en la necesidad de ampliar la explotación petrolera al mismo tiempo incorporar la resolución de OIT número 169 que solicita la realización de consultas previas a pueblos originarios.

En materia educacional, y como el mismo Movimiento País lo propuso, requerirá dar un vuelco en la formación de sus jóvenes para lograr generar valor agregado a la producción ecuatoriana y superar el modelo exportador de materias primas, un desafío común a toda Latinoamérica.

Finalmente en la dimensión política, como lo ha anunciado el propio Presidente Correa, el no volverá a presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Este constituye el desafío central de su gestión: generar un sucesor y mantener al Movimiento País y sus aliados suficientemente cohesionados para continuar con su proceso transformador.

Esta revolución ciudadana continúa, crece y se fortalece. El dolor de la victoria que sienten sus opositores no debe continuar dando pie a los continuos ataques comunicacionales de los cuales es objeto el Presidente Correa.

Ecuador se desangró con continuos cambios de Jefes de Estado por una década y este proceso casi sufrió un vuelco con la revuelta policial e intentona golpista de 2010.

El pueblo se manifestó contundentemente este domingo recién pasado, dejemos ahora que la Revolución Ciudadana siga desarrollándose y expandiendo el ejercicio de los derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas.

Para ser más claros, la nomenclatura inscripción automática y voto voluntario fracasó.

Las vanas promesas de integrar a esa masa de jóvenes, grandes ausentes de nuestro ritual de máxima expresión democrática conocida como elección, no se produjo. No solo porque esa masa no participó, sino que la participación general bajo dramáticamente.

Seamos mas claros aún, la nomenclatura de control al gasto y financiamiento público de campañas, es extremadamente insuficiente y no entrega la mas mínima garantía de equidad en la competencia electoral.

Una reforma de esa envergadura, con el cambio profundo respecto al rol del Estado en las elecciones, no puede llevarse adelante con un SERVEL ausente totalmente de herramientas para cumplir su labor.

A esto debemos agregar lo insuficiente del sistema de elecciones primarias en un escenario donde los partidos políticos no se han reformado, donde existe reelección indefinida y normas electorales básicas, como el financiamiento de campañas muy poco transparente.

En resumen, nuestra naturaleza “chilensis”, esencialmente eufemística, no ha sido capaz, o peor aun, no ha tenido la valentía de hacerse cargo de las reformas mínimamente necesarias, para construir un país verdaderamente inclusivo y participativo. El actual panorama constituye un maquillaje, mal aplicado obviamente, que no hará sino profundizar el sentimiento de desvinculación con la Democracia.

Chile necesita reformas urgentes, los ciudadanos y ciudadanas lo demandan y la clase política debe impulsarlas. Se deben abordar reformas que perfeccionen los instrumentos de participación del sistema democrático.

¿Qué significa esto? Reformas básicamente en tres ámbitos.

Primero, ampliar los ámbitos de participación electoral, haciendo uso efectivo de instrumentos existentes como los plebiscitos comunales (un gran ejemplo nos dio el entonces alcalde, Claudio Orrego), así como su ampliación al ámbito nacional. Los ciudadanos y ciudadanas quieren ser escuchados y deben serlo, no solo a través de mandatarios, sino también directamente y sin intermediarios.

Segundo, generar reglas del juego que tiendan a crear una mayor equidad en la contienda electoral. Esto pasa por el sistema de financiamiento, control efectivo del gasto y limitación a las reelecciones, que sin duda es la más urgente de todas las reformas políticas.

Finalmente, un juego electoral mas inclusivo, con normas que garanticen una mínima presencia en los órganos electivos de las mujeres y donde corresponda, de etnias originarias.

Sin estos cambios necesarios, el descrédito de lo público y la arraigada creencia que la felicidad se obtiene solo por herencia, contactos o el esfuerzo de una sola persona, con franco menosprecio a la comunidad, la cooperación y el trabajo conjunto se seguirán erosionando las bases esenciales del Contrato Social, profundizando el descontento y la paz social que todo país merece.

Estos son cambios que se deben enfrentar como país, que favorecen al sistema en su conjunto a la sociedad y sus individuos, y no solo el beneficio a un partido o facción. No sigamos permitiendo que la lógica Otto siga imperando en el quehacer público y abordemos de manera urgente, lo importante.

Primer componente del nudo: las de naturaleza jurídica. Se invoca el artículo 231 de la Constitución Bolivariana, el rol del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y recientemente, el permiso otorgado por la Asamblea Nacional al Presidente reelecto de Venezuela. Sin duda la lectura de los respectivos artículos generó múltiples debates, como por ejemplo si estábamos ante faltas absolutas o temporales. Finalmente el mismo TSJ, a través de su sala Constitucional lo zanjó, señalando que para este caso, tratándose de un Presidente reelecto, opera el principio de continuidad administrativa.

Sin embargo parece que esta definición no posee tanta fortaleza, como una interpretación finalista o teleológica de la Constitución que podría haberse formulado, inspirados en los artículos iniciales de la misma, cuando señala en su articulo 1 el “derecho irrenunciable de la Nación…a la soberanía” o el articulo 5 que señala que el carácter intransferible de la misma, principios en los cuales se apoya la Asamblea Nacional, para fundamentar el permiso otorgado al Presidente Chávez.

En este marco, habría sido razonable entregar algún nivel de certeza mayor, invocando el artículo 234 de la Constitución, que se refiere a las “faltas temporales”. Lo fundamental de esta norma es que autoriza a la Asamblea a otorgar estos permisos al Presidente en ejercicio, como en este caso, por un plazo de 90 días, susceptibles de ser prorrogados por 90 más. Plazos que habría permitido poner algún horizonte más definido y bajar las innecesarias tensiones.

Segundo componente del nudo: los de naturaleza política. Pocas experiencias políticas han debido enfrentar la cantidad de elecciones como ha ocurrido en el caso del Presidente Chávez. No todas victoriosas hay que decirlo, pero en su mayoría con resultados totalmente favorables para el proyecto político que encarna.

Las últimas dos elecciones no son la excepción. La victoria presidencial y las regionales recientes, dejan una clara señal de la actual correlación de fuerzas a favor del PSUV que domina en la Republica Bolivariana. Las políticas públicas que impulsa el actual gobierno, donde se han reducido los márgenes de desigualdad, y la premura de solución a los problemas de los sectores populares han llevado a un empoderamiento de estos sectores dándole fuerza y vigor al movimiento bolivariano.

Dicho lo anterior, no cabe duda que el Presidente Chávez tiene una cuota de responsabilidad importante en el actual impasse político, dado que conserva como deuda personal la necesaria institucionalización del PSUV, con miras a transformarlo en la herramienta que fije los mecanismos de resolución de su sucesor.

Sin duda, el Presidente Chávez siempre apostó en aportar con el liderazgo de su carisma al sucesor del Palacio Miraflores, sin embargo la naturaleza decidió otra cosa y la falta de reglas de sucesión claras se hacen más indispensables que nunca.

Tercer componente del nudo: las implicancias internacionales. Creo firmemente que estas han sido completamente despejadas con la Declaración de Caracas. Muchos quisieran que la oscura era del unilateralismo hubiera quedado definitivamente enterrado, empero los hechos de las ultimas dos décadas, particularmente la guerra de Irak, han demostrado lo contrario.

Esto entrega a la Declaración de Caracas un valor muy especial, como manifestación solidaria de pueblos hermanos, invocando el principio de la soberanía como un eje ordenador del proceso venezolano y haciendo un llamado a sus actores internacionales al respeto de esta.

Incluso el Presidente Lobos de Honduras, que resultara electo en medio de la sanción de suspensión del estado aplicado por OEA, hizo pública una declaración respaldando la institucionalidad venezolana. Estas son las muestras que ponen de relieve el rol de las formas de expresión multilateral, cuando actúan con prontitud y refuerza principios fundamentales.

No están en este marco, algunas desafortunadas declaraciones del Gobierno de Estados Unidos, respecto a hipotéticas expectativas relativas al mejoramiento de relaciones bilaterales, en el caso del fallecimiento del líder venezolano. Sin duda esta potente señal debe también tener un correlato en la conducta de los venezolanos y venezolanas: mantenerse firmes en el respeto a la Democracia.

En este contexto: ¿Se podría justificar el intentar torcer las manifestaciones de la voluntad popular a través de alternativas legales o resquicios normativos para hacerse del Gobierno?

Definitivamente este no es el camino a seguir por la oposición, donde pese a intentos de algunos grupos internos, el liderazgo de Capriles Radonski debe mantenerse sereno y demostrando su carácter democrático y tolerante.

Nadie debiera pensar en blandir la espada, como lo hiciera el conquistador Alejandro Magno, para cortar este nudo Gordiano, dado que solo los venezolanos y venezolanas son los llamados a conducir el destino de su país.

Sin embargo, esa presencia ausente del Presidente Chávez, no fue factor de relevancia para la victoria abrumadora del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a lo largo y ancho del país.

Cualquiera sea la interpretación, no hay duda que la victoria en 20 Gobernaciones, sobre el total de 23 demuestra una capacidad política y organizacional del PSUV que se consolida elección tras elección de la mano de liderazgos locales con una potencia importante y evidente.

Quienes hoy en el ámbito internacional busquen atribuir a la condición de salud del Presidente Chávez alguna cualidad mágica para obtener este resultado se equivocan y demuestran el desconocimiento de la realidad venezolana.

Un análisis de las elecciones de Gobernador del 2008 y Presidenciales 2012, en comparación con los recientes resultados, nos arroja que sólo en 7 Estados el PSUV bajó su votación, considerando dentro de estos el Amazonas y Lara, en manos de la oposición. En cambio mejoró su votación en 16 Estados, haciendo la misma comparación. Incluso y aún con mayor precisión si consideramos solo elecciones de una misma naturaleza, Regionales 2008 versus 2012, el PSUV subió su votación en 14 Estados.

Desde la perspectiva que se miren los resultados y a pesar de los años de Gobierno, la campaña relacionada con la salud del Presidente Chávez y otras condiciones ajenas al proceso electoral, el PSUV demuestra una fortaleza política y electoral permanente.

No podemos olvidar que el actual Gobierno, el Movimiento V República o PSUV, según el período histórico, han logrado salir vencedores en la gran mayoría de las contiendas electorales de todo tipo que se realizan en todo el país. Esto si consideramos que el país vive en estado de plebiscito permanente con relación a la gestión pública. En concreto en Venezuela hay una elección y media por año.

Hay que ser claros, los resultados de esta última elección demuestran que existe un proyecto popular, que ha logrado a través del tiempo ir sentando sus bases en las clases populares, tal como hiciera el “peronismo originario” en la Argentina y que ha ido generando una transformación cultural de mayor tamaño. Son cientos los proyectos sociales que solucionan hoy y no mañana las más variadas necesidades y que durante mucho tiempo esperaron ser atendidas en uno de los países más ricos de América Latina.

Después de una semana seguían los gritos a Chávez y su Gobierno en los actos de celebración del PSUV, es la presencia ausente que no tiene que ver con un parte médico sino que con un estado electoral permanente en Venezuela que va acompañado de resultados de la gestión pública que satisface a la mayoría de los venezolanos y que se pondrá nuevamente a prueba en abril 2013 donde se verá si mantienen el control sobre el 80% de los municipios del país.