Por cierto, jamás revelaré mis fuentes, derecho que garantiza la Ley de Prensa y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este es un principio y derecho básico del ejercicio del periodismo, sobre todo en democracia.

El fiscal militar Roberto Acevedo, en la causa 1920-2015 de la IV Fiscalía Militar, utiliza una serie de excusas para desafiar estos derechos legales, universalmente reconocidos. Arguye que la Justicia Militar tiene derecho a saber quiénes filtraron documentos sobre compras de armas, pese a que esos textos circularon públicamentre por decenas de manos.

El fondo del asunto es que las millonarias defraudaciones con los fondos del cobre fueron posibles durante años justamente porque no hubo ningún control civil sobre las millonarias compras de armas que realizaron las Fuerzas Armadas desde el retorno a la democracia. La acción de la Justicia Militar persigue volver a construir ese muro de silencio, coartando el periodismo de investigación.

Sólo entre los años 2000 y 2015, unos 20.000 millones de dólares fueron destinados a la compra de armas, cifra con que el país pudo financiar la construcción de 30 hospitales, mil colegios, 35.000 viviendas sociales y 500 farmacias populares, además de toda la reforma educacional.Esos irracionales 20.000 millones de dólares equivalen también a más de 150 veces el presupesto que el Estado invertirá en Cultura en todo el año 2016.

Estos fondos, en otras palabras, pudieron cambar el rosto social de Chile, entregando educación y salud de calidad. Pero no, todo se gastó en armas, sin que hubiera ninguna discusión democrática sobre ello.

Son cifras enormes que jamás fueron informadas a la ciudadanía, ni al Congreso. Todo está regido por la ley 13.196, una norma secreta que ni siquiera puede ser leída por los chilenos. Este escándalo político es lo que fue puesto en denuncia desde julio.

Un periodismo libre y resguardado es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Es un severo revés para el Estado de Derecho el que los militares crean que tienen derecho a investigar las fuentes de los medios de comunicación.

Pero más grave aún es la inacción de las autoridades que han guardado silencio sobre los gastos en armas, sobre la corrupción y sobre el intento de la justicia castrense de develar las fuentes de una investigación periodística.

También dejó en claro que sus mejores voceros no están en La Moneda o los partidos políticos, que quisieron obligarla a dimitir, sino en personas ligadas al mundo de los derechos humanos, de su absoluta confianza, como Estela Ortiz.

Aún es temprano para saber cuánto tiempo la Presidenta logrará sostener este nuevo aire. Pesarán los inevitables errores propios y los yerros de sus aliados, como el indolente viaje al Mundial de Rugby en Inglaterra del senador Jorge Pizarro, en medio de la tragedia telúrica que azotó a su región. Un golpe ético a todo el oficialismo.

Por ahora, Bachelet ordenó a los ministerios priorizar inversiones con efecto directo en las personas y salir a terreno, como lo hizo ella misma en la Cuarta Región. El mensaje es acelerar el cumplimiento de los compromisos presidenciales.

En ese marco, el llamado partido del orden, los póderes fácticos de la vieja Concertación, bajaron el tono de sus ataques off the record en la prensa. Ya no hacen circular rumores sobre la salud de la mandataria. La propia senadora Isabel Allende tildó esas acciones como “sedición”.

Al parecer los poderes fácticos del oficialismo entendieron que destruir a Bachelet era destruirse ellos mismos.

Incluso el ex presidente Ricardo Lagos comenzó a guardar silencio los últimos días. Al parecer, renunció por ahora a la idea de adelantar la campaña a la primera magistratura.Dejó incluso de recorrer los simposios empresariales, dando lecciones de política.

Bachelet apuesta en este nuevo escenario por la inversión social, por logros materiales concretos. ¿Significará ello renunciar a reformas más complejas como las de Educación? ¿Implica esto la postergación definitiva de un proceso constitucional?

La mandataria, ya golpeada por una baja aprobación personal y gubernamental, comprende que la crisis de confianza en la elite política sólo puede ser atacada con consistencia.

Sin embargo, no bastarán algunos empleos, bonos o capacitaciones para recuperar la confianza ciudadana. La desigualdad es demasiado grande y la indolencia también.

Bachelet necesita enarbolar las banderas de los derechos sociales, de la memoria, de su propia historia, si quiere darle un sentido personal, colectivo y humano a su mandato.

No bastan los bonos, necesita un relato, requiere convocar voluntades ciudadanas a favor de su programa, de una política a favor de la igualdad de derechos. De lo contrario nada habrá valido la pena política y humanamente.

Pero antes de comenzar ese camino, la mandataria debe decidir si seguirá confiando en ministros que operaron abiertamente para destituirla o limitar su poder. Fiarse de esos asesores y aliados que encapuchados en el off the record dijeron que estaba  ahogada en la depresión y los fármacos.

No está fácil el camino, es hora de decisiones.

En los hechos, miles de millones de pesos fueron desviados desde la Ley Reservada del Cobre a bolsillos de uniformados y proveedores del ejército, sin que hasta ahora exista siquiera un monto final estimado de estas malversaciones, como tampoco una lista definitiva de todos los involucrados en la causa que investiga la fiscal militar Paola Jofré.

Sólo el cabo Juan Carlos Cruz, uno de los dos detenidos en el proceso junto al coronel Clovis Montero, gastó millones de pesos en el casino Monticello desde 2008, según un informe de esa casa de juegos entregado a la Justicia Militar.

El propio uniformado admitió a la PDI que en una sola noche despilfarró 60 millones de pesos, un monto que un trabajador medio tardará casi dos décadas en ganar. “Le perdí el sentido al dinero”, se justificó Cruz, quien trabajada en el Comando de Apoyo a la Fuerza, entidad encargada de administrar los pagos de la Ley Reservada del Cobre.

Pero el insólito dinero jugado por este cabo en los tragamonedas, que equivale a 240 dietas parlamentarias, es sólo la punta de un iceberg muchísimo más extenso.

Lo que está en cuestión es la absoluta opacidad política, técnica y administrativa con que las fuerzas armadas compran sus armas a través de la Ley Reservada del Cobre. Son operaciones que no puede revisar siquiera la Contraloría General de la República.

Y esa absoluta falta de control civil provocó finalmente un caos de proporciones. El ejército habría pagado, según los antecedentes que se investigan  facturas ideológicamente falsas, facturas no reconocidas por el Servicio de Impuestos, facturas robadas, facturas duplicadas, facturas de empresas con término de giro.

Pero este tampoco es el tema de fondo. Hay un punto aún peor que el desfalco y la falta de transparencia. O que la existencia de leyes secretas en democracia.

Lo que realmente es inaceptable es que no exista ningún debate democrático sobre la pertinencia de que miles de millones de dólares sean destinados a la compra de armas en cada gobierno, en un país donde aún hoy existen 160.000 chilenos viviendo en campamentos o donde aún tenemos 1.800 colegios sin agua caliente, por nombrar sólo dos precariedades extremas.

Si nada cambia, Chile destinará otros 10.000 millones de dólares a la compra de armas entre 2015 y 2025, sin siquiera considerar la adquisición de municiones y el gasto en mantenimiento de equipos bélicos que pueden sumar otros 5.000 millones de dólares en ese lapso.

Ambas cifras, que triplican lo que pedían los estudiantes en las marchas de 2011 para otorgar educación gratuita a todo el país, tampoco consideran los otros 4.200 millones de dólares que las Fuerzas Armadas tienen guardados y sin uso en sus cuentas corrientes, destinados a hipotéticas compras de aviones, submarinos o tanques, según reportajes publicados las últimas semanas en la prensa internacional.

Sin considerar el gasto en mantenimiento, Chile destinará de esta forma casi 15.000 millones de dólares a la compra de armas en este período, incluyendo los ahorros existentes para este ítem y los ingresos presupuestarios futuros.

Son cifras profundamente poco democráticas y no se condicen con un país donde aún la mitad de los trabajadores percibe un salario inferior a los 270.000 pesos, menos de 400 dólares al cambio actual.

Con estos gigantescos montos, administrados bajo total opacidad, Chile podría construir los 30 hospitales nuevos que requiere el sistema de salud y cuyo costo es de 3.000 millones de dólares, destinar 1.000 millones de dólares a construir viviendas para las 34.000 familias que viven en campamentos, invertir otros 1.000 millones de dólares en ciencia y tecnología e invertir 5.000 millones de dólares en edificar 1.000 liceos de excelencia.

Y aún así sobraría dinero. Mucho dinero.

Resulta inentendible por tanto que los parlamentarios, los ministros o la propia Presidenta no aborden decididamente esta situación en un país, donde un millón de chilenos espera atención médica hace meses en el sistema público de salud y donde las pensiones medias apenas se empinan a los 150.000 pesos, un poco más de 200 dólares.

El dinero, seamos realistas sin renuncia, no escasea en Chile, si no que está profundamente mal distribuido. O peor,  simplemente atrapado en las arcas de las fuerzas armadas y la Ley Reservada del Cobre, uno de los últimos vestigios de la dictadura y los acuerdos de la transición.

Oficialismo y oposición nos mostraron con exuberancia los últimos días que pueden paralizar la Justicia, seguir dictando leyes amañadas a favor de los grandes grupos económicos o cometer cualquier exceso mancomunado para silenciar los casos Penta, Soquimich o Alsacia.

Nos confesaron que son un grupo de interés, más que rivales políticos. Dispuestos a repartirse los derechos humanos o los recursos naturales como un mero botín, a veces.

Las operaciones en curso en Impuestos Internos y el Tribunal Constitucional son sencillamente brutales, de profundas convicciones antidemocráticas.

Muestran que la actual élite política está dispuesta a debilitar las propias instituciones que la albergan, con tal de retener su poder duopólico.

Como es sabido, Impuestos Internos ha demorado la investigación en Soquimich y ha abierto paralelamente espacios administrativos para que miles de operaciones sospechosas sean blanquedas, bajo secreto tributario. El Tribunal Constitucional, con el voto de un juez que meses atrás suplicaba fondos a Penta, quiso suspender la investigación de la Fiscalía contra Soquimich.

El poder está desnudo. Camina con sus miserias ante los ojos de la ciudadanía, también desnuda, pero en su soberanía.

Pero este camino hacia el silencio probablemente no ha terminado y tendrá más aristas, como suelen decir hoy. Por un lado, saldrán por un tiempo de la escena pública los políticos más complicados con las investigaciones, como el diputado UDI, Ernesto Silva. Por otro, comenzarán pronto las conversaciones para la designación del futuro fiscal nacional, alguien que La Moneda y el Senado escogerán cuidadosamente entre los suyos.

De hecho, no deja de ser inquietante que el futuro jefe del Ministerio Público deba ser ratificado en diciembre por los mismos que deben ser investigados por él.¿Cuántos otros chilenos pueden tener ese “derecho”?

El poder está desnudo, en toda su brutalidad. Por ello, no hay reparos para nombrar a una ex abogada de Pinochet y Colonia Dignidad en el Consejo Asesor Anticorrupción o a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

Ya nos notificaron que no hay pudores y que han entendido que esta institucionalidad autoritaria los protege. Y que están dispuestos a usarla abusivamente. Por eso, ¿hoy a quién le interesa la Asamblea Constituyente en los pasillos de La Moneda o el Congreso?

A muy pocos seguramente, porque acaban de entender que esta institucionalidad los ampara de sus excesos, excluyendo sistemáticamente a la ciudadanía.

Sin embargo, todo silencio tiene su momento de fin. Sucedió con los crímenes de la dictadura, con los escándalos del pasado reciente.

Y probablemente ocurrirá nuevamente, como sucedió con Pinochet, si finalmente las autoridades estadounidenses inician una investigación sobre las malas prácticas políticas de las empresas chilenas que cotizan en la bolsa de Nueva York, entre ellas Soquimich y el Banco de Chile.

Pero lo importante y necesario sería que esa verdad saliera a flote -con todas sus miserias- porque la presión ciudadana lo obliga.

Es cierto, ellos defraudaron al fisco, hicieron cohecho o cometieron tráfico de influencias, pero nosotros dejamos que nos robaran nuestros derechos individuales y sociales, durante décadas. bandonamos las ganas de soñar, lo más preciado de una sociedad.

Permitimos que tomaran nuestro derecho a la salud y lo convirtieran en utilidades.Que discriminaran a nuestras madres, hermanas y parejas por el delito de parir, a los viejos por ser débiles. Los dejamos convertir nuestra vida en su negocio. Nuestras imposiciones en sus activos financieros.

Los dejamos segregarnos social y territorialmente. Convertir una nación que buscaba la justicia en un mercado de mal pagados.

Cada uno de nuestros derechos fue transformado en un negocio global. Todos los recursos naturales convertidos en negocios familiares. La Pesca, la energía, las semillas. Todo Chile fue devenido en una gran Santa María de Iquique, avasallada

Todos fuimos Penta, aunque algunos más que otros. Todos fuimos Penta.

Pero esto ya no resiste más. No podemos legarle esta inmundicia a nuestros hijos y nietos.

Ya no es posible tolerar que la mitad de los trabajadores gane menos de 270.000 pesos. Que se necesite el salario de 10.000 de ellos para igualar el fraude tributario de Penta. Una monstruosidad.

Ya no es posible tolerar que aún 1.800 liceos públicos carezcan de agua caliente, que aún 70 escuelas tengan letrinas en vez de baños.

Llegó el tiempo de reaccionar, de ponerse de pie. Simplemente de recuperar el alma de Chile, la ética de Víctor, de Clotario. No dejemos que nos sigan robando más.

Hay que acabar con la dictadura del dinero, hay que agruparse, caminar, desbancarlos, construir un Chile digno, dialogante, inclusivo. Hay que construir un Chile nuestro, que nos enorgullezca.

No basta siquiera una Asamblea Constituyente. Hay que soñar de nuevo el país entero, hay que caminar juntos y desbancarlos. Podemos.

La agonía política de la UDI, expresada en corrupción e incapacidad para defender el modelo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, es un factor adicional en ese cuadro, cuyo mayor desafío estará entre 2015 y 2017.

En el segundo semestre de este año, el gobierno debiere introducir política e institucionalmente el debate por un nuevo pacto constitucional, a exactos 90 años de forjada la Constitución de 1925.

Hasta ahora la gran duda es qué voz tendrán los ciudadanos en definir la Constitución que probablemente los regirá por los próximos 40 años.

Por una parte, es de enorme importancia histórica la decisión de avanzar hacia una nueva constitución, pero por otro es lamentable que ese debate deba darse con un parlamento surgido de un sistemal binominal, moral y legalmente desechado. De un Congreso, donde algunos de sus miembros incluso enfrentan juicios por defraudación fiscal.

¿De qué sirve una nueva constitución si ella se negocia en una cocina con parlamentarios que han recibido fondos irregulares de empresas?

Justamente, lo que está en entredicho hoy es el pacto social, es decir si educación, salud o vivienda son derechos sociales o bienes de consumo, por decirlo simplificadamente. También el papel del Estado, por cierto.

El primer paso hacia una nueva constitución es su propia validación democrática. Es decir, la Constitución de 2015 no puede nacer ilegítima como ocurrió con la de 1980, aprobada cuando ni siquiera existían registros electorales.

En esa perspectiva, la presidenta Michelle Bachelet debiere convocar a un plebiscito, para  que los ciudadanos podamos definir si queremos o no que la nueva constitucipon emerja de un proceso constituyente o de las negociaciones entre Walker, Von Baer y Moreira, en la cocina de Zaldívar.

¿Qué puede ser más esencialmente democrático que impulsar un plebiscito para concordar como sociedad como queremos discutir la nueva constitución?

Es que finalmente edificar hoy democráticamente una nueva Constitución y las elecciones legislativas de 2017, las primeras con un sistema proporcional en democracia, pueden abrir un camino a otro Chile.

En definitiva, hoy hay mucho en juego.

¿Cómo fue posible este abandono en un país que dice aspirar al desarrollo y que tiene un ingreso per capita de 21.000 dólares?

Esencialmente, porque la municipalización jamás fue un proyecto educativo, si no el simple mecanismo por el cual el Estado se desprendió del gasto directo en educación hacia los sectores pobres y de clase media, unos tres millones de estudiantes.

Miles de archivos secretos de la dictadura militar chilena, que fueron encontrados en 2013, demuestran de hecho que desde un inicio la educación municipal presentó graves déficits financieros, de infraestructura y docencia.

Los militares, pese a estos informes secretos, siguieron adelante con los traspasos de liceos públicos a municipios y sostenedores a “precios módicos” que además dañaron patrimonialmente al Estado, como revelan los oficios secretos del régimen.

En democracia, las elites gobernantes mantuvieron el esquema y el resultado fue el deterioro progresivo de la formación de los estudiantes y de la educación pública en general. Hoy apenas un tercio de la educación es entregada por los municipios. El resto, los privados, el lucro.

En 2011, tras décadas de precariedad y mercantilización en educación, cientos de miles de chilenos salieron a las calles y marcaron un nuevo rumbo a la extensa y aletargada transición chilena.

Entre ellos, una treintena de escolares mantuvieron por semanas una inédita huelga de hambre, en demanda de educación pública, gratuita y de calidad. Gloria Leiva, estudiante de un liceo de Buin sin agua caliente, estuvo 40 días sin comer, en uno de los gestos más dramáticos de esos días.

El gobierno de Michelle Bachelet, en medio del debate por la reforma educacional, anunció que invertirá 64.000 millones de pesos en infraestructura, para resolver los graves déficits que afectan a los 5.300 liceos municipales del país.

Sin embargo, el problema no es sólo la infraestructura, si no cómo la educación es un espacio de integración, convivencia ciudadana y democrática que forme a nuestros futuros ciudadanos.

Sin embargo, en un país de ghettos, con colegios para ricos, gente de clase media y ciudadanos pobres, el sueño de la educación inclusiva aún tiene demasiado camino por recorrer, con muchos interesados aún en defender sus negocios y corporaciones, a 35 años de iniciado uno de los mayores negocios de la historia de Chile.

Un negocio que precarizó la educación de millones de chilenos por décadas y que hoy en pleno siglo XXI mantiene a casi dos mil colegios sin siquiera agua caliente, según cifras oficiales.

Hay boletas supuestamente falsas, descuentos impositivos aparentemente irregulares y una relación entre dinero y política que colinda con el cohecho, a través de los pagos efectuados al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, destacado funcionario en el gobierno de Sebastián Piñera.

Lo más grave sin embargo no está en este polémico caso, si no en los hechos y actos que la Justicia y otras autoridades estatales han decidido callar u omitir, al menos hasta ahora.

Los millones de pesos entregados por Penta a campañas políticas son sólo el inicio de una relación mucho más incestuosa. De hecho, este año el banco Corpbanca reconoció que traspasó mil millones de pesos a campañas políticas en Chile, en un informe que debió entregar a la Securities Exchange Commision (SEC), el organismo que supervigila el mercado bursátil en Estados Unidos.

Investigaciones periodísticas no desmetidas hasta hoy agregaron que las donaciones políticas de Corpbanca ascendían a un promedio de 700 millones de pesos anuales. Es decir, los traspasos no sólo ocurrieron en períodos electorales.

Las preguntas son obvias e inminentes. ¿A cuánto ascienden las “donaciones” de empresas a políticos, tanto en períodos electorales como no electorales? ¿Quiénes son los principales beneficiados? ¿Constituye esta danza de decenas de millones de dólares un eventual cohecho?

También hay muchas preguntas sobre nuestra institucionalidad. Por ejemplo, ¿por qué la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o la Superintendencia de Valores y Seguros no han abierto una investigación? ¿Han pedido informes sobre estos hechos a la SEC?¿Pedirán informes similares a los demás bancos o grandes empresas de Chile?

Además, ¿por qué el Servicio de Impuestos Internos o la Fiscalía no inician todavía una investigación si los antecedentes están en la prensa desde junio?

Los chilenos merecemos que nuestras leyes sean discutidas y aprobadas sin la triste sombra de la corrupción o el cohecho. Es hora que las instituciones funcionen.

También que impere la más mínima decencia.

Es cierto que es de una enorme gravedad que el uno por ciento más rico de la población acapare el 31 por ciento del ingreso nacional, pero mucho más inquietante es que como sociedad estemos construyendo un país de ghettos.

El lenguaje, la educación, los lugares de residencia o los códigos éticos varían hondamente hoy al interior de nuestra sociedad, según alguien nazca en un hogar pobre, de clase media o acomodado. Sabemos donde nació alguien con mirarlo o verlo, así de segregados estamos

En definitiva, somos un país fracturado, incapaz de dialogar con sus diferencias.

Es decir, con nuestra desigualdad estamos construyendo profundas diferencias sociales, quiebres impredecibles en nuestra propia identidad.

El mayor problema es que estas desigualdades no son sólo económicas o sociales. No es un problema de dinero,  bien o mal distribuido.Estas desigualdades -o segregaciones- tienen cuatro grandes pilares, mucho más profundos.

Uno es la desigualdad en el ejercicio de la política, expresada por una parte en un sistema binominal que excluye la representación de la diversidad y, por otra, en la marginación de los ciudadanos, en especial de provincias, de la elección de sus propias autoridades regionales.Somos el único país sudamericano con esa herida democrática.

Otra de esas desigualdades políticas es la forma autoritaria en que hemos construido nuestro diálogo con las naciones y pueblos originarios. Incapaces nuevamente de construir en el respeto y la diversidad tolerante.

A estas segregaciones políticas se unen por cierto las desigualdades sociales, expresadas en que los chilenos simplemente no ejercemos idénticos derechos. Millones de compatriotas lo padecen cada vez que llevan a sus hijos al liceo, acuden a los sistemas públicos de salud o simplementen viajan en transporte público.

Además, tristemente, transformamos estas desigualdades políticas y sociales en segregación urbana, uno de los procesos más graves de esta segregación global.

De hecho, los últimos 30 años las ciudades enfrentaron un proceso de reordenamiento que derivó en la virtual expulsión de los pobres a las periferias, ahondando físicamente nuestras distancias como sociedad.

Una última desigualdad finalmente se expresa en la falta de diversidad en los medios de comunicación, donde escasean voces regionales y/o representativas de todas nuestras culturas, de todas nuestras lenguas. ¿Por qué no tener diarios en quechua o rapa nui?

Necesitamos enfrentar estas segregaciones o construirenos un país al borde de su propio abismo, enfrentado a su propia fractura social y cultural. Al borde siempre del estallido social.

Nuestra democracia debe construirse sobre un esfuerzo global por la igualdad de derechos, no basta con una reforma tributaria.

Es un desafío enorme, pero cada vez más impostergable.

Quienes ejecutaron estas operaciones mostraron capacidad para burlar controles de seguridad en dos de las áreas más vigiladas del país, en centros simbólicos de poder político y económico en cualquier nación.

Actuaron sin dejar rastros ni heridos, llevándose miles de millones de pesos, para fines que desconocemos.

Su fortaleza y profesionalismo operativo es tal que nada hubiera impedido que secuestraran a una autoridad de gobierno, un empresario o cualquier otro ciudadano.

De hecho, ¿cómo escapó la banda que asaltó el camión blindado que estaba a metros de La Moneda en un área de alta congestión vehicular?

Es un golpe grave para el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, responsable de la seguridad interna, quien fungía de vicepresidente al momento del asalto.

En ese marco, no deja de ser irónico que las fuerzas especiales de Carabineros estuvieron desplegadas reprimiendo una legítima protesta de trabajadores bancarios frente al ministerio del Trabajo, cuando este robo era ejecutado literalmente a sus espaldas.

Lo más llamativo de estos asaltos no es su pulcritud operativa, sino su abierta provocación política.

Una banda criminal común probablemente hubiera descartado robar en el aeropuerto y los alrededores de La Moneda, por sus complicaciones operativas. Estos hombres, en cambio, optaron justamente por ese desafío, poniendo el tema de la seguridad en el centro de la discusión política.

Y quizá, como reafirmando que su preocupación no sólo es el dinero, en su huida abandonaron 200 millones de pesos en una maestranza de Conchalí, hasta donde llegaron con el camión blindado secuestrado en el centro cívico.

Todo esto constituye un reto descarado a la seguridad y a sus reponsables políticos y policiales.

Claramente, estos “ladrones” conocen el detalle de la seguridad que rodea a La Moneda y a las empresas de valores. También las formas de actuar de las policías y los equipos de seguridad.Inquietante, sus fines no parecen ser el simple robo.

Ojalá estemos todos equivocados.

En Chile, aunque no hay fallecidos, decenas de periodistas, fotógrafos y comunicadores fueron agredidos por policías y manifestantes desde el estallido social de 2011.

Los generales de Carabineros, pese a recibir los antecedentes de parte de los gremios de la prensa, jamás iniciaron una investigación interna.Jamás evacuaron un informe a los afectados o la sociedad.

América latina, con 170 millones de pobres y una larga lista de tensiones sociales, es escenario de tantos homicidios de periodistas como los países en guerra, pese a que en la región no hay conflictos bélicos.

Estas muertes ocurrieron principalmente en Brasil, Colombia, Honduras y México, países democráticos.

Políticos corruptos, narcotraficantes, paramilitares, pandillas, uniformados y empresarios están detrás de los crímenes, como indican los informes de Reporteros Sin Fronteras.

Cada asesinato de un periodista es en definitiva un intento burdo por lograr su silencio.

Pero América latina necesita todas sus voces.

Voces que expresen su diversidad, sus dramas sociales, sus distancias al desarrollo, sus falencias democráticas, sus excluyentes sistemas políticos.

Vivimos en un continente con 38 millones de analfabetos, 50 millones de personas en hambre y 80 millones de menores en pobreza.En Chile, pese a todo su desarrollo, hay cinco millones de personas que no terminaron el colegio, según cifras oficiales.

Defender el ejercicio seguro del periodismo es defender la democracia. Promover los derechos de la comunicación es promover la igualdad y la libertad.

En esa perspectiva, es importante que el actual gobierno impulse medidas y leyes para evitar las agresiones policiales a la prensa, las que hoy tristemente siguen siendo investigadas por la justicia militar. Los tribunales civiles son incompetentes, por desgracia.

También es fundamental que sean impulsadas políticas a favor de los derechos de la comunicación, de lo contrario no habremos entendido el trasfondo de las agresiones a los periodistas.

Algunas de estas políticas son tan simples y posibles como la promoción de medios comunitarios, el desarrollo de medios en lenguas nativas y la creación de una televisión pública gratuita y de calidad. Todo ello es posible y financiable.

La desigualdad en Chile, donde la mitad de los trabajadores gana menos de 264.000 pesos, se asentó en exclusiones políticas, concentraciones económicas y monopolios mediales.

Pero como país necesitamos una sociedad política y socialmente inclusiva, con modelos de desarrollo equilibrados y voces plurales en el espacio público.

Defender el periodismo seguro y promover sobre todo los derechos de la comunicación es parte esencial de ello en nuestro país y América Latina.

La designación de la independiente Valentina Quiroga como subsecretaria de Educación, en reemplazo de la cuestionada demócrata cristiana Claudia Peirano, fue un traspiés innecesario que debilitó su imagen, pero que sobre todo evidenció la crisis de confianza que atravesará al poder y la sociedad los próximos años.

Bachelet, enfrentada al desafío de impulsar un amplio programa de reformas que ayude a reconstruir la credibilidad en el sistema político, optó por conformar un equipo de gobierno en cuyos puestos claves puso a personas de su círculo cercano.

Es decir, prefirió gente de su confianza antes que políticos con experiencia que pudieran no serle leales totalmente.

En esa lógica, instaló a su histórico jefe de gabinete, el militante PPD Rodrigo Peñailillo, como su futuro ministro del Interior. En su primer mandato optó en cambio por figuras como Andrés Zaldívar y Edmundo Pérez Yoma, hoy impensables.

Sin embargo, el equipo íntimo de la presidenta electa evidenció sus falencias en rodaje político los últimos días y la expuso a una crisis de confianza con el movimiento estudiantil y sus electores. La misma confianza que ella reclama para los suyos.

¿Cómo propusieron a la futura mandataria nombrar a Claudia Peirano como subsecretaria de Educación? ¿Cómo nadie advirtió los riesgos y la sacó de la lista de nominables?

Mientras Bachelet estaba en Nueva York, Peirano firmaba cartas contra la gratuidad en la educación, demanda que en esos mismos días era apoyada por cientos de miles de chilenos en las calles. Su nominación era muy violenta, ingrata.

Este error sólo es comparable al día en que Piñera calificó la educación como un bien de consumo. Ambos actos tienen la misma consecuencia: resquebrajar los débiles lazos de confianza de la clase política con el movimiento estudiantil.

Los estudiantes, y sus familias, piden a Bachelet lo mismo que ella exige a sus colaboradores: confianza y lealtad, sin lunas de miel ni tiempos de prueba. Los hechos de 2006 aún están frescos en la memoria.

Por ahora, la mandataria electa restituyó en parte la confianza con el movimiento social y sus electores.

Sin embargo, están aún en desarrollo investigaciones periodísticas contra los subsecretarios de Bienes Nacionales, Minería y Agricultura, además del propio ministro de Bienes Nacionales. Cada uno de esos cuestionamientos socavará innecesariamente el poder de la presidenta, factor clave para sortear las protestas ya anunciadas para 2014.

Pero al final del día no hay que olvidar que el fondo de todos estos movimientos debiera ser construir una sociedad de derechos, inclusiva y justa en lo social, político y cultural.

Por ahora estamos muy lejos. No olvidemos que la mitad de los trabajadores chilenos percibe menos de 252.000 pesos mensuales.

No olvidemos que cinco millones de adultos no terminaron el colegio.

No olvidemos que la ciudad más rica de Chile, Antofagasta, tiene un hospital público que funciona sin permiso sanitario ni agua caliente.

¿En cuántos países de la OCDE existe la segregación espacial y cultural que padecemos?

Construir las bases para un cambio demandará de mucho diálogo, acción y sobre todo confianza. No hay espacio para errores no forzados.