En concreto, se criticó directamente la resolución de un juez de garantía que dejó en libertad a un individuo que habría lanzado una bomba incendiaria a un uniformado.

La pregunta que surge de inmediato a cualquier persona con un mínimo de educación cívica, es si entenderán el Presidente o el ministro las implicancias de sus declaraciones.

¿Se trata de una declaración de indignación populista, o existirá una crítica real a la actuación del Poder Judicial?

¿Habrá surgido en el pensamiento del ministro de Justicia, mientras pronunciaba aquellas palabras, el artículo 76 de la Constitución?

Si el sistema de división de funciones de nuestra institucionalidad fuese perfecto, no habría que preocuparse de los exabruptos.

La actitud del gobierno podría ser interpretada como una manera –algo especial- de aumentar su popularidad entre los ciudadanos amantes de la ley y el orden.

Pero la advertencia se produce ad portas de la discusión del presupuesto de la Nación, que contempla un importante ítem para quienes salieron al ruedo en esta oportunidad.

La reacción del Ministro Dolmestch fue, comprensiblemente, más conciliadora de lo que quizás debiese haber sido.

Donde existe intervención directa del Ejecutivo en la judicatura, deja de existir la democracia y comienza la dictadura constitucional.

Y no se trata de una mera crítica política o de una visión opositora al gobierno. Es simplemente un concepto que describió Montesquieu hace 260 años.

Un concepto -ya abandonado por pintoresco- que intenta ser descriptivo de las profundas facultades que posee el Presidente de la República en nuestro ordenamiento se asoma como misteriosa y peligrosamente vigente.

El “Cesarismo presidencial” de nuestra Constitución encuentra en esta intervención del Ejecutivo una nueva característica que lo acerca aún más a su origen: Aut Caesar Aut Nihil.

Un imperialismo coronado por la intervención del ministerio del Interior, quien parafraseando al líder de un conocido Imperio Galáctico ficticio, señaló que o se está con el orden público, o contra él.

Difícil escuchar algo más atemorizante por estos días.

La misma expresión, relativa a una victimización ficticia o exagerada de un grupo político, fue utilizada textualmente durante la dictadura militar para prohibir la exhibición de películas como “Saló o las 120 jornadas de Sodoma”, de Pasolini. Y una vez más, un concepto que puede ser entendible en un contexto de dictadura, es incomprensible en democracia.

En primer lugar, porque incluso el Presidente de la República, que hasta antes de asumir la primera magistratura militaba en la misma tienda de Carlos Larraín, ha reconocido en numerosas ocasiones que en la dictadura hubo víctimas. De hecho, el negacionismo frente a las violaciones a los Derechos Humanos en Chile estaba extinto desde hacía varios lustros.

Si lo que quiso decir Larraín es que el contexto de Guerra Fría de los ’70 y los errores políticos que se cometieron por parte de la Unidad Popular hacen cuestionable una calidad de “víctima”, tal vez haya que devolverlo a la Escuela de Derecho.

Y en segundo lugar, porque referirse a “la izquierda” como un todo orgánico, independiente de las personas que pueden conformar un concepto tan abstracto (o simpatizar con él), contradice por completo los fundamentos políticos de “la derecha”, que proclama la supremacía absoluta del individuo por sobre los colectivos o grupos.

En este sentido, la víctima no es, ni será nunca “la izquierda”, sino Víctor Jara, José Tohá, Osvaldo Puccio, Alberto Bachelet, Fernando Olivares Mori, o cualquiera de los personajes que aparecerán en dicha serie.

Y buscar una etiqueta para ocultar el rostro humano de la tragedia fratricida que trajo la dictadura militar, es más que una expresión desafortunada. Es de una falta de humanidad temible.

“Qué interesante –remató Larraín- habría sido una teleserie de lo que habría ocurrido si los admiradores de Lenin, Stalin y Fidel Castro se hubieran afirmado en el poder”. En este punto, debo coincidir con él. Sería un ejercicio fenomenal imaginar y representar una ucronía como esa.

Posiblemente tan interesante como recrear un siglo XXI dominado por la Alemania Nazi o una Sudamérica colonizada por ingleses frente a una Norteamérica colonizada por españoles y portugueses.

Hidroaysén, matrimonio igualitario y educación pública, han sido caballos de una batalla que no ha pasado desapercibida, incluso en medios extranjeros.

Y el auge de las redes sociales, que han sido casi responsabilizadas de este movimiento ciudadano, no explican de manera alguna el fenómeno.

Explicaciones sociológicas hay para todos los gustos. Pero hay una en particular que parece hecha a la medida de la realidad nacional.

Habermas ha planteado en diversos escritos que la desobediencia civil tiene como origen la falta de correspondencia entre el poder comunicativo y el poder político (del cual a su vez nace la institucionalidad jurídica).

Si el poder político viene del pueblo -como es casi universalmente reconocido desde fines del siglo XVIII-, dicho poder debe articularse en términos de discurso -de opinión pública-, de manera que todos los ciudadanos-destinatarios del poder sean ciudadanos-legitimadores del poder.

En el fondo, lo que tienen en común el rechazo a Hidroaysén, la reivindicación por un matrimonio igualitario y la demanda por una mejora en la educación es precisamente el hecho de que el poder de decisión respecto de ellos se encuentra en un compartimento estanco del sistema político. El ciudadano común, que a estas alturas sólo se limita a votar en las elecciones periódicas, está excluido por completo del proceso argumentativo involucrado en aspectos que son esenciales en la vida de las personas.

En el visto bueno para Hidroaysén el poder está radicado en autoridades sin legitimidad democrática.

El sistema educacional que existe en la actualidad fue ideado durante la dictadura, cuando ni siquiera quienes hoy apoyan el modelo podían plantear sus puntos de vista.

Y el matrimonio igualitario, incluso en el hipotético caso de obtener aprobación legislativa, con seguridad no pasaría la barrera contra mayoritaria de la justicia constitucional (un poder que se ha convertido casi en un defensor de la ilegitimidad en términos de discurso).

Esta exclusión genera frustración, y la frustración lleva a las manifestaciones que hemos presenciado en las últimas semanas. Y el gobierno parece no percatarse de ello, a juzgar por su respuesta a los distintos conflictos.

Tal como la ciudadanía “redsocializada”, cuenta con herramientas sin precedentes para lograr una progresiva canalización del poder comunicativo informal. Pero desaprovecha la oportunidad utilizando las herramientas en su exclusivo beneficio.

Es decir, no articula discurso, sino que hace propaganda. Y curiosamente Habermas también tiene algo que decir al respecto. Pero probablemente en el gobierno sólo lean a Ratzinger.

En una de sus entrevistas, el cineasta Michael Moore le pregunta al productor de un programa sensacionalista de TV por qué éstos se centran siempre en la delincuencia tradicional y jamás realizan shows sobre los delincuentes de cuello blanco. El productor, con total honestidad, le contesta que los delincuentes de cuello blanco son aburridos, porque al ser apresados jamás se enfrentan a la policía, sino que son prácticamente escoltados por ésta desde su despacho, como si se tratara del alcalde de la ciudad.

Hay que reconocer que aquello, que puede indignar a algunos norteamericanos, es mucho más de lo que nos podemos permitir en Chile. Aquí ese gerente ficticio que ha cometido un delito económico ni siquiera será escoltado: su responsabilidad penal se diluirá en un limbo político-criminal que nadie conoce muy bien.

El reciente caso de las farmacias (¿hay alguien que lo recuerde aún?) es la mejor prueba de ello. Y si bien es necesario esperar los resultados de la investigación a La Polar, y el eventual proceso consecuente, el manto de sospecha está ahí, cubriéndolo todo.

Y el manto de sospecha está porque nuestra jurisprudencia no conoce casos de delincuentes de cuello blanco condenados y rematados.

Los pocos empresarios de alto nivel que han cumplido condena han sido reos por delitos de sangre (caso Spiniak) o han sido verdaderos chivos expiatorios asumiendo responsabilidades gerenciales por retribuciones que nunca hemos llegado a conocer del todo (caso Dávila). De fraudes bursátiles, información privilegiada y colusiones está llena nuestra historia empresarial, pero ningún agente ha sufrido consecuencia institucional alguna, las cuales por cierto sí existen en nuestra legislación. El problema no es de leyes, sino de enforcement.

En la última caída de Wall Street, los analistas más críticos hablaban de un “capitalismo de casino”, para referirse a los juegos de especulación de los brokers en la bolsa norteamericana.

Esta maravillosa metáfora no es aplicable a la realidad nacional, porque aquí lo que tenemos es un verdadero capitalismo de llorones: el que gana se queda, el que pierde se queja, y el que hace trampa y es acusado se va para la casa con la pelota. Y por extraño que nos parezca, muchos capitalistas de casino se encuentran cumpliendo condena por sus actividades (en prisiones, hay que decirlo, bastante más dignas que la mejor de las nuestras).

En un sistema económico cuyo desiderátum es la libertad económica y la confianza en el mercado, se requiere contar con herramientas eficientes de reacción sistémica frente a fraudes bursátiles, delitos contra la libre competencia y delitos contra la fe pública en general.

Mientras continúe este capitalismo de llorones, que hace vista gorda a esta delincuencia de cuello blanco, seguiremos viviendo en una “Copper Republic”.

Para sus partidarios más duros -esos que arriscaron la nariz cuando vieron una pareja gay en la franja electoral- cualquier reconocimiento jurídico a dichas parejas contra natura es un error y, más aún, una provocación a lo que se ha reconocido tradicionalmente como el núcleo duro de la moral conservadora. Y para la reivindicación homosexual más radical, cualquier instrumento que diferencie el estatus de una pareja heterosexual de la de una homosexual es un déficit en el reconocimiento de su igual dignidad.

Haciendo eco de una conocida frase atribuida a diversos personajes, el Presidente ha decidido ejecutar el arte de lo posible.

Según esta aplicación del arte, ni matrimonio homosexual, ni desregulación serían posibles en el actual orden de cosas. La solución sería promover un proyecto de “unión civil” que deje contentos a moros y cristianos. El problema es precisamente que no deja contentos ni a moros, ni a cristianos.

Y es que el proyecto de unión civil, cuyo texto aún se desconoce, que el Presidente ha prometido enviar en las próximas “semanas o meses” al Congreso -pese a existir ya un proyecto parlamentario al respecto-, si bien parece una buena y necesaria iniciativa para regular aspectos jurídicos y económicos de parejas no matrimoniales, le hace una rabona al problema central. No es necesario ser un adivino para prever que dicha regulación se asemejará más a una sociedad de personas -como las que ya existen en el ordenamiento jurídico- que a un reconocimiento de las relaciones humanas y vínculos afectivos que existen en una pareja del mismo sexo.

Porque no es casualidad que el proyecto regule la unión civil de parejas no matrimoniales, siendo indiferente su condición sexual.

El objetivo del proyecto, a la luz de las declaraciones que lo han rodeado desde el 21 de mayo, es simplemente otorgar certeza jurídica a relaciones de hecho cada vez más comunes en nuestra sociedad. Pero del reconocimiento de la dignidad e igualdad de los homosexuales, al parecer no tendremos nada en un futuro cercano (el mismo Luis Larraín se refirió en twitter al nuevo proyecto como “sucedáneo light”. ¿Estará especulando o tendrá alguna información de buena fuente?).

Y probablemente no tendremos nada debido a la falta de compromiso de la coalición gobernante con el respeto a la diversidad y a la libertad de las personas. Hace algunos días dos senadores de la UDI presentaron un proyecto de reforma constitucional que pretendía establecer a nivel supra legal una barrera al legislador, haciendo inviable cualquier discusión futura sobre el matrimonio homosexual. Dejando de lado la torpeza política de la maniobra –un proyecto tal jamás hubiese sido aprobado- llama la atención que la clase gobernante continúe intentando imponer criterios decimonónicos en la sociedad actual. Una norma como la propuesta no ha existido en toda la historia constitucional de Chile.

Por otra parte, el mismísimo Presidente señaló hace poco que el matrimonio “debe ser” entre un hombre y una mujer. Señalar que algo “debe ser” -una prescripción ética- es propio de una autoridad moral como un sacerdote, pero es inaceptable por parte de la primera magistratura. Si a eso le sumamos las alusiones divinas del Presidente, tal vez sería conveniente que alguien le recordara que, mal que le pese, vivimos en un Estado laico hace casi un siglo.

En definitiva, la tan mentada “unión civil” no pasa de ser un eufemismo a través del cual el Presidente y su coalición evitan mirar de frente al país y su diversidad, llevando a la sociedad actual el séptimo mandamiento de la granja de Orwell. Somos todos iguales, pero algunos más iguales que otros: los que podemos contraer matrimonio.

Para el resto, “unión civil”.

Consideremos simplemente que nuestro Código de Procedimiento Civil lleva más de 100 años vigente, y que al día de hoy nuestro Código Penal todavía contiene una norma dirigida a los flebotomianos. Usted puede encontrar un abogado de 25 años de edad que hable de “fojas” en vez de “hojas” con la mayor naturalidad del mundo.

Y si se trata de regular la propia actividad, el caso no es muy distinto. El Código de Ética profesional del abogado -cuya existencia y eficacia evocará más de alguna sonrisa o chiste- vigente hasta esta semana databa de la década del ’40, cuando se destacaba en el foro un célebre jurista de cuyos libros estudiamos todos los abogados actualmente vivos. Es evidente, pues, que la actividad profesional ha tenido ligeros cambios desde aquella época.

Haciéndose responsable de este desfase, el actual Consejo Directivo del Colegio de Abogados se impuso como tarea evacuar un nuevo Código de Ética profesional acorde con los tiempos. Alguien podrá decir que la Ética (con mayúscula) es una sola desde Aristóteles, y tendría razón. Pero las aplicaciones prácticas son tan variopintas que no está de más un recordatorio detallado de ciertos principios que algún día juramos defender. Y el resultado, obra de destacados abogados y profesores, y que ha visto la luz este 12 de mayo, es notable.

El mayor hincapié del nuevo código se encuentra en las incompatibilidades en el ejercicio profesional y los conflictos de intereses que se presentan a propósito de las distintas calidades que puede tener un asesor jurídico.

En esta línea, en virtud de la flamante regulación es incompatible el cargo de parlamentario con el ejercicio libre de la profesión, y es contrario a la ética profesional el que existan dos abogados en un mismo bufete que defiendan a partes contrarias en un juicio, sin estar expresamente autorizados por sus clientes (norma inspirada en una de las reglas de la American Bar Association, relativa a un conflicto bastante común).

También se regula la relación del abogado con la sociedad anónima de la cual es director, un conflicto que hasta ahora se encontraba en el limbo de las buenas intenciones de cada involucrado.

Por otra parte, el nuevo código contiene una regla opuesta a la de su antecesor en lo que respecta a la publicidad de los servicios legales.

El anterior contenía una prohibición prácticamente absoluta del “marketing” profesional, fundada inconfesablemente en una concepción aristocrática –algo ramplona- de la abogacía (“Último de rasca un comercial de abogados en la tele”, diría un abogado de la vieja guardia).

Pero nos guste o no, los servicios legales también forman parte de un mercado: oferentes, demandantes, y un punto de encuentro entre ambos. Y uno de los presupuestos del buen funcionamiento del mercado es la existencia de información fidedigna y completa que elimine o disminuya la asimetría.

En resumidas cuentas, si aumenta la oferta y hay mayor información, más personas tendrán un mejor acceso a la justicia. Si bien la aplicación práctica de esta nueva regla es un misterio, sería una verdadera genialidad jurídica el que una norma ética modificara el comportamiento de los agentes al interior de un mercado.

¿Hay algo negativo en esta gran noticia para la profesión?

Pues sí. Que solo el 40% de los abogados forman parte del Colegio, sometiéndose a su disciplina. Aún está por verse si la pertinencia y sabiduría de las normas del nuevo Código llevan a los tribunales a adoptarlas como un estándar general del ejercicio profesional. Esperemos que la fuerza de los argumentos de los creadores del nuevo código evoque en nuestros tribunales el poder argumentativo de los jurisconsultos romanos.