Esta situación es clave y hasta el momento había pasado relativamente desapercibida por la población general. Los conflictos por el agua han estado ahí, latentes, detrás de casi cada conflicto medio ambiental que hemos tenido en la última década por lo menos –si no antes, me corregirán los expertos. La propiedad, el uso y la disponibilidad del agua son hoy asuntos tan locales como nacionales, tanto sociales como económicos.

Y es que el agua requiere que como sociedad asumamos un equilibrio justo que estamos aún lejos de lograr pero que a esta altura todos comenzamos a evidenciar; la inversión productiva, base del desarrollo, requiere consumir agua, pero ello debe conciliarse de forma armoniosa con la capacidad de las comunidades para también desarrollarse de modo sustentable.

El caso de Freirina sirve de ejemplo: en zona de escasez se consumía más agua para la planta de cerdos de Agrosuper, que para la población.Este ejemplo es clave para entender lo que está en juego. En muchos lugares el uso del agua para procesos productivos (mineros, energéticos, ganaderos, agrícolas, industriales, forestales) antecede la necesidad de quienes viven en los alrededores. Derechamente se contrapone con su futuro, expectativas y esperanzas.

Estas situaciones desafían en muchos casos el sentido común con una absurda oposición entre crecimiento y calidad de vida. Se trata de comunidades pequeñas, lejos de los polos urbanos en su mayoría, que han visto cómo la riqueza de esos emprendimientos no se traduce en mejorías en su propia vida, y por el contrario, son los costos –en escasez hídrica, contaminación, y precio de la vida- los que se transfieren de forma más directa.

Así, quienes se supone debían beneficiarse primero como resultado de la inversión para dejar de ser pobres, deben hoy sortear nuevos inconvenientes para superar las “brechas de equidad” que ya les plantea el aislamiento y la concentración de oportunidades en los núcleos ricos de las grandes urbes. Ninguna gracia.

El Planeta tuvo a bien resguardar parte de las aguas en forma de hielo en las montañas. Todo escolar sabe que los glaciares son “reservas de agua” y que sin importar su tamaño tienen un valor gigantesco para la preservación de la vida, simplemente porque llevan allí miles de años alimentando cuencas y ecosistemas.Por ello el “problema del agua” no se remite únicamente al agua que corre, también al agua que se congela y se descongela en los glaciares.

Hoy el problema está a la vuelta de la esquina. El asunto es que son varios los proyectos mineros que en su desarrollo están afectando o van a afectar zonas glaciares. El más reciente –e importante, sin duda- es la intención de expandir “Codelco Andina” en la zona centro del país, cerca de Santiago. El proyecto ya ha generado la pérdida de 22 millones de metros cúbicos, según un informe de Chile Sustentable. Por lo que la idea de su expansión que se encuentra buscando su aprobación ambiental será clave para los recursos hídricos de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Al día de hoy –lo sabemos bien por casos previos como el de Barrick Gold- la fiscalización y los marcos normativos no permiten el correcto resguardo de glaciares.

Multas insignificantes no imponen sanciones ejemplares, y favorecen la mediocridad en el cuidado de los recursos naturales que permiten la vida de todos. Hoy nos estamos conformando con menos que el mínimo en este tema. El mismo proyecto Pascua Lama –ha dicho el propio Superintendente de Medio Ambiente- podría ver revocados sus permisos ambientales debido a los reiterados incumplimientos y faltas en la zona.

Así las cosas ¿Se constituirá un movimiento social por la recuperación y defensa del agua? Ahora que el proyecto de ampliación de Codelco Andina amenaza de forma sustantiva diversos aspectos de la seguridad hídrica de la zona central –que concentra buena parte de la población- habrá evidentes razones para que el tema cuente con más y más importancia. Especialmente porque esta vez será directamente la minería del cobre, la que sostiene, la que sustenta esa amenaza.Pero sobre todo pues la historia nos dice –Pascua Lama mediante- que los glaciares están en evidente riesgo. Y esa es una amenaza inaceptable.

Una correcta administración de los recursos hídricos, que compatibilice desarrollo con calidad de vida para todos, es hoy una urgencia nacional. El conflicto llegó a nuestras puertas, y el destino de las reservas que el planeta tiene para nosotros está en juego.

El agua está aquí para quedarse y obligarnos a decidir qué tipo de futuro queremos construir. Esperemos que quienes gobiernan hayan aprendido de HidroAysén.Cuando un país entero habla, hay que escuchar.

El trámite de ratificación de la largamente anhelada Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP), institucionalidad que es la única herramienta para permitir su manejo sustentable y eventual recuperación en alta mar, sufrió un nuevo retraso debido a que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado dilató con una nueva reunión el traspaso de la votación a la sala del Senado.

Resulta  preocupante la actitud del senador Juan Pablo Letelier (PS), presidente de la Comisión, quién se esmeró sin razones suficientes en postergar para una nueva oportunidad el trámite de ratificación de la Convención.

En la sesión del martes, la Comisión debía revisar las posiciones de los diversos actores, entre ellos el principal responsable de la crisis del jurel: la industria pesquera. Este sector, durante las últimas semanas, ha orquestado una campaña y un lobby brutal para desacreditar una convención que ellos mismos impulsaron al principio, y que ahora, a través de la creación de cortinas de humo, tratan de retrasar todo lo que sea posible.

Al respecto, hay que decir que la ORP presenta grandes beneficios para Chile, puesto que le permiten conservar sus participaciones históricas de captura, pero esta vez con una capacidad de ordenar internacional y sustentablemente la explotación de los recursos.

De hecho, de los diez criterios para la asignación, ocho benefician directamente los intereses y necesidades de Chile, y especialmente de su industria.

Dicho esto, la importancia central de ratificar el convenio radica en que el jurel se encuentra al borde del colapso y podría recuperarse sólo si se regula a todos los actores, fijando capturas por los próximos 10 años en concordancia con los criterios científicos.

En este punto no hay que crear falsas disyuntivas: lo que garantiza la viabilidad del negocio no es la explotación a ciegas, porque  de la entrada en vigencia de la Convención dependen el jurel, los empleos asociados, el desarrollo de este sector del país y los ecosistemas marinos.

Actualmente los barcos pesqueros no están cumpliendo las medidas voluntarias, por lo que siguen depredando el jurel en aguas internacionales. Esto cambiaría si el Senado ratifica la ORP, puesto que en menos de tres meses la convención entraría en vigor, debido a que de los requisitos para que se concrete sólo falta que un miembro de este lado del Pacífico firme.

Entonces nos preguntamos, ¿qué  se gana  con seguir retrasando una Convención que mejorará la regulación de una especie que ya dejó de ser la más importante de Chile, debido a su sobre-explotación? Este retraso sólo sirve -ahora y no en el futuro- a los que seguirán incumpliendo las medidas voluntarias.

Ya no hay más tiempo que perder, Chile puede -y debe- ratificar la ORP, porque cada segundo que pasa es un segundo en que avanza el colapso para la especie, y con ello, para los empleos y este importante sector de la economía del país.

La confirmación provino de su compañero de partido, Patricio Melero, en este mismo medio quien señaló lo obvio: la forma en la que se logró el acuerdo entre los dirigentes de Aysén y el equipo político más cercano al presidente lo habían dejado fuera y esperando.

Esa gota que rebalsó el vaso, pues las “quitadas de piso” político aunque sutiles se venían repitiendo, nos costó un nuevo ministro como parte de los costos que el ejecutivo está dispuesto a ceder en caso de conflictos sociales. Álvarez se suma a la lista de Lavín y Bulnes y varias otras autoridades.

Su salida ocurre mientras dos debates se toman los medios para definir el futuro de la energía en Chile.

El primero tiene relación con las declaraciones cruzadas que se hicieran desde el Ministerio de Energía, específicamente por el subsecretario Del Campo, respecto de cómo la ilegalidad en los procedimientos que aprobaron la central Castilla (U$4.400 millones, la mayor termoeléctrica a carbón de América Latina) era un “obstáculo” para el desarrollo de inversiones.

Eso obviando por cierto los derechos legítimos de todo ciudadano de exigir que en Chile se respete la Ley, y especialmente en el actuar del poder ejecutivo. Recordemos que lo que “falló” en la aprobación de la central fue la calificación favorable que inexplicablemente le diera el entonces Seremi de Salud para agilizar las cosas.

Por cierto, la calificación ambiental se mantiene a pesar de la expresa solicitud de la Corte de removerla. El mensaje pareciera ser que a Castilla no se la toca.

Es en este estado de cosas que los inversionistas de la central han decidido escalar su demanda y junto al Consejo de Defensa del Estado han llevado el caso a la Corte Suprema, máximo exponente del poder judicial, que deberá pronunciarse al respecto.

El mismísimo ministro Longueira hace pocos días volvió a presionar sobre este tema señalando que la judicialización de proyectos energéticos pone en riesgo las inversiones y por lo tanto nuestro “modelo de desarrollo”. Por si usted no lo sabía nuestro “modelo de desarrollo”, al igual que el último siglo, sigue siendo favorecer a como de lugar toda inversión minera con una mínima regulación.

Como nadie quiere que una de las pocas certezas patrias (exportar minerales a buen precio) se vea afectada, el asunto no ha tenido demasiada cobertura y desde la galería uno imagina que estas frases tan bizarras han calmado un poco la preocupación expresada vehementemente por el sector minero respecto de cómo Chile se toma para la chacota sus inversiones poniéndolas en riesgo.

Recordemos que el comité de agilización de proyectos (CAI) que fundara Sebastián Piñera con fondos de la Presidencia está investigado por la contraloría también. No es primera vez que por correr a hacer las tareas se cometen errores. Errores que lo dejan a uno pensando en qué diablos será el famoso “modelo de desarrollo”.

El segundo debate, menos conocido, tiene que ver con crear impuestos a la generación de CO2 y gases de efecto invernadero a las centrales termoeléctricas. Es de público conocimiento que la generación de energía con combustibles sucios no asume los costos reales del proceso. Para decirlo en chileno, “se las lleva peladas”.

Y, no lo dude, también han salido a la palestra diversos lobistas que en los medios de cuello y corbata han contra argumentado que semejante medida haría subir los costos y eso –obvio- lo terminarían pagando los consumidores.

El problema es que con esto del cambio climático los costos los pagamos todos y especialmente aquellos que ni siquiera consumen nuestra electricidad porque no tienen servicio. Miles y miles de desplazados en África por sequías lo confirman. Y, claro, también se transfieren costos a nuestra economía que será castigada por la progresiva carbonización de nuestra matriz de generación.

Usted seguramente estas cosas no las sabía. Ahora que las sabe, ¿Me acompaña en preguntarse en qué parte de todo esto se volvió buena idea que el asiento del ministerio de energía se volviera una silla eléctrica?

Varios juicios, como el de hoy, esperan aún investigar si hubo o no irregularidades en el proceso y, en caso de comprobarse alguna, el escenario más probable es que se elimine el proceso de evaluación y se deba empezar desde cero.

Ya veremos que ocurre. Tenemos la esperanza en que la justicia sea ciega, pero no muda.

Mas aún, HidroAysén no ha cumplido las exigencias que se comprometieron en la evaluación ambiental ya aprobada en lo relativo a derechos de aguas por lo que hoy construir las represas es ilegal.

Y, más aún, ni siquiera se ha presentado el tendido eléctrico que permitirá usar la energía que pretenden sacarle a los ríos de la Patagonia.

Las comunidades por donde pasan los tendidos no han sido informadas, y la empresa se ha concentrado en lavar su imagen en medios señalando que durante los meses de mayor flujo turístico en la zona realizará discusiones con los vecinos para tener su opinión. Un par de semanitas y ya está.

Luego comenzará otra vez el calvario, como hemos visto en Ralco y en muchas otras zonas, de personas que sin entender una ley compleja e incompleta, cuyos plazos son reducidos, deben defender lo que han construido en un escenario desigual que favorece la inversión privada bajo las falsas imágenes de progreso, desarrollo y superación.

Pobre del árbol, animalito o familia que se cruce en el camino de cualquiera que tenga el dinero suficiente para levantar esas banderas. Las cosas como son.

Cuando me reuní con el Ministro Álvarez hace algunos meses para que conociera nuestros puntos de vista, me preguntó si yo consideraba que el proceso de evaluación ambiental estaba deslegitimado en la opinión pública.

Le respondí que incluso hay un programa en la Televisión que en prácticamente todos los capítulos demuestra cómo nuestra regulación carece de mecanismos para buscar acuerdos respecto del desarrollo del territorio y el equilibrio en justicia y calidad de vida. Se llama “Porqué en mi Jardín” y lo transmite TVN.

Y aclaremos: no se trata de buscar un acuerdo entre quien maneja el bulldog y quien es dueño de la casa que van a arrasar para definir el mejor modo de destruirla.

Se trata de buscar acuerdos en una escala mayor, en donde decisiones como esas no sean necesarias. Porque hoy, con las riendas del asunto firmes, no lo serían. Y nuestro futuro puede y debe ser limpio y justo. Gobernar sin tener eso en mente no es gobernar.

¿Acaso estar en el gobierno enceguece respecto a que hay alternativas y que hoy existe una fuerza social enorme para buscar otros caminos que permitan aprovechar nuestra condición de jeques de las energías renovables y limpias?

Si hoy estamos frente a la Corte Suprema expresando nuestra voz, que es la del 70% de la población del país para que se haga justicia y se respete el patrimonio, es claramente porque el Sistema de Evaluación Ambiental está devaluado.

Y lo está porque hoy nuestra capacidad de gobernar la energía está secuestrada por la hipocresía.

Luego de la amplia crítica que tiene en Chile su uso, del accidente de Fukushima, de las estrategias de salida del mundo europeo para cerrar progresivamente todas las centrales nucleares es, sin duda, quemarse en exceso hablar a favor de ella como hace un año atrás.

Según la Radio de la Universidad de Chile en su edición digital de hoy las palabras del presidente sólo confirman lo que la semana pasada señaló el Ministro de Energía -Rodrigo Álvarez- en el sentido de que durante el mandado del presidente Piñera no se realizarán proyectos de este tipo.

Es sabido que sin marco regulatorio no hay posibilidad alguna de implementar proyectos, y con la velocidad en la que opera el Estado -del cual también he sido funcionario, por cierto- es imposible que en los próximos dos años existan los contenidos mínimos para concretar un proyecto nuclear.

La ubicación, protocolos de seguridad, sistemas de generación y distribución, acuerdos para procesar desechos, no existen. Así las cosas esa frase es tan clarificadora como escuchar al mismo presidente señalar que en los próximos 24 meses Chile ha descartado de plano la construcción de una estación espacial…

Como decir que nos quieren ver la cara de giles sería poco adecuado, convengamos al menos que este juego nuclear no ha cambiado demasiado. Y aquí un datito no menor: El presupuesto propuesto para la energía nuclear en Chile y su desarrollo triplica -al menos- los montos destinados para invertir en Eficiencia Energética.

Y si sumamos el presupuesto de desarrollo de Energías Renovables y el de Eficiencia aún no alcanzamos los nueve mil millones para nuclear. Ello contraviene toda lógica, especialmente cuando han sido múltiples las voces de Chile y el mundo que han señalado que una de las principales “fuentes de energía disponible” hoy es la eficiencia y el ahorro aplicado a sectores de consumo intensivo de energía, entre otros aspectos. No por nada se están solicitando ajustes en el presupuesto en la Cámara de Diputados.

Casi 4 de cada 5 chilenos se opone al uso de energía nuclear. El rechazo a la idea es aún mayor que la tasa de simpatizantes con las demandas de los estudiantes. Quienes están a favor defienden tres ideas: que es controlable y segura, que permite dejar atrás el carbón y parar el cambio climático, y que su escala permite proyectos de menor escala.

Todas estas ideas son -a lo menos- discutibles. No entraré en precisiones pero claramente la energía nuclear ha demostrado ser insegura e inestable. Ni en las plantas, donde accidentes no se reportan a diario, ni en relación al manejo de desechos.

En Greenpeace estamos aburridos de denunciar las pésimas condiciones en que aún hoy se maneja la basura radioactiva y los costos que eso tiene para territorios y personas.

Y de muestra un botón: tanta sospecha a priori sobre la fidelidad de Tokio Electric Company, resultó más que fundada. En efecto días antes del terremoto japonés estábamos desarrollando una sistematización de accidentes para demostrar que luego de Chernobyl los protocolos de seguridad eran deficientes y continuaban con problemas. Allí era evidente que Tokio Electric era irresponsable y ya ve usted.

La cantidad de centrales nucleares que se requieren para limitar la presencia del carbón es gigantesca, y cuando faltan años para que empiecen a operar, claramente es mejor invertir con vistas a un futuro que -y lo dicen a gritos los expertos- debe basarse en fuentes renovables, limpias y seguras.

La energía nuclear no detiene el cambio climático. Sus desechos contaminan y por si fuera poco generan serios problemas armamentistas en las naciones que se endeudan para tenerlos.

La menor escala de centrales tampoco es posibilidad real. Sobre todo porque los lobbistas nucleares han dicho claramente que luego de Fukushima se comprobó que centrales viejas y de mediano tamaño deben ser reemplazadas con otras mayores, más costosas bajo un plan de inversión fuerte. ¿Le fallaron los frenos de su auto y chocó? La automotora que se lo vendió le dice que le vende otro que para no tener los mismos problemas, cuesta el doble.

Cada vez que escucho al presidente (o presidenta) hablar del tema energético sin entrar a profundizar en él, en sus contradicciones de fondo, es como escuchar a un rehén de un grupo talibán apresado por intereses que lo superan y mantienen maniatado.

Esa es la industria nuclear y al menos eso queda claro cuando las noticias tocan el tema.

Eso permite, nuevamente, retomar la construcción de la obras. Sin embargo, ojo, uno de los jueces fue claro en su voto de minoría; nuestro reclamo tiene sentido y razón.

Sin importar que pase en el tribunal de Puerto Montt la parte desfavorecida escalaría a la Corte Suprema, y allí vamos por cierto.

Un conocido canal de televisión de noticias equivocó sus titulares el viernes al señalar que eso no ocurriría. No señores, allá vamos por cierto.

La buena noticia es que la Corte Suprema no lleva ese nombre por casualidad.

Hace referencia a que se trata de una instancia que tiene mayor perspectiva de análisis y amplitud para definir criterios y por lo mismo, las irregularidades sobre las que no se puede (o no quiere) pronunciar una instancia local si los puede (y debe) asumir la Suprema.

Así que la cosa agarra vuelo de nuevo.

Yo, que llevo apenas un año metido 24/7 en esto de estorbar el avance de corporaciones depredadoras, creo que le debemos mucho a HidroAysén.

Al fin y al cabo sin ellos no habríamos abierto los ojos; sin su tozudez, sin esas graciosas descalificaciones que nos envía su departamento de prensa (¡saludos!), sin las infinitas razones que nos han dado para llevarlos a juicio, para evidenciar las fallas de la evaluación ambiental, y para evidenciar la complicidad del Gobierno a favor de intereses privados cuando de conflictos ambientales por energía se trata.

Paradójicamente el jefe de HidroAysén ha logrado lo que su partido -o los otros- no han podido hacer: despertar a una sociedad civil que quiere insistentemente recuperar su dignidad, el valor de lo público y el beneficio de todos como política central del buen gobierno.

A HidroAysén le debemos la visibilidad del desastre de Ralco, las ganas de defender nuestro patrimonio, la visibilidad de las cientos de alternativas que Chile tiene.

También el habernos mostrado lo desinformado que estaba el mismo Gobierno cuando habló de proyección de demanda y de “duplicación” de la matriz.

Muy especialmente le debemos la creación de una comisión ciudadana y parlamentaria de energía que en los próximos días va a emitir un informe claro respecto de las perversiones de un sistema eléctrico que nos transfiere los costos a los individuos y que se ampara en el rol del estado, marginado de una planificación básica respecto de la energía que queremos y necesitamos.

Este es un asalto a 15 rounds. Y somos como Rocky. Patagonia sin represas.

Si bien no llegaron a su destino, la insólita acción de ir a pararse en el sitio de la explosión con tal de detener semejante acto de brutalidad les dio, nos dio, una gran popularidad como defensores de la vida y la naturaleza.

Hoy, cuatro décadas después, Greenpeace es una organización federada con 28 oficinas que cubren varias decenas de países y que opera bajo la coordinación de Greenpeace International, cuya sede está en Ámsterdam.

Es, sin duda, la organización ecologista más influyente a nivel mundial no sólo por su acción decidida en campañas específicas en temas de conservación, protección de la vida y justicia ambiental.

También porque sólo aceptamos donaciones de particulares sin ofrecer nada a cambio -rechazando donaciones de partidos políticos, gobiernos y muy especialmente de empresas, por razones obvias.

Esta condición ha ayudado a ser una de las organizaciones más creíbles y confiables del mundo. Chile no es la excepción, a nivel nacional somos la segunda “marca” con mayor reputación.

Nuestra coherencia a escala global ha construido una base sólida de 2,8 millones de miembros en el mundo que mantienen vivos y activos. Aún así, nuestros recursos están muy por debajo de los astronómicos presupuestos que sostienen y financian los conflictos y problemas que intentamos resolver.

Nuestros principios fundacionales no han cambiado hasta hoy. Quien hoy trabaja o participa de Greenpeace en cualquier esquina del planeta puede decir, con convicción, que está ayudando a cambiar el mundo hacia horizontes donde la justicia ambiental y la paz sean hechos consumados y no un ideal.

Nuestro “rubro” es la denuncia, es hacer enojar a quienes se lo merecen. No por el arte de hacerlo, más bien porque es el resultado de cambios sociales, ciudadanos y políticos que apuntan hacia un mundo más verde y para todos.

Nuestros principales objetivos hoy son la protección del clima global, el fin del uso de combustibles sucios, la defensa de los océanos y bosques y la vida que de ellos depende, la lucha contra los efectos negativos de la tecnología genética en la agricultura y el consumo humano.

Durante estos cuarenta años hemos pasado de activismos locales a ser una organización que denuncia y afronta los problemas globales, marcando la agenda del desarrollo mundial.

A esta altura los habitantes de esta patria -que también está de cumpleaños- estamos más o menos convencidos de que hay un despertar ciudadano que ha sabido conjugar -no sin conflicto- las demandas más tradicionales de América Latina (justicia, equidad, reducción de pobreza), con los ideales del desarrollo global (sustentabilidad, respeto por el patrimonio).

Por eso, espero, cada vez sean menos quienes abogando por lo primero lo opongan a lo segundo, y que cada vez más rápido abandonen de una vez por todas ese discurso que ya huele añejo de que hay que empezar por superar la pobreza y resolverla “a toda costa”, para luego darse el lujo de ser sustentables y limpios.

Porque en el fondo, a veces pienso, nuestro principal problema no son los litros de tóxicos vertidos a ríos o napas subterráneas, ni las chimeneas que arrojan dióxido de azufre frente a escuelas con niños, ni las industrias que arrastran la pesca de la que viven las comunidades costeras, ni los ingenieros embelesados con el brillo y el calor del uranio.

El problema es que una idea de justicia real, que conjugue desarrollo con sustentabilidad, aún nos parece lejana, inalcanzable, “Europea”.

Por el contrario, vemos con alegría como cientos de comunidades de nuevos ecologistas barbones -o sin barba, da lo mismo- de esta era hoy se están subiendo en sus barcos, organizando sus comunidades, barrios, centros de reciclaje, etcétera, intentando detener lo que parece inevitable.

Los nuestros son 40 años de éxitos a costa de esfuerzo, creatividad, resistencia y encuentro con cientos de miles que nos han apoyado formando redes, comunidades y organizaciones que sintonizan con nuestras causas.

Cuatro décadas de convicción de que otro mundo puede, debe y es urgente hacer posible.

Nuestras puertas están y estarán siempre abiertas a todos, que mientras más seamos, más claras serán nuestras voces.

La votación se produce en la noche, a última hora de un viernes, se pospone durante semanas, se inhabilita un ministro recién elegido a minutos de votar, cunde la desesperación y finalmente el resultado es funesto. Es increíble, pero es lo que está ocurriendo.

Podríamos pasar días hablando de los nefastos efectos que este proyecto tendrá sobre la flora y la fauna de la zona. E incluso en ese sentido avanzamos, cuando es la misma ministra Benítez quien reconoce, que gracias a las reclamaciones quedó en evidencia un conjunto de incompletitudes de parte de los estudios que se realizaron en la etapa inicial de aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental finalizado en febrero.

Hace días la Contraloría emitió una declaración estableciendo que aunque el Presidente es uno de los principales accionistas de las empresas involucradas en el proyecto, su influencia sobre los ministros no es causal de conflicto de interés, y mucha gente se ha concentrado en ese punto. Pero la verdad, no es el foco.

No importa demasiado, porque finalmente lo que está en juego es una política de Estado sobre una materia que requiere atención urgente: compatibilizar desarrollo, generación de energía y sustentabilidad.

Entonces el problema de fondo es más profundo y solucionarlo cuesta mucho más.

Hoy la falta de respeto con la vida, el medio ambiente, nuestros recursos, con el desarrollo finalmente, es amplio y salvar esa brecha implica compromisos y convicciones que -lamentablemente- no se ven reflejados en los actos de quienes tienen el poder de tomar decisiones.

El carbón de Isla Riesco, de pésima calidad para la generación eléctrica y particularmente tóxico según diversos informes que han circulado, servirá para reemplazar hasta el 30% o más de la generación a carbón del país.

Con esto aseguramos la disponibilidad del principal responsable del cambio climático, la contaminación de territorios completos y el sacrificio de poblaciones que hoy deben convivir con termoeléctricas a metros de sus viviendas. Y peor, a bajo costo.

Una pésima señal para el futuro, para la inversión y para quienes hoy intentan abrirse camino con emprendimientos en energías renovables, que no son pocos por cierto.

Chile tiene alternativas, y la única razón para seguir dependiendo de este tipo de iniciativas sucias, contaminantes, es que nadie en mucho tiempo ha tenido la valentía de hacer una propuesta de fondo sobre la matriz de generación energética.

Hoy la ciudadanía ha debido organizarse para hacerlo, pero aún no existe pronunciamiento alguno respecto de los actuales lineamientos.

En el fondo, tiendo a creer, no es sólo el Ministro de Energía Rodrigo Álvarez quien se inhabilita para decidir sobre el destino del medio ambiente en el que vivimos, es el poder del ejecutivo para actuar de forma decidida en esta materia. Una lástima.

Yo confío en que será pronto el momento en que veamos la luz, y nos caiga la teja de que este camino no es el único y que no es necesario, y que hay muchísima más disposición entre empresarios, sociedad civil y expertos para dar el salto que Chile necesita.

Nosotros, en Greenpeace, no vamos a cambiar el rumbo y continuaremos trabajando con más fuerza para que ese otro Chile que hoy muchos claman, sea posible.

Valga señalar que aunque no sean niveles peligrosos para la salud, nadie querría descubrir que uno está en potencial riesgo vital simplemente por vivir en un territorio evidentemente contaminado y destruido por las emisiones y residuos industriales.

De a poco nos hemos ido acostumbrando a que frases como éstas se apoderen del sentido común.

Un familiar mío tenía un dicho al respecto para contar la historia de afecciones de la salud que terminaban con la vida de sus amigos: “Afortunadamente no murió de nada grave”.

El caso de la Mina Invierno, el conflicto que opone a los grupos COPEC y Von Appen (Ultramar) frente a los residentes que defienden la flora y fauna de Isla Riesco, va por esta misma senda.

Han comenzado a aparecer preocupantes informes sobre la calidad y componentes del carbón que se pretende extraer de la isla que señalan altas concentraciones de azufre y otros materiales tóxicos.

Hace pocos días Diputados y nuestros colegas de la ONG Oceana solicitaron un pronunciamiento respecto de esta nueva información, no considerada en la documentación que entregó la empresa para obtener los permisos, pero a la fecha pareciera no haber respuesta satisfactoria sobre el asunto.

El problema es que el carbón que se extraerá será destinado a tres grupos de centrales termoeléctricas: Los Robles, Campiche y Guacolda. Las tres cercanas a poblados. Las tres en conflicto hace décadas.

En efecto, Campiche está ubicada a metros de Ventanas en la misma zona de Puchuncaví donde está La Greda. Y, sin criticar el espíritu de fondo que lo moviliza, el mismo Von Appen -hace pocos días- hizo una apología de la utilización del Carbón en los diarios especializados en economía y finanzas señalando que eran las autoridades las que no entendían de su negocio.

Como parte de mi experiencia para iniciarme en Greenpeace mis compañeros decidieron llevarme a recorrer la zona de Ventanas. Quedé impresionado: un camión de entre 20 a 30 toneladas repleto de cenizas entra cada 8 minutos a los botaderos que están localizados unos pocos kilómetros al interior de la misma zona afectada.

Recorrer el camino es escalofriante. Son kilómetros de pequeños montículos que separan gigantescos hoyos, que hoy si bien tapados con tierra, esconden millones de toneladas de desecho. El mismo que hoy, probablemente, envenena a los habitantes de Puchuncaví y La Greda.

Nadie duda de que el carbón es hoy fundamental. Le hemos abierto las puertas, tanto en el sentido figurado como en el real, para que se quede de invitado un buen rato en Chile.

Son decenas y decenas de centrales termoeléctricas las que hoy están operando, y las que esperan comenzar a funcionar.

En ello hay continuidad entre este Gobierno y el anterior. Y el negocio es tan rentable que el octavo millonario más poderoso del mundo, Eike Batista, ha promocionado la construcción de la central más grande de toda América Latina en nuestras costas.

Usted ya escuchó hablar de ese conflicto; se llama Central Castilla, se ubicará cerca de la pequeña comunidad de El Totoral en la Cuarta Región.

Hasta el día de hoy se mantiene la incertidumbre respecto de los procesos judiciales que se iniciaron luego de las extrañas circunstancias en las que se modificaron informes necesarios para haber logrado la aprobación del proyecto.

Sin duda existe complementariedad -o complicidad, si se prefiere- entre las decisiones públicas y privadas que hoy mantienen este escenario. Cuando se abre un buen negocio, lucrativo, siempre hay interesados. Y nada mejor que hacerlo lucrativo evitando incluir en su operación las externalidades que estos proyectos generan.

Cuando se trata del carbón no hay que ser experto; las emisiones, las cenizas, y los accidentes los pagamos todos. Es justamente por este escenario que las empresas vinculadas al negocio de la energía hoy están duplicando sus gastos en imagen pública.

No quieren aparecer como responsables del deterioro de nuestras vidas, nuestro hábitat y por cierto, de nuestra democracia en tanto sigilosamente están evitando que la información real sobre sus daños, costos y consecuencias se ventile abiertamente para toda la ciudadanía. Pero en algo tienen razón los gerentes de termoeléctricas. Si fuera por compararnos con el resto del mundo, tendríamos generación de carbón para un buen rato.

Más del 67% de la electricidad del mundo se genera en centrales termoeléctricas, y dentro de ese grupo, el 60% es resultado de la quema de carbón. La mecánica es la misma que hace siglos; combustión que calienta agua, que a su vez mueve turbinas que transfieren poder a un generador eléctrico. Similar a las locomotoras que nos ayudaron a integrar océanos y a redefinir el mundo. Por eso no podemos compararnos con el resto del planeta.

Los patrones de uso de carbón hoy nos tienen enfrentados a un escenario complicadísimo con alzas de temperatura global mayores a las pronosticadas cuando el calentamiento global comenzó a ser noticia.

En este escenario durante Mayo, para sortear la crisis, el entonces Ministro de Energía Laurence Golborne incentivó la creación de un panel de expertos energéticos que le ayudarán a resolver un problema evidente.

Hoy Chile depende del mercado privado para decidir qué energía queremos y dónde, la misma que tiene sobreprecios altísimos que afectan la competitividad de toda la economía.

Sin embargo, nos pareció necesario hacer nuestra colaboración. Particularmente porque desconfiamos de comisiones que operan a puertas cerradas para resolver problemas que son urgentes y del más alto interés público. Y fundamos una comisión ciudadana de energía que cuenta con el trabajo conjunto de parlamentarios, expertos técnicos y académicos, y miembros de las organizaciones que hemos estado colaborando hasta donde nos permiten nuestras fuerzas para un cambio en esta situación.

Esa comisión entregará un diagnóstico sobre el escenario energético chileno, sus fracasos y sus oportunidades para ayudar a que -en la práctica- las autoridades hagan cumplir su deber constitucional; garantizar el derecho a la vida y terminar de una vez por todas en esta absurda oposición entre crecimiento y desarrollo sustentable.

Lo anterior no significa abandonar la tesis de que Chile necesita energía. Implica, por el contrario, entender que es muy distinto sólo decirlo que actuar en coherencia con un rol directivo, incidiendo en el destino de la nación sin limitarse a que sea el mercado quien decida si a Chile le conviene represar sus caudalosos ríos, llenarnos de chimeneas y ceniceros de residuos de carbón, aguantar basureros de desechos nucleares o incluso -como graciosamente decía el ministro Golborne- tapizar el desierto de paneles fotovoltaicos.

Dicho de otro modo, que la sociedad chilena ya entendió que la teoría que reza que “para hacer tortillas hay que romper huevos” oculta información sobre el dueño de los huevos, la complicidad del que los rompe y finalmente el nombre y apellido de quienes terminan comiéndose la tortilla mientras el resto queda mirando (con hambre y sin huevos).

Ayer justamente se difundió un estudio de Genera que establece que 3 de cada 4 chilenos consideran clave la acción ciudadana para generar cambios significativos.

Otros estudios de opinión aparecidos el último tiempo establecen claramente que los chilenos ya desconfían de los grandes consorcios eléctricos pues entienden que el mercado de generación de energía tiene precios muy altos, asume muy de vez en cuando las externalidades que su producción genera, y finalmente opone las ganancias a la calidad de vida sacrificada de quienes deben asumir los costos de emisiones, residuos y destrucción del medio ambiente.

Yo los dejo invitados a que estén pendientes de estas noticias y del avance que logremos, para que el velo negro del desinterés no nos haga olvidar las prioridades en los temas medio ambientales.

Algunos nos dicen ecologistas, otros nos dicen verdes, pero el denominador común es una mezcla de utopía, desinformación y ganas de cambiar un mundo que o no cambia o que no sabemos cambiar.

Es decir, unos fracasados peligrosos. Unos “irresponsables” como nos dijo su excelencia a través de los micrófonos del empresariado desde la tribuna. Gente que se opone a todo, que dificulta el progreso. Incoherentes, además, porque claramente también usan energía pero se oponen a ella.

Somos culpables del desempleo, del retraso en la incorporación de nuevas tecnologías. Nos financian turistas millonarios que quieren conservar sus ríos -con énfasis en la propiedad de los ríos- y sus bosques -nuevamente con énfasis en la propiedad de esos bosques- e ingenuamente, o peor, maquiavélicamente aceptamos entrar en ese juego.

Somos parte de un debate trunco, mentiroso e imparcial. Hay que dudar de lo que decimos, porque detrás nuestro hay pocas cifras, poco gráfico más bien sólo palabras. Y estamos francamente equivocados al plantear que hay caminos alternativos. El más educado será quien nos descalifique por señalar que esas “alternativas verdes” que tanto nos gustan son caras, inviables o lentas de incorporar.

Cuando hacemos propuestas nos dicen que igual nos oponemos a todo. Que todo proyecto implica costos, y que finalmente no se puede confiar en nosotros porque tenemos esta inagotable motivación para patalear.

Y sin embargo en todo el mundo nuestros logros son gigantescos. Y son en este mundo, en este planeta, y en este “modelo” económico, social y cultural. Con éstas reglas del juego estamos doblándole la mano a la energía nuclear, parando el consumo de carne de ballena, defendiendo los bosques, evitando la desertificación, promocionando iniciativas de pesca sustentable.

Y somos millones.Los países desarrollados nos están dando la razón; si hay un sólo mundo mejor cuidarlo. Porque por muchos estudios de economistas y expertos el sentido común impera y aún hay gente que cree en revoluciones que puedan cambiar el mundo, simplemente porque lo que estamos construyendo no da el ancho (ni el largo). Somos legión, decían por ahí.

Queda gente, y mucha, que valora un mundo donde no haya que pagar para seguir estando.

Que sabe que esto del desarrollo tipo “sálvense quien pueda” no es suficiente, y que con sus propios ojos ve como promesas de campaña a favor de energías limpias desaparecen tras la alfombra, mientras las principales autoridades políticas se manifiestan a favor de proyectos con capitales de inversión cuyo margen de ganancia para el país (que pone los recursos, la mano de obra, y da su permiso) es escaso.

Porque, finalmente, lo que nadie pone en duda es que los costos de las malas decisiones ambientales las terminan pagando todos los chilenos.

El punto es que cuando uno hace un análisis de lo que ha ocurrido con los conflictos ambientales del último tiempo -Isla Riesco, Castilla, HidroAysén- los que realmente hablan no son “ambientalistas”. Nosotros, los bichos raros, seguimos dando entrevistas y seguimos intentando explicar irregularidades e inconsistencias. Pero los que hoy se movilizan no son ambientalistas, son “ciudadanos”.

Porque finalmente lo que está en juego aquí no es sólo la Patagonia; es un debate ausente sobre desarrollo, sobre equidad y sobre respeto de los derechos de las personas. Lo que se inunda no es sólo los ríos de la Patagonia, también la posibilidad democrática de decidir el Chile que queremos construir.

Hoy el tablero está demasiado inclinado para un lado, y el descontento aflora (o explota!). Mi esperanza está puesta en que por sobre la violencia de las manifestaciones que ocurren hoy pueda sincerarse “ese” descontento. O será que soy un ambientalista utópico, un “irresponsable” simplemente por creerlo.