Ya no son hechos aislados. A la luz de un nuevo caso de fijación de precios, esta vez entre la CMPC y SCA -actores mayoritario y minoritario, respectivamente- que se coludieron por más de 10 años para impedir la entrada de un nuevo actor al mercado de papel tissue, la colusión empresarial parece ir convirtiéndose en regla más que en excepción.

Empresas con una posición dominante en los mercados de las farmacias, los pollos, los buses interurbanos, el transporte aéreo de carga, las navieras, lejos de competir con mejores precios y calidad, se protegen usando para ello las más delictuales prácticas atentatorias contra la libre competencia que, en teoría, dicen defender con dientes y muelas.

No son abiertamente monopolios, pero se han comportado como tales agrupándose en carteles: poniéndose de acuerdo con empresas del mismo sector para disminuir o eliminar la competencia. Fijan precios, se reparten cuotas del mercado o limitan la oferta disponible, con el fin de aumentar sus beneficios en perjuicio de los consumidores.

Reglas del juego claras y estables, son el reclamo permanente de los grupos empresariales que acusan de generar incertidumbre cualquier intento por equilibrar la balanza entre oferentes y demandantes o por corregir las fallas de mercado.

Que la inversión extranjera se va a ir de Chile, acusaron con la implementación del royalty minero; que la clase media se va a ver perjudicada con el alza de impuestos; que se va a ver afectado el empleo con mayores regulaciones; que el derecho de propiedad debe ser intocable en la Constitución para no perjudicar el funcionamiento de los mercados.

Justamente la confianza pública ha sido el valor más afectado en los casos de colusión. No es casual, por ejemplo, que en EEUU, que penaliza con cárcel la colusión, dicho delito se llame “crimen contra la confianza”.

Expectativas y confianza son erigidos por el empresariado como valores superiores en un modelo de competencia perfecta que nunca es tal, porque los mercados fallan por falta de transparencia, opacidad o acciones atentatorias contra la libre competencia.

Y, paradojalmente, son esos principios los que se ven socavados con prácticas colusivas y monopólicas como las que repetidamente en los últimos diez años los consumidores han debido sufrir, casi hasta constituir un patrón de comportamiento empresarial. ¿Qué otro sector se develará coludido, aprovechando las desproporcionadas ventajas y eximición de multas que ofrece la delación compensada?

Bajo la cantinela de la “incertidumbre” los empresarios chilenos ha restringido la inversión interna, boicoteando las reformas tributaria, laboral y ahora constitucional, en un ciclo económico marcado por el fin de los commodities. Cuestión que se veía venir porque un precio del cobre alto no podía durar para siempre, pero que esta clase empresarial no estuvo dispuesta a enfrentar con mayor inversión, innovación, investigación o riesgo.

Los principales grupos empresariales chilenos, muchos de ellos surgidos al alero del saqueo al Estado en dictadura, en que la derecha económica compró a precio de huevo las empresas públicas que la derecha política les vendió, están más acostumbrados a sacar provecho del boom de materias primas impulsado por decreto (como el DL701 de la industria forestal, por ejemplo),  que a innovar, invertir o emprender.

Más que capitalista, que para multiplicar sus ganancias debe innovar continuamente y así evitar que competidores más audaces lo saquen del mercado, la clase empresarial chilena ha devenido en rentista, que busca cobrar la mayor renta posible por los recursos (la mayoría naturales) con que cuenta. Está lejos de crear valor, sólo administra sus rentas.Rentismo por extracción de recursos naturales o por colusión, pero rentas al fin.

Los rentistas se han coludido demasiadas veces, abusando una y otra vez de la confianza de los consumidores que los prefieren. Por eso, como dice Pedro Aznar, “ya no basta con pedir perdón”. Compensación, rectificación de prácticas y un nuevo paradigma de responsabilidad social, y recién entonces podríamos empezar a pensar en un verdadero Diálogo Social con la clase empresarial chilena.

Ni el peso de la Declaración de Santiago, de Perú, Ecuador y Chile de 1952 ni la conducta de ambas partes reiterada por más de 60 años como argumentos presentados por nuestro país, pudieron contra la visión política de largo aliento de la diplomacia peruana, que se basó en la evolución del derecho del mar y que fue capaz de construir un caso sustentable, ahí donde parecía que no habían fundamentos jurídicos para hacerlo.

La argumentación esencialmente jurídica de que Chile no tenía temas limítrofes pendientes con Perú, encontró en la Corte Internacional de Justicia de La Haya un sorprendente fallo que estableció, en parte, una nueva frontera marítima entre ambos países definiendo que ésta seguiría el paralelo que pasa sobre el Hito Nº 1 hasta un punto situado a 80 millas marinasde distancia (y no en las 200 que corresponden al mar chileno).

La mirada que estuvo ausente en el litigio marítimo con Perú fue la política, perspectiva que  parece repetirse en este nuevo juicio que hoy nos confronta a Bolivia, a la luz del dictamen de la Corte Internacional de La Haya que rechazó las objeciones preliminares presentadas por Chile y se declaró competente para conocer la demanda marítima boliviana.

Frente a la demanda de Perú y también a la boliviana, nuestra diplomacia no suma a la fundamentación jurídica el análisis geopolítico, estratégico y de largo plazo que los gobiernos fronterizos han mostrado manejar. Ni tampoco la arista comunicacional, que en el caso de Bolivia resultó fundamental para construir una reivindicación que fue adquiriendo legitimidad y ganando adeptos en la región y hasta en el Papa Francisco.

El fallo de la Corte Internacional de La Haya que rechazó la pretensión de Chile de declararse incompetente, implica que se reanudará el juicio y no se manifiesta sobre cesión territorial, no ha prejuzgado ni ha tocado el Tratado de 1904.

En la lectura de las autoridades chilenas, el dictamen de la Corte garantiza la integridad territorial de Chile, dado que La Haya sólo determinará la supuesta obligación de Chile a negociar con Bolivia, pero no se pronunciará sobre una cesión territorial.

Asimismo, acota el escenario al señalar que si en el análisis del fondo del caso, la Corte llegara a la conclusión de que existe la obligación de negociar, no le correspondería predeterminar el resultado de cualquier negociación que pudiera tener lugar como consecuencia de dicha obligación.

Sin embargo, el arrollador resultado de 14 votos en contra de la solicitud de Chile y solo dos a su favor evidencia la capacidad que ha tenido Bolivia de construir un caso, presentarlo ante mecanismos pacíficos de solución de controversias como la Corte Internacional de Justicia y conseguir adhesión.

Sin tener una argumentación jurídica de peso dada la existencia del Tratado de 1904 que fijó la frontera entre Chile y Bolivia, el país altiplánico intentó multilateralizar el tema en foros internacionales y fue capaz de presentar una demanda  amparándose en derechos expectaticios en una salida soberana al mar, para graficar la expectativa que Chile habría generado en el pueblo boliviano y el supuesto incumplimiento de acuerdos formales.

El juicio recién comienza y se puede proyectar por los próximos dos o tres años. Chile deberá presentar su contramemoria en respuesta a la memoria de Bolivia en unos seis meses más, luego vendrá la réplica boliviana y la dúplica chilena y, posteriormente, los alegatos orales.

Lejos de proponer la salida de Chile del Pacto de Bogotá (lo que no tendría efectos en el juicio, porque el litigio puede mantenerse hasta un año después de una eventual salida), de pensar en ausentarse del juicio o de persistir  en estrategias jurídicas que no incorporan la variable política o comunicacional, Chile debe entender este proceso como una oportunidad para repensar su relación con los países vecinos.

Dado que artículo 267 de la Constitución boliviana señala que el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo, la reivindicación marítima siempre estará presente por obligación constitucional y como instancia de unidad interna.

Por ello, este nuevo litigio que enfrenta nuestro país debe ser la ocasión para hacer un giro en la política de Relaciones Exteriores desde una visión cortoplacista y confrontacional, hacia un nuevo paradigma de cooperación y colaboración que nos permita cerrar los flancos que se mantienen abiertos con nuestros vecinos.

El orden público ha sido un tópico especialmente relevado por gobiernos de centro derecha, que enfrentan la delincuencia potenciando el populismo penal (como si las penas carcelarias resolvieran un problema de alta complejidad con raíces sociales y de exclusión), cuestionan las garantías de los imputados y acusan a los jueces de no aplicar suficiente mano dura, incluso obviando la independencia de los poderes del Estado, en este caso el Judicial.

Del mismo modo, están dispuestos a limitar el derecho a manifestación para asegurar la tranquilidad y no dudan en invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra quienes osan obstaculizar el libre desplazamiento en las calles o realizan huelgas reivindicando el cumplimiento de sus derechos laborales. Impulsan leyes que buscan fortalecer las facultades policiales a costa de  restringir las libertades individuales, instalando la sospecha y la desconfianza contra los propios ciudadanos.

Sin embargo, palabras como las de Aleuy dan argumentos para creer que la seguridad ciudadana entendida de manera restrictiva no parece ser patrimonio sólo de la derecha, que encuentra  antecedentes represivos y de uso de fuerza desproporcionada en la dictadura.

Aún está presente en la retina ciudadana la errática reacción del subsecretario del Interior en relación al caso de Rodrigo Avilés. Cuando apenas el estudiante había quedado inconsciente por el  chorro del carro lanzaagua en la marcha del 21 de mayo en Valparaíso, se precipitó a respaldar el informe de Carabineros que aseguraba que el joven se habría resbalado porque la vereda estaba mojada y llevaba zapatillas “con poca adherencia”, calificando el incidente como un “hecho fortuito”.

Serían imágenes de un drone de TVN las que dejarían al descubierto que fue un impacto directo del chorro de agua el que dejó a Avilés con riesgo vital y una entrevista al pitonero dado de baja, la que evidenció que el informe institucional fue realizado sin siquiera haberlo entrevistado sobre cómo ocurrieron los hechos. El debate se centró en los protocolos de Carabineros frente a manifestaciones sociales, los que hasta hace poco eran reservados y no tenían un enfoque de derechos humanos, sino hasta que el Instituto de Derechos Humanos (INDH) los asesoró en su incorporación.

Tanto en esa ocasión como en el momento actual, no se abordan los temas de fondo respecto de la institucionalidad que corresponde a un régimen democrático. En el caso anterior, el verdadero debate debió haber sido la necesidad de reformar la justicia militar para que los actos cometidos por uniformados en contra de civiles sean juzgados en sede civil y así evitar la falta de debido proceso para las víctimas, la impunidad o las presiones a los jueces militares por parte de superiores de alto rango.

Las muertes de Manuel Gutiérrez o las de indígenas mapuche a manos de funcionarios de Carabineros,  se pierden en el manto de arbitrariedad e impunidad de la justicia militar, a pesar de la condena de la Corte Internacional de Derechos Humanos al Estado de Chile a reformarla a raíz del caso Palamara. Asimismo, Carabineros es una fuerza de orden, no militar, por lo que no debiera acogerse a la justicia castrense.

En relación a la delincuencia -en que es la percepción de delitos la que sube, mientras la victimización se mantiene estable-, nuevamente no se aborda el debate desde la complejidad del fenómeno, sino desde encuestas en que la ciudadana la ubica como una de sus principales preocupaciones. Poco se habla de prevención o de fortalecer la coordinación entre policías y fiscales, y más de una respuesta penal frente a delincuentes y vándalos.

Incluso un proyecto tan anacrónico y restrictivo de libertades individuales como el de control de identidad preventivo aprobado por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados -que repondría la cuestionada detención por sospecha-, inexplicablemente contó con dos votos de parlamentarios de la Nueva Mayoría. Lo que no logró la Ley Hinzpeter en el gobierno de Piñera, es de esperar que no se apruebe en este gobierno.

En el comunicado en que Aleuy rectifica las declaraciones en que ejemplificó que en la marcha de la Confech realizada en mayo, de 100 detenidos, 80 portaban un objeto robado, señalando  que era inexacta la cifra de 30% de delincuentes en movilizaciones sociales, pide excusas si alguna persona o un grupo se sintió lesionada en su dignidad por sus expresiones.

Más que a algunos, el subsecretario del Interior ofendió a  la ciudadanía en su conjunto, ésa que al participar en movilizaciones sociales reivindica su legítimo derecho a la protesta social, demanda ciudadana que no es una amenaza a la autoridad del Estado ni a la llamada paz social, sino una valiosa expresión democrática.

Las manifestaciones sociales y la protesta social lejos de fomentar la violencia, permiten que las sociedades se resguarden de ella y alcancen la gobernabilidad al abogar porque el sistema político represente adecuadamente las demandas ciudadanas.

No debe olvidar Aleuy que las protestas sociales han sido el motor de importantes logros históricos en la conquista de derechos civiles por la que ha luchado la propia izquierda a la que él pertenece y que, ahora como autoridad, lejos de asfixiar debiera propender a fortalecer para construir un país más justo y menos desigual.

La interpelación ciudadana a la autoridad en el espacio público para el cumplimiento de sus promesas y programa de gobierno, profundiza la democracia en vez de cuestionarla o ponerla en peligro.

Un afán de regulación desproporcionado del derecho a reunión, nuevos tipos penales que restrinjan libertades en pos de la seguridad ciudadana o la criminalización de la protesta social no hacen más que desdibujar los márgenes del progresismo que Chile requiere y asimilarlo a viejas prácticas que están lejos de corresponder a una  plena democracia.

La ocurrencia de los aluviones en el norte no alcanzaría a explicar este magro crecimiento ni tampoco lo haría el debilitamiento del precio de los commodities en el mercado global, cuestión que se arrastra hace un tiempo.Más bien, la baja en la inversión privada podría encontrar una parte de su explicación en la molestia empresarial por los cambios que el Ejecutivo espera impulsar de acuerdo al programa de gobierno.

A los “brotes verdes” que empezaban a germinan optimistamente hace algunos meses les cayó la helada empresarial, porque a su ya clásico reclamo por las reformas tributaria y laboral, los privados sumaron ahora sus aprensiones por la constitucional que comenzará en septiembre con un proceso constituyente que será institucional, participativo y democrático.

A los empresarios les preocupa que una Nueva Constitución subordine el derecho de propiedad que la Carta Fundamental del 80 tan bien ha resguardado durante los 25 años de democracia, incluso por encima de derechos fundamentales.El constitucionalista José Luis Cea ha señalado que el objetivo de “los ideólogos de la Nueva Constitución” de desmontar los contrapoderes mayoritarios o poderes de veto, posibilitaría que el derecho de propiedad quedara entregado al arbitrio de una ley promulgada por una mayoría.

Reaccionando rápidamente a la intranquilidad empresarial, los ministros de Interior, Jorge Burgos, y de Hacienda, Rodrigo Vergara, trataron de calmar los nerviosos ánimos en el desayuno de Icare titulado “Lo político y lo económico en perspectiva”, haciendo casi una alegoría a la propiedad privada.

Si recién llegado al gobierno, Burgos se mostró reacio a una Asamblea Constituyente, en el foro empresarial quiso dar una señal de tranquilidad atribuyéndose – erróneamente- la representación de la opinión ciudadana al afirmar que “tengo la certeza que el pueblo chileno convocado a deliberar no desperdiciará los beneficios de un sistema que protege la propiedad privada, así como defenderá nuestro régimen de libertades”.Mientras, Valdés señaló que “no concibo una economía moderna de mercado sin derechos de propiedad”, lo que le valió el respaldo empresarial en el encuentro.

El constitucionalismo conservador, el empresariado y –al parecer- el sector moderado de la Nueva Mayoría temen al elemento base de toda democracia moderna: las mayorías.Temerosos de la participación ciudadana, olvidan que el origen de la soberanía popular radica en el pueblo y que es éste el que la delega en sus representantes y que la opinión de los menos no puede seguir imponiéndose sobre la de los más.

Algunos parecen demasiado cómodos con los candados que dan protección constitucional a las minorías:con el binominal, que favorecía a los que recibían menos votos, si la otra lista no alcanzaba a doblar la votación; con un Tribunal Constitucional que permite el control previo de las leyes con su lógica preventiva; con altísimos quórums calificados que en la práctica impiden cambiar leyes orgánicas constitucionales.

Demasiado satisfechos con la mantención, aunque con matices, de los pilares en que descansa el modelo económico neoliberal, escrito a sangre y fuego con las reformas de los 80. Conque la extracción de los recursos naturales no pague royalty y si lo hace, como en la minería, éste sea muy bajo; o con que el agua no sea un bien nacional de uso público, y que hoy sus derechos estén concentrados en pocas manos.

Derechos económicos, sociales y culturales

Además del derecho de propiedad, otra preocupación del constitucionalista José Luis Cea es que la Nueva Constitución pretenda pasar de un Estado subsidiario a un Estado Social y que los DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) puedan ser exigibles al Estado.

El mismo Estado que ya en 1972 ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), comprometiéndose con ello a garantizar el ejercicio de los DESC sin discriminacióny que -justamente en estos días- rinde examen en Ginebra sobre la aplicación de dicho tratado en nuestro país.

Uno de los temas abordados por el Comité DESC de la ONU fue la necesidad de contar con una institucionalidad derivada de una Nueva Constitución que garantice estos derechos a lo largo del tiempo. Concretamente, el Comité DESC consultó a la delegación chilena cómo se asegurará la preeminencia de los derechos humanos en la Nueva Constitución.

La progresividad de las normas sobre derechos humanos, para una mayor extensión y protección de éstos, hacen aspirable que una Nueva Constitución incorpore nuevos DESC que deben ser protegidos,de acuerdo al desarrollo de las sociedades y la profundización democrática que nuestro país necesita.

En definitiva, los empresarios no pueden quedar ausentes del debate constitucional que Chile exige, más que resguardando el derecho de propiedad, agregándole la función social que éste requiere para aportar a la construcción de un país más equitativo, donde aumente la confianza y, por ende, los brotes verdes del crecimiento económico germinen con mayor fuerza.

“El proceso constituyente deberá garantizar un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable”, señaló la Presidenta ante el Congreso Pleno, en medio de un complejo momento político en que el financiamiento irregular de campañas golpea al gobierno y hasta hizo caer al equipo político que la acompañó desde los inicios y con quien diseñó el programa y las reformas estructurales.

La realización de un proceso constituyente abierto a la ciudadanía para generar una nueva Constitución, había sido anunciado por la Presidenta en cadena nacional al recibir el Informe Engel contra la Corrupción y hasta tiene fecha: septiembre, “mes de Chile”. Diálogos, debates, consultas y cabildos deberán desembocar en una Nueva Carta Fundamental plenamente participativa y ciudadana.

La definición del mecanismo que conducirá a la Nueva Constitución –Comisión bicameral en el Parlamento, Asamblea Constituyente, Comisión de Expertos- adquiere especial relevancia en los tiempos que corren y será una potente señal política sobre el énfasis y la intensidad de las reformas. Especialmente tras el giro a la moderación que ha implicado el cambio de gabinete con Burgos en Interior (que apenas asumido manifestó su rechazo a la Asamblea Constituyente) y el perfil técnico de Rodrigo Valdés en Hacienda, quien ya rayó la cancha de la reforma laboral, descartando de plano la negociación por rama, reeditando la preeminencia de esa cartera en el gabinete tal como en los años 90.

La actual crisis política y de confianza ha generado cuestionamientos ciudadanos a la legitimidad de los representantes del pueblo en el Congreso, dado el financiamiento ilegal de sus campañas por empresas como Penta o SQM. Se instaló la pregunta por las verdaderas motivaciones de los parlamentarios al momento de votar los proyectos de ley, ¿se deben a los ciudadanos o a las compañías que los financian?

Asimismo, los incumbentes difícilmente apoyarán leyes que les afecten directamente, como quedó demostrado con el proyecto de ley votado recientemente en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado que pone fin a la reelección indefinida de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales, que no tendría efecto retroactivo.

Ello, por la cláusula incluida en el proyecto que sostiene que “para los efectos de los límites a la reelección se considerará su actual período como el primero”. En la práctica ello significaría que recién se implementará en 12 años más, sólo afectará en forma directa a una minoría de parlamentarios en ejercicio y que sumando periodos varios de ellos podrían cumplir hasta 40 años en el Congreso. Paradojalmente, el proyecto que hace parte de la Agenda de Probidad y Transparencia, que busca renovar los liderazgos y evitar clientelismos de parlamentarios apernados en el Congreso, partió con una oscura “letra chica”.

Con todo, el gobierno necesita los votos para aprobar en el Congreso las reformas comprometidas en el programa de gobierno en este periodo que está viviendo Chile, que fue definido en el discurso presidencial como “uno de los procesos transformadores más importantes de su historia”. Por ello, resulta poco probable que la Presidenta se case con un mecanismo que no considere al propio Parlamento en la generación de la Nueva Constitución.

Siguiendo las “pistas” entregadas en el discurso presidencial y en anuncios anteriores, la definición del mecanismo para generar una Nueva Constitución deberá cumplir con el compromiso programático de ser un proceso participativo, democrático e institucional; incluir diálogos, debates, consultas y cabildos que desemboquen en una Nueva Carta Fundamental y equilibrar participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable.

Basta recapitular las condiciones anteriores para concluir que el camino hacia una Nueva Constitución perfectamente puede ser el propuesto por un grupo de abogados constitucionalistas a la bancada de la Asamblea Constituyente: una reforma constitucional de los artículos 15 y 32 N°4, para que la Presidenta pueda convocar a plebiscito y que la ciudadanía elija entre Asamblea Constituyente, Comisión de Expertos o Comisión Bicameral en el Congreso.

El plebiscito cumpliría con los requisitos del programa de gobierno, en la medida en que se requiere la aprobación del Parlamento para su aplicación (variable institucional) y como mecanismo de consulta implica un proceso participativo y democrático. El propio Parlamento puede ser el garante del “momento institucional legítimo y confiable”, primero, aprobando la reforma constitucional para llamar a plebiscito y, luego, las leyes electorales en caso de que se imponga en las urnas el mecanismo de la Asamblea Constituyente.

Reafirmando su compromiso con las reformas (aunque aún está por verse la intensidad de éstas), la Presidenta señaló en su Discurso del 21 de mayo que “necesitamos una nueva Constitución. La demanda ciudadana es clara y mi compromiso es firme” y que el mandato ciudadano fue claro: “conducir las transformaciones que nos permitan ser una sociedad menos desigual y más cohesionada”.

Para cumplir con dicho mandato y en el contexto de la crisis política y de confianza que vive el país, más que una participación que incida en el proceso constituyente (que corre el riesgo de no ser suficientemente considerada si quienes tomarán las decisiones son una Comisión de Expertos o los parlamentarios), lo que Chile necesita es participación vinculante, que sea obligatoria para la definición de la Nueva Constitución.

Nuestro país se merece la oportunidad de que el poder soberano regrese momentáneamente al pueblo (su fuente originaria), para que la ciudadanía logre de una vez por todas superar los cerrojos constitucionales impuestos por la dictadura, darle legitimidad de origen a la Constitución y por primera vez en su historia desarrollar un proceso fundante desde las bases.

En palabras del protagonista y manipulador de este “Castillo de naipes”, Francis Underwood, el diputado jefe de la bancada demócrata que a punta de oscuras conspiraciones que dejan como principiante al mismísimo “Príncipe” de Maquiavelo, logra escalar hasta convertirse en el Presidente de Estados Unidos, “hay muchas cosas sagradas a las que les tengo respeto. Las reglas no son una de ellas”.

En Chile, primero el caso Penta y, ahora, la arista SQM han ido dejado al descubierto un sistema de control planificado y sistemático de la agenda legislativa a través de aportes financieros ilegales de estos holding a los candidatos elegidos; una estructura que se aleja tanto de las “reglas” que llega a constituirse en una “máquina para defraudar al fisco”, como la calificara el fiscal Carlos Gajardo en la audiencia de formalización del Pentagate.

No les bastó con los millonarios aportes reservados y anónimos que la ley actual permite a las empresas (pero que quedan prohibidos en el proyecto de ley de financiamiento de la política recientemente enviado al Congreso por el Ejecutivo).

Estas poderosas compañías – coincidentemente, surgidas de la privatización de empresas públicas en dictadura- traspasaron la línea de la legalidad al financiar campañas de parlamentarios a través de boletas ideológicamente falsas, cooptándolos para que legislen según sus intereses.

Como diría Underwood, “el ascenso no se consigue siguiendo las reglas del juego, sino creándolas”. “Los Carlos”, del grupo Penta, y Julio Ponce Lerou, de SQM, establecieron sus propias reglas para hacerse del botín del Estado al alero de Pinochet, para multiplicar sus ganancias de manos de la especulación hasta construir vastos imperios económicos y para intervenir en la política desde su posición de poder financiero, saltándose las normas que el sistema electoral se ha dado. Los hasta ahora exitosos controladores de holding, representan un modelo de empresariado hoy cuestionado por la forma de incrementar sus ganancias y por salirse de las reglas para querer controlar la política.

Por años emitieron boletas por trabajos no realizados, alteraron sus estados contables, evadieron el pago de impuestos, defraudaron al fisco y, de paso, recibieron devoluciones tributarias que no les correspondían. “Delito reiterado”, fue la figura jurídica alegada por los persecutores en el caso Penta que permitió que se dictaran medidas cautelares de alta intensidad -como la prisión preventiva- para los controladores de este grupo empresarial, que tiene un patrimonio de más de US$1.000 millones. Al parecer, se trataba de un modus operandi habitual y más transversal de lo que inicialmente se creía.

Era sabido que en democracia la derecha económica financiaba a la derecha política, así como en dictadura la primera compró las empresas públicas que la segunda le vendió a muy buen precio, en el saqueo al Estado chileno durante las privatizaciones. Fue un negocio redondo para las que luego se constituyeron en las grandes fortunas de nuestro país.

También se sabía que los gastos reservados representaron el 48% del total de dineros declarados para financiamiento electoral en las últimas parlamentarias y que la UDI fue el partido que más los recibió, alcanzando los $900 millones.

Lo que sólo supimos con la aparición de la arista SQM de financiamiento ilegal de campañas políticas, es que esa práctica no se concentraba únicamente en los candidatos de derecha, sino que había traspasado el límite ideológico y también ético. Que parlamentarios de sensibilidad política de centro izquierda hayan sido capaces de recibir recursos ilegales para financiamiento de sus campañas de uno de los beneficiarios del dictador Pinochet, que está imputado por uso de información privilegiada en el caso Cascadas y ahora requerido por la justicia norteamericana por demandas de accionistas minoritarios -el Presidente de la minera no metálica, Julio Ponce Lerou-, es un síntoma más de la gravedad de la crisis de legitimidad de la clase política de la que no se escapa la Nueva Mayoría.

Las estrategias dilatorias y obstruccionistas a la justicia de SQM, que llegaron incluso al Tribunal Constitucional para ganar tiempo hasta que en abril se cumpla la prescripción de los delitos tributarios de 2009 y que hicieron que se quebrara su directorio con la salida de los canadienses Potash, encendieron las alarmas sobre los eventuales involucrados en este nuevo caso de delitos tributarios.

El yerno de Pinochet

Además de las implicancias legales de recibir aportes a través de boletas ideológicamente falsas, la dimensión ética de los receptores se ve cuestionada aún más cuando el “mecenas” es reconocido como uno de los civiles que más profitó de sus redes con la dictadura como yerno de Pinochet; que fue cuestionado en la dirección de empresas públicas como Corfo, Conaf, Iansa, lo que en 1982  le valiera que los propios adherentes al dictador lo denunciaran por enriquecimiento ilícito ante el Consejo de Defensa del Estado;  y que posteriormente viera incrementarse aún más su patrimonio con las privatizaciones de empresas públicas, cuando se hizo de la propiedad de la entonces Soquimich, hoy SQM.

Las platas eventualmente recibidas por algunos parlamentarios, provienen de quien fuera multado por la Superintendencia de Valores y Seguros con la histórica suma de US$164 millones en la investigación del caso de las sociedades Cascadas, por infringir consistente y reiteradamente la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Sociedades Anónimas, a través de una serie de operaciones lideradas por Ponce Lerou para dejar disponibles paquetes de acciones y luego recomprar dichos títulos a precios mayores que el inicial.

En materia jurídica, además del caso Cascadas, Ponce Lerou enfrenta la arista SQM de financiamiento ilegal de campañas políticas, en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal por delito tributario por la rebaja indebida de la renta líquida imponible por la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad boletas de honorarios falsas; la Superintendencia de Valores y Seguros formuló cargos contra todo su directorio, por eventuales infracciones en la calificación de información esencial de la compañía para difusión al mercado; y en que accionistas minoritarios, que han sufrido pérdidas en la bolsa de Nueva York, ya han interpuesto tres demandas colectivas en Estados Unidos por no presentar de manera correcta la información sobre las operaciones de la compañía y por no contar con los controles internos adecuados sobre los reportes financieros.

Asimismo, si el organismo encargado de fiscalizar y regular la industria de valores en Estados Unidos, el SEC, decidiera interponer una demanda (dado que SQM cotiza en la bolsa de Nueva York), el directorio de la compañía arriesgaría multas que podrían llegar a los US$800 millones y penas de presidio efectivo de hasta 20 años. La globalización de la justicia podría sancionar penalmente los delitos de cuellos y corbata de Ponce Lerou, de los que hasta ahora ha logrado zafar.

Otro coletazo del fraude al fisco de SQM lo sufrieron los fondos de pensiones, con pérdidas de unos US$100 millones tras la caída en 17% de las acciones de la compañía en la Bolsa de Santiago. En ese sentido, la Asociación de AFPs no descartó acciones legales para ejercer sus derechos como accionistas minoritarios, lo que ampliaría los frentes judiciales que debe enfrentar Ponce Lerou.

Favor con favor se paga

El financiamiento ilegal por parte de operadores de grandes conglomerados evidentemente persigue controlar los votos en el proceso legislativo de proyectos de ley que les afectan (mail de Carlos Eugenio Lavín pidiendo gestiones a Ernesto Silva sobre proyecto de ley de Isapres, por ejemplo). Sacar una tajada en directorios de empresas estatales como retorno a su aporte (Carlos Alberto Délano y su pretensión de llegar a Codelco, mientras financiaba al Subsecretario de Minería, Pablo Wagner). O ganar procesos de licitación de manera irregular, como cuando SQM se adjudicó la explotación del litio para acceder a Contratos Especiales de Operación, proceso que posteriormente se declaró inválido por cuanto la compañía mantenía al menos 20 juicios pendientes con el Estado, cuestión que el Subsecretario Wagner (que tenía boletas con esa compañía) interesadamente no verificó.

Tanto en el caso Penta como en SQM, las estrategias jurídicas de los controladores pasan por culpar a los gerentes generales y asegurar desconocimiento de las irregularidades y potenciales delitos.

Patricio Contesse (que reconoció ante los accionistas pagos irregulares por US$11 millones y a quien el directorio pidió su renuncia) es para la defensa de Julio Ponce Lerou, lo que Hugo Bravo pretendió ser para la fallida estrategia de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín: los que manejaban a su antojo las chequeras. Sin embargo, cuesta creer que no participaran de esta estrategia de cooptación.

Bien es sabido que el que pone la plata, pone la música. Casos hay varios en nuestra historia legislativa reciente. En 2013, el lobby irregular de las pesqueras quedó al descubierto en la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca, cuando se descubrió que la diputada independiente Marta Isassi había recibido para su campaña $25 millones de la empresa Corpesca, del grupo Angelini, cuyos asesores hasta se daban el lujo de entrar a las sesiones de las comisiones para asegurarse de que se hicieran las indicaciones por las que habían pagado.

El resultado, una ley que se considera viciada y fruto de presiones indebidas, hecha a la medida de los intereses de la pesca industrial concentrada en siete familias (una de ellas, Angelini) y en contra de la artesanal.

El informe de la comisión investigadora del caso Cascadas, es otro ejemplo de que el financiamiento irregular de campañas electorales termina por atar de manos a los candidatos que lo reciben, que terminan debiéndose a sus financistas más que a sus electores.

Resulta a lo menos sospechoso que en el informe final no se cuestionara la actuación de Julio Ponce Lerou, que varios parlamentarios durante la investigación de la Cámara de Diputados se hicieran eco de los mismos argumentos de defensa que daban los abogados de SQM ante la Superintendencia de Valores y Seguros (que acusó al ex yerno de Pinochet de vulnerar la Ley del Mercado de Valores), valiéndose de minutas en extremo detalladas probablemente suministradas por la propia compañía. Los cabos ni siquiera hay que atarlos, están a la vista.

La ley de lobby recientemente aprobada por el Congreso, avanzó en transparentar el lobby y la gestión de intereses particulares sobre el gobierno central, las municipalidades, el Congreso Nacional y los órganos autónomos, estableciendo la obligación de registrar audiencias, viajes y regalos.

Sin embargo, la ley sólo afecta a quienes reciben la influencia del lobby (los sujetos pasivos, las autoridades) y no a quienes la ejercen (no considera ni los mails ni los llamados como acto de lobby, por ejemplo). En vez de regular a los lobistas, la responsabilidad de informar recae en los funcionarios públicos.

Volviendo a “House of Cards”, el control de parlamentarios por parte de grandes compañías remite a la imagen del hábil Remy Danton. Inicialmente asesor de prensa del propio Underwood, su mentor en malas artes, el lobista de la compañía de gas natural Sancorp está siempre rondando en los pasillos del Congreso ofreciendo grandes sumas de dinero a campañas políticas de parlamentarios, a cambio de su apoyo en la promoción de legislación que beneficia a la compañía.

Su nombre resuena en el financiamiento de campañas, tanto como en el trabajo legislativo y en las bancadas, el apoyo con fondos para la biblioteca que lleva el nombre de Underwood o en los proyectos humanitarios que lleva adelante su esposa Claire.Omnipresente, su compañía parece ocupar un puesto más en el Congreso.

Con una histórica desaprobación del Senado que alcanza un 75% (aumentando 10 puntos en un mes) y un 77% en la Cámara de Diputados (8 puntos más que en la medición anterior) según la última encuesta Adimark, los parlamentarios deberán dar muestras radicales de que son dignos de la confianza de la ciudadanía por la cual han sido elegidos.

Además de aprobar legislación anti corrupción y pro transparencia de vanguardia, considerar seriamente la propuesta de reforma constitucional que abogados constitucionalistas le hicieron a la Bancada AC (Asamblea Constituyente), que incorpora el plebiscito convocado por el/la Presidente/a con acuerdo de ambas cámaras del Congreso para generar una Nueva Constitución originada en democracia, sería un buen comienzo para comenzar a recuperar la credibilidad y no seguir poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática de nuestro país.

La certeza jurídica no bastó con Perú y lo que estuvo ausente fue la política, tal como lo adelantamos cuando recién comenzaban los alegatos del juicio en 2012.

Ni el peso de la Declaración de Santiago de Perú, Ecuador y Chile de 1952 ni la conducta de ambas partes reiterada por más de 60 años, pudieron contra la visión política de largo aliento de la diplomacia peruana, que se basó en la evolución del Derecho del Mar y que fue capaz de construir un caso sustentable, ahí donde parecía que no habían fundamentos jurídicos para hacerlo.

Y así surgió el “quiebre” del paralelo en las 80 millas (y no en las 200), una construcción jurídica fiel al principio de equidad tan propio de este tribunal internacional, y que generó polémica entre los propios jueces de la Corte que cuestionaron su razonamiento.

En este caso y en el de otros tribunales, la composición del tribunal sí importa, confirmando que las cortes internacionales, aunque juzguen en Derecho, no son inmunes a contextos y definiciones políticas.

Cabe recordar que el considerado “fallo salomónico” entre Colombia y Nicaragua,en que la Corte mantuvo la soberanía de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las aguas que las rodean en manos colombianas, mientras dejó en las de los nicaragüenses una porción de la zona marítima que pertenecía a los colombianos, no ha sido reconocido por Colombia y le valió su retiro del Pacto de Bogotá.

En materia de relaciones internacionales, los intereses políticos, electorales, geopolíticos y estratégicos hacen imposible asegurar que no resurjan tensiones aparentemente resueltas, por más que sus políticas tengan carácter de Estado y no sólo de gobierno.

El llamado “triángulo terrestre” y la rebuscada tesis peruana de la “costa seca” que no fueron abordados en la reunión 2+2 realizada en Santiago, se avizoran como un futuro tema de controversia, aunque los límites terrestres fueron definidos por el Tratado de 1929.

Como corresponde a cualquier fallo de organismo internacional, tanto Chile como Perú concluyeron del encuentro bilateral entre cancilleres y ministros de Defensa, que adecuarán su normativa interna a la sentencia, que es lo que corresponde.

También hay acuerdo en la gradualidad en la implementación del fallo, postura diametralmente opuesta a la manifestada por el Presidente del Consejo de Ministros peruano al día siguiente del anuncio de La Haya y distinta a la señal dada por el propio Humala, al enviar dos naves de la Marina de Guerra del Perú al “triángulo externo” ahora peruano.

Como efectos políticos de una construcción jurídica-política, tras el fallo aumentó la popularidad de Ollanta Humana y la de su esposa Nadine, futura candidata presidencial el 2015, y Alan García, ideólogo de la demanda contra Chile y, paradojalmente, condecorado por el Presidente Piñera en la ya famosa lógica de las “cuerdas separadas”, prácticamente lanzó su re-relección a la presidencia.

Por otra parte, el incremento del sentimiento de “unidad nacional” también benefició a Piñera, que mejoró su evaluación en la última Adimark, llegando hasta el 49%, su mejor ubicación desde su primer año de gobierno.

Asimismo, superar la visión cortoplacista y con poco sentido estratégico que han tenido nuestras relaciones internacionales recientes respecto de los límites fronterizos, implica no sólo negociar políticamente y no dejar todo el peso en lo jurídico, sino complementar con una política de fortalecimiento de zonas extremas.

Mientras Humala a pocos días del fallo viajaba a Tacna, celebraba un Consejo de Ministros, contenía expectativas “porque (la ciudad) no recibió lo que esperaba” y ofrecía millonarias obras de infraestructura, Arica no pasaba de ser una locación para puntos de prensa a la espera del fallo.

Si en enero fue el turno del dos veces postergado fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el litigio con Perú, en abril de este año será el tiempo de Bolivia para presentar su memoria de demanda en la que pedirá al tribunal que nuestro país negocie una salida al mar de buena fe y con resultados concretos.

Si bien el constructo jurídico de los “derechos expectaticios” creado por Bolivia en base a la expectativa que pudo haber generado Chile en el pueblo boliviano por las negociaciones frustradas puede no tener asidero en términos jurídicos, el caso boliviano no puede ser desacreditado y minimizado como ocurrió con el peruano.

Frente a este nuevo litigio, existe la razonable posibilidad de alegar incompetencia del tribunal de La Haya dada la existencia del Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile de 1904 (aunque Evo Morales argumente que fue firmado “bajo presión y amenazas”), dado que el Pacto de Bogotá de 1948 que ambos suscriben y que da jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia es posterior a la firma de dicho acuerdo.

Otra alternativa podría ser que Chile negocie con Bolivia en la etapa de “solución amistosa” del juicio para evitar un nuevo, costoso y desgastador litigio internacional que puede durar años.

En definitiva, negociar con Bolivia antes de llegar a tribunales internacionales es una viable alternativa política, ya que con el caso de Perú ha quedado claro que las certezas jurídicas no bastan.

Efectivamente, tanto Perú como Bolivia ejercieron “actos inamistosos” contra nuestro país al demandarlo ante un tribunal internacional y en el primer caso se ha cuestionado la política de las “cuerdas separadas” que privilegió las relaciones económicas y mantuvo incólume las políticas.

Frente a esta nueva demanda lo que debiera primar es el criterio político, estratégico y de largo alcance que estuvo ausente en el caso del Perú.

Que el intercambio comercial de Chile con Bolivia sea muchísimo más bajo que con Perú, no debe implicar una baja prioridad de este caso, especialmente tras la sentencia respecto del país inca que, evidentemente, sienta un precedente a favor de la nación menos poderosa.

No se trata, como sugirió en algún momento el Presidente Piñera, de simplemente cambiar “gas por mar”, sino de construir una estrategia de integración de largo plazo que beneficie a ambos países y que supere la tesis de Chile como “mal vecino” que Perú tuvo éxito en instalar frente a los ojos de La Haya.

Chile aumenta su consumo energético, necesita nuevas fuentes de energía y Bolivia tiene sobreproducción de gas, por lo que bien vale la pena indagar en nuevas formas de intercambio y cooperación.

Lo que está en juego es la necesidad de inaugurar una nueva etapa en las relaciones internacionales con nuestros países vecinos de cooperación e integración. Además, Chile debe reforzar su relación con Brasil, alicaída durante gobierno de Piñera, y con Ecuador, que siendo un aliado histórico no nos apoyó frente a la demanda del Perú en La Haya. Chile debe volver su mirada al continente y priorizar Unasur y Mercosur, por sobre la Alianza del Pacífico y su sello neoliberal.

Por lo pronto, Evo Morales confirmó la mantención de la demanda contra Chile por una salida soberana al mar luego de que el Consejo de Reivindicación Marítima (compuesto por ex cancilleres) así se lo recomendara.

Dado que Morales tiene el mandato constitucional de procurar una salida soberana al mar de su país como un “derecho irrenunciable”, la reivindicación marítima volverá una y otra vez a aparecer en cada ola, resaca y subida de marea, por lo que mantener la tesis de que no hay problemas limítrofes pendientes resulta claramente insuficiente frente a una problemática más que jurídica, política.

En materia de Defensa y Relaciones Internacionales, el programa del nuevo gobierno aspira a reanudar vínculos con la región, contribuir a una mayor unidad regional y a retomar el camino del diálogo con Bolivia, dando una nueva oportunidad a la integración y el entendimiento, aunque no sea la apuesta más popular y seguramente no cuente con el apoyo de amplios sectores chovinistas y reaccionarios que aún no logran superar el paradigma de la confrontación en vez de apostar por la cooperación.

Entonces, pidió “mejorar la unión política (entre RN y la UDI) y la renovación de confianzas con el electorado”, tal vez intuyendo que la derecha sufriría un duro golpe en el ciclo político en ciernes, donde se quedó sin libreto ante la nueva hegemonía cultural reinante en el país.

En ese entonces, aún no se producía el reemplazo sucesivo de candidatos presidenciales del sector, sindicado por algunos como una de las razones de la anunciada derrota de la derecha en las urnas.

Ni tampoco Piñera había criticado a los “cómplices pasivos” de la dictadura ni cerrado el Penal Cordillera durante la conmemoración de los 40 años del golpe, logrando aislar a la derecha pinochetista en miras a su campaña para volver a La Moneda el 2017 y marcando una leve alza en su popularidad, a costa del ala más dura de su sector político.

Don Carlos también fue de los primeros en reclamarle al propio Piñera -al inicio de su gestión- su falta de relación con los partidos políticos y, posteriormente, en criticarle al Presidente (de las filas de su partido, pero con militancia congelada mientras esté en el poder) su cercanía con la UDI.

Hasta renunció a la presidencia de Renovación Nacional (aunque sólo por 24 horas), en reproche a la salida del entonces ministro de Justicia, Teodoro Ribera, luego de que se viera vinculado al caso acreditaciones cuando era Rector de la Universidad Autónoma.En esa ocasión, Larraín defendió a brazo partido al entonces ministro, cuyo conflicto de interés generó una crisis política para La Moneda.

A pocos días de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, Larraín volvió a la carga al sostener que fue un error bajar la candidatura presidencial de Golborne, enfrascándose en una nueva polémica con Piñera –que consideró que sus palabras “no aportan en nada”- y con el timonel de la UDI, Patricio Melero, de quien planteó que “no me extraña que salga a decir que el ´jefecito´ Piñera tiene razón”.

Detrás de esta nueva provocación a la UDI -que en la práctica le impuso la candidatura de Matthei a RN, aún cuando Allamand había participado en las primarias al interior de la Alianza-, Larraín además reconoce implícitamente que no deberían ser cuestionables negligencias o actuaciones pasadas de un candidato presidencial.

Ni la omisión en la declaración de patrimonio de las inversiones en paraísos fiscales de Golborne ni su aplicación de cláusulas abusivas y alzas unilaterales en los costos de mantención de tarjetas de crédito, serían para Larraín inhabilidades para ser Presidente de la República.

Con estos dos casos, Larraín da cuenta de su incapacidad –que es la misma que la de su sector- de adecuarse a nuevos estándares de medición de la calidad de la política, acostumbrado a una ciudadanía que no cuestionaba excesos o malas prácticas hoy inaceptables.

A lo anterior se suma que la derecha conservadora -una de las almas que coexisten al interior de la Alianza-, no ha sido capaz de adaptarse a los nuevos temas de la llamada agenda valórica (que en realidad es política), resistiéndose a otras formas de hacer familia, al goce pleno de derechos de la diversidad sexual, a la despenalización del aborto o del autocultivo de marihuana.

Sin proyecto ideológico

Pero la base del retroceso de la derecha es que ya no tiene un proyecto ideológico que ofrecer a la ciudadanía y que la llevó –según las palabras de Jovino Novoa- a gobernar con ideas que no le son propias y que hoy, llevará a parte de su tradicional electorado a manifestarse por un outsider populista como Parisi.

Tras las movilizaciones estudiantiles y sociales del 2011 -que fueron la punta del iceberg del cuestionamiento del modelo económico y político-, el fundamento neoliberal anota un socavamiento gradual y persistente que conduce a la derecha a no tener un discurso en sintonía con las reivindicaciones de derechos que hoy se exigen.

La expresión política que en los noventa prendió en el mundo popular de manos de la UDI y que en la primera parte de la campaña de la derecha Longueira trató de relacionar con el concepto de “centro social”, hoy sucumbe ante un cambio en la correlación de fuerzas, al menos a nivel ideológico (dada la camisa de fuerza del binominal).

Insólitos llamados como los del Secretario General de RN, Mario Desbordes,a la “familia militar” a votar por la candidata del oficialismo evidencian la desesperación de una derecha que probablemente no alcance su piso histórico, por lo que apela al voto duro (que al parecer tampoco estaría dispuesto a apoyarla) frente a un voto voluntario que pone en jaque la adhesión del sector.

Porque, contrariamente a las hipótesis iniciales que se barajaban, el voto voluntario ha movilizado menos a los sectores más informados y con mayores recursos que tradicionalmente se identifican con la derecha. Sus electores resultaron ser más blandos, por lo que la derecha podría verse más afectada por la abstención. Están menos dispuestos a acudir a las urnas, más apertrechados en la arena económica que en la política.

La derecha está avergonzada, como diría Jovino Novoa, quien tempranamente vislumbró que no tenía oportunidades para su reelección y no se volvió a postular como senador, aunque sigue moviendo los hilos de la UDI.

Avergonzada de que un ciclo económico expansivo no se haya traducido en adhesión popular al gobierno.

Avergonzada de que, a pesar de que la Concertación administró el modelo económico y político heredado de la dictadura, hoy sean sus pilares los cuestionados por la sociedad.

Pero no se avergüenza, amparada en el sistema binominal, de su llamado a mantener los 4/7 en el Congreso que le permitan seguir bloqueando los cambios estructurales que Chile necesita.Porque, anticipadamente perdida la presidencial, apuestan por mantener los cerrojos desde el Congreso, su trinchera.

Es esperable que como resultado de su crisis de identidad, la derecha comience a avergonzarse decididamente de su rol en la dictadura cívico-militar y del pacto de silencio que mantienen los militares; de mantener una Constitución de origen ilegítimo y de sus candados institucionales; de haber sido un dique de contención a proyectos de ley de profundización democrática que llevan años en el Congreso; de mantener una espuria relación entre dinero y política, de sus conflictos de interés e inhabilidades.

Y de tener dirigencias como la del propio Larraín, que ha impedido decididamente la renovación de la derecha; la irrupción de nuevos liderazgos más democráticos y transparentes y ha mantenido cooptados a sus militantes por el financiamiento de sus campañas.

Convencidos aún de que “éstas son cárceles distintas para hombres distintos”, como planteara el polémico ex presidente de la Corporación 11 de septiembre, gozaban de condiciones carcelarias privilegiadas habiendo cometido crímenes de lesa humanidad, con varias cadenas perpetuas y condenas que sumadas alcanzan más de 600 años; mientras por delitos menores, miles de reos comunes sufren la indignidad de las cárceles chilenas, en las que no están ausentes tratos crueles, inhumanos y degradantes y hasta torturas.

Los autores de asesinatos como el del canciller Orlando Letelier, de Víctor Jara, del general Carlos Prat y su esposa –entre los más emblemáticos-, miembros de la fatídica Caravana de la Muerte o de la Brigada Lautaro, agentes del Estado que participaron en la Operación Albania o en la Colombo, se paseaban sonrientes por las áreas verdes del penal Cordillera.

De asado en asado, partidos de tenis y hasta homenajes por su “gesta patriótica”, pasaban sus días en una cárcel especialmente construida para ellos bajo el alero del temor al poder militar que duró hasta bien entrada la transición democrática, en el recuerdo de ejercicios de enlace y “boinazos”.

El suicidio del general Odlanier Mena –hombre de confianza de Pinochet- durante su salida de fin de semana en horas previas al traslado de los genocidas a Punta Peuco, podría considerarse un acto desesperado por no abandonar los privilegios de este penal militar.

Pero también da cuenta de las rencillas internas entre los habitantes de Cordillera. Según reveló en 2006 el ex agente de la CIA Michael Towney, Contreras quiso envenenar a Mena con una “sopa de bacterias” que le solicitó al químico Eugenio Berríos.

Más que de la decisión de Piñera de cerrar el penal militar Cordillera -basada en el principio de igualdad ante la ley, la seguridad de los internos, y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería (que el Presidente confirmó que no se verá alterada tras el “trágico fallecimiento” del ex CNI), Mena es víctima de Contreras.

De hecho, en una carta aparecida el mismo día en que tomó su extrema decisión, Mena juró no tener conocimiento de la Operación Cóndor y que al hacerse cargo de la CNI, que vino a reemplazar a la DINA, puso la condición de no tener contacto alguno con Contreras, su ex director. Sostiene que como ello no se cumplió y –por el contrario- se dispuso la subordinación de todos los servicios de inteligencia a la DINA, se retiró de su cargo e institución.

Ya tras las “rejas” (que en realidad en el penal Cordillera no existían), Contreras se siguió sintiendo tan seguro durante los 12 años que lleva su reclusión, que no ha dado una, sino muchas entrevistas a los medios de comunicación mofándose de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de la verdad histórica de los informes Rettig y Valech.

Considerándose a sí mismo como un “chivo expiatorio”, Contreras hasta se enfrentó al propio Pinochet cuando cumplía 89 años, emplazándolo a que asumiera toda la responsabilidad de lo ocurrido en Chile. Además, cuestionó sus cuentas secretas en el banco Riggs, asegurando que “nadie puede llegar a tener una fortuna en el ejército, porque los sueldos de los militares son bajos. Sólo una persona hizo esto”.

La condena de la historia

Pero a 40 años del golpe falló su cálculo y no supo leer –tal como no lo hizo la candidata presidencial oficialista y sí lo consiguió el Presidente Piñera, que logró aislar a la derecha pinochetista con miras al 2017- que finalmente la historia había fallado a favor de la figura del Allende demócrata y en contra del Pinochet golpista.

Contreras insistió en la actitud soberbia que ha mantenido durante su privación de libertad, sin considerar que en esta ocasión confluyeron además de la conmemoración de las cuatro décadas del quiebre democrático, un cambio profundo en la visión histórica del golpe de Estado producto del nuevo ciclo político, una opinión pública crítica a los abusos y la inequidad, y la izquierdización de la agenda política.

En los 40 años, ni siquiera la derecha más dura se atrevió a justificar las violaciones a los derechos humanos, pero el “Mamo” en la entrevista en CNN Chile negó que Villa Grimaldi fuera un centro de tortura, se aventuró a sostener que no murió nadie en un centro de detención de la DINA, que todos los detenidos desaparecidos están en el Cementerio General, que Cordillera no era una cárcel y que los gendarmes estaban ahí para sostenerle el bastón.

Producto de sus expresiones denigratorias a Gendarmería, Contreras fue “castigado” con una semana sin recibir visitas, confirmando los privilegios de las cárceles militares para sus “huéspedes”. En cambio, los castigos a reos comunes en las cárceles chilenas son las celdas de aislamiento sin luz ni baño, que tampoco tienen muchos reclusos en sus celdas, lo que los obliga a defecar en bolsas cuando se cierran las rejas tipo 5 de la tarde.Compare.

La cárcel militar Cordillera tenía 10 internos (considerando a Mena) y 36 funcionarios de Gendarmería (3,6 gendarmes por recluso), mientras la ex Penitenciaría de Santiago tiene 400 gendarmes para 5.456 privados de libertad (0,01 gendarmes por reo). Vuelva a comparar.

Las “tradiciones” se mantenían en la cárcel militar Cordillera: un garzón funcionario del Ejército diariamente le administraba los alimentos a Contreras y la guardia militar le seguía rindiendo honores.

La mantención del rango militar a pesar de ser reos condenados no tiene ninguna justificación, por ello es necesaria la denigración de militares condenados por delitos de lesa humanidad para que sean expulsados de las FFAA, se les quite su grado, cumplan sus penas en cárceles comunes y dicha sanción no sólo sea aplicable por la internacionalmente cuestionada justicia militar.

La cárcel Punta Peuco en Til Til acoge ahora a nueve genocidas de Cordillera, con 44 internos y capacidad para albergar a 48, y 66 gendarmes disponibles.Aunque este penal fue construido en un terreno de Gendarmería y no militar, sigue siendo una cárcel especial para uniformados (al que, en una clasista medida, van funcionarios de menor rango).

Cabe preguntarse por qué se debe mantener el concepto de cárcel militar para los integrantes de las FFAA condenados, habiendo recintos como la Cárcel de Alta Seguridad que cumple con condiciones de segregación y seguridad adecuadas para estos uniformados.

Y también cabría considerar la idea de mantener la cárcel Cordillera y trasladar allí a madres privadas de libertad con sus hijos pequeños, por ejemplo, considerando que el hacinamiento y la sobrepoblación son la tónica en los penales chilenos (aunque habría que ver la viabilidad de una medida como ésa en un recinto militar como el Comando de Telecomunicaciones del Ejército, donde está instalado el penal). Ello sería un golpe a la cátedra que avanzaría en la aún lejana concreción del principio de igualdad ante la ley.

Antes de cumplir su pena de más de 300 años y dos condenas perpetuas, Contreras se “refugió” en su fundo en Fresia y luego en el Hospital Naval de Talcahuano, para posteriormente seguir “refugiándose” en los privilegios de la cárcel militar Cordillera.

Esperemos que Punta Peuco sea sólo un paso en su camino a la Cárcel de Alta Seguridad, donde se resguarde su seguridad en tanto privado de libertad, pero sin privilegios.

Las reacciones no se hicieron esperar y la Asociación Nacional de Magistrados más tarde pediría perdón a las víctimas y reconocería que el Poder Judicial y la Corte Suprema de la época “claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal”, emplazando, asimismo, al máximo tribunal a “realizar también la necesaria reflexión crítica” por no haber dado a los perseguidos y víctimas la protección jurisdiccional que tantas veces le fue reclamada.

A 40 años del golpe de Estado al que siguió la dictadura militar que -según los informes Valech y Rettig- dejó a 28 mil personas torturadas, 2.279 ejecutados políticos y 1.248 detenidos desaparecidos, como en una hilera de dominó que reacciona a un primer toque, la Corte Suprema no pudo desoír la solicitud de los jueces de la nueva generación.

Aunque no pidió perdón, sí reconoció “dejación y omisiones” durante la dictadura y explicitó su compromiso “para que ese comportamiento no se repita”, enunciando implícitamente garantías de no repetición.

Pero las palabras de Piñera no sólo salpicaron al Poder Judicial y, particularmente, a la Corte Suprema, sino a la propia derecha, que posteriormente le pasaría la cuenta por su intento fallido de ubicarse como un estadista frente a hechos históricos como la conmemoración de los 40 años, a costa de explicitar sus diferencias con la Alianza.

Es su obsesión por proyectarse a La Moneda el 2017 la que lo hizo no calcular el costo de posicionarse en materia de Derechos Humanos en la vereda opuesta a la de sus aliados, para hacer un coqueteo al centro político (con el cual parece simpatizar).Estrategia que probablemente antecederá su decisión de volver a militar en Renovación Nacional luego de dejar la presidencia y de liderar el partido para construir su plataforma de proyección hacia un segundo periodo de gobierno.

Tras evidenciar su molestia por los dichos de Piñera, la presión de la derecha hizo recular al Presidente en el acto oficial de La Moneda en el cual fue el único orador y al que sólo asistieron los candidatos presidenciales Israel, Sfeir y Matthei, aunque habían sido invitados la totalidad de ellos.

Evitó hablar de los “cómplices pasivos” como lo había hecho días antes, dichos que tan mal le habían caído a su socio Carlos Larraín, que calificó como “antipáticos para muchos de sus colaboradores y de los nuestros”.

Tampoco usó la palabra dictadura, seguramente para no incomodar a personeros como el actual diputado de su propio partido Alberto Cardemil, al que no le pareció lo de “cómplices pasivos” y dijo no sentirse aludido, aunque como subsecretario del Interior en dictadura infiltró y espió a los profesionales de la Vicaría de la Solidaridad.

O al ex capitán de Ejército y diputado también de Renovación Nacional, Rosauro Martínez, que integró la CNI y la DINA y que habría dispuesto el homicidio de tres integrantes del MIR.

En su suavizada alocución, Piñera tampoco habrá querido incomodar al ex coronel de Ejército, integrante de la DINA y alcalde por 16 años en Providencia, el UDI Cristián Labbé, implicado en casos de tortura en el Casino de la Escuela de Suboficiales de Tejas Verdes, recinto de detención, laboratorio y centro de entrenamiento de agentes de la DINA.

En su discurso en La Moneda el Presidente seguramente no tuvo el ánimo de provocar al Mercurio, que en una editorial calificó de “injustos” los cuestionamientos que Piñera había hecho al rol de la prensa en dictadura, que en el caso del vespertino La Segunda llegó a titular “Exterminados como ratones” para referirse a la muerte de 119 personas en el marco de la operación Colombo.

Los “cómplice pasivos” -en palabras de Piñera- fueron quienes “sabían (de las violaciones a los DDHH) y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada”.

Descripción en la que caben innumerables civiles que participaron en la dictadura militar y a quienes la justicia no ha alcanzado en su rol de encubridores, y que siguen escondiéndose en una derecha que no termina de reconocer su complicidad en una de las etapas más oscuras de la historia de Chile reciente.

Peor ocurrió con la huelga de hambre que antecedió a la riña, cuyo petitorio –que pedía apenas condiciones mínimas de subsistencia, como raciones de comida en cantidad suficiente- casi ni se conoció.

A casi dos años de la tragedia de la Cárcel de San Miguel en que murieron 81 reos, se han impulsado reformas para reducir la sobrepoblación y el hacinamiento carcelarios,incluso con la construcción de nuevas cárceles que, contrario a la tendencia de concesionar los recintos penitenciarios, serán manejadas por el Estado, logrando reducirla de 42,3% en 2011 a 23% el año pasado.

Sin embargo, no se ha avanzado de igual manera en entender que las personas privadas de libertad tienen derechos humanos y que es el propio Estado quien tiene el deber de brindarles protección, por cuanto se encuentran en un estado de indefensión y en una condición de gran vulnerabilidad.

La propia ciudadanía tiene una percepción de inseguridad que alienta el uso de la pena de cárcel, que se traduce en una de las tasas más altas de prisionización de América Latina, a pesar de que los índices de criminalidad violenta son de los más bajos de la región latinoamericana, según consigna el Informe de Derechos Humanos 2012 de la Universidad Diego Portales.

Por su parte, el Informe Anual 2012 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile del INDH señala que la irracionalidad en el uso de la pena privativa de libertad, el hacinamiento, las malas condiciones carcelarias y la privación generalizada de derechos para los internos dificulta que las políticas penitenciarias efectivamente se orienten hacia la rehabilitación e integración.

La sanción de privación de libertad se usa de manera desmedida y criminaliza a sectores de la población más desventajados, que poseen menos instrucción y recursos.

Lejos de lograr la rehabilitación en los recintos carcelarios y la reinserción social tras salir de ellos, se exponen a vejámenes que atentan contra su dignidad humana e, incluso, a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En la práctica, el encierro profundiza la situación de vulnerabilidad y segregación contra personas previamente discriminadas en su condición de pobreza y marginalidad.

Una persona que haya cometido un delito sólo debe ser privada de su libertad, no del respeto de sus derechos fundamentales por parte de los agentes del Estado.

El derecho internacional de los derechos humanos considera que la privación de libertad es un momento sensible al cual los agentes del Estado debe estar alerta, por cuanto en los centros penitenciarios o de detención se alcanza el más alto riesgo de torturas, trato denigrante, golpizas e incluso la muerte.

A pesar de ello, los reclusos no son prioridad de la política pública porque la política criminal sigue basada en un criterio de populismo penal, que incluso es alimentado por el gobierno al cuestionar el garantismo de los tribunales de justicia, lo que hace un tiempo implicó una intromisión del ministerio del Interior en el quehacer de la Corte Suprema y del Ministerio Público, contraviniendo el principio de independencia de los poderes del Estado.

Incluso se podría argumentar que también influye el hecho de que los privados de libertad, al no tener derecho a voto, no pueden ejercer presión política sobre sus representantes como -en teoría- sí pueden hacerlo los ciudadanos.

En Chile, las personas privadas de libertad se ven impedidas de ejercer su derecho a voto por mandato constitucional.

Los artículos 16 y 17 de la Constitución establecen que el derecho a voto se suspende en el caso de personas que estén acusadas de haber cometido un delito que merezca pena aflictiva, por conducta terrorista o tráfico de estupefacientes. Para el primer caso, la calidad de ciudadano se recupera con la extinción de la responsabilidad penal, mientras que para el segundo y tercero, las personas tendrán que solicitarlo al Senado una vez cumplida la condena.

Pero ello no ocurre así en otros países como Canadá, Ucrania, Sudáfrica o Irán, donde los privados de libertad pueden mantener su derecho a voto, y en otros como Finlandia, que prohíben votar a los presos sólo por algún tiempo después de finalizado su encarcelamiento.

En función de la necesaria democratización social y la expansión de espacios de deliberación ciudadana, se puede entender que al eliminar el derecho a voto para los privados de libertad se incrementa la desigualdad e injusticia y  se acrecienta la distancia social entre éstos y la comunidad. Por el contrario, el recuperarlo permitiría favorecer su rehabilitación y reinserción social.

Hechos recientes como el cambio de la plana mayor de la Cárcel de Valdivia, por casos de maltrato a reos al interior del recinto (que generaron huelgas de hambre incluso con reos cosiéndose los labios) denunciados por el INDH, alumbran el camino hacia el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, que sólo deben ver restringida su libertad, pero en ningún caso su dignidad humana.

Ambos apelan al codiciado centro político para hacerse del segundo puesto, como lo ha venido haciendo la mayoría de los aspirantes de La Moneda en ambos bloques. Porque históricamente, el que conquista el centro, gana las elecciones presidenciales.

En la franja electoral que salió del Congreso a última hora (lo que sin duda afectó la calidad de las propuestas audiovisuales), el centro fue nuevamente el principal aludido.

Expresamente en el caso de Orrego, que dice ser “el más centrado de todos” medido con una huincha para dar fe de ello; y de forma más implícita en el monólogo de Velasco, que asegura que“no estoy ni con la derecha, ni con la izquierda tradicional”.

La Democracia Cristiana es, supuestamente, la representante más fiel del centro político, lo que explicaría la obsesión en 2011 del entonces factótum de Bachelet, Camilo Escalona, por fortalecer el eje PS-DC para frenar la arremetida PPD y radical por hacer un giro a la izquierda en la Concertación.

Y, en la misma línea, la preocupación del Presidente del PS, Osvaldo Andrade, por cuidar la “estantería” (alianza PS-DC) sobre la cual se asentaba la Concertación completa.

Tan férrea parece ser la alianza entre los sectores conservadores de ambos partidos, que luego de que Escalona se negara a participar en primarias de su colectividad para definir al candidato senatorial por Los Lagos, hoy es el demócrata cristiano Gutenberg Martínez el que insta a su colectividad a llevar como candidato al militante socialista en alguno de los distritos donde la Democracia Cristiana no levantará candidato.

Una mano lava la otra, son las alianzas del conservadurismo transversal de la Concertación.

En la disputa por el centro, el 2012 en su obsesión por buscar el centro Renovación Nacional hizo promesas a la DC (que resultaron incumplidas), al impulsar juntos un programa de reformas políticas que incluía incluso un régimen político semipresidencial y un sistema electoral proporcional corregido. Todo quedó en nada y ese coqueteo llegó a su fin.

Pero en plena campaña electoral, Renovación Nacional volvió a arremeter cuando su presidente, Carlos Larraín, con motivo de la adhesión del Partido Comunista a la candidatura de Michelle Bachelet llamó al presidente de la DC, Ignacio Walker, a que “nos miren un poco”, ya que “creemos ser unos pololos más prometedores”. Larraín incluso fue más allá al proyectar un futuro juntos entre RN, UDI y la DC:”cabemos los tres ahí (…) en esto soy lo más promiscuo”.

Asimismo, en el debate de energía presidencial el candidato presidencial de RN, Andrés Allamand, entre broma y broma llamó a los precandidatos Orrego y Velasco (que estaban sentados al frente suyo) a integrarse a su comando, intentando atraer a ese sector para ampliar la centro derecha.

Allamand ha apostado al centro político y calificó como “error electoral” la adhesión del PC a la candidatura de Bachelet, y que había que agradecerles porque al izquierdizar la Nueva Mayoría dejaba un espacio al centro político, que su sector podría tomar.

En la misma disputa por el centro, el candidato UDI Longueira ha creado un nuevo concepto, como es el “centro social”, que apela a la base de su partido, la derecha popular, esa que se forma en las poblaciones, muchas veces más cercana al ofrecimiento de regalías que de las ideologías.

Con el “centro social”, paradojalmente un “animal político” como Longueira apela, justamente, a la despolitización de la política al tratar de vaciar de contenido político al centro y dotarlo de sentido meramente pragmático. En palabras del candidato a senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, “el centro social no existe”.

La “mayoría silenciosa” de Longueira es la que susurra que apoyará al candidato en su franja electoral, como avergonzada de su propio discurso de derecha que intenta disfrazar bajo la construcción artificial del centro social.

Travestismo político que intenta disfrazar con ropajes de centro un discurso de fondo excluyente, xenófobo que quiere “trabajo para los chilenos”, porque los migrantes ilegales se lo estarían quitando a los chilenos. Muy de “centro”.

En definitiva, el centro del espectro político es el espacio más disputadopor los candidatos de los dos bloques que actúan bajo la lógica binominal, en el entendido de que el electorado chileno es moderado, no le gustan los extremos ni las peleas.

Sin embargo, ese supuesto merecería, al menos, una revisión luego del cambio de ciclo político producto de la nueva forma de apelar al Estado de la sociedad civil.Porque si en algún momento Escalona logró frenar el giro a la izquierda, la fuerza de las ideas ciudadanas al parecer hizo que el verdadero centro, se corriera a la izquierda.