Tal instrumento, se utiliza cuando se declara Estado de Emergencia, permitiendo activar los protocolos del Plan de Protección Civil de la ONEMI, correspondiendo al ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con los gobiernos locales, aplicar la EFU, que ya se ha aplicado en catástrofes anteriores y actualmente en la Zona Norte.

En este sentido, ¿por qué catastramos?, la encuesta rescata el grado de pérdida y la situación familiar, permitiendo orientar de mejor manera la ayuda. Los lugares en donde se inició la aplicación del instrumento son principalmente en albergues habilitados y puntos focales instalados en zonas cercanas a las familias que resultaron siniestradas, donde son los funcionarios de las Municipalidades, Secretarias Regionales Ministeriales quienes aplican las encuestas.

Este catastro nos permite identificar las características y requerimientos del grupo familiar y destinar de manera adecuada la ayuda necesaria, como mejoramiento de habitabilidad, beneficios sociales, identificar a los menores de edad, las personas mayores en situación de dependencia moderada o leve, o personas que necesitan alguna atención especial.

Durante estos días, hemos supervisado la evacuación de personas, el proceso de entrega de alimentos y agua, los trabajos de la maquinaria para despejar los caminos bloqueados, respondiendo a los requerimientos inmediatos y concretos de la primera fase de la emergencia.

La ayuda ha avanzado en algunos lugares, donde se han entregado dosis de vacunas para combatir la hepatitis e influencia;  alimentos y agua necesaria; hay 700 jóvenes colaborando en la campaña “Jóvenes por el Norte” iniciada del Instituto Nacional de la Juventud  que actualmente está desplegada en las tres regiones afectadas y que gestiona los lugares de acopio; estamos catastrando la situación de los menores de seis meses que requieran reposición completa del Ajuar que entrega el Estado y de las personas en situación de discapacidad que hayan perdido sus ayudas técnicas como bastones o sillas.

Pero aún existen puntos críticos, donde no hemos podido acceder y ante ello la restitución de la conectividad sigue siendo un imperativo.

El esfuerzo del gobierno  para llegar a todos los lugares no ha sido fácil y el ministerio de Desarrollo Social con sus Servicios asociados: Conadi, Injuv, Senama, Senadis y Fosis están desplegando a todos sus equipos para garantizar que todos los damnificados sean atendidos para recibir ayuda material y/o psicolosocial.

En Chile, donde tenemos coberturas de servicios básicos altos, superiores al 90% se nos olvida  que aún hay cientos de localidades del país -incluso de la Región Metropolitana- donde el agua es escasa o donde no es apta para consumo humano por lo que la población debe obtener este recurso a partir de fuentes alternativas como camiones aljibes, vertientes, pozos y norias.

A nivel global la situación es dramática, 1.100 millones de personas carecen de acceso al agua potable y otros 2.400 millones no tienen acceso a un saneamiento adecuado. Dentro del diagnóstico  la distribución y la gestión del recurso forma parte importante del problema a resolver. Entonces lograr y asegurar agua potabilizada es un desafío para los gobiernos y las políticas sociales inclusivas.

Hace unos días la Presidenta Michelle Bachelet presentó en Peñaflor el proyecto “Agua potable para todas y todos”, iniciativa que pone la innovación tecnológica  al  servicio de la superación de la pobreza y que permite  brindar acceso a agua de calidad para el consumo humano, especialmente en zonas vulnerables, de difícil acceso, pero que también podría admitir usos alternos como catástrofes naturales, campamentos u otros donde exista población que no tiene garantizada la salud a consecuencia de esta carencia vital.

Esta iniciativa es implementada por el ministerio de Desarrollo Social a través de su Fondo “Línea de Superación de la Pobreza” de la División de Cooperación Público-Privada con Advanced Innnovation Center — que lidera el investigador Chileno Alfredo Zolezzi— y la Fundación AVINA.

El método, simple y complejo a la vez, permite un tratamiento capaz de eliminar totalmente virus y bacterias presentes en el agua y hacerlo sustentable para las comunidades en el tiempo. El proyecto beneficiará a cinco localidades en dos regiones del país y prontamente cruzará las fronteras para instalarse en países de distintos continentes. 

Esta iniciativa muestra a un Chile distinto, donde tecnología e innovación junto  a la política pública se constituyen en una vía eficaz de solución a uno de problemas centrales del siglo XXI.

Para erradicar pobreza y vulnerabilidad ya no basta hacer más de lo mismo, por bueno que sea.Hay que aplicar soluciones nuevas, diversas, sustentables y sostenibles. Esta cartera y sus servicios relacionados están impulsando alianzas con innovadores para desarrollar ideas con sentido social, otorgando solución a problemáticas que muchas veces se ocultan detrás de cifras globales y promedios exitosos.

Si al país le ha ido bien en el combate a la pobreza, como ha sido el caso de Chile, procuremos que eso sea cierto para todos y todas en algo tan esencial como el acceso al agua potable.

Esta reducción es positiva, pero en los últimos 24 años el indicador ha experimentado alzas y caídas marginales, nunca superiores a 0.03 puntos anuales, lo que representa  una desigualdad de ingresos constante.

Como gobierno hemos señalado que la desigualdad de ingresos, de género, de pertenencia a pueblos indígenas, territoriales, etc., afectan las oportunidades de las personas, perpetuando brechas y erosionando la cohesión social. Otra mirada de los efectos de la desigualdad menos frecuente es su impacto sobre los niveles de crecimiento económico.

La OECD vincula ambas variables[1], en donde constata que al interior de los países del grupo, la brecha entre ricos y pobres alcanzó en este periodo su nivel más alto desde hace 30 años, llegando a 9,5 veces en promedio. Esta cifra, según la publicación, alcanza a 30 veces en Chile.

Los altos niveles de desigualdad en Chile, no son la novedad. Lo relevante del Informe dice relación con el efecto de este aumento en el promedio de países OECD, traducido en 3 décimas del Gini –de 0,29 a mediados de los ´80 a 0,32 en 2011-2012- lo que habría significado una reducción del crecimiento en 0,35 puntos porcentuales por año, durante 25 años, esto simplificadamente representa una pérdida acumulada del PIB de 8,5% en ese periodo de tiempo.

La lucha contra las desigualdades contribuye a generar una sociedad cohesionada y también permite fortalecer la economía. Según el Informe, la desigualdad reduce las posibilidades de acumular capital humano (educación), principalmente en sectores de menor ingreso, lo que se traduce en menor movilidad social y desarrollo de competencias.

La misma fuente expresa que la preocupación de los países no sólo debe enfocarse en los sectores en pobreza, sino en toda la población de bajos ingresos, puesto que allí es donde se registra el mayor impacto de la desigualdad sobre el crecimiento económico.

Estos datos confirman la importancia de la agenda por la equidad de este Gobierno, y la pone también en el contexto de una agenda pro crecimiento económico. Esta agenda, además de las reformas estructurales en materia educacional y tributaria, considera el fortalecimiento y ampliación del Sistema de Protección Social en el Presupuesto 2015.

Y para lograr ese objetivo, el vivir bien, vivir sano, es que hemos imprimido un sello donde el Estado asuma responsabilidad de dar acceso a servicios que permitan disminuir las brechas y barreras para la vida saludable, a través de acciones en materia de salud, educación, recreación y actividades al aire libre.

Se trata de una oferta articulada con los diferentes ministerios: Salud, Educación, Deportes, Trabajo,  Vivienda, Ministerio de Desarrollo social, que representa tener una oferta programática más completa e instaurar una política pública coordinada a nivel nacional, con expresión regional y local, lo que permitirá en mayor incidencia en la calidad de vida de las personas.

Es por ello, que damos inicio a un nuevo periodo del Sistema Elige Vivir Sano, que se pone a disposición de las comunidades y un conjunto de iniciativas que abarcan desde la alimentación, la actividad física e información, para potenciar los hábitos saludables desde la primera infancia a la tercera edad. Asimismo, las actividades tendrán pertinencia intercultural, de género, territorial y contará con criterios de no discriminación hacia las personas en situación de discapacidad.

Es imprescindible promover la inclusión de las comunidades y transformar los entornos y espacios para que puedan ser usados a favor de la salud de las personas.

Para ello, este nuevo periodo contempla tres líneas de acción, una línea que contempla la intervención de actividades deportivas y recreativas; una segunda, constituidos por acciones relativas a “alimentación saludable” y una tercera línea, “que es la de formación y participación ciudadana” que permitirá ejercer decisiones informadas.

Asimismo, es necesario para este nuevo periodo, construir indicadores que permitan monitorear y evaluar comunidades saludables, de manera de identificar las áreas que presenten mayor desafío por abordar y reorientando la oferta programática, si es necesario.

Precisamente, tenemos que contribuir en la generación de marcos normativos que eleven los estándares en materia alimentaria y en condiciones de entorno que mejoren la calidad de vida de las personas, aquello permitirá dar lineamientos hacia estilos de vida saludable, amigable y activos.

Entre las ofertas programáticas que están a disposición de las comunidades, encontramos los Huertos Escolares que llegarán a 100 escuelas del país; la Ruta Saludable, que estarán presentes en escuelas, lugares de trabajo y ferias libres; las Escuelas Saludables para el Aprendizaje; el Programa Deporte en tu calle; los Diálogos Ciudadanos; la Escuela de gestores y gestoras sociales; foros regionales; las pausas saludables, entre otros.

Estos ejes, objetivos, la labor intersectorial y el liderazgo de la Secretaria Ejecutiva, generará las condiciones para que las personas puedan tomar las mejores decisiones para sus vidas y el cuidado de su salud.

Queremos que más parques, canchas, ciclo-vías, espacios públicos estén disponibles para la actividad física de las personas de todas las edades. En los barrios, las calles, plazas, escuelas y lugares de trabajo estará presente nuestra oferta programática, impulsando al sector privado y a las organizaciones iniciativas en este mismo sentido.

Porque sabemos que “Vivir Sano, es un desafío y una responsabilidad colectiva”.

Qué duda cabe que uno de los desafíos de un Estado moderno, responsable para con su ciudadanía, es que la inclusión financiera alcance a todos los sectores.

Ello significa mejorar el acceso, incorporar la educación financiera a las familias, personas mayores, jóvenes, niños/as, y mujeres donde puedan explorar el uso racional de los instrumentos financieros, reconocer sus potencialidades en el ámbito de la economía doméstica, de subsistencia  y productiva, desde donde además pueda ejercerse con menor asimetría en la información los derechos que asisten a los  consumidores.

Asimismo, un Estado moderno debe incluir y entregar las herramientas necesarias para que las personas más vulnerables, accedan con mayor facilidad a servicios financieros de calidad, adecuado a sus necesidades, cercanos a sus lugares de trabajo o de habitación, proporcionando protección a las familias y entregando oportunidades concretas, cotidianas que permitan mejorar sus condiciones de vida.

El ministerio de Desarrollo Social, que trabaja por reducir brechas sociales y económicas  ha estado sostenidamente involucrándose en esta tarea. A través de diversos programas que lidera el FOSIS, sobre educación financiera y emprendimiento, permite optimizar las decisiones y el uso de los capitales semillas que se entregan y generan herramientas para una toma de decisiones más eficiente, que permitan fortalecer la seguridad de las transacciones financieras y que además  optimicen el bien más escaso de nuestro época: el tiempo.

La evaluación ha sido extremadamente positiva y, por ello, este programa se extenderá transversalmente como parte de la oferta programática a distintos grupos de beneficiarios.

De igual modo desde programas como Chile Cuenta, el Estado, entendiendo la necesidad de impulsar estos procesos de transformación, busca facilitar el proceso de bancarización a beneficiarios del sistema de protección social, permitiendo el desarrollo financiero inclusivo en la población más vulnerable, sin que ello este asociado a endeudamiento.

Al respecto, en el mes de septiembre 72.751 personas recibieron sus pagos directamente en su cuenta, sin necesidad de trasladarse, en forma más segura y evitando engorrosos trámites en una sucursal de pago presencial. Hay allí  todavía un potencial de crecimiento que tenemos que ampliar para este tipo de iniciativas.

Esto obliga, y en buena hora que así sea,  a los gobiernos a re evaluar metodologías, programas y propuestas que hoy tenemos en oferta en las diversas instituciones presentes. Estos aspectos favorecen un Sistema de Protección Social robustecido, donde no solo se plantee el desafío de otorgar una mayor protección de derechos sociales – que es lo que estamos realizando-, sino también representa innovar y modernizarnos en “la forma” de cómo entregamos prestaciones sociales, especialmente referidas a transferencias monetarias del Estado.

La inclusión financiera como estrategia suma también a igualar la cancha social y económica en la que los ciudadanos se mueven día a día.

Es por ello, que el gobierno de la Presidenta Bachelet le ha planteado al país reformas de fondo que aspiran a romper esquemas sociales de desigualdad. La recientemente aprobada Reforma Tributaria apunta a ello, la reforma Educacional  en la que se trabaja también. La inclusión y educación financiera apunta a lo mismo: disminuir brechas de información y acceso, especialmente de los que menos tienen y más necesitan.

Estos flujos migratorios suponen un reto para cualquier Estado, pensar en una política pública de integración es una necesidad inmediata.

Es por ello, que tenemos que generar las condiciones para proteger a las y los migrantes a largo plazo, con enfoque intercultural y de derechos, donde cada persona pueda obtener sus beneficios sociales, habitaciones, educacionales de él, ella y su familia; mejorar sus viviendas precarias, eliminar el alto nivel de informalidad o actividades ilegales en el ámbito laboral, disminuir la discriminación racial en los establecimientos educacionales y laborales, otorgar acceso a salud, educación y capacitaciones para emprendimiento.

Tenemos que concientizar a nuestros compatriotas para que cambien su visión de miles de personas que apuestan para colaborar con sus oficios, talentos o profesión a nuestro país, generando mayor fortaleza a nuestra economía, mejorando nuestra educación y bienestar social.

Como Ministerio nos hacemos participe en colaborar en construir esta política, pues dentro de las personas migrantes una parte significativa la constituyen un grupo vulnerable, población objetivo de este ministerio y sujetos de la red de protección social.

Tenemos por tanto, desarrollar una generación de programas e intervenciones, que comience a crear las bases para enfrentar esta realidad social. Rescatando experiencias que busquen articular lo público y lo privado, desarrollar estrategias innovadoras que permitan penetrar en realidades.

En este sentido, queremos colaborar desde nuestra expertiz social a las distintas carteras Ministeriales que les toca el desafío de llevar la política migratoria y que considere a la protección social como un contribuidor para un país más inclusivo, sin discriminación, que es lo que nos convoca hoy.

¿Qué estamos haciendo?, hemos creado la Unidad de Migración e Inclusión Social para poder llevar a cabo estudios, políticas y programas para la población migrante de nuestro país, como también avanzamos en incorporar a las comunidades migrantes como sujetos de atención de los programas de protección social destinados a promover la movilidad e integración que son diseñados y coordinados por este Ministerio y sus servicios, en atención a aquellas condiciones de vulnerabilidad, a niños, niñas y mujeres en especial.

Esto nos pone el desafío de levantar datos estadísticos que permitan otorgar prestaciones y obtener una mejor caracterización de la población migrante a fin de diseñar las acciones sociales destinadas a ella.

Los desafíos de la convivencia intercultural en los territorios locales y comunales nos convocan a generar diagnósticos, y para ello estamos trabajando en una propuesta de Programa Piloto de Mediadores Sociales Interculturales, para reducir los niveles de vulnerabilidad en los territorios (barrios) donde se concentra un alto número de inmigrantes.

Para esto mismo, se está trabajando en el diseño metodológico de un módulo específico de acciones sociales hacia la población migrante destinado a reducir vulnerabilidades, inserto en la formulación de un nuevo Subsistema de Protección Social, que de cuenta de familias y territorios vulnerables.

Hablar sobre Migración con perspectiva social es un desafío de nuestro tiempo. Es por ello, que el Ministerio de Desarrollo Social ha querido iniciar este proceso para que comencemos a empaparnos de un enfoque y visión moderna, propio de los países que han logrado integrar armónicamente esta realidad sobre la migración.

Sin embargo, en los últimos 24 años el indicador ha experimentado alzas y caídas marginales nunca superiores a 0.03 puntos anuales, lo que significa una desigualdad de ingresos constante.

Para una mayor movilidad social es necesaria una distribución de ingresos equitativa, como sucede en Noruega, Dinamarca y Finlandia – países OCDE – donde su índice de Gini en el año 2011 no supera el 0.261. En el otro extremo encontramos países como México, Turquía, Estados Unidos y, liderando el ranking de los países con la peor distribución de la OCDE, Chile.

Sin embargo, el informe de la OCDE también confirma hechos como una importante reducción del porcentaje de hogares que viven con ingresos menores a la línea de pobreza en Chile desde 1990 a la fecha.

A principios de los 90’ al retorno de la democracia, cuatro de cada diez chilenos vivía en la pobreza (38.6%); en el año 2011 este porcentaje ha bajado cerca de 25 puntos porcentuales. ¿A qué se debió? A un fuerte impulso de las políticas sociales con aumento en gasto social, con programas focalizados que afectan a lo largo del ciclo vital de las personas más vulnerables.

Tenemos entonces un país exitoso en el combate a la pobreza, pero la brecha entre ricos y pobres parece ser la misma que hace 24 años, esto significa que el crecimiento económico no se distribuye equitativamente entre todos nosotros.

Este hecho no sólo se ha manifestado en el creciente malestar social que hemos visto explotar estos años a través de demandas ciudadanas en las áreas de educación, salud, pensiones, vivienda, protección social, también este gobierno se encuentra implementando una serie de medidas, donde nuestra cartera lidera el debate de cómo medir la pobreza en Chile.

En este último punto, se ha cuestionado que la manera de calcularla no haya considerado de mejor forma los cambios en los niveles de vida y necesidades de la sociedad chilena; al volver al debate, requerirá una actualización de la línea de pobreza por ingresos, pues existen otras dimensiones que afectan a la población y que van más allá de los ingresos disponibles.

Esta situación presenta a Chile dos realidades y desafíos. El primero, que debemos combatir la desigualdad de ingresos, a través de políticas sociales, educativas, salud y distribución del poder. Para ello, se hace imprescindible una reforma tributaria que garantice que quienes perciben más ingresos paguen más impuestos que permitirá ayudar a quienes tienen menos.

El segundo, es comprender que la pobreza es un fenómeno dinámico y complejo, cuya concepción no es inmutable en el tiempo, los cambios en los niveles de vida del país y en las necesidades que estos imponen a los hogares hacen necesarias nuevas maneras de comprender y medir pobreza y vulnerabilidad.

El éxito en esta tarea nos permitirá en un futuro cercano no sólo conocer mejor la situación de pobreza en el país, sino que mejorar las políticas sociales focales, con bienestar social, buen vivir y buena calidad de vida, que lo merecemos todos.

Hemos trabajado en iniciativas de ley y medidas para los pueblos indígenas que serán previamente consultadas, ya que entendemos que debemos construir políticas y agendas en conjunto y garantizar que los procesos de construcción y consultas sean representativos a los pueblos.Por ello, el proyecto de ley que crea el ministerio de Asuntos Indígenas, el proyecto que crea el Consejo de Pueblos Indígenas – siendo este autónomo y representativo de los diversos pueblos que existen en nuestro país – y el proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura serán consultados.

El Marco Jurídico de dichas consultas es dar cumplimiento del espíritu y estándares del convenio 169 de la OIT.Pues existe, la voluntad política del gobierno por hacer efectiva la protección y plena vigencia de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Por lo mismo, el carácter de la consulta será un proceso interactivo, continúo y flexible. La información que se entregará será transparente y accesible a todas las partes interesadas, de la forma más expedita, en todas las fases de la consulta, otorgando el máximo de publicidad al proceso mediante procedimientos adecuados a los pueblos indígenas, de modo que permita su máxima participación y recogimiento de opinión de todos los pueblos.

La falta de reconocimiento de los derechos indígenas ha llevado a una profunda crisis en la relación entre los pueblos, la sociedad y el Estado. Hay que corregir esta situación reconstruyendo las confianzas, lejos de la represión y la violencia.

Por lo mismo, la nueva política indígena de nuestro Gobierno, se fundamenta en el marco internacional de derechos que garantizan a los pueblos indígenas que ellos puedan proveer su desarrollo político, económico, social, basándose en el diálogo y la justicia. Es por ello, que consideramos relevante las recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas y otros organismos que han formulado importantes indicaciones especialmente en relación con situaciones de tensión y conflicto.

Tenemos por delante el desafío de avanzar en abrir el debate de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y debatir una nueva convivencia como sociedad pluricultural, como también, buscar la mejor forma de emplear los recursos naturales en beneficio del país, respetando los derechos de los pueblos indígenas. Esto significa, mirar hacia un nuevo modelo de vida que integre distintas visiones sobre el desarrollo productivo, medio ambiente y economía; respetando el derecho a la participación y consulta de los pueblos indígenas en los temas que les afecta.

Mejorar en materia de derecho de infancia para niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas, haciendo un trabajo en conjunto con las instituciones respecto a infancia y respetando sus culturas, es otro imperativo relevante de remarcar entre nuestras prioridades.

Nos encontramos en un momento histórico para promover el inicio de este nuevo ciclo de relación intercultural.