La participación laboral femenina en Chile ha crecido notoriamente, llegando a  un 47.4%,  pero sigue por debajo del promedio latinoamericano (52,8%) y de los países de la OCDE (62%).

Además el promedio chileno esconde que el  porcentaje  de participación de trabajadoras de los sectores más vulnerables (  33,7%), que son las que más necesitan esos ingresos, es muy inferior al de las  que pertenecen a sectores de mayores ingresos (66,9%, según Casen 2009).

¿Cómo elevar el número de mujeres en el mercado laboral, especialmente de sectores más modestos?

Buena parte de su tiempo y trabajo está volcado al cuidado  infantil y de adultos mayores, dentro de la familia. Los varones que comparten estas responsabilidades familiares son pocos. Por ello, por lo menos hay que facilitar esa labor a las mujeres mediante mecanismos institucionales.

Con respecto al cuidado infantil, se han dado pasos para ampliarlo. Se desarrolló el programa Chile Crece Contigo y se acrecentó el número de Salas Cuna y Jardines Infantiles a lo largo del país, que cubren desde los tres meses de edad hasta la entrada a la escuela, pero son insuficientes.

Además, persisten los problemas de horarios de atención. La jornada escolar, tanto en los jardines como en la escuela, es más corta que la jornada laboral de las madres, por lo que se necesita  resolver el tema de cuidado de los niños durante unas horas. Muchas mujeres, que no tienen recursos para financiar el pago de una persona que cuide a los hijos, optan por quedarse en casa.

Asimismo, otras consideran que el pago que reciben en su trabajo no compensa lo que deben cancelar para contratar a una persona que las reemplace en el hogar.

El problema del cuidado de los adultos mayores es más complejo aún y va en aumento.

A pesar de que nuestra población está envejeciendo, pues ha disminuido fuertemente la tasa de fertilidad (1,8%) y ha aumentado la esperanza de vida, se debe enfrentar el tema del cuidado de los mayores con más premura y más recursos.

Si las personas son autovalentes, el problema es menor, pero igual se necesitan centros de atención diurna para que los más vulnerables no queden solos. Si son dependientes, necesitan mayor atención de salud, tratamientos médicos,  remedios, personas que los cuiden, que los acompañen y recursos para financiarlo.

La mayor parte de las veces, esta labor  recae en las mujeres de la familia, cuando no se puede pagar a una cuidadora  o una casa de cuidado. Y esta es una tarea muy desgastante, tanto física como psicológicamente.

Por una parte, las mujeres no han recibido una capacitación que les permita asumir esta tarea eficientemente, con menor esfuerzo físico; por otra, se aíslan en la casa pues no pueden dejar solas a las personas mayores que están a su cuidado, postergan sus actividades e intereses, algunas se  frustran y se estresan, por una labor que ni es remunerada ni tampoco reconocida.  A veces delegan esta tarea en sus hijas mujeres, menores, provocando el mismo efecto en ellas.

Se requieren Centros de Larga Estadía a lo largo de Chile y también formar más médicos geriatras, que ayuden y orienten sobre cómo  tener una mejor existencia al final de la vida.

Necesitamos políticas públicas adecuadas para enfrentar el envejecimiento de la población de modo de mantener la mejor calidad de vida posible, durante el mayor tiempo posible, de manera digna y productiva. Y a la vez facilitar atención a las personas cuidadoras, que se hagan cargo de ellos.

El camino es entonces seguir aumentando, como lo está haciendo el gobierno, el número de salas cunas y jardines infantiles, extendiendo la jornada, e iniciar nuevos programas para atender la rápida expansión del número de adultos mayores.

Así las mujeres mejorarán sus condiciones y calidad de vida y se cumplirá con la meta de elevar su participación laboral y por esa vía el crecimiento y la productividad.

Esto se debe corregir. En el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, de agosto de 2013, se manifestó preocupación por estas elevadas tasas de mortalidad materna en la región y se afirmó que hay “experiencias que muestran que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad materna y no disminuye el número de abortos”.

Por ello recomendaron prevenir los embarazos no deseados a través de la educación en salud sexual y reproductiva, tanto a hombres como mujeres, el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a anticoncepción oral de emergencia, y también asesoramiento y atención integral frente a este embarazo.

En América Latina coexisten distintas situaciones. Hay países que prohíben todo tipo de aborto, otros que lo permiten ante ciertas causales (peligro de vida para la madre, y/o feto inviable, y/o violación) y otros que no tienen restricciones.

Chile es uno de los 7 países de la región que no ha despenalizado el aborto terapéutico, junto a El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. En estos países, se encuentra un alto porcentaje de mortalidad materna derivado de los abortos clandestinos.

Se calcula que en Chile se practican entre 60 y 80 mil abortos al año, todos ilegales y en condiciones de riesgo, no solo de salud de la madre, sino también con peligro de prisión tanto para la mujer que aborta, como para la persona que la ayuda en este proceso.

¿Cómo encarar este problema? Este es un claro asunto de salud pública del cual debe hacerse cargo el Estado.

En nuestro país, se está discutiendo la despenalización del aborto terapéutico, para situaciones específicas, como cuando corre peligro la vida de la madre, cuando el feto es inviable o tiene malformaciones extremas o en casos de violación.

A pesar de que el aborto terapéutico estuvo normado desde 1931 hasta 1989, fecha en que se prohibió sin excepciones, y que durante esos 58 años nadie puso objeciones, hoy se escandalizan ante la posibilidad de permitirlo.

Hay mujeres que no quieren tener hijos o tener más hijos, mujeres y niñas violadas por padres, padrastros u otro familiar, mujeres con alguna enfermedad que se agravaría por un embarazo, fetos que vienen con daños que no le permitirán vivir fuera del útero, y sin embargo se obliga a las mujeres o niñas a seguir con su embarazo. No se puede prohibir y penalizar el aborto en estas circunstancias.

Persiste la vulneración de las libertades individuales, amparados en la legislación.Se afecta el derecho a la vida de la mujer, a la salud, la integridad física, la vida privada, la no discriminación y la autonomía reproductiva.Por temor a las penas, se acaba con la confidencialidad que debería haber entre médico y paciente y se estimula la delación.

Aquí también impera la desigualdad, pues las mujeres con mayores recursos pueden viajar y pagar por resolver su situación, en condiciones adecuadas para su salud, mientras que las más vulnerables recurren a métodos que ponen en riesgo su vida, en circunstancias que las mujeres de todas las clases sociales tienen derecho a cuidados asequibles y seguros de salud.

Se debería poner bastante más énfasis en la prevención, (educación sexual y reproductiva en los colegios, planificación familiar, acceso a la píldora del día después, continuidad de estudios de las adolescentes embarazadas y ampliación del servicio de cuidado infantil),que en el castigo.

Ninguna mujer quiere un aborto, pero hay circunstancias que lo hacen inevitable y las mujeres arriesgan su vida para hacerlo.

Este es un tema que debemos debatir en Chile. No se trata de imponer ninguna posición, sino de permitir la libre decisión de las mujeres.