Un enfoque intersectorial óptimo requiere que cada ministerio y cada organismo involucrado en este Subsistema desplieguen al máximo sus capacidades y su saber hacer específico, para el logro de los objetivos comunes.

En esa perspectiva, por ejemplo, el Programa de Apoyo al recién nacido, ejecutado por el ministerio de Salud, ha sido desde su origen un pilar fundamental del Chile Crece Contigo, tanto por el apoyo a las familias en la llegada del recién nacido y en sus cuidados iniciales, como por la entrega de herramientas concretas para fortalecer la crianza respetuosa y la estimulación temprana de niños y niñas.

Esta labor es clave para equiparar oportunidades de desarrollo y para que el origen social no determine el destino de los niños y niñas de nuestro país. Lo que busca esta política pública es, justamente, que cada niño y niña llegue tan lejos como pueda en su desarrollo humano y profesional sobre las base de sus propias capacidades.

Uno de los mandatos que nos ha entregado la Presidenta Bachelet para esta segunda etapa de gobierno es mejorar la gestión sectorial e intersectorial y fortalecer el enfoque ciudadano, lo que implica poner al centro a las personas beneficiarias del Sistema de Protección Social, mejorando la calidad y oportunidad de nuestras prestaciones.

Para el ministerio de Desarrollo Social, este mandato nos plantea también desafíos específicos de gestión, partiendo por optimizar el uso y oportunidad de ejecución de los recursos que financian todo el Subsistema Chile Crece Contigo, los que presupuestariamente están radicados en nuestro ministerio.

También tenemos que fortalecer y optimizar las iniciativas que ejecutamos directamente, como el Programa de Fortalecimiento Municipal, que nos permite, a través de la articulación de una red local de instituciones públicas, detectar a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad y generar una derivación efectiva, cuando ello no ha operado; o el Fondo de Iniciativas Locales para el Desarrollo Psicosocial, por medio del cual financiamos proyectos que cubren necesidades planteadas por los propios municipios.

Ahora bien, desde el punto de vista estratégico, el desafío más importante del ministerio de Desarrollo Social es liderar el proceso de ampliación del Subsistema Chile Crece Contigo, desde los cuatro años hasta que los niños y niñas completen el primer ciclo de educación básica, es decir, a los ocho o nueve años.

La propuesta de extensión –que, por cierto, hemos estado desarrollado a partir de un amplio proceso de diálogo– se basa en la experiencia y aprendizajes del Programa desde el año 2006 a la fecha. El principio básico es que a los cuatro años los niños y niñas se aprestan a ingresar al sistema escolar y, en ese marco, resulta fundamental continuar con intervenciones que promuevan su desarrollo y bienestar integral y contribuyan a seguir reduciendo las inequidades existentes.

Cabe destacar que este proceso de extensión coincidirá con el desarrollo de una importante Reforma Educacional, que constituye uno de los objetivos más ambiciosos del programa de gobierno, cuyo propósito es generar condiciones para un acceso equitativo de nuestros niños y jóvenes a educación de calidad, atacando así una de las raíces de la desigualdad.

Pero como la experiencia comparada y diversos estudios indican, los resultados serán más efectivos si el Sistema de Protección Social logra que los niños y niñas, con el apoyo de sus familias, tengan las oportunidades y las condiciones para que logren participar ecuánimemente del proceso educativo. Por eso es tan importante el trabajo que busca el desarrollo integral, tanto cognitivo, como social y emocional de los niños y niñas de nuestro país, pues es a partir de allí que se generan las condiciones basales que potencian el aprendizaje.

En definitiva, mientras más amplio sea el período de acompañamiento integral, mayor impacto tendrá el proceso en la igualdad de oportunidades. De allí la gran trascendencia que tiene la ampliación de Chile Crece contigo en que estamos empeñados.

Un segundo desafío estratégico que tenemos por delante es la elaboración e implementación del Reglamento de Chile Crece Contigo. Si bien este Subsistema ha venido funcionando desde hace años, inspirado en el enfoque de derechos de Naciones Unidas, tenemos un vacío que consiste en que las garantías que establece la ley deben poder hacerse efectivas a través de procedimientos operativos específicos.

El enfoque aludido postula que estrechar la brecha entre derechos y realidad, entre lo normativo y lo efectivamente materializable, pasa por establecer garantías que tutelen los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Las garantías constituyen un conjunto de mecanismos, legales y administrativos, que definen titularidades y obligaciones de los organismos que correspondan, de manera de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones por parte del Estado.

Este es el tema fundamental que debe abordar el reglamento que vamos a concretar en este periodo de gobierno. Como puede apreciarse, se trata de un instrumento clave para que todos aquellos que tienen derecho por ley a los beneficios de Chile Crece Contigo, puedan ejercer ese derecho de manera expedita y transparente.

Estamos ad portas de dos grandes pasos que ampliarán y perfeccionarán este Subsistema clave dentro del Sistema de Protección Social, cuyo concepto rector –un conjunto de iniciativas sectoriales especializadas y su acción concertada a lo largo del ciclo de vida– es de los más modernos y ha sido pionero en nuestro país y referente a nivel internacional.

Los avances logrados desde su creación, durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, y los aportes que se han hecho a sucesivas generaciones de primera infancia, le han dado una fuerte identidad a Chile Crece Contigo a la vez que lo han convertido en un legítimo motivo de orgullo para todos los ministerios y organismos públicos que se articulan para darle vida, bajo la égida del ministerio de Desarrollo Social.

Se trata, por cierto, de orgullo por su concepción, prestigio alcanzado y operatoria técnica. Pero por sobre todo, se trata de la conciencia que todos los involucrados tenemos respecto a que esta política pública tiene una gran trascendencia ética, pues resulta fundamental para la construcción de una sociedad más justa.

Partiendo del principio de buena fe, entendemos que el objetivo es ayudar a los adultos mayores jubilados a mejorar sus pensiones, pero pensamos que se trata de un camino riesgoso que abre la puerta a complejos efectos no deseados y, además, responde a una perspectiva que refuerza la lógica individualista más que la lógica solidaria de la cual es tributaria el sistema de protección social. Desde ese punto de vista, contradice lo que hemos venido avanzando en Chile en el debate de qué representa un auténtico sistema de seguridad social.

Junto con las dudas respecto a cómo operaría el mecanismo, hay un aspecto aún más preocupante: en Chile, recientemente fue dado a conocer un estudio de la Universidad San Sebastián y Equifax, que detectó que los adultos mayores que reciben pensión solidaria de vejez o invalidez y tienen deudas morosas, deben un equivalente a diez veces el valor de su PBS. Si a este endeudamiento le sumáramos una hipoteca respecto de la vivienda, y considerando que ésta constituye una aspiración familiar que se logra concretar después de 30 años de pagar dividendos, lo que estamos creando es un mecanismo que pone en peligro ese patrimonio, con frecuencia el único ahorro que logra la familia. Por cierto, ese riesgo también es relevante para pensionados del sistema privado, una gran proporción de los cuales se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Además, se plantean varias dudas, ¿qué pasa con un matrimonio de adultos mayores donde muere uno de los cónyuges y le hereda la deuda a su pareja? ¿Cuál será el avalúo de esas viviendas? ¿Se abrirán espacios al sistema financiero o se recurrirá sólo a una instancia estatal, y si así fuere, bajo qué fórmula? Por ahora existe sólo un planteamiento genérico, pero como dice el adagio: “el diablo están en los detalles”.

Existen también antecedentes que hay que aquilatar: en España existe una visión crítica sobre los efectos sociales de la hipoteca revertida; y en Estados Unidos el informe al Congreso de la Consumer Financial Protection Bureau del año 2012 determinó que cerca de un 9.4% de las viviendas hipotecadas bajo este mecanismo estuvieron a punto de ser rematadas por no pago de impuestos no territoriales o seguros relacionados.

Ahora bien, el problema de fondo es que las bajas pensiones en Chile tiene su raíz en las promesas incumplidas del sistema de AFP. Después de prometer tasas de reemplazo de 70%, hoy la pensión promedio de vejez bordea los 185.000 pesos, es decir, menos que el salario mínimo. Fue justamente a raíz de este hecho que a inicios del gobierno de la Presidenta Bachelet se constituyó la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, que va a entregar su informe final, con diagnósticos y propuestas de corto, mediano y largo plazo, el próximo mes de agosto.

En ese marco, la pregunta pertinente es ¿la solución al tema de las bajas pensiones va por el lado de medidas aisladas como la hipoteca revertida o por medidas de carácter estructural que sean concebidas bajo una mirada sistémica?

Pero además se plantea otra pregunta, muy de fondo, ¿para resolver el tema de las bajas pensiones, debemos transitar por soluciones de carácter más individual (como aumentar el porcentaje de cotizaciones o aplazar la edad de jubilación) o por soluciones con un énfasis más solidario? El punto es que, con el proyecto de acuerdo, nuevamente se le transfiere la responsabilidad al individuo, bajo el riesgo de comprometer uno de sus patrimonios más preciados.

En definitiva, más allá del destino de esta iniciativa parlamentaria –que, por cierto, ha sido criticada por las organizaciones de pensionados– su presentación constituye una oportunidad para profundizar el debate más de fondo sobre el auténtico sentido de un sistema seguridad social, más aún en un país marcado por una fuerte desigualdad, sueldos bajos y escasa capacidad de ahorro.

En efecto, en los países de la OCDE, el 10% más rico de la población gana 9.6 veces lo que gana el 10% más pobre. En contraste, según datos de la Encuesta CASEN 2013, en Chile el 10% más rico de la población gana 29.1 veces lo que gana el 10% más pobre.Y mientras el coeficiente de Gini de la OCDE es de 0.315, el de Chile bordea los 0.5.

La magnitud de esa brecha es una apelación perentoria a la conciencia nacional. Además, si bien tenemos un desempeño consistente en reducción de la pobreza, en nuestro país los niños son el grupo de edad con mayor índice de pobreza: 23.5% frente a un promedio de 13.3% en la OCDE. Esto justifica el propósito del gobierno –y de nuestro ministerio– de volver a situar a la infancia al centro de las políticas públicas.

Desde luego, el desafío de constituirnos en una sociedad menos desigual tiene un sólido fundamente ético, pero la OCDE enfatiza algo que han remarcado varios organismos internacionales y especialistas en los últimos años: la desigualdad provoca efectos negativos en el crecimiento de largo plazo de la economía, además de afectar la cohesión social.

Según este informe, el impacto negativo de la desigualdad en el 40% de las personas de menores ingresos es la causa principal de la reducción del crecimiento, ya que a medida que la desigualdad se eleva, las familias de este segmento experimentan caídas importantes en su capacidad de logros educativos y en sus posibilidades de mejorar sus competencias laborales, lo que genera un círculo perverso y hace que el país subutilice el potencial humano disponible.

Un aspecto que quisiera destacar es que este informe entrega sólida información y propuestas de políticas públicas que son consistentes con las reformas que están impulsando la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría. Así, la OCDE señala que la desigualdad se va a mantener o aumentar si no se superan los múltiples problemas que enfrentan los hogares menos favorecidos para acceder a educación de calidad. Esto le da pleno sentido a la reforma educacional en curso.

Por otro lado, el organismo alienta el fortalecimiento de la distribución secundaria del ingreso, vía transferencias y mejoras de las prestaciones sociales, lo que requiere sólidos sistemas de tributación. La reciente reforma tributaria y el fortalecimiento del sistema de protección social son funcionales a ese propósito.

Cabe también destacar que, para un combate integral de  la desigualdad, se requiere una intersectorialidad efectiva. Como ministerio de Desarrollo Social, nuestro compromiso es reforzar la coordinación interministerial en materia social junto con desarrollar y levantar la Encuesta Casen 2015 y dejar de usar gradualmente la Ficha de Protección Social, reemplazándola por un nuevo instrumento más equitativo.

Además, vamos a mejorar la protección hacia grupos específicos. Para ello, implementaremos un Sistema Nacional de Cuidado para personas y hogares que, en condiciones de dependencia, requieran apoyo y cuidados específicos; ampliaremos el programa Chile Crece Contigo, incorporando paulatinamente a los niños y niñas desde prekinder hasta que terminen 4° básico.Y además, vamos a enviar los proyectos de ley que crean el ministerio y el Consejo de Pueblos Indígenas, y la Subsecretaría de Discapacidad.

Más igualdad, mejor protección social y más inclusión. Esas son las tareas perentorias para construir el Chile de todos.

Las políticas del mercado del trabajo y las relaciones laborales modernas se basan en la generación de empleos de calidad, bajo el ideal normativo del trabajo decente promovido por la OIT, lo que tiene como componente ineludible el acceso a políticas de seguridad social que otorguen protección, tanto cuando el trabajador o la trabajadora están empleados como cuando enfrentan períodos de cesantía.

Desde esa perspectiva, la creación del Seguro de Cesantía, hace ya más de una década, representó para el país un avance importante que constituye un ejemplo de política pública efectiva y sostenible financieramente.

Una de las características relevantes de este seguro es que constituye un muy buen ejemplo de políticas de complementariedad, combinando la lógica de aportes individuales  (que se acumulan en una cuenta de capitalización personal) con la lógica solidaria, lo que en este último caso permite al trabajador contar con beneficios basados aportes de los empleadores y del Estado.

Desde el punto de vista conceptual, además, este instrumento demuestra que las políticas de seguridad social fundadas en aportes tripartitos no sólo son posibles sino también deseables, en la medida que se incrementan sus niveles de legitimidad y hacen converger a las tres partes para el fortalecimiento de la cohesión social.

Ahora bien, partiendo de esta buena plataforma de base, se presentó la aludida indicación sustitutiva al Proyecto de Ley que modifica el Seguro de Cesantía, que había sido enviado al Congreso por la administración anterior y contenía aspectos positivos pero también insuficiencias, indicación que busca reforzar el seguro, aumentar sus beneficios y el acceso a sus prestaciones. A continuación expongo los principales aspectos de esta iniciativa presidencial.

En primer lugar, con el propósito de impedir que la caída de ingresos que provoca la cesantía afecte bruscamente a los trabajadores y sus familias, acercándolos a condiciones de vulnerabilidad o pobreza, se incrementan los montos que el trabajador con contrato indefinido recibe del seguro al perder su empleo.

Así, el primer mes este trabajador o trabajadora recibirá un 70% del promedio de sus remuneraciones de los últimos doce meses (hoy es 50%), el segundo mes un 55% (hoy es 45%), el tercero un 45% (hoy es 40%), descendiendo progresivamente hasta llegar a un 30% en el séptimo mes (habitualmente, la condición de desempleo no se prolonga tantos meses).

En consecuencia, una transición más suave en la disminución de ingresos mejora la protección, entrega más certezas y otorga un colchón que facilita la búsqueda laboral, disminuyendo las posibilidades de que las personas, con tal de reinsertarse rápidamente, opten por empleos desprotegidos, de bajos ingresos y productividad, o puedan caer en situaciones de riesgo social.

Adicionalmente, los recursos del Fondo de Cesantía Solidario podrán ser utilizados hasta diez veces continuas o discontinuas en cinco años, lo que representa un avance en relación al proyecto que estaba en discusión, el que contemplaba un uso de diez veces en seis años, y también respecto de la situación actual, que permite sólo dos eventos de pagos en cinco años. Esta medida es importante porque permite que los fondos de la cuenta individual que ha acumulado el trabajador se vayan consumiendo sólo en el evento que sus períodos de cesantía se repitan muchas veces.

Considerando que la economía es cíclica, la indicación sustitutiva prevé también medidas adicionales en situaciones de mayor desempleo, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Esto implica extender por un sexto y un séptimo mes los pagos del seguro, por un monto del 30% del salario de referencia.

Por otro lado, se incorpora una medida de protección para un segmento de trabajadores y trabajadoras que presentan mayor precariedad laboral. Se trata de aquellos trabajadores que están empleados con contratos a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado. Ellos recibirán un tercer pago con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, aumentando los montos hasta el 50% del salario de referencia en el primer mes de cesantía, el 40% en el segundo y el 35% en el tercero. Actualmente este tipo de trabajadores recibe sólo dos pagos, por un tercio del salario de referencia.

Hay otro aspecto de la reforma al Seguro de Cesantía que es especialmente destacable.Fundándose en una lógica de integración sistémica de la protección social, la indicación sustitutiva plantea financiar un aporte equivalente al 10% de las prestaciones, cuyo destino será la cuenta de capitalización individual obligatoria que cada trabajador tiene en el sistema de AFP, lo que se hará durante los meses que el trabajador opte por el Fondo de Cesantía Solidario. Este aporte no estará afecto al cobro de comisiones por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones correspondiente.

Mantener las cotizaciones previsionales de los trabajadores desempleados es fundamental, porque evita las temidas lagunas previsionales que afectan la calidad de la futura pensión de retiro. Además, esta medida refuerza el carácter solidario del sistema, porque suelen ser los trabajadores de menores ingresos los que presentan más lagunas, y por lo tanto este aporte fortalece la protección social hacia ellos.

Ahora bien, como el recurso al Fondo Solidario –constituido con aportes del empleador y del Estado– demanda un equilibrio entre obligaciones y derechos, la iniciativa del Ejecutivo contempla que las personas busquen empleo de manera activa a través de la Bolsa Nacional de Empleo y/o usen las becas de capacitación ofrecidas y financiadas por el SENCE. Esto además es consistente con los enfoques más modernos de políticas activas del mercado del trabajo predominantes en el mundo desarrollado.

Por último, como una manera de fomentar el empleo entre todos los segmentos de la fuerza de trabajo, se ampliará el acceso a la Bolsa Nacional de Empleo a todos los trabajadores y trabajadoras cesantes que no son beneficiarios del Seguro de Cesantía, fortaleciendo los servicios de información e intermediación laboral.

En definitiva, reforzar este instrumento, respondiendo a una lógica de mejora continua de las políticas públicas exitosas, permitirá al país adaptarse a las exigencias de una economía moderna y dinámica, y conciliar mejoras de productividad con una seguridad social más sofisticada y sustantiva en los beneficios que entrega a sus trabajadores.

En efecto, en primer lugar se les pidió a los entrevistados calificar  a las administradoras con nota de 1 a 7, siendo 1 la nota más baja y 7 la nota más alta. Un impresionante 78% le asignó una nota roja a las AFP, y dentro de ellos, el 38% las calificó con nota 1. En segundo lugar, el 84% de los entrevistados manifestó que no confiaba en su propia AFP.

Y la consecuencia lógica de ese diagnóstico, no es menos maciza: el 91% opinó que es necesario reformar el sistema de pensiones. De paso, dos tercios de los entrevistados manifestaron estar a favor de la creación de una AFP estatal.

Estos resultados son altamente consistentes con un estudio encargado el año 2013 –es decir,durante la administración del Presidente Piñera– por el ministerio Secretaría General de Gobierno a la consultora CADEM S.A. Uno de los objetivos centrales de dicho estudio fue explorar el conocimiento, comprensión y confianza en el actual sistema previsional.

La primera y principal conclusión es formulada por los autores en los siguientes términos, “hoy el sistema previsional se encuentra en un estado crítico”. La mayoría de los entrevistados y participantes en focus group, especialmente los de clase media y quintiles más vulnerables, tienen una percepción muy negativa del sistema, fundada en los siguientes argumentos: las AFP no entregan los resultados esperados; velan por sus intereses, perjudicando a los afiliados; el sistema no es transparente, opacidad que es percibida como funcional a los intereses de las administradoras; y el sistema es impuesto y los cotizantes no tienen injerencia sobre el funcionamiento del mismo.

Los autores señalan que esta percepción, en extremo crítica, determina también una aproximación emocional negativa hacia el sistema por parte de los cotizantes, la que se expresa en desconfianza, inseguridad, temor, rabia e impotencia.

Sin duda, estamos hablando de percepciones y emociones, del modo como los entrevistados vivencian el sistema desde su punto de vista. No obstante, sería un error menospreciar tal calidad, pues como afirma un viejo principio de las ciencias sociales, cuando las personas definen una situación como real, esa percepción es real en sus consecuencias.

Así, no es casual que el mismo estudio detecte que la decepción con el sistema lleve a la mayoría de los cotizantes a tener una muy baja disposición a incrementar los aportes para mejorar sus pensiones, y lleve a los independientes a querer permanecer fuera del mismo.

A la luz de todo lo anterior, quisiera enfatizar que en la coyuntura actual el debate no se restringe a qué herramientas específicas usar para mejorar las tasas de reemplazo u otros asuntos técnicos.Lo que está en discusión, desde el punto de vista de la sociedad, es el modelo en el cual se sustentan esos anhelados mejoramientos en la calidad de vida en la vejez.

Para una coalición que aspira a avanzar hacia un Estado social y democrático de Derecho, ello implica el desafío de estructurar nuevos modelos y nuevos instrumentos que vayan alejándonos cada vez más de la lógica del darwinismo social –“cada cual se las arregla como puede”– y vayan instalando mayores niveles de solidaridad institucionalizada, lo que constituye una demanda mayoritaria de la ciudadanía.

Y además, que consagren mayores niveles de libertad para las personas, respecto de lo cual hace pleno sentido la existencia de una AFP del Estado, como otra opción para los cotizantes y como un engranaje más en el marco de una reforma integral del sistema.

Quiero ser taxativo en que este no es un debate maniqueo entre mantener todo como está o simplemente volver a un sistema de reparto. Necesitamos, quizás, un nuevo balance que permita -desde el fomento de la responsabilidad y contribución a la sustentabilidad del sistema-establecer un complemento al esfuerzo individual con formas más sofisticadas y extendidas de solidaridad institucionalizada.

En primer lugar, porque las competencias técnicas de sus integrantes y la pluralidad de sus visiones aseguran un resultado de alto estándar, que constituirá un insumo clave para la elaboración de una política pública a futuro.

En segundo lugar, porque el enfoque técnico estará combinado con uno de trabajo ciudadano, que contempla un amplio proceso de consultas a organizaciones, actores sociales y usuarios, que se extenderá incluso a regiones.

Este factor resulta fundamental para combinar la aproximación estadística con la vivencia concreta de las personas, que siempre es necesaria –especialmente cuando queremos hacer cambios con bases sólidas y perdurables– y hace emerger lo que no dejan apreciar los promedios.

Y resulta también fundamental para superar un problema de origen, que muchos olvidan, y constituye uno de los factores que afectan la legitimidad del sistema. En efecto, tanto la Constitución política como el sistema de AFP privadas fueron estructurados en un período en que una tecnocracia guiada por un paradigma único –el neoliberal– impuso su visión sobre la sociedad, en ausencia de democracia.

Por ello, no resulta casual que, durante los últimos años, una ciudadanía más demandante, empoderada y crítica del sentido común imperante haya puesto en duda sus bases de legitimidad.

Ahora bien, sin duda, los mayores cuestionamientos al sistema derivan del incumplimiento de la promesa bajo la cual se impuso: que los cotizantes alcanzarían una tasa de reemplazo en torno al 70% o incluso superior.

La tasa de reemplazo efectiva, en promedio, es hoy de 45.5% para los hombres y de 36.6% para las mujeres. Más aún, las cifras que publica la Superintendencia de Pensiones, a marzo del 2014, nos indican que existen 1.044.465 jubilados del sistema privado, y su pensión promedio bordea los $ 185.000 mensuales, dato que destacó la Mandataria en su Mensaje Presidencial del 21 de mayo, enfatizando que “tras una vida de trabajo, no es posible que miles de chilenos y chilenas se vean enfrentados a la incertidumbre de que la pensión que reciben ni siquiera permita cubrir las necesidades más básicas”.

Comparativamente, de acuerdo al Informe Panorama Social de América Latina 2013, de la CEPAL, Chile se ubica entre los países de la región con menores montos en las pensiones, por debajo de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador y Colombia, lo que no se condice con su nivel de desarrollo. De hecho, solo supera a Bolivia y Perú.

La industria está perfectamente consciente de ese problema, por lo que tímidamente se ha venido abriendo a los cambios. Incluso, hace algún tiempo, Joaquín Vial, ex presidente de AFP Provida, ya había reconocido que el 60% de los afiliados a las AFP tendrían una pensión menor a $ 150.000 mensuales.

El problema comenzó a hacerse tan manifiesto, alimentando la ola de malestar que desataron los movimientos sociales en 2011, que el ex Presidente Piñera, en junio del año pasado, señaló: “Las personas están jubilando, en promedio, con una jubilación que es aproximadamente la mitad de su sueldo y, por lo tanto, cuando jubilan experimentan una fuerte caída en su condición socioeconómica”.

A las insuficiencias en materia de tasas de reemplazo se agregan otros problemas claves, tales como, comisiones no relacionadas con los rendimientos de los fondos; predominio de un concepto de libertad restringida, con pocos actores de igual naturaleza, a diferencia del sistema de Salud, donde coexiste una entidad pública con agentes privados; grave daño patrimonial a los usuarios en periodos de crisis como la subprime de 2008; inversiones cuestionables como han dejado al descubierto los casos Cascadas y La Polar, etc.

En definitiva, el debate está abierto. La Comisión de Expertos tiene un mandato de hacer una revisión exhaustiva del sistema, sin temas vetados, y tenemos que esperar su informe y conclusiones involucrando activamente en esta discusión a la ciudadanía, a los actores políticos y a la academia, teniendo a la vista, desde luego, algunas constataciones que hoy son evidentes.

Concluyo señalando que, para la sociedad chilena, este tema forma parte de un debate más amplio sobre la seguridad social en el marco de un Estado democrático y social de derechos.

La lógica del darwinismo social: “cada cual se rasca con sus propias uñas”, ha sido superada por las demandas ciudadanas y, por cierto, está en las antípodas de la lógica de derechos que inspira a nuestra coalición de gobierno.