Si hay algo claro, es que en los últimos 13 años la ciudadanía nunca creyó este discurso oficial.

Según estudios de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez, entre 2003 y 2015 un promedio de 75% de las personas vulnerables de Santiago* piensa que en Chile hay un alto o muy alto nivel de corrupción. En tanto, el ranking de percepción de la corrupción ha estado liderado permanentemente por el mundo político (diputados y senadores, partidos), el Gobierno en general, los Tribunales de Justicia y subiendo rápidamente las empresas privadas, sin dejar de lado a las municipalidades, diversas reparticiones públicas, las policías, fuerzas armadas y empresas públicas.

En pocas palabras, toda la institucionalidad en la cual estos mismos han insistido que debemos esperar a que funcione y hagan lo suyo.

A esto se suma el que 8 de cada 10 personas,en promedio en estos 13 años, cree que la corrupción está en todos los niveles de la administración pública, que la cantidad de gente involucrada es mayor de lo que se sabe, que la gente no denuncia a los corruptos por miedo a represalias y que no se les castiga en forma ejemplar.

Sobre un 75%considera que los casos de corrupción son hoy más graves que hace un año y que hay más corrupción entre las personas que poseen más recursos que entre los pobres.

Demás está decir que, en general, todos estos resultados negativos aumentaron significativamente el último año.

Por si alguien todavía se pregunta a qué se pueden deber estas desfavorables percepciones de los últimos años, basta recordar el creciente número de casos y de personas ligadas a responsabilidades públicas que cada día saturan todo tipo de medios de comunicación por su (presunta) vinculación a casos de corrupción.

Entonces, alguien podría preguntarse a qué se pudieron deber estas percepciones negativas de una amplia mayoría hace 8, 10 o más años cuando los casos eran “aislados” tratando de llegar a las causas de las percepciones o, quizás, a una descalificación de estas como instrumento válido para que la ciudadanía se exprese y evalúe a sus autoridades e instituciones.

Más allá de esta discusión, que tiene su valor por cierto, quisiéramos insistir en que, para bien o mal, las percepciones construyen realidades en la mente de las personas, las que influyen (y se dejan influir) en sus opiniones, expectativas, creencias, confianza, credibilidad, evaluaciones, sus conductas y, por cierto, en su disposición a participar en procesos electorales y en su voto, por lo cual no son irrelevantes para el país, independiente de que sean acertadas o no.

Por ello, hemos insistido en los últimos años en la urgencia de que las autoridades de todo nivel se hagan cargo de sus responsabilidades en este tema, exigiéndoles máxima coherencia, transparencia y consistencia en su actuar y en el de las instituciones, con el discurso público que mantienen, así como la generación de normas claras, con sanciones efectivas que sean un real desincentivo a cualquier práctica reñida con la probidad y transparencia.

Si bien en este último punto se ha avanzado con la presentación y aprobación de algunos proyectos de ley, no queda tan clara la convicción de todos los actores respecto al camino a seguir, ya que en algunos sectores pareciera haber mayor interés en salvar a determinadas personas y su imagen, más que en crear las bases para recuperar la confianza y credibilidad en la institucionalidaddel Estado.

¿Será su lema “hasta que el elástico se rompa”?

¿No será que ha llegado la hora que algunos (o un poco más que algunos) den un paso al costado y que renuncien a sus pretensiones de jubilarse en el “servicio al país” (y de paso, que renuncien también a dejar a sus herederos)?

¿No será que ha llegado la hora que la democracia vuelva a las mayorías ciudadanas y deje de pertenecer a elites políticas que se protegen mutuamente y se auto reproducen?

* Por la línea de ingreso per cápita utilizada para definir el universo en esta investigación, cubre cerca del 60% de la población de Santiago (sexto decil) de acuerdo a la encuesta Casen.

Sin embargo, ello no hace que deje de ser válido, y en ciertos casos imprescindible, que una sociedad se proponga el desafío de darse una nueva Constitución. Un proceso como este adquiere mayor sentido si en realidad es el resultado (y no el origen) de un cuestionamiento más profundo y que dice relación con el tipo de país y de sociedad que queremos construir.

¿Hace cuántas décadas que las chilenas y los chilenos, como sociedad civil, no reflexionamos sobre el tipo de país que somos y el que queremos ser en el futuro?

¿Cuáles son los consensos o acuerdos amplios que tenemos sobre los derechos que queremos garantizarles a todos los habitantes?

¿Educación completa, atención de salud, seguridad pública, justicia, medioambiente sin contaminación, participación en la construcción de la sociedad, autoridades públicas probas, etc.?, ¿y cuáles son los deberes que debemos tener como habitantes y como ciudadanos?

¿Cuáles son los indicadores de desarrollo y bienestar que vamos a considerar para medir nuestros progresos como país?, ¿seguiremos asumiendo los impuestos por los organismos internacionales a los que pertenecemos, a los que aspiramos pertenecer o nos daremos nuestros propios métodos e indicadores? ¿Cuáles son los objetivos que como país queremos lograr en 20, 30 o 40 años más y en qué ámbitos?

Asimismo, cabe preguntarse ¿qué derechos le garantizaremos a nuestros adultos mayores?, ¿qué le otorgaremos y exigiremos a los inmigrantes y refugiados que deseen asentarse en nuestro país?, ¿cuánto queremos invertir en defensa nacional?, ¿qué tipo de relación queremos tener con los países de la región y el resto del mundo?

¿Qué recursos naturales queremos que sean de propiedad de todas las chilenas y chilenos?, ¿qué estamos dispuestos a garantizarles a las familias que se dedican a la agricultura, a la pesca, a la minería, a la artesanía, al cultivo de las tradiciones y el folclore, a las que viven o desean vivir en zonas aisladas y extremas del país?, ¿qué tipo de regionalización y de descentralización queremos?

Como parece evidente, diversos de estos aspectos y muchos otros, difícilmente tienen cabida en una Constitución política. Sin embargo, tampoco debieran quedar sólo para contenidos programáticos de campañas electorales de toda índole y de los vaivenes de los resultados circunstanciales de los procesos electorales, que siendo legítimos, algunas veces parecieran ser interpretados por las personas electas como mandatos sin obligación de rendir cuenta o de considerar la opinión de las personas en las posiciones que adoptan como autoridades elegidas democráticamente.

En este sentido, muchos temas son esenciales en la construcción de un cierto tipo de sociedad y afectan la convivencia cotidiana de las personas y grupos al interior de esta, inciden en la equidad social, en las oportunidades y progreso de las personas.

Por ello, Chile debe primero reflexionar y concordar un proyecto de país o proyecto nacional con la participación y acuerdos más amplios posibles. Luego, esto debe dar paso a una nueva Constitución política. ¡Este es el verdadero desafío!

Sin embargo, ello no hace que deje de ser válido, y en ciertos casos imprescindible, que una sociedad se proponga el desafío de darse una nueva Constitución. Un proceso como este adquiere mayor sentido si en realidad es el resultado (y no el origen) de un cuestionamiento más profundo y que dice relación con el tipo de país y de sociedad que queremos construir.

¿Hace cuántas décadas que las chilenas y los chilenos, como sociedad civil, no reflexionamos sobre el tipo de país que somos y el que queremos ser en el futuro?

¿Cuáles son los consensos o acuerdos amplios que tenemos sobre los derechos que queremos garantizarles a todos los habitantes?

¿Educación completa, atención de salud, seguridad pública, justicia, medioambiente sin contaminación, participación en la construcción de la sociedad, autoridades públicas probas, etc.?, ¿y cuáles son los deberes que debemos tener como habitantes y como ciudadanos?

¿Cuáles son los indicadores de desarrollo y bienestar que vamos a considerar para medir nuestros progresos como país?, ¿seguiremos asumiendo los impuestos por los organismos internacionales a los que pertenecemos, a los que aspiramos pertenecer o nos daremos nuestros propios métodos e indicadores? ¿Cuáles son los objetivos que como país queremos lograr en 20, 30 o 40 años más y en qué ámbitos?

Asimismo, cabe preguntarse ¿qué derechos le garantizaremos a nuestros adultos mayores?, ¿qué le otorgaremos y exigiremos a los inmigrantes y refugiados que deseen asentarse en nuestro país?, ¿cuánto queremos invertir en defensa nacional?, ¿qué tipo de relación queremos tener con los países de la región y el resto del mundo?

¿Qué recursos naturales queremos que sean de propiedad de todas las chilenas y chilenos?, ¿qué estamos dispuestos a garantizarles a las familias que se dedican a la agricultura, a la pesca, a la minería, a la artesanía, al cultivo de las tradiciones y el folclore, a las que viven o desean vivir en zonas aisladas y extremas del país?, ¿qué tipo de regionalización y de descentralización queremos?

Como parece evidente, diversos de estos aspectos y muchos otros, difícilmente tienen cabida en una Constitución política. Sin embargo, tampoco debieran quedar sólo para contenidos programáticos de campañas electorales de toda índole y de los vaivenes de los resultados circunstanciales de los procesos electorales, que siendo legítimos, algunas veces parecieran ser interpretados por las personas electas como mandatos sin obligación de rendir cuenta o de considerar la opinión de las personas en las posiciones que adoptan como autoridades elegidas democráticamente.

En este sentido, muchos temas son esenciales en la construcción de un cierto tipo de sociedad y afectan la convivencia cotidiana de las personas y grupos al interior de esta, inciden en la equidad social, en las oportunidades y progreso de las personas.

Por ello, Chile debe primero reflexionar y concordar un proyecto de país o proyecto nacional con la participación y acuerdos más amplios posibles. Luego, esto debe dar paso a una nueva Constitución política. ¡Este es el verdadero desafío!

Además, 8 de cada 10 de estas personas no se siente representada por los senadores de su circunscripción ni por los diputados de su distrito. Por su parte, 69% piensa que su opinión tampoco es considerada por las autoridades del gobierno actual y 63% no se siente representada la Presidenta de la República. Ambos resultados son los más negativos desde 2003, superados sólo en algunos años del gobierno de Sebastián Piñera.

Frente a este cuestionamiento a la democracia chilena, que no surge con los casos más recientes de presunta corrupción como algunos tratan de sostener, pero que sí se viene acrecentado con el paso del tiempo, hemos escuchado todo tipo de propuestas para recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en nuestra democracia. Pero, quisiera detenerme en una de ellas, ya que quizás no cambie estas percepciones negativas, sino que por el contrario, las aumente.

Se ha planteado, con creciente insistencia, la necesidad de que el Estado (para ser más preciso, todos los que pagamos impuestos en Chile), financie la actividad política para terminar con la relación perversa entre los negocios (el dinero) y esta labor, reconociéndose que esta medida puede ser impopular, pero asegurando al mismo tiempo, que es imprescindible.

Frente a ello, surgen múltiples dudas, desde su legitimidad moral hasta su efectividad. Por ejemplo, el financiamiento al margen de la ley o la corrupción que eventualmente hay en las actividades de los políticos, que podría ser un problema ético o legal originado por ellos, se solucionaría asignándoles parte de los siempre escasos recursos públicos en desmedro de hacerse cargo de múltiples necesidades y urgencias de la población como, por ejemplo, mejorar la calidad de su atención de salud, de su educación, de la seguridad pública o de brindar mejor calidad de vida a la tercera edad, por mencionar solo algunas.  En este caso, la propuesta es que los platos rotos los paguemos todos los demás.

Por otra parte, cabe preguntarse ¿qué tan legítimo sería que con los recursos de todos los chilenos se financie el funcionamiento de éstos partidos, la formación de los futuros políticos, sus carreras y sus campañas para lograr que sus ideales y propuestas, presuntamente en pos del bien común, lleguen al poder democrático?

Al respecto, algunos alcances, esto es como crear ONG’s, financiadas por el Estado (todos los que pagamos impuestos), con una especie de funcionarios políticos pensando en el bien del país, pero a la luz de la historia reciente, más bien parece que piensan en sus ideales personales y partidistas. No nos engañemos, un objetivo central de todo partido político y personaje político es alcanzar el poder, camino natural para lograr que sus ideas contribuyan de manera decisiva al bien común.

Pero, ¿dónde están las propuestas de proyecto país que generan desde lo más profundo de sus ideales y principios en pos del bien común? La mayoría de las propuestas que se escuchan distan de esto, otras son adaptaciones de lo que se ha hecho en algún país ‘más desarrollado’. (Presumiendo, que son mejores que las que podríamos generar nosotros mismos o países ‘no – OCDE’).

Entonces, ¿se podrá recuperar la credibilidad y la confianza de las personas en la institucionalidad con este tipo de medidas?, ¿cómo pretender que las personas estén de acuerdo con este tipo de propuestas?, ¿es este el mejor momento para plantearla?

Los resultados de nuestros estudios señalan que las personas vulnerables demandan más democracia, pero una que sea participativa, no sólo electoral. A pesar de que están conscientes de lo necesario que son los partidos políticos, sienten que la clase política no los representa, donde muchas veces los candidatos elegidos asumen sus mandatos ciudadanos como ‘cheques en blanco’ para actuar por sí o en función de los intereses de sus partidos, de sus coaliciones políticas o en respuesta a aquellos que tienen mayor capacidad para ejercer influencias en su actuar, desconociendo con ello que su función es representar a sus electores.

¿Por qué nuestras autoridades no impulsan un proyecto de ley que permita a la ciudadanía revocar los mandatos de los cargos de elección popular? La mayoría de estas personas vulnerables coincide que en Chile debieran existir los plebiscitos y sus resultados debieran ser vinculantes legalmente, tanto para decisiones a nivel nacional, como regional y comunal, además piensan que esta herramienta debiera usarse para aprobar leyes relevantes como podría ser una sobre la pena de muerte.  

Junto a esto, demandan que diversas autoridades del país sean elegidas por la población, y si bien, no hay un consenso mayoritario sobre cuáles, las primeras mayorías son para los ministros de Estado, intendentes regionales y gobernadores provinciales, que se preocupen por las necesidades de la gente.

Contra estos datos, que también se reiteran en estudios de otros centros de investigación, dado que la democracia no es un abstracto, pareciera que tenemos una clase política adolescente, que se comporta, algunas veces, de manera impulsiva, poco transparente, incoherente, inconsistente, no asumiendo públicamente sus ‘errores’, con posturas y acciones erráticas, generando cada vez más expectativas en la población con anuncios genéricos de todo tipo (aún sin estar en un período de elecciones), los que tienden a generar más y más frustración.

Esto puede generar consecuencias complejas, ya que con el voto voluntario se corre el riesgo que cada vez menos personas acudan a votar y, si bien los candidatos pueden resultar válidamente electos desde la perspectiva legal, pueden no tener la legitimidad social necesaria  para impulsar los cambios que requiere el país. 

*Por la línea de ingreso per cápita utilizada para definir el universo en esta investigación, cubre cerca del 60% de la población de Santiago (sexto decil) de acuerdo a la encuesta Casen.

Al respecto, quisiera recordar que el descrédito de la política (y de la institucionalidad) no nace (y con seguridad, no va a terminar) con los casos que estos últimos meses han ocupado amplios espacios en los medios de comunicación, otra de las fuentes frecuentemente sindicadas como incitantes de este descrédito.

En este sentido, datos aportados por los estudios que realizamos en la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez para el período 2003 – 2014, son interesantes de analizar, ya que se remiten a cuatro gobiernos diferentes y se focalizan en la percepción sobre probidad y corrupción que tienen las personas vulnerables de Santiago.

En once de los doce años que lleva de vida el estudio, sobre el 70% de estas personas considera que en Chile hay un alto nivel de corrupción. De manera particular, sobre el 65% piensa que es alta la corrupción entre senadores y diputados (quienes lideran este ranking hasta la fecha).

Alguien podría insistir en que son sólo percepciones (como se suele escuchar de parte de los afectados cuando se publica este tipo de estudios), pero a la luz de los diversos procesos judiciales que desde hace varios años involucran a políticos por el uso de recursos públicos y/o privados, esto se hace cada vez menos sostenible.

Por otra parte, las personas vulnerables de la capital estiman que las causas de la corrupción son las ambiciones personales y su falta de valores, entre las más mencionadas. En tanto, consideran que las consecuencias de ésta son la pérdida de confianza en las instituciones, más pobreza y pérdida de credibilidad en los políticos,  entre otros efectos.

Por ello, no deja de llamar la atención la insistencia de algunos en afirmar que hay que dejar que las instituciones funcionen, apuntando especialmente hacia la Fiscalía y los Tribunales de Justicia, como si los fallos a los que se llegue, fueran a tener la credibilidad y la confianza ciudadana que mejore la reputación de los políticos.

Pero, ¿qué pasaría si esos fallos no se ajustan a las expectativas que se ha generado la ciudadanía?

¿Por qué le habrían de creer ahora al sistema judicial chileno, si ha sido cuestionado reiteradamente por la propia opinión pública, por ejemplo, por casos relacionados con la delincuencia y la puerta giratoria?

¿Por qué le habrían de creer si en once años entre el 52% y 69% percibe que existe alta corrupción en la Corte Suprema?, según la investigación mencionada.

Está claro que la mayoría de las personas siguen siendo escépticas en este tema: más del 65% cree que no se castiga en forma ejemplarizadora a los corruptos, que no se les denuncia por miedo a represalias, que la cantidad de gente involucrada en corrupción es mayor de lo que se sabe y que los casos de corrupción son más graves que antes.

A esto se suma, la creencia de que la corrupción está en todos los niveles de la administración pública y que se puede hacer muy poco para frenarla, por lo que no extraña el que reprueben a todas las instancias políticas, gubernamentales, legislativas, judiciales, policiales y privadas en la solución de este problema. Todo esto atenta contra la solidez de la democracia en el país, manteniendo la crisis de confianza y credibilidad en la institucionalidad del Estado.

Por ello, se requiere de máxima coherencia, transparencia y consistencia en el actuar de las personas e instituciones con el discurso público que mantienen, así como la generación de normas claras y con sanciones efectivas, que sean un real desincentivo a cualquier práctica reñida con la probidad y transparencia.