Especialmente en el tema de educación, que pese a lo que todos esperamos, es uno de los ámbitos de desarrollo nacional, en el que estamos rodeados de empresarios, de administradores de los recursos, más que de académicos con intachable historial ético.

Y como bien lo señala Patricio Basso, en entrevista extensa al sitio web El Desconcierto, que titula “Las universidades son mejor negocio que la cocaína”, desde los comunistas hasta la UDI, desde los católicos hasta los masones pasando por los legionarios de Cristo, ¡todos tienen universidades! Entonces a nadie le interesa acotar el tema.

Y pese a todo lo que hagamos, mientras se mantenga la Constitución política actual, la educación seguirá siendo vista como un bien de consumo, por lo que la tarea que se viene por delante para toda organización ciudadana que se considere como tal, es exigir al Consejo de Observadores, la participación activa, por medio de comisiones de estudio de modificación a la Constitución.

Insisto en elogiar la teoría planteada por el ex secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, quien también recibió loas por parte del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, en el programa Estado Nacional.

Para Basso el costo de los aranceles es un robo con aval del Estado. Es la manera en que el negocio de las universidades se ha convertido en mucho más rentable que el de la cocaína.

Por eso se hace mucho más urgente que los colegios profesionales universitarios se constituyan en garantes de ese cambio de la Constitución, para hacer que la educación vuelva a ser lo que nuestros padres añoraban para el futuro de Chile: una verdadera alternativa de cambio social, y no en lo que se ha convertido.

Es tarea entonces para los colegios profesionales de la salud, exigir centros de simulación, como es el caso de las enfermeras, y campos clínicos como es para todos, y hacer un llamado a los postulantes a no inscribirse en universidades que no den garantías al respecto.

Y es tarea de todos lograr que la cobertura de colegiados se amplíe a todos los profesionales para volver a tener la tuición ética.

Cada uno en su lugar de trabajo debe aportar un granito de arena.

Ante la resolución del Tribunal Constitucional que obliga al Gobierno a redistribuir los recursos destinados a ampliar la gratuidad en la educación, creemos que el Ejecutivo debe hacer una clara opción por una educación pública de calidad, financiando completamente a las universidades estatales.

Esta decisión debe ejecutarse aumentando el aporte basal de estos planteles y no a través del subsidio a la demanda, entregando becas a los estudiantes. De esta manera, se asegurará no sólo la gratuidad de la docencia a los estudiantes, sino el financiamiento de la investigación en las universidades del Estado.

Insistir en el camino de financiar la educación superior en función del ingreso de los estudiantes sólo beneficiará a quienes lucran de manera ilícita en las universidades privadas, mediante mecanismos como el arriendo de sus dependencias a inmobiliarias de su misma propiedad.

No  se ayuda a los estudiantes de bajos ingresos mediante la entrega de una educación gratuita de mala calidad, provista por agentes privados y con escasa posibilidad de inserción laboral al término de las carreras. Por el contrario, constituye una verdadera estafa a las familias de menores ingresos.

El problema de fondo de la educación superior  es que no responde a una Estrategia Nacional de Desarrollo del país, sino a criterios de mercado, donde mediante técnicas publicitarias se induce a los jóvenes a estudiar carreras que no tienen campo laboral y que no son necesarias para el país. Por el contrario, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios considera que la educación es un derecho social que debe asegurar el Estado en función de objetivos de desarrollo-país.

Los recursos del Estado no pueden ser entregados a universidades privadas que conciben la educación como un negocio y que –en muchos casos- no cumplen con estándares mínimos de calidad.

Todas estas materias deben ser abordadas con precisión por el proyecto de ley que normará la educación superior y que, según ha comprometido el Gobierno, ingresará en diciembre al Congreso. Esperamos en esta ocasión ser escuchados por los parlamentarios, pues los profesionales somos el principal producto de la educación universitaria en Chile.

Entendemos a la educación como un bien público y como tal es el Estado quien debe regularlo y asegurarlo. El mercado no tiene nada que hacer en la regulación de los bienes públicos, como pareciera piensan los que conciben la educación como un bien de consumo y presentaron el requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

Las “A.G.” que creó Pinochet sólo tienen tuición sobre el comportamiento de sus asociados, no del conjunto de los profesionales como era en el pasado, cuando había colegiatura obligatoria. Es por eso que el doctor Jaime Mañalich optó por renunciar a su Colegio “A.G” cuando fue sometido al juicio de los tribunales de ética de su orden.De esta manera,  desertó del veredicto de sus pares.

Si rigiera la legislación que creó los Colegios Profesionales a mediados del siglo XX, los profesionales coludidos para obtener ganancias ilegales a costa de los consumidores no podrían ejercer sus profesiones. Probablemente, habrían sido sancionados con la pena máxima que establecían los códigos de ética de las corporaciones de derecho público que era la prohibición de ejercer la actividad para la que habían estudiado.

En esta larga transición a la democracia, en que muchos de los espacios de participación ciudadano del siglo XX no se han repuesto, los Colegios Profesionales siguen siendo A.G., como dictaminó la dictadura. Recién en 2005, una reforma a la Constitución estableció que la ética profesional volvía a ser regulada por un sólo Código de Ética por actividad (aunque no necesariamente por  los tribunales de los Colegios). Sin embargo, el proyecto de Ley que regula ese artículo de la Carta Fundamental duerme en el Congreso desde 2009.

La Federación de Colegios Profesionales ha sido informada que se debe tramitar primero la nueva legislación de partidos políticos. Cuesta entender que no se puedan tramitar simultáneamente proyectos de ley que son complementarios, sobre todo si se toma en cuenta que la instancia asesora presidencial sobre Probidad en la política (Comisión Engel) explicitó que era necesario reponer la tuición ética a los Colegios para mejorar la calidad del comportamiento de nuestros políticos.

¿Cuántos ingenieros, médicos, constructores civiles, psicólogos, técnicos agrícolas o arquitectos necesita Chile? Lo definirá el mercado, es la respuesta que nos hemos venido dando en los últimos 35 años como país.

El resultado es que nos encontramos hoy con que importamos ingenieros y técnicos para la minería y que la tasa de desempleo en algunas profesiones (médicos veterinarios, actores, historiadores, dentistas, periodistas, kinesiólogos, entre otras) está entre el 10% y el 30%, según dan cuenta diversos estudios de empleabilidad.

El anhelo de movilidad social que representa el acceso a la educación superior ha sido profundamente cuestionado por la realidad laboral de los cerca de un millón y medio de jóvenes estudiantes universitarios, quienes salen al mercado a vender su fuerza de trabajo calificada, con el sueño de obtener mejores salarios para poder pagar sus costosas carreras.

Muestra de ello es el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el que establece que Chile tiene la tasa de licenciados desempleados más alta de los 34 Estados pertenecientes a este organismo con un 5,4%, y le sigue México con un 4,8% de licenciados desempleados.

El costo de las decisiones de estudio lo paga cada familia chilena, cada joven que ha sido atraído por la publicidad de las casas de estudio, las que se han transformado en avisadores relevantes en el mercado chileno. Cada año se financian carísimas campañas publicitarias para atraer a los jóvenes a estudios cuya calidad no está garantizada y cuya inserción laboral está lejos de ser posible.

El Sistema Nacional Universitario que se creará a partir de la reforma educacional debe incluir un número máximo de vacantes a ofrecer por cada carrera sobre la base de proyecciones de desarrollo del mercado laboral y de necesidades de la economía nacional en cada área.

Para la Federación de Colegios Profesionales Universitarios esta debe ser una materia central de la reforma a la educación superior que deberá entrar este año al Congreso. La fijación de un máximo de vacantes universitarias deberá acompañar a otras regulaciones del Sistema Nacional Universitario, como la definición del perfil de carreras, los estándares de calidad que debe cumplir cada casa de educación superior antes de comenzar a impartir cualquier licenciatura y la certificación de competencias laborales que deberá realizar todo profesional que aspire a obtener un título ante un organismo autónomo de cada universidad.

Sólo así las universidades podrán hacer un aporte gravitante al desarrollo nacional en lugar de ser máquinas de ganar dinero que producen profesionales cesantes y endeudados.

El reconocimiento social que tuvimos históricamente los profesionales en la sociedad chilena se derrumbó a partir de 1980. Desde entonces, la dictadura militar le quitó el carácter universitario a numerosas profesiones y luego transformó a los colegios de cada actividad en asociaciones gremiales, eliminando su carácter de Corporaciones de Derecho Público.

Esas dos decisiones han dejado la formación y la ética profesional al arbitrio del lucro y del mercado. El regreso de la democracia no corrigió esas situaciones. La Federación de Colegios Profesionales ha venido luchando en los últimos 25 años con esos dos objetivos, pero ninguno de los gobiernos que se han sucedido ha vuelto la dignidad a esta parte esencial de la clase media.

Siete carreras de la salud y también los constructores civiles luchan hoy por recuperar su calidad de carreras exclusivamente universitarias. Sin embargo, no hemos encontrado el respaldo que se requiere en el mundo político, probablemente porque no tenemos una capacidad de lobby comparable con la de las grandes empresas educacionales.

Tampoco hemos podido recuperar nuestro carácter de corporaciones de derecho público, pese a que desde 2005 se consagra en la Constitución nuestro papel como garantes del comportamiento ético. Desde 2009, un proyecto de ley con este objetivo duerme en el Congreso.

El actual Gobierno guarda silencio sobre estas cuestiones que preocupan a los colegios profesionales, pese a que lo hemos interpelado reiteradamente.

¿Estarán esperando una próxima caída en las encuestas para preocuparse por fin de esta parte sustancial de la clase media que somos los profesionales?

Es por eso que la Federación Gremial de Colegios Profesionales Universitarios de Chile (Fedcolprof) ha entregado al ministerio de Educación una serie de propuestas para enfrentar este verdadero engaño que sufren los estudiantes cuando se les vende la ilusión de ser profesionales. La propuesta incluye los siguientes criterios,

1.-El sistema de acreditación universitaria debe ser una barrera de entrada que asegure estándares mínimos de calidad. Ninguna universidad o carrera puede abrir sus puertas sin cumplir requisitos básicos que aseguren la pertinencia de los conocimientos que allí se entregan y niveles razonables de empleabilidad de los titulados.

2.- El Estado debe regular la cantidad de cupos que las universidades ofrecen por carrera, de acuerdo a estudios fundados del mercado laboral de cada una de ellas y de las necesidades del desarrollo nacional.

3.- Es imprescindible la creación de una certificación profesional que garantice a toda la sociedad la calidad de la formación recibida en la universidad, de manera independiente de cual esta sea. Esta responsabilidad es compartida entre el Estado y los colegios profesionales en muchos lugares del mundo.

Estas y otras propuestas sobre reforma educacional fueron entregadas al ministerio de Educación en septiembre, bajo el compromiso de parte de la División de Educación Superior de establecer un diálogo técnico sobre ellas. Hasta el momento no tenemos respuesta.