Y es que si bien es cierto la Ley prohíbe a las universidades públicas o privadas lucrar, era un secreto a voces que sobre todo dentro de estas últimas, existían algunas que habían establecido diversos mecanismos para eludir esta norma. Pero hasta ahora nadie había tenido el coraje de “ponerle el cascabel al gato”. De allí la importancia del trabajo y de las conclusiones de esta Comisión Parlamentaria.

Lo que en buena cuenta viene a establecer el informe final de esta instancia investigadora, es que en Chile algunas instituciones de educación superior han lucrado a través de diferentes modalidades y que ha existido un déficit regulatorio por parte del Estado para evitarlo.

Ahora bien, lejos de generar aplausos unánimes, hemos visto a través de la prensa de los últimos días, diversas y a veces destempladas críticas a la Comisión y a su Informe.Pareciera configurarse casi una campaña para desacreditarla e invalidar así sus planteamientos. Pero el sol no se tapa con un dedo.

El lucro y sus perversos efectos parecen tener su origen en la consagración del principio de subsidiariedad y de la lógica de mercado como base de la educación superior chilena. A partir de ello, los valores universales y permanentes que deberían guiar éticamente la acción de las instituciones de educación superior, parecen haber sido reemplazados por el capital pecado de la codicia.

Ideas como la financiación de la educación como servicio público y el papel central que en ello tiene el Estado, recogidas en la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI” de la UNESCO, en muchos casos son letra muerta o a lo más mero ornamento.

Chile necesita un cambio en esta materia. El movimiento estudiantil del 2011 y el informe parlamentario del 2012 podrían ser la piedra fundacional para generarlo.

La formación de profesionales y de capital humano avanzado debe estar guiada por el amor al conocimiento tal como y por la estimación de éste como un bien público, frente al que el Estado tiene un papel irrenunciable.

La codicia individual o de grupos empresariales no puede ser el motor de ello.

El crecimiento de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica debe responder a un proyecto país y no al crecimiento inorgánico de “ofertas” educacionales que no responden a modelo de desarrollo alguno, sino únicamente a las posibilidades de “venta” de la mercancía aprendizaje.

El lucro, la codicia, hacen que algunos directivos universitarios, la minoría por cierto, no vean más allá de la profundidad de sus bolsillos. La educación chilena en sus distintos niveles, y especialmente la superior, requieren de una toma de decisiones de carácter público, con perspectiva global e integradora y con un horizonte temporal de largo plazo.

Las universidades estatales estamos por ello. Porque los desafíos país, especialmente el de superar la desigualdad y el de lograr potenciar los talentos de nuestros niños y jóvenes son demasiado importantes como para permitir que la mano invisible, muchas veces manca, reemplace al Estado y a la búsqueda del bien común en esta materia.

Como autoridad de una universidad del Estado aplaudo toda medida que implique subir los estándares de calidad de la educación superior chilena.

Los sistemas de acreditación hoy vigentes han demostrado ser perfectibles, al igual que las medidas tendientes a lograr una mayor igualdad en cuanto a acceso y resultados. No obstante esto último, cualquier aumento en las exigencias hacia las instituciones de educación superior, especialmente las pertenecientes al Estado, deben ir acompañadas necesariamente de mayores aportes directos por parte de éste hacia aquellas.

El Estado no puede desentenderse de la situación y el destino de las entidades que el mismo vía legislativa creó. Para cumplir su misión y su rol social particular, las universidades estatales requieren un aporte fiscal sin condicionamientos.

Rescato en este punto las conclusiones del documento de Convergencia elaborado en conjunto por el Consejo de Rectores y la CONFECH durante el año pasado. En el, como resultado de un intenso trabajo, se establecieron una serie de propuestas y condicionantes, entre los que se destacaba la necesidad de robustecer los aportes basales por parte del Estado.

Las universidades estatales, particularmente las más jóvenes, cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico en regiones y en el logro de movilidad social real de sus titulados.

Ellas buscan la calidad y la excelencia, tal y como lo han hecho históricamente, pese a la permanente disminución de los aportes del Estado, y están llanas a alcanzar esos estándares exigentes de los que habló el Ministro; sin embargo para hacerlo, es necesario “que se empareje la cancha” y que el Estado asuma su responsabilidad.

Finalmente es importante destacar, que las comunidades educativas de las universidades estatales a lo largo de todo Chile (sus académicos, sus funcionarios administrativos, sus estudiantes y las familias de éstos, y por supuesto, sus titulados) son personas de esfuerzo y excelencia, que están dispuestas a desenvolverse en marcos de calidad más rigurosos diseñados sobre la base del diálogo entre todos los actores del sistema.

Sin embargo tales marcos no pueden generar como efecto indirecto, el estrangulamiento de las universidades estatales y la concentración del “mercado” educacional superior en unas pocas universidades, muchas de ellas de carácter privado.