Esta información ha abierto un vivo intercambio de opiniones en Chile, principalmente entre los expertos en Derecho Internacional Público y los parlamentarios y dirigentes políticos que se interesan en la Política Exterior del país.

Se trata, en mi opinión, de un asunto importante, pero que no está sujeto a los rígidos encuadramientos de la política partidaria.

Es claramente un tema de Estado donde caben distintas opiniones y en donde a todos, en conjunto, nos corresponde ponderar el mejor interés del país.Esto, teniendo en cuenta, que es una decisión que puede tener una gran importancia en la imagen de Chile y en el manejo futuro de nuestra estrategia internacional.

Me cuento entre quienes no consideran conveniente dejar el Pacto de Bogotá y quisiera fundamentar mi punto de vista en un contexto histórico más amplio.

El primer elemento que debe servir de telón de fondo es la relación entre América Latina, la guerra y la paz. El Pacto de Bogotá, llamado en verdad “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas,” fue suscrito en abril de 1948 en la IX Conferencia Panamericana.La fecha no es casual, pues al término de la Segunda Guerra Mundial se recuperó, al crear la ONU, la idea fallida, luego de la Convención de París de 1919, de impedir, global y regionalmente, el estallido de nuevos enfrentamientos bélicos.

El Pacto implicó incorporar al Derecho Regional Americano una relación más directa con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), reglamentada en el Capítulo XIV de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), como “el órgano judicial principal de la ONU” (art. 92) … “siendo todos los miembros de la ONU ipso facto partes de la CIJ” (art.93), cuya jurisdicción y sentencias son obligatorias e inapelables para todos, pudiendo exigirse su cumplimiento en el propio Consejo de Seguridad.

Nuestra región tuvo muchas guerras prolongadas y costosas hasta 1945. Primero, estuvo la guerra entre Estados Unidos y México (1846-1847), donde este perdió la mitad de su territorio.

Luego vino la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que opuso a Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, en que este último sacrificó más del 85% de su población masculina.

Más tarde, la Guerra del Pacífico (1879-1884), que opuso a Chile con Perú y Bolivia, que también tuvo un impacto mundial.

En el siglo XX, la Guerra del Chaco (1932-1935) entre Paraguay y Bolivia y el conflicto armado entre Ecuador y Perú (1941-1942) igualmente fueron enfrentamientos complejos con un alto costo de vidas y pérdidas materiales.

En cambio, después la Segunda Guerra han existido en la región diversas escaramuzas, pero no hemos tenido nuevas guerras. Por eso América Latina es vista hoy como una “Zona de Paz” y esto es algo que conviene preservar.

El Pacto de Bogotá tiene, así, el valor simbólico de establecer mecanismos para asegurar el arreglo pacífico de las controversias, primero a través de mecanismos regionales y, luego, sujetando los asuntos a la decisión en La Haya.

Abandonar, por lo mismo, este acuerdo tiene, inevitablemente, una lectura internacional desfavorable.Priva al país que lo hace de su creencia en una política militar defensiva y de su opción por los compromisos pacíficos.Inexorablemente lleva a un terreno donde las amenazas y la acumulación de fuerza desempeñan un papel mayor.

Una segunda razón para no dejar el Pacto de Bogotá es de tipo práctico.El Tratado que lo regula permite denunciarlo “mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cuál cesará en sus efectos para el denunciante” (art. 56).Pero ahí mismo se agrega que “la denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de trasmitido el aviso respectivo”.

En suma, dejar el Pacto de Bogotá no tiene ningún efecto sobre la sentencia ya dictada respecto de Perú, ni sobre la demanda iniciada por Bolivia en la Corte.

Pero, además, le ofrece a cualquier interesado un plazo de doce meses adicionales para presentar cualquier otra querella que igualmente se seguiría tramitando sobre la CIJ.

La Política Exterior de cualquier país debe aumentar su prestigio y también la eficacia de su conducta en el sistema internacional. Pero ocurre que, al tomar la determinación de retirarnos del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, empeoramos nuestra imagen en el mundo sin conseguir ningún objetivo práctico en torno a los asuntos pendientes.

Es como para pensarlo dos veces, ¿verdad?

Desde la última década del siglo pasado, nuestro quehacer exterior está marcado por los datos de la globalización y los principios de la Pos Guerra Fría. Una de las ideas más sólidas en este esquema es el de la creciente importancia de los grandes espacios regionales.

Sigue habiendo una disputa—que ahora es más económica que ideológica—entre las grandes potencias, pero la competencia productiva y tecnológica tiene como eje las grandes regiones que se constituyeron rápidamente en los bloques de naciones más desarrolladas e influyentes.

La Unión Europea de Maastrich, a partir de 1992; el NAFTA con Estados Unidos y sus vecinos, Canadá y México, en 1993 y el más complejo espacio del Asia del Pacífico, con los diez países de ASEAN, más China y Japón.

A partir de ahí, el reto de todas las demás áreas del mundo en desarrollo es “construir” una región en este mundo dominado por las macro regiones. Sólo así se puede incrementar el peso en los asuntos internacionales, tener más competitividad en los retos tecnológicos de la sociedad del conocimiento y ampliar, especialmente para los productos manufacturados, el mercado interno mediante uno mayor que forman la suma de los países vecinos.

Esto debe hacerse en un escenario democrático. Hay que aceptar el pluralismo de los gobiernos de distinto signo que resultan de la soberanía popular.Más cooperación e integración supone un conjunto de objetivos que son funcionales a los intereses de todos los países y a las estrategias de desarrollo de los diversos gobiernos.

En este contexto que establece el único telón de fondo en el que nuestros países pueden avanzar con seguridad al desarrollo, los conflictos y disputas bilaterales constituyen “una maleza” que daña ese avance y que hay que retirar para hacer posible las tareas estratégicas.

La lista de los desacuerdos bilaterales en América del Sur no es pequeña, aunque en la última década y media se está avanzando positivamente para resolverlos.

Perú y Chile entregaron en 2008 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya la tarea de definir si entre ambos países existían ya límites marítimos vinculantes o si debían sus magistrados establecerlos.

El fallo ha sido mixto. Ha aceptado que los tratados de 1952 y 1954 (que también incluyen a Ecuador) fijaron un límite marítimo y que este corresponde a la línea paralela planteada por Chile.

Pero esto ha sido reconocido solo hasta la milla 80 y de ahí hasta la milla 200, que hoy se reconoce como de aprovechamiento exclusivo de los Estados, el Tribunal ha trazado una bisectriz de acuerdo a la petición peruana, entregándole una parte del dominio marítimo solicitado en su demanda.

La Corte de La Haya falla siempre en derecho, pero en sus Estatutos (art. 38) se establecen como fuentes válidas, no sólo las convenciones y tratados internacionales, sino que también “la costumbre internacional” y “los principios generales de derecho”.Estos últimos permiten ajustar fallos, como ha sido el caso, más flexibles que los de una mera aplicación de los tratados existentes.

Como siempre ocurre, una resolución de ese tipo suscita inicialmente reacciones nacionalistas. Pero, cuando la sentencia es equilibrada, se puede pasar rápidamente a plantear escenarios nuevos y más positivos para las relaciones entre las partes.

En mi opinión, Chile y Perú están ante una oportunidad única para dar un giro en sus relaciones bilaterales y establecer una nueva relación basada en la complementación económica, el peso favorable de la importante migración en Chile y la agenda posible de las tareas de cooperación e integración que se pueden emprender.

Planteo solo dos entre muchos ejemplos.El primero es la creciente confluencia entre las ciudades fronterizas de Tacna y Arica, hoy día virtualmente complementarias en los aspectos económicos, culturales y sociales, como lo indican los crecientes intercambios de los últimos años, pese a las tenciones del avance del juicio.

Aquí el gobierno de Santiago tiene una primera tarea, dar a Arica una atención especial, que no ha tenido desde el Golpe de 1973, lo que disgusta cada vez más a su población.

A partir de una atención preferente, que incluya programas especiales para esta región, es posible imaginar un importante programa de integración sub nacional que incluya al Sur peruano, el Oeste boliviano y el Norte chileno, que puede ser un área muy dinámica en el marco de las economías del Pacífico.

Un segundo campo puede ser el de la cooperación energética. En los últimos diez años, Estados Unidos ha hecho una espectacular revolución tecnológica en el campo del gas de esquistos (Shale Gas), que le ha permitidollegar a ser autosuficiente en ese rubro, con perspectivas de convertirse en exportador, al tener un gas cuatro veces más barato que el de los países europeos.

Esto tendrá un impacto geopolítico en América del Sur, pues privará a países como Perú—y también Bolivia—de un mercado al cual proyectaban las exportaciones de la producción de Camisea (Perú) y Tarija (Bolivia).

Un proyecto razonable para ambos ha vuelto a ser vender su gas a los países vecinos, transportados en forma más barata y segura en gasoductos.

Hace seis años, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile negociaron y estuvieron a punto de cerrar una compra a Perú, con un gasoducto que llegaba a Tocopilla y de ahí llevaba parte de la producción por otros conductos a Salta, Montevideo y los Estados del Sur de Brasil.

La iniciativa no prosperó por razones de “seguridad nacional”, la misma por la cual no se han abierto negociaciones sobre gas entre Bolivia y Chile.

Ahora, el fallo de La Haya cierra una etapa de disputas y recelos entre Perú y Chile.Pero también puede abrir otra de amistad y cooperación, si ambos países son capaces de tener la voluntad política de progresar juntos y un listado efectivo de proyectos que permitan alcanzar una nueva situación.

Hacia el futuro se abren varios cursos posibles, pero por primera vez la relación bilateral puede ser constructiva y ayudar al objetivo más amplio de acercar tareas y afectos comunes que permitan que América del Sur—que tiene tantas condiciones favorables para lograrlo—sea la primera macro región económica del mundo en desarrollo, ayudando al mayor peso internacional de la región y al avance y progreso de las estrategias de desarrollo de sus diez países.

Han invitando, en cambio, al Presidente elegido Fernando Lugo. Entre tanto, los países del ALBA—Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua—han retirado a sus embajadores de Asunción (Venezuela, además, ha suspendido el envío, muy decisivo para Paraguay, de las cuotas subsidiadas de petróleo).

Chile, Colombia, Perú y México, por su parte, han dado un paso más moderado, pero significativo, y han llamado a sus Embajadores “a informar”.

¿Qué explica esta amplia reacción internacional?

En primer lugar, da cuenta de que, ahora, los asuntos ligados a la validez de los procesos democráticos tienen importancia y significación regional. Desde el fin de la Guerra Fría, algunos temas cruciales han pasado a ser de validez y alcance internacional.

Así ocurre con la vigencia de los derechos humanos y con la legitimidad de los procedimientos democráticos. Para acudir a un símil muy pedagógico, ha pasado el tiempo en que estas cuestiones solo tenían alcance nacional y quedaban cubiertos por la noción de soberanía. “En mi casa mando yo”, se podía decir antes, pero esto ya no es válido ni a escala doméstica ni internacional.

Nadie puede ahora, al amparo de su domicilio, maltratar a su mujer o a sus hijos, porque intervienen los vecinos y la justicia.

Nadie, tampoco, en el concierto de la naciones puede vulnerar los derechos básicos de las personas o afectar la vigencia de la democracia, porque hay normas que dan legitimidad a la actuación de otros gobiernos en la esfera regional o global.

Esto último es, justamente, lo que se examina en torno a lo acontecido con la destitución del Presidente Lugo en Paraguay, porque esto puede afectar los principios de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima, en septiembre de 2001, o su complemento, la Declaración de Santiago, un Nuevo Compromiso de Gobernabilidad de las Américas, de junio de 2003, donde se reconoce que “el multilateralismo y la cooperación multilateral juegan un papel importante en el apoyo a los esfuerzos nacionales para promover la gobernabilidad y los principios de la democracia”.

Todos los países latinoamericanos tienen un régimen político presidencial que fue establecido, por primera, vez en la Constitución norteamericana de Filadelfia de 1787.

Este régimen político, a diferencia del parlamentario inglés, no contempla la responsabilidad política del Jefe de Estado, es decir, no permite destituirlo por una mera discrepancia con sus actuaciones.

Así, las responsabilidades políticas solo se dirimen en la siguiente elección. Por eso, la responsabilidad del Presidente, además de la administrativa, civil y penal común, se limita a unas pocas figuras delictivas que la misma Constitución establece y se ejercita a través del impeachment (o acusación constitucional contra el Presidente como en Chile se la llama).

Esto origina un procedimiento ante el Parlamento, el cuál establece en la Cámara Baja “si ha lugar o no a las acusaciones”, debiendo el Senado resolver como jurado—o sea, como un tribunal especial—sobre la culpabilidad del Jefe de Estado por los dos tercios de sus miembros, lo que acarrea su destitución.

Lo que este solemne y regulado procedimiento busca es evitar que el Parlamento desconozca la validez del proceso electoral del cual arranca el mandato presidencial y pueda establecer una censura política que es algo privativo de los regímenes parlamentarios.

Por ello, en famosos impeachment como los emprendidos en Estados Unidos contra los Presidentes Richard Nixon (1974), William Clinton (1998) o el que llevara a la renuncia de Fernando Collor de Mello en Brasil (1992), todos tuvieron fundamento inicial de acusaciones, procedimientos de defensa que ocuparon largas semanas, en medio de un debate público que permitió una exhaustiva refutación de los cargos por parte de los acusados.

En Paraguay, en cambio, no ocurrió nada de eso y, en 36 horas, el Presidente Lugo que había perdido el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico, su mayor aliado, fue impugnado en la Cámara de Diputados y el Senado, por una abrumadora coalición formada por parlamentarios colorado y liberal-radical.

Lo asombroso al revisar la Constitución paraguaya de 1992, que se ocupa en su artículo 225 del juicio político, es que, en ese país, el Presidente puede ser juzgado por “mal desempeño de sus funciones”, además de serlo por delitos cometidos en ejercicio de su cargo, sin que existan plazo o garantía alguna en este procedimiento.

Esto sitúa a los analistas internacionales ante un caso de legalidad formal que se aparta notoriamente de las exigencias de legitimidad propias del régimen político consagrado en ese país.

Alguno ha dicho que Lugo no ha tenido “un debido proceso”. En estricto sentido, habría que decir que Lugo no ha tenido ningún proceso, puesto que el acto de destitución se inscribe, siguiendo las normas de su Constitución, en el ámbito estricto de la censura política.

Este asunto de fondo es lo que preocupa, casi sin excepción, a los demás gobiernos latinoamericanos.

Nunca sus principales reflexiones—la Carta de Jamaica de Bolívar, por ejemplo—incluyeron a Brasil, que más tarde se hizo parte de este espacio…

Un exhaustivo rastreo del destacado filósofo y analista político Miguel Rojas Mix ha ayudado a establecer que su autor fue Francisco Bilbao, el chileno al que su ideario liberal avanzado llevó a un exilio en París, donde se hizo discípulo de Robert de Lamennais.

La noción “América Latina” que Bilbao acuñara en 1856 para interesar a los franceses en el bloque de países no anglosajones del continente, tuvo rápidamente un uso perverso. Napoleón III advirtiendo que la Guerra Civil de Estados Unidos dejaba un vacío de influencias al sur del Río Bravo, acabo planeando la invasión de México en 1862.

Después de eso, sin embargo, esta idea se legitimó y pasó a ser parte del ideario progresista en la región.

Se trata de una noción que tiene alcances múltiples. Hay elementos de ella que permanecen estables, como el de unas raíces históricas y una identidad cultural compartidas por estos 20 países. Pero, en cambio, la expresión “América Latina” designa realidades cambiantes si nos referimos al escenario político, al económico o a la inserción internacional de estos Estados.

Desde la proclamación de la Política del Buen Vecino por Franklin Délano Roosevelt en 1933 , hasta la Revolución Cubana, América Latina fue vista como un espacio único y homogéneo.

Cuando el Presidente John Kennedy implantó su programa de Alianza para el Progreso, planteó para todos nuestros países la necesidad de implantar algunas reformas—como la Agraria, Tributaria o Educativa—“para impedir con cambios anticipatorios el horizonte catastrófico de nuevas Cubas”.

Veinte años más tarde, tras las caídas de las dictaduras de Somoza en Nicaragua y del General Romero en El Salvador estalló la crisis centroamericana. En el Departamento de Estado prevalecía la noción de América Latina como una suma de cuatro subregiones—el Caribe, América Central, el área Andina y el Cono Sur, más dos “potencias emergentes”, México y Brasil.

Luego del fin de la Guerra Fría se fue gestando gradualmente otra perspectiva que hoy prevalece: la de dos Américas Latinas—una América Latina del Norte y una América Latina del Sur—separadas a la altura del Canal de Panamá.

Curiosamente esta idea ha recibido respaldo, aunque por razones distintas de dos actores centrales para el área: Estados Unidos y Brasil.

Su afianzamiento en Washington se puede ubicar después de los atentados de 11 de septiembre de 2001. La exhaustiva revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional establecida en septiembre de 2002 se basó entre otros factores en una nueva segmentación de las regiones del mundo para su seguridad, en el contexto de una lucha global contra el terrorismo. En ese cuadro se afianzó la distinción entre estas dos Américas Latinas.

La del Norte fue descrita como vital para los intereses norteamericanos, pues se creía que desde las porosas fronteras de México o de los países insulares del Caribe se podía producir una infiltración de personas o elementos logísticos para posibilitar nuevos atentados terroristas en suelo norteamericano.

La agenda de este perímetro geopolítico colocó como tema número uno la política de inmigración y llevó a una exhaustiva vigilancia de los migrantes mexicanos y de los integrantes de las maras centroamericanas.

Tal política se fundaba además en la existencia de un cordón umbilical que hacía depender a estos países de Estados Unidos tanto en sus exportaciones como en la producción de sus industrias maquiladoras.

En la parte Sur del continente, en cambio, tales amenazas no existían y eso provocó una creciente falta de atención de las autoridades norteamericanas por los países del Sur.

Esto coincidió, o a lo mejor hizo posible, un sensible viraje a la izquierda de sus gobiernos, proceso que tuvo su punto de inflexión con el triunfo de Lula en las elecciones brasileñas de finales de 2002. En corto tiempo todos los países sudamericanos, con la sola excepción de Colombia, tuvieron gobiernos situados del centro hacia la izquierda.

La primacía de los gobiernos neoliberales de la década de los años noventa, cedió lugar a un auge de gobiernos progresistas que sacaron partido del desacoplamiento con la política norteamericana.

La creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones en 2004, convertida en UNASUR en 2007; el rechazo del ALCA en 2005 y la condena del acuerdo militar con Colombia, que posibilitaba el anuncio de un retorno de la IV Flota de la Armada de Estados Unidos a la subregión, fueron hitos centrales de esta etapa.

Para fortuna de estos gobiernos la década inicial del siglo XXI fue un tiempo de prosperidad, en base a un notable mejoramiento de los precios de los commodities que sus países exportan: el cobre chileno, el petróleo de Venezuela y Ecuador, la soya de Argentina y Brasil, entre otros.

Una buena administración financiera permitió aumentos en las reservas internacionales, el mejoramiento de las balanzas comerciales y una política de apertura hacia otras regiones del mundo, en especial, el Asia del Pacífico.

En los inicios de la década actual, China y no Estados Unidos es el principal socio comercial de Brasil, Perú y Chile, mientras que Argentina tiene al gobierno de Brasil como el principal destino de sus exportaciones y a China como el segundo.

La cooperación norteamericana virtualmente ha desaparecido, salvo para el control del tráfico de drogas, mientras que el comercio intraregional de los 12 países que integran UNASUR, ha crecido constantemente.

Cuando la recesión estalló en septiembre de 2008, América del Sur no solo no fue parte de sus orígenes, sino que dispuso de un importante blindaje. La crisis tuvo en la subregión un menor impacto y este fue más breve y ya en la segunda mitad de 2009 los países de la América Latina del Sur recuperaron un vigoroso crecimiento que todavía mantienen,sin ser demasiado afectados por el lento progreso económico y las dificultades que afectan a Estados Unidos y la Unión Europea.

Los países sudamericanos tienen ahora más peso y autonomía. Son parte de un triángulo estratégico que tiene sus otros polos en China y Estados Unidos. Esta situación les ofrece una perspectiva inédita para su actuación internacional y valoriza a la región más que en ningún otro momento reciente de su historia.

El primer elemento que, en mi opinión, se debe establecer es que en los comicios españoles la variable “izquierdas/derechas” no ofrece una adecuada explicación.

La verdadera clave, para España y otros países europeos, tiene que ver con la voluntad de castigo de los ciudadanos a los gobiernos a los que les ha tocado administrar la crisis iniciada en septiembre del 2008.

Una mirada de conjunto a los países europeos muestra que casi en todas partes administraciones de izquierda o derecha se han debilitado y han acabado perdiendo el poder.

Así le ocurrió a los laboristas británicos, luego de una gestión inicialmente muy bien evaluada cuando se inició el mandato de Tony Blair para acabar en completo desplome en el tiempo final de Gordon Brown.

Lo propio le pasó a la izquierda portuguesa y no hace falta recordar el prolongado calvario del recién dimitido gobierno socialista de Grecia, encabezado por Yorgos Papandreu. Pero lo mismo sucedió  en el otro extremo del arco político. Acabamos de contemplar el desplome del Primer Ministro Silvio Berlusconi en Italia y el ascenso de una coalición de centro izquierda.

Todas las encuestas vaticinan una derrota del presidente Nicolás Sarkozy en las elecciones francesas del 2012 y la jefa del gobierno alemán Ángela Merkel ha estado perdiendo este año, una tras otra, las elecciones de los Landers alemanes, incluidos algunos bastiones emblemáticos de la CDU, el poderoso partido de derecha que se ha alternado con la socialdemocracia en la dirección de ese país.

Es en este contexto y no en otro en el que hay que situar la obtención de los 186 escaños del Partido Popular en el Congreso español frente a los solos 110 conseguidos por el PSOE.

Es cierto que la diferencia de más de tres millones y medio de votos entre el ganador y el segundo, más el amplio margen de la mayoría absoluta, parecieran ser la señal de una nueva era de prolongado dominio para los vencedores.

Sin embargo, la prolongada perspectiva que los mejores análisis auguran a la crisis europea puede tornar mucho más fugaces de lo que hoy parecen las perspectivas de gestión de quienes acaban de ganar.

El nuevo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manejó todo el proceso electoral sobre la base del bajo perfil en materias programáticas y decisiones específicas para afrontar la crisis. Solo recalcó, una y otra vez, los malos resultados de la gestión de Rodríguez Zapatero, especialmente el elevado grado de desempleo que en plena campaña sobrepasó los cinco millones de trabajadores parados, que en un contexto de prolongación de la recesión, vieron reducirse incluso los subsidios que se les otorgaba.

Ahora, inexorablemente, deberá hacerse cargo de las situaciones que en la campaña no definió en un ambiente de impaciencia bien sintetizada en la editorial del diario El País “Futuro sin demoras”.

Los españoles que aceptaron la interpretación de los populares de una mala gestión de la crisis del gobierno socialista tendrán que responder ahora con medidas efectivas y resultados a las señales de conocimiento y capacidad reiteradamente sugeridas en la etapa electoral.

Se trata de un período que se parece más al tiempo regresivo para una rendición de cuentas que al período de gracia que habitualmente acompaña en las sociedades democráticas a los partidos que vuelven al poder.

¿Cuál será la suerte del ex vicepresidente Alfredo Rubalcaba si luego del Congreso que enfrentará el PSOE mantiene el poder?

¿Cómo encarará la reconstrucción del partido en algunos de sus grandes bastiones históricos como Andalucía y Cataluña, donde ya se había experimentado un revés en las elecciones municipales?

¿Qué elementos incluirá la autocrítica de los errores cometidos en la explicación de estos resultados?

Se trata de puntos sustantivos de cuyo correcto enfrentamiento dependerán el ritmo y las perspectivas de un eventual retorno al poder de los socialistas.

De alguna manera que no resulta muy distinta a la de la situación chilena vivida por la Concertación, los socialistas le cambiaron el rostro a España a partir del primer gobierno de Felipe González en 1982. El país que aspiraba a integrarse a un continente como Europa, que muchos afirmaban se terminaba en Los Pirineos, llegó a ser una de las fuerzas dirigentes de la Unión Europea y en su ascenso económico alcanzó a ser la octava economía del mundo.

Un gigantesco ascenso productivo cambió la condición y el modo de vida de los españoles, que pasaron a ser uno de los motores de Europa e hicieron una transición que muchos consideraron ejemplar.

En el camino, sin embargo, los datos estructurales de España variaron de un modo que privó de sentido a los planteamientos históricos del PSOE.

El viejo partido socialista de Pablo Iglesias había nacido como un partido proletario y de los sectores rurales atrasados en los tiempos del primer impulso de la revolución industrial en la península ibérica, discurso y plataforma que mantuvo hasta la derrota de la República en la Guerra Civil.

Al concluir el franquismo, sin embargo, dicha plataforma fue exigiendo correcciones sutiles que acabaron dejando en el camino la retórica y las plataformas ortodoxas que por largo tiempo lo habían sustentado.

Los propios cambios y modernizaciones impulsados por los socialistas hicieron el resto hasta un punto en que se desvaneció la propuesta de una sociedad alternativa y el PSOE comenzó a verse a si mismo como el mejor agente de la continuidad de la modernización española.

Esta nueva perspectiva es la que ha quedado en tela de juicio para ellos cuando en el propio curso de la recesión se han visto obligados a tomar muchos de los componentes más duros de una política de ajustes.

Entonces, junto con ver desgarrada su identidad, han acabado por ceder buena parte de su caudal electoral a Izquierda Unida y a Unión Progreso y Democracia, el partido dirigido por la ex socialista Rosa Diez, que se han llevado más de dos millones setecientos mil votos, casi un 12% del electorado, una cifra que ha incrementado sus caudales electorales aunque tampoco habría permitido al PSOE ganar al PP.

De ahora en adelante España se convertirá en un importante laboratorio político para observar como un partido de derecha, que tiene todas las mayorías deseables pero muy pequeños márgenes de maniobra, se las arregla para levantar una economía maltrecha sin hacer más dura la carga que ya soportan los informales y los desempleados.

Pero también para ver si el viejo Partido Socialista es capaz de recuperar las banderas de la justicia y la solidaridad y ofrecer una alternativa para los desencantados que ayer le volvieron la espalda.

Para adelantar conclusiones y hacer más comprensible la lectura de este texto, mi opinión es que nuestra región vive uno de los momentos más promisorios y favorables de las últimas décadas. Esto ofrece claramente una oportunidad. Del comportamiento concreto que tengamos dependerá que esta no sea una de las muchas oportunidades perdidas que muestra nuestra historia.

Partamos, como corresponde, por una conceptualización de la situación global.

Hace solo un par de semanas, el destacado historiador de las Relaciones Internacionales, Paul Kennedy, actual Director de Estudios sobre Seguridad Internacional en la Universidad de Yale, planteó el asunto de fondo que desde hace un tiempo ronda a todos los expertos en estos temas. ¿Hemos entrado en una nueva era? A su juicio, los datos objetivos indican que es así para lo cual además de valorar la rapidez y magnitud del cambio tecnológico que vivimos, acude a cuatro indicadores.

Primero, la pérdida de valor del dólar estadounidense como divisa única o dominante en la economía mundial, lo que está directamente asociado a una declinación gradual de la hegemonía internacional de Estados Unidos.

Luego, la parálisis del proyecto europeo y el riesgo de que un encadenamiento de las recesiones lleve al fin de la experiencia de integración, tal como fuera definida en Maastricht en 1992.

En tercer término, el surgimiento de China como gran potencia emergente que ha logrado una dinámica asociación en el Asia del Pacífico con Japón, Corea del Sur, Indonesia, India e incluso con Australia.

Estos gobiernos asiáticos, nos subraya Kennedy, “además de su poderío económico, están construyendo armadas para navegar en aguas profundas y nuevas bases militares, adquiriendo aviones cada vez más avanzados y probando misiles de alcance cada vez mayor”.

Un cuarto rasgo del actual contexto es la lenta y creciente decrepitud de Naciones Unidas que ya no puede conducir un orden mundial.

La inmensa recesión, iniciada con la quiebra de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008, se ha prolongado y profundizado más allá de todas las estimaciones iníciales, replanteando la urgencia de establecer un nuevo sistema internacional.

El problema de nuestro tiempo es que en los últimos veinte años—desde la caída del Muro de Berlín y del fin de la Unión Soviética, que clausuraron la Guerra Fría—hemos vivido un inédito agolpamiento de anuncios de “nuevas eras internacionales”.

Primero, tras el fin de la URSS, se instaló la imagen de un mundo unipolar en que Estados Unidos tenía un poder casi ilimitado, en especial en las esferas militar y comunicacional.

Se hablaba entonces de una amplia capacidad de intervenciones militares externas y así pareció probarlo la primera Guerra del Golfo Pérsico, para evitar la anexión de Kuwait por Irak.

Pero solo once años después, con los ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono en Washington, Al Qaeda puso a temblar a Estados Unidos y modificó la anterior imagen de una superpotencia sin límites. Entramos a la lucha global contra el terrorismo de G.W. Bush y a las intervenciones militares preventivas en Afganistán e Irak.

Entonces, la imagen de un desgaste acelerado de las capacidades de Washington, reemplazó a la del “gendarme global de la etapa previa”. Pero la lucha contra las acciones terroristas del fundamentalismo islámico también duró poco, pues la recesión actual ha afianzado las tendencias que la situación internacional perfilaba.

En la primera década del siglo XXI, la economía china creció a un promedio de 10.3% anual, mientras que la de Estados Unidos lo hizo solo a un 2%. Aunque las distancias todavía son grandes, en los centros de análisis estratégicos de Washington el asunto central ha pasado a ser en qué momento el PIB de China sobrepasará al de Estados Unidos al avanzar este siglo.

Pero China no solo ha pasado a ser una potencia emergente, sino que desde 2007 ha establecido un bloque—el BRICS—que suma su fuerza a la de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. En su conjunto, esta coalición de cinco países emergentes muestra mucho más dinamismo que el G7, donde Estados Unidos se asocia con los demás países desarrollados.

En corto tiempo dejó de ser regido por los países centrales y se halla ante una competencia de estos con el bloque de naciones emergentes que aventajarán, económicamente, al G7 en algún momento de la década que se inicia el 2030.

Nuestro tiempo es, de este modo, un período atípico en que no termina de consolidarse un orden internacional de remplazo del que se negoció al concluir la Segunda Guerra Mundial—en Bretton Woods, en el plano económico con la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional—y en San Francisco, en el ámbito político, con la creación de Naciones Unidas y su estructura de poder, basada en un Consejo de Seguridad que consagraba la primacía de Estados Unidos y la Unión Soviética, los vencedores de las potencias del Eje.

La transición internacional de la Posguerra Fría se ha arrastrado por más de dos décadas y recién ahora podemos empezar a identificar las piezas que darán lugar a un orden de remplazo del que ahora prevalece.

En este complejo contexto, la posición de América Latina resulta muy favorable, particularmente en lo que hace a los países de América del Sur.

Lejos de la amenaza de los circuitos del terrorismo de las organizaciones fundamentalistas ligadas al Islam y fuera, también, del epicentro de los países afectados por la recesión económica actual, somos de las regiones que se repuso luego de la contracción iniciada en 2008 y que muestra perspectivas económicas, por primera vez en décadas, muchísimo más favorables que las de Estados Unidos y los países desarrollados.

Nuestro desafío es actuar con una perspectiva económica y geopolítica que nos ofrece ocasiones mucho mejores para aumentar nuestro protagonismo y peso internacionales.