Los hechos, sin embargo, nos enseñan otra cosa. La oposición, deslegitimada y sin discurso, es auxiliada en su resistencia a los cambios por actores políticos no reconocidos como tales. Las grandes cadenas de medios dieron soporte a una campaña que instaló dudas y mitos. Así ocurrió con el masivo cierre de colegios que traería la ley de inclusión, o con la debacle que para la clase media acarrearía la reforma tributaria. Pero los colegios no cerraron.

Un estudio reciente del Banco Mundial concluyó que el 73% de la mayor recaudación de la reforma tributaria proviene del  0,1% más rico .

Ahora es el turno de la nueva Constitución. Desde un tradicional diario se echó mano a un viejo recurso:  la etapa de educación cívica quedaría a cargo del PC, factor de riesgo -y terror- para el conservadurismo local. Despejado el rol de los comunistas, la secuencia de réplicas y dúplicas permite sembrar la idea del “proselitismo” como amenaza a la validez del proceso. Una maniobra astuta que, además de contaminar el debate, persigue obtener garantías exorbitantes para las fuerzas políticas derrotadas en las elecciones de 2013.

No hay en nuestro país, como afirman algunos, un espectro de medios que asegure pluralismo. El clima de hostilidad hacia cada una de las reformas -votadas por la mayoría- es prueba de ello. Es sintomático que el discurso de Bachelet en el Caupolicán no fuera transmitido en vivo por la televisión abierta, una modesta señal en internet cumplió esa función.

Son positivas las señales y acciones del gobierno encaminadas a mejorar la comunicación con los ciudadanos, como el acercamiento a los canales regionales y la difusión de boletines. Pero no resultan suficientes para derribar el muro de la desinformación.

Esa difícil tarea demanda apuestas más audaces, de largo alcance, que desafíen ideas tecnocráticas preconcebidas que incluso han permeado a sectores progresistas. Tal vez, el primer paso sea entender que la comunicación, ejercida por los mandatados por el voto popular, es una función tan legítima como construir un colegio o representar los intereses del país en el exterior.

Pese a que no están  claros aún los detalles de la apuesta, los componentes del anuncio dan cuenta de un cambio en la concepción sobre las comunicaciones masivas, hasta hoy un bien de consumo más, producido la más de las veces por una poderosa minoría. La mención de que el nuevo canal no tendrá publicidad contiene implícita una crítica al resultado, en términos de la calidad y de aporte a la democracia, de la sujeción de la televisión – incluida aquella de propiedad estatal- a intereses económicos privados.

Implica también un reconocimiento a la existencia de un interés público que debe satisfacer la televisión y que no ha hecho por largas décadas y, desde luego, la necesidad de democratizar el acceso a los bienes culturales.

El nuevo canal cultural y educativo será un gran avance. Pero no será suficiente para abordar los desafíos políticos que vienen. El gobierno tiene otros  compromisos en materia de libertad de expresión cuyo incumplimiento conspira contra el éxito de las reformas y, en particular, contra el desarrollo del proceso constituyente. El programa de Michelle Bachelet asumió que el pluralismo informativo es una deuda de la democracia. Para enfrentar el control oligopólico de los medios de comunicación el programa prevé el establecimiento de límites a la concentración de la propiedad, la apertura del espectro radioeléctrico y una distribución distinta del avisaje estatal.

El 21 de mayo del año pasado, la cuenta del ministerio Secretaría General de Gobierno – que tiene a su cargo las  políticas relativas a libertad de expresión- comprometió la elaboración de proyectos de ley sobre tres materias mencionadas para el período que va de mayo de 2014 a mayo de 2015. Como es evidente, nada de eso se cumplió. En lo que parece ser una negativa señal, la cuenta de la misma cartera, publicada este 21 de mayo, no menciona ninguno de estos compromisos programáticos.

Uno de los flancos más débiles del actual gobierno es el campo comunicacional. La experiencia enseña -no a todos al parecer- que emprender reformas  bajo fuego nutrido de la inmensa mayoría de los medios no es una tarea fácil.

Las intensas campañas mediáticas desplegadas contra la reforma educacional, la reforma laboral y, en suma, contra el programa de gobierno, dificultan gravemente el acceso a información plural y el diálogo con la ciudadanía. No se requieren poderes adivinatorios para prever la férrea resistencia a un proceso constituyente en que participen las mayorías nacionales.

Sin duda, tomar la iniciativa para enfrentar el problema de la concentración de la propiedad de los medios requiere una voluntad excepcional y, por qué no decirlo, coraje. Pero antes que eso, es imperativo asumir que se trata un problema político que no solo impacta a un gobierno en particular, sino que a la esencia del sistema democrático.

Según lo publicado en diferentes medios, el Servicio de Impuestos Internos investiga a dos sociedades de Leay que habrían otorgado boletas a la empresa minera. La propia nuera del ex diputado gremialista afirmó ante el SII que emitió boletas por cinco millones de pesos por servicios que nunca prestó a SQM, dinero que, según sus dichos, entregó a Leay, sin que éste desmintiera tales aseveraciones en su última comparecencia pública.

A dos semanas de conocida esta información, Televisión Nacional no acusa recibo.El prolongado mutismo del canal colisiona con su naturaleza de empresa pública, dotada de una misión que, en teoría, la hace distinta de las televisoras privadas.

Es necesario recordar – porque parece que hay dificultades para hacerlo- que los miembros del Directorio de TVN no cumplen una función técnica, sino que política. Seis de los directores, entre los que está Cristián Leay, son designados por el Senado a propuesta del Presidente de la República.

A su vez, la ley que crea TVN dispone que los elegidos deben poseer relevantes méritos personales y profesionales. Resulta claro, entonces, que el rol de los directores consiste en representar a las sensibilidades políticas con presencia en el Senado, lo que la ley define como una integración pluralista.

Por otro lado, el artículo 10 de la ley de TVN prohíbe a los directores “realizar o incurrir en actos ilegales o inmorales...” Dicha prohibición tiene un carácter genérico que reafirma el requisito de contar con “relevantes méritos personales”, esto es, un estándar de conducta exigible superior y distinto.

La redacción de la prohibición legal, que incluso alude a la calificación moral, permite descartar de plano que la responsabilidad política de los directores esté sujeta a una verdad judicial.

Desde luego, la presunta  participación de un integrante del máximo órgano de dirección de la TV estatal en operaciones de financiamiento ilegal merece, a lo menos, una respuesta institucional pública. Ignorar la seriedad de los hechos puede significar un grave riesgo para el único medio de comunicación de propiedad de todos los chilenos.           

La independencia y credibilidad de Televisión Nacional están sometidas a una dura prueba que solo podrá  ser superada con éxito a través de señales inspiradas en los principios de transparencia y responsabilidad.

Algunos cuestionamientos se dirigieron al contenido, caracterizado como de análisis y conmemoración histórica. El rector del liceo calificó la bandera del FPMR, usada en la ocasión, como “un símbolo que se asocia a épocas y estrategias alejadas del ejercicio democrático que hoy nos anima”, desconociendo con ello que la exposición tuvo por objeto el papel de la resistencia al régimen cívico-militar.

Otra de las objeciones planteadas consiste en sostener una supuesta restricción jurídica a la actividad política en los establecimientos educacionales, una prohibición al “proselitismo”. ¿Esto es realmente así? En el ámbito educacional existen dos reglas que son pertinentes a esta controversia, ambas contenidas en la Ley General de Educación.

Respecto de la educación superior subsiste el artículo 106 que establece que la autonomía universitaria no “permite actividades orientadas a propagar, directa o indirectamente, tendencia político partidista alguna”, norma cuyo fondo y lenguaje son propios de un régimen autoritario.

Contradictoriamente, el artículo 10 de la misma ley resguarda el derecho de los alumnos a que se respeten sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, lo que debe entenderse también como la facultad de exteriorizar estas convicciones .

Es cierto que en la Constitución de 1980 está inscrita en diversas normas la desconfianza que la dictadura tenía hacia la acción “política partidista” que ha inspirado a numerosos colegios y universidades a prohibirla expresamente en sus reglamentos internos.

Sin embargo, como han afirmado los propios alumnos del Instituto Nacional, su actividad está amparada por la garantía de la libertad de expresión.

Los derechos políticos de los estudiantes – de expresión, asociación y reunión- están protegidos, además, por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, tal como sentenció la Corte Suprema en 2009, acogiendo el recurso de protección de un alumno a quien no se le renovó la matrícula por participar en actividades políticas.

La polémica generada en torno a la charla en el Instituto Nacional revela la existencia de una insuficiente comprensión de los derechos que componen el sistema democrático.

Aparece también como indispensable una adecuación de las normas internas a los estándares internacionales de libertad de expresión, que elimine toda posibilidad de restringir el derecho a la participación política en el sistema educativo.

Al frente, el profesor Carlos Peña, Rector de la Universidad Diego Portales, defendió la compra de la casa de estudios, señalando en carta a El Mercurio que el archivo no era de propiedad estatal sino que de una sociedad anónima, concluyendo que, por esa razón, “no pasa de manos estatales a manos privadas, sino de una entidad privada a otra”.

Estos argumentos merecen algunos comentarios. En primer término, la Empresa Periodística La Nación no es una sociedad anónima común, sino que está sujeta a un estatuto jurídico especial que deriva de la satisfacción de una función pública.

Desde luego, al ser ésta una empresa en la que el Estado tiene participación mayoritaria – un 69%, en este caso- está sujeta a la fiscalización de la Contraloría respecto del cumplimiento de sus fines y la regularidad de sus operaciones, entre otras atribuciones.

Asimismo, el Congreso Nacional está facultado expresamente para requerir informes y antecedentes a la misma clase de empresas, dentro de las que se encuentra La Nación. En fin, la sociedad anónima La Nación debe cumplir ciertas obligaciones establecidas en la ley de Transparencia.

No resulta exacto, en consecuencia, afirmar que se trata de una “sociedad anónima con fines de lucro en la que el Estado tenía acciones”, habida cuenta, además, que su marcha y el destino de sus activos han sido definidos siempre por la autoridad pública.

Por otro lado, no puede controvertirse que las acciones de que el Estado es dueño en La Nación constituyen bienes nacionales.

De esta suerte, la liquidación de la empresa involucra un desprendimiento de patrimonio estatal, dentro del cual se ubica por extensión el archivo del periódico.

No debe escapar a esta observación que el archivo tiene un valor histórico vinculado al rol que el Estado desempeñó – bien o mal- como productor de información en la prensa escrita, de manera que no cabe calificar su transferencia sino como una privatización.

Finalmente, el real contrasentido que podemos advertir radica en presentar todas las acciones de desmantelamiento del diario como simples operaciones entre privados, en circunstancias que dicho proceso se inició en virtud de una decisión política de la actual administración.

La frase refleja la orientación política central para este período, asumida por sectores interesados en mantener contra viento y marea un modelo que exhibe vistosas fisuras. Desde luego, aquellos medios de comunicación que detentan posiciones hegemónicas, se empeñan en contener ciertas ideas de cambio que ganan terreno en la sociedad.

Con distintas intensidades, las demandas sociales de reformas políticas profundas encuentran eco en la discusión programática de la oposición.Nueva Constitución generada por una asamblea constituyente, sistema electoral proporcional, financiamiento transparente de la actividad política, forman parte de las propuestas de varias fuerzas y de sus candidatos.

Hay, no obstante, un problema no resuelto que parece evadirse en el incipiente debate programático, que no es otro que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación que limita en los hechos la libre circulación de las ideas y asfixia el sistema democrático.

Esto no se circunscribe sólo a la existencia de un duopolio en la prensa escrita, fortalecido con el cierre del diario La Nación. El fenómeno se extiende también a la radiodifusión, donde un consorcio español controla buena parte de las frecuencias y otros grupos ligados a la banca crecen en presencia.

Panorama que no mejora en la televisión, que carece de un auténtico canal público que compita con la empresa privada promoviendo la diversidad política, social y cultural.

Es cierto que en otros procesos electorales se insinuó alguna preocupación sobre el punto. Así ocurrió en la segunda vuelta de la última elección presidencial, pero esa inquietud, muy tímida, se desvaneció prontamente.

El pluralismo informativo real, no hipotético, está lejos de ser una necesidad secundaria o desconectada del conjunto del sistema político.Constituye el presupuesto indispensable para garantizar de forma efectiva el derecho a la información, permitiendo que la ciudadanía se involucre y participe de los procesos de toma de decisiones.

Dado que se abre un proceso electoral en que se vislumbra la discusión de propuestas que se hacen cargo de la crisis de la política, resultaría extraño que sencillamente se deje a un lado, que se postergue una vez más, la democratización de los medios de comunicación.

Tarea que es, en sí misma, una reforma política, en tanto esté dirigida a resolver la concentración de poder. La apertura de este diálogo en el escenario presidencial requerirá, eso sí, de cierta audacia, pues significa remover un “sentido común” instalado pero, por sobre todo, tocar intereses poderosos.