Primero que nada, me parece improcedente la ley del 20% de música chilena en las radios porque el concepto de música chilena, que tiene una fuerte connotación identitaria y patrimonial, es equívoco tanto en lo referente a “música” como a “chilena”.

En rigor, el mentado proyecto de obligatoriedad del 20% de “música chilena” tiene que ver con mejorar las posibilidades de ingresos de los músicos nacionales y de la SCD más que salvaguardar nuestra identidad y proteger el patrimonio nacional.

Esto, porque dicho proyecto se basa en una ley que define música chilena como cualquier música interpretada por chilenos. De este modo, la ópera Aída en el Teatro Municipal de Santiago a cargo de un elenco nacional ya es “música chilena” para efectos de este proyecto. No sería necesario intercalar tonadas y cuecas para cumplir con la ley como sarcásticamente proponía un lector mercurial semanas atrás.

Los músicos chilenos necesitan y merecen mejorar sus posibilidades laborales.En los últimos años se ha avanzando con paso firme en esa dirección, aumentando la red de salas a lo largo del país y modificando la Patente de Cabaret que restringía las presentaciones en vivo en bares y restaurantes.

Todavía se puede avanzar aún más, especialmente en una época en que la música en vivo ha recobrado toda su fuerza ante la crisis de la industria discográfica.

Ahora bien, cómo hacerlo ¿con la zanahoria o con el garrote? Si es con el garrote, va a ser la propia empresa privada la que deba asumir los costos. Si es con la zanahoria, será el Estado el que deba subvencionar parte de la actividad laboral de nuestros músicos, con incentivos a las radioemisoras para que difundan su trabajo. Situar la discusión dentro de sus alcances reales es mucho más efectivo en la búsqueda de consensos y soluciones.

Segundo, estoy en contra de esta ley porque si se logra aprobar, soy un convencido que el tema de la música chilena va a desaparecer del debate público.

Unas radios cerrarán. Otras transmitirán más de lo mismo de músicos nacionales que ya transmiten en un 14%: balada romántica, balada ranchera, regatón y algo de folklore. Mientras tanto, los asuntos que sí importan para el fomento de la música chilena, formación, internacionalización e industrias culturales, seguirán en el olvido y sin que ningún organismo realice campaña alguna por ellos.

Desde un punto de vista cultural, resulta lamentable que organismos tan prestigiosos como la Sociedad de Escritores de Chile, la Unión Nacional de Artistas y los propios actores chilenos le envíen cartas al Presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor abogando por la defensa de la música chilena en base a la obligatoriedad del 20%. Nadie les aclara que literatura chilena no es lo mismo que música chilena.

Literatura no incluye esta columna, las noticias del diario o la publicidad impresa. Esos son simples textos, no literatura. En cambio música, incluye desde una canto Ona grabado en cilindro de cera en 1908 hasta “El baile del perrito”, pasando por la Cantata Santa María de Iquique y los ringtones de mi celular.

De este modo si no tenemos claro lo que es “música” ni lo que es “chilena”, cómo vamos a apoyar una ley que obliga a difundir una nebulosa abstracta; una ley que aparentemente zanja todos los problemas de los músicos chilenos ante la opinión pública y que va terminar con la preocupación del Parlamento con el tema “música” y “chilena” por muchos años más.

Muchos de los defensores de esta obligatoriedad parten asumiendo un concepto que no está para nada claro. La ley existente llama “música chilena” a cualquier música compuesta y/o interpretada por chilenos, ya sea una ranchera mexicana de Los Vásquez o la Sinfonía 40 de Mozart grabada por la Orquesta Sinfónica de Chile.

Música chilena en relación a construcción de identidad o salvaguarda del patrimonio no es lo que está en juego.Está en juego que del total del 17% de “música chilena” que difunden actualmente las radios en su conjunto, subamos a un 20%, para cada radio en particular.

Es muy bueno que empecemos a debatir el concepto de música chilena, que a diferencia del de pintura, literatura o cine chileno, aparece tensionado por factores de oralidad, medialidad y escritura. A las que se puede agregar aspectos de producción, consumo y territorialidad.

Los países producen y consumen mucha música distinta en sus anchos territorios, y por cierto hay rasgos de identidad que se pueden establecer desde el consumo y sus espacios sociales. Sin embargo, para efectos de una ley que proteja y estimule aquello que podríamos llamar “música chilena”, ¿porqué vamos a meterlo todo en un mismo saco?

Cuando Alfonso Letelier afirmaba que bastaba ser chileno para hacer música chilena, tenía razón.Pero a futuro. De este modo, la música de Alfonso Leng es más “música chilena” hoy que en 1921, pues su particular mezcla franco-germana se fue asentando en el imaginario nacional a través del tiempo, no entre 1921 y 1922.

Lo mismo sucede con la Nueva Ola. A nadie se le habría ocurrido promoverla como música chilena en 1962, pero hoy día es innegable que forma parte de nuestro patrimonio cultural masivo. Hoy nos representa como chilenos ya que nos hemos identificado con esa música a lo largo del tiempo de tanto escucharla.

“La música es de quien la usa” decía Gustavo Becerra.

Sin embargo, pretender tildar de “chileno” todo lo que suena en Chile y más encima para efectos de una ley, me parece un total sin sentido. Este país recién está siendo sensible al problema del patrimonio –con leyes, premios, reconocimientos, protección, etc. ¿Porqué negarle a la música nacional la posibilidad de participar de este nuevo estado de cosas?

¿Lo seguimos dejando todo al mercado, a la farándula, al próximo inventor del “baile del perrito”?

Definir patrimonio sonoro significa tomar partido ¿Qué tiene de malo tomar partido?

¿Qué tiene de malo definir políticas musicales?

¿Qué tiene de malo fomentar la diferencia, como dirían los franceses?

¿Qué tiene de malo la UNESCO?

El concepto de música chilena implica aspectos de identidad, que si bien hoy día tiende a ser más plural que antes, siempre apela a la idea de patrimonio.

Música como reflejo y fuente de una identidad nacional enriquecida por nuestra diversidad cultural, pero única en el concierto de naciones.

Música chilena como patrimonio sonoro históricamente construido tanto en la ciudad como en el campo, que apela a distintas generaciones, identificándonos como habitantes de un territorio y de un tiempo determinado.

Música chilena como una forma de hacer música en Chile, que resulta única, particular, reconocible. Música chilena como aquella que permanece en nuestra memoria, sea difundida por radio o no. Música chilena como nuestro aporte artístico y cultural al mundo.

¿A quiénes difundir? Tenemos una generosa lista de Premios Nacionales, Premios Altazor y Premios Presidente de la República que deberían ser prioridad en un Ley de difusión de música chilena. Por ahí podemos empezar.

No cabe duda que Luis Advis fue el Editor de las tres publicaciones, al ser el compilador responsable de la antología que conforma estos volúmenes.

Sin embargo, y para mi gran sorpresa, cuando llegó este volumen a mis manos durante su lanzamiento el 26 de noviembre pasado en el Centro Cultural Gabriela Mistral, pude ver que en la portadilla aparecen como únicos Editores de la obra el actual Presidente de la SCD, Alejandro Guarello, junto al destacado musicólogo nacional Rodrigo Torres, por lo que para todos los efectos prácticos, ésta será citada de la siguiente manera: Guarello, Alejandro y Rodrigo Torres eds. 2010. Clásicos de la música popular Chilena 1960-1973, vol III. Santiago: Ediciones Universidad Católica y Sociedad Chilena del Derecho de Autor, 278 pp.

No cabe duda que tanto Guarello como Torres realizaron una encomiable labor para que este volumen saliera a la luz luego de la muerte de Advis, pero es una labor que se basa en todo lo concebido, gestionado, producido, organizado y ya editado por Luis Advis. En ningún caso sustituye su labor como Editor, más bien la complementa. ¿Por qué era necesario borrar, entonces, el nombre de Lucho? ¿No era mejor sumarse como co-editores a su tarea?

Cabe preguntarse además, ¿Quién resguarda los derechos de Advis al interior de la propia SCD? No conozco cuál pueda ser la respuesta precisa a este interrogante, ni si el asunto podría ser analizado o investigado desde una perspectiva jurídica, pues, en rigor, el libro contiene algunas modificaciones en relación a lo concebido por Advis. Sin embargo, ¿Quién puede decir con certeza que este volumen corresponde a una obra distinta a la original por este simple hecho?

Más allá del tema jurídico, creo que estamos ante una seria falta de ética profesional ante un colega ya fallecido que no puede hacer valer sus derechos. Quiero dejar en claro, entonces, que como ex miembro de la Comisión de Publicaciones de la SCD y del equipo editorial que estuvo a cargo de este volumen, no avalo que se haya eliminado el nombre de Luis Advis como Editor del mismo. Dejo constancia, además, que mi nombre ha sido utilizado a mis espaldas para avalar una autoría editorial que, al menos, me parece objetable. Quedo a la espera de lo que los involucrados tengan que decir.