Quienes realizan el esfuerzo pesquero, sin duda requieren de espacios físicos que permitan un desembarque apto del producto capturado. No obstante, el sector artesanal ha padecido históricamente de una precariedad en este ámbito, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como de la titularidad jurídica de quienes viven de manera directa e indirecta de las riquezas que entrega el mar y de la sustentabilidad de la actividad, e incluso de donde tienen sus hogares.

Motivo de lo anterior, es que en la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara, hemos mejorado y aprobado el proyecto del ley que regula el desarrollo integral y armónico de las caletas pesqueras a nivel nacional, y fija normas para su declaración y asignación, regula su administración, propende a la complementariedad con otras actividades como la gastronomía, el turismo, etc., además de regularizar sus viviendas instaladas en esas áreas.

La nueva ley de Caletas Pesqueras, va a permitir entregar en concesión las caletas a sus usuarios, la que va a ser gratuita, vale decir, los sindicatos y las organizaciones de pescadores artesanales no deberán pagar ningún valor más en el futuro por las concesiones, e incluso establece condonación de la deuda que pueda existir al momento del traspaso.

En segundo lugar, existirá una administración efectiva y real de la organización de pescadores artesanales en las caletas, vale decir, deberán elaborar un plan de desarrollo y trabajo para cada caleta, y una comisión regional en cada una de las caletas del país le hará seguimiento; instancia que será integrada por funcionarios de pesca, del ministerio de Economía, representantes de la región, y también de la comuna respectiva.

Es decir, existirá alguien que represente al Municipio, elegido por el Alcalde y el Concejo Municipal, que va a trabajar en conjunto con esta comisión. También, en calidad de invitado podrán participar los Capitanes de Puerto de la capitanía respectiva, así en conjunto todos los actores que tienen que ver con el desarrollo de la actividad de la pesca artesanal podrán colaborar.

Los pescadores artesanales que administren las caletas van a poder concesionar a terceros hasta un 40%. En el caso de algunas caletas del país que tiene concesionado un mayor porcentaje,  tendrán un plazo de hasta 3 años para que regularicen y lleguen a este 40%.

De esta manera, podrán funcionar restoranes, lugares de artesanías, espacios para la cultura, entre otros, siempre pensando que generen ingresos a la caleta para su propia administración. Lo anterior no exime a la Dirección de Obras Portuarias de su tarea permanente, que es mejorar y mantener la infraestructura de las caletas. Es decir, una futura caleta como Bahía Mansa, va a poder ser hecha por el Estado, por la Dirección de Obras Portuarias, y entregada en concesión a los pescadores que la ocupan.

El proyecto aprobado en comisión, y próximo a votarse en sala, busca que se entreguen las caletas en concesión por 30 años a la pesca artesanal, además deja un uso preferente para la pesca artesanal y, por lo tanto, una caleta no podrá ser usada, discrecionalmente, por otro tipo de organizaciones y naves que tienen otras facilidades portuarias.

¿Pero qué entendemos por trabajador de casa particular?

Son las personas que se dedican en forma continua, sea jornada completa o parcial, al servicio de una familia o de una o más personas en trabajos de aseo o de asistencia propios del hogar. Ttambién están sujetos a estas disposiciones quienes se dedican a atender personas con necesidades especiales y choferes particulares.

La entrada en vigencia de la segunda parte de esta ley beneficia tanto a los trabajadores y trabajadoras puertas afuera, como puertas adentro. Con respecto a la jornada de trabajo para quienes se desempeñan puertas afuera, la jornada no podrá exceder más 45 horas semanales (antes 72), y se podrá distribuir hasta en un máximo de seis días, considerando además al menos media hora como horario de colación.

Por su parte, los empleadores podrán convenir con las asesoras del hogar hasta 15 horas de sobre tiempo semanal, las que deberán ser pagadas con el recargo correspondiente a horas extras.

Sobre el régimen de descanso semanal de trabajadoras puertas adentro, si bien en la actualidad tenían derecho a descanso semanal sólo los días domingo, a contar del pasado lunes 23 de noviembre, tienen derecho a descanso  también los días sábado, los cuales, de común acuerdo podrán acumularse,  fraccionarse o intercambiarse por otros días de la semana y no se pueden cambiar por dinero.

Con respecto a la existencia de registro del contrato, es obligatorio que exista un documento escrito, para que las condiciones de trabajo (servicios, remuneraciones, horarios, etc.)  queden estipuladas. Incluso  se exige para quienes trabajen sólo algunas horas a la semana, por lo que el empleador está obligado a registrar el contrato, firmado por ambas partes, dentro de los quince días siguientes a su celebración en una oficina de la Inspección del Trabajo, correspondiente al domicilio en que se efectuará la labor o en el sitio web de esa entidad.

Por otra parte, hay que saber que en toda actividad laboral regida por un contrato, es responsabilidad del empleador  pagar las cotizaciones previsionales y del plan de salud del trabajador. Para la  previsión se debe pagar cerca del 11% del sueldo imponible a la AFP del trabajador o al IPS, y para la cotización de salud debe pagarse, según decida el trabajador, en Fonasa o en una Isapre,  el 7% de la remuneración mensual. Además hay que cotizar el  4,11% de la renta en  una AFP para efectos de indemnización a todo evento, cuyo monto es de cargo del empleador.

Cabe recordar que la primera parte de la Ley 20.786 entró en vigencia el 1 de enero de 2015, y reglamentó el registro del contrato de la trabajadora de casa particular ante la Inspección del Trabajo, además el no uso del delantal en espacios públicos, el día domingo de descanso irrenunciable y la prohibición de reducir la remuneración.

Son buenas noticias. ¡A cumplirlas y exigirlas!

La finalidad de estas áreas de protección es conservar el estado prístino de la biodiversidad única, prohibiéndose la pesca o extracción de recursos. Además, buscan proteger los montes submarinos y sus ecosistemas vulnerables, y contribuir al desarrollo del conocimiento científico de los ecosistemas de aguas profundas.

Estas reservas marinas se encuentran bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), y en ellos no puede efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen con propósitos de observación, investigación o estudio.

Nuestra región, Magallanes, no está ajena a esta realidad. Fue en el año 2003 que se creó el parque marino “Francisco Coloane”, y si bien es cierto que nuestros pueblos canoeros ya no se pueden beneficiar de el, por la cercanía con la total extinción de su raza, fue el primero en el país, y comprende un total de 67.000 hectáreas entre costa y mar.

Recuerdo que era Alcalde de Punta Arenas, cuando se iniciaron los esfuerzos que hicimos muchos, para que se creara el parque marino, que se encuentra en la Isla Carlos III, entre las Islas Santa Inés, Isla Riesco y la península de Brunswick, con el fin de proteger a ballenas jorobadas, el pingüino magallánico, el delfín austral, el lobo marino, entre otros.

Lo anterior se debe a que un conjunto de científicos descubrió que un grupo de ejemplares de ballena jorobada migraban por el Pacífico desde las aguas cálidas de Centroamérica, donde se reproducen, hasta las gélidas aguas antárticas, especialmente las aguas de la Isla Carlos III, donde cada verano se alimentan. Es decir, migran juntas desde la línea del Ecuador, pero por alguna razón aún desconocida, algunas deciden quedarse en el Estrecho de Magallanes y otras siguen hasta la Antártica, suceso que convierte esta zona en el único sitio del hemisferio sur donde se alimentan ballenas jorobadas, fuera del continente blanco.

En este lugar se han registrado más de 100 ballenas jorobadas, que son bastante fáciles de avistar y ver, en verdaderas familias, levantando del agua su majestuoso cuerpo de hasta 17 metros de largo y 40 toneladas de peso, dejando atónito y maravillado a cualquier espectador. Los invitamos a ver este maravilloso hecho en nuestro territorio subantártico.

Es por esto que celebro la decisión de la Presidenta Bachelet de ampliar la superficie marina protegida de nuestro país, y además hago un llamado a recordar nuestro mar no sólo durante el mes de mayo. En Chile y Magallanes somos riquísimos en mares  y costas, y debemos ser capaces de convivir con los Océanos, gozarlos y disfrutarlos, pero sin agotarlos ni destruirlos.

Ética y probidad están vinculadas directamente con la integridad con que actuamos, definen un país y proyectan su verdadera sustentabilidad. La ética y la moral son valores que deben estar presentes sin diferenciaciones y quienes no cumplan con esos valores, deben ser sancionados.

Si no tenemos la capacidad de cuidar las formas, de reforzar los conceptos de lo que está bien y lo que está mal, estamos en serios problemas al creer que esa realidad es normal, que debemos aceptarlo y que a fin de cuentas nada podemos hacer para mejorar, que es irremediable y hasta que es parte de nuestra idiosincrasia.

La confirmación de la decisión de Bancoestado de otorgar un bono de término de conflicto a sus 9.300 empleados, por un monto global de 58 mil millones de pesos, sin duda es absolutamente legal, pero en una situación en que decimos que hay cosas que deberemos gradualizar, inversiones que deberán esperar por la situación económica global y el cataclismo… ¿es Ético?

Nuevamente cabe la necesidad de cuestionarse sobre los por qué de la creciente desconfianza de las personas hacia nuestras instituciones públicas. En el caso particular de Banco Estado, o en aquel en que se nos dice que otra empresa del Estado, ENAP, entregará 400 mil metros cúbicos de gas a la empresa privada y no se precisa si existe una venta, un traspaso, una compensación, o si los valores involucrados son los de mercado y se indica sólo que lo relevante es entregar el gas. Son hechos como éstos los que explican , en parte, la desconfianza que inunda nuestra sociedad.

Chile es un país fuerte, que debe robustecerse y para ello hay que orientar el quehacer legislativo y administrativo e incrementar los estándares de transparencia en la función pública, y la necesaria separación con el mundo de los negocios, particularmente de los y las políticas con el dinero.

Debemos, sin duda, eliminar el abuso de privilegios y las prácticas ilegítimas, para así reconstruir la confianza. Casos como los mencionados generan una fundada preocupación y sobre todo malestar en la ciudadanía. No se trata de restituir las confianzas en beneficio de algún actor en particular, es una necesidad país, para crear un mejor marco para el futuro.

Debemos sin duda alguna revisar y hacer más severa y actualizada la legislación existente y los proyectos en discusión, además de dotar a nuestras instituciones de poder efectivo para hacer valer sus controles y sus sanciones.

Según cifras del INE, el próximo año,  el llamado Índice de Adultos Mayores, que mide cuántas personas de 60 o más años hay por cada 100 menores de 15 años llegará a 73, cifra que aumentará a 87,8 en el 2020. Incluso, en la Región de Valparaíso, el índice llegará a los 103 en  el 2020.

En el último 21 de mayo, la Presidenta de la República informó sobre una importante decisión que beneficia a este segmento de la población: en dos años, desaparecerá el pago del 5% en salud para un grupo importante de pensionados. El primer año, la disminución será del 5% al 3%, eximiéndose totalmente el pago al segundo año. Con ello, obviamente, aumenta la liquidez de las pensiones.

Son 340 mil personas de nuestro país las que se beneficiarán con este proyecto que exime de la obligación de efectuar cotizaciones del 5% en salud a pensionados mayores de 65 años.

También, se facilita el proceso de solicitud de la prestación a todos los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias de Invalidez, ya que un atraso en presentar la solicitud, causa discontinuidad en sus ingresos muy frecuentemente. Esto provoca que una vez ingresada la solicitud, se demoren casi tres meses para el primer pago de la Pensión.

Por otra parte, casi 120.000 beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias, por no estar adscritos a ningún sistema previsional, no son causantes de asignación por muerte y de cuota mortuoria, concluyendo que son alrededor de 300.000 beneficiarios del Sistema que no están cubiertos por este beneficio. Por lo anterior, el Proyecto garantiza que todos los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias que fallezcan, generen una asignación que ayude a solventar los gastos funerarios.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad estas normas, esperamos que la tramitación sea igual de expedita en el Senado y así estos beneficios comiencen a ser sentidos al operar de manera automática.

Esta medida no exigirá postulación, se implementará automáticamente, con un costo estimado anual de $55 mil millones,  beneficiará a los adultos mayores que tengan más de 65 años de edad,  con residencia en Chile al menos por 20 años y que integren un grupo familiar perteneciente a los cuatro quintiles más vulnerables de la población.

Esperamos también que desde el año 2017 se incluya en forma gradual a quienes aún deben pagar el 7%, salvo a aquellos con rentas superiores a 20 UF equivalentes a cerca de 500 mil pesos.

De esta manera,  legislamos sobre los temas que interesan a la gente y efectuamos un merecido reconocimiento y pagamos una deuda pendiente con nuestros adultos mayores.

Fueron ellos, o al menos su gran mayoría, quienes en la década de los 80 marcharon por nuestras calles y avenidas, se movilizaron, se inscribieron y con un lápiz dijeron chao dictadura y bienvenida democracia. Sin embargo, eso no pudo evitar la muerte de un sistema solidario de pensiones, Piñera lo sepultó, pero nuestro compromiso como Nueva Mayoría e Independientes,  es que habrá un sistema más justo que el de Capitalización Individualista de hoy.

El rápido envejecimiento de la población, y todo lo que ello implica en términos de necesidades y demandas, representa desafíos especiales y no sólo en salud, sino en el desarrollo de servicios y ciudades que reconozcan esta realidad.

Para ello, mejorar nuestro sistema de pensiones es clave, tal como lo es, asumir este desafío de verdad, de tal forma que tengamos un colectivo que fomente su representación, participación y visibilidad. Hay buenas noticias, por cierto; pero, seguimos trabajando.

Esta iniciativa, que busca establecer un mecanismo escalonado de reajuste en los sueldos de los trabajadores del sector público, además de reducir la  dieta parlamentaria, busca ir acortando, efectivamente, la brecha entre los ingresos más altos y más bajos del aparato estatal.

Le pedimos al Ministro Valdés que este proyecto, aprobado por la Cámara, que contempla una escala de sueldos, sea incorporado en el mensaje Presidencial que tendremos que debatir este segundo semestre con motivo del reajuste al sector público.

En este sentido, esta propuesta permite un reajuste escalonado que es inversamente proporcional al sueldo. Es decir, es una vía seria y realista de avanzar hacia una mayor equidad, asegurando que quienes reciben un mayor sueldo, no tengan un reajuste y baje el ingreso real, y que quienes perciben los sueldos más bajos en la administración pública, efectivamente tengan un reajuste significativamente  mayor.

Al 2014 los sueldos más altos en la administración pública eran casi 32 veces mayores que los de quienes reciben las remuneraciones más bajas. Aplicando este reajuste que proponemos, inversamente proporcional, la relación sería de 10 a uno, permitiendo, efectivamente, disminuir brechas de desigualdad y contribuir a una mayor equidad.

En la práctica este reajuste va disminuyendo las dietas liquidas reales,  al eliminar el IPC, el efecto crecimiento país y cual otro factor de incremento y reajuste. Con esta propuesta transformada en ley, al cabo de 5 años el menor grado de la administración, que es el 31 recibirá un ingreso líquido de $660.000 pesos, y el grado mayor recibirá 10.36 veces más, o sea $6.800.000 pesos, y no los casi $ 9.000.000 de pesos que recibirá de seguir aplicándose el reajuste salarial como en la actualidad, o sea  un 25% menos.

Esta es una forma efectiva de comenzar a abordar el tema de la desigualdad en el país, asegurando que quienes perciben menos ingresos, reciban un mayor reajuste y que quienes tienen un mayor sueldo bajen sus ingresos reales.

Más allá de lo cuestionado puntualmente, el haber realizado asesorías e informes a Antofagasta Minerals mientras se desempeñaba como Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara, lo que está en cuestión, en el fondo, es la necesidad, a mi juicio imperiosa, de que exista exclusividad en el desempeño de la función parlamentaria.

Por lo anterior, elaboré una propuesta de reforma constitucional, apoyada por mi bancada y por amplios sectores, que establece que tanto los cargos de diputados y senadores sean ejercidos de forma exclusiva. El proyecto de Reforma Constitucional , que comenzó a tramitarse con urgencia en la Comisión de Constitución, apunta a despejar toda duda acerca de las incompatibilidades de la labor parlamentaria y garantiza la dedicación exclusiva en el ejercicio del cargo, como también la necesaria coherencia entre los intereses de la comunidad nacional y el parlamento, no interferido por pagos de ningún tipo, hecho por terceros privados.

Si bien existe una iniciativa presentada el 2008 por Patricio Walker y otros, nos pareció necesario enfatizar el punto, ingresando la reforma, ya que no es lógico ni pertinente que un parlamentario tenga una dedicación adicional, remunerada o no, a la tarea de legislar que pueda interferir en sus juicios y decisiones.

El texto señala que no se podrá tener otro ejercicio profesional remunerado; la discusión parlamentaria y el trabajo de comisión puede ampliar el abanico a otras situaciones. Me parece que hay que ser muy precisos al definir actividades posibles de ejecutar, ya sea a través de sociedades o personalmente. Lo relevante es que el parlamentario sólo podrá ser parlamentario y no podrá tener otro ingreso vinculado a una profesión que él ejerza, excepto la docencia.

Pero hay que avanzar por mientras. Por eso, como miembro de la Comisión de Régimen Interno, he solicitado al Presidente de la Comisión de Ética y Transparencia, diputado Germán Verdugo Soto, que informe si los y las parlamentarias que perciben otros ingresos provenientes de otros trabajos remunerados lo han informado. Esto, porque  la Declaración de Intereses no indica si se perciben o no ingresos por otras actividades, sólo consulta si se ejercen profesiones u oficios ya sea en forma independiente o contratados por terceros. La Comisión de Etica ha fijado un plazo formal para que todos los diputados y diputadas informen.

Es importante tener claro que la situación actual del desempeño del cargo de Parlamentario se contrapone  a la situación de otros funcionarios del Estado, por ejemplo, los Alcaldes e Intendentes o como ocurre por ejemplo con las personas que son elegidas por el sistema de alta dirección pública o con los altos funcionarios de gobierno, que desempeñan funciones catalogadas como críticas,  que deben ejercerse con exclusividad.

Basta recordar el caso del Concejal UDI por las Condes Mikel Uriarte, ex Director de Fonasa y ex Presidente del Directorio de TVN en el gobierno de Sebastián Piñera, al que la Contraloría le ordenó devolver el año pasado a Fonasa 55 millones de pesos, que se determinaron como daño por la dedicación exclusiva que cobró y no cumplió.

Los parlamentarios recibimos y asumimos un mandato entregado por el pueblo.Hagámoslo con la imperiosa exclusividad que se requiere.

Como miembro de la Comisión de Régimen Interno y Administración, creada este año con la finalidad de regular el uso de los recursos puestos a disposición de la Cámara y de los parlamentarios, una de las materias que hemos estado analizando es qué pasa con aquellos diputados, que por razones legales son desaforados y cesan en el ejercicio del cargo.

La norma tenía un vacío, y es que mientras el parlamentario no fuera condenado podía seguir cobrando todas sus asignaciones y remuneraciones, lo que permitía que incluso  el involucrado terminara su periodo y cobrara hasta el final, sin que  los fallos de la justicia se hubiesen concretado. Si sumamos las asignaciones respectivas, una cifra superior a los cinco millones de pesos.

En un contexto en el que el buen uso de los recursos públicos y la transparencia adquieren cada vez mayor relevancia, y en buena hora, nuestra comisión ha respaldado la solicitud de la comisión de Ética de la Cámara, de suprimir los pagos a todos los diputados desaforados, sin esperar los fallos de la Justicia.

Es decir, ya no podrán hacer uso de los gastos de asesoría externa, traslados, viáticos, movilización, difusión, o sea, todos los recursos que son propios del ejercicio del cargo. Y si bien mientras no sean condenados, no se les puede eliminar su dieta parlamentaria ni los contratos suscritos por la Cámara de Diputados, especialmente con el personal de apoyo, las asignaciones, no más.

Queremos avanzar en transparencia, lo hacemos de propia iniciativa como Cámara de Diputados, nuestros acuerdos obviamente, sólo nos obligan a nosotros; pero, esperamos que el Senado haga lo mismo con el objetivo de continuar profundizando en este tema y, así, ambas corporaciones puedan comenzar a recuperar parte de la credibilidad perdida en la ciudadanía.

Hoy, quiero recordar una historia que, desde la región de Magallanes no olvidamos y que a propósito de los debates actuales cobra especial relevancia.

Fue el  21 de octubre de 1520 cuando las naves del navegante portugués, a nombre de la corona española, Hernando de Magallanes se presentaron frente a la boca oriental del canal que llevaría su nombre, teniendo al frente un cabo que denominaron de las Once Mil Vírgenes, hoy Dúngenes.

El descubrimiento del Estrecho de Magallanes ha ocupado largas páginas de historia.Estamos en la cuenta regresiva hacia el 2020 cuando se cumplan los 500 años de dicho acontecimiento que marcó el real inicio de la historia geográfica de Chile y de nuestra región austral.

Nos reencontramos todos los días con el Estrecho de Magallanes, que nos da, navegación marítima y conectividad, cercanía y lejanía con el resto del mundo, pesca, turismo y petróleo, vía de acceso hacia la Antártica y que une los principales océanos del planeta y seguimos redescubriendo este canal que une el Atlántico con el Pacífico y nos vincula con el resto de Chile y el mundo.

Nuestro reencuentro con el Estrecho, es hoy como espacio esencial de nuestra identidad austral y patagónica y como producto turístico e ícono geográfico que atrae a miles de visitantes de todo el mundo que quieren encontrar en sus aguas el recuerdo de la hazaña pionera de Hernando de Magallanes y de la vida cotidiana de nuestros pueblos originarios que en sus canoas singlaron sus difíciles aguas, para sobrevivir ayer y ellos hoy gozar de las bellezas escénicas, los paisajes, las ciudades y localidades tributarias del Estrecho.

Un amanecer en el Estrecho de Magallanes, visto desde Punta Arenas, sorprende a los visitantes con el sol surgiendo del fondo de sus aguas y no de la Cordillera,  puede ser un momento fotográfico capaz de convertirse en un recuerdo imborrable para los lejanos habitantes de Europa, América del Norte,  Asia y de nuestro propio país que nos visitan.

El Estrecho es nuestra responsabilidad y nuestra herencia como región. 

Junto con cuidar y proteger sus recursos naturales y su calidad ambiental, tenemos la oportunidad de construir alrededor de este rasgo geográfico una potente simbología de identidad para promover, así como un marco de políticas públicas que permitan proyectar su uso sustentable.

El Estrecho de Magallanes es parte de nuestra identidad, de nuestro sello de pioneros en el extremo austral del continente y del mundo, donde nacen Chile, América y el mundo.

Así también, este es un momento propicio para asumir que una buena parte del futuro turístico y del comercio de la región de Magallanes en un mundo cada vez más globalizado estará seguramente asociada a la navegación marítima y a la conectividad que seamos capaces de desplegar y fortalecer a través del Estrecho.

Por eso, y otras razones, esperamos que las medidas descentralizadoras y que otorgan autonomía y poder a las regiones sean pronta una realidad.

En cada rincón de Chile ocurre lo mismo, donde las características geográficas y sociales hacen que cada región posea una identidad propia, que sin embargo, frente al perpetuo centralismo, pierde fuerza y presencia a la hora de plantear las demandas locales.

Decimos compartir la idea de un país descentralizado, con regiones fuertes, con decisiones regionales respecto al destino de sus recursos y por cierto, con autoridades legitimadas por la voluntad popular, pero la realidad dice otra cosa.

Somos muchos los que queremos ver verdaderos Gobiernos Locales y Regionales y no simples buzones; con autoridades empoderadas y con estrategias propias que realmente sintonicen con las inquietudes y necesidades de la gente. Pero, la verdad es que se avanza a paso lento y surgen cadenas que nos traban cuando se trata de traspasar el poder desde Santiago a regiones.

Existen, se crean y se imaginan, demasiados nudos críticos que cuesta mucho desatar y demasiadas excusas para avanzar.

No es de extrañar que la Presidenta Michelle Bachelet oficializara la creación de una Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, instancia que elaborará un informe con medidas concretas para avanzar en esta temática tan sensible para las regiones y, especialmente para nosotros, que habitamos en zonas extremas como Magallanes y Aysén. La medida responde a una demanda planteada a gritos desde varias regiones e incluso con pancartas y manifestaciones que fueron noticia y parte de la agenda pública.

Esta es una gran oportunidad para avanzar y para debatir, entre otras cosas, el financiamiento, no concursable, de actividades deportivas, sociales y culturales, por ejemplo con los recursos generados por concepto de la concesión de la zona franca o del FONDEMA, en el caso de nuestro querido Magallanes.

¿Por qué no pensar, además, en generar una propuesta alternativa al gran gasto fiscal que le implica a la nación nuestras normas de excepción vigentes, y que según todos los expertos y estudios, no cumplen con los objetivos para los cuales fueron creados?

Poblar nuestro territorio, incrementar la cantidad y calidad de los espacios laborales, promover y dinamizar la economía regional con el surgimiento de otras unidades productivas derivadas del encadenamiento. ¿No será preferible generar una nueva norma que entregue ese incentivo directamente a todos los habitantes de Magallanes?

En fin, estas reflexiones y otras deben plasmarse en el Plan de Desarrollo regional, cuyo origen y sanción no puede ser gubernamental, sino que de la sociedad civil, de la gente.

De tal forma que nos acerquemos, aunque sea tibiamente, a ese Chile descentralizado que soñamos, aquél que responda a las necesidades locales con autonomía y poder de decisión, único camino para fortalecer la democracia y la participación como la política pública más relevante de este periodo gubernamental.

¿Podrá, por ejemplo, un plebiscito o consulta regional ser la forma decisoria, donde desde nuestros jóvenes, desde la más temprana conciencia y edad, hasta nuestros adultos mayores, responsables de este Magallanes que tanto amamos y queremos nos digan cómo será el del Quinto Centenario del descubrimiento de Chile?

Desde cada rincón del país, pedimos un Chile descentralizado.