Apenas el 13% aprueba la actuación de la oposición política; el 18% aprueba a la coalición por el cambio y el 24% al gobierno, mientras el 68% desconfía del Presidente.

La Presidencia, el Gobierno, los Partidos políticos, el Congreso y el Sistema de Justicia, son las instituciones peor evaluadas en Chile. Y en una mirada general el 63% piensa que el país está estancado o en decadencia.

¿Cómo no ocuparse de la desvalorización de las instituciones de la democracia que muestran estas cifras?

¿Cómo no pensar que detrás de estas opiniones cunde la indignación hacia aquello que no da confianza, que no sirve o perjudica?

¿Cómo no reconocer hoy el deseo de recrear las instituciones, las leyes, las políticas y, por cierto, ver personas nuevas, con nuevas maneras de ejercer sus funciones en las instituciones del Estado?

¿Cómo no preguntarse sobre la forma de hacerlo?

Una forma de lucha ante esta frustración han sido las movilizaciones sociales, que junto con protestar por asuntos sectoriales han puesto temas más amplios que tocan al modelo socioeconómico, cultural y político que tenemos instalado, expresan un anhelo y propuestas de cambio, y presionan la toma de decisiones. Sin duda estas luchas han logrado efectos positivos al frenar decisiones (gas de Magallanes, termoeléctrica Barrancones), al impulsar otras (Educación, Aysén, Fondenor) y sobre todo, al levantar temas-país.

Ahora me concentro en el voto, y lo reivindico como una de las tantas formas de lucha a la que se puede recurrir para producir cambios en asuntos públicos ante los cuales quisiéramos rebelarnos. Ante la frustración y anhelos que sentimos los chilenos y chilenas ¿por qué no utilizar también el voto como una forma de lucha, siendo una herramienta tan eficaz para lograr resultados inmediatos y, en ocasiones, radicales?

Por el voto en un plebiscito el país pudo decidir de un plumazo si seguía en dictadura o recuperaba la democracia. Por el voto en una consulta una comunidad local puede determinar, por ejemplo, si ocupar el presupuesto municipal para instalar luminarias o rejas para su parque público. Por el voto un sindicato, una federación de estudiantes, un gremio puede paralizar una industria, una universidad, un país.

Mediante el voto, también podemos decidir hacia dónde queremos encaminarnos como país y de un día para otro provocar un viraje brusco, cuando votamos por programas de gobierno y ponemos en las instancias de poder y decisión a unas u otras autoridades.

La mayoría de los potenciales votantes actuales no vivieron la experiencia que en el mundo maravilló a unos y dejó atónitos a otros: la de un país que decidió construir el socialismo y lo pudo intentar gracias a la eficacia del voto, algo nunca antes visto.

El voto sirve para botar lo que no queremos y para “okupar” su lugar con lo que queremos.

Si se utilizan tantas formas de lucha como marchas, concentraciones, tomas, huelgas, funas, ayunos, lobby, mesas de trabajo, velatones, redes sociales, medios de comunicación y otras muchas maneras para hacer oír nuestra voz e incidir en la vida pública, usemos también el voto como una forma de lucha.

En el peor de los casos, si no es para luchar por una preferencia, el voto en blanco sirve para mostrar la no preferencia por nada ni por nadie, o incluso votar nulo sirve para desahogarse, como en un rayado de muro, y verse reflejado en el recuento.

Con el cambio del sistema de inscripción, hoy en día el voto está a la mano de casi todos los chilenos y chilenas que vivimos en el país con 18 años de edad y más.

Pienso que lo público nos pertenece a todos y es responsabilidad de todos, por lo que utilizar el voto como forma de lucha no solo es una oportunidad, sino un deber.

Espero que lo ocupemos en las próximas elecciones de alcaldes y concejales del 28 de octubre y, por cierto, en las presidenciales y parlamentarias del próximo año.

Este desempeño municipal es una burla a la ley de Transparencia y al derecho ciudadano a la información.

Debe quedar claro: poder acceder a la información que tienen los servicios públicos, entre ellos las municipalidades, es un derecho ciudadano y ese derecho está garantizado por ley.

En consecuencia, la publicidad de la información no es una concesión graciosa ni un acto voluntario, sino una obligación de las instituciones públicas. En la misma línea se deduce que la ciudadanía tiene el derecho a exigirla, no solo a solicitarla como quien pide un favor.

Además podemos agregar que la obligación es tener la información completa y en las condiciones que exige la ley. Más aún, de preferencia, disponerla con las características de buenas prácticas recomendadas por el Consejo para la Transparencia, encargado de velar para que la ley se cumpla.

En relación a esto último, hay que aclarar que las facultades y los recursos que este organismo tiene para cumplir su mandato son limitados, por lo que ante la situación de incumplimiento a la ley que advierte en su estudio no puede hacer mucho más que publicarla, instar a cumplirla, recomendar buenas prácticas y en el mejor de los casos, encargar sumarios administrativos a la Contraloría General de la República.

Por otra parte, los ciudadanos y ciudadanas que vemos violado nuestro derecho asistimos a este tipo de situaciones con algo de resignación, como si la violación de la ley por parte de organismos públicos fuera algo normal o una prerrogativa de las autoridades. Por lo mismo, los hechos pierden gravedad en la conciencia y en la opinión pública.

Necesitamos tomar conciencia como ciudadanos y ciudadanas respecto a nuestra pasividad ante la evidencia de que autoridades públicas violan nuestro derecho a disponer de la información que es nuestra como “sin querer queriendo” y nosotros aceptándolo como “sin saber sabiendo”.

Es justo decir que en el desastroso promedio municipal en transparencia, obviamente hay municipalidades que están mucho mejor que otras y que su compromiso con el cumplimiento de la ley es destacable. Especialmente es valorable que municipalidades de comunas pobres estén entre las mejor evaluadas, mostrando que la escasez de recursos no es un impedimento para poner la información a disposición de la ciudadanía. En esos casos la “voluntad política” ha sido más fuerte y ha vencido las dificultades.

Es llamativo, en esta línea que las cinco municipalidades que mejor cumplen la ley son Peñalolén, San Bernardo, La Reina, Hualpén y Codegua, comunas de distinto tipo y riqueza, mientras que la municipalidad de Providencia, que está entre las cinco más ricas del país, sólo alcanza el 42% de cumplimiento, lo que equivale a sacarse una nota de 2,9.

Volviendo al tema de los principios me parece que esconder información, que según la ley es pública, es una falta grave a la que todavía la sociedad en su conjunto no le ha tomado el peso.

¿Por qué se juzga distinto a la información que al dinero u otros bienes de carácter público?

¿Por qué una autoridad que guarda información para su uso y el de sus cercanos no se le sanciona como si usara solo para sí y su gente computadores destinados a la comunidad?

“Saber es poder” reza un dicho de sabiduría común, que hemos comprobado que se cumple en casos reales de comunidades que, gracias al acceso a información pública, han logrado resolver situaciones vitales para ellos. Algunos de esos casos los mencioné en mi columna de opinión publicada anteriormente en este mismo medio.

Sin embargo, al parecer en nuestra conciencia ciudadana la transparencia no es un valor muy apreciado y, en general, los bienes inmateriales, como la información, no son tan valorados como los bienes materiales.

El desafío por tanto es doble: por una parte la institucionalidad pública tiene que adecuarse a las exigencias legales, mediante cambios en la forma de manejar la información que poseen para que esté efectivamente disponible, con nuevas prácticas de los funcionarios y dotando al organismo fiscalizador con los recursos necesarios para hacer cumplir la ley.

Por otra parte, la ciudadanía tiene que tomar conciencia sobre el valor de la transparencia y sobre su derecho a la información, y comenzar a exigir su derecho y a reclamar ante su incumplimiento.

El informe completo en: http://www.consejotransparencia.cl/consejo/site/artic/20120427/asocfile/20120427111106/fiscalizacion_municipal_ab2012.pdf

Puedo refrendar, con ejemplos concretos, que esa expectativa se ha cumplido en casos emblemáticos de lo que la nueva ley puede llegar a provocar en la relación entre Estado chileno y ciudadanía. Los que voy a relatar a continuación son casos reales de grupos pertenecientes a comunidades vulnerables que gracias al uso de la ley obtuvieron información que les permitió realizar acciones relevantes para sus causas.

La población Gabriel González Videla, del barrio Club Hípico en Santiago, construida de emergencia hace medio siglo para albergar damnificados por el terremoto de Valdivia, sufre hace más de 30 anos problemas en su alcantarillado, los que se agravaron dramáticamente después del terremoto del 27F, rebalsándose permanentemente en el interior de las viviendas, generando un foco infeccioso de enfermedades y malos olores.

Los vecinos llevaban años intentando que algún organismo público atendiera sus necesidades, sin respuestas claras ni exitosas.

Mientras la Municipalidad derivaba el problema a Aguas Andinas, empresa responsable por el alcantarillado público, esta se desentendía del problema alegando que la reparación del alcantarillado que está al interior del terreno de las viviendas no es problema de su responsabilidad.

Por su parte, los vecinos argumentan firmemente que ellos no son responsables de la reparación de la red que aunque haya quedado instalada bajo sus terrenos, sigue siendo pública ya que por ahí circulan los residuos de todas las casas.

Este juego del “compra huevos” se daba en la poco lúdica situación de los vecinos de la población que convivían a diario con la insalubridad y la indignidad de ser sus casas el rebalse de las aguas servidas de un alcantarillado público en mal estado, que por error de diseño pasa al interior de sus terrenos.

A punta de solicitudes de información a la municipalidad de Santiago, al Gobierno regional y a distintos servicios públicos, la comunidad liderada por la dirigenta Margarita Carvallo, logró encaminar acertadamente sus gestiones para llegar a los organismos que podrían incluir en sus presupuestos los proyectos de reparación de ambos defectos.

Vale mencionar que en este proceso la comunidad debió enfrentar negaciones de información, para lo cual fue fundamental el rol del Consejo para la Transparencia, organismo independiente encargado de hacer cumplir la ley, el que acogió de amparo al solicitante, obligando al servicio público –la municipalidad de Santiago en este caso- a entregar la información que había negado inicialmente.

De ahí en adelante la información recibida vía uso de la ley ha servido para gestionar la presentación de proyectos y hacer control social a su avance, uno de los cuales obtuvo a comienzos de este año financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano para la reparación de la red pública del alcantarillado de la población.

Otros dos casos ejemplares solo los enuncio. Uno de ellos corresponde a las agrupaciones afrodescendientes que el año 2010 se propusieron lograr que el gobierno, a través del INE, los incluyera en el censo 2012.

El sigilo con el que este organismo llevó adelante su tarea hizo necesario recurrir en múltiples ocasiones a la ley de acceso a la información para saber sobre los avances en la definición del cuestionario censal y sobre las resoluciones acerca de la inclusión de una pregunta que permitiera identificar a los afrodescendientes en Chile.

En este caso se logró parcialmente el objetivo, ya que las agrupaciones afrodescendientes, representadas en buena parte de las gestiones por Cristián Báez, de la organización Lumbanga, consiguieron ser escuchadas e intervenir en el proceso de manera que el INE se comprometió a realizar un estudio vinculante al censo, en la región de Arica y Parinacota.

El tercer y último caso que menciono, es el de un grupo de personas transgéneras de la ciudad de Talca, quienes después del terremoto 27F no conseguían ingresar a los planes de viviendas de emergencia, porque les decían que ellas no eran “familia”, no tenían prioridad.

Gracias a la respuesta a solicitudes de información hechas a la municipalidad de Talca, al ministerio del Interior, al MINVU y Bienes Nacionales, por sus dirigentas Soraya Sánchez y Tatiana Sepúlveda, supieron que el único requisito para acceder a viviendas de emergencia era ser damnificado/a.

Con esta información pudieron solicitar con certeza su derecho a ser incluidas en los planes de emergencia obteniendo finalmente las viviendas, sin discriminación por su condición.

Como estos tres, podría relatar muchos otros casos que hemos acompañado desde Participa, mediante la ejecución del proyecto INCIDE Poder ciudadano, destinado a dar a conocer la ley y capacitar a ciudadanos y ciudadanas de sectores vulnerables para que la utilicen como herramienta para ejercer sus derechos frente a las instituciones del Estado.

Nuestra experiencia acredita que la ley de transparencia y acceso a la información, en la medida que sea conocida y utilizada por la ciudadanía, efectivamente puede marcar un hito que cambie la relación del Estado de Chile y la ciudadanía, por el poder que le confiere a esta última.

Miguel Krassnoff Martchenko era un brigadier del ejército, que alcanzó al grado de coronel y que llegó a ser uno de los más crueles torturadores y mandamases de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).

En los procesamientos que pesan sobre él por delitos de asociación ilícita, secuestros (desapariciones), asesinatos y torturas, se encuentra ligado a otros nombres como Manuel Contreras Sepúlveda, Herman Brady Roche, Marcelo Moren Brito, Raúl Iturriaga Neumann, Pedro Espinoza Bravo y Osvaldo Romo Mena. Todos condenados por gravísimas violaciones de los derechos humanos.

Las penas que reúne Krassnoff suman 144 años de cárcel por 23 condenas en nuestro país.

Además tiene pendiente una solicitud de extradición desde Francia por ser juzgado culpable de secuestro, tortura y desapariciones en Chile de Jorge Klein, Etienne Pesle y Alfonso Chanfreau, ciudadanos franceses.

A su historial se agrega el procesamiento por asociación ilícita dictado la semana pasada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejando Madrid, en contra de cinco ex integrantes de la DINA, entre los que se encuentra Krassnoff. En el caso, conocido como “Operación Colombo”, 116 personas fueron asesinadas en el exterior entre 1974 y 1975, publicitándose que correspondían a auto ajusticiamientos por rencillas internas de grupos extremistas.

Como si esto fuera poco, el homenajeado ha sido reconocido por innumerables víctimas como quien los torturó en persona. En los procesamientos que ocurrieron el año 2003, fue sometido a intensos careos con familiares y sobrevivientes de Villa Grimaldi, uno de los más conocidos centros de detención de la DINA, en la comuna de Peñalolén, y que hoy está convertido en el Museo nacional Parque de la Paz.

En aquella época, varios abogados denunciaron más de mil casos de aplicación de tormentos, entre los cuales, más del 80% ocurrieron donde operaba Krassnoff.

Para no olvidar el contexto en el que se sitúa la actuación de Krassnoff, se puede acudir al informe sobre los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que elaboró la Comisión Rettig en los inicios de los 90, que develó un verdadero magnicidio perpetrado por el terrorismo de Estado, entre cuyos ejecutores estaba el brigadier.

Posteriormente, el año 2003, se formó la llamada “Comisión Valech”, presidida por el Obispo católico Sergio Valech, e integrada por otras siete personas honorables y transversales en sus opciones políticas, que tuvo el encargo de complementar el informe de desapariciones y asesinatos, con hechos de tortura y maltrato cometidos como política de estado y ejecutados por miembros de sus instituciones.

En la presentación de este informe, los comisionados señalan: “Hoy, después de meses de escuchar relatos íntimos, susurrados, relatados con dolor y hasta llanto, y de ver las marcas físicas y sicológicas, así como las lesiones personales y familiares –algunas sin reparación alguna que restituya lo perdido- de tanto chileno y chilena preso y torturado, no nos asiste la menor duda de que esta parte de la verdad también nos era debida… Más de treinta mil personas han desfilado ante nosotros, las hemos visto y las hemos escuchado… y más de treinta mil veces hemos escuchado el estupor, el temor, la impotencia que aún genera la dignidad violada por agentes del estado… Después de mucho escuchar, aún nos cuesta imaginar la infamia de una agresión sexual, el desprendimiento indecoroso al pudor debido a toda integridad, la agresión física repetida para arrancar pretendidas confesiones, la corriente eléctrica, los golpes simultáneos a los oídos conocidos como ‘el teléfono’, y ese ingenio malévolo que poseemos los humanos cuando nos ensañamos con una víctima o simplemente hacemos ostentación de nuestro poder. Deseamos que este esfuerzo compartido sea un aporte al ‘nunca más’ por todos deseado”.

El valor del esfuerzo y el deseo de los comisionados que elaboraron el informe Valech, de que éste sirva para que se haga realidad el “nunca más por todos deseado”, ha sido puesto entre signos de interrogación.

La iniciativa de hacer un homenaje a Krassnoff, las adhesiones recibidas, las justificaciones de otros, los intentos de bajarle el perfil, los errores comunicacionales y los silencios que otorgan, hablan de una debilidad del “nunca más” y del “por todos deseado”.

Por ello es tan necesario mantener la memoria, si queremos que no se repita la historia.

Comentarios que levantan sospechas de que tras la medida, hay un intento por parte del Ejecutivo de controlar y suavizar el celo con el que el actual Consejo ha cumplido su función. Para entender esta situación, hagamos un poco de historia.

Hace sólo dos años que tenemos en Chile la ley de Transparencia y Acceso a la Información, que establece la obligación de los órganos públicos de tener disponible, a través de sus sitios web, información respecto de su estructura, personal, remuneraciones, contratos, compras, programas, beneficios para la población, entre otras materias.

Establece también que dichos organismos tienen el deber de entregar la información que obre en su poder cuando ésta les sea requerida por cualquier persona, sin distinción de ningún tipo. Aunque hay algunas excepciones a esta obligación, la regla es la primera.

Esta ley, que entró en vigencia en abril de 2009, marca un antes y un después en la posibilidad de que los ciudadanos ejerzamos el derecho a conocer lo que se realiza en la gestión pública, a participar con conocimiento de causa en las acciones del Estado y a controlar el ejercicio del poder que realizan las autoridades y funcionarios públicos.

Para que ello fuera efectivo, se creó el Consejo para la Transparencia, órgano autónomo del Estado, encargado de garantizar y hacer cumplir la ley.

Entre sus tareas está promover el principio de la transparencia, fiscalizar que los organismos públicos cumplan las disposiciones legales y sancionar su incumplimiento.

Responsabilidad necesaria para que los ciudadanos podamos ejercer este derecho y, paralelamente, muy incómoda para un ejercicio de la función pública poco acostumbrada a la transparencia.

Corporación Participa, organización no gubernamental, pluralista y no partidaria, ha trabajado durante dos años junto a otras organizaciones de la sociedad civil, en dar a conocer esta ley y apoyar su uso por la ciudadanía, especialmente por parte de sectores vulnerables.

Asimismo, se ha controlado el cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley a los servicios públicos.

A partir de la experiencia en esta tarea, podemos dar fe del celo y autonomía con la que ha actuado el Consejo para la Transparencia en el cumplimiento de sus funciones.

Hemos comprobado su esfuerzo por promover el derecho ciudadano a la información; lo hemos visto atender con diligencia los reclamos presentados por falta de transparencia de organismos públicos y fallar a favor de la transparencia; hemos conocido su fiscalización a los organismos públicos para que cumplan sus obligaciones en la materia; en fin, también hemos recibido su apoyo con instructivos, cartillas, recomendaciones y materiales que mejoran nuestras capacidades para el ejercicio del derecho y la manera de que los organismos del estado den cumplimiento a la ley.

Volviendo al comienzo, tenemos entonces a este organismo público encargado de la transparencia, que ha cumplido su rol de manera eficiente, al que se le pretendería hacer cambios, mediante un proceso poco transparente, que sacaría de sus funciones a dos Consejeros que en el proceso de instalación de esta entidad y la entrada en vigencia de la ley, han dado garantía de que el Consejo es una institución que busca precisamente velar por mayores y mejores niveles de transparencia.

Como lo han solicitado públicamente varias organizaciones de la sociedad civil, si el Gobierno, según sus atribuciones, quiere remover a dos de los cuatro Consejeros, es de esperar que lo haga en un proceso de selección abierto y consultivo.

Para así evitar que los candidatos o candidatas sean designados considerando sólo criterios políticos, y asegurar que cuenten con el mérito y calificaciones requeridos, para tener el respaldo de la sociedad civil y generen confianza pública.

El primero fue el trascendido de prensa dando a conocer que el INE había decidido eliminar la pregunta sobre los afrodescendientes del cuestionario para el censo del 2012.

La noticia fue recibida como un acto de de discriminación y racismo por agrupaciones afro chilenas, y con razón.

Me consta que desde el año 2005, estas agrupaciones vienen intentando relacionarse con distintos organismos gubernamentales y, especialmente, con el INE, a fin de participar en las deliberaciones para tomar la decisión sobre su inclusión en el censo 2012.

Por iniciativa propia intentaron colaborar en esa deliberación, aportando documentación latinoamericana y mundial, sobre la inclusión de afrodescendientes en censos de población., elaborando documentación propia con fundamentos de diversos tipos para apoyar su petición, entregando resultados de encuestas y pruebas censales previas, realizadas por estas agrupaciones con veedurías expertas internacionales.

A esto se suma el envío de cartas de apoyo que recibieron de organismos internacionales y nacionales, respaldando su inclusión.

Asimismo, la agrupación de afro chilenos pidió ser invitada a alguna reunión de trabajo del INE para apoyar y tratar el tema con los técnicos y políticos que finalmente tomarían la decisión.

Luego de este largo esfuerzo, y sin que nunca se les haya llamado, a pesar de las promesas recibidas ante las reiteradas solicitudes, se enteran por la prensa que la pregunta no va y que, por lo tanto, el Gobierno de Sebastián Piñera, los condena por diez años más a no ser reconocidos dentro de su propio país.

Mi opinión es que esta exclusión de los afrodescendientes del censo 2012 es una expresión de un país discriminador que, desde los inicios de la República, basado en una ideología de la homogeneización, eliminó de todos sus censos y estadísticas la existencia, entre nosotros, de una población distinta a la blanca.

La existencia de pueblos originarios volvió a ser reconocida recién a partir del censo de 1992, mientras que los afro chilenos aún no cuentan.

El otro hecho fue el atentado incendiario a las viviendas de emergencia que ocupaban un grupo de transgéneras en la ciudad de Talca.

“Transgéneras por el cambio” es una agrupación que luchó después del terremoto para conseguir mediaguas para sus asociadas que quedaron en la calle.

Seis mediaguas se instalaron en un sitio cercano al centro de la ciudad, que albergaban a socias de la agrupación a la espera de la entrega de viviendas definitivas de los programas de reconstrucción.

La noche del 18 de septiembre, mientras las mediaguas estaban sin moradoras, se produjo un incendio simultáneo en cuatro de ellas, las cuales fueron consumidas por el fuego en pocos minutos. Bomberos ya confirmó que se trató de un acto intencional y que, por tanto, obedeció a un delito.

Las transgéneras son personas que el examen físico al momento de su nacimiento las identificó e inscribió legalmente con un sexo.

Sin embargo, en su vida se identifican con un género distinto al que supone su sexo oficial.

Esta situación las obliga a vivir en una dualidad entre la identidad legal y su identidad personal, enfrentando cotidianamente las dificultades de insertarse y participar en una sociedad intolerante, discriminatoria y hasta fóbica de la diversidad sexual.

Entre estas, la más conocida es la homofobia, que se focaliza hacia las personas homosexuales, pero más violenta es la transfobia, focalizada hacia las personas que intentan vivir según su identidad de género, a pesar de su caracterización sexual.

El atentado de Talca difiere del primer caso en que este no es un hecho perpetrado por el Estado, sino por particulares.

Sin embargo, el Estado no puede desentenderse de lo que hacen los individuos que lo forman, pues con su actividad o pasividad, contribuye a forjar la identidad nacional y la forma de convivencia de sus integrantes.

Existen muchos ejemplos cotidianos en los que se manifiesta de manera cruda o velada la discriminación y la intolerancia a la diversidad, ante lo cual las autoridades no pueden quedar pasivas.

En mi opinión, el Estado de Chile tiene hoy el deber de tomar parte activa en la construcción de una identidad nacional que valore, proteja y desarrolle la diversidad étnica, cultural y sexual, entre otras dimensiones, que forman parte de nuestra nación.

Para ello tiene que ser implacable en condenar los actos discriminatorios y fóbicos de cualquier tipo y promover leyes y políticas públicas de desarrollo y protección, especialmente de las minorías que han sido históricamente vulneradas en sus derechos.

Hace más de veinte años me sorprendía con expresiones de Maturana como las que cito a continuación: “Mantengo que no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal y que la haga posible como acto”;  “No es la razón la que nos lleva a la acción, sino la emoción” y “La emoción fundamental que hace posible la historia de hominización es el amor”.

Estas fueron dichas en conferencias y publicadas en un libro, cuyo título también parece que fuera escrito en el fragor de nuestra contingencia: “Emociones y lenguaje en educación y política”.

Pero mi opinión en esta columna no versa sobre Maturana, sino sobre las emociones en la contingencia política.

Y para ello quiero partir por tres acontecimientos no políticos con repercusión nacional, principalmente por el poder que tienen los medios de comunicación de introducir en cada hogar lo que acontece en cualquier parte del mundo.

Se trata del terremoto y maremoto de febrero del 2010, del colapso de la Mina San José y rescate de los Mineros atrapados en ella, y el reciente accidente aéreo en el archipiélago de Juan Fernández, que afectó a personas ampliamente conocidas, especialmente el rostro televisivo Felipe Camiroaga.

Estos tres acontecimientos me han hecho pensar en el poder de las emociones y en la esperanza de que el amor sea lo que constituye lo humano, tal como sostiene Maturana, aclarando que no lo hace desde una creencia religiosa, sino desde la biología.

En los acontecimientos señalados, tiendo a interpretar que la emoción más común y potente que expresan las personas cuando se les consulta o cuando espontáneamente comentan los hechos, es la “empatía”.

Entiendo esta emoción como la capacidad de los seres humanos de ponerse en el lugar del otro y de sentir con y como el otro, y a partir de ahí, disponerse a actuar con ese otro tal como esperaría que actuaran con uno en circunstancias similares.

Esto se expresa en las situaciones que comento, en el llanto por un dolor compartido, en el acercamiento físico al lugar donde se encuentran las personas más directamente afectadas, en cadenas de solidaridad espiritual o material que generan acciones concretas de vínculo amoroso y, cuando es el caso, en la celebración generalizada por un final feliz, que consiste en que se puso fin a una situación de dolor.

Pienso que esta “empatía”, en cuanto emocionalidad espontánea de nuestra humanidad más próxima (me refiero a la chilena), hay que intentar —por todos los medios— transformarla en una emocionalidad que se establezca como fundamento y condición de posibilidad del quehacer político.

¿Cómo se expresaría la empatía en política?

Primero, en que cada integrante de una colectividad se sienta parte de la misma, poniéndose como individuo en el lugar del otro, junto con ponerse como colectivo-país en el lugar de los sectores que viven la tragedia cotidiana de la marginación de los beneficios del ordenamiento y reparto de los bienes, que como sociedad supuestamente compartimos.

Para que esto ocurra, es necesario alimentar el conocimiento de la realidad en lo que tiene de tragedia, con el fin de que no sea posible evitar la espontaneidad de la emoción empática con esa situación.

Esta emoción también se expresaría en el optimismo, en la esperanza y en la visualización de un final feliz que supere la tragedia.

La empatía en la esperanza (que según se repite es lo último que se pierde) es el aliciente que puede movilizar la voluntad y la acción de contribuir (o al menos de no entorpecer) la solidaridad efectiva hacia la superación del estado de tragedia.

Finalmente, la empatía se reflejaría en un quehacer político donde se diseñaría el ordenamiento colectivo y se encauzarían acciones eficaces para la superación de la tragedia instalada y para la construcción del nuevo estado de cosas.

Pienso que las tragedias ocasionales e imprevistas que nos golpean emocionalmente y despiertan la emoción fundante de lo humano según Maturana, son una oportunidad para tomar decisiones sobre la manera de incorporarla en la política.

La misma obliga a los entes públicos a tener en sus sitios web determinada información siempre disponible (transparencia activa), además de entregar de manera personalizada toda la información que les sea solicitada por cualquier persona (transparencia pasiva), salvo excepciones expresadas en la ley.

Los beneficios que ofrece para la participación ciudadana son varios como para enumerarlos, pero basta recordar el dicho “saber es poder”, para que cada uno deduzca la importancia de tener acceso a la información pública para interactuar con los órganos del Estado con el fin de incidir en su gestión y en las decisiones que ellos toman.

Sin dudar de los beneficios  de que exista esta la ley, también se debe considerar en su análisis que el cumplimiento del espíritu y la letra de la misma pueden ser buscados o evitados, según lo que llamamos “la voluntad política” de hacerlo.

Un caso real y concreto de un intento de acceder a la información y de participar en la gestión pública ha sido el que han realizado la Alianza Afrochilena y Corporación Participa, en relación con la definición del cuestionario que se aplicará en el censo de población y vivienda del próximo año, tarea que compete al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dependiente del Ministerio de Economía.

Nuestras agrupaciones ciudadanas han querido conocer el proceso y tomar parte en las instancias de decisión para que se incluya una pregunta que permita identificar en Chile a los afrodescendientes, demanda que justifiqué en una columna anterior, por lo que no lo trataré ahora.

Lo que quiero es llamar la atención con respecto a la frustración que puede generar en la ciudadanía percibir cómo se le cierran espacios de información y de participación, aún teniendo el favor de la ley, cuando no existe la voluntad  (o la capacidad) de las autoridades —o de quienes ejercen la función pública— de posibilitarla.

El intento de las organizaciones afro descendientes por tomar parte en las deliberaciones sobre el Censo 2012 viene desde el año 2005, y desde inicios del año pasado con una intensidad que se expresa en múltiples acciones: en la realización y tabulación de una prueba piloto sobre un cuestionario pre censal con preguntas sobre los afro descendientes, cuyos resultados se entregaron al INE; en la elaboración de dos documentos que justifican la petición de incluirlos en el Censo 2012, que también fueron entregados al INE; en conseguir que el pleno del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile hayan enviado sendos oficios al Presidente de la República para que instruya al INE sobre la inclusión de la pregunta en el próximo censo; en el envío de apoyos de organismos internacionales, de las iglesias, etc., a esta iniciativa.

Todo este esfuerzo ha sido acompañado de la petición al INE de incluir a representantes de los afro descendientes en las deliberaciones para decidir el cuestionario censal y numerosas cartas e intentos de reunirse con ministros y otras autoridades que influyen en esta decisión, para ser recibidos y poder transmitirles su apremio por ser incluidos en el censo.

En todo este tiempo, los afro descendientes no han tenido ni un solo espacio de participación, donde hayan podido trabajar con los encargados de elaborar la cédula censal el tema que les interesa. Si bien han sido recibidos en algunas ocasiones, fue en espacios formales y no de trabajo.

Más aún, la información que se ha podido tener sobre el proceso de la elaboración de la cédula censal ha tenido que ser sacada a tirones mediante el recurso a la ley de acceso a la información, cosa que ha llegado tarde, mal y nunca (literalmente hablando).

Además hay que agregar la escasa información sobre el proceso de preparación del Censo 2012 que se encuentra por transparencia activa, en la web del organismo.

La información oficial que entregó el INE el año pasado y que se publicó en su sitio web decía que en julio de 2011 estaría definida la cédula censal.

Hasta ahora no ha sido posible conocer ningún informe oficial sobre las pruebas pre-censales ni tampoco saber la decisión del organismo sobre la inclusión de los afro descendientes en el Censo 2012.

Caso lamentable de falta de información y de participación en un organismo público, hacia una ciudadanía activa e interesada en tomar parte en los asuntos que le afectan.

Al mismo tiempo que surge la crítica, aparecen nuevas demandas a partir de representaciones de un futuro deseado al cual se quisiera llegar.

Es la expresión de lo que podemos llamar los fines hacia los cuales queremos encaminar al país. A su vez, esa visión viene acompañada de acciones para enfrentar la situación actual y producir los cambios que conduzcan hacia el nuevo objetivo, es decir de medios para lograr los fines.

Las movilizaciones estudiantiles o más ampliamente del mundo educacional, son un buen ejemplo de ello, por lo me parece que es un buen momento para hacer una reflexión sobre el tema de la relación entre los fines y los medios, algo que me parece de mucha importancia en situaciones como esta ya que generalmente se le trata de manera poco analítica.

En el lenguaje habitual la expresión “el fin justifica los medios” se usa para acusar y descalificar motivaciones o acciones por su supuesta carencia ética.

Más específicamente, se escucha en vocerías políticas y periodísticas, generalmente aplicada a grupos que desafían el poder y el orden establecido, posiblemente porque esta sentencia acusatoria se la relaciona con las ideas políticas de Maquiavelo, cuyo apellido da origen al adjetivo “maquiavélico”, que también se usa para calificar un actuar oscuro, intrincado, malintencionado o inmoral.

Sin embargo, la frase como tal no se encuentra en la obra de Maquiavelo, pero sí en la del teólogo jesuita alemán Hermann Busenbaum, en cuyo manual de moral de 1645 dice que “cuando el fin es lícito, también lo son los medios”.

En nuestra época, Juan Luis Segundo, en este caso teólogo jesuita uruguayo, también ha reflexionado con profundidad sobre el tema, defendido como válida la denostada frase.

Estas posiciones, vertidas desde la ética y la teología, en primera oída desconciertan, pero a la vez llaman a profundizar la reflexión sobre la relación entre medios y fines, sobre todo cuando no se trata sólo de disquisiciones teóricas sino del debate en torno a situaciones reales, actuales y nuestras.

¿En qué sentido se puede defender el principio ético de que el fin justifica los medios? Para explicarlo hay que precisar lo que se entiende por medios y fines.

El fin alude al ámbito del sentido y de la finalidad de las cosas, mientras que los medios se refieren al ámbito instrumental, al de los mecanismos o de las mediaciones a través de lo cual se pretende alcanzar aquello que se busca.

Así entendidas las cosas es del todo razonable decir que los medios no son auto justificables, sino que su justificación sólo se puede derivar de la forma como se relacione con el fin que se pretende. Es decir, que es el fin el que justifica los medios y no estos en sí mismos ni menos al revés.

La reflexión sobre la ética en la relación entre fines y medios debe comenzar, por lo tanto, por el análisis ético del fin, que es lo que le da orientación y sentido al actuar.

La acción sin relación a una finalidad deja de ser medio para algo y se transforma en fin en sí misma.

Al describir las características de la realidad que se desea construir y al explicitar sus valores, es decir, lo que se valora de ella, implícitamente se está dando un marco referencial para la ética del actuar.

En el fin se encuentra la imagen del futuro deseado, la cual está cargada de contenido ético, y es esa realidad deseada la que se tendrá como parámetro para justificar el diseño y uso de los medios para construirla.

Como se puede deducir, una vez que se ha visualizado, caracterizado y definido el fin que se pretende alcanzar, sigue el imperativo de hacer un riguroso análisis de los medios que se utilizarán para garantizar que éstos llevan efectivamente al objetivo deseado y que no conducen a otro resultado. Y es en ese análisis donde se puede hacer un juicio sobre la validez de los medios, es decir el juicio que justifique o no el uso de determinados medios para conseguir el fin definido.

La realización de este juicio es una tarea compleja, pero me parece que la clarifica y facilita si se consideran al menos dos criterios fundamentales, de manera conjunta:

1) El criterio de la eficacia y de la eficiencia. El fin justifica los medios que conducen efectivamente a él. La realidad material, la social y la humana tienen ciertas leyes o formas más o menos objetivables de funcionar, de modo que para intervenirlas con eficacia es necesario conocerlas y utilizar adecuadamente mecanismos que permitan prever y controlar los efectos sobre la realidad intervenida.

Utilizar medios inconducentes, sin relación con lo que se busca, muy costosos o que no son controlables en sus efectos pueden considerarse injustificables por el fin y por lo tanto habría que modificarlos o descartarlos.

2) El criterio de la coherencia o de la convergencia. El fin justifica los medios que contienen en sí mismos características del fin que se busca. Los medios que se utilizan para lograr el fin, especialmente cuando se trata de procesos humanos y sociales, van construyendo el fin en el camino, de manera que es una necesidad que en el trayecto ya se prefigure el fin.

Asimismo, gustar en el proceso los valores y beneficios esperados, fortalece las convicciones y moviliza las energías para un trabajo que en empresas de gran escala son largos y pesados.

Este criterio lleva a sospechar de la utilización de medios intrincados o incoherentes con el fin deseado, porque es altamente probable que se produzca un cortocircuito que oscurezca el camino, se pierda el fin y el resultado termine siendo algo muy distinto del esperado.

Considero que reconocer que es el fin el justifica los medios, al contrario de ser el principio de un maquiavelismo anti-ético, representa la manera más responsable de pensar y actuar, por lo que en lugar de utilizarlo como cliché descalificatorio, que en nada aporta a la reflexión, sería aconsejable incentivar a que todas las personas y grupos asuman la lógica interna de la frase y los desafíos que ella contiene para la ética política actual.

Esto implica, primero analizar la ética de los fines que se buscan y luego encontrar los medios de mayor coherencia con esos fines y los más eficaces para alcanzarlos.

Pienso que vamos a coincidir en que el significado más inmediato que evoca este término, especialmente si se lee ligado a Los Archivos del Cardenal, es el primero, porque cardenal evoca a iglesia, iglesia a Jesús y Jesús a pasión.

En este significado histórico–religioso, pasión es sinónimo de persecución, abuso, injusticia, crueldad, sadismo, tortura, asesinato; así como de indefensión, dolor y muerte.

La pasión de Jesús también generó archivos con relatos de lo acontecido, que durante años se guardaron o circularon clandestinamente. Poco a poco fueron dando origen a escritos más reflexivos e interpretativos que derivaron en los libros testimoniales que hoy se conocen como evangelios.

Además, en torno a la pasión de Jesús, se fueron construyendo especies de museos de la memoria con imágenes, representaciones y hasta actualizaciones de la historia, que tenían por objeto impedir que su recuerdo se esfumara. Y esta porfía contra el olvido continúa estando presente después de 20 siglos.

La serie Los archivos del Cardenal son una suerte de símil moderno de ese intento por guardar la memoria histórica, para interpretarla, transmitirla y generar reflexiones y aprendizajes, en este caso, para que nunca más en Chile…

Hay buenas razones para comprender que la palabra pasión, en el contexto del título de este comentario, evoca el significado histórico–religioso que la liga a sufrimiento.

El segundo significado con el que relacionamos esta palabra, es el que evoca una emoción fuerte, generalmente acompañada de acciones y reacciones enérgicas y decididas.

Se habla de personas apasionadas como sinónimo de atraídas irresistiblemente por una actividad, persona, idea, situación, identificación, etc. Pensemos lo que entendemos cuando se habla de “la pasión por la roja”. Los Archivos del Cardenal también los he relacionado con este significado de la palabra, aplicado a Chile.

En lo más inmediato, me han impresionado las pasiones que desataron estas memorias en personas ligadas directamente con la dictadura.

Así por ejemplo, el diputado Alberto Cardemil escribe en el diario la Segunda.“(TVN) empezó a exhibir anoche una sórdida selección de los supuestos archivos del cardenal” y luego reclama irritado que se haya realizado y comenzado a exhibir esta serie en el canal nacional.

El ex canciller Miguel Schweitzer, por su parte, acusa de promover la publicación de esta serie a “pequeños sectores extremos de nuestra sociedad, reacios a ello [a la reconciliación] y que se empeñan en que no se cicatricen las heridas del ayer”.

Más agresivo e hiriente es el tono fino y burlesco del senador Carlos Larraín, que declaró a la prensa que la serie “se va a matar solita”, ya que “la telenovela, que quiere ser documental, es más fome que chupar un clavo amohosado”.

Estas reacciones apasionadas también tienen en común un deseo de descrédito, ocultamiento, o de eliminación de la incómoda memoria.

El primero, cataloga de “supuestos” a los archivos (como supuestos, asimismo, se catalogaban a los desaparecidos). El segundo, aboga por el olvido y el último, goza anunciando la muerte próxima de la serie.

Es la pasión expresada como irresistible deseo de matar o enterrar viva una parte de la historia.

Sin embargo, el primer capítulo de la serie me ha traído a la memoria otra pasión: la de un gran número de personas que entregaron años de su vida a trabajar en la defensa de los Derechos Humanos.

La Vicaría de la Solidaridad es hoy un símbolo de la acción de múltiples instituciones, organizaciones, agrupaciones y personas que en todo el país se constituyeron “en asilos contra la opresión”, tal como reza nuestro himno nacional.

Mantener esa actividad en el contexto de la represión organizada desde el poder de un Estado dictatorial no era posible, sino por una profunda pasión por la vida, por la dignidad y por la humanidad que impulsó a esas personas, muchas de las cuales llegaron a perder la propia vida en la entrega por su pasión.

La serie destaca con justicia esa pasión de la asistente social. Su rol en el primer capítulo exhibido, es un fiel reflejo y merecido reconocimiento a la función anónima de una gran cantidad de personas. Función que, por cierto, fue creadora y protagonista en miles de historias ocultas, muchas ni siquiera documentadas.

Sólo algunas de esas historias serán reveladas en las próximas ediciones de Los archivos del Cardenal.

Espero y deseo que la serie contribuya a reanimar en Chile esta última pasión descrita: la pasión por la solidaridad y por la defensa de todos los Derechos de todas las personas.

Veremos qué se viene en los próximos capítulos y qué pasiones desata.

Más aún cuando esta negativa evaluación ciudadana se expresa no sólo en las encuestas sino que comienza a instalarse como manifestaciones ciudadanas en movilizaciones estudiantiles, en las grandes protestas ante decisiones ambientales, en las demandas de derechos para la diversidad sexual y de género, en reivindicaciones del pueblo mapuche y otras etnias, entre las principales.

Pero lo más probable es que lo que provoca esta decisión presidencial de cambiar el gabinete no es la autopercepción sobre la falta de capacidad de su gobierno, sino el hecho de que la ciudadanía lo perciba así y lo castigue con su desaprobación.

Seguramente, si no existieran las encuestas y las movilizaciones el Presidente seguiría pensando que su gobierno en 20 días hace más que los demás en 20 años, que ha instalado el gobierno de los mejores o que la forma chilena (léase de su gobierno) de hacer las cosas debe ser el modelo a seguir por Alemania (se lo dijo a la primera ministra Merkel), por poner unos de ejemplos.

El cambio de gabinete aparece entonces, principalmente, como un mensaje a la ciudadanía de que quiere cambiar también el rumbo, con la finalidad de que ésta le permita tomar aire y le dé una nueva oportunidad. Una especie de cambio como el que ordena el entrenador de un equipo cuando está ahogado por otro, con el fin de parar el asedio, enfriar el partido e ingresar algún hombre de refresco.

Ahora bien, la forma en que recibirá este mensaje la ciudadanía y cómo le responderá al Presidente tiene que ver con la credibilidad que tenga su mensaje.

Sin embargo, también sabemos por las encuestas que la credibilidad presidencial está fuertemente deteriorada, siendo su atributo peor evaluado. Y sospecho que las características de este cambio de gabinete envían mensajes contradictorios que poco ayudarán a hacerlo más creíble.

Veamos algunos ejemplos.

En el discurso que hace el Presidente después del juramento de los nuevos ministros señala en dos oportunidades que el peligro que puede tener su gobierno es “dormirse en los laureles”, que es lo que se quiere evitar revitalizando el equipo.

Un elemento que no conversa con el reconocimiento que hizo el día anterior de que hay cosas que no se han hecho bien. ¿A cuál de los dos discursos creerle? Al menos deja la sospecha instalada de que la autocrítica de ayer no toca el fondo de las cosas y que queda muy superada por la autosatisfacción que lleva a dormirse en los laureles.

El gran cambio de gabinete tiene muchos efectos especiales que hacen muy evidente que la apariencia es más que la realidad.

Se publicita y diseña el cambio con una cuantía en números (8 cambios en el gabinete) que al conocerlo con precisión resulta que sólo salieron tres ministros y lo demás es intercambio de posiciones. Y en los cambios de posiciones premio para los más cuestionados.

Lavín, tras el bochornoso papel en educación, no sale del gabinete sino le da una segunda oportunidad para que ensaye ahora con los temas de desarrollo social, indígena, mujer, juventud y discapacidad.

Y Energía, luego de las crisis con la ciudadanía por las decisiones energéticas, su Ministro Golborne es premiado con Obras Públicas, un ministerio que luce.

Quizás lo más bullado y creíble como efecto de cambio en el gabinete sea el ingreso de los dos senadores UDI al gobierno, uno en el rol de arquero y el otro posiblemente asimilable a lo que hace el pitbull en la cancha.

Pero, nuevamente un mensaje poco transparente, pues se ve opacado por el hecho de que los incorporados los saca del Parlamento, donde están como representantes elegidos en votación popular y que para reemplazarlos obliga a que haya una designación a dedo de quienes estimen las cúpulas partidarias. Por fortalecer su gobierno debilita y enrarece la composición del Senado de la república, acción repetida por segunda vez y poco amable con la democracia.

Por último, el discurso posterior al juramento también fue efectista y poco concreto.

Carpetas para los nuevos Ministros y resumen del Presidente de las tareas contenidas, gran parte de ellas expresadas con encargos genéricos y frases grandilocuentes. Al GANE de la educación ayer agregó otro GANE (el gran Acuerdo Nacional por la Energía), cuyo ministro debe comenzar a preparar y repensar una nueva matriz energética.

Lavín debe trabajar para erradicar la extrema pobreza. Golborne, con pie firme tiene que enfrentar la escasez de agua. A Longueira le toca contribuir a hacer de Chile un país más competitivo y con mayores igualdades. Minería tiene que encabezar el renacimiento de los pilares de la minería chilena. Sabemos que el papel todo lo soporta y que las palabras se las lleva el viento. Ese discurso aporta poco a la credibilidad.

Si el cambio de gabinete tenía como uno de sus objetivos dar un mensaje a la ciudadanía para que creyera que hay un cambio de rumbo, me parece que nuevamente se lamentarán errores comunicacionales que provocarán más desconfianzas y dudas que credibilidad.

Y a estas alturas la pregunta que surge es si los errores son solo comunicacionales o son más bien efectos inevitables de la nueva forma de gobernar, para los que no hay estrategia comunicacional que logre ocultarlos.

¿Me dices que hay descendientes de africanos en Chile; hay negros en nuestro país, aparte de los que han llegado últimamente como inmigrantes?

¡Claro que hay una población afrodescendiente en Chile! La mayoría son afrochilenos -no necesariamente fenotípicamente negros- cuyos antepasados fueron traídos como esclavos desde los primeros tiempos de la colonia.

¿De dónde sacaste eso? Me imagino que llegaron a Centroamérica, Brasil, quizás hasta Perú, ¿pero a Chile…?

Lo saco de muchos estudios históricos, especializados y de difusión, en los cuales se analizan documentos y archivos coloniales donde se evidencia la existencia de una importante población negra y mestiza en Chile colonial.

Dame algunos ejemplos…

El estudioso más conocido de las fuentes en este tema es Rolando Mellafe. En su libro “La introducción de la esclavitud negra en Chile” (1959) analiza en detalle la introducción de esclavos de origen africano durante la Colonia.

Los documentos dan cuenta de los decretos que la autorizan, los mecanismos de ese mercado, las rutas de ingreso, los trabajos que hacían, sus deberes y castigos, las cantidades ingresadas, etc.

Además de Mellafe hay otros historiadores, de distintas escuelas o tendencias, que confirman la presencia de esclavos negros en Chile. Entre ellos destacan G. Vial, A. De Ramón, S. Villalobos, G. Feliú, M. Camagnani y H. Kein.

Por ellos sabemos que desde los años iniciales de la colonia, los conquistadores trajeron esclavos negros para el servicio personal y doméstico, fueron incorporados como soldados en sus ejércitos y, principalmente, se introdujeron al país por medio del tráfico esclavista, como mano de obra para el trabajo en las minas, en el campo y en los puertos.

¿Pero no dicen que los negros no se quedaron en Chile, porque no se acostumbraron al frío?

Mellafe contesta explícitamente esa idea como absolutamente errónea y sin base. Otros lo desmienten mostrando su presencia en la vida nacional hasta el fin de la colonia, incluyendo su participación masiva en los ejércitos independentistas, como lo relata Barros Arana. La población de negros y mulatos en Chile está contabilizada en distintos tiempos de la colonia y por última vez en el censo de 1777-1778, el que registra un 9,8% de negros en la población del Obispado de Santiago (Desde Atacama al Maule) y un 3,7% en el Obispado de Concepción (desde el Maule al sur, sin incluir Chiloé).

¿Y qué pasó con ellos después, que desaparecieron del mapa?

Lo que pasó es que luego de la independencia se abolió la esclavitud y desde los primeros gobiernos republicanos se aplicó una estrategia de asimilación y blanqueamiento, para mostrar que el nuevo país era uno y homogéneo. Uno de los mecanismos fue hacer desaparecer de las estadísticas y registros la diversidad étnica. Y es así que llevamos dos siglos de Chile republicano sin que nunca más se haya hecho algún intento por reconocer y visibilizar a los afrodescendientes en el país. Por eso, ellos desaparecieron del mapa, es decir de la representación del país, pero siguieron estando y están hoy en Chile.

¿Donde están hoy, cuántos son?

Los afrodescendientes pueden estar en todo Chile, pero con certeza hay algunas regiones donde se concentran más. En Arica y Parinacota están organizados y muchas de sus organizaciones se agrupan en la Alianza Afrochilena. Esta agrupación es muy activa en difundir la realidad y la presencia afro en la región.

Se sabe que en otras regiones del norte, en la región de Coquimbo, en localidades de la zona central y con seguridad en Santiago, hay mucha presencia afrodescendiente. Pero no me pidas precisión, porque como te decía al inicio de la conversación, están invisibilizados e ignorados en todo tipo de estadísticas y registros oficiales.

¿Y por qué dices que esta es una hora decisiva para los afrodescendientes en Chile?

Porque, el próximo año se realiza el censo de población y vivienda que se hace en Chile (y en el mundo) cada 10 años. Y el cuestionario censal se define este mes de julio. Resulta que agrupaciones de afrochilenos están trabajando desde al menos 6 años, para que en el Censo de 2012 se incluya una pregunta que permita identificarlos. A partir de esa pregunta se podría iniciar un camino de visibilización que permita mirarnos más completos y diversos como país, junto con poder focalizar políticas públicas para su realidad específica.

¿Y de quien depende esa decisión?

A estas alturas depende exclusivamente de la respuesta del Gobierno. Chile tiene compromisos en esta línea por haber suscrito acuerdos internacionales. Internamente el pleno del Senado y de la Cámara de Diputados pidieron oficialmente al Presidente Piñera que incluya la pregunta en el Censo.

Agrupaciones de académicos, organismos religiosos y organizaciones de la sociedad civil también han hecho oir su parecer al Presidente y autoridades pertinentes. Y, por supuesto, las propias organizaciones afrodescendientes claman y reclaman por su reconocimiento y visibilización.

Este mes, autoridades del gobierno y el propio presidente Piñera van a decidir si el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), incluye a los Afrodescendientes en el Censo 2012 o los condena a seguir ignorados de las estadísticas en su propio país.

¡Gran oportunidad o pesada responsabilidad!