De ese Chile clandestino y rebelde emana la figura del doctor Almeyda, un sobreviviente como tantos que lucharon en la década de los 80 para retornar a la democracia perdida.

Manuel Almeyda confesó en una entrevista que en política “siempre fui solo un suche” y explicó que con eso quería decir que era solo un militante de base. Y lo decía con la humildad y la grandeza que lo caracterizaba, cuando recién había sido nombrado Presidente del Movimiento Democrático Popular.

Con una fuerza de ánimo que era digna de admiración, estuvo al frente de un movimiento social y político. Así, el rostro del Dr. Almeyda, con su barba de patriarca, representó la fisonomía clásica de la izquierda, en las protestas del año 1983 en Chile.

Él declaraba que las protestas eran el esfuerzo mancomunado de actores sociales y referentes políticos. Reconocía sin dobleces que eran los personajes sociales los más relevantes, y dentro de ellos, destacaba a los sindicalistas, nombrando a dos demócrata-cristianos, Manuel Bustos y Rodolfo Seguel.

También debía dar cuenta de la división del PS. El Mercurio se solazaba en dar a conocer la existencia de 64 partidos socialistas. Él replicaba que era la estrategia de ese diario, para desprestigiar a la oposición y obstaculizar las posibilidades de la unidad. Fuerte, claro y sencillo, su mensaje era uno solo: dirigir una instancia que agrupaba al PS Almeyda, al PC y a un grupo del MIR, que aspiraba a encontrar caminos de convergencia con otras opciones para dar una misma lucha.

En esa época también existía la Alianza Democrática que agrupaba al PS Renovado, al PDC, los radicales, y personalidades liberales y conservadoras que se oponían firmemente a la dictadura y cuyo líder era Gabriel Valdés.

Esa fue la primera vez, desde el golpe de Estado de 1973, que se formalizaba públicamente una coalición opositora al régimen militar de Pinochet, en torno a tres elementos básicos y decisivos:

(1) Un acuerdo nacional para generar una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución.

(2) La renuncia de Augusto Pinochet a la Presidencia de la República.

(3) El establecimiento de un Gobierno Provisional para una breve transición.

Esta propuesta era compartida por Manuel Almeyda y por eso mismo declaraba que: “yo creo que si hay una propuesta tiene que haber un ente que movilice la propuesta, que la haga presente en el pueblo, que la haga acoger por el pueblo. Y ese papel era el que le correspondía al MDP”. Creía honestamente que en la recuperación y conquista de la democracia estaba comprometido todo el pueblo, cualquiera fuera su posición política.

En su último destello y de manera extraordinaria, en enero del 2014, dirige una carta al Presidente del Colegio Médico el Dr. Enrique París. En ella, junto con describir su enfermedad y los problemas propios de su edad, confiesa tener una vida insufrible e indigna, por la que solicita al Colegio Médico establecer un comité de “hombres buenos” para abrir el debate sobre la eutanasia médica en pacientes en estado avanzado de enfermedad irreversible, intratable, cargada de sufrimientos vividos como insoportables.

Todos los argumentos palidecen frente al testimonio del Dr. Manuel Almeyda. Por amplios sectores la carta es calificada como modesta y ambiciosa a la vez. Modesta, por cuanto sólo solicita la apertura a un debate; ambiciosa, porque propone un comité de personas capaces de debatir sin prejuicios y sin doctrinas estrechas, los problemas de una ciudadanía que quiere ver respetadas sus opiniones y decisiones en el ámbito privado y que sólo quede a la conciencia que a cada individuo le compete.

Ese fue el sello de su personalidad en la política, en su profesión y en su vida: un hombre sencillo, y dotado de grandes anhelos de servicio, de principios socialistas y de competencia profesional, que supo encarar con lucidez y valentía los desafíos que enfrentó a la largo de su vida.

En este recuerdo, solo puedo terminar con una frase que él uso siempre para todas y todos sus compañeros. ¡Compañero Manuel Almeyda Medina, hasta la victoria, ahora y siempre!

Un factor generalmente subestimado cuando se habla de emisiones de GEI a escala global es la generación de residuos. Es cierto que los residuos contribuyen en alrededor de un 3 a un 5% de GEI a nivel global, pero es necesario considerar que la cantidad de basura que generamos a nivel global está aumentando agresivamente. Se ha estimado que para el año 2025, la generación de residuos sólidos aumentaría un 70% respecto del 2012. Esto implicaría que hacia el año 2025 la humanidad generaría 6 millones de toneladas diarias de residuos.

La disminución en la generación de residuos es también clave porque es un área que potencialmente puede contribuir mucho a reducir los GEI. Además, la prevención y la valorización de residuos por medio de reutilización y reciclaje evitan emisiones en otros sectores de la economía.

Como país podemos hacer más de lo que hemos hecho para evitar esta forma de contaminación. En Chile los residuos constituyen el cuarto mayor factor emisor de GEI, representando el año 2012 un aumento de cerca de un 44% respecto de los niveles calculados en 1990.

Sólo se recicla en el país menos del 10% y cada habitante produce anualmente en promedio al menos 384 kg de residuos domiciliarios, lo que implica más 6,5 millones de toneladas al año de basura domiciliaria generada en nuestro país.

Por lo demás, la primera evaluación ambiental a Chile elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), comprometió al país a fomentar la valorización de residuos e implementar el uso de instrumentos económicos para el cumplimiento de metas ambientales.

Es en ese contexto, que la próxima aprobación de una ley marco de reciclaje representa un paso fundamental que daremos como país. Esta ley introducirá en nuestra legislación la jerarquía en el manejo de residuos, la cual considera como primera alternativa, la prevención en la generación de residuos y luego la reutilización y/o el reciclaje de los mismos.

Este proyecto de ley, además, fortalece la legislación ambiental, porque establece nuevas competencias del ministerio del Medio Ambiente en gestión de residuos. Ello a través de la dictación de reglamentos que considerarán instrumentos para prevenir la generación, o bien, promover la valorización de desechos mediante el eco-diseño, creando envases con mayor factibilidad de reciclaje; la certificación, rotulación y etiquetado de envases; sistemas de depósito y reembolso de residuos  y la recolección selectiva de residuos en su origen.

Otra de las herramientas centrales que utiliza esta ley marco de reciclaje es el establecimiento de un régimen especial de gestión de residuos, llamado Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

En dicho régimen se obliga a ciertos productores, importadores o fabricantes, de determinados productos que generan un residuo, a financiar y organizar una cadena de recolección y valorización de tales desechos. Este mecanismo se aplica extendidamente en países europeos, con tasas de reciclaje ostensiblemente elevadas, donde alcanzan porcentajes de revalorización de cerca de 75% y de 100% en ciertos productos.

Esta ley permitirá, además, asumir las externalidades ambientales propias de los residuos -contaminación de suelo y aguas, olores, emisiones, vectores-, disminuir la disposición final de residuos, aumentando con ello la vida útil de los rellenos sanitarios, formalizando, además, el mercado de reciclaje que existe actualmente en nuestro país.

Como país y frente a los compromisos a los que nos hemos comprometido en la Cumbre, tenemos que continuar avanzando en el trabajo legislativo para tramitar la urgente y necesaria ley que crea el Servicio de Biodiversidad; el proyecto de ley que prohíbe el vertimiento de relaves en el mar; y el proyecto ley que fortalece y actualiza la legislación delictual en materia ambiental, el cual ingresé hace un par de años al Senado.

De esta manera, en el contexto de la cumbre COP21 podemos celebrar esta próxima aprobación de la ley marco de reciclaje, como paso fundamental para el fortalecimiento de nuestra institucionalidad ambiental, reduciendo los gases de efecto invernadero para enfrentar el cambio climático.

La producción mundial ha tenido un crecimiento sostenido desde el año 2004, pasando de 15.000 toneladas por año a 27.000. Esta situación se origina, entre otros factores, por el aumento en el precio del mineral, que pasó de US$ 2.500 por toneladas en 2004, a US$ 6.500 por toneladas, hoy; el 2010 y 2011 estuvo por sobre los US$ 5.000 la tonelada. Así, las proyecciones sitúan el precio de mediano plazo -hasta el 2020- entre los US$ 4.000 y 6.500 por toneladas.

Sólo tres empresas concentran el 77% del mercado mundial: SQM (ex Soquimich) con un 30% del mercado; Chemetall (que opera SCL), con un 28% y FMC Corporation, con un 19%.

Este nuevo escenario mundial -de mayor demanda por el Litio- nos exige pensar el desarrollo de un sector de la minería con reglas claras e instrumentos de fomento amparados en una política de Estado. Ésta no sólo debe incluir la extracción, sino también promover el desarrollo de una industria ligada a la explotación de este mineral, transformando al país en un líder en tecnología, incorporando una mirada de largo plazo.

Tenemos que combinar esfuerzos públicos y privados, incorporando a las universidades, centros regionales de desarrollo, gobiernos locales, la comunidad, y todos quienes estén interesados en participar o se vean afectados positiva o negativamente por esta nueva industria.

Debemos generar nuevo conocimiento, atrayendo a capital humano avanzado hasta nuestras regiones del norte, capacitando a nuevos trabajadores del sector, y vinculando la oferta educativa en todos sus niveles, para transformar al Litio en riqueza regional y nacional.

Es interesante pensar que todo lo anterior es posible, ya que Chile posee ventajas comparativas y competitivas no sólo por la cantidad de mineral concentrado y su bajo costo de explotación, sino también por la cultura minera que nos caracteriza como país.

Es menester recordar que el actual marco legal establece al Litio como un recurso estratégico no susceptible de ser concesionado a privados, refrendado en el Decreto Ley N°2886 de 1979, que reservó el Litio para el Estado; a su vez, en 1983 la Ley N°18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y el nuevo Código de Minería mantienen la reserva a favor del Estado, salvo “concesiones o contratos especiales otorgados por el Estado”.

Esta condición debe ser mantenida, en el sentido de la estrategia regional y nacional de desarrollo, porque como lo he señalado, Chile es uno de los países con las mayores reservas de Litio y como tal, requerimos de decisiones de largo plazo, independientes de coyunturas y urgencias políticas.

El Litio es de todas y todos los chilenos. No existe impedimento para que su explotación sea realizada por una empresa del Estado -y con ello no sólo incorporar más ingresos a las arcas fiscales por concepto de exportación de un commodities- si no también, tener la oportunidad de desarrollar una industria de alto nivel tecnológico.

En su oportunidad, dado su potencial industrial y económico, propuse la creación de la Corporación Nacional del Litio (CONAL) -símil de CODELCO- que garantice al país la obtención de las rentas de esta explotación minera, y que promueva la investigación y el desarrollo, agregando valor a la producción; exportando bienes finales de alto valor comercial y tecnológico; incorporando capital humano; avanzado e impulsando centros universitarios especializados. He visto con satisfacción que la propuesta de la comisión asesora presidencial, va en este sentido, reconociendo la relevancia estratégica del Litio para el futuro.

Espero que tengamos un amplio debate y con altura de miras, observando siempre el bien común por sobre los intereses particulares. Así, podremos contar con una importante y nueva industria para Chile.

Nuestra institucionalidad democrática y nuestro ordenamiento jurídico -cada uno en su respectivo ámbito de competencia y de acción- presenta numerosos comportamientos y disposiciones que suelen afectar negativamente a las mujeres que acuden a las instituciones públicas y a las privadas para hacer uso de sus derechos.

Las exclusiones, las arbitrariedades y las discriminaciones que a diario experimentan las mujeres de nuestro país -y lo que es más delicado, fundadas en actos administrativos y jurídicos- dejan de manifiesto que los anhelos de igualdad de derechos y la equidad de género está muy lejos de lo que una sociedad democrática moderna requiere para asegurar cohesión social y progreso y desarrollo para todos.

De ahí entonces, que todas las medidas administrativas y legales que se orienten a eliminar las arbitrariedades, las discriminaciones y las exclusiones, como asimismo, a disminuir al máximo las brechas existentes en diversos ámbitos del quehacer nacional entre hombres y mujeres, siempre serán bienvenidas, acogidas y respaldadas por el Parlamento; pues claramente reflejan la firme voluntad de las autoridades por saldar una deuda con el género femenino que por décadas permanece en nuestra sociedad.

Por tal motivo celebramos y apoyamos la decisión política de la Presidenta de la República de eliminar de las disposiciones establecidas por el sistema privado de salud el embarazo tanto como enfermedad así como  preexistencia, pues claramente constituía una medida arbitraria, injusta y discriminatoria.

Nos parece curioso que por tantos años la fertilidad, el embarazo haya sido concebido y considerado como una enfermedad, cuando en la práctica constituye un verdadero “homenaje” a la vida.

La derecha que normalmente se ufana de defender la vida, ha tenido una actitud completamente contraria a estos principios, y una vez más, ha optado por privilegiar su opción por el mercado, apoyando esta medida instaurada por las Isapres, por sobre la importancia de la concepción de una hija o un hijo, y los derechos de las mujeres.

El término del embarazo como enfermedad preexistente viene a poner término a un acto de discriminación y de vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres. Constituye un acto de justicia y de equidad de la mayor trascendencia.

A nivel de país, esta medida beneficiará aproximadamente a 839.456 mujeres de entre 15 y 49 años.

El término del embarazo como enfermedad preexistente debiese ser el inicio de un conjunto de otras iniciativas administrativas y legales que deben finalizar o ser modificadas para asegurar una efectiva igualdad de derechos para todas las mujeres de nuestro país.

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet con esta medida envía un mensaje y una señal inequívoca a todas las mujeres del país y a todo Chile. No es posible avanzar en una sociedad más democrática, más inclusiva, más justa y más solidaria si no se avanza con decisión y voluntad en la igualdad de género y el establecimiento de más derechos para las mujeres de la patria.

Como Presidenta del Senado me corresponde, este año, acompañar a la Presidenta de la República en eventos de gran tradición como son el Te Deum Católico, el Te Deum Evangélico y la Parada Militar, que sin duda nos enorgullecen como país. Para mí es un verdadero honor participar como la principal autoridad del Poder Legislativo, ya que es primera vez en nuestra historia republicana que una mujer lleva consigo tan alta envestidura en el país.

También estas fiestas de la Independencia nos dan la ocasión de pensar en cómo Chile ha llegado a ser lo que es hoy día. La patria que hemos heredado se ha construido no sin dolores, sufrimientos, divisiones e injusticias, y a pesar de todo, hemos sido capaces de sobreponernos a través de la razón, el diálogo y la democracia.

No ha sido fácil. Hemos ido dos veces a la guerra en el siglo XIX y en el mismo período, hubo dos guerras civiles. En el siglo XX hemos estado a punto de ir a otras tantas, y Presidentes legítimos han sido depuestos por la fuerza. A medida que avanza el siglo XXI, la imposición de las armas sobre las instituciones, nos parece incivilizado y bárbaro.

Nuestra historia amanece en O´Higgins y llega hasta Bachelet. Tenemos más de dos siglos de vida como país independiente, y podemos mirar en perspectiva a un país que ha crecido y que es respetado en el concierto de las naciones de América del Sur.

La democracia que conocimos a partir de la Constitución de 1925 fue interrumpida por el Golpe de Estado de 1973. Solo hacía finales del siglo XX fue posible encontrar una salida política que permitiera ir recuperando, gradualmente, los hábitos democráticos perdidos en el país.

Hoy día, el 18 de septiembre, ante todo, nos recuerda que somos una comunidad política autónoma, heredera de una república independiente. Sobre ella queremos construir la más amplia y profunda democracia que haya tenido el país en su historia.

Durante este primer año del segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, estamos discutiendo en el Congreso Nacional un conjunto de proyectos decisivos para terminar con los últimos resabios de la dictadura militar.

Con la Reforma Tributaria ya despachada por ambas cámaras, podemos decir con certeza que Chile tendrá fondos permanentes para gastos sociales permanentes, como son la educación, la salud y la previsión social.

Paralelamente trabajamos en las iniciativas legislativas que dan forma a la Reforma Educacional, que buscan generar una educación pública, gratuita y de calidad, foco principal de esta gran transformación que es decisiva para nuestro futuro, y que esperamos permita disminuir la gran desigualdad existente en este país.

Además, debo mencionar el proyecto que modifica el Sistema Binominal, que permitirá el ingreso al Parlamento de nuevos actores, como asimismo que a través de un Sistema de Cuotas, promoverá una participación política equivalente entre hombres y mujeres.

Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra patria. Desde los héroes de la Independencia que lucharon por lograrla, hasta aquellos líderes que nos han llevado hacia una sociedad donde se respetan los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas.

Finalmente, quiero aprovechar la ocasión para desearles que tengan un reparador descanso con sus familias y amistades. Que todas y todas disfruten de un buen asado, de las tradicionales ramadas, y varios pies de cueca. ¡Salud!

¡Viva Chile!

No tenemos una interpretación común sobre lo que llevó al quiebre de nuestra democracia y puede que no la tengamos jamás. Hay voces que están de acuerdo con el derrocamiento de un gobierno constitucional, por armas y fuego, acompañado de la prisión, las torturas, el exilio, las desapariciones y las muertes.

Olvidan que aún hoy hay detenidos desparecidos, juicios en proceso, y obstrucción para avanzar en una legislación para en la justicia que tanto gente esperamos.

Al no revisar la Justicia Militar, ni la Ley de Amnistía, los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente, y que no podremos aprobar hasta que no hayamos resuelto el último crimen perpetrado por la dictadura militar.

El golpe militar en Chile fue una noticia mundial. La figura política de Salvador Allende ha alcanzado una estatura universal como demócrata, a lo largo de todos estos años, y es uno de los referentes políticos y éticos más importantes del socialismo, en todos los continentes.

Su proyecto de cambios fue visionario, y su voz aún resuena en las nuevas generaciones, porque la búsqueda de igualdad y justicia social sigue pendiente en muchos lugares de nuestro país. Por eso, su mensaje político y su consecuencia de vida perviven hoy entre nosotros, y son los jóvenes quienes lo han relevado como una de las pocas figuras políticas que reconocen y destacan.

A 41 años del golpe de Estado -después de cuatro años en que no se hizo ningún reconocimiento en la sede de gobierno- nadie hubiese imaginado que Chile sería gobernado por una mujer y que el Senado sería presidido por otra mujer, ambas del mismo partido al que perteneció toda su vida Salvador Allende.

Nuestro país vive un proceso social y político de la mayor trascendencia para el presente y el futuro de todas y todos los chilenos. Las reformas propuestas planteadas por la Presidenta Bachelet dan cuenta de los importantes cambios que ella está impulsando y que como Presidenta del Senado, estoy apoyando decididamente.

Estoy cierta que mi padre compartiría plenamente estos planteamientos en pos de profundizar la democracia, promover una efectiva igualdad y avanzar en justicia social.Salvador Allende creyó en la democracia, contribuyó a perfeccionarla y no dudó en luchar por ella cuando fue necesario, y entregó su vida por defenderla.

Su muerte en La Moneda no fue en vano, sino que se constituyó en el símbolo de un hombre que es capaz del sacrificio personal en la defensa de sus ideales, de lo cual nos enorgullecemos profundamente.

Hoy puedo repetir sus palabras en forma lúcida y serena: “Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente”. Esa semilla no fue sesgada y las nuevas generaciones son prueba de ello.

Si bien nuestro país ha sido pionero en Latinoamérica en la cobertura de agua potable y saneamiento en zonas urbanas y rurales, aún hay cientos de miles de compatriotas que no cuentan con estos servicios básicos.

Las estadísticas de la Subdere grafican que para las zonas rurales el déficit de agua potable y saneamiento alcanza un número importante de viviendas y personas. A modo de ejemplo, para el 2011, en el caso del agua potable 117.228 viviendas -correspondientes al 13,27% de las rurales- no contaban con este servicio, mientras que 266.638 viviendas, un 30,19% del total no tenían alcantarillado.

Los problemas se han transformado también en situaciones de conflicto entre actividades productivas, entre usuarios y comunidades. Aunque el escenario no es el más alentador, esta crisis también es una oportunidad, para tomar distancia de los viejos paradigmas con los cuales hemos abordado esta problemática e impulsar un “nuevo trato” en la materia.

La prioridad que tiene el tema hídrico para el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es un hecho, considerando el nombramiento de un Delegado Presidencial del Agua, para desarrollar un conjunto de propuestas que deberán orientar las decisiones trascendentales que debemos tomar como país.

Desde la mirada pública, el uso sustentable de los recursos hídricos, es un imperativo ético y a su vez un asunto de estrategia nacional, ¡sin agua no hay vida!

En ese sentido, la institucionalidad pública que administre los temas de agua debe tener como prioridad absoluta garantizar el abastecimiento para el consumo humano.

Además, el agua es un bien público, cuyo uso no puede depender solo de las fuerzas del mercado, sino también sobre el cual el Estado debe tener una participación activa, en un sentido estratégico del desarrollo.

Debemos avanzar decididamente a un manejo integrado de la administración de cuencas, que garantice la coexistencia de todas las actividades productivas y recreativas que constituyen las diversas esencias y vocaciones territoriales. Es decir, una vez garantizado el consumo humano, se debe procurar el abastecimiento para la agricultura y la minería, entre otras actividades.

Es por esto, que en el ejercicio de nuestras facultades legislativas, he promovido en conjunto con otros senadores un Proyecto de Reforma Constitucional, que declara a las aguas bienes nacionales de uso público y que reserva a la ley, la constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos de los particulares sobre aquellas, así como la determinación de los caudales que aseguren su disponibilidad para el consumo humano y la preservación ecológica.

Es hora de adecuar los términos de nuestra Constitución no sólo a la regla general de derecho privado, que considera que las aguas son bienes nacionales de uso público, sino que también a los instrumentos internacionales vigentes y ratificados por Chile y que, por ende, se encuentran incorporados en el derecho interno.

Desde el punto de vista económico, el bloque regulatorio dado por la Constitución Política y el Código de Aguas vigente considera al agua como un bien de consumo de similar tratamiento a cualquier recurso económico, donde el mercado es el único actor legítimo en la asignación de la cantidad, las modalidades y los plazos asociados a estos derechos, sin intervención alguna del Estado.

El agua finalmente se ha cosificado, y el Estado chileno no tiene facultades de gestión ni administración del agua, sólo tiene potestades menores de intervención en el marco del principio de subsidiariedad que le asigna la actual Constitución, por ello es fundamental avanzar en mayores atribuciones y recursos para la administración y fiscalización por parte de la Dirección General de Aguas (DGA).

En esta línea he planteado la necesidad de crear una Subsecretaría de Recursos Hídricos, que coordine las más de 100 atribuciones y funciones que hoy se distribuyen entre más de 42 organismos públicos vinculados con los temas de agua. Esta subsecretaría debiera estar radicada administrativamente en el ministerio de Obras Públicas, ya que cuenta con la experiencia necesaria en temas de agua y no está vinculado al fomento de ningún sector productivo en particular.

Esta nueva subsecretaría deberá hacer frente a los desafíos que nos impone la desalación de agua de mar, que hoy aparece como una opción real para resolver los problemas estructurales que afectan a diversos territorios, en particular a la Región de Atacama, que yo represento en el Senado de la República.

Esta solución, que permite garantizar el consumo humano y el desarrollo de actividades productivas, vitales para el país como la minería y la agricultura, supone también una articulación público-privada, capaz de abordar los desafíos energéticos y medioambientales, de una forma innovadora y que no descanse simplemente en triplicar la cuenta para los ciudadanos.

Sin embargo, un nuevo marco jurídico, y una nueva institucionalidad administrativa no son suficientes si no vienen acompañados de una Política Nacional del Agua.

Una Política Nacional del Agua debe propender a la sustentabilidad de ésta, a garantizar el consumo humano con dignidad, y a generar un conocimiento mayor de la realidad de nuestras fuentes de agua –glaciares, lagos y aguas subterráneas- y su distribución en las cuencas; a una mayor educación, control social y estatal de la gestión del agua con una institucionalidad capaz de orientar estratégicamente el uso de este recurso; a una gestión ordenada e integrada del agua en el territorio; a organizaciones de usuarios con mayor capacidad y competencias y a un uso más eficiente por parte del conjunto de actividades productivas.

Además, en el Senado hemos constituido una Comisión Especial –presidida por la Senadora Adriana Muñoz- de la cual soy parte y que es la encargada de conocer las iniciativas sobre Recursos Hídricos que se discuten en el Parlamento.

Este es un tema país, que hay que enfrentar sin complejos ni sesgos. Con altura de miras y con la convicción de que lo que hagamos hoy, será decisivo para el presente y sobre todo para el futuro de las próximas generaciones de chilenos y chilenas.

En definitiva, debemos generar las condiciones para un cambio cultural de los chilenos y chilenas en nuestra relación con el agua.

Es decir, se debe demostrar que es para consumo personal y próximo en el tiempo. En su artículo cuarto, la ley señala que “…será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 10 a 40 UTM, a menos de que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”.

En medio de esta discusión, prácticamente la totalidad de las revistas, periódicos, diarios, radios, canales de TV, han instalado con fuerza una creciente demanda de las personas por la despenalización del autocultivo y porte de la cannabis, conocida popularmente como marihuana.

La experiencia internacional muestra que en los casos de Holanda, en 20 Estados de EEUU, y recientemente, en Uruguay, se han buscado soluciones públicas que consideran la libertad individual como un derecho, y que estos países han sido capaces de tener un acuerdo responsable sobre esta materia.

Uruguay se sobrepuso a las críticas y avanzó con el propósito de combatir el narcotráfico, y está poniendo en marcha la regulación estatal de la venta, como del autocultivo personal y colectivo.

Estamos en medio de un proceso de transformaciones en los acuerdos internacionales sobre las drogas. En 2013, la OEA señaló en la Declaración de Antigua, Guatemala, “que, como parte de la construcción de una política integral de drogas en el hemisferio, que adopta un enfoque multidimensional, se requiere: incorporar los aprendizajes de países y gobiernos sub-nacionales que han despenalizado la posesión y consumo personal de drogas ilícitas”.

En el año 2012 ocurrió un hecho insólito en Chile.El siquiatra Milton Flores, a través de la Defensoría Penal Pública, formalmente reclamó el respeto a su libertad fundamental de realizar autocultivo de cannabis, en el marco de una investigación en desarrollo humano y adicciones.El 16 de abril de este año inició un ayuno indefinido por la criminalización que se hace de personas que deciden, en el ámbito privado y sin fines comerciales, cultivar marihuana para su uso sacramental, medicinal y recreativo, y ha puesto en peligro su propia vida, por lo que considera un derecho inalienable.

Nuestro Congreso no ha estado ausente de este debate. Cabe señalar que varios parlamentarios han levantado su voz de respaldo frente a esta demanda. Los senadores Fulvio Rossi, Alfonso De Urresti, Juan Pablo Letelier, Rabindranath Quinteros, Alejandro Guillier y Alejandro Navarro, han apoyado su causa.

También las y los diputados Vlado Mirósevic, Alberto Robles, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Karol Cariola, Guillemo Tellier, Marcelo Schilling, Leonardo Soto y Maya Fernández, han solidarizado con el siquiatra.

En una sociedad cada vez más abierta y globalizada, donde la conciencia sobre los derechos de las personas es más fuerte, y el respeto por las libertades individuales se profundizan, la existencia de un Estado penalizador de hábitos individuales inocuos, es anacrónico.

De hecho, si se comparan los efectos de la cannabis sativa con el alcohol y el cigarrillo, resulta ser menos dañina para la salud. Del mismo modo sucede con las drogas llamadas “lícitas”, como ansiolíticos, calmantes, adelgazantes, entre otros, que producen adicciones o efectos laterales.Basta comparar los índices de enfermedades y muertes que provocan los usos de las drogas legales, frente al consumo de la marihuana, que no tiene ningún índice de mortandad asociado.

Por eso, no es raro que actualmente sean cada vez más difundidos sus beneficios para la salud de enfermos de cáncer, glaucomas, problemas a los huesos, trastornos ansiolíticos, como también para el uso de productos cosméticos y tratamientos para la piel; e incluso, para enfermedades terminales, por su calidad de calmante y generador de apetito.

En este sentido, es importante señalar la constitución de la Mesa de Trabajo conformada por los Ministros José Antonio Gómez de Justicia, y Helia Molina de Salud; por los subsecretarios Mahmud Aleuy, del Interior y Antonio Frey, de Prevención del Delito; y la Directora del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Lidia Amarales, con el objeto de revisar la actual Ley de Drogas, y perfeccionarla.

En ese mismo sentido, comparto la opinión de la Ministra Molina acerca de definir la viabilidad del uso terapéutico y el autocultivo de la cannabis.

Tenemos que tener un enfoque racional sobre la materia, que incorpore la opinión ciudadana, y que sea eficiente, a través de una Ley que persiga a las mafias y a los traficantes, y no a las personas que individualmente optan por un consumo medicinal o recreativo, sin afectar la vida de terceros.

En este sentido, una de las iniciativas que mayor relevancia adquirió durante la Cuenta Pública el pasado 21 de mayo, fue el proyecto que despenaliza el aborto terapéutico en casos de violación, peligro de la vida de la madre e inviabilidad del feto. Situación que se permite en todos los países desarrollados del mundo.

Es más, Chile es uno de los seis países del orbe, que junto a El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Malta y el Vaticano, aún no es una opción, situación que nos deja en el subdesarrollo en temas valóricos.

Debemos entonces legislar con prontitud y con altura de miras, donde todos los sectores de la sociedad estén involucrados en este proyecto, que sin duda abre una opción válida y bajo el concepto de libertad, dando la posibilidad a la madre de elegir cuando se dan estos tres casos antes mencionados, respetando sus derechos sexuales y reproductivos.

Según la encuesta de la organización MILES, el 67% de las chilenas y chilenos está de acuerdo con el aborto terapéutico en caso de violación y aunque se desconocen datos precisos, según aproximaciones, entre 2008 y 2015 la tasa de abortos en Chile sería de 284.804 versus 661.430 embarazos, es decir, 2,2 fetos muertos por cada nacido vivo.

Esto nos indica que es urgente legislar, ya que terminaríamos de raíz con la clandestinidad, dado que aunque ilegal, esta práctica se realiza de igual manera y muchas veces sin los protocolos médicos adecuados, poniendo claramente en riesgo la salud de la progenitora.

Chile posee la mayor cantidad de embarazos interrumpidos de Latinoamérica, y las cifras basadas en registro de arrestos, muertes y egresos hospitalarios por dicha causa, hablan de 40.000 abortos clandestinos al año y una tasa de 50 por cada mil mujeres en edad fértil.

De hecho, durante mucho tiempo, el aborto fue la primera causa de muerte entre las mujeres chilenas. Es más, entre los años 2000-2004, de las 208 muertes maternas ocurridas, el 12% fue por abortos mal hechos.

En este sentido, el programa de la Presidenta Bachelet introduce el aborto en los tres casos que ya hemos mencionado.

En la cuenta pública del 21 de mayo, la mandataria dijo: “Periódicamente conocemos por las noticias casos de mujeres que se practican abortos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas y sin duda las marcan con una experiencia de dolor y angustia. Cada aborto en el país es una señal de que como sociedad hemos llegado tarde porque la prevención no tuvo los resultados deseados”.

Por lo tanto, Chile -tal como lo dijo la Presidenta- debe enfrentar en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad, debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en los tres casos que hemos señalado.

Este es un tema que ha estado presente en nuestro debate legislativo desde la vuelta a la democracia. De hecho, el aborto terapéutico fue legal hasta el término de la dictadura militar, y nunca se levantaron voces de la derecha, ni de ningún credo religioso para oponerse. Sin embargo, antes que comenzara el primer gobierno democrático, este derecho fue derogado por los militares, y hasta hoy, no hemos podido ni siquiera aprobar la idea de legislar.

Más aún, tenemos seis iniciativas legislativas entre la Cámara de Diputados y el Senado. Es por ello que no partimos de cero, y tal como lo ha indicado la propia Presidenta Bachelet, la Ministra de la SEGPRES, Ximena Rincón, y el Ministro de la SEGEGOB, Álvaro Elizalde, más que un nuevo proyecto, el Ejecutivo evaluará las mociones existentes y a partir de ello, definirá el apoyo a éstas.

La discusión ha sido ardua desde el primer minuto, pero creo que el diálogo es imperioso y la pedagogía a la hora de explicar, también. Como Presidenta del Senado propiciaré siempre el consenso y escucharemos cada uno de los planteamientos de la Iglesia Católica, Evangélica y todos los credos religiosos, así como también los planteamientos de la UDI y la oposición en general.

Lo importante es no caricaturizar el debate, sino que alcanzar un acuerdo sensato que el país está esperando.Es un proyecto necesario y urgente.Queremos velar por la salud de las mujeres, y es importante que se entienda que nadie está promoviendo el aborto, sino que queremos que exista la opción en caso de peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación, para cualquier mujer que se vea enfrentada a estas tres situaciones dramáticas.

Hemos escuchado muchas voces que se oponen y están en su pleno derecho, pero quienes pensamos distinto bregaremos porque exista la libertad de decidir para las mujeres en Chile. Como ya lo dijeron las mujeres italianas cuando luchaban por este derecho “el aborto es un drama, no hagamos de ello una tragedia”.

Su razón de ser precisamente está en la existencia de pequeños mineros, por tanto ésta es una relación inseparable y que debe ser virtuosa para ambas partes.

Son más de mil cien los pequeños y medianos productores mineros que trabajan con ENAMI. Así, la empresa durante el año 2013 implementó programas de fomento por más de 13 millones de dólares, que van desde el reconocimiento de recursos hasta el apoyo a la producción segura, aportando directamente al desarrollo sustentable del sector y con ello, a la generación de empleo y al crecimiento económico local y nacional.

La ENAMI es una empresa importante e indispensable para Chile, es por ello, que es apremiante recobrar las confianzas que se han visto disminuidas a lo largo de los años, por la poca transparencia en procesos claves para los mineros.

Se ha generado una cultura de la desconfianza que afecta significativamente las relaciones de y con la empresa. Por ello, es esencial que lo abordemos con alturas de miras y con la capacidad de escucharse, en un diálogo fecundo que sin lugar a dudas sería beneficioso para ambas partes.

Lo anterior requiere reforzar dos áreas claves de ENAMI: el reordenamiento de sus prioridades y su reestructuración para la modernización. Corresponde una adecuación a estos tiempos y los que vendrán en el ciclo del Cobre, donde claramente los mineros y también los trabajadores de la empresa, juegan un papel preponderante a la hora de establecer el futuro de la pequeña y mediana minería en nuestro país.

La buena noticia es que la nueva ministra de Minería Aurora Williams, conoce en detalle este diagnóstico, es consciente tanto de las virtudes como de las debilidades de ENAMI y, se ha propuesto decididamente a afrontar los desafíos que requiere esta etapa para la empresa. En esta tarea, la acompaña Roberto de Groote, como Vicepresidente Ejecutivo, en quien confiamos que sabrá llevar adelante todos los cambios que sean necesarios.

En este camino hacia un nuevo ciclo de ENAMI, la Presidenta Michelle Bachelet retiró el proyecto de ley sobre Gobierno Corporativo enviado por la administración anterior, en su último día de gobierno. La idea es convocar a todos los actores a un debate que permita mejorar sustancialmente la propuesta y hacer esto de forma participativa, con todos los actores involucrados.

De acuerdo a lo señalado por la ministra Williams, está centrada en potenciar el rol de fomento de ENAMI, retomar la senda de la eficiencia operacional y ser un real y fuerte aporte al sector de la pequeña y mediana minería, tan trascendentes para la economía del país.

De esta manera, en el Gobierno Corporativo de ENAMI es clave que el directorio tenga la independencia necesaria para abordar las necesidades de la industria con una mirada modernizadora, con personas que conozcan el proceso productivo y las necesidades del sector.

Desde la Presidencia del Senado, procuraremos que la pequeña y la mediana minería continúen avanzando en prácticas que promuevan el desarrollo sustentable, acorde a los actuales desafíos sociales y ambientales que tenemos como país.

Hoy existe un amplio consenso en todos los sectores políticos, sociales, académicos e incluso en parte importante del mundo empresarial, que ha llegado el momento de hacer cambios significativos a nuestra estructura tributaria. Esto es una buena noticia para Chile y allana el camino a una discusión con altura de miras, poniendo el bien común por delante de intereses particulares.

Esta reforma nos permite pensar en un nuevo contrato social, en el cual la justicia y la equidad son valores que toman forma y contenido en el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan por un mejor país para sus ciudadanos.Un país donde el interés colectivo es prioridad, donde entendemos que la educación es el motor de la movilidad social, que premia el esfuerzo, y hace que nuestro futuro no dependa solo de la cuna donde nacimos.

Todos hemos sido testigos de cómo la ciudadanía se ha movilizado, adquiriendo mayor protagonismo en las decisiones y en el rumbo de la política, exigiendo mayor participación y derechos. Ciertamente este escenario -que algunos llaman el nuevo ciclo- es una oportunidad que no podemos perder.

De acuerdo a lo expuesto por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, el patrimonio fiscal que hemos construido como nación nos ha costado y tenemos que velar por el. Así, cuando hablamos de responsabilidad fiscal estamos considerando un programa de gobierno que en régimen cuesta US$ 15.100 millones, y esperamos que la reforma tributaria recaude US$ 8.200 millones, correspondiente al 3% del PIB.

En líneas generales, la iniciativa del gobierno propone aumentar el impuesto a las empresas de un 20% a un 25%. Este aumento nos acerca a la carga tributaria de los países desarrollados y no afecta la inversión privada, factor esencial en el crecimiento y el empleo, dos variables que no debemos descuidar al definir estos cambios estructurales.

Asimismo, es relevante incentivar el ahorro de las personas y de las empresas, por tanto el desafío de la reforma es modernizar los mecanismos que se ponen a disposición para este fin.

También se ha hablado mucho de la eliminación del FUT y es importante saber que es un mecanismo único en el mundo, que permite a los dueños de las empresas tributar solo por las utilidades retiradas y no por el total de las utilidades generadas por sus empresas.

Un instrumento anacrónico y que genera disparidades entre la tributación de las personas y el capital que debe ser corregido.Es por ello que se busca eliminarlo, para lo cual se discutirá el cómo lo haremos y también, cómo garantizaremos nuevos mecanismos que estimulen la inversión.

Estos objetivos propuestos son muy claros y precisos, conocidos por todos, y forman parte del programa de gobierno, que la ciudadanía apoyó en forma mayoritaria: son entonces los ciudadanos quienes legitimaron esta propuesta en las urnas, que es el mejor mecanismo democrático para validar las transformaciones profundas que queremos efectuar.

Esta reforma busca generar condiciones tributarias más equitativas entre las personas y las empresas, aumentando el impuesto a las empresas y rebajando gradualmente el tributo a las personas. De igual forma, busca recaudar el financiamiento necesario para la Reforma Educacional, eje clave para tener una nación que dé oportunidades, independiente de la situación económica de cada cual.

La actividad económica de nuestro país depende principalmente de las empresas, ciertamente de las grandes, pero también de miles de medianas, pequeñas y microempresas, que con su esfuerzo aportan al crecimiento del país. Es por esto que la Reforma Tributaria, no es contra los empresarios, sino por el contrario debemos convocarlos en esta tarea que es de todas y todos.

A comienzos de abril iniciaremos un proceso deliberativo en el Congreso, al cual están invitados todos los actores a participar, enriqueciendo la discusión con las diversas miradas que legítimamente sostienen los distintos sectores de nuestra sociedad.

Esto tiene un alto sentido histórico y además simbólico para la igualdad de género.

Estoy segura que todas las mujeres de Chile, de cualquier tendencia política, se han sentido orgullosas de vernos cuando le entregué la banda presidencial a la Presidenta y nos abrazamos para felicitarnos mutuamente. Espero que sea una señal para que sigamos avanzando y abriendo pasos para ir eliminando la discriminación contra la mujer, en tantos ámbitos que hasta hoy se expresan en nuestra sociedad.

De hecho, en la primera sesión como Presidenta del Senado, tuve que indicarle a un senador que tenían que decirme “señora Presidenta”, porque es muy fuerte la impronta masculina que se impone hasta en el lenguaje diario. Sé que es un tema cultural, pero sólo si lo hacemos evidente podemos cambiar, incluso en los ámbitos cotidianos de trato y convivencia.

Nuestro país sigue siendo uno de los más retrasados en igualdad de género en América Latina.

En el Parlamento, de 38 senadores, sólo seis somos mujeres; es decir corresponde a un 15,8%. De 120 diputados, 19 son mujeres, que igualmente corresponde al 15,8%. Este porcentaje de participación política está muy por debajo de la media latinoamericana y también europea.

Hace muy poco tiempo que el Poder Judicial ha elegido ministras mujeres en la Corte Suprema.Nunca hemos tenido una Contralora General, por ejemplo.En los directorios de empresas y bancos, hay muy pocas. En el Banco Central, sólo una vez tuvimos una mujer.

En política, sucede lo mismo. No tenemos ninguna presidenta de partidos.El Partido Socialista de Chile, en su último Congreso acordó que la paridad sería completa, es decir que un 50% de representación es para las mujeres y el otro 50% para los hombres.

Esto se cumple en todos los niveles directivos: nacional, regional y comunal, siendo el primero y único partido que lo ha sancionado así. En los otros partidos, probablemente el PPD es el que más se acerca, pero no hay ningún otro que tenga establecido por reglamento la equidad de género.

Por otra parte, aunque la ocupación laboral de las mujeres ha aumentado, sigue siendo de las más bajas de América Latina, con un 48%. Los empleos son de menor calidad, la mujer sigue ganando menos, y una parte importante de los trabajos están referidos a labores domésticas, y aunque las mujeres tengan altos estudios, no se traduce necesariamente en el acceso a altos cargos y mejores remuneraciones.

El anterior gobierno retrocedió en materia de igualdad de género. Según el Informe de Igualdad de Género del Foro Económico Mundial, de un total de 136 países, Chile descendió desde el puesto 46 –que ocupaba el año 2010- al 91, en el 2013, y ello está marcado por la baja en la participación política de las mujeres, como por su participación económica.

Esto último se debe a que la participación laboral se ha concentrado en trabajos precarios y de muy bajas remuneraciones. Además, las mujeres siguen siendo las que se ocupan fundamentalmente de los cuidados de los hijos, los ancianos y los enfermos, obligando muchas veces a perder posibilidades de trabajos de tiempo completo o que requieren una dedicación que no permite la un trabajo flexible.

También mucho se ha hablado de las posibilidades de los trabajos realizados en casa, pero ello igualmente implica que, por una parte, las mujeres dispongan de ayuda doméstica, como también de uso y acceso a las tecnologías de información y comunicación, donde también las mujeres están en desventaja respecto a los hombres, en nuestro país.

Otro de los aspectos más preocupantes es el relativo a la violencia contra la mujer.

Es efectivo que este flagelo se ha visibilizado mucho más que antes, porque se mantenía muchas veces en la intimidad de los hogares, e incluso hemos detectado que es un problema transversal en las clases sociales.Hoy ostentamos una cifra muy preocupante, que es que tenemos un femicidio semanal en Chile.Esta es una cifra vergonzosa, especialmente cuando los principales victimarios son las propias parejas e incluso hijos varones que cometen estos crímenes.

Tampoco fue posible que en el gabinete de la Presidenta Bachelet se lograra la paridad, considerando la complejidad de tener representación de los siete partidos que forman parte de la Nueva Mayoría, y aún así esperamos que podamos avanzar a través del SERNAM en promover más y mejores políticas a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Desde la Presidencia del Senado buscaré promover y apoyar los proyectos que beneficien y nos permitan avanzar en una real equidad de género, tales como una Ley de Cuotas que nos posibilite una más amplia participación política de las mujeres; en el aborto terapéutico para la autonomía sobre el cuerpo de cada mujer; en la promoción de mejores condiciones para el acceso laboral y en todas aquellas materias que permitan que continuemos avanzando a una senda que nos trazó la Presidenta Bachelet, desde su primer gobierno en el 2006.