Dentro de las peticiones de cambio y críticas que Bergoglio hace en su escrito se encuentran los modernos estilos de vida en que prima el consumo desmesurado y las estructuras de poder que mandatan una producción indiscriminada de recursos y mano de obra.

Junto a la gran deuda ecológica que tiene la sociedad hacia la Tierra, el Papa también habla de “rechazo a los poderosos”, “una general indiferencia”, “fracaso” de las cumbres mundiales, y por cierto también menciona, como un gran factor a considerar, la “lentitud de la política y de las empresas”.

Existen cifras que precisamente nos hablan de que ya es tiempo de pasar a la acción. Un ejemplo: 750 millones de personas aun esperan tener acceso a agua potable de calidad y 2,5 mil millones de personas siguen sin acceso a servicios sanitarios.

Gobiernos, organismos internacionales y otras autoridades –como el Papa– hablan de un anhelado y necesario  Desarrollo Sostenible junto a una estrategia que nos permita dar buen y correcto uso a los recursos naturales y humanos que disponemos. Sin embargo, la impaciencia y desconfianza en el otro nublan estos propósitos que deben proyectarse a largo plazo.

Si bien Chile es responsable del 0,3% de las emisiones a nivel mundial y nuestras emisiones per cápita son menos de la mitad de los países miembros de la OCDE, no podemos dejar fuera nuestro aporte a la sostenibilidad en términos ambientales. Por lo mismo, ya reafirmamos el compromiso voluntario de reducir emisiones en un 20% al 2020. Esperemos no quedarnos en las buenas intenciones y que durante la COP 21 a realizarse en París se logren acuerdos vinculantes.

El ámbito social también forma parte importante de la encíclica de Bergoglio. Temas como el trabajo infantil, la indiferencia al aumento de migrantes alrededor del mundo, críticas por las desconsideraciones morales y éticas con que las empresas “se desesperan por el rédito económico” y los políticos “por conservar o acrecentar el poder y no por preservar el medio ambiente y cuidar a los más débiles” estremecen y nos obligan a mirarnos y repensar nuestro actuar.

Aterrizando parte de dicha realidad a nuestro país, podemos decir que 2,1% de la población nacional está compuesta de inmigrantes, según última Casen y 197.743 menores de edad–un 5,9% del total– se encuentra trabajando en condiciones peligrosas, según datos de la Encuesta de Actividades Económicas de Niños, Niñas y Adolescentes en Chile.

Existe conocimiento y conciencia de este diagnóstico y de que es momento clave para generar soluciones que vayan en pos de un desarrollo sostenible transversal para cada país; sin embargo, ni cumbres, ni discursos, ni promesas han transformado nuestros hábitos en cada paso de la cadena de valor: ni como consumidor, productor, proveedor, ni tampoco como ciudadano.

Las duras palabras del Papa Francisco reflejan que como sociedad hemos dejado de lado nuestros deberes para con “la Casa de Todos”; es nuestra responsabilidad enfrentar la urgencia que vemos a nuestro alrededor. Desde ACCIÓN comunidad de empresas que representan un 13% del PIB chileno, así lo entendemos, y por ello trabajamos cada día: para contribuir a un Chile desarrollado, sostenible e inclusivo.

Sin embargo, la encuesta Casen realizada en 2013 en nuestro país, confirmó que la brecha salarial entre hombres y mujeres aumentó en un 25% respecto al año 2011, es decir, llegamos  a una diferencia de $125.086 por la misma labor realizada. Y más aún, según cifras que se dieron a conocer hace sólo algunos días, esta brecha aumenta cuando las mujeres están mejor preparadas académicamente.

Así lo evidencia la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE (NESI), que asegura que en Chile una mujer con pos grado gana -en promedio- 26, 3% menos que un hombre con las mismas credenciales académicas. “Nada nuevo”, dirá usted, y lamentablemente, así  es.

Y es que a pesar de que la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo no es una realidad ajena a casi ningún país del mundo, pocos han sido capaces de equiparar las condiciones en las que éstas se desempeñan.  Es por eso que celebramos los pequeños avances como si fueran grandes conquistas, ya que quizás la causa de la igualdad de género sea la más universal de las batallas, considerando que representan más del 50% de la población mundial.

Alcanzar la equidad de género requiere desarticular una compleja trama económico-socio-cultural, lo que hace estériles los esfuerzos aislados. Creer que esto se arregla sólo con nuevas leyes es tan ilusorio como pretender que las propias fuerzas de mercado nos llevarán a buen puerto.

Se requiere de fuertes liderazgos que impulsen un cambio en la cultura y en las prácticas en aspectos tan diversos y complejos como los roles familiares de hombres y mujeres, la organización del trabajo, la noción de autoridad y la mirada sobre “lo femenino” y “lo masculino”.

Por esta razón, cualquier avance en esta materia requiere tanto de un fuerte involucramiento de la sociedad civil organizada como de “golpes de timón” en los directorios de las empresas, complementando los esfuerzos de las políticas públicas. En ese marco, con seguridad el mercado hará su parte.

Desde  nuestro quehacer, impulsamos la equidad de género como un factor de prosperidad económica pero también como una cuestión de justicia, porque tal como declaró Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial, “como humanidad, también tenemos la obligación de garantizar que existan valores equilibrados”.

Y mientras recibimos otro 8 de marzo reflexionando sobre el deber ser y sobre las deudas que como sociedad no hemos sido capaces de saldar, esperamos que la sentencia poca auspiciosa hecha por el mismo Foro Económico Mundial -el que a raíz de su Informe de Brecha de Género Global 2014- en que sentencia que “si las condiciones continúan siendo las mismas, cerrar por completo la brecha de género le tomará al mundo 81 años”, no sea el final al que hacía referencia la directora ejecutiva de ONU Mujeres en esa rueda de prensa, ya que en ese caso el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres será  una vía que tenga fin, pero uno que no veremos ni nosotros y probablemente nuestros hijos.

Entonces, me pregunto, ¿qué entendemos por paridad de género? ¿Que gozamos igualdad de acceso a oportunidades en general? ¿Qué nos desenvolvemos de igual manera en nuestros respectivos roles? ¿Qué nuestras capacidades son las mismas? Porque, si aterrizamos el dato global a la realidad, pareciera que siempre habrá una brecha que nos separe.

Si bien en educación y salud Chile es considerado un país bastante equitativo entre hombres y mujeres –lugares 30 y 36, respectivamente–, es nuevamente en la dimensión económica donde protagonizamos los peores resultados.

Por supuesto, los países nórdicos lideran el estudio, siendo Islandia, Finlandia y Noruega los primeros en subir al podio. Sin embargo, eso no siempre fue así. Incluso los países más desarrollados han debido aplicar medidas que tracen un camino de igualdad en todo ámbito, ya sea político, económico o social. Por ejemplo, la ley de cuotas parlamentaria implementada en Noruega, que luego de lograr de forma natural la participación y validación de la mujer en la política fue eliminada.

Un país como Chile, miembro de la OECD que busca y gusta ser comparado con las naciones más desarrolladas debe ser capaz de estar a la altura de sus “colegas” y no sólo parecer, sino que también ser.

Para eso necesitamos actuar y no sólo profesar una igualdad que por ahora sigue siendo inexistente. Una sociedad chilena más democrática entre hombres y mujeres requiere de una mirada a largo plazo con objetivos específicos que nos permitan identificar las medidas concretas y particulares acordes a nuestra realidad e idiosincrasia.

Una iniciativa que ha contado con apoyo desde los diferentes sectores políticos es la creación del ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, aún en trámite en el Congreso. Sin embargo, este tipo de acciones que tienen por objetivo velar por la promoción de la equidad de género y luchar contra todo tipo de discriminación hacia la mujer no deben quedar circunscritas al mundo público. El privado también tiene que subirse al carro de la equidad, ya que no sólo se trata de la brecha salarial, sino que se debe permear los más variados ámbitos laborales y cotidianos.

Estas diferencias afectan de forma transversal a todo tipo de trabajadora; de hecho, de los directorios de las empresas que componen el  IPSA, apenas el 3% son mujeres. Cifras como éstas, están lejos de reflejar la igualdad que añoramos para Chile.

Desde ACCIÓN –comunidad de empresas comprometidas con el Desarrollo Sostenible y que representan el 13% del PIB chileno–, una de las iniciativas en las que trabajamos con mucho ahínco es en el Programa +Diversidad, que busca consolidar un mercado laboral inclusivo y meritocrático terminando con cualquier tipo de discriminación y brechas injustificables entre profesionales de igual capacidad.

Ya tenemos 23 compañías comprometidas con trabajar con políticas y prácticas de transformación cultural, número que esperamos crezca este año porque es sumamente importante lo que pueden hacer las empresas públicas y privadas en este ámbito.

Algunos detractores rechazan el hecho de difundir un estereotipo de las personas con discapacidad, como seres pasivos, sujetos de caridad, y otros cuestionan el rol de las empresas, ya que asocian el ruido comunicacional con acciones de marketing y limpieza de imagen.

Si bien el escepticismo que plantean estos puntos de vista es válido, creo que es importante ampliar la discusión y mirar el tema de la inclusión de las personas de discapacidad en el largo plazo. En concreto, las empresas tienen un rol que va más allá de la donación y el apoyo a una campaña bianual que dura 27 horas o “dos jornadas de amor” y se concentra en la rehabilitación de niños con discapacidad motriz, ya que en Chile, casi el 13% de la población –unos dos millones de personas–  vive con alguna discapacidad.

Lo cierto es que no contamos con políticas públicas de rehabilitación, mucho menos una cultura que habilite y no restrinja las posibilidades de quienes ya tienen dificultades sensoriales, motrices o cognitivas.

Desde la perspectiva empresarial y de las compañías que gestionan la sostenibilidad en su estrategia de negocios, las personas con discapacidad representan una tremenda oportunidad, como empleados, clientes o proveedores.

Los esfuerzos de habilitación y rehabilitación que hacen diversas organizaciones, incluido el Instituto Teletón, quedan truncos si otras instituciones sociales no cumplen su papel en el fomento de la inclusión: escuelas, institutos profesionales, universidades, empresas, organismos públicos. La triste realidad es que, según datos del Senadis (2004), de la población mayor de 15 años que presenta discapacidad sólo el 29,2% realiza trabajo remunerado.

Abrir espacios laborales a personas con discapacidad no es fácil. Requiere superar miedos, prejuicios y tener la fuerza para atreverse a realizar procesos de transformación cultural que no se logran de un día a la mañana. Implica pedir cambios a quienes acostumbran a trabajar entre iguales y también exigir cualidades y estándares profesionales a quienes se incorporan, para que su valía esté en el mérito y no en la solidaridad.  Precisamente ése es el foco del programa +Diversidad de Acción, cuyo objetivo es incentivar un mercado laboral integrador y meritocrático que derribe las barreras sociales.

A lo largo de este año –el primero del programa– ya van 23 empresas adheridas, las que trabajan la gestión de la diversidad con estándares de vanguardia y como un valor al interior de la compañía, contribuyendo de este modo a forjar un Chile inclusivo, en el que se valore el ser diferente. Desde estas experiencias concretas, esperamos contribuir a la superación de las barreras que hoy existen.

Las repercusiones públicas de la denuncia interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos por infracciones tributarias en contra de los socios del grupo Penta fue tema de una encuesta realizada recientemente por Radio Cooperativa, Imaginacción y la Universidad Central. Sus resultados son reveladores: un 73,5 por ciento de los sondeados no está de acuerdo con que las empresas donen dinero a candidatos para sus campañas políticas, mientras que un 82,4 por ciento cree que el Estado no debe financiarlos y cada partido debe resolver cómo financia sus actividades.

Confluyen estas opiniones en un dilema complejo. Es claro que el ámbito cuestionado es la influencia de las empresas sobre decisiones políticas y regulatorias. Pero la solución que se desprende del sentir mayoritario de los encuestados – de no disponer de fondos públicos para estas actividades –  deja abierta la puerta a espacios de influencia mucho más opacos y desregulados.

A riesgo de impopularidad, me atrevo a decir que “la calle” en este caso se expresa más desde las vísceras y su desconfianza aprendida que de una racionalidad constructiva.

El financiamiento a los partidos políticos se justificaría desde la mirada de la RSE como un aporte de las empresas al fortalecimiento de la democracia en la sociedad que las acoge, en una mirada de largo plazo.

En esta  perspectiva, probablemente ingenua para muchos, el aporte financiero debería apuntar fundamentalmente a partidos y no a candidatos. Y aun más, el financiamiento de cada empresa debiera beneficiar a todo el espectro de partidos legalmente constituidos, bajo la certeza de que lo importante es la representatividad ciudadana en un sistema con instituciones sólidas. Esto permitiría despejar la sospecha de que “el poder del dinero” intenta influir en decisiones políticas contingentes de corto plazo, pensando en su beneficio particular.

En Estados Unidos, país donde los electores votan más por candidatos que por partidos, la contribución de empresas y personas constituye una de las principales fuentes de financiamiento, por lo cual existe un sistema de transparencia activa muy exigente, que permite la fiscalización ciudadana del origen de los fondos y sus destinatarios mediante sistemas electrónicos que operan antes, durante y después de las elecciones.

En el Reino Unido, el financiamiento público es bajo, pero las contribuciones privadas y el gasto quedan bajo un estricto escrutinio. El financiamiento público de las campañas políticas ha sido la opción de Alemania, Canadá y Nueva Zelandia, países donde el sistema político se sustenta en los partidos,  y también de México, país que realizó una reforma del sistema debido a la corrupción y el narcotráfico.

La vinculación entre partidos políticos, candidatos y empresas requiere un debate de fondo en nuestro país, en el cual se considere la dinámica de poder e influencia y se asuma el gran desafío que es construir confianza en las instituciones que mueven nuestra sociedad.

Se trata, sin duda, de una trama delicada y llena de desafíos éticos, pues entre los ciudadanos y los consumidores está instalada la desconfianza y el escepticismo. De ahí que la transparencia y la probidad sean requisitos básicos para cualquier relación entre empresas y partidos políticos o candidatos.

Pero probablemente la polémica de sus palabras tenga más que ver con la interpretación de ellas que con su intención.Porque nadie puede, razonablemente, poner en duda que el desarrollo sostenible de una sociedad requiere de una institucionalidad sólida que no esté sometida permanentemente a los vaivenes de la contingencia política.

Decisiones estratégicas para el desarrollo sostenible de un país, que involucren pilares fundamentales relativos a la educación, la energía, la gestión de los recursos hídricos, la vivienda, -por nombrar sólo algunos- lógicamente requieren de continuidad en el tiempo para dar frutos.

Sin embargo, si por estabilidad política y económica entendemos invariabilidad de las leyes y regulaciones, ciertamente no es el camino adecuado.Probablemente algunos de los cuellos de botella más importantes para que Chile se desarrolle equilibrando las dimensiones económicas, sociales y ambientales, requieren de una renovación de las reglas.

Lo que otorga solidez a la institucionalidad es su legitimidad y eso se construye a través de un diálogo amplio y comprometido en el que participen sectores que representen las distintas sensibilidades, culturas e intereses que están en juego.

Y justamente, el principal obstáculo para que en Chile se tomen las decisiones adecuadas que nos permitan dar un salto importante hacia el desarrollo y asegurarnos una continuidad en esa dirección, es que aún no hemos consensuado una visión estratégica a 30 o 50 años, y tampoco hemos tenido una institucionalidad adecuada para velar por su implementación a lo largo del tiempo.

El recientemente creado Consejo Nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, en el que participan organizaciones sociales, empresariales y gubernamentales, puede cumplir un rol relevante en esta tarea.

¿Faltan actores? Es muy probable que sea necesario revisar ese aspecto, pero lo esencial es que se den señales políticas claras respecto a su legitimidad para constituirse en un espacio relevante para construir consensos que se plasmen en decisiones políticas.

Por ese camino tendremos la “estabilidad política y económica” que anhelan no sólo las empresas sino toda la sociedad chilena.