Tradicionalmente, la objeción a dichas designaciones apunta a su falta de preparación y conocimiento de los códigos diplomáticos que acompañan a su posición,donde podríamos incluir el limitado margen para publicar opiniones y/o tesis personales  sobre asuntos sensibles en la relación bilateral, más su utilización como refugio para camaradas que ya cumplieron su tarea en el frente o que, por diversas razones, es conveniente que salgan de la primera línea de la política (al menos por un tiempo). Lo cierto es que las cuotas para embajadores “políticos” han existido desde antiguo en diversas realidades de la región.

Al respecto,  quisiera rescatar otras razonesque permiten entender por qué esta impopular medida se mantiene en el tiempo.Aunque personalmente la entiendo como una regla excepcional -prefiero la abrumadora predominancia de miembros del Servicio Exterior en estos puestos-, su rápido repaso ofrece un necesario contrapunto para los más puristas.

1. Un embajador político puede tener mejor acceso a los pasillos del poder. Si el Estado receptor entiende que el enviado goza de llegada en los principales círculos del gobierno que representa, sus credenciales serán más que bienvenidas. Si a ello pudieran agregarse atributos adicionales como una elevada reputación política y/o intelectual, la posesión de redes de contacto con políticos del país al que arriba, un pasado común, etc., su nominación incluso será entendida como un gesto amistoso y de cercanía entre ambos gobiernos.

2. Las cancillerías son burocracias. No es necesario traer a colación a Max Webber o la “Red Hamlet” (la “Cancillería paralela” denunciada durante los primeros años del gobierno de Ricardo Lagos, supuestamente conformada para ayudar al entonces líder de la derecha, Joaquín Lavín) para saber que un ministerio de Relaciones Exteriores tiene los defectos, virtudes e intereses detectables en todas las grandes organizaciones burocráticas.  Así, un gobierno puede razonablemente justificar su pretensión en querer mantener una línea abierta con alguien de su entera confianza en países definidos como clave e independiente de la agenda burocrática.

3. Una buena escuela. Esta es quizás la menos usada de las razones: hay capitales en donde ocurre la vanguardia de la discusión política y estratégica, por lo que enviar a algún cuadro talentoso a ser parte de ella puede ser una importantísima inversión para el futuro del partido/coalición que gobierna.

Generar contactos con los mandamases de Beijing, aprender sobre la visión geopolítica rusa, o estar al tanto del debate migratorio en Europa son inversiones sub valoradas por nuestra élite política.

Las dos únicas alternativas, “Sí” y “No” sintetizan, por un lado, el anhelo del actual Partido Nacionalista Escocés de convertir al país en Estado independiente a partir del 2018; y, por otro lado, la alianza de las principales fuerzas políticas británicas que desean continuar con la actual configuración del Reino Unido.

Si bien éstos últimos confían en que la opción “No” será la mayoritaria, han tenido que asumir con preocupación que las tasas de apoyo a su causa salieron de una zona de confort: desde principios de agosto, diversas encuestas dan cuenta de la ligera tendencia al alza que marca el “Sí”, campaña que ya anota entre el 32% y el 42% de las simpatías en distintas mediciones.¿Será posible que ingleses y escoceses den término a más de 300 años de unión política? La clave está en los detalles del proceso.

Lo primero que hay que aclarar es por qué el gobierno británico aceptó la celebración de un referéndum de esta naturaleza. La autorización de consultas independentistas en una región administrativa no es una práctica común que los Estados generalmente adopten.

Sin embargo, cabe convenir que el Reino Unido posee una estructura política algo inusual.En efecto, las tradicionales categorías de Estado unitario o federal no explican del todo la unión de “naciones” que existe en las islas británicas bajo una sola corona y -siglos después- también en torno a un parlamento.

Quienes han estudiado su construcción política rescatan también la gran capacidad de resiliencia y adaptabilidad que han mostrado sus instituciones para hacer frente a enormes cambios, incluyendo dos guerras mundiales y la pérdida de enormes extensiones coloniales.

Es dentro de esos procesos que corresponde incluir la política de devolución de ciertos poderes legislativos que Londres ha emprendido no sólo con Edimburgo hace casi 15 años (y que hoy le permiten tener un gobierno y parlamento local), sino que también con Belfast y Cardiff, las respectivas capitales de Irlanda del Norte y Gales.

En ese sentido, el “Acuerdo de Edimburgo” suscrito el año 2012 entre el First Minister escocés, Alex Salmond, y el primer ministro británico, David Cameron, y qué selló la celebración del próximo referéndum debe entenderse dentro de este marco general de readaptación “pragmática” y política de devoluciones que ya ha empleado previamente el Reino Unido como vía de respuesta.

Pasemos a los temas que se han tomado el debate. El objetivo del gobierno de Salmond ha sido el de convencer a los votantes sobre la viabilidad y bienestar que vendría con el nacimiento del nuevo Estado.

A través de un “Libro Blanco” de 670 páginas publicado en noviembre del año pasado, los nacionalistas afirman que una Escocia independiente sería no sólo un Estado más democrático, más próspero y más equitativo en términos de distribución del ingreso que la condición que actualmente sostienen al interior del Reino Unido -una sociedad igualitaria a la “nórdica” es el modelo que recurrentemente aparece como analogía-, sino que además rápidamente se situarían como una de las naciones con mejor ingreso per cápita del mundo, gracias a los ingresos del petróleo, el turismo y su bebida estrella, el whisky.

El pilar bajo el cual descansa tal promesa de bienestar está fundamentalmente en los ingresos fiscales provenientes por la explotación del petróleo del Mar del Norte, los que hoy son controlados por Westminster.

Una ‘línea media’ divisoria de la plataforma continental del Reino Unido dejaría a Escocia con el control del 96% de la actual producción de petróleo en alta mar y el 52% de la producción de gas, lo que equivaldría al 57% de las reservas de petróleo de la Unión Europea (recordemos que Noruega no es miembro de la Unión).

Algunas proyecciones estiman que los ingresos de Edimburgo por la explotación de los hidrocarburos alcanzarían los 88 mil millones de libras, aunque analistas más cautos matizan dichas proyecciones señalando que los ingresos tributarios que recaudaría el gobierno escocés están asociados al volátil valor del commodity en el mercado.

Además, en Londres podrían argumentar diversos motivos para exigir que la cuota de repartición sea más favorable que la anhelada por los nacionalistas.

Otro de los temas que ha estado muy presente tiene que ver con la moneda a adoptar. El “Libro Blanco” propone seguir con la libra esterlina y suscribir una unión monetaria con Londres asegurando, de paso, el escenario que prefieren la mayoría de los escoceses, quienes tienen poco interés en abrazar el euro u otra divisa.Sabiendo que este asunto es de su entero control Londres ha puesto en duda durante la campaña que dicho acuerdo pueda alcanzarse. Además, argumentan, ¿el hecho de depender de los lineamientos de un Banco Central “extranjero” no plantea una razonable duda sobre el valor de convertirse en Estado independiente?

Otro capítulo involucra a la defensa. Si bien los nacionalistas proponen mantener como Jefe de Estado a la corona británica, su plan señala la división de las actuales Fuerzas Armadas.Más importante aún, Edimburgo ha prometido que no permitirá que la actual plataforma de defensa nuclear submarina –conocida como Trident- continúe operando en sus aguas, algo que pondría entredicho el prestigio futuro del Reino Unido remanente, situación que no agrada para nada en Washington que ve a Londres como su socio más confiable en materias de seguridad internacional.

En uno de los temas en los que menos certeza hay es sobre la promesa de Edimburgo de ser aceptados exitosamente-y en breve plazo- en la Unión Europea.

Los nacionalistas escoceses argumentan que el proceso de reingreso será expedito, pues ya forman parte de la organización como ciudadanos británicos y sobre su territorio están vigentes todos los acuerdos de la Unión.

Sin embargo, tanto funcionarios de la Comisión Europea como representantes de los Estados miembros han enviado señales contradictorias sobre si, primero, Escocia debiese o no iniciar el proceso de adhesión desde cero y, segundo, qué chances tiene de ser aceptado como el Estado número 29. Todo indica que la inédita (re)postulación deberá ser formalizada como una solicitud más y, por ende, la duración de su tramitación -y su hipotética aceptación- dependerá de factores más bien políticos que legales,ya que no está claro que la unanimidad de los miembros actuales se incline favorablemente por su incorporación.

Por ejemplo, el asunto es de especial interés para España, preocupado por otorgar algún precedente que luego pueda ser planteado para la secesión de varias de sus comunidades, entre ellas Cataluña y el País Vasco.Así y todo, sería extraño que Bruselas fuese en contra de la clara y democrática voluntad expresada por los votantes escoceses.

La hipotética partida de Escocia también repercutiría en la política partidista del remanente del Reino Unido. En lo inmediato, alteraría el equilibrio político al interior del parlamento británico a niveles que obligarían a llevar a cabo una reforma significativa.

Y en lo relativo al equilibrio de fuerzas el remezón puede ser aún mayor: el electorado escocés elige hoy a 59 de los 650 parlamentarios que componen la Cámara de los Comunes, escaños que desaparecerían si el país logra la independencia. La supresión de estos escaños no pega a todos los partidos por igual ya que Escocia es un electorado decididamente laborista y, en muy menor medida, liberal demócrata.

Los conservadores están reducidos a la mínima expresión con sólo un parlamentario electo al norte de la frontera. Por el contrario, proyecciones realizadas sobre el electorado inglés indican que éste continuará siendo mayoritariamente conservador –incluso algo nacionalista y anti europeo si tomamos nota del crecimiento del polémico UKIP, el partido que prepara su abordaje a Westminster en las elecciones del año 2015-, por lo que la independencia de Escocia sería un golpe bajo la línea de flotación para sus tradicionales rivales laboristas.

A pesar que la matemática electoral podría ser favorable a su partido, el primer ministro David Cameron está decididamente a favor de la continuación de la Unión.“De corazón queremos que se queden” es su frase más común cuando se ha referido al tema y el “Mejor juntos” es el lema principal de la campaña del “No”.

Mal que mal el costo político para el gobierno que pierda el 32% de su territorio y cerca del 10% de su economía puede llegar a ser demasiado alto para soportarlo sin asumir una derrota en las próximas elecciones. Ni hablar del lugar que guardaría en la historia.

El anuncio quedó relegado a un segundo plano de la noticia a causa de los acuerdos en materia comercial y de cooperación que se suscribieron en la gira, más unas polémicas declaraciones alusivas a las lecciones que podemos rescatar de la experiencia angoleña en materias de integración femenina a las actividades parlamentarias, siendo un país con pobres indicadores democráticos.

Sin embargo, atender el citado respaldo sirve de caso para ofrecer algunos detalles -no siempre conocidos- del procedimiento de candidaturas ante el máximo organismo del Sistema de las Naciones Unidas (ONU), encargado de velar por la paz y seguridad internacionales.

Primero, hay que recordar ciertos elementos relativos a la composición del Consejo de Seguridad. Lo más conocido es que los quince miembros que lo componen se dividen en:

a) Los cinco que gozan un puesto de carácter permanente (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) y con poder de veto (ninguna resolución puede ser aprobada si al menos uno de ellos vota en contrario).

b) Los diez puestos reservados para miembros no permanentes, los que duran dos años y cuya composición se renueva por mitades de manera anual a través de elecciones celebradas en la Asamblea General de la organización, donde los 193 Estados miembros tienen derecho a un voto. Para resultar elegida una candidatura, ésta debe conseguir por lo menos una mayoría de dos tercios de los sufragios.

El segundo elemento del proceso apunta a que los nuevos integrantes del Consejo son elegidos de acuerdo a criterios proporcionales de representación regional. Así tenemos que los 193 países miembros se dividen en cinco grupos geográficos –África, Asia-Pacífico, Latinoamérica y el Caribe, Europa Oriental y Europa Occidental-, los que tienen un número exclusivo de puestos no permanentes, definidos fundamentalmente en razón de la cantidad de miembros que componen el bloque.

Por ejemplo, mientras el grupo africano (54 países miembros) y de Asia-Pacífico (53) tienen derecho a elegir tres representantes no permanentes, Latinoamérica y el Caribe –al cual Chile pertenece- sólo cuentan con dos escaños.

La justificación del arreglo por grupos regionales opera para todas las elecciones de los consejos ONU, y su justificación se basa en que se asume que las mayores afinidades e intereses se dan entre aliados regionales y, conjuntamente, permite a los órganos de la ONU configurarse en torno a una cantidad más acotada de participantes, lo que en principio mejora la eficiencia sin dejar de lado la representatividad de los países miembros que se quedan fuera.

Aunque la afinidad al interior de los grupos no necesariamente es una cualidad permanente, sí define mucho del trabajo tras bambalinas en la ONU ya que es al interior de estos grupos donde se discute y negocia internamente antes de lanzar cualquier propuesta o conversación fuera del bloque, incluyendo el tema de las candidaturas.

Un tercer detalle tiene que ver con los criterios de designación de candidatos al interior de los grupos. En la evaluación de las intencionesno sólo influye que éstas se comprometan a ser un buen representante del interés regional y el asegurar que se trabajará en pos de la misión de la organización y casi al mismo nivel, se consideran factores pragmáticos tales como el compromiso de apoyos cruzados a otras candidaturas a futuro; la rotación de la mayor cantidad de miembros posibles en el puesto y/o el nivel de contribución al presupuesto de ONU.

Volvamos al caso de Angola. Este año al grupo africano sólo le toca renovar uno de sus tres asientos: el que deja Rwanda el 31 de diciembre.

De momento, el país visitado por la presidente Michelle Bachelet es el único que ha manifestado su intención en competir por el puesto del grupo y probablemente ningún contendor salga a competirle.

¿Una deficiencia del sistema? Al verlo bajo el prisma democrático es evidente que estamos ante un problema, pero a casi tres meses de la elección esta situación de igual número de candidatos y cupos es más recurrente de lo que se podría pensar.

Basta con recordar la candidatura chilena el año 2013 y su exitosa campaña diplomática para persuadir a potenciales contendores para el cupo que liberaba en ese entonces Guatemala. Este año tal situación de un cupo-un candidato puede volver a ocurrir si tenemos en cuenta que Venezuela es, de momento, el único país de la región que ha indicado su interés por tomar el puesto que dejará Argentina.

Al revisar la prensa angoleña que cubrió la noticia es posible rescatar otro dato interesante.Comparado con las notas publicadas en Chile se percibe una ligera pero relevante diferencia en la manera de comunicar el mensaje entregado por Santiago: Chile no estaba anunciando nada nuevo, sino que reiteró un respaldo que habría sido entregado el año 2013, muy probablemente durante el proceso de promoción de nuestra candidatura al Consejo de Seguridad.

En aquel entonces nuestro país consiguió el exitoso endoso de los 54 países africanos, seguramente convenido a cambio de apoyos a futuras candidaturas y otros acuerdos. En materia internacional se suele decir que lo pactado obliga.

Por último, queda señalar que el apoyo chileno no ha sido el único que ha recibido Angola en el camino. El año pasado ya anunció respaldos de China, Rusia, los ocho países Comunidades de Países de Lengua Portuguesa (que incluye a Brasil y Portugal), más los quince países miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, organización que lidera Sudáfrica. Tenemos entonces un candidato convencido y que ha sabido convencer.

Esta breve revisión del caso no busca esconder los preocupantes flancos débiles del proceso, pero para solucionarlos primero hay que reconocer el campo en el que se maniobra: los organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad son en su esencia instancias políticas.

Y cuando una institución como ONU opera bajo criterios de selección corporativa (en este caso de tipo geográfico), favorece desproporcionadamente algunos países, o asegura la nominación de otros con discutibles credenciales gracias a compromisos de apoyos cruzados, lo que hace es generar dudas de credibilidad pública.

Y eso, a la larga, afecta su capacidad para cumplir el mandato entregado por sus miembros.

Si las negociaciones derivan finalmente en un incremento de las exportaciones a Rusia, el caso se vuelve uno de aquellos donde los principios e intereses de nuestra política exterior no necesariamente pueden terminar entonando la misma melodía.

Examinemos primero los principios. Nuestro país fija desde antiguo su orientación internacional a partir del respeto al derecho internacional, la integridad territorial, la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad de cooperar a fin de conseguir soluciones colectivas a problemas globales.

En ese sentido, respaldar las sanciones económicas que los países afectados han levantado contra Rusia pareciera ser la decisión más afinada.No debemos olvidar que éstos impusieron restricciones financieras, comerciales y de movimiento a ciertas personalidades para defender los mismos principios que nosotros consagramos y tras llegar a un amplio consenso en torno a las responsabilidades que le caben al gobierno de Vladimir Putin en la anexión ilegal de Crimea, la intromisión y desestabilización del este de Ucrania y, finalmente, en el trágico derribo de un avión comercial con más 298 pasajeros a bordo.

En contraste, las represalias comerciales anunciadas por Moscú no responderían a ninguna transgresión de dichas normas por parte de los afectados.Son sólo sanciones que responden a otras sanciones.

La otra cara de la moneda es el genuino interés de expandir el mercado para nuestros productos agropecuarios, cerrando nuevos negocios en un mercado tan grande y atractivo como el ruso, de casi 146 millones de habitantes (incluida la población de Crimea) y el que en el año 2013 importó productos de estos por un valor cercanos a losU$43 mil millones.

El caso, además, es un interesante ejemplo de la rápida adaptación con la que se mueven los actores que participan del comercio internacional, una de las actividades modernas que mejor apropió los atributos que llegaron con la globalización, y cuya dinámica ha sido hábilmente explotada por nuestros exportadores desde hace más de dos décadas.

La situación, asimismo, va en línea con el anhelo del actual gobierno por convertir al país en una potencia alimentaria mundial; política que busca inteligentemente diversificar nuestra oferta exportadora, aún muy dependiente de la minería cuprífera.

No hay que olvidar, igualmente, que el agro nacional es uno de los actores privados más atentos y reactivos a las coyunturas internacionales, tanto para bien (aumentar el volumen exportador ante la apertura de nuevos mercados), como para mal (caídas en el precio de las divisas o presiones proteccionistas).Es una oportunidad hecha para tomarla.

¿Cuál de los enfoques es el correcto? Creo que una combinación de ambos es la fórmula más adecuada.

Por un lado, el desenlace de la crisis de Ucrania alimentará el debate respecto al futuro del actual Orden Mundial: aquella estructura jerarquizada de valores liberales que guían las relaciones internacionales contemporáneas (protección de derechos individuales, promoción del comercio y profundización de la democracia), la cual está encabezada por los Estados Unidos (su diseñador), país que a cambio de asegurar su predominio ofrece un amplio espacio para que terceros colaboren en la construcción de reglas y consensos, disposición que estaría -en principio- asegurada con la fundación de instituciones ‘liberales’ de alcance global (ONU y otras).

La amenaza, señalan algunos, está en que el ascenso económico de China y las reacciones desafiantes de Rusia, entre otros fenómenos, aceleren su deterioro.

Por otro lado, se puede argumentar razonablemente que tomar la oportunidad exportadora que se abre no implica poner en cuestión los referidos principios de nuestra política exterior –bien hemos denunciado la violencia en Ucrania y, desde nuestro puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hemos apoyado la condena de la comunidad internacional.

También es defendible el argumento que señala que es legítimo demostrar cierto escepticismo sobre el papel de los Estados Unidos en el manejo de las relaciones internacionales y querer revisar alternativas.O quizás, si excluimos a Brasil del grupo, la capacidad de sustitución de importaciones que podemos ofrecer es más que limitada y no ofende a las principales potencias.

Para concluir, sí pondría el acento en dos elementos. Primero, advertir lo que acusan algunos analistas internacionales en el sentido que Rusia ha dejado de actuar ‘racionalmente’, por lo que cada vez toma más trabajo predecir las acciones futuras que se deciden en el Kremlin. Está por verse, entonces, si sus nuevas intenciones exportadoras con Latinoamérica son consistentes.

Segundo, evitaría hacer alardes de los posibles efectos positivos que puede tener en nuestra economía la expansión comercial. “Valorar” la oportunidad, como lo declaró esta semana un influyente integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, no es prudente ni justo con la historia de violencia y sangre de inocentes con la que arrastra la propuesta.