El acceso a una educación de calidad es un asunto de justicia y movilidad social ya que esta abre oportunidades para que cada uno, sobre la base de su propio esfuerzo y capacidad de superación, llegue a realizar sus sueños.

¿Quienes son los que tendrán acceso a una educación de calidad, sólo los que tiene padres que pueden y están dispuestos a financiarlos, o todos?

¿Quiénes son los que accederán a los tramos más altos de la Educación Superior, los que tienen familias con ingresos para mantenerlos en el sistema, o los con mayor capacidad, esfuerzo, mérito y excelencia académica?

Mucho del tipo de país que queremos se define en la respuesta a estas preguntas, y esperamos que la mayoría se pronuncie porque todos tengan acceso a la educación de calidad y que sean los con más mérito y excelencia académica, los que completen las mayores especializaciones.

Que la educación de calidad sea además universalmente gratuita es más discutible.

¿Por qué va a ser aceptable que los sectores con mayores ingresos vuelquen al Estado sus cargas y responsabilidades? Que pague Moya puede parecer atractivo, pero también puede llevar al desperdicio de recursos y a la redistribución regresiva de las rentas.

Al desperdicio porque cuando algo no cuesta no importa como se usa, o si se destruye, total siempre es posible conseguirlo de nuevo gratis.

Puede llevar a la redistribución regresiva, haciendo que el Estado subsidie a los grupos de mayores ingresos, como en el caso de las carreras universitarias tradicionales, a las que acceden principalmente los estratos de ingreso medios y altos, y que en todo caso dan elevados retornos pecuniarios a muchos de los que se educan en ellas.

El uso reiterado de ese principio de subsidiar al voleo y que pague Moya, trasladado a distintos servicios como la educación, la salud, la previsión, la seguridad, la vivienda, y otros termina por llevar a enormes déficit públicos, el sobre endeudamiento y la quiebra de los Estados.

Ejemplos sobran en Europa hoy día. Debemos cuidar los recursos del Estado y focalizarlos hacia dónde su uso es más eficiente para solucionar los problemas sociales.

El problema no es el ideal de justicia, es tratar de alcanzarlo pretendiendo que la Educación pueda ser un bien libre, es decir abundante hasta la saciedad, con precio cero, o gratuito.

Los bienes libres son una construcción teórica que en la práctica sólo existen como fenómenos locales o transitorios, como el buen aire de la costa central, o la vista de Santiago con la Cordillera nevada de telón de fondo.

La educación nunca va a ser un bien libre, siempre va a tener costos producirla que alguien va a tener que pagar y, si es de calidad, va a tener un valor alto para quienes la reciban y bien aprovechen.

El acceso universal a una educación de calidad es un bien público, que genera externalidades positivas para toda la sociedad: desarrolla valores y cultura, promueven la integración, mejora la productividad y favorece la movilidad y la justicia social.

Esto es lo que justifica la intervención del Estado para asegurar su provisión eficiente, y que no sea el precio del servicio el elemento de exclusión.

Todos los niños chilenos deben tener acceso a una educación de calidad, preescolar, básica, media e incluso técnico profesional. Pero para esto no es necesario ni conveniente que la educación sea gratuita para todos. Lo necesario es que sea subsidiada para quienes provienen de familias sin ingresos suficientes para pagarla o financiada cuando su retorno principal es privado.

Para que la educación subsidiada por el Estado sea de calidad comparable con la que se provee sin subsidio se deben remunerar a los recursos que intervienen en este proceso productivo de manera competitiva.

Así buenos profesores, gestores y también instalaciones y equipamientos adecuados pueden ser atraídos al sistema que funciona con subsidios del Estado.

También es necesaria la fiscalización, para que los recursos del Estado se utilicen bien y no sean malgastados por inescrupulosos que se enriquecen ilícitamente con ellos, sin entregar un servicio de calidad al educando; incluyendo a los que cobran un sueldo y sacan la vuelta, o no tienen las calificaciones requeridas para educar con los estándares de excelencia que buscamos.

Seamos prácticos, evitemos la ideologización del debate planteando que la burocratización de la educación en grandes instituciones públicas permitirá hacer de ella un bien libre.

Para una educación de calidad con acceso universal se necesitan más recursos aportados por el Estado, pero también su uso eficiente y bien focalizado.

La indignación se manifiesta en masivas protestas, marchas, tomas y en diversos grados de violencia contra quienes quieren seguir con sus actividades normales, pero les toca compartir tiempo y espacio con los manifestantes.

Son víctimas de ellas los estudiantes que quieren dedicarse a lo suyo y sus establecimiento son tomados; los comerciantes con negocios ubicados en las vías por las que pasa la manifestación, que dejan de vender o son saqueados; los transeúntes que simplemente quieren usar el espacio público para ir a alguna parte, hacer sus diligencias, o simplemente pasear; y todos los ciudadanos cuando estas terminan en destrozos, o peor aún con víctimas.

Para los chilenos los motivos de insatisfacción sobran. Los cargos abusivos a los deudores morosos de una multi tienda, los que formaban parte de un esquema de información fraudulenta para inflar resultados y precios de acciones.

Esto permitió jugosos premios a sus ejecutivos, y ganancias adicionales para algunos que además vendieron acciones a precios inflados.

Los que perdieron con este fraude fueron los deudores morosos que pagaron luego de ser unilateralmente renegociados, y los inversionistas que compraron acciones y bonos a precios inflados, incluyendo a los fondos de pensiones.

Por otra parte en la industria del transporte terrestre de pasajeros, se descubrió una maquinación colusiva entre dos empresas para impedir la operación de una tercera en terminales de provincia, y así poder mejor repartirse el mercado sin la molesta competencia de otros.

Eso no es simplemente una falta, es un crimen que atenta contra los derechos de los consumidores de servicios de transporte y los de otras empresas. Los culpables de estos fraudes y colusiones deberían ser severamente castigados, pero la experiencia pasada genera dudas razonables de que efectivamente se llegue a eso, haciendo cundir más la indignación.
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Los estudiantes piden educación gratuita y de calidad. Exigir gratuidad para todos no se justifica, pero si se justifica exigir calidad por el servicio que reciben.

Algunos estudiantes, los más pobres en la educación media y los de universidades o institutos “marginales” en la superior, son víctimas de un sistema que ha crecido explosivamente, pero con grandes carencias, nula supervisión y muy serias limitaciones en sus incentivos y gestión. Como resultado, ellos no están recibiendo la preparación que necesitan para tener éxito en el mercado laboral. Son víctimas de un fraude porque no reciben el servicio por el que están pagando.

Motivos de indignación no faltan porque vivimos en una sociedad que a pesar de sus muchos progresos continúa cruzada por problemas e inequidades, y hoy toca ver al vaso medio vacío.

Lamentablemente la indignación transformada en protesta, toma y marcha solo sirve de medio de expresión, pero por si sola nada soluciona, y crea otros costos para la sociedad.

La superación de los problemas e inequidades solo se consigue si la indignación se canaliza hacia la implementación de soluciones.

Con una reflexión serena y bien informada, para construir propuestas bien fundadas en el análisis objetivo y la evaluación de alternativas, para sobre ellas alcanzar acuerdos entre los distintos actores sociales. Las instituciones del Estado y los partidos políticos deberían ser capaces de canalizar estas inquietudes hacia el diseño e implementación de soluciones. .

Lo primero para tener en cuenta es que no existen soluciones mágicas que algunos pretenden tener. No es cuestión simplemente de querer superar los problemas y con voluntarismo imponer un sistema “perfecto”, dónde todos serían iguales, desaparecerían los intereses particulares, siendo la única motivación guía de la acción humana la búsqueda del bien común.

Ni la educación pública universal y gratuita es la solución, como tampoco lo son el transporte público universal y gratuito, ni el crédito de consumo universal y gratuito. El espejismo de este tipo de sistemas “universales y gratuitos” ha llevado a grandes tragedias, en las que no solo se ha perdido la prosperidad, sino también las libertades esenciales.

Las soluciones deben ser construidas sobre la base de acuerdos, y participación ciudadana con respeto a la ley y a los derechos de todos.

Tenemos una democracia que costó mucho reconquistar, que tiene imperfecciones, pero que requiere ser cuidada, mejorada, perfeccionada, pero nunca desechada. Este es el mecanismo que permite solucionar nuestros conflictos y avanzar en la superación de nuestros problemas, exigiendo el cumplimento de deberes y respetando los derechos de todos.

Todas las soluciones tienen costos alternativos y su efectividad será limitada, tardará en ser alcanzada y requerirá enmiendas y rectificaciones futuras.

Llevarlas adelante no solo necesita la reflexión para la propuesta, también la generosidad para el acuerdo. A ello se suma la dedicación, compromiso y trabajo mancomunado para implementarlas efectivamente incluyendo, muy principalmente, el de los más directamente afectados por los problemas.