No obstante lo anterior dentro del acápite de dicha ruta referida a la participación ciudadana y ordenamiento territorial hubiese sido interesante que se abordara lo relacionado al incentivo de la creación de cooperativas energéticas sobretodo en lugares donde se concentran los mayores niveles de desempleo y vulnerabilidad de nuestro centralizado Chile, donde el costo de la energía significa un grave problema de presupuesto familiar aun cuando en dichos lugares existen fuentes de generación de energía limpias y renovables.

Los altos costos de la electricidad que sin duda generan descontento en la población hacen viable la posibilidad real de que los ciudadanos se organicen y dejen de ser clientes de las grandes empresas eléctricas generadoras y transmisoras de energía y aspiren a ser parte como socios de cooperativas energéticas, de tal modo de cambiar el actual modelo energético existente por uno más limpio, incluyente en la toma de decisiones y por cierto descentralizado, que tenga como objetivo primordial comercializar la electricidad en forma más equitativa y 100% renovable en donde se gestiones en forma más autónoma y transparente la factura de pago del consumidor y se garantice el origen limpio y renovable el suministro.

En países desarrollados como Alemania y en otros miembros de la OECD esta alternativa ha dado buenos y eficientes resultados, en virtud de que las políticas energéticas y medioambientales a nivel gubernamental incentivan a la llamada democratización de la energía en donde se apunta directamente a que los consumidores generen su propia energía estrictamente necesaria que consumen y recuperen el control sobre un bien básico como lo es la energía y que en nuestro país aún es un bien manejado extremadamente en forma centralizada, desigual, excluyente, contaminante y con altos costos.

Es por ello que el actual gobierno que pretende dejar su sello ciudadano tiene las herramientas suficientes para incentivar la creación de cooperativas energéticas donde participen socios que tienen una conciencia sobre el uso eficiente de la energía y el cuidado del medio ambiente.

De tal modo que las políticas públicas en estas temáticas sean generadas a través de una óptima participación ciudadana y se reivindique un consumo energético limpio a través de la producción y comercialización de la energía no exclusivamente a través de holdings con grandes oficinas y suculentos sueldos de sus directorios que suben los precios de la electricidad entregando un servicio muy lejos de ser realmente sustentable afectando de sobremanera a la población que está por bajo a la tan vilipendiada cota 1000.

Sin embargo, para nuestro país que ostenta el grado de pertenecer al selecto grupo de países miembros de la OECD desarrollar “en profundis” las energías limpias y renovables aún es un tema que es considerado pendiente, ya que al parecer faltan tareas fundamentales que abordar y que dependen directamente del rol que cumpla el Estado, transformándose en garante de crecimiento sustentable que tenga como “leit motiv”marcar un liderazgo estratégico en el desarrollo del sector eléctrico y defina una política estratégica que involucre directamente a todos los actores de la sociedad civil y logre así incrementar en forma ascendente la inserción de las ERNC a la matriz energética nacional.

No obstante lo anterior los esfuerzos deben apuntar primordialmente a democratizar y descentralizar el sector eléctrico, permitiendo que el acceso a la energía sea un bien público y no un privilegio de pocos sobre todo con los altos costos de la energía que el consumidor debe pagar actualmente en contraposición con los costos asociados que pagan las empresas consumidoras de grandes cantidades de energía eléctrica

Por otra parte, se deben generar las instancias de una participación ciudadana y vinculante que tenga la legitimidad y oportunidad de discutir los temas de las políticas públicas que emerjan en materia energética y medioambiental que deriven directamente en el cuidado del medio ambiente y el uso eficiente de la energía.

Las actuales políticas públicas existentes en materia energética no pueden ser presentadas como un tema político más, ni tratarse bajo cuatro paredes y con actores seleccionados, sino que deben sociabilizarse en pos de que la verdadera transición y transformación energética opere bajo los principios de la responsabilidad social y ambiental, logrando equidad y eficiencia en la distribución de los costos asociados.

Es fundamental que nuestro país en un mediano plazo sea capaz de sobrellevar una soberanía energética sustentable amparada con una ciudadanía empoderada que se sienta incluida y vinculada con el poder decisional del crecimiento de Chile.

Este hecho sin duda dejó de manifiesto el poder de la ciudadanía organizada que fue capaz de manejar la agenda energética y medioambiental entre el período 2010 y comienzos del 2014.

Este antecedente no quiere decir que la Presidenta Bachelet tenga que lidiar con una ciudadanía más calmada por el solo hecho de un cambio de coalición gobernante, sino que al contrario tendrá que dialogar con movimientos sociales mucho más empoderados y organizados, por tanto la eventual discusión y evaluación de megaproyectos impopulares como Hidroaysén y Río Cuervo, entre otros, traerá más de algún dolor de cabeza al nuevo equipo ministerial.

Es por ello que se hace fundamental para la nueva administración dar cumplimiento cabal a su programa de gobierno presentado a la ciudadanía en tiempos de campaña, de sobremanera en lo referido a la diversificación de la matriz energética del país a través del desarrollo y uso de las ERNC (Energías Renovables No Convencionales).

Por tanto el nuevo gobierno no podrá hacer caso omiso a aquellos temas que los movimientos sociales pusieron en el tapete en la administración Piñera y que aún están pendientes de respuesta, como son la ley general de servicios eléctricos, la democratización de la ENE (Estrategia Nacional de Energía), el Net Metering (llamado por algunos Net Bullyng), entre otros.

Si la Nueva Mayoría pretende hacer un gobierno ciudadano y cercano a la gente al menos en materia energética deberá apuntar a proyectos que ayuden y potencien la EE (Eficiencia Energética) y el desarrollo de las ERNC, de tal modo que verdaderamente hagan de Chile un país sustentable y que sea capaz de incluir a la ciudadanía en la discusión y confección de una agenda programática.

Actualmente gran parte de la demanda energética es indirecta y por lo tanto la reducción de las pérdidas de energía, de forma extensa y completa, implica considerar también los usos indirectos de energía.

Eso conduce sin duda a una revisión del estilo de desarrollo que se lleva de sobremanera en las regiones, el cual tienen que ver con la intensidad de uso de bienes, servicios y las formas de organización productiva y espacial de la ciudadanía, muchas veces inductoras de desperdicios de energía.

La profunda interconexión de la demanda energética y las pérdidas a ella asociadas con aspectos del desarrollo social y económico debe necesariamente colocar la discusión de la eficiencia energética en un nivel más alto, implicando coordinar acciones y armonizar objetivos de políticas públicas.

Este punto es aún más importante en los países en desarrollo como el nuestro, donde subsiste una relevante desigualdad en el consumo energético entre las diversas empresas y los grupos sociales, exigiendo del Estado un esfuerzo para atender de forma equilibrada las crecientes demandas de energía para los más variados fines y con diversificada urgencia.

De hecho, en algunas regiones donde hay situaciones de marcada carencia energética sustentable, la eficiencia energética presenta en principio, poca prioridad, ya que solamente todo queda en debates que no prosperan hacia una viabilidad.

No obstante, cabría recordar que en muchas situaciones observadas en comunidades carentes energéticamente, la implementación de sistemas energéticos eficientes permite reducir el costo de suministro de energía y expandir los servicios energéticos a un número más grande de consumidores, por ejemplo mediante el uso de alumbrado eléctrico residencial con lámparas eficientes o bien utilizando semáforos con tecnología led.

Al comprender la promoción de la eficiencia energética de manera más amplia, incluyendo demandas indirectas de energía, se debe observar que además del consumo inmediato, existen consumos energéticos diferidos en el tiempo, que ocurren antes o después del uso de un vector energético, bien o servicio, desde la extracción de los recursos naturales hasta su disposición final, también en la naturaleza.

Tal amplitud temporal implica considerar las demandas energéticas a lo largo del “ciclo de vida” de las alternativas a adoptar en los sistemas energéticos, lo cual también implica un factótum clave en el uso eficiente de la energía como lo es la educación que se debe promover a todos los actores de la sociedad civil.

Si bien es cierto el discurso recientemente emitido dio importantes noticias en cuanto a crecimiento, en materia energética solo fueron anuncios breves y débiles y nada concreto, ya que a mi entender un tema tan importante para el desarrollo económico territorial futuro de nuestro país solo fuera considerado en unos mezquinos 6 párrafos, 4 minutos y 5 segundos.

El discurso se centró solamente en desafíos futuros y no al golpe de timón que muchos esperábamos, ya que aún hay temas de alto interés ciudadano y que traen consigo demandas sociales totalmente justificadas, como el mega proyecto decidido entre cuatro paredes como HidroAysén, los derechos de agua que afectan a las regiones centrales, entre ellos al Valle del Aconcagua, la falta de democratización de la energía a través de una reforma a la matriz energética existente y la utilización de las energías limpias y renovables a través de una gran política pública a mediano y largo plazo que entre otras cosas haga exigible a las grandes empresas y de sobremanera al sector minero a emplearlas en sus procesos, exigiendo eficiencia y sustentabilidad.

Claramente este discurso deja de manifiesto que para el gobierno los problemas ambientales y energéticos son temas que son postergados en su administración para no entrar en disputa con el sector empresarial, ya que los intereses económicos priman mucho más que enfrentar la realidad de los chilenos que día a día verán cómo sus cuentas de la tarifa eléctrica aumentarán.

No basta con anunciar en forma rimbombante que la inversión en el sector eléctrico pasó de los 100 a los 900 millones de dólares respecto a la última década, si no se toma en cuenta las demandas ciudadanas. Al parecer el gobierno no recuerda que bajo su gestión cayeron tres ministros de energía, que no fueron capaces de desarrollar una política energética efectiva e inclusiva.

La competitividad es la gran deuda que aun presenta este gobierno en la economía, traducida en la temática ambiental y energética, ya que no busca un gran consenso a nivel país que sea capaz de buscar el camino a seguir en estas materias, de tal modo de revalorizar y concretar proyectos que no solo traigan consigo beneficios a las empresas sino que también a la tan vilipendiada y popular “Sra. Juanita”, nombrada en aquellos discursos que caen en el populismo.

Es por ello que asumiendo que las barreras de entrada que actualmente enfrentan los proyectos de energía limpia y renovable se irán despejando, éstos proliferarán alcanzando mayores cuotas del mercado eléctrico.

Sin embargo, la experiencia internacional indica que es muy probable que esta propagación traerá consigo un aumento de los conflictos socio-ambientales asociados a los mismos proyectos.

De este modo, para que el avance de la generación eléctrica a través de energía limpia y renovable en nuestro país se concrete, no basta con la implementación de instrumentos de política que aborden las barreras de entrada de tipo regulatorio y financiero y menos aún mostrando un discurso en el cual faltaron propuestas y sólo hubo un resumen de lo ya anunciado en años anteriores.

Es difícil de predecir con exactitud los efectos económicos, políticos y estratégicos de este escenario para nuestro país que a mi juicio aun no genera internamente a nivel gubernamental políticas públicas en materia energética que impliquen alternativas viables y sustentables.

Claramente esta advertencia reduciría las perspectivas de crecimiento en el mundo y en Chile, ya que se espera que para el período 2013-2014 se bordee el 5.5%.

El debate sobre el peak oil puede ir más allá de los asuntos energéticos, sino que derivar bruscamente hacia un debate que implique replanificar agendas ideológicas, económicas y políticas.

Los exportadores de petróleo podrían acumular poder político-económico, mientras que los no productores buscarían el beneplácito de quienes lo poseen. Algunos países se preparan para enfrentar estas crisis, pero otros como el nuestro no tienen capacidad para hacerlo autónomamente, puesto que la ENE (Estrategia Nacional de Energía) publicada el 2012 por el Gobierno y que concitó unanimidad parlamentaria no se hace la interrogante de qué pasaría si se disminuye ostensiblemente el suministro de petróleo.

Lo que queda claro es que la definición de cuándo se presentará el riesgo, quiénes serán vulnerados y quiénes serán atendidos y compensados es una cuestión de poder y no simplemente un asunto estadístico.

Sabemos que con el peak oil se puede especular acerca del momento de su llegada y de la magnitud de sus impactos, y ello es un asunto del poder.

Si el peak oil se diera en este mismo momento, nuestra sociedad no estaría suficientemente preparada para afrontarlo y las consecuencias serían tremendamente incontrolables; si se conociera y fuese previsible, quienes así lo hicieran ahorrarían gastos, pero si fuese inducido a error y se anticipara excesivamente el momento en que acaezca y se hicieran grandes inversiones para afrontarlo, las lentas tasas de retorno producirían serios problemas para los inversionistas.

Por tanto es de esperar que nuestro país prevea dicha situación y se disponga de una vez por todas a implementar no solo con anuncios la I + D (Investigación y Desarrollo), empleando estrategias sustentables que involucren a todos los actores sociales, sino que haga exigible a las grandes empresas (industrias y mineras) a disminuir el uso del petróleo en la generación de energía eléctrica y den paso al reemplazo en un porcentaje aceptable para un país que se vanagloria con el desarrollo (3% por año) al uso de las Energías Renovables No Convencional en sus procesos industriales que utilizan gran suministro eléctrico.

Estimo que a través de medidas simples y que involucren costos abordables se pueden realizar algunas medidas como las siguientes:

Auditoría Energética en Edificios Municipales: efectuar un estudio de las instalaciones en cuanto a su calidad y su eficiencia (referente a la energía consumida, tecnología empleada en sistemas de iluminación y climatización), para identificar los posibles focos de ahorro energético.

Alumbrado Público: evaluar el estado actual de las luminarias y promover una serie de mejoras que ayuden a reducir el consumo energético con iluminación que emplee tecnología de alto poder de eficiencia energética certificado, en algunos sectores para fomentar directamente el ahorro.

Eficiencia Energética en Semáforos y Señales de Tránsito: en los semáforos de la ciudad reemplazar la tecnología de iluminación utilizada por tecnología LED que implica una inversión recuperable en el tiempo y eficaz.

Mesa de Dialogo Energética Municipal: realizar un foro ciudadano en donde participen los vecinos, además la empresa privada, establecimientos educacionales como colegios y universidades en el que se ayude a educar a la comunidad en el uso y ahorro de la energía con un lenguaje simple y didáctico para crear conciencia de los importante que es vivir en un ambiente limpio y energéticamente sustentable, fomentando encarecidamente el cuidado y correcta utilización de nuestros recursos naturales disponibles.

Es por ello que planteo estas sencillas propuestas con el propósito de generar un debate real y llevar a la discusión en donde se obtenga un óptimo resultado en pos del beneficio comunitario.

Sin embargo estimo que para cualquier estudio o desarrollo de nuevas propuestas no solo a nivel municipal, sino que también a nivel regional y nacional se incluya a los ciudadanos, ya que cualquier forma de participación ciudadana es un gran avance para un país que opta por el tan ansiado desarrollo.

No es menor el hecho que los consejeros de Colbún del grupo Matte hayan tomado dicha decisión en base a dos pilares fundamentales que en un momento dado la institucionalidad gubernamental a mi juicio dejó de lado y lo tomó como un “tema light”, como son: la judicialización de los proyectos y la falta de un marco regulatorio acorde con los nuevos tiempos y exigencias sociales, demostrando que sin estos dos factores la política energética de nuestro país se aprecia poco clara.

Sin embargo me parece positiva la decisión de Colbún, ya que esto permitirá abrir el debate en la temática energética, siempre y cuando el gobierno agarre el guante y opte por ampliar el debate.

Por otro lado, no puedo dejar de manifestar mi preocupación ante la eventual paralización de HidroAysén, ya que también se corre el riesgo de seguir ampliando nuestra matriz energética a través de la tan desprestigiada carbonización.

En lo que se debe jugar a fondo es evitar, en el futuro, caer en la situación que nos encontramos actualmente que es carecer de otras alternativas de generación de energía y estar obligados a utilizar, a altos costos no sólo para las grandes industrias, sino que para los consumidores de energía eléctrica de la red domiciliaria, el diésel como combustible sustituto del gas en las centrales de ciclo combinado para la producción de energía eléctrica.

La falta de capacidad prospectiva del Estado y sus limitadas políticas de promoción de competencia en el sector energético, han creado grandes costos económicos y vulnerabilidades que ponen en riesgo la independencia energética.

Es por ello que se presenta una gran oportunidad de ampliar el debate proponiendo desarrollar proyectos energéticos más limpios y sustentables aprovechando la matriz energética disponible en nuestro país a través de las energías renovables para así heredar a las futuras generaciones un país independiente energéticamente y ambientalmente sustentable y limpio y que no quede solo como una idea que se ventiló en el pasado discurso del 21 de mayo.

El revuelto escenario político que sacude a nuestros vecinos de la Argentina no es un tema alejado para Chile, sino que es un asunto que nuestro país debiese enfrentar con mucha cautela como política exterior.

Vuelven los desagradables recuerdos cuando en el año 2004 nuestro país sorpresivamente y debido al riesgo político que enfrentaba Argentina en materia de políticas económicas sufrió los embates del desabastecimiento de gas, echando por la borda aquellos acuerdos que alguna vez se firmaron con la parafernalia de países hermanos e inseparables.

Claramente esta noticia que nos llega desde el otro lado de la cordillera significa un escenario que nos da a entender que como país debemos tomar las precauciones necesarias y prepararnos para enfrentar los posibles riesgos que enfrente la política interna y externa de Argentina.

Es por ello que una de las preocupaciones que Chile debe enfrentar en un corto plazo es el sector eléctrico.

Argentina es un país impredecible en materia de política internacional y otra restricción de gas que enfrentemos significaría un riesgo de fallas eléctricas por cuestiones de eficiencia de funcionamiento en aquellas plantas que utilicen gas, debiendo volver al diesel que como combustible no es el más óptimo ni el más limpio.

Como se puede apreciar y ante la coyuntura internacional se presentan desafíos de muy corto plazo, donde lamentablemente lo ambiental no está en primer plano de la contingencia.

Es por ello que se hace urgente implementar una política pública energética sustentable que abarque tres pilares fundamentales: cuidado del medio ambiente, participación ciudadana e independencia energética, demostrando así ante nuestros vecinos y ante el mundo como país miembro de la OECD, que tenemos la categoría necesaria para ser parte de este selecto grupo de naciones que mueven el desarrollo económico global.

Las decisiones deben ser tomadas por todos los entes de la sociedad civil, no sólo por la clase política, de tal modo que no sigan los descontentos, los llamados indignados que reclaman la nula participación ciudadana en las decisiones país como es el caso del mega proyecto HidroAysén, en donde más que una demanda ciudadana por temas ambientales se genera un cúmulo de factores que hacen y generan ingobernabilidad.

Es por ello que creo que es el momento de ofrecer al país información, escenarios y propuestas que puedan generar espacios de educación, discusión, debates y elaboración de proyectos que aporten elementos para un adecuado plan de desarrollo energético sustentable que se haga tangible a través de una política pública energética descentralizada a corto plazo.

Los principales factores que estas discusiones sociales debieran incluir son: la dependencia de impuesto de los combustibles importados, la vulnerabilidad eléctrica que sin duda trae consigo alzas que afectan al consumidor, la ineficiencia en el uso de la energía, las barreras de conocimiento y mercado para el uso de las fuentes energéticas nacionales y limpias, la inequidad territorial por el abastecimiento y pago por servicios energéticos y la ausencia del Estado en la conducción de la política energética para así lograr una sociedad más inclusiva en los temas que harán que nuestro país no solo sea una promesa de país desarrollado sino que sea una realidad.