Bachelet ha partido de un diagnóstico que la lleva a considerar en serio en sus primeros tres meses de mandato, lo que debiera hacer todo el gobierno y toda la coalición Nueva Mayoría, la demanda por cambios en diversos componentes de una vida social marcada absolutamente por las desigualdades y discriminaciones de diversa índole, así como la mayor autonomía que ha adquirido la sociedad civil y también la desafección general de los ciudadanos con la esfera pública, expresada en la amplia abstención en la última elección presidencial y parlamentaria.

Según la encuesta Ipsos-Universidad de Santiago sobre valores sociales, una gran mayoría de chilenos (70%) opina que hay que “reformar de manera importante” la sociedad. Los que además quieren “cambiarla totalmente” son más (18%) que la suma de los que creen que hay que “hacerle cambios menores” o “dejarla como está” (12%).

Se observa una opinión abrumadoramente mayoritaria en favor de la gestión pública de los servicios básicos y de la salud, las pensiones y la educación y en favor de que los recursos naturales (el cobre, el litio, el agua, la energía) sean exclusivamente de propiedad estatal.Sólo un 25% se opone al matrimonio igualitario y al Acuerdo de Vida en Pareja y sólo un 14% es contrario a cualquier forma de aborto.

Es de esperar que ese enfoque se extienda a dar curso en el segundo semestre a la fórmula de proponer al actual parlamento una reforma al actual sistema de plebiscitos para permitir un pronunciamiento de los ciudadanos sobre la opción de elegir en 2015 una Asamblea Constituyente.

Ésta debiera generarse sobre bases proporcionales para redactar durante un año una nueva constitución, que sea refrendada en un nuevo plebiscito a fines de 2016.

La idea de que el actual parlamento redacte y apruebe una nueva Constitución contaría con una gran desconfianza ciudadana, pues se vería en ese enfoque la voluntad de preservar los privilegios de representantes hoy muy influidos por el poder económico que financia sus campañas y por la voluntad de preservación de su sistema de alimentación de redes clientelísticas, que en algunas regiones constituyen hoy verdaderos feudos en base al copamiento del Estado.

Si la presidenta propusiese una Asamblea Constituyente con el mandato de dotarnos de un nuevo sistema moderno de reglas básicas lo más consensuado posible (sobre las reglas del juego en democracia siempre hay que buscar el más amplio acuerdo), realizada en un contexto legal y sereno, consagraría en cambio una histórica voluntad de refundar la democracia sobre bases sanas y constituiría un notable legado para las nuevas generaciones.

Por ello definió un enfoque general al volver al país hace poco más de un año (“discurso de El Bosque”) con énfasis en la desigualdad y en base a una nueva coalición desde la DC al PC, en una definitiva superación de la guerra fría en Chile.

Luego encargó y arbitró un programa de gobierno bastante detallado y finalmente definió 50 medidas para sus primeros 100 días de gobierno, sobre la base de un trío de prioridades: reforma tributaria, a la educación y nueva Constitución.

Luego de trastabilleos evitables en la instalación del gobierno, en un sistema que Bachelet hereda sin modificar y que no privilegia la función pública profesional sino, desgraciadamente, el copamiento clientelista del Estado, cuyo inmediato fin debiera ser parte medular de las reformas, destacó el pronto envío de la reforma tributaria a fines de marzo y la decisión de promover tempranamente la reforma al sistema binominal.

Lo importante que faltaba –agendas de energía y competitividad, reforma a la educación escolar en materia de lucro, selección y copago- fue anunciado antes del 21 de mayo, en una vorágine de anuncios en una semana que ha dejado a la oposición conservadora (incluyendo la interna) casi sin aliento y en todo caso sin discurso articulado.

La definición del camino para alcanzar una nueva Constitución queda pendiente, pero tiene sentido que se establezca como la perspectiva para dirimir eventuales bloqueos a las reformas propuestas.

El discurso del 21 de mayo de 2014 tuvo el sello de declarar lo fundamental: “las decisiones deben reflejar a las mayorías, eso está en el corazón de la democracia” y que se requiere una nueva Constitución “que proyecte Chile al futuro y que no lo ate al pasado”.

Políticamente la presidenta Bachelet termina de consagrar el carácter obsoleto del veto de la minoría que los herederos de la dictadura –UDI y RN- pretendieron perennizar en Chile, con la complicidad de quienes se adaptaron a ese veto o peor aún se dedicaron con el tiempo a servirlo, por convicción o granjerías mediante, pretendiendo naturalizar lo que no era sino el fruto de una circunstancia histórica circunscrita, llamada a ser superada, tarde o temprano.

En este caso, desgraciadamente, más tarde que temprano, dada la incapacidad de los actores que estuvimos involucrados en los procesos respectivos para resolver algunos de los nudos del proceso político de transición, aunque muchos otros fueron bien resueltos, y en particular haberle evitado a Chile sufrimientos civiles mayores.

Bachelet reseñó este 21 de mayo sus opciones y prioridades y reafirmó otros temas, como la inversión en salud primaria, una política de barrios integrados y nuevos parques urbanos, mayor protección de las víctimas de violencia contra la mujer, la discusión sobre el aborto terapéutico, legislar para un derecho a huelga efectiva, la creación de una AFP estatal, el diseño de un fondo para medicamentos de alto costo, la creación de un ministerio de Asuntos Indígenas y otro de Cultura y Patrimonio, la protección de glaciares, una política de aguas y de acción contra el cambio climático, entre otros.

Las opciones tomadas en las reformas, como es lógico, admiten más de una discusión.Por ejemplo: ¿por qué no ampliar la tributación a las 20 grandes mineras a las que les casi regalamos el cobre que es de todos o eliminar el FUT recién cuando el gobierno actual ya se haya ido o rebajar a los que ganan más de 6 millones de pesos al mes el impuesto a la renta de 40 a 35%, debilitando la progresividad tributaria, o mantener las donaciones en el sistema escolar, que es el forado por el que se puede seguir colando la segregación, o crear una AFP estatal que no cambiará nada en vez de establecer un pilar de reparto en las pensiones?

El actual gobierno debiera estar dispuesto a realizarla, como es propio del espíritu democrático, en vez de buscar solo el alineamiento.

Pero incuestionablemente se va perfilando la idea de un “gobierno transformador”, lo que es un gran progreso para Chile y un gran mérito de la presidenta Bachelet.

Despejemos lo principal: aumentar parcialmente la tributación de las utilidades de las empresas grandes y medianas, así como la de las ganancias de capital, junto a eliminar el DL 600 que asegura una invariabilidad tributaria a la inversión extranjera, no perjudica la inversión.

Apenas viene a compensar en parte el gasto fiscal en bienes públicos (en institucionalidad, infraestructura, educación y salud de las personas que trabajan) que hace posible que esas utilidades existan.

Por lo demás, éstas podrían ser mayores en el futuro si se invierte una mayor recaudación en más bienes públicos, como lo demuestra la trayectoria de las economías hoy desarrolladas (ver Piketty, Le Capital au XXI Siecle, 2013), la mayoría de las cuales mantenía cargas tributarias mucho más altas que la nuestra a similar nivel de ingreso por habitante.

Existe además una suficiente evidencia analítica y empírica nacional (incluyendo un trabajo del ex ministro de Hacienda Felipe Larraín) que indica que este efecto es a lo más de poca significación.

Esto es tanto más válido cuando estamos en presencia de rentabilidades sobre patrimonio (ROE) entre 2005 y 2011, según cálculos de Eduardo Titelman -en Revista de Políticas Públicas Usach 2013 Nº 2- de 77% en la gran minería, de 39% en las Isapres, de 23% en las AFP, de 22% en los bancos, de 15% en la generación eléctrica.

Una buena parte del capital corporativo opera en Chile con rentabilidades sobre normales originadas en prácticas monopólicas y en el uso gratuito de recursos naturales, cuya tributación debiera en realidad ser mucho mayor.

Aún en ese caso no se afectaría la inversión, como saben los economistas no enceguecidos por la ideología liberal desde a lo menos David Ricardo (1817). Aunque todo el mundo tiene derecho a sostener su propia ideología, a la hora de evaluar políticas públicas no está de más procurar mantener un mínimo de ecuanimidad.

Por su parte, gravar las emisiones de gases por fuentes fijas o el uso de diésel, que contribuyen al cambio climático, es simplemente ser responsables con nuestros hijos y nietos.

Este gravamen debiera ser incluso mayor para inducir una transición hacia las energías renovables no convencionales, de las que Chile dispone en abundancia a un costo de uso cada vez más competitivo.

Gravar más el consumo de alcohol y bebidas con azúcar va en beneficio de la salud de la población y no debiera ser objeto de objeciones de principio, incluso por los que defienden a las regiones pisqueras, si es que su función es promover el interés general y no el específico de unos pocos.

Es cierto que entidades ligadas a las grandes corporaciones o a grupos de interés rechazan estos aspectos de la reforma, y que eso es repercutido profusamente con diversos argumentos en la prensa, pero convengamos que todo aquel que va a pagar más impuestos, por modesto o justificado que sea el incremento, busca los argumentos para sostener que será dañino para todos y contrata a los economistas y abogados que defienden su caso.

Esa es la ley, en ocasiones en buena lid, de las defensas corporativas del interés particular.

Desde el punto de vista del interés general, que las autoridades legisladoras están llamadas a promover, siempre cabe escuchar esas defensas, pero no tiene mucho sentido hacerles caso, salvo en sus verdades parciales, si las hubiera.

Donde la reforma presenta problemas, en cambio, es en su plazo de aplicación, en su monto y en su estructura.

Las medidas que entran en vigor el 2018, especialmente la de aplicar en base devengada el impuesto a las utilidades de las empresas, es decir cuando ya no gobierne la actual administración, son al menos una curiosidad, en línea con la inaceptable invariabilidad tributaria que el sistema de representación chilena ha aceptado sin chistar para la minería, en un caso único en el mundo de renuncia de la potestad democrática.

En esta materia se legisla para el gobierno propio, no para los que siguen. Cada gobierno debe ver si mantiene o modifica lo que encuentre al llegar en materia de ingresos y gastos públicos, según su programa de acción.

Esa es la razón por la cual los presupuestos son anuales y en muchas partes los parlamentos discuten y ajustan simultánea y periódicamente los ingresos tributarios y los gastos, sin que nadie se llame al ridículo escándalo que algunos realizan en Chile con el tema de “la estabilidad de las reglas del juego”.

Para que ninguna regla del juego cambie, entonces no debiera existir parlamento, que está precisamente ahí para establecerlas y cambiarlas en representación de los ciudadanos.

En todo caso, a lo menos la reforma educacional y los cambios en salud y pensiones presionarán por recursos que sería sensato tener a disposición durante este gobierno.Esto plantea el problema de la magnitud de la reforma.

Descontemos el 0,5% de PIB que se supone se obtendrá por la vía administrativa, lo que es difícilmente cuantificable y es a lo más una aspiración que ojalá funcione.Nos queda un 2,5% de PIB que provendrá, según el gobierno, de las modificaciones legales (se echa de menos que el parlamento disponga, como en Estados Unidos, de su propia oficina de presupuestos para contrastar estimaciones).

Supongamos que funciona la recaudación prevista: solamente la reforma educacional cuesta al menos esa cifra, si es que se aborda en serio el reforzamiento prioritario del nivel preescolar, el fin del financiamiento escolar compartido y la mejoría del acceso a la educación técnica y a las universidades.

Hacia 2017 se contaría,siempre según el gobierno, sólo con un financiamiento adicional del orden de 1,9% del PIB.Las reformas resultarán en este sentido de insuficiente amplitud, salvo que se esté pensando en una acción gubernamental de muy baja intensidad.

La tributación promedio en la OCDE es de 34% del PIB, y de 25% si descontamos las cotizaciones obligatorias de seguridad social. La de Chile es de 21% y de 20% del PIB, respectivamente.

¿Cuándo nos propondremos entonces avanzar, no digamos a niveles nórdicos, pero al menos al promedio del gasto público y la correspondiente carga tributaria de los países avanzados?

Con esta reforma nos faltan al menos 2% de PIB para llegar al promedio de la carga tributaria de la OCDE, o acercarnos al nivel de países como Corea, por ejemplo, y, claro, nos faltaría después de la reforma nada menos que 24% de PIB para llegar al nivel de Dinamarca.

Pero, ¿no era que íbamos a ser desarrollados y que las máximas autoridades se inspiraban en el modelo socialdemócrata nórdico?

El destino de nuestro país parece que seguirá siendo el de reclamar servicios públicos suecos con impuestos haitianos, es decir una ecuación imposible en la que, en una suerte de rendición de la mayor parte de la élite frente a los intereses de los sectores de más altos ingresos, nos engañamos a nosotros mismos y generamos tensiones sociales sistemáticas.

Por último, seguimos con un problema de estructura del financiamiento público.Según las autoridades de Hacienda, el impuesto a la renta pasará de un 7,6% a un 9% del PIB después de la reforma. En la OCDE el promedio es de 11% (y en Dinamarca de 30%).

En la diferencia entre 9 y 11% de impuesto a la renta están los dos puntos de PIB que faltan para que este gobierno asegure el éxito de las reformas en su período de ejercicio.

Podrían provenir de una combinación de un aumentode 35 a 40% del impuesto adicional,que se aplica a la repatriación de utilidades, aumentando la tributación minera y mejorando de paso el déficit en la cuenta corriente, junto al fin parcial de la imputación como crédito del impuesto a las utilidades en el impuesto a las personas.

Si se quiere equiparar la tasa máxima de los ingresos del capital nacional e internacional y el de éstos con los del trabajo, entonces contribuiría a ese objetivo subir a 40% el mencionado impuesto adicional y mantener la tasa marginal del impuesto global complementario en 40%.

Convengamos que es muy positivo que, según las estimaciones del gobierno, el 10% más rico podría aumentar del 10 al 24% la tributación de sus ingresos una vez que las utilidades de las empresas empiecen a gravarse en base devengada.

Pero nuestro problema de inequidad principal es con el 1% más rico (unas 170 mil personas),que se apropia del orden de 30% del ingreso total, es decir más que en cualquier otra parte del mundo, incluida Sudáfrica, según el estudio de López, Figueroa y Gutiérrez de la Universidad de Chile de marzo de 2013.

Y con el 0,1% más rico (unas 17 mil personas) que se apropia del 17% de los ingresos, y con el 0,01% (unas 1 700 personas), que se lleva más de 10% del ingreso total.

Estas personas ni van a paralizar su actividad económica ni se van a ir del país porque lleguen a pagar el 40% de aquella parte de sus ingresos que exceda los 6 millones de pesos mensuales. Están llamadas a contribuir más que el resto para financiar los bienes públicos y las transferencias a los sectores de menos ingresos que hagan de Chile un país menos desigual.

Con la reforma, se aumentará su aporte por la vía de la tributación en base devengada de las utilidades empresariales.Pero en un juego equívoco de equilibrios se pretende simultáneamente una especie de compensación, que no tiene justificación alguna, consistente en regalar a los 49 mil contribuyentes más ricos cerca de 300 millones de dólares, disminuyéndole la tasa marginal del impuesto a la renta desde el 40% al 35%.

Se trata de aquella tasa que el gobierno de Patricio Aylwin reforzó en el nivel de 50% en la reforma de 1990, que bajó en la reforma de 1993 a 45% (y a 35% el impuesto adicional) y a 40% en la de 2001 por presión de la derecha y de los economistas partidarios del enfoque tributario de Milton Friedman de la “tasa tributaria plana”, reforzando la inequidad.

¿Qué ha pasado desde 1990 que cambiaron tanto las ideas económicas de la entonces Concertación, en medio de una grave persistencia de la desigualdad de ingresos en Chile?

La ex presidenta tiene méritos incuestionables: honestidad y compromiso con grandes causas como la de la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género, lo que no es poca cosa.

Pero algunos somos más exigentes en otros temas y queremos que se gobierne para disminuir las desigualdades, y no para entregar como en su primera administración estos temas a tecnocracias con ideas económicas de derecha que bloquearon sin ruborizarse las necesarias reformas progresivas en materias tributarias y de royalty minero, laborales, sociales y educacionales.

Queremos que se gobierne para producir una transición a energías limpias, y no para dejar hacer a las empresas que han carbonizado la matriz energética sin por ello bajar los costos de la electricidad, y que además llegaron al absurdo de pretender instalar plantas nucleares en el ultra sísmico Chile y mega represas destructoras de ecosistemas dignos de ser preservados para las nuevas generaciones.

Queremos que se gobierne para ampliar la democracia política y buscar al menos alcanzar estándares mínimos en materia de representación de la voluntad popular, y no que el liderazgo se incline ante los que no quieren reformas políticas serias sino cosméticas, con el efecto de preservar la falta de representación adecuada y la actual extrema subordinación del sistema político al poder económico.

Los enfoques poco complacientes respecto al canon hoy en boga y promovido verticalmente de adhesión entusiasta e incondicional a personas ¿representan a muchos o a pocos en la esfera política opositora? No lo sabemos, pero los con espíritu crítico seguiremos en lo nuestro, aunque nunca llegaremos a ser muy populares entre los que privilegian el acceso al poder por sobre el sentido a dar a ese acceso y que no quieren adquirir demasiados compromisos ante los ciudadanos en nombre del pragmatismo y del “manejo de expectativas”.

Estas suelen ser fantasías de su propia cosecha, basadas en una idea prejuiciada sobre los comportamientos colectivos, siempre considerados llenos de peligros, y en todo caso contrarios a la religión de la eficiencia, como si ésta fuera el único valor que debiera existir en la sociedad y el único modo de alcanzarla fuese el recetario neoliberal que ha probado ser no sólo inequitativo sino también altamente ineficaz.

Esta desconfianza en el pueblo se ancla en la antigua tradición autoritaria de la oligarquía chilena, y es adoptada por la tecnocracia pos moderna que domina la gestión de gobierno, mientras los que provienen del autoritarismo de izquierda se amoldan a ella con fluidez y, por ejemplo, rehuyen las primarias o descalifican las expresiones de soberanía popular dignas de ser conquistadas.

Este rasgo cultural, en una época de ampliación de la sociedad de masas, es acompañado por la incapacidad de una parte de las nuevas elites pos 90 para construir conductas de autonomía frente al poder conservador, que es la única fuente de innovación social posible, y mientras al mismo tiempo prolifera en la sociedad de mercado el afán de lucro y en la política la conducta de buscar espacios burocráticos para fines personales a cualquier precio, fenómenos propios del individualismo negativo que es la moral de nuestro tiempo.

No obstante, el autoritarismo y el individualismo negativo no son los únicos rasgos culturales de Chile.

Como parte de una noble tradición, desde siempre en nuestra historia se han alzado voces libertarias y convocatorias a realizar acciones colectivas. Estas voces seguramente serán persistentes, aunque se procure disciplinamientos irreflexivos en nombre del orden, que costaron a la ex presidenta, sin ir más lejos, el alejamiento de toda una generación de jóvenes estudiantes o bien la pérdida de la mayoría en ambas cámaras en su primer gobierno.

Lo razonable en política es siempre sumar antes que restar, buscar convencer y pactar honorablemente con el distinto antes que procurar aplastarlo, representar lealmente intereses colectivos antes que actuar con sumisión en nombre del orden para defender parcelas de poder.

Pero la racionalidad y la consistencia parecen no estar demasiado cerca del horizonte político actual, en el que se valoriza más la imagen, la formula fácil, la promesa o los gestos que recogen emociones, la pequeña o gran ventaja inmediata, antes que la construcción de perspectivas y proyectos de largo plazo. Esta es, sin embargo, la tarea primordial de la política, o en todo caso de la política democrática, especialmente en un mundo que cambia aceleradamente y en el que es cada vez más peligroso improvisar o seguir irreflexivamente la corriente del presente o del que habla más fuerte.

La esfera política enfrenta por añadidura una situación nueva. Los movimientos sociales son hoy actores que han ganado presencia y autonomía. Esta autonomía, y más ampliamente la de la sociedad civil, ha aumentado en el gobierno de Piñera y probablemente para quedarse.

Estos movimientos son diversos y plurales y se han expresado en el ámbito laboral y estudiantil, pero también han aumentado su escala en el terreno más ignoto de las reivindicaciones étnicas, culturales, territoriales y ambientales.

La ausencia de respuesta desde la esfera política, y de comprensión de su naturaleza, ha incrementado una profunda desconfianza mutua. Esto incluye a la izquierda tradicional, que hasta un pasado no tan lejano mantenía un vínculo fluido y de mutua influencia con el mundo social y con las minorías activas, incluyendo las juveniles, que esperemos no desaparezca del todo.

Hoy esa dinámica ha sido desplazada por la idea de que la articulación con lo social es hacerse parte de meros intereses corporativos, de los que hay que alejarse como la peste, o en el mejor de los casos atender porque no hay otra opción, pero para mantenerlos en cintura.

Esta idea es expresada por una tecnocracia que se pretende representante del interés general por arrogante e inútil auto definición, presta eso si a descalificar la expresión de los más débiles y a tratar con manga ancha en la política pública a las grandes corporaciones empresariales, en nombre de la inversión y el empleo.

Este enfoque ha encontrado cobijo en un sistema político y burocrático con fuerzas democráticas degradadas, que dejaron de entender las reivindicaciones de derechos por los oprimidos como legítimas en el marco democrático, generalmente poseedoras de capacidades para resituarse y reformularse en función de un interés general construido y articulado en interacción con la esfera política.

Al revés, confinar los intereses populares en reivindicaciones especificas a ser tratadas en el día a día, aumenta su dimensión particularista y al final las multiplica, reproduciendo la dinámica del desencanto y de las peticiones y las dádivas carentes de inscripción en sueños y aspiraciones colectivas.

La tecnocracia neoliberal tomó el poder en la Concertación, al terminar subordinándose ésta a los intereses del poder económico dominante, como se vio en el royalty minero y la ley de pesca, y al parecer lo conservará, gracias a oídos políticos complacientes, en medio de una acción tan audaz como ilegitima.

No se gobierna exitosamente, al menos en democracia en el mundo de hoy, al margen de la sociedad.Y menos contra la sociedad.

El desafío para un nuevo gobierno progresista de trabajar inmerso en sus aspiraciones permanecerá abierto. Su incapacidad de hacerlo sería el derrotero inevitable de un fracaso.

Declaremos desde ya que “la alegría vino”, pues derrotar a Pinochet en un plebiscito convocado por él mismo le provocó sonrisas hasta a los más indiferentes.Y ciertamente a los millones que se jugaron por dejar atrás a la dictadura y votaron por la opción NO y decididamente a las más de 60 mil personas que organizaron el control de los resultados del plebiscito, con alma y pasión, y que pudieron contar más del 90% de los votos de manera independiente del Estado.

Esa movilización social y civil convocada por los partidos democráticos, sin parangón en los procesos electorales modernos, contribuyó a disuadir a todos los que quisieron esa noche desconocer el resultado. Sabemos hoy que eso incluyó el intento de declaración de Estado de Sitio por Pinochet y su ministro del Interior Fernández (una vez más la sombra de la UDI), que fue rechazado por el resto de la junta militar y de la derecha política, que intuía que el camino del desconocimiento podía terminar mal para ellos, al estilo de Ferdinand Marcos en Filipinas.

Pero para quienes esperaban superar a breve plazo todos los dolores individuales y sociales acumulados en 16 años de dictadura, ciertamente la alegría no vino ni, agrego por mi parte, difícilmente podía llegar, pues la heridas humanas eran demasiado profundas y la regresión social demasiado severa.

Es obvio, además, que la alegría simplemente no es un estado permanente.Convengamos,entonces,que la ironía amarga del tipo “¿no era que iba a venir la alegría?” frente a cada problema de los últimos 25 años, es no saber apreciar una victoria democrática colectiva que merece ser celebrada y recordada como uno de los grandes momentos de la historia contemporánea de Chile.

En la configuración de la arena del 5 de octubre de 1988 confluyeron los que querían una nueva legitimación de la dictadura, los que querían un tránsito a una democracia doblemente tutelada militarmente y por las oligarquías económicas y los que queríamos derrotar y desbordar políticamente a la dictadura desde la oposición de centro y de izquierda para construir una democracia moderna y progresista.

Los que en la izquierda promovimos la llamada “renovación socialista” fuimos tempranos y activos partidarios de configurar esa arena de lucha política, y fuimos denostados por la izquierda sectaria,“inscripción=traición” escribían en los muros, incluidos algunos de los hoy organizadores de las celebraciones de los 25 años que nunca se identificaron con el arco-iris.

Apreciábamos entonces que debía construirse una línea de derrota política de la dictadura a través de un proceso de desobediencia civil generalizada y de alianzas partidarias amplias (incluso con quienes habían contribuido decisivamente a derrocar al Presidente Allende en 1973 y colaborado inicialmente con la dictadura en una actitud que no los enaltece históricamente) y no una línea de acciones militares sin viabilidad en las condiciones de la dictadura chilena, y que en caso de éxito prefiguraría, habíamos concluido después de amargas experiencias, un autoritarismo contrario a los propósitos democratizadores.

Además, se trataba de definir sin equívocos, y no como una cuestión táctica en la vena leninista, que la democracia sería el espacio y límite de la acción política futura, en un contexto de plena autonomía de la sociedad civil y con una ruptura clara con cualquier alineación con los llamados “socialismos reales”. El proyecto de cambio debía ser progresivo y estar sujeto a la obtención de las mayorías populares y ciudadanas suficientes.

La opción alternativa era prolongar los intentos de lucha armada, legítimos frente a una tiranía, pero ahora en una escala mucho mayor, y confrontar a la dictadura donde ésta era más fuerte, en el terreno militar, y no en el terreno del desborde social y político, donde era más débil, como terminó demostrándose.

Mi compañero de colegio Raúl Pellegrin, no lo entendió así, y quiso relanzar con su FPMR la lucha armada apenas dos semanas después del 5 de octubre. Pagó con su vida en manos de una represión inhumana el postrer intento de replicar la revolución cubana y nicaragüense en Chile.

Así, entre la continuidad de la dictadura y los sufrimientos de una lucha armada prolongada con miles de muertos adicionales,o bien abrir un proceso incierto de transición a la democracia, hubo quienes pensamos que más valía lo segundo.Y así actuamos.

Pero era una tarea exigente, si el objetivo era el horizonte de la democracia política y social, que implicaba luchar (“la política es lucha” decía Max Weber) contra el doble condicionamiento constituido por la tutela militar y la tutela de las oligarquías económicas sobre la soberanía popular, ambas contenidas en la constitución de 1980. Se trataba de acumular fuerza política, social y cultural a partir de una situación adversa, y con una derecha y un pinochetismo electoralmente fuertes.

En materia de tutela militar, después de sinuosos e inesperados caminos, como la detención de Pinochet en Londres, el proceso fue definitivamente exitoso, lo que terminó de consagrarse en el gobierno de Ricardo Lagos, lo que la historia alguna vez le reconocerá, pese a sus detractores altisonantes, así como a los mandos que cambiaron la doctrina del Ejército.

Quien no quiera admitirlo, simplemente comete un error de hecho: los militares no determinan el curso político en el Chile de hoy y son probablemente menos intervencionistas que en cualquier otra etapa de la vida republicana.

Decenas de oficiales detenidos en Punta Peuco están para demostrarlo,dicho sea de paso, una cárcel sin privilegios pero segmentada es una opción que defendí y sigo defendiendo, aunque las voces de los tiempos digan otra cosa.

En todo caso, es una curiosa discusión sobre la impunidad militar la que consiste en deliberar acerca de dónde deben estar prisioneros los violadores a los derechos humanos condenados por la justicia.

Los tribunales, desde inicios de este siglo, aluden la prevalencia de los tratados internacionales firmados por Chile en materia de derechos humanos para declarar los crímenes contra la humanidad inamnistiables e imprescriptibles. Esto se debe a la reforma constitucional pactada y plebiscitada en 1989, que consagró el actual artículo 5ª de la constitución vigente. No es poca cosa.

La segunda gran tarea, levantar la tutela de las oligarquías económicas sobre la democracia, ha sido, en cambio, un resonante fracaso.

La economía está más concentrada que nunca, los ingresos permanecen distribuidos de manera escandalosamente desigual y la explotación de los recursos naturales y sus frutos está como nunca en manos de privados y transnacionales rentistas y no de la Nación chilena.

Esto se debe a la mantención de senadores designados durante 16 años y, todavía, del sistema binominal y los quorum antidemocráticos de leyes orgánicas, muy equivocadamente concedidos estos últimos en 1989.Y a dos fenómenos adicionales.

Primero, en la esfera intelectual, al proceso de personas influyentes que fueron primero doctrinarios ortodoxos marxistas-leninistas o bien humanistas cristianos y que se adscribieron luego a la visión neoliberal.

Segundo, a la reconversión de una parte significativa de la dirigencia política de centro y de izquierda al pragmatismo puro y simple y el abandono del impulso reformador original en beneficio de una conducta meramente adaptativa para ocupar espacios de poder burocrático, o simple y tristemente para obtener un reconocimiento por los factores de poder existentes en la sociedad chilena.

Asumir que la transición a la democracia y el establecimiento en Chile de un Estado fuerte capaz de gobernar el mercado y ganar derechos sociales extendidos resultó ser mucho más complejo y largo que lo que preveía el diseño inicial, no implicaba, al menos para algunos de nosotros, abandonar la vocación de transformación radical de la sociedad desigual, excluyente y polarizada que construyó la dictadura.

El proyecto político de “crecimiento con equidad” que tuvo origen en la Concertación, dio un fuerte giro hacia políticas de subordinación al mercado y a los intereses de las grandes corporaciones, dejando de lado las reformas estructurales igualitarias que eran el núcleo crítico que debía acompañar el cambio de régimen político.

Se terminó pactando con la derecha en temas esenciales,como la privatización del cobre, del litio, de las aguas y las sanitarias, contra la opinión de algunos de nosotros, los “autoflagelantes”, que fuimos derrotados.

Se autorizó el financiamiento de las empresas a las campañas electorales. Incluso en la oposición se hizo concesiones inaceptables, como en materia de sistema escolar y de royalty minero en 2010 y2011, con la consecuencia de ceder espacios a la privatización educacional y la pérdida de soberanía sobre las rentas del cobre hasta 2024. Estas conductas no fueron congruentes con el espíritu del 5 de octubre.

¿Cuál es la agenda pendiente? Desarrollar la democracia para hacer efectivo el rol de los poderes públicos en la vida económica, con un Estado Social de Derecho capaz de organizar la cohesión de la vida colectiva y el respeto del ambiente, así como consagrar un rol igualmente decisivo para la auto-organización de la sociedad civil.

Esto requiere de una nueva constitución, cuya elaboración históricamente más civilizada e institucional es la que puede realizar una asamblea constituyente elegida especialmente para el efecto, en base a un pronunciamiento de los ciudadanos en un plebiscito convocado por el gobierno con el aval del parlamento.Los que descalifican el camino de la asamblea constituyente como un desvarío chavista no se detienen a pensar que ha sido el gran factor de estabilidad democrática en países como Brasil y Colombia.

La izquierda democrática chilena debe en definitiva recuperar su rol histórico sobre la base deplantearse viabilizar cinco grandes temas.

- Una nueva institucionalidad democrática para nuevos derechos civiles, participación política equitativa y descentralización.

-Una política económica desarrollista, con énfasis en infraestructura, I+D, política industrial, expansión de energías no convencionales, con desconcentración de mercados, diálogo social, derechos laborales que incluyan negociación colectiva inter-empresas y participación en las utilidades, acceso al crédito a las pymes, derechos colectivos de los consumidores, reforma tributaria progresiva, el control nacional de la renta minera y una política monetaria con tarea antiinflacionaria y además de promoción del empleo en el manejo del ciclo económico.

- Una nueva política social contra la desigualdad que a) sustraiga la educación y la cultura del mercado, b) sustituya la mercantilización de la protección social en salud, pensiones y desempleo por sistemas públicos y sociales universales, es decir una propuesta hacia las clases medias y populares y c) elimine el “clientelismo bonista y de subsidios”, con integración por el empleo en formas de economía social y cooperativa local y por derechos de ingreso de ciudadanía para las personas en condición de precariedad y marginación.

- Una nueva política de desarrollo territorial, con programas de intervención urbana que amplíen el espacio público y mitiguen la fractura social espacial y la privatización de la vida cotidiana, junto al eco desarrollo de los espacios urbanos y rurales y la protección de los recursos naturales.

- Una política exterior autónoma, que promueva la integración vecinal activa (con ampliación de nexos con Argentina, acuerdo equitativo de salida al mar para Bolivia y mejoría de relaciones con Perú, incluyendo un proceso de desarme compensado), una mayor integración política en seguridad colectiva, económica y migratoria sudamericana y una articulación latinoamericana en la gobernabilidad global.

En vías de terminar el corto ciclo gubernamental de la derecha, incapaz de ofrecer un proyecto inclusivo de país, es de esperar que no vuelva por sus fueros la continuidad del método político de no analizar las causas de las derrotas, señalizar para un lado y virar para el otro, no plantear temas controversiales en las campañas porque alejan electores ni aplicar luego los programas en el gobierno porque afectan la estabilidad.

Esa es, a estas alturas,la mayor garantía de inestabilidad futura, de deterioro de la democracia y de alejamiento de la esperanza abierta el 5 de octubre de 1988.

Los sufrimientos humanos habían sido gigantescos, pero los responsables históricos estaban claros, se había hecho justicia y probablemente eso permitía que la sociedad pudiera mirar adelante en base al ideal democrático y de integración.

¿Será que, en cambio, el tema del golpe de 1973 funciona en nuestro país como lo que el sicoanálisis denomina un trauma no superado, que se transmite además a las nuevas generaciones? La hipótesis de que en Chile nuestro trauma, grave, pero de una magnitud no comparable con una guerra mundial, no ha sido adecuadamente procesado, en detrimento de la convivencia en el presente, es digna de ser explorada.

Primero, el reconocimiento de los hechos es equívoco y con ribetes perturbadores.Los autores militares del golpe y los autores civiles y sus herederos suelen minimizar y justificar lo que hicieron, con la notable excepción parcial del Ejército que en 2003 enunció una posición institucional que reafirmó la sujeción al orden democrático y el compromiso de no repetición de violaciones de derechos humanos.

Los civiles de derecha no mencionan el hecho histórico bastante bien documentado de que en los planes de personeros como Jorge Prat y Sergio Jarpa, al menos desde los años de la reforma agraria de Frei, como también en la mente de los jóvenes integristas agrupados por Jaime Guzmán, estaba establecer una dictadura de tipo franquista en Chile.

Lo propio ocurría con corrientes militaristas al interior de las FF.AA.No nos olvidemos que intentaron realizar un golpe en 1969 contra Frei y luego otro en 1970 para impedir que asumiera Allende.

Estos actores de la vida política vieron realizado en 1973 su proyecto y lo abrazaron con entusiasmo, pues terminar con la democracia era su propósito.

Su convicción, en medio de la guerra fría, era que la democracia era débil para confrontar “los avances del comunismo”, con el trasfondo de pérdida de hegemonía social de las oligarquías tradicionales desde los años 20. Jarpa y los del Partido Nacional no han hecho reconocimiento alguno al respecto.

La UDI tampoco, aunque sus miembros fueron un soporte principal de la dictadura y de su intento de prolongación a través del diseño de una “democracia protegida”. En 2003 hizo un planteamiento equívoco sobre derechos humanos, proponiendo una medida tan éticamente inaceptable como la indemnización económica a las víctimas a cambio de renunciar a la justicia, que era lo que en definitiva les interesaba.

Y han insistido en que algunos de sus líderes algo intentaron para proteger a conocidos suyos que eran violentados, generando al parecer la molestia del jefe de los torturadores, lo que contrasta con la defensa gremialista acérrima del régimen de fuerza y de sus aparatos de represión, según se puede comprobar con una simple revisión de la prensa de la época.

La negación de hechos dolorosos, siempre según el sicoanálisis, permanece en el inconsciente individual y a la larga vuelve a manifestarse y provocar sufrimiento. Eso es parte de lo que pasa socialmente en Chile hasta hoy, con una variante que aumenta el trauma: el exasperante intento de transferirla responsabilidad de los victimarios a las víctimas.

Leo el 2 de septiembre de 2013 (sí, cuarenta años después) al senador Espina de RN que declara: “nosotros debemos ser claros en decir que la izquierda fue culpable de lo que ocurrió el 11”. Esto es trastocar de manera perturbadora la realidad histórica: los responsables del golpe fueron los golpistas, no el gobierno que fue víctima del golpe ni sus partidarios. Sin ese punto de partida nunca será posible procesar civilizadamente nada en esta materia.

Reconozcamos los hechos antes de hacer interpretaciones.

a) Hubo un golpe de Estado cuyos autores fueron los golpistas que conspiraron y lograron conformar una junta militar e instigadores y cómplices que le prestaron apoyo (la derecha civil,la gran mayoría de la Democracia Cristiana, el gobierno de Nixon y la dictadura brasileña).

b) Este golpe tuvo como finalidad interrumpir violentamente el régimen de libertades propio de la tradicional democracia chilena, para algunos por tiempo indefinido, para otros temporalmente.

c) Hubo quienes lo apoyaron y hubo quienes lo rechazaron, empezando por el Presidente Allende -que prefirió soportar un bombardeo y finalmente suicidarse antes que rendirse a los golpistas- y por sus partidarios, así como por un Comandante en Jefe y un Director General respetuosos de la Constitución (el Almirante Montero y el General Sepúlveda Galindo), así como por muchos oficiales y soldados que no dudaron en ceñirse a la tradición constitucionalista de las FF.AA. en contra del golpismo militar.

Los que no lo hicieron no pueden escudarse en que no tenían otra opción, porque si la tenían, como lo demostraron con coraje parte de sus camaradas de armas.

Que el contexto histórico influyó en la conducta de los actores políticos de la época, que todos fueron parte de la polarización y todo lo demás, por supuesto que es relevante (aunque muchos nos podrían ahorrar ahora sus perdones personales balbuceantes y televisivos que no vienen francamente al caso).

La insistencia en el contexto es digna de discusión, incluyendo el análisis de los desórdenes políticos y económicos que el conflicto de la época agudizó al extremo, la fiereza y violencia de la oposición, el boicot norteamericano, las incoherencias de la UP,la expansión inmanejable de la demanda de consumo,la exasperación de las clases medias frente a la escasez, la ausencia de firme acotamiento de los cambios de propiedad,los desbordes de ocupación de pequeñas propiedades por la extrema izquierda, todos temas que el gobierno debiera haber enfrentado con una eficacia que no demostró.

Todo esto fue más tarde objeto de interminables debates y autocríticas en la izquierda y ha sido una lección razonablemente aprendida. Pero este debate no debe esconder que quienes quisieron e hicieron el golpe fueron unos y quienes se opusieron a el e intentaron evitarlo fueron otros.

Segundo, hay quienes combinan la negación o el intento poco ético de querer trastocar las responsabilidades con una variante: la idea de la legítima defensa. Lo más persistente sigue siendo atribuirle al Partido Socialista que preparaba desde 1967 una insurrección.

Es cierto que una resolución en un congreso de ese año señaló que “las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”.

La idea simplista de que el Estado es burgués por esencia, que sus cuerpos armados siempre actúan a favor de los intereses de los privilegiados y de Estados Unidos, que inevitablemente reaccionan con violencia ante procesos de cambio que promovieran los intereses de la mayoría popular, estaba presente en el PS y en parte de la izquierda.

La conclusión era procurar acumular una fuerza equivalente o superior a la del Estado para derrotar la fuerza armada de las clases económicamente dominantes.La guerra de Vietnam y el avance de las dictaduras militares en América Latina (Brasil, Argentina, Bolivia, entre muchas) abonaban este análisis que creía que un golpe vendría a la brevedad en Chile.

Pero prevaleció otra respuesta, la de que en Chile tenía sentido que la izquierda recorriera el camino democrático, argumentando que las FF.AA. tenían un componente constitucionalista, que no necesariamente estaban al servicio de la clase burguesa o del imperialismo externo, y que se debía construir mayorías en contextos institucionales para hacer avanzar unos cambios que Eugenio González llamada “revolucionarios en sus fines y democráticos en sus métodos”, básicamente una reforma agraria, una nacionalización del cobre y crear una industria nacional para sustentar mejorías del nivel de vida de la mayoría popular.

Se trataba del proyecto del socialismo histórico chileno expresado en el programa de 1947, encarnado por González y Ampuero , que Allende sintetizó en 1971 en la idea de la “vía chilena al socialismo”.

De hecho, en el PS ya en 1967 no prevalecieron sus sectores ”trotskistas” o guevaristas, pues eligió para dirigirlo al experimentado parlamentario Aniceto Rodríguez, cuya tarea no fue organizar la lucha armada sino,con éxito,una política consistente en persistir en la vía legal para alcanzar democráticamente el gobierno, con una amplia alianza en pleno respeto de las normas constitucionales.

Desde 1971, el sector reformista fue desplazado, el PS pasó a promover el “avanzar sin transar” y mantuvo una estructura armada de poco alcance que proveía protección al presidente Allende (el GAP) y a algunos de sus dirigentes, bajo control del sector llamado ELN, ajeno a conductas ultraizquierdistas.

En un contexto de gran tensión política,esto no significaba promover la lucha armada sino mantener una capacidad de autodefensa, que resultó ser bastante mínima (el MIR por su parte solo tenía una pequeña “fuerza central” con muy pocas armas), aunque abundasen las declaraciones de beligerancia y las expresiones de verbalismo revolucionario en el propio partido del presidente, lo que provocaba su recurrente irritación y le llevó a promover el reemplazo de la dirección en un congreso a realizarse en 1974.Esta retórica contribuyó a generar una percepción de amenaza inexcusable.

Pero no nos equivoquemos en el análisis: los que preparaban el golpe no eran los socialistas ni la izquierda. La pretensión de que la responsabilidad de los actos propios es de terceros, es simplemente inaceptable desde el punto de vista de la ética pública.

Lo es también en el derecho penal: el que asesina voluntariamente a alguien es objeto de atribución de responsabilidad, por mucho que el contexto explique su acto, incluyendo una eventual insoportable provocación de la víctima. El asesino es el asesino y la víctima la víctima y la justicia debe actuar en consecuencia. Es la distinción entre justificar y explicar.

El golpe de 1973 tiene muchas explicaciones. Lo que no tiene es justificación, al menos desde las convicciones democráticas.Distingamos entre ser responsable del golpe y contribuir a la polarización y dar pretextos a los golpistas, de lo que el PS de la época sí es responsable y ha admitido a la postre formalmente. Una declaración de la Comisión Política en 2003 así lo hizo con claridad. Pero reiteremos, del golpe son responsables los que lo hicieron.

Estos construyeron en la época –y hay quienes todavía lo sostienen- el mito del golpe de Praga que el PS y Allende habrían estado preparando. Se aludía no a la invasión soviética a Checoeslovaquia de 1968, como recientemente mencionó Allamand (basta mirar un mapa para darse cuenta de lo absurdo de la idea, no obstante utilizada en la campaña del terror de 1964 cuando se difundía que con Allende llegarían los tanques rusos a Chile, lo que provocó el quiebre de la amistad entre Allende y Frei) sino a la toma del poder por los comunistas checos que dominaban el gobierno en 1948 frente a una elección que iban a perder.

En especial, Frei y Aylwin temían que el general Prats se prestara para algo que por lo demás el Presidente Allende, ni nadie en la izquierda, jamás le propuso ni éste hubiera aceptado. Prats sí estaba dispuesto a destituir masivamente a los oficiales golpistas, a lo que Allende se negó porque consideraba que podía llevar a una guerra civil, según testimonio de Jaime Gazmuri en sus memorias, con lo que Prats terminó por renunciar, junto a una reacción frente a la deslealtad de muchos de sus generales.

El presidente Allende no podía estar más lejos de la idea de precipitar una guerra civil o un golpe de Praga. Se aprestaba a llamar a un plebiscito el 11 de septiembre –lo que incluso llevó a Miguel Enríquez, advertido por Allende, a desmovilizar al MIR en los días previos- a propósito de la promulgación de una ley sobre áreas de propiedad (llamada Hamilton-Fuentealba) sobre la que había ejercido un veto.

Hecho a tiempo (hubo una demora en la respuesta del PC, que fue positiva, contrariamente a la del PS), el anuncio hubiera evitado probablemente el golpe. Este se adelantó por los conspiradores, a los que se sumó a última hora Pinochet,para evitar una salida política que se hubiera encaminado a partir del discurso de Allende previsto para el martes 11 en un acto en la Universidad Técnica del Estado.

Este adelantamiento no se produjo como lo señala una cierta leyenda por la irritación provocada por el senador Altamirano al reconocer que había sostenido una reunión con marinos antigolpistas. En caso de derrota en el plebiscito, lo que era probable, esto hubiera llevado al Presidente Allende a renunciar y a convocar a una nueva elección. Allende buscó hasta el final una salida política para evitar el golpe.

La lógica del golpe de Praga y el mito de los miles de guerrilleros extranjeros fue, por su parte,la justificación de la mayoría DC para justificar entonces el golpe: “el gobierno de Allende, movido sobre todo por el afán de conquistar de cualquier modo la totalidad del poder, había agotado en el peor fracaso la llamada vía chilena al socialismo y se preparaba para consumar un auto golpe de fuerza que habría sido terriblemente despiadado y sangriento, para instaurar una dictadura comunista”, según un documento del Consejo Nacional del 27 de septiembre de 1973.

Esto fue reconocido más tarde por el Presidente Aylwin en su libro de 1998 como un error de hecho: “aunque las irresponsables amenazas públicas de algunos líderes izquierdistas, sus simpatías con el régimen cubano, la existencia de brigadas populares armadas y la cercanía de algunos jefes militares al gobierno de entonces daban pábulo a esa opinión, los hechos demostraron que ese temor carecía de todo fundamento”. De paso, mencionemos que los archivos soviéticos dejan en clara evidencia que la URSS no apoyaba que en Chile se constituyera un gobierno satélite y que no podía sostenerlo.

Nadie en la izquierda estaba preparando un golpe. Nadie. Algunos se prepararon para resistir un golpe, y me incluyo entre ellos, aunque era un adolescente militante del MIR de 16 años, pero esa es harina de otro costal.

Hasta donde conozco, esto ocurrió puntualmente sólo en La Moneda -donde resistieron 27 personas el bombardeo-, en un par de fábricas de los cordones Vicuña Mackenna y Cerrillos, en la población la Legua, en Renca, en Valparaíso y en Macul, donde me encontraba, con medios patéticamente desiguales.

A partir de ahí, los golpistas y sus cómplices transformaron a sus adversarios políticos (la izquierda política y social) en enemigos a eliminar por cualquier medio. Construyeron una idea de defensa propia – ellos o nosotros- frente a un supuesto diseño de exterminio, el completamente falso llamado “plan zeta”.

Generaron el pánico en sus filas y a partir de él procedieron metódicamente al exterminio de la izquierda, sin tasa ni medida, brutalmente, asesinando, torturando, violando mujeres, encarcelando, exiliando.

Esos son los hechos. Negarlos o justificarlos no podrá ser nunca la base de una pacificación de los espíritus que dé lugar poco a poco a una superación del trauma y a una convivencia civilizada.Cuando las víctimas son designadas como responsables de sus sufrimientos por sus victimarios y por sus cómplices pasivos o activos, los que además los invitan a “reconciliarse”, estamos simplemente frente a una forma de perversión.

No nos extrañemos entonces que las heridas no cierren.El camino por recorrer es aún largo para no quedar prisioneros de nuestro pasado. El dicho bíblico “solo la verdad nos hará libres” (Juan 8,32) es tal vez el que mejor resume, incluso para un ateo irremediablecomo el que escribe estas líneas, la tarea que a todos nos debe seguir convocando.

Declaro para claridad de las cosas que no soy neutral frente a estos hechos, como ningún chileno que haya vivido esa época. Mi familia formaba parte de los partidarios del Presidente Allende.

Por lo demás, mi padre fue su ministro de planificación durante los tres años de la Unidad Popular, y heredé su testimonio de los esfuerzos incansables del Presidente Allende por evitar el golpe.

Mi padre participó en la redacción del discurso previsto para el martes 11 y fue parte de la discusión de escenarios en caso de perder el gobierno el plebiscito, de lo que también testimonia Joan Garcés.

Sobre quien ejercía violencia en Chile en ese momento, puedo decir que la bomba puesta en nuestra casa familiar en la noche del 2 de septiembre, que destrozó una parte en la que me encontraba segundos antes, no fue puesta precisamente por la izquierda sino por los violentistas de derecha.

Al rato llegó el Presidente Allende a solidarizar con mi padre y nuestra familia, en una escena para mi impresionante e indeleble. Al día siguiente, en una asamblea de mi colegio en que se discutía llamar a paro indefinido contra el gobierno, mencioné el bombazo y muchos lo aplaudieron. Así actuaban los adolescentes de derecha en esa época, azuzados por sus líderes.

En todo caso, en mi colegio nunca lograron una mayoría para paralizar las clases, pequeño triunfo del que me siento hasta hoy orgulloso, aunque después del golpe no pude volver a clases, claro.

¿Quién podrá convencerme, y como yo a tantos, que la violencia asesina no era de ellos, los golpistas, sino de nosotros, la izquierda?

Si estas recomendaciones de sentido común para hacer avanzar cualquier cosa estuvieran siendo adoptadas en el mundo de la empresa, excelente.

Ciertamente no es el caso de la política. Al menos en el escenario más probable en el futuro próximo.Habrá, eso sí, un cambio de coalición política, pues la actualmente en el gobierno no logró sacar a la derecha de su condición secular de minoría y reafirmó lo que todos en Chile sabían: defienden los intereses de los privilegiados.

Una mayoría cierta de chilenos, fatigada del decaimiento y en algunos casos descomposición de la coalición que gobernó desde 1990, quiso darle a la derecha a partir de 2010 una oportunidad, que esta última desaprovechó irremediablemente.

Esa percepción tal vez la simboliza una reciente actuación del presidente de Chile: va como gobernante a la intronización de un nuevo Papa en Roma, y lo que hace es pedirle en medio de la ceremonia oficial que le bendiga unos rosarios para los nietos y un amigo. Esa no es manera de representar a Chile.

Contrasta con el papel jugado por una ex Presidenta que ha trabajado con capacidad, empeño y dignidad en los últimos años por la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo, promoviendo valores y políticas, y hoy se apresta a retornar al país.

Pero el escenario más probable es que lo haga para hacer más de lo mismo con los mismos y para los mismos de siempre. Aquello de “cuestionar las reglas y supuestos” no está en los libros de la mayoría de los que la apoyan.

Estos se aprestan a recuperar puestos en el Estado sin ninguna idea o propósito de cambio particular, manteniendo por supuesto una mínima retórica para mantener las formas.

Desgraciadamente el impacto de los movimientos sociales de 2011, la voluntad de hacer emerger nuevas fuerzas y coaliciones y las elaboraciones programáticas desde la sociedad, centros independientes y universidades tendrán probablemente poco eco.

Como también el llamado a cambiar las reglas del juego a través de un nuevo proceso constituyente que oxigene la alicaída y a veces maloliente esfera pública nacional.

Cuando lo que se necesita como nunca es cuestionar una institucionalidad terriblemente condicionada por el poder económico, que financia las campañas electorales y no está dispuesto a permitir innovación alguna, el saliente presidente del Senado declara: “en Chile no hay riesgos para la institucionalidad”. Con ese tipo de representantes, que privilegian la estabilidad injusta por sobre la transformación y cuya motivación esencial es el reconocimiento por los poderosos, la remendada y agotada constitución del 80 tiene para rato.

¿Y por qué no nos ponemos creativos e imaginamos y construimos otro escenario? Un escenario en que la ex presidenta Bachelet reitera lo que declaró al despedirse de la ONU en Nueva York parafraseando a Eleanor Roosevelt, la inspiradora de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 : “haz lo que tu corazón sienta que es correcto”.

Un escenario en que la oposición se une sin personalismos y resuelve los asuntos de liderazgo en las urnas, e incorpora a Marcos Enríquez -Ominami y al PC para conquistar un parlamento con mayoría suficiente para iniciar un nuevo proceso constituyente en 2014.

Efectivamente, es prioridad “cuestionar las reglas y supuestos”. Es urgente, cuando un 60% de los ciudadanos se niega a participar en unas instituciones obsoletas, construir un nuevo régimen de libertades, que incluya el matrimonio igualitario y el aborto terapéutico, que redefina los derechos y deberes de los ciudadanos, que permita la representación paritaria de género y equitativa de las ideas y de los territorios, que descentralice y aumente la participación ciudadana en las decisiones públicas, que otorgue una amplia autonomía a los pueblos indígenas.

Es urgente construir un escenario en que un gobierno de ancha base política deja de regalar la renta del cobre a muy pocas grandes empresas e inicia con esos recursos un vasto plan de inversión en infraestructura económica y social (¿por qué no un tren de alta velocidad Santiago-Valparaíso, Santiago-Puerto Montt y Santiago-La Serena?).

Un gobierno que realiza una reforma tributaria progresiva y con ella financia la gratuidad de la educación pública o sin fines de lucro, sin financiamiento escolar compartido y con becas para el 90% de los estudiantes de educación superior, terminando con la educación de mercado.

Un gobierno que crea un Fondo Solidario de Salud para extender garantías uniformes a toda la población y termina con la discriminación propia de la salud de mercado.

Un gobierno que acaba con el abuso de unas AFP que recogen cotizaciones obligatorias para su propio beneficio y que introduce un nuevo pilar de reparto en el sistema de pensiones para garantizar certezas básicas en la vejez.

Un gobierno que protege el ambiente y cambia el modelo energético hacia uno que incorpora masivamente nuevas fuentes renovables no convencionales, con la meta de 40% en 2030.

Un gobierno que estimula el empleo con derechos para los trabajadores, que fomenta el ahorro y la sobriedad en el consumo, que iguala el salario de hombres y mujeres, multiplica las salas cunas y el posnatal compartido.

Un gobierno que en cuatro años abre una nueva etapa en Chile. ¿Por qué no?

Avanzar a un nuevo modelo de desarrollo innovador y sustentable.

Afianzar una transición desde la exclusiva especialización en la explotación de recursos naturales con bajo valor agregado, que genera una economía inestable, desintegrada y desigual, a una economía diversificada basada en el conocimiento innovador, la sustentabilidad y la integración sectorial requiere retomar, pero ahora en gran escala, la tarea de robustecer complejos productivos que desarrollen los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás en al menos la actividad minera, pesquera, forestal y alimentaria, mediante programas de innovación, desarrollo y producción limpia, triplicando la inversión actual.

Se requiere fortalecer una banca pública activa y un sistemas de compras públicas que amplíen la red de pequeñas y medianas empresas creadoras de empleo, con un nuevo sistema de subsidios directos a la capacitación, ampliación sustancial del microcrédito y regulación de los poderes monopsónicos en la distribución.

También supone establecer un nuevo modelo energético basado en una meta de uso de tecnologías renovables no convencionales de 20% en 2020 y 70% en 2040 en la generación eléctrica, desechando la insania tecnocrática que persiste en introducir la energía nuclear en Chile, el país más sísmico del mundo.

Cubrir las necesidades energéticas, incluyendo políticas sustanciales de ahorro, requerirá un ordenamiento territorial riguroso para luchar contra el cambio climático y proteger los ecosistemas y la biodiversidad, ampliando el sistema de zonas protegidas. Se requiere además devolver los derechos de agua al dominio público, y permitir su uso racional mediante concesiones limitadas en el tiempo, con garantías de acceso equitativo y sustentable.

Un nuevo Fondo de Inversión en Infraestructuras debe permitir un mayor equilibrio regional, consolidar la formación y educación de capacidades humanas y favorecer un urbanismo integrador que aumente la calidad de vida e intervenga los barrios sin equipamiento social y cultural, en una amplia política de reforma urbana. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional debe disminuir su condicionalidad para que las decisiones sobre su uso residan en los territorios. El Fondo Común Municipal debe redistribuir mejor los recursos desde las comunas ricas a las pobres y aisladas.

Optar por una política económica y laboral para el pleno empleo y la desconcentración.

Para financiar el esfuerzo productivo y social del Estado con mayor equidad, la estructura tributaria debe ser progresiva, con una mayor tributación de las empresas y de las personas que tienen más ingresos (eliminando el vínculo entre ambas) y una diferenciación de los impuestos al consumo. La recaudación tributaria debe aumentarse estructuralmente en 1% del PIB al año por una década (y aún así quedaría bajo el promedio OCDE).

Se debe estimular el ahorro y la inversión mediante el reforzamiento de los impuestos al lujo y los males públicos, así como a las rentas especulativas mediante impuestos a las ganancias de capital. Los impuestos permanentes deben permitir el financiamiento de las tareas permanentes del Estado, el que debe combatir el clientelismo y la ineficiencia con una función pública más profesional, reforzando los sistemas de control, transparencia y rendición de cuentas de todas las actividades de gobierno.

Cabe además la ampliación sustancial de la minería estatal y el aumento drástico de la tributación privada por el acceso al subsuelo y a los recursos del mar que pertenecen a todos los chilenos (y que escandalosamente la mayoría del parlamento ha entregado a una suerte de dominio perpetuo y sin contrapartida económica alguna a cuatro empresas), con licitación periódica y transparente de las concesiones de explotación de recursos naturales que se justifiquen; el cambio en el tratamiento de la renta por uso de los recursos naturales.

Hoy hemos llegado a un límite: se transfiere cuasi gratuitamente el valor del acceso a nuestros recursos en proporciones inaceptables a inversores extranjeros y nacionales, deteriorando de paso las cuentas externas de Chile, fruto de un sistema de regalías que debe ser modificado, junto al aumento del impuesto adicional a la repatriación de utilidades. Esta política puede generar nuevos recursos fiscales que deben orientarse al sustancial aumento de la investigación y el desarrollo de productos y procesos innovadores y la ampliación de la infraestructura productiva y social.

La política fiscal y monetaria debe acentuar la capacidad de acción contracíclica y evitar los errores de 1999 y 2009, que llevaron a la economía chilena a recesiones evitables por actuar poco y tarde.

Las grandes empresas deben estar sujetas a estrictas reglas competitivas y de protección del consumidor, con una regulación financiera que impida los abusos y limite la concentración económica. La fijación de tarifas en los servicios básicos debe evitar las sobreutilidades monopólicas y responder a sus costos reales.

La negociación colectiva debe realizarse en la empresa y más allá de la empresa, pues la relación laboral no puede estar determinada de manera individual en beneficio exclusivo del empleador. Los trabajadores deben tener organización, voz y poder, factores con los cuales es posible aumentar la confianza y mejorar la cooperación productiva en la empresa, en interés compartido.

La ausencia de la negociación colectiva debe terminar, pues no es propia de una economía moderna y civilizada. Esta se debe extender a temas como los despidos colectivos, que deben asociarse a compensaciones y mecanismo de reinserción, la capacitación laboral y la seguridad en el trabajo.

Nuevos aumentos del salario mínimo deberán proteger los ingresos de los trabajadores más pobres, mientras el seguro de desempleo debe ser ampliado en su cobertura, complementado con programas de empleo de inserción juvenil y de reinserción para los desempleados de la larga duración.

Desarrollar la educación pública.

La educación no es un bien de consumo más llamado a transarse en mercados. Los valores democráticos y humanistas en la sociedad y la igualdad de oportunidades para hacer posible la transición a la economía del conocimiento aprovechando todos los talentos, independientemente de su origen social, es tarea de la educación.

Para cumplir ese propósito, el sistema educativo debe ser público por esencia. Esto no es contradictorio con un sistema mixto de provisión, pero solo con el financiamiento público de entidades no estatales sin fines de lucro ni discriminadores. En la medida en que los establecimientos reciban recursos públicos, nada justifica ser un factor caracterizado de segmentación social y cultural y además obtener utilidades privadas con el presupuesto de la Nación.

Este debe emplearse en seguir fortaleciendo la cobertura de la educación pre-escolar y los recursos en la educación básica y media estatal o sin fines de lucro, con escuelas públicas administradas por nuevas corporaciones educacionales regionales con fin único bajo tuición directa del ministerio de Educación, terminando con el factor de discriminación constituido por el financiamiento compartido y la selección por dinero.

Cabe volver a consagrar la completa gratuidad escolar y la cabal sujeción a las normas públicas allí donde existan recursos del Estado, incluyendo la prohibición de la selección arbitraria en el acceso, que debe estar vinculado a la vecindad y a políticas de heterogeneidad social y cultural. La formación de profesores debe someterse a altos niveles de exigencia, con exámenes de habilitación obligatorios, junto a una carrera docente fortalecida.

La educación técnica superior deberá asimilarse al régimen de educación universitaria y terminar con su mercantilización generalizada. La educación universitaria debe ser efectivamente sin fines de lucro –cerrando las universidades que burlan la ley y reintegrando a sus alumnos a otras universidades- y su acceso debe ser gratuito para los jóvenes pertenecientes a las familias que integran el 90 por ciento inferior de la distribución de ingresos.

La completa gratuidad puede abordarse para la totalidad de los jóvenes con capacidad de seguir estudios superiores si se opta por agregar un nuevo tramo en el impuesto a la renta con una tasa marginal de 50% (reforzado en 1990 y vigente hasta 1994), por sobre la de 40% actualmente existente, de modo que los más ricos financien su educación con el pago de mayores impuestos.

Las universidades públicas deben garantizar una educación plural y laica y recibir mayores aportes basales para el desarrollo de la cultura y de la ciencia de acuerdo a su nivel de complejidad, junto al fortalecimiento de su rendición de cuentas y sujeción a normas estrictas de calidad y excelencia.

Seguir mejorando la protección social.

La experiencia histórica de todas las economías modernas exitosas muestra que la desigualdad se combate de muchas maneras, pero con prioridad mediante estados de bienestar y sistemas de tributación-redistribución directa. Mencionar cambios de largo plazo en la distribución primaria del ingreso en la empresa como eje de la lucha contra las desigualdades es simplemente esquivar el desafío.

Para que estos sistemas de redistribución secundaria del ingreso no se transformen en maquinarias de clientelismo y de desincentivo de la responsabilidad personal, deben basarse en el acceso a prestaciones concebidas como derechos, no como gracia del gobernante de turno ni caridad individualizada.

Llegó la hora de combatir la individualización, estigmatización y prolongación de la exclusión que se realiza en nombre de la focalización de las políticas hacia los pobres, que debe desaparecer de nuestro lenguaje, y reorientar los subsidios hacia derechos universales, especialmente orientados a la inserción en el trabajo, en la educación y en la participación comunitaria local. Se deja de ser pobre en primer lugar cuando se es responsablemente parte de la sociedad y de sus desafíos colectivos.

Abordar uno de los grandes riesgos de la sociedad futura, el envejecimiento demográfico, requiere dejar de someterse al ideologismo ultraliberal e introducir un pilar de reparto que otorgue certeza básica a las pensiones junto al pilar solidario y el de capitalización individual, el que debe incluir una entidad pública.A su vez, debe organizarse un pilar solidario que ayude a las familias y comunidades a sustentar la pérdida de autonomía de las personas de edad.

Un Fondo Solidario en Salud debe corregir el mayor riesgo de los cotizantes en el seguro público (los seguros privados discriminan contra las personas afectadas por enfermedades preexistentes, las personas de edad y las con menores recursos) y utilizarlo para aumentar las garantías de atención en la salud pública, que ya abarca el 70% de las patologías, además de reforzar la salud primaria y preventiva, que sigue siendo la mejor inversión posible en salud y también en eficiencia productiva que contribuya al desarrollo.

Quedan por resolver dos cuestiones esenciales. La primera es la de los métodos de acción política, que la oposición debe renovar drásticamente si quiere encarnar una nueva opción de gobierno creíble. La nueva ley de primarias es una oportunidad de oro para resolver mediante el voto popular las aspiraciones a la representación en las instituciones, que debiera ser usada por todos. Y la segunda es establecer una plataforma programática que entusiasme a una mayoría de ciudadanos, especialmente los más jóvenes.

Los temas en discusión son múltiples, pero el principal es superar el bloqueo institucional.

Es ineludible salir del bloqueo institucional contenido en el diseño de la constitución de 1980, que ilegítimamente impide la expresión de la soberanía popular. La nuestra es una democracia crecientemente inútil para representar los intereses mayoritarios, lo que genera un irremediable desprestigio de lo que muchos ciudadanos comunes asumen ya como la “clase política”, indiferenciada y con intereses propios repudiables.

Relegitimar la democracia es la tarea de hoy, mediante nuevos contenidos de la constitución en materia de valores colectivos, deberes y derechos y el pronunciamiento ciudadano sobre su orientación.

El mejor instrumento conocido para la tarea de legitimación democrática que Chile necesita con urgencia es una asamblea constituyente representativa, autorizada y mandatada para esa tarea por los ciudadanos en un plebiscito convocado por ley.

Avanzar a una nueva constitución no es provocar el caos ni partir de cero, y no prejuzga sobre la orientación política de los gobiernos futuros, aunque si debe establecer en primer lugar el principio de mayoría, en respeto de las minorías y de su derecho a procurar transformarse en mayoría. Es poner al día las reglas democráticas de convivencia, sin amenazar a nadie e incluyendo a todos: es dejar un legado consistente a las nuevas generaciones que asegure la gobernabilidad democrática, hoy cuestionada por todos lados.

La nueva constitución debe proponerse consagrar los derechos civiles y políticos fundamentales y las garantías y deberes de los ciudadanos; consagrar la igualdad de género; reconocer y promover los derechos de los pueblos originarios; reafirmar los derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales firmados por Chile; reafirmar la propiedad pública sobre los bienes comunes para permitir la explotación racional y sustentable de los recursos naturales y el ordenamiento del territorio en beneficio de todos los ciudadanos y de las nuevas generaciones y para permitir el uso del espectro radioeléctrico con obligaciones de desarrollo cultural y de respeto del pluralismo, especialmente en la televisión; establecer la igualdad de oportunidades de acceso a los cargos públicos; avanzar a un régimen político semi-presidencial y la representación proporcional en el parlamento; poner fin a los quorum que dan de derecho a veto ilegítimo a la minoría en las leyes orgánicas.

Además, establecer la obligación de consulta a las organizaciones sociales y productivas en la elaboración de leyes sociales, económicas y ambientales; consagrar la iniciativa popular de ley; fortalecer la independencia y profesionalismo del poder judicial; ampliar la descentralización política, incluyendo la elección popular de los gobiernos regionales y la afirmación de la autonomía regional y municipal en las tareas de desarrollo y a avanzar hacia nuevas libertades, en primer lugar hacia la libertad de la mujer para decidir sobre la maternidad en determinadas condiciones; el matrimonio igualitario y el respeto por la diversidad sexual.

¿Es inviable el camino de la asamblea constituyente? La peor batalla es la que no se da.

La acción política está para ampliar la frontera de lo posible, no para la resignación y la renuncia, ni para conformarse con la coparticipación en la administración del orden desigual existente.

Esta tarea emana de una constatación simple y a la vista de todos: no se puede disminuir las desigualdades en el actual marco constitucional.Esquivar este desafío es renunciar a todo cambio de la estructura de poder para eliminar privilegios ilegítimos en la sociedad chilena.

Es probable que la causa sea que para las oligarquías dominantes (concepto que prefiero al de élites, demasiado ascéptico e impreciso, oligarquías que son como las brujas: de haberlas, las hay, y son económicas, políticas y mediáticas) no sea del todo bienvenido recordar que la independencia fue un proceso emancipador. Y que incluyó luchas insurreccionales, conflicto social y político, choque de intereses, retrocesos y nuevos impulsos, con un desenlace que marcó la ruptura con los privilegios del orden previamente existente. En suma, una revolución.

El 18 de septiembre de 1810 no es el día de la independencia: es el día de la declaración de lealtad a un rey español depuesto por Napoleón, realizada por una junta que declaró haber “prestado el juramento de usar fielmente su ministerio, defender al reino hasta con la última gota de su sangre, conservarlo al señor don Fernando Séptimo y reconocer al Supremo Consejo de Regencia”. Nada muy heroico, aunque fue un primer paso.

La independencia vino en realidad años después, en 1818, cuando maduró aquella aspiración firmada en la ciudad de Concepción, en enero de 1812, entre los plenipotenciarios de la Junta de Concepción y los representantes de la Junta de Gobierno de Santiago, en la llamada Convención de Concepción: “La autoridad suprema reside en el pueblo chileno”. Llegaba para quedarse, y para ser cuestionada desde entonces por las mentadas oligarquías, con frecuente éxito, la decisiva y noble idea de la soberanía popular. Frente a ella el rey Fernando VII, repuesto en el poder en diciembre de 1813, no quiso hacer concesiones, a pesar de la Constitución liberal de Cádiz elaborada en su ausencia. Esto provocó finalmente la pérdida de su imperio americano.

Pero es solo después de muchas vicisitudes, el 1 de enero de 1818, cuando Bernardo O’Higgins termina proclamando la independencia de Chile en Concepción, en el fragor del combate y frente a un nuevo desembarco de tropas españolas, cuyo texto es aprobado de forma definitiva, corregido y firmado por el Director Supremo, el 2 de febrero de 1818 en Talca.

Poco después se consolidaría la declaración en los hechos en la Batalla de Maipú, en la que bajo el mando de San Martín los patriotas derrotaron para siempre, el 5 de abril de 1818, al ejército realista. ¡Que poco se conoce y se asume lo allí expresado!: “La fuerza ha sido la razón suprema que por más de trescientos años ha mantenido al Nuevo Mundo en la necesidad de venerar como un dogma la usurpación de sus derechos y de buscar en ella misma el origen de sus más grandes deberes. Era preciso que algún día llegase el término de esta violenta sumisión”. Sostenía O’Higgins que el sentido de la declaración de independencia era “que entiendan las naciones que ya no existe la debilidad que nos ha mantenido en forzosa sumisión; que debe esperarse un manifiesto de la justicia que nos asiste para nuestra heroica resolución; que tenemos fuerzas bastantes para sostenerla con decoro; y que jamás nos sujetaremos a ninguna otra dominación”.

La independencia se hizo contra dogmas sostenidos por la fuerza y para no aceptar la sujeción a dominaciones por encima de la Nación y de la soberanía popular, según nuestros textos fundacionales. Se entiende así tal vez mejor por qué se habla tan poco de esta lección primigenia de la independencia nacional.

Y de otro hecho que no resulta casual: el acta original, con las correcciones de O’Higgins, quedó destruida el 11 de septiembre de 1973, cuando un valiente Presidente de Chile decidió no aceptar la renuncia que los militares alzados contra la democracia le exigían y optó por resistir el bombardeo destemplado del Palacio de La Moneda, que destruyó hasta el Acta de Independencia, aunque esto lo obligara luego a quitarse la vida, pues su título provenía del pueblo y no estaba dispuesto a que fuera mancillado por la fuerza de la brutalidad.

Así, las naciones se construyen con valores que constituyen su cimiento. En el caso de las naciones modernas y democráticas, con el valor de la soberanía popular como supremo origen del poder. Y con el ejemplo de resistencia y rebeldía de sus líderes frente a la injusticia manifiesta. No es entonces de extrañar que surja con vehemencia creciente, pues proviene del origen de la Nación y de sus momentos más significativos, la consideración de que la actual configuración constitucional no es aceptable.

Solo unos cuantos interesados en mantener sus privilegios y unos pocos necios pretenden negar que el actual orden constitucional carece de legitimidad de origen, a pesar de sus 31 procesos de enmienda, y de legitimidad de ejercicio suficiente, precisamente por no permitir la expresión de la soberanía popular.

Lo impide el sistema de elección del parlamento y los quorum que dan poder de veto a la minoría en desmedro de la voluntad mayoritaria en materias decisivas. Al día de hoy, disponemos de un régimen de libertades pero de poco más que de una democracia interdicta por una configuración de oligarquías económicas y políticas para lo que verdaderamente importa: los derechos civiles, políticos y sociales, el nivel y estructura de los tributos para financiarlos, las regulaciones económicas y ambientales.

Las oligarquías políticas se han consolidado e incluyen a las que representan directamente a las oligarquías económicas y a las que han sido cooptadas por estas últimas, con ayuda del sistema de financiamiento de las campañas por las empresas. Esta interdicción se origina en una transición que algunos tomaron como punto de llegada, mientras para la mayoría de los participantes en la gesta de octubre de 1988 era un mero punto de partida hacia un orden democrático y civilizado que gradualmente debía establecerse respetando los derechos de las minorías pero haciendo prevalecer la voluntad mayoritaria.

Esa fue la promesa de 1990 y no el gatopardismo -que todo cambie para que nada cambie- según puede leerse expresamente en el primer programa de la Concertación, que en todo caso ha tenido cumplimientos parciales de gran relevancia. Pero no en la promesa de establecer en Chile la soberanía popular.

Los “realismos” en esta materia que duran ya 22 años son a estas alturas insostenibles, pues en realidad se llaman renuncias. Estas no tienen apoyo en la sociedad y menos en las nuevas generaciones, que observan una radical distancia con el orden actual y su sociedad de mercado, por mucho que quieran convencernos de lo contrario quienes hicieron de necesidad virtud y se explayan con abundante eco en los medios, como si representaran algo más que sus personales reacomodos.

Se requiere un cambio de folio en la vida institucional del país, salvo que se quiera mantener el statu quo de desigualdad, marginación de las mayorías, crisis de representación y… creciente ingobernabilidad.

Renunciar por consideraciones subalternas de poder a dar curso a un nuevo proceso constituyente, y por algunos que no debieran en nombre de la gobernabilidad precisamente puesta en cuestión por la sobrevivencia de un orden institucional que bloquea la representación de una sociedad más plural y exigente, es a estas alturas propio de incivilizados y de miopes.

Prefieren provocar a la juventud activa del país y a vastos sectores medios y populares, que juntos constituyen la mayoría, y de paso aumentar la anomia y violencia social que nada bueno augura, antes que escuchar a un insigne conservador, Winston Churchill: “el principio central de la Civilización es la subordinación de la clase dirigente a las costumbres establecidas de la población y a su voluntad expresada en la Constitución”. Nunca mejor dicho.

En efecto, fue sobre todo un intelectual muy destacado y significativo en la trayectoria de la izquierda chilena y sus vicisitudes. Fue uno de los fundadores del Mapu y uno de sus dirigentes históricos, y se sumó luego a la renovación socialista desde su exilio en México, en donde compartí con él inolvidables jornadas.

Siempre su opinión fue incisiva, desprendida y lúcida. Era un analista fino y culto de las complejidades de la época y de las tendencias políticas contemporáneas. La inteligencia, y la lucidez a veces pesimista, no tiene porqué opacar la voluntad del que tiene y mantiene convicciones.

Juan Enrique no buscó acomodos. Se dice de quienes militaron en el Mapu que tienen una capacidad especial de adaptarse al poder, lo que efectivamente ocurre de manera notoria con algunos que tienen la mala costumbre de justificar sus propias decisiones y renuncias más o menos respetables por supuestas circunstancias generales.

Pero no me gustan las simplificaciones y puedo dar fe -aunque provengo de la izquierda laica- de que es el caso sólo de unos pocos, y con una resonancia en los medios equivalente a su acercamiento al campo conservador.

El acomodo al poder es tan antiguo como la condición humana y no es privativo de ningún grupo particular. Puedo dar fe de que Juan Enrique, como muchos de sus amigos de generación, se mantuvo hasta el final de su vida fiel a sus convicciones, a su izquierdismo de razón pero sobre todo de corazón y pasión, que presumo venía desde sus correrías de dirigente de los estudiantes secundarios a fines de los años 1950 y del Liceo Aplicación, en el que hizo sus primeras armas políticas.

Juan Enrique no era de los que privilegiaba protagonismos. Fue capaz de mantener una posición propia, aunque significase renunciar a la condición de embajador en Ginebra, para mantenerse fiel a sus convicciones, en este caso a propósito de un proyecto de resolución sobre la política de Estados Unidos en Irak en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2003.

No buscó posiciones fáciles y siguió ganándose la vida, no sin dificultades, y por largo tiempo fuera de Chile, como investigador social. Nunca dejó de ejercer la crítica razonada con los valores propios de un “intelectual de izquierda”, figura hoy tan desvalorizada.

Pero Juan Enrique Vega fue sobre todo un entrañable ser humano, divertido, sarcástico, irreverente, leal compañero, un padre y abuelo que adoraba a sus hijos y nietos, solitario pero muy amigo de sus amigos, especialmente con los que compartió una vida de compromiso político.

Esa irreverencia le significó a veces el aislamiento,pero nunca dejó de ser respetado.

A muchos, aunque personalmente lo conocí mucho más tarde, nos hará falta su actitud y su amistad en las vicisitudes y batallas que seguirán viniendo.

Por el lado de los aumentos de ingresos, el ministerio de Hacienda los cifró en su momento por concepto de incremento del impuesto a las utilidades de las empresas en 1796 millones de dólares en 2013 (nótese la precisión, bastante curiosa pues está basada en supuestos aproximativos, pero todo sea por la imagen de seriedad tecnocrática), para luego descender en principio a 1358 millones de dólares en 2017.

En realidad, dado que este pago constituye un crédito para la cancelación de impuestos personales de los dueños de las empresas, el efecto neto en el largo plazo va a depender de la política de retiro de dividendos, pero en fin esas son precisiones técnicas.

Otras medidas incrementarían la recaudación en 130 y 535 millones de dólares adicionales en 2013 y 2017 respectivamente, a lo que se agregaría 35 millones de impuesto adicional al tabaco previsto en el acuerdo de la comisión mixta y una estimación de 400 millones más por aplicación de factura electrónica, que en realidad rebaja la evasión.

Luego el gobierno, con la aceptación de la mayoría de la oposición (tengo una problema con esa expresión: a esta altura uno se pregunta a qué se opone en realidad), introdujo una serie de rebajas tributarias por 696 millones de dólares en 2013, las que llegarían a 1017 millones de dólares en 2017.

En el caso del impuesto a los ingresos de las personas, la rebaja es muy precisa: los que ganan más de 6 millones de pesos al mes, el 0,3% de los contribuyentes más ricos, tendrán una disminución promedio del impuesto a la renta del orden de un millón de pesos al año.

En la parte baja de la escala de los que tributan a la renta, el 12% de contribuyentes que ganan menos de 1,2 millones de pesos al mes, tendrán una rebaja anual de 27 mil pesos al año. Un millón contra 27 mil pesos: así va la equidad en Chile.

Por cierto, el 81,2% de los chilenos que por tener ingresos inferiores a 500 mil pesos al mes no pagan impuesto a la renta, pero sí mucho IVA, que nadie pensó en rebajar, no tendrán beneficio alguno.

Claro, los representantes del realismo pedestre dirán que han obtenido una gran victoria, porque originalmente el gobierno iba a rebajar en 1,5 millones el impuesto anual de los más ricos y ahora solo en un millón. Así, los adalides de la “gobernabilidad” van legitimando y profundizando una y otra vez las desigualdades en Chile en acuerdo con la derecha, como ya lo habían hecho con el royalty minero, en el que prolongaron condiciones inaceptables para el Estado chileno en materia de renta minera que pertenece a todos hasta el año 2024.

Cabe recordar que la reforma tributaria del 2010 propuesta por el Gobierno para enfrentar la reconstrucción incluyó alzas transitorias y rebajas permanentes.

El resultado tributario neto de largo plazo de esa reforma fue una caída en la recaudación del orden de 400 millones de dólares. Esto implica que las dos reformas del gobierno, la aprobada en 2010 y la del proyecto aprobado ahora en el parlamento, generarían del orden de 0,2% del PIB de 2015 en adelante.

Se necesitan, hay que decirlo,  recursos por al menos diez veces más sólo para abordar las necesarias reformas en educación.

La reforma de 1990 aumentó la recaudación en 2% del PIB. Diez veces más. Así va nuestra dirigencia política actual respecto a los grandes desafíos del país. De mal en peor.