Que tan nueva será la Constitución Política de la República de Chile dependerá en gran medida de la  legitimidad y adhesión que esta discusión logre generar en la ciudadanía. El debate, por tanto, debe centrarse en el contenido del texto constitucional.

Como señala el profesor Fernando Atria, no es lo mismo un nuevo artículo 4°, el cual determina que  “Chile es una república democrática”, que eliminar del artículo 86 inciso final: los fiscales regionales deben tener a lo menos cinco años de título de abogado y  haber cumplido treinta años. Ambos preceptos gozan de estatus constitucional.

Pero es evidente que definir la protección de las reservas estratégicas, como los glaciares o discutir sobre la viabilidad de un nuevo sistema político, semi-presidencial, por ejemplo, en el cual un Presidente elegido por sufragio directo y un Primer ministro designado por el parlamento ejerzan la función ejecutiva, aumentando los controles recíprocos entre los distintos poderes públicos, son cuestiones de mayor importancia y complejidad.

La vinculación de la norma constitucional con los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, como la vida, la libertad  personal, el derecho a la seguridad social, el derecho de propiedad, su función social y limitaciones, entre otros, contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes son aspectos sustanciales que deberán ser abordados, ya sea por una comisión bicameral, una convención constituyente o una asamblea constituyente.

Hay que discutir sobre la finalidad del Estado, su función subsidiaria y la participación de éste en la actividad económica, el rol de la familia y de la sociedad civil; así como del reconocimiento de los pueblos originarios, y  la protección constitucional de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

También tendremos que abordar como país definiciones de alta sensibilidad, tales  como, la explotación de los recursos naturales, la mantención de las mayorías especiales para legislar  y el mecanismo para reformar, en el futuro, la nueva Constitución.

Esto es en el fondo lo que determinará si con propiedad nos encontramos frente a una nueva Constitución o a un texto reeditado y validado mediante un referéndum meramente ratificatorio.

La profundidad y honestidad política para emprender el proceso de elaboración de una nueva Constitución podría hacer de este el más importante en la historia constitucional chilena, por la envergadura que tendría en la conformación del poder constituyente la ciudadanía, diferenciándola drásticamente en su origen de las últimas cartas políticas.

Por ello la opción por la Asamblea Constituyente es la que genera mayores incertidumbres y tensiones.

En tal sentido, la participación de la comunidad en la distintas instancias de diálogo, educación cívica, su efectiva participación política y la formación de mayorías electorales consistentes es un desafío para quienes pretendemos romper con la “neutralización” de la clase política, la  desconfianza en la efectividad de las políticas públicas para generar y distribuir mayor bienestar y seguridad y recomponer la credibilidad en la institucionalidad democrática y el estado de derecho, como los proyectos que mejor resguardan los derechos individuales y colectivos, propendiendo al bien común, a la certeza jurídica y a igual protección ante la ley de todos.

La presión que se logre ejercer sobre el Congreso Nacional para que sea una asamblea constituyente la que defina una nueva Constitución política para el siglo XXI, va a definir la viabilidad de un texto inaugural para un nuevo ciclo político, el que requiere de liderazgos programáticos más que de vocerías mediáticas, de participación efectiva y no tan solo de opinión; es decir, en el que cada cual se haga depositario de los asunto de interés público, de aquello que a todos nos compete.

Para que dicha presión alcance la temperatura necesaria para instalar la asamblea constituyente, como el mecanismo que genera mayores garantías de independencia y vocación transformadora, es vital re-significar las preocupaciones y temas de mayor connotación social, como delincuencia, empleo, acceso y calidad de la salud, la vivienda y la educación, entre otros, subsumiéndolos en un gran tema: como la nueva Constitución  reconoce y garantiza dichos derechos y cuál será la institucionalidad política que hará de estos un horizonte próximo en la vida de cada habitante de nuestro país.

Delincuencia, reformas, mercado del trabajo, transporte, oferta inmobiliaria y sistema de pensiones, entre otros hitos, tensionan los discursos de la calle y los que son emitidos por los operadores de la administración del espacio público.

Entre unos y otros una distancia, reflejada por las encuestas de opinión y las cifras de éxito y crecimiento, por la abstención electoral y los indicadores de eficiencia, percibidos generalmente como datos duros de la autocomplacencia de autoridades sin contacto directo con la calle y sus habitantes.

Como si Chile fuera México, como si fuéramos Haití. Una mirada desalentadora sobre los logros obtenidos desde el retorno a la democracia y un pesimismo indignado respecto de los próximos años y de los desafíos que debemos enfrentar para continuar construyendo un país de oportunidades crecientes y riesgos controlados, de libertad política, transparencia y bienestar, en democracia y participando activamente en la construcción de una comunidad internacional con base firme en los derechos humanos.

Con certeza podemos afirmar que Chile no es México y tampoco es ya el mismo país de hace cuarenta años, cuando el analfabetismo, la mortalidad y la desnutrición infantil representaban los principales problemas sociales.

Hoy nuestros problemas son la obesidad mórbida, el envejecimiento progresivo de la población y el acceso a la supercarretera electrónica para ingresar a la sociedad del conocimiento y la información, el impacto ambiental de la demanda energética y la transparencia en el accionar de las agencias y agentes de poder.

La sensación ambiental es que entre la puerta giratoria y las sillas musicales, la gestión de los desastres y escándalos, el bajo crecimiento e incertidumbres fundamentales- ¿habrá o no nueva Constitución?,  el país se estanca, los beneficios son acumulados por unos pocos y los temores se hacen realidad.

Contra esto, no nos queda más que reconocer las zonas de difícil cicatrización. La reconciliación y la transición a la democracia han dejado marcas hipertróficas, heridas cerradas pero visibles y traumáticas sobre las que volvemos la mirada de manera permanente. 1973, 1988, 2010 son solo algunos  puntos de ruptura que fracturan y distancian. No es fácil decir “hemos sanado las heridas de la patria”. Estas, por el contrario, aún duelen.

Necesitamos emprender un proceso terapéutico a escala política para construir un proyecto compartido de país, con liderazgos sin privilegios y opinión ciudadana con participación. Enfrentar las tensiones sin menoscabar a los opuestos y, por cierto, permitir los gestos de confianza e invertir en la imagen y eficacia de las instituciones.

Cuando la banda de rock argentina Zumo, publicó en 1985 el disco “Divididos por la felicidad”, la primavera alfonsinista comenzaba a recorrer sus primeros y breves días. Es esa misma felicidad en un país con más (pero insuficiente) bienestar, oportunidades y recursos, la que se nos escabulle en estos días, generando esa sensación de malestar que se exterioriza en el diálogo cotidiano.

Y quizás, sin más, en Chile sigamos “pateando piedras” a la espera de una próxima oportunidad para entrar al juego de las oportunidades y riesgos compartidos, profundizando la democracia y distribuyendo la riqueza socialmente producida.

Sin hacer  un catálogo exhaustivo, América, la de José Martí, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, ingresó al siglo XXI marcada por la insuficiencia del proyecto liberal para establecer una comunidad política de bienestar y crecimiento con justicia social.

Caval, Penta y SQM han provocado la “caída” no solo de la Presidenta Bachelet, sino de la legitimidad,  aprobación y adhesión al sistema político en su conjunto. Las encuestas, como los instrumentos sismográficos miden y dan cuenta de la magnitud del desastre.

Venezuela se encuentra tensionada no solo en su política interna, sino que además la presión internacional no da espacio para una resolución pacífica e institucional del conflicto.

En Perú, la salida de la primera ministra revive los días escabrosos de la administración Fujimori-Montesinos, en los que la gestión de la administración pública se utiliza  para beneficios particulares.

Argentina, desde la primavera alfonsinista de mediados de los 80’ se ha mantenido en una espiral de corrupción y gestión ineficiente de los asuntos públicos, cuyo clímax fue la época de Menem y el corralito de 2001, después de los cuales la política económica argentina se ha mantenido en la cuerda floja. La crisis de la deuda es un foco expansivo que no ha dejado de pender sobre sus países vecinos.

Lo de Brasil no solo cobra importancia por el peso de éste en la economía mundial, sino porque el escándalo Petrobras coincide con una política de ajuste que afecta directamente a las personas y por cierto, a las más pobres, que representan cerca de 18% del total de la población.

México es el ejemplo más doloroso de ineficacia de la comunidad política para establecer un estado de derecho basado en el respeto fundamental a los derechos inherentes a la persona humana. Las tasas de homicidio, secuestros y desapariciones forzadas que enfrenta Centroamérica impactan sobre la conciencia de todos los países occidentales.

Por su parte, Estados Unidos debe enfrentar por sí mismo la violencia social: criminalización de la pobreza, exclusión  de los migrantes, desempleo y el resurgimiento del conflicto racial.

El temor a la “mexicanización de Argentina,” a la que hizo referencia el Papa Francisco, es una señal de que el sistema político implantado en América Latina ha colapsado y  que es hora de reconocer que la falla cruza el continente de norte a sur.

La Democracia, tal como está  entendida desde el fin de la Guerra Fría, sucumbe como un muro pesado ante el avance de la corrupción, la desigualdad en la distribución de la riqueza socialmente generada y la violencia social en sus más variadas formas.

La crisis de legitimidad no es una situación particular de cada uno de los Estados que integran el continente. Parece nacer del corazón mismo de un proyecto fatigado en el que los negocios se apropiaron de la utopía política y los intereses de los privados se imponen  por sobre las necesidades y anhelos de la comunidad.

Es impostergable mirar el continente para salir de  la trampa bipolar en la que han quedado sumergidos los movimientos sociales y los partidos políticos de cada uno de nuestros países, en una ida y vuelta entre “azules” y “colorados” que se perpetúan en los gobiernos en un equilibro cerrado por sistemas políticos limitadores de la diversidad ideológica y cultural que caracteriza nuestra época, en la que la ciudadanía interviene en la escena sin vocerías intermedias a través de las redes sociales, y genera nuevas formas de participación y articulación política en la plaza pública.

Se les exige a estas democracias ser legítimas en sus orígenes (demandándose un nuevo pacto constituyente), transparentes,  con economías fundadas en la cooperación y en la justa distribución de los riesgos y de las oportunidades, amparadas en uno de los más altos aportes del continente a la historia de las ideas en occidente, como es la teología de la liberación y con un soporte ético-jurídico en el respeto de los  Derechos Humanos.

Si hasta  la época dorada de Reagan y sus estertores en  la administración Busch, América Latina fue tan sólo el patio trasero de Estados Unidos, hoy su impacto, en la construcción de un nuevo modelo de democracia para el siglo XXI se vuelve la urgente e ineludible tarea en la agenda de los pueblos y sus organizaciones.

Durante los últimos meses, la Presidenta ha bordeado los más bajos índices de aprobación ciudadana, 39 %, según muestra la encuesta Adimark dada a conocer recientemente, aumentando a 52% la desaprobación a su gobierno. Ya no parece incombustible a la fluctuante opinión pública, como parecía ocurrir frente a cada situación crítica que se le presentaba (Transantiago, maremoto, para recordar dos hitos).

La caída en la confianza hacia la Presidenta se gatilló desde su núcleo más cercano. El caso Caval impactó en el imaginario mismo del Gobierno y de la Nueva Mayoría, en la pretensión de que ellos encarnan un proyecto progresista y democrático cuyo horizonte simbólico es una sociedad de “cancha nivelada”, reduciendo las brechas y las desigualdades.

El contundente reproche de la ciudadanía por  los casos Caval y Penta, son fundamentalmente a una sociedad profundamente injusta, lo que se expresa en la asimétrica relación con el poder, el dinero, los riesgos y las oportunidades.

La “clase política” chilena ha quedado, una vez más, en una precaria situación de legitimidad, tensionando la viabilidad del proyecto democrático pos dictadura. Y esta vez sus nexos con el poder económico ya no solo son una presunción, sino hechos en los que se funda una imputación criminal.

Por otro lado,  José Mujica, el saliente Presidente de Uruguay, se posicionó en el imaginario latinoamericano y mundial como una figura ejemplar de austeridad y consistencia política con el proyecto histórico de democracia y justicia social. Terminó su periodo con  65% de respaldo y se instaló como una figura de culto a partir de su biografía, el distanciamiento con los ritos del poder y el coraje político.

No obstante, las críticas a Mujica y al Gobierno del Frente Amplio, que con Tabaré Vázquez asume un tercer gobierno consecutivo, tampoco se hacen esperar: la concentración de la propiedad de la tierra, la precariedad de las fuentes de empleos creados con capitales extranjeros movedizos, y un espacio cada vez mayor para la inversión privada en áreas de interés público, son las más duras que se formulan.Monsanto y el impacto de los sojeros en la economía uruguaya son un nudo crítico en el proyecto frenteamplista.

Aunque ambas figuras, Bachelet y Mujica, lograron posicionarse como referentes de una izquierda con vocación de poder democrático y enarbolando banderas de una sociedad más justa, lo cierto es que los grandes problemas estructurales y de legitimidad que afectan a nuestros países desde la intervención neoliberal, no han sido sustancialmente abordados. Desigualdad económica y política, privilegios y riesgos distribuidos desproporcionalmente y un cada vez mayor distanciamiento de las agencias y agentes políticos con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, persisten en nuestros países después del retorno a regímenes democráticos.

Pero al menos el estilo Mujica es más consistente con el discurso y el ideario de las fuerza democráticas que, la “institucional” puesta en escena de la Presidenta Bachelet y de los partidos chilenos, buscando la salida limpia mediante una propuesta legislativa en un parlamento cuestionado y comisión de “respetables” que “iluminen” al país en estos momento difíciles.

La araucaria se tambalea frente a su propia autosuficiencia, creyendo que se puede construir un proyecto político democrático sin el respaldo de la ciudadanía y desarraigado de los movimientos sociales, postergando una y otra vez el gran desafío desde el retorno a la democracia: un nuevo pacto político-social que se manifieste en una Constitución Política  legitimada por referéndum popular. Una Asamblea Constituyente no es solo una cuestión de forma, sino de fondo. Y urgente.

Al menos a Mujica todavía lo puedes tratar de compañero y encontrártelo en la plaza del barrio.“La Jefa” esta blindada en su macetero por los partidos oficialistas, esperando a que el cántaro resista un poco más el peso de la evidencia.

El espíritu liberal decimónico, alcanzó su éxtasis en el principio de autonomía de la voluntad, en virtud del cual los particulares pueden contratar libremente, siendo lo pactado ley para las partes, reconociendo como únicas limitaciones las buenas costumbres, la moral y la ley.

Y es mediante esta última, a través de normas de orden público, que a lo largo del siglo XX fue limitándose y sancionándose, tanto en su formación y en sus efectos, la libertad de los privados para estipular entre sí sin mayores restricciones que las que determinaban sus propios intereses.

Un claro ejemplo de limitación a la autonomía de los particulares para contratar entre sí libremente es el surgimiento del Derecho del Trabajo, que impone claras limitaciones a la hora de estipular las condiciones de la relación entre los interesados: jornada de trabajo, salario mínimo, etc. Entre otras cosas porque no cabe duda de que no siempre las partes involucradas se encuentren en una condición de igualdad jurídica o material para garantizar que lo pactado no menoscabe a uno de los contratantes. La historia de lucha sindical da cuenta de ello. El impacto ambiental de negocios privados es otro ejemplo que fundamenta la limitación de la voluntad de las partes para contratar libremente entre sí.

Es indudable que hay asuntos privados que sobrepasan dicha esfera, teniendo consecuencias en el ámbito público, por lo cual su control y sanción alcanzan cada vez mayor importancia en la vida social, política y económica de la sociedad.

En aquellas materias llamadas valóricas (aborto, consumo de drogas, pornografía, eutanasia, etc.) en las que el individuo debería poder decidir libre y soberanamente respecto de su posición y disposición en cada uno de estos temas, lo cierto es que nos encontramos con regulaciones y prohibiciones que tensionan nuestra convivencia política.

Si lo privados pueden especular libremente en los mercados inmobiliario y financiero, aun con consecuencias negativas en la comunidad ¿por qué no pueden decidir sobre cuando interrumpir un embarazo no deseado, o sobre consumir ciertas drogas o fijar el momento en el que cesa su vida biológica? ¿Cuánta libertad es el contenido del derecho de las personas a elegir teniendo en consideración únicamente su interés?

Que las consecuencias de las decisiones de los privados alcanzan la esfera de lo público, afectando la convivencia de la comunidad política, es una de las razones para intervenir el ejercicio de la libertad para decidir de los individuos.

Pero además, y como en el ejemplo de las relaciones desiguales entre empleadores y empleados que fundamenta la limitación de las condiciones de  contratación en materia laboral, no todos los sujetos se encuentran en una condición de igualdad efectiva, jurídica y material.

No elige abortar del mismo modo una niña menor de catorce años abusada por un familiar que una mujer por ser incompatible la maternidad con un proyecto de desarrollo profesional. Tampoco se encuentra en la misma situación una menor que  solicita la eutanasia por no contar con una respuesta eficiente en el sistema de salud pública que un adulto que solo busca un buen morir,  no un mal vivir.

No basta que los asuntos sean privados para impermeabilizarlos frente al debate, la fiscalización y la prohibición, por cuanto estos están profundamente enredados con el interés público, afectándolo, tensionándolo. Erosionándolo incluso. Pero no basta solo con transparentarlos, es necesario construir una ética compartida por la comunidad que sobreponga el interés colectivo por sobre las ganancias e intereses personales.

La próxima discusión sobre el proyecto de despenalización del aborto abrirá el debate respecto a la frontera entre la limitación a la libertad de decidir de los individuos y la obligación de la comunidad política de velar por el bien común. Ciudadanos o particulares, ese será el dilema.

El mejoramiento de las condiciones de competencia y el consecuente incentivo a la participación electoral debería tener un impacto positivo en la percepción de la ciudadanía respecto de las autoridades democráticamente designadas, incrementando la legitimidad de las instituciones.

Ejemplo de lo anterior fue  la primera elección de Consejeros Regionales que conforman los GORE desde el 2012.

Cabe preguntarse entonces sobre los mecanismos relacionales que establecen los agentes y agencias políticas (partidos, candidatos, autoridades electas) con la ciudadanía, en cuanto al contenido y a la forma de esas relaciones.

Revisando el gasto electoral de las últimas elecciones municipales de 2012,  SERVEL informó  que el sistema político destinó US$20 millones a las elecciones municipales pasadas  (19% más que en 2008).

¿A qué se destinó dicho gasto?: globos, chapitas, ají, bencina, botellas de vino, banderitas, palomas, alambre, liquidaciones de sueldo, y un largo etc. Todo un bolsón de artículos publicitarios, de mercadotecnia desechable,  para instalar la “imagen” del candidato y que de resultar elegido, se reforzará con paseos, tortas, tarjetas de navidad y de cumpleaños, para consolidar la base de apoyo al proyecto.

Para enfrentar estos gastos se pide “el raspado de la olla” como señaló el Senador Iván Moreira, en sus correos a los altos ejecutivos de Penta investigados por el Ministerio Público. Y son los gastos que generan el endeudamiento posterior a las elecciones para el que solicitó apoyo la Senadora  Ena von Baer, aunque no se lo dieran.

Habrá que ver si los cambios al sistema electoral arrastran también cambios en las prácticas políticas, insulsas y clientelares, en las que se reparten globos como si repartieran ideas, proyectos de desarrollo  y compromisos. Y peor aún, en el que a través de “donaciones” para actividades sociales, privilegios en la distribución de información y oportunidades, se captura la base electoral, y luego simplemente se la administra.

Gran parte de la responsabilidad de modificar estas prácticas le cabe a la ciudadanía, buscando información de calidad, valorando la participación en organizaciones sociales y comunitarias donde se desarrollan ideas y proyectos comunes, impermeabilizándose frente al slogan y el titular de cartel con el que hoy se captura al elector.

Pronto entraremos en un nuevo ciclo eleccionario, con una oferta más amplia de candidatos,  con nuevas reglas de juego y con una mirada acuciosa sobre las fuentes de financiamientos de las campañas. Porque un  voto bien vale un globo en esos días.

No cabe duda que, desde la revolución pingüina del año 2006, el movimiento estudiantil copó la agenda comunicacional y modificó las prioridades del ejecutivo, al punto que, casi una década después, en el corazón de la agenda del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la reforma del sistema educacional chileno es una de las propuestas nucleares de su programa.

Un papel similar han tenido en la transformación de la sociedad chilena las organizaciones de Derechos Humanos, que impidieron que los crímenes ocurridos durante la dictadura quedaran, sino impunes, al menos en el olvido.

En igual sentido, los movimientos de liberación sexual lograron permeabilizar a la sociedad chilena, instalando en la conciencia nacional las banderas del respeto a la diversidad y la no discriminación. Debemos sumar la “marcha de los enfermos” que logró poner transversalmente esta demanda y encontrar eco en el Estado, lo que queda reflejado en el anuncio del 21 de mayo reciente en la cuenta anual al Congreso Nacional.

La reciente marcha por la despenalización del consumo de marihuana, reunió a miles de personas en torno a la consigan “cultiva tus derechos”. Los ciclistas furiosos han puesto también, sobre la mesa de los asuntos públicos, sus demandas y propuestas.

“Ciudadanos con intereses comunes, uníos y marchad” parece ser la única táctica posible para convocar a los medios de comunicación y así amplificar, mediante las redes de información, las demandas y propuestas programáticas de los grupos de interés, los que conforman una sociedad diversa-dispersa y que se ha distanciado de los canales tradicionales de participación e incidencia política.

Como contraparte, “usted y cuántos más” parece ser el barómetro del sistema político para recepcionar el malestar y la indignación del multidimensional universo de entidades, “al acecho de su ser y bienestar”, que conforman los organismos intermedios de la comunidad nacional.

Jan Palach y Sebastián Acevedo, quemarse como forma de protesta política.

Palach se inmoló en la Plaza de Wenceslao, en Praga, el 16 de enero de 1969 en protesta por la ocupación de las tropas soviéticas.

Sebastián Acevedo lo hizo motivado por la detención de sus hijos, por la dictadura de Pinochet, en la Plaza de la Independencia, frente a la Catedral de Concepción el 11 de noviembre de 1983.

Forma límite de acción política, radical e irreversible, para convocar la solidaridad social. El opuesto al espíritu festivo y carnavalesco de la marcha ciudadana que moviliza a miles de personas hoy en día y cuyo éxito se mide por el número de asistentes por metro cuadrado y la cuantificación posterior de detenidos y destrozos.

Pero los presos no pueden marchar ni quemarse a lo bonzo. Tampoco los pacientes psiquiátricos abandonados por sus familias en instituciones de salud mental a lo largo de nuestro país, ni las personas en situación de calle o los miles de deudores habitacionales y sus familias que habitan en viviendas “dignas”. Lo mismo ocurre con las casi 30.000 familias que habitan en campamentos.

Habría que convocar a una “gran marcha de los sin marchas” para que sus necesidades y urgencias sean incorporadas a la agenda, o tomar el camino de las acciones solitarias como lo han hecho en los últimos años las mujeres de las agrupaciones de deudores habitacionales o al empelotamiento del Cabo Ripetti.

Otro camino es que las autoridades consoliden con urgencia instancias de diálogo expedito para recabar las propuestas, con la que quieren aportar a la política pública, las organizaciones de la sociedad civil y reconocer las conexiones nodales entre demandas que parecen diferenciadas (cárcel-calle-migración-salud mental-campamentos- pobreza) y emprender un esfuerzo país para transparentar los nudos oscuros que esconde el Chile del Bicentenario y levantar una agenda común para establecer los desafíos y trazar las trayectoria que nos permitan abordarlos.

Al respecto, la Mandataria señaló que no se trataba de un perdonazo, sino de un acto de justicia y que cada caso sería abordado en su merito.

Esto abre una ventana para transparentar y abordar la compleja situación de un número importante de corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, que mantienen rendiciones pendientes con distintos organismo públicos tras la ejecución de programas financiados por el gobierno, lo que les impide seguir colaborando con el Estado en la implementación de políticas tendientes a la superación de la pobreza y a la distribución de oportunidades.

Estas instituciones se han transformado en verdaderos externalizadores de servicios del gobierno, ejecutando, mediante licitaciones, diversos programas de reinserción social, capacitación, cuidado de adultos mayores o de personas con discapacidad, entre otros.

El déficit financiero que estas instituciones enfrentan se debe entre otras razones, a una escasa capacidad de autofinanciamiento vía donaciones o socios permanentes, que les permitan sostenerse con independencia del financiamiento público.

Los programas licitados no siempre consideran fondos para gastos de administración o de inversión y renovación de equipos, mobiliarios, etc. Además, la discontinuidad de estos programas, obliga a la desvinculación de los equipos humanos que intervienen, situación que en muchas oportunidades es enfrentada por las instituciones dándoles continuidad en el trabajo, asumiendo los costos que ello implica, generando un déficit difícil de revertir.

El rol que estas instituciones han tenido en la historia de nuestro país es innegable: desde las casas de recogida que se financiaban con aporte de la corona española en los tiempos de la colonia y las diversas acciones de beneficencia social a lo largo de la república, dan cuenta de ello.

Durante la dictadura, muchas de estos organismo fueron claves en la reconstrucción del tejido social mediante acciones directas de apoyo y formación, dando respuestas creativas e innovadoras a complejas situaciones,como los niños que consumían neoprén, los campamentos, la prostitución infantil, el cuidado de enfermos, la re-escolarización de desertores del sistema educacional, etc. Para ellas el financiamiento solidario de organismos internacionales fue el sustento de su actuación.

Tras el retorno a la democracia, muchas tareas que deberían haber sido abordadas por el gobierno o las municipalidades siguieron siendo realizadas por estas instituciones. El Estado que actúa allí donde los particulares no intervienen cobró su paga.

Si el Gobierno puede condonar deudas millonarias a particulares, por el interés social que su actividad representa, con mayor razón es necesario transparentar la deuda que muchas de estas ONG mantienen.

No me cabe duda de que las cifras son abordables y que no merman el erario nacional.

Pero condonar estas deudas es necesaria una oxigenación para aquellas instituciones que han hecho de su misión el servicio a los que más apoyo requieren para acceder a la oferta de bienestar disponible hoy en nuestro país. Está también una cuestión de justicia.

A la fecha se han constituido mesas en torno a los temas de infancia y adolescencia, discapacidad, migrantes, salud y personas en situación de calle, entre otras.Cada una de las cuales aborda materias de especial importancia para el desarrollo de iniciativas legislativas, dada la sensibilidad de estos asuntos en la realidad de nuestro país.

El nuevo escenario creado a partir del segundo Gobierno de Michelle Bachelet y de la mayoría legislativa con la que cuenta, en consideración a la envergadura de los compromisos del Programa de Gobierno y de la relevancia que han cobrado los grupos de presión, hace prever una actividad legislativa intensa, en la que los sentidos de urgencia y los acuerdos para abordar los distintos temas deberían ser expeditos y eficientes.

Cobra especial importancia el aporte de la sociedad civil en esta escena.Tanto en la priorización de las materias legislativas como en la calidad de los proyectos de Ley que sean presentados al Congreso, la ciudadanía tiene un rol y un desafío relevante.

Las movilizaciones han instalado una vocería respecto a las demandas. Ahora se requieren liderazgos programáticos y eficacia política para construir los consensos necesarios que permitan darle viabilidad a los requerimientos que la sociedad civil hace suyos en materia legislativa.

Las Mesas Temáticas de la Sociedad Civil en el Senado, son una clara oportunidad para influir políticamente en este ámbito, aportando al debate con ideas y antecedentes significativos, pues son quienes están en contacto inmediato con la realidad de los distintos sectores y agentes de la vida nacional.

Además, representan una oportunidad para el fortalecimiento de la vida democrática, poniendo los contrapesos necesarios para evitar las “aplanadoras” y los “bloqueos” que los partidos políticos puedan imponer como impronta en este nuevo escenario.

Cobra especial actualidad la pregunta formulada por el filosofo alemán del Derecho, Carl-Schmitt, en su ensayo “Legalidad y Legitimidad” (1932), “¿Es más democracia aquella en la que nueve golpean a uno que aquella en la que seis golpean a cuatro?”

No bastan las mayorías, siempre transitorias y relativas, para profundizar la actividad democrática y particularmente la que se desenvuelve en el poder Legislativo.

Siempre la sociedad civil será un agente activo de dicho quehacer, visibilizando, corrigiendo y tensionando la actividad tanto del legislador como la del Ejecutivo, sea en la calle o en las mesas de trabajo, con una clara voluntad de influir, organizadamente, en la vida política nacional.

Entre los principales objetivos del Plan de Invierno se fijó el de “prevenir los deterioros graves en la salud de éstos, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan las personas en situación de calle”.

Los resultados respecto a la efectividad del programa no han sido informados. Los datos disponibles son los proporcionados por los medios de comunicación y dicen relación con las víctimas fatales producto de las bajas temperaturas u otros factores (este año al menos 4 personas en situación de calle resultaron fatalmente lesionadas producto del fuego).

Lo cierto es que hoy la situación se complejiza porque además, tras el cierre de los dispositivos de invierno, Chile no cuenta con una política social específica para acompañar a estas personas, dado que desde mayo del presente año finalizó el Programa Chile Solidario para Personas en Situación de Calle, el cual permitía a distintas organizaciones de la sociedad civil, intervenir en esta realidad, generando mecanismos de acceso a las oportunidades y recursos disponibles en la oferta público-privada, facilitando el acceso a la salud, al empleo, etc. promoviendo así su reinserción social.

El 28 de agosto de este año, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad, el Ministro Bruno Baranda dio a conocer una nueva política pública, cuyo principal componente es el Ingreso Ético Familiar. Sin embargo, más allá de los titulares, no hay información de fondo sobre este diseño.

Estas dos situaciones, el cierre de los albergues y la ausencia de una política de intervención para personas en situación de calle, generan un escenario complejo, en el que ciertamente ellos son los principales afectados.

No obstante, las consecuencias se hacen sentir también en los hospitales públicos, en las autopistas urbanas, en los parques y plazas municipales, en los cuales se resuelven, precariamente, los requerimientos de habitabilidad y el acceso a mínimos servicios.

Aunque la extrema pobreza (urbana) es estadísticamente baja y da muestra de estabilizarse (en torno al 3 %, CEPAL 2012), ciertamente se hace crónica y más vulnerable a factores externos (como las bajas temperaturas), requiriendo de una mayor focalización en cuanto a las acciones de intervención, equipos especializados y recursos suficientes y permanentes para abordarla.

Y ciertamente, es necesario involucrar a nuevos actores, toda vez que las corporaciones y fundaciones, así como el voluntariado, no son suficientes para enfrentar y satisfacer las distintas demandas, alimentación, vestuario, capacitación, orientación y apoyo jurídico, servicios especializados en salud mental y rehabilitación de consumo abusivo, discapacidad física, entre otras. Por ejemplo, las municipalidades.

Es necesario señalar al respecto que las comunas que concentran en la Región Metropolitana las más altas tasas de personas en situación de calle (Santiago, Independencia, Recoleta, Estación Central) no son necesariamente las que, por razones intrínsecas, generen más situación de calle.

Lo que hemos venido constatando es que se produce una situación perversa, toda vez que estas comunas proveen de mayores oportunidades (hospitales, casas de acogida, comedores solidarios) provocándose una migración desde las comunas pobres de la periferia hacia estas, en busca de mejores condiciones de subsistencia.

Por tanto, es necesario abrir el repertorio de servicios en las comunas periféricas: Puente Alto, La Pintana, Pudahuel, Cerro Navia, Peñalolén, San Bernardo, Pedro Aguirre Cerda, entre otras. Por ello creemos que la Asociación Chilena de Municipalidades debe pronunciarse al respecto.

Del mismo modo, y frente a la próxima elección de los Consejeros Regionales que conformarán los GORE, creemos pertinente hacerles un llamado a que asuman un claro compromiso en esta materia, destinando los recursos necesarios para que cada municipalidad pueda implementar permanentemente al menos un centro de acogida para personas en situación de calle en su comuna, adicionándoles los equipos con los que estas cuentan (en salud primaria y mental, en capacitación y empleo, en vivienda y otros servicios) y al mismo tiempo, que se realicen los esfuerzos necesarios para que cada región cuente con un centro de cuidados pos hospitalarios para estas personas, una de las situaciones de mayor complejidad en los hospitales públicos, y que ha permanecido absolutamente invisibilizada durante la gestión del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quien hiciera de la erradicación de la extrema pobreza una de sus principales promesas electorales.

Por ahora, 11000 personas se encuentran nuevamente en las calles de nuestras ciudades, los que se suman a aquellos que no accedieron a estos servicios.

Esperamos que la Ley de Presupuesto 2014 considere una nueva política en la materia y que las autoridades que sean electas en diciembre no esperen las cifras rojas del próximo invierno para enfrentar, con un categórico compromiso país, las tareas necesarias para erradicar esta situación, la que afecta a 12 mil chilenos, entre ellos niños, ancianos y pacientes psiquiátricos.

Amenazados y perturbados, alcoholizados y mendicantes; pacientes psiquiátricos que se encuentran en situación de calle requieren de un diagnóstico oportuno e integral, y a su vez necesitan de la generación de una estrategia multisectorial de intervención.Urgente desde el aspecto bio-psico-social y prioritario en el plano médico-legal.

El año 2012 se reportó que un 16,6% (1.886 casos) de las personas encuestadas, durante el Catastro Nacional de Personas en Situación Calle, padecían alguna dificultad psiquiátrica, mental o intelectual.

Una parte de ellos, aunque estadísticamente insignificante, se encuentran en una situación de evidente abandono, altamente vulnerables y a la espera de que se establezcan las medidas necesarias para el resguardo de su integridad física y psíquica.

Uno de los aspectos que deben ser enfrentados con rigurosidad, dice relación con fijar de manera clara la esfera del deber de cuidado y la posición garante respecto de estas personas.

Ante esto nos preguntamos.¿ a quiénes corresponde la responsabilidad de ello?, ¿quiénes la han asumido? y ¿cuáles son los procedimientos adecuados y las acciones pertinentes para garantizar su exigibilidad?

Por ahora, están en tierra de nadie. Dependen del apoyo humanitario que puedan prestarles las organizaciones de la sociedad civil que han abordado el trabajo con las personas que viven en las calles.

Pero la situación se complejiza cuando se trata de la administración de medicamentos, la continuidad en los tratamientos ambulatorios y sobre todo durante los periodos de crisis; a lo que hay que sumar que, en algunos casos, las patologías de base se agudizan por el consumo abusivo de drogas o alcohol, poniendo en serio riesgo la seguridad tanto del paciente como de terceros.

Amparax y Modecate, la solución transitoria.

En dos sentidos este es un problema de salud pública. Primero, “porque corresponde al Estado ejercer acciones de fomento y protección de la salud mental de la población, detectando y previniendo situaciones de riesgo que puedan afectarla, así como velar porque se ejecuten las actividades de recuperación y de rehabilitación de las personas enfermas”, y en segundo lugar, porque genera en los hospitales complejas situaciones para la gestión de estos casos.

Los servicios sociales de los hospitales públicos no siempre cuentan con los recursos humanos necesarios y capacidad de derivación a redes, viéndose sobrepasados por la tensión que se genera entre la necesidad de liberar camas (ya insuficientes) y la de proveer una salida protegida y programada de los pacientes hacia sus redes, muchas de éstas pobres, periféricas y desprovistas de un circuito comunitario de salud oportuno y expedito.

“Nosotros tratamos problemas médicos, no casos sociales” argumentan los hospitales para fundamentar la insuficiencia presupuestaria, el agenciamiento deficitario y auto-acordadas definiciones estratégicas acerca del rol que como instituciones les compete en la cartografía total de la administración de lo público.

Sin embargo, los pacientes psiquiátricos en situación de abandono familiar o institucional constituyen un grupo sobre el que recae un ineludible deber de protección y resguardo de sus garantías elementales: el derecho a la vida y a su integridad, reconocida tanto por la Constitución Política como por los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Para ello es necesario primero reconocerlos como sujetos de protección, y conformar equipos técnicos, dotados de recursos, multisectoriales, que abordan casuísticamente estas situaciones.

Por ahora y mientras se continúen dando explicaciones insatisfactorias o se mantenga el problema oculto en la trama silenciosa de la pobreza urbana, sólo nos queda la ventanilla de urgencia con sus indicadores de gestión y de logro, la inyección tranquilizadora y la somnolencia que los invisibiliza.

Ciertamente el balance final es que habremos reducido significativamente el número de personas que fallecieron en las calles de nuestro país, a causa del frío y de otros factores de riesgo (número escurridizo, siempre preliminar y estadísticamente poco confiable y verificable), y que, sin embargo, deja a todos los actores, públicos y privados, con la sensación de estar avanzando en la dirección correcta: implementando albergues descentralizados, de tal suerte que la periferia metropolitana cuente con dispositivos medianamente accesibles, diferenciando las atenciones mediante la generación de espacios ambulatorios diurnos y nocturnos, cada uno con prestaciones especificas y, finalmente, ampliando la red de instituciones involucradas en la gestión de estos recursos.

No obstante, no podemos sacar aun cuentas alegres.

Los recintos hospitalarios de Santiago siguen siendo en su gran mayoría una muestra de las tareas pendientes y del impacto que estas tienen en la comunidad.

Es frecuente encontrar en las salas de espera de los servicios de urgencia a personas durmiendo en las bancas o escalinatas, conviviendo con las familias de quienes requieren algún tipo de atención de salud.

Tendidos sobre cartones, muchas veces bajo los efectos del alcohol o de drogas, acompañados por perros y cargando sus pocas pertenencias, estas personas recurren cada noche a las instalaciones de los hospitales buscando, principalmente, seguridad y acceso a ciertos servicios básicos que les posibiliten un mínimo de subsistencia.

Esta situación genera conflictos y situaciones complejas de las que los medios de comunicación han dado suficiente testimonio. Esto repercute tanto en los pacientes como en sus familiares y en los funcionarios de los hospitales, generando un clima de tensión permanente que agrava las ya difíciles condiciones de atención en los servicios de salud.

¿Quiénes son? La experiencia de la Fundación Gente de la Calle es que podemos encontrar principalmente hombres y mujeres con adicciones, problemas de salud física o mental, sin mayores vínculos familiares y que desarrollan actividades económicas informales (cuidadores de autos, vendedores ambulantes) o con pensiones que no les permiten arrendar por sí mismos y cubrir otros gastos como alimentación, vestuario o transporte.

Quienes presentan alguna patología psiquiátrica suelen encontrarse con sus tratamientos interrumpidos, lo que agrega una mayor complejidad a su situación general.

Los establecimientos hospitalarios han venido implementando, sin mucho éxito, distintas medidas para abordar esta situación: cierres perimetrales de sectores que eran utilizados como “rucos” bajo escaleras o en sitios abiertos dentro del hospital, aumento de las dotaciones de guardias y en algunas ocasiones y como último recurso, han debido solicitar la intervención de la carabineros para manejar situaciones más graves, como riñas y maltrato a funcionarios.

Este es el desalojo pendiente. No podemos tener personas pernoctando en las salas de espera o en los accesos a los hospitales en condiciones precarias e indignas. Se requiere enfrentar esta situación con eficiencia y sentido de solidaridad.

Para ello es necesario coordinar a todos los actores involucrados tanto en los hospitales (dirección, servicios sociales, oirs) en el gobierno (ministerio de Desarrollo Social y ministerio de Salud) y a las instituciones de la sociedad civil que desarrollan programas de intervención para personas en situación de calle.

El déficit que esta realidad deja en evidencia no es sólo el de una cobertura aun insuficiente en camas y dispositivos de acogida. Lo que está en pendiente es diversificar la atención, especializando las intervenciones. No solo se trata de más colchonetas en el Estadio Víctor Jara o un albergue permanente en la Región Metropolitana para 60 personas.

Se requieren camas en unidades de psiquiatría, cobertura en comunidades terapéuticas para alcohol y drogas y hogares protegidos para personas con discapacidad permanente, los que requieren servicios que muchas veces las instituciones no están en condiciones de otorgar.

Debemos sumar a lo anterior la necesidad de contar con un dispositivo especializado, permanente y financiado para las personas en situación de calle que son dadas de alta desde algún centro hospitalario y que requieren de cuidados pos hospitalarios especializados dada la gravedad de sus condiciones (quemaduras, fracturas, cirugías, etc.).

Esto afecta gravemente la labor desempeñada por los servicios sociales de los hospitales, pues no cuentan con una red expedita para derivaciones, lo que suele generar salidas informales y de corto plazo, lo que a la larga, significa que las personas en situación de calle no concluirán sus tratamientos, generando una espiral de ingresos y salidas del sistema, atochando camas y horas disponibles.

El desalojo que esperamos requiere de una “fuerza publica” solidaria, comprometida y responsable. Es urgente reunir a los involucrados, generar un marco regulatorio que posibilite el actuar y una línea de financiamiento que haga sostenible en el tiempo la solución de este problema en particular.

Creemos que se puede. Pero sabemos que este no es un problema ni de los hospitales, ni de las personas que pernoctan en ellos o de las municipalidades donde se emplazan los hospitales. Es un problema más de la comunidad, una tarea que debe ser abordada coordinadamente, fijando plazos perentorios y generando todos los facilitadores que se requieran para ello.

En la calle, el invierno no siempre termina en septiembre. Nuestras tareas, desafíos y compromisos tampoco.