El pasado mes de febrero para la Presidenta Bachelet, no será recordado precisamente por sus vacaciones en Caburga. Por el contrario,  quedará en el recuerdo por el destape del negocio que establecieron Sebastián Dávalos, su señora Natalia Compagnon y otros para conseguir un crédito de 6.500 millones de pesos para la compra y posterior venta de tres predios en Machalí. De ahí en adelante comienza el sostenido descenso de la aprobación de la Presidenta, el cual sólo puede atribuirse al pésimo manejo político que le ha dado el gobierno al tema.

Los meses de marzo y abril no distan mucho del anterior. Si en el mes de febrero, la crisis política la originó el hijo biológico de la Presidenta, los dos siguientes meses, la crisis la acrecentaría el hasta entonces -hijo político- ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien en conjunto con Giorgio Martelli emitieron boletas ideológicamente falsas a Soquimich durante los años 2012 y 2013.

Lo anterior traería consecuencias en el mes de mayo, las que se traduciría en el anuncio de renuncia de toda la planilla de Ministros. Dicho cambio implica evaluar la medida, pues en política la forma es igual de importante que el fondo. De ello sólo se concluye la irresponsabilidad de la Presidenta de haber expuesto mediáticamente las instituciones, pues son ellas los principales elementos con los que cuenta el país para poder revertir la situación que empaña la actividad pública.

Por otro lado, el 21 de mayo estuvo cargado de anuncios que hasta la fecha sólo quedaron en eso, en anuncios e improvisaciones.

Atrás quedó el anuncio de la mandataria en materia de Salud, que estipulaba un plan de inversión de 4.000 millones de dólares, el cual buscaba fortalecer la red hospitalaria y de atención primaria de nuestro país, el que tristemente debió ser recortado en la discusión de la ley de presupuesto debido a los escasos recursos que se disponen.  Junto con esto, se suma el fuerte incumplimiento que afecta seriamente las aspiraciones de una atención digna, los que se ejemplifican en el retraso de la construcción de 12 de los 16 hospitales prometidos, junto con un 60% de retraso en la construcción de infraestructura de atención primaria.

En ese sentido, no podemos olvidar la discusión ideológica en la que se encuentra entrampado el gobierno y que justamente tiene que ver con el sistema de concesiones. El sesgo ideológico sigue siendo un enorme lastre que el gobierno arrastra y que conspira en contra de una mejoría en su gestión.

Siguiendo con las promesas, no podemos olvidar la tan “anhelada” gratuidad en la Educación Superior. Así fue como la Presidenta se salió de libreto prometiendo que a partir del 2016 el 60% más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) acreditados y sin fines de lucro, o a Universidades del Cruch, accederán a la gratuidad efectiva, beneficiado a 264 mil estudiantes.

Pero tal como ha sido la tónica de este gobierno, del dicho al hecho. Así es como desde el anuncio del 21 de mayo hasta la fecha, la discusión en torno a la gratuidad ha estado sometida a constantes cambios de criterio. Finalmente la discusión vio la luz el pasado 23 de diciembre, aprobándose la gratuidad en una ley corta para el año 2016, el cual no contemplará a los CFT ni tampoco a los IP y sólo llegara a 178 mil estudiantes.

Mención aparte es el mecanismo que motivó al gobierno – glosa presupuestaria- para intentar financiar la gratuidad para el próximo año, el cual –afortunadamente para los estudiantes más vulnerables- por resolución del Tribunal Constitucional, consideró que la glosa presupuestaria en sus fundamentos generaba discriminaciones arbitrarias.

En resumen, el año 2015 para el gobierno ha sido un año cargado de errores, horrores e improvisaciones, no siendo extraño las declaraciones de parlamentarios pertenecientes al oficialismo que han criticado el accionar del gobierno en la generación y formulación de política.Desde esa postura, sólo es posible cuestionarse la sustentabilidad de la Nueva Mayoría en el tiempo.

En ese contexto, resulta paradójico que un gobierno que se empeña por “combatir la desigualdad”, aumente las brechas de ésta, mediante la generación de una propuesta de política pública, cuyo impacto en el sistema educativo sólo genera perjuicios a miles de estudiantes de los primeros quintiles. Ante ello, pareciera que el gobierno más que generar un sistema basado en criterios de justicia, está empecinado en ganar una “batalla” ideológica.

En ese sentido, es lamentable que el futuro financiamiento en la educación superior, quede supeditado a la historia y no a criterios de calidad y compromiso con lo público. Por ello, es necesario recalcar –sobre todo a los dirigentes de la Confech- que lo público no es sinónimo de lo Estatal, pues el compromiso que la Universidad puede asumir con la comunidad no se agota en su propiedad.

Tampoco parece lógico, que el criterio que definió el MINEDUC el pasado 14 de julio, en su propuesta para las “Bases Reforma al Sistema Nacional de Educación Superior”, establezca como requisito para acceder a la gratuidad, la pérdida de la autonomía universitaria, mediante la obligación de la triestamentalidad como sistema de gobierno de las Universidades. Nada más ajeno a la pluralidad democrática y atentatoria con la libertad académica, que exigir una cosa por otra. Pues es esa autonomía, en la que se basa el proyecto fundacional de una institución académica, por el cual ella cumple con su rol social.

El buen desempeño del financiamiento a la educación superior, debe estar centrado en los requerimientos del estudiante, para de esta manera, no afectar el foco de equidad e inclusión al mismo sistema educativo. Mientras que el financiamiento institucional, debe apoyar la investigación y el rol que pueda tener ésta para con la comunidad, independiente del tipo de propiedad.

En conclusión, las bases del nuevo sistema para la educación superior que definió el MINEDUC, están lejos de lo que prometió el gobierno en su programa de campaña, perjudicando no solamente a una proporción de los estudiantes más vulnerables del sistema, sino que también, vulnerando el proyecto fundacional al cual –legítimamente- aspira una institución académica.

En ese sentido, ninguna sociedad puede aspirar a niveles educacionales de gran nivel sin profesores que posean por un lado la vocación, y por el otro, el talento y calidad que los niños merecen de parte de ellos para poder desarrollarse en el aprendizaje.

Dicho esto, resulta lamentable que un proyecto tan ambicioso y prometedor como lo es el proyecto de carrera docente, en el cual se busca mejorar las remuneraciones, la formación inicial y aumentar la cantidad de horas no lectivas, entre otros, sea frenado mediante más de 20 días de paro indefinido.

Si bien es cierto, todo proyecto es perfectible por naturaleza en el parlamento, resulta al menos llamativo, que el proyecto que contó con un apoyo y trabajo pre legislativo por parte de cientos de docentes y especialistas en la materia, se vea obligado a deponer su discusión parlamentaria, debido a que el gremio de profesores, atrincherados en su posición ideológica, considerara al proyecto como insuficiente en esencia.

Nada impide que se utilicen distintas maneras de manifestación para poner una demanda en el tapete de la agenda pública; marchas, manifestaciones culturales, entre otros, en desmedro de un paro indefinido.

Por ello, es paradójico que dicho gremio que se dice ser partícipe y “representante” de la educación pública, tenga un compromiso tan poco republicano con dicha educación. Pues querámoslo o no, al término de día, un paro de más de 4 semanas, termina perjudicando a la educación pública y en especial a los alumnos más vulnerables de ella, generando vacíos educacionales que se logran vislumbrar con el correr del tiempo. Sumado a la constante desvalorización –por parte de los apoderados- que genera un paro indefinido en los establecimientos municipales, lo cual posiblemente, se traducirá al término del año escolar, en la disminución de la matrícula.

De esta forma, el gobierno también está pagando las consecuencias de una agenda política que se vendió como “reformista de las estructuras en el sistema educativo”, sin medir previamente sus oportunidades y alcances políticos en la viabilidad de las reformas.

Inexplicablemente, el ministro en una lógica participativa, accedió a conformar una mesa tripartita con el gremio de profesores, lo cual hasta el momento, se ha traducido en la concesión de todas sus demandas sin deponer el paro.

El país ya está lo suficientemente crispado. Una ciudadanía cada día más enojada, confundida y polarizada. Las marchas, las tomas y las huelgas parecieran ser la tónica del 2015. Atrás quedó el dialogo como una herramienta de paz social para alcanzar los acuerdos que contribuyan al bien del país.

Dialogar para mejorar el proyecto de carrera docente y la educación pública, van de la mano. Ante ello, lo mejor que puede pasar es terminar con este paro sin fin.

El anuncio ocurre dentro de lo que han sido semanas complejas para el gobierno, siendo el ministro del Interior, la figura más expuesta a las críticas por los casos de corrupción, debido a su  relación con las supuestas asesorías prestadas a las empresas del operador político Giorgio Martelli.

Es en ese escenario que se reconoce que el cambio de gabinete era necesario, pero la medida adoptada implica evaluar si ésta fue la más correcta de todas. Pues no hay que olvidar que en política, la forma es igual de importante que el fondo. En ese sentido, la acción de querer cambiar todo el gabinete ministerial, es la muestra más clara y evidente que dentro de La Moneda se vive una crisis sin precedentes.

Ahora bien, la puesta en escena tiene un mérito digno de aplaudir. Al ya abierto debate sobre la generación de un proceso constituyente en la agenda comunicacional, se suma el efecto sorpresa -captando la atención de todos- que genera la decisión de querer cambiar todo el gabinete ministerial, logrando de esta manera correr nuevamente el foco de atención respecto a los casos de corrupción que invade a la clase política.

Las instituciones republicanas con las que cuenta Chile son los principales elementos con los que es posible revertir la situación que empaña la actividad pública.

Justamente exponer mediáticamente a dichas instituciones no hace más que seguir socavando la crisis de credibilidad que se instauró en ella. Por el contrario de aquello, una política responsable debiese resguardar –aún con mayor rigor- las instituciones, siendo éstas elementos que vuelvan a dar credibilidad, confianza y respeto por una actividad noble como lo es la política.

Dicho esto, no queda más que esperar estas 72 horas de incertidumbre política. Incertidumbre que una vez realizado el cambio de gabinete, debiese traducirse en un repunte en la confianza y credibilidad hacia el gobierno. Los chilenos esperamos que la presidenta pueda desempolvar del baúl de los recuerdos un esquema y equipo político capaz de enmendar el rumbo.

En ese sentido, se hace obligatorio reconocer que a nivel social el Estado tiene una deuda en materia educativa, sobre todo porque los resultados obtenidos en cuanto a la calidad, no se condicen con los grandes montos que miles de familias han invertido en ella.Pero ello no implica, que la solución más justa sea la gratuidad universal. Al contrario, la deuda en materia educativa exige generar una discusión robusta, con el fin de generar soluciones y propuestas de alto impacto.

Por ello, hablar de gratuidad como la solución a los problemas sin antes atender a la calidad, parece descabellado. Pues un análisis detallado exige comprender, que la cobertura en educación superior está sobre representada por quienes tienen más ingresos, lo que responde a la enorme desigualdad que existe en el sistema escolar. Por esto, el efecto de una educación gratuita significaría entregarles más recursos a los más ricos y menos a los más vulnerables, lo que resulta altamente injusto.

Ahora bien, asumiendo que la propuesta del gobierno es avanzar en gratuidad, ésta puede adquirir efectos negativos en la población estudiantil si no se contemplan ciertos resguardos en su transición y aplicación.

En esa línea, más que avanzar en gratuidad a las instituciones lo que debiese primar es un enfoque prioritario sobre los más vulnerables, de lo contrario una reforma “bien intencionada” podría terminar perjudicando la calidad de aquellas instituciones destacadas por su excelencia.

Ante esto, no sería para nada justo que por un capricho del gobierno de querer sacar adelante la gratuidad, se contemple aplicar la medida a las instituciones de propiedad estatal, perjudicando de esa manera a aquellos alumnos vulnerables que no estudian en instituciones de esa naturaleza, debiendo ellos pagar por su carrera,mientras que los estudiantes de instituciones estatales provenientes de los quintiles más acomodados, sean beneficiados con la gratuidad.

Por otro lado, si la verdadera aspiración de este gobierno está en poner en marcha un sistema de educación superior equitativo, es necesario atender la realidad de las pruebas de selección universitaria.Por ello, el gobierno no debe pasar por alto un hecho comprobado, que la actual Prueba de Selección Universitaria (PSU) más que ser una herramienta predictiva sólo sigue reproduciendo diferencias que se originan en la cuna, perjudicando principalmente a los alumnos más vulnerables del sistema.

En ese sentido, pareciera coherente y justo que una política responsable pusiera el foco en la educación inicial antes que en la educación superior. Pues para nadie es motivo de duda, que las brechas de desigualdad y capital cultural adquirido se mantienen en la educación superior, en especial en el sistema universitario respecto de quienes pudieron asistir a la educación particular pagada versus quienes lo hicieron en la educación pública.

En conclusión, antes de proponer la gratuidad como un fin en sí mismo, urge dar pie a un debate responsable, en el cual se contemplen políticas integrales para una visión nacional de la educación superior, poniendo el acento principal en los estudiantes más vulnerables del sistema educativo.

Ahora bien, si la idea es avanzar en gratuidad, por cierto que hay maneras virtuosas de aplicarla, pues tal como se señaló anteriormente, ésta debe ir en beneficio de los alumnos provenientes de los primeros quintiles y no de las instituciones.

Sólo en un esquema que atienda de manera especial a este grupo de personas, permitirá que ellos dejen su situación de vulnerabilidad por el sólo hecho de haber asistido a la educación superior, pues no olvidemos que la educación les permite a las personas más vulnerables del sistema dejar de serlo.