Una de las implicancias de esta figura, tal vez aquella fundamental, es que le quitaría la facultad constituyente a las actuales instituciones, en específico al Congreso Nacional, para entregárselo a la Asamblea. Ella pasaría a ser la representación del soberano, el pueblo, para efectos de redactar una nueva carta fundamental.

Se produce entonces una disputa de poderes que está en la génesis del rechazo que genera la AC en buena parte de la clase política chilena, especialmente en las fuerzas conservadoras. En principio, nadie está dispuesto a perder poder porque sí y eso es entendible; salvo en aquellos ciudadanos que tienen -o dicen tener- un sentido republicano, un interés de “servicio público” que los lleva a sacrificarse y vivir en las pantanosas arenas de la política, como muchas veces se justifican algunas de nuestras autoridades.

Pues bien, personas con tal grado de compromiso cívico deberían ser capaces de entender que nos encontramos frente a una posibilidad histórica de abrir la democracia, y legitimarla en virtud de un nuevo pacto social donde la mayoría de las chilenas y chilenos nos sintamos representados.

Rescatar y fortalecer nuestra democracia debiera ser motivo suficiente para que nuestra clase política acepte esta momentánea pérdida de poder.

Al respecto, cabe recordar que la facultad constituyente del Congreso Nacional es derivativa, es decir, recae en el por un mandato que le ha otorgado la Nación (el pueblo). Nuestra propia Constitución actual, a la que algunos se aferran para tratar de “atajos” a los mecanismos que no les gustan, lo dice con toda claridad en su artículo 5°: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece.”

Por tanto, y más allá de la fórmula que se utilice para aquello, el país está en todo su derecho de cuestionarse si las actuales autoridades son las llamadas a redactar una nueva Constitución, o acaso debe ser hecha por un grupo de expertos, o a través de una fórmula participativa como la Asamblea Constituyente; definiendo mediante un plebiscito el mecanismo a través del cual se debe diseñar nuestra nueva carta fundamental.

El poder constituyente nos pertenece, y si bien se lo hemos derivado al Parlamento, podemos perfectamente pedírselo de vuelta. Por ello, algunos parlamentarios han presentado la idea de ampliar las posibilidades de convocatoria a plebiscito, para hacer formalmente posible esta “devolución de poder” que materialmente es tan obvia.

En este punto debemos detenernos. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos sitúa en un 9% la confianza de la ciudadanía en el Congreso, y en un 3% la confianza en los partidos políticos. Más allá del análisis en particular de estas cifras, que sin lugar a dudas debemos revertir si queremos tener una democracia saludable, tenemos que preguntarnos qué nivel de legitimidad material de origen podría llegar a tener una Constitución elaborada por instituciones tan poco confiables para la ciudadanía.

En momentos como estos se hace necesario devolver el poder al pueblo, para que en conjunto podamos reflexionar sobre el país en el que queremos vivir, y de esa manera lograr regitimar una institucionalidad de la que todos nos sintamos partícipes.

Una Asamblea Constituyente no es el infierno, ni una casa de orates ni menos un lugar para fumar opio.

La AC -cuyo diseño en particular queda pendiente pero que implica abrir la redacción de la Constitución a la sociedad civil, a nuevos liderazgos, establecer presencia de nuestros pueblos originarios, de los jóvenes, mujeres y diversidad de nuestra sociedad- es una oportunidad histórica para que volvamos a confiar y a creer, para darnos un impulso como país que nos permita definitivamente alcanzar el desarrollo. Esperemos que la soberbia no termine por matar este derecho de Chile.

Pero, ¿es realmente la política la que está en crisis? A mi parecer, no. Lo que está en crisis es una determinada forma de ejercer la actividad política, sustentada en la relación entre el 1% más rico del país y los “políticos”, que ha quedado manifiesta en la formalización de la investigación del “Caso Penta” y en la reciente denuncia realizada por el Servicio de Impuestos Internos a raíz de la “arista Soquimich”.

Si en el matrimonio Penta-UDI la mimetización es tal que no se puede discernir cuál es el brazo político y cuál es el brazo empresarial de uno y de otro, la arista SQM agrega otro ingrediente que agudiza la desconfianza ciudadana. Aparecen también vinculaciones con el mundo de la centro-izquierda que podría haber recibido financiamiento irregular de la empresa del yerno de Pinochet, privatizada entre gallos y medianoche durante su gobierno, sumando a las eventuales ilegalidades un componente moral para quienes sustentaron su relato en la lucha contra la dictadura y la recuperación democrática.

Frente a este escenario se presentan dos salidas posibles. La primera, un secreto a voces, es la vuelta de la “vieja guardia” de la Concertación a recuperar el timón del barco y poner orden en medio del caos. Para llevarla a cabo se debe torpedear primero a quien representa la renovación de la Nueva Mayoría y el espíritu reformista dentro del gabinete: el Ministro Rodrigo Peñailillo.

Para algunos esta operación ya está en trámite. Pero esta salida es errónea, pues implica dar por cierta la tesis que sostengo falsa, de que la crisis es de la política y no de una determinada forma de entenderla. Si la política es la enferma, dicen, se necesita un panzer que actúe como experto cirujano.

En este punto debemos ser categóricos: la política no está en crisis. Durante el pasado período legislativo se aprobaron transformaciones esperadas por 25 años: fin del sistema binominal, Acuerdo de Unión Civil, voto de los chilenos en el exterior, reforma educacional, reforma tributaria y más.

Para el 2016 se ha anunciado el inicio de la gratuidad universitaria, demanda nacida desde la movilización estudiantil del 2011, justamente el año en que la política -ya no desde los cauces institucionales ni desde el pacto de la transición- logró cambiar los límites de lo posible en un país mal acostumbrado al status quo. Las regiones han comenzado a levantar sus voces y los ciudadanos ya no tenemos la misma resistencia frente los abusos que caracterizó al Chile del “no estoy ni ahí”. En suma, todo lo contrario a una crisis de “la política”.

Como la crisis, entonces, es de una determinada forma de entender y ejecutar la política, su verdadera salida está dada por la erradicación de estas maneras, costumbres e incluso estilos de vida, que han caracterizado a la élite que ha dirigido los destinos del país desde el retorno a la democracia. Dada mi militancia de izquierda, me haré cargo de su superación desde la vereda del mundo progresista al cual pertenezco.

Las generaciones que fueron llamadas a derrotar políticamente a la dictadura y a administrar la transición ciertamente tienen mucho de lo cual podemos estar orgullosos. Pero también, dentro de ellas, se comenzaron a desarrollar y expandir las prácticas propias de la vieja política que hoy nos tienen por el suelo, obstaculizando incluso la agenda del gobierno más transformador que a muchos nos ha tocado vivir.

Es que efectivamente el país les pidió, en reiteradas elecciones, que recuperaran el rumbo de una de las democracias históricamente más sólidas de América Latina. Pero lo que algunos no entendieron es que nadie les pidió que se acomodaran, que se aclimataran a los cocteles en Vitacura, las charlas en la Enade, a los espaldarazos de los grandes empresarios o las comidas con que éstos agasajaban a los funcionarios públicos luego de obtener alguna licitación. Nadie les pidió que se olvidaran de las privatizaciones realizadas por la dictadura, ni menos que fueran financiados por el yerno del tirano.

Penta y SQM tienen varias características comunes. Ambas son empresas que necesitan coaptar a la política para poder sobrevivir. Tanto la actividad especulativa como la industria extractiva de recursos naturales se sustentan en el orden económico neoliberal que impuso Pinochet y que -con ciertas correcciones- administró la Concertación. Por eso este tipo de empresas se esmeran en financiar a los políticos. ¿Podríamos llegar a proyectar la nacionalización de la industria del litio en un escenario de eventual financiamiento de SQM -regular o irregular- a buena parte del parlamento?

Ese es el gran dilema de estos días. Pues para combatir de raíz la desigualdad es imperativo que avancemos como país hacia un nuevo modelo productivo, donde la extracción de recursos naturales tenga un menor peso al frente de la innovación y la utilización de tecnología y capital humano para desarrollar una economía con mayor valor agregado. Para que ello ocurra es requisito que la actividad extractiva no financie a la política.

Entonces, para dar un giro a este escenario y caminar hacia las necesarias reformas estructurales, debemos esforzarnos para que se sepa la verdad, para que no existan defensas corporativas y también para hacer un poco de pedagogía frente a una ciudadanía incrédula, explicando que no es la política la enferma sino una parte de ella y que ésta puede ser una oportunidad histórica para abrir la democracia.

Nuestra generación, que se tomó los colegios el 2006 y las universidades el 2011 imaginando un Chile distinto, debe colaborar y ser protagonista en el empuje de esta transformación. En este punto debemos trabajar unidos tanto quienes participan de nuevos movimientos como quienes lideramos las juventudes de los partidos tradicionales.

Condenar abiertamente las eventuales irregularidades aunque vengan de nuestro propio mundo, volver a dignificar la política, llenar los municipios del país de nuevos liderazgos en las próximas elecciones municipales y dejar de lado las legítimas diferencias para avanzar como generación en la construcción de una política distinta es un desafío que bien vale la pena. Para que este sea el funeral de la vieja política debemos actuar todos quienes creemos en el sentido profundo de esta actividad.

Su crisis, es también la crisis de un modelo, aquél codificado por la Constitución de 1980. Y se da en un propicio momento, justo cuando nos aprontamos como país a discutir una nueva carta fundamental.

La UDI es hermana de nuestra actual Constitución política. Son hijas del mismo padre, el ex senador Jaime Guzmán, y pese a los cambios que ambas han tenido en sus 32 y 35 años de vida, muestran hasta el día de hoy su genética común.

La preponderancia que le da nuestra carta magna, en su artículo 1º, a los “grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad”, y su autonomía, es exactamente la misma que manifiesta la UDI en el art. 3° de su declaración de principios. Este principio, entendido sistémicamente junto a la garantía constitucional del art. 19 n° 21 (derecho a desarrollar cualquier tipo de actividad económica, que encuentra su símil en el art. 15° de la DP UDI), se transforma en la base de la subsidiariedad del Estado, principal innovación introducida en 1980 y piedra angular del “modelo chileno”.

En base a este principio, es posible entender cuestiones que en otras sociedades parecerían demenciales. Por ejemplo, que el grupo Penta sea un holding empresarial con inversiones en las áreas de previsión, salud, vivienda y educación, entre otras. Que maneje clínicas que les ofrecen servicios a aseguradoras de salud que también son de su propiedad, rentas vitalicias, universidades, y diversos servicios en donde la relación con la –escasa- regulación del Estado es muy estrecha.

Resulta entendible, aunque no menos repudiable, que bajo este prima al grupo Penta le interese financiar a la UDI, brazo político del modelo que le permite ejercer todas sus actividades económicas, lucrar con servicios que debieran ser derechos sociales, y obtener utilidades de $63.950 millones durante 2013, y de $54.563 millones sólo considerando el primer semestre del 2014.

En ese contexto, el “raspadito de olla” solicitado por Iván Moreira o los aportes a Von Baer y Silva, si bien son porcentajes menores respecto de sus utilidades totales, son muy significativos para mantener en orden las reglas del juego. Paradojalmente, los aportes se hicieron sin respetar las reglas que el mismo modelo impuso para el financiamiento político, recurriendo a boletas de honorarios por servicios que nunca fueron prestados, y que están siendo investigados por la Fiscalía.

Bajo esta fórmula de negocios y subordinación de la política, Penta logró en complicidad con la UDI, que el gobierno de Sebastián Piñera abortara la propuesta que pretendía crear una tarifa plana para todos los usuarios de las aseguradoras privadas de salud.

Según se ha conocido estos días, el actual presidente de la UDI (y diputado por el distrito 23, que concentra la población ABC1 del país), recibió el 10 de enero de 2013 un correo de Carlos Lavín, uno de los principales accionistas del holding, para ver “que se les ocurría” en el contexto de la tramitación de los cambios a la ley de Isapres. Silva mantuvo hasta 2012 un paquete de 12.100 acciones de la Isapre Banmédica, controlada por Penta.

El sistema electoral binominal, instaurado por la ley 18.799 en 1989, es otra de las bases del modelo, incentivando al empate entre coaliciones, lo cual complejiza –junto a los quórums especiales- las deliberaciones mayoritarias por parte del Congreso Nacional. Este sistema genera que, en la actual composición de la cámara, la UDI tenga un 24,16% de los escaños, habiendo obtenido sólo un 18,92% de los votos.

La sobre representación de la UDI no debiera dejarnos indiferentes. Es el partido representante en Chile de la ultra derecha, que paradojalmente define en el art. 2° de su declaración que se “deben rechazar las ideologías excesivas”; de la hipocresía, pues en 1983 mientras la dictadura violaba los Derechos Humanos la UDI declaraba (art. 4°) “el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, que excluye los apremios ilegítimos”; del conservadurismo, al señalar en su art. 6° que “la mujer es el agente de transmisión de valores y tradiciones”, o en su art. 7° que “la juventud debe nutrirse de ideales que contrasten con las utopías desquiciadoras”.

Tanta es su resistencia al cambio, que incluso pasan por encima de la historia, declarando en su art. 10° que “luchan contra el Partido Comunista, como el agente directo de la URSS en su afán de convertir a Chile en uno de sus satélites”.

El invierno de la Unión Demócrata Independiente es también el invierno del modelo instaurado por Jaime Guzmán, que pese a las sucesivas mejoras democráticas de las últimas dos décadas, recién hoy podrá ver derribados dos de sus pilares más importantes.

El nuevo ciclo social que abrió la movilización ciudadana del año 2011, y su consecuencia política en los avances propiciados por el gobierno de la Nueva Mayoría y en la irrupción de nuevas fuerzas que continúan empujando las transformaciones, ha permitido que hoy el reemplazo del sistema electoral binominal sea casi un hecho.

Junto a ello, la Presidenta Michelle Bachelet ha anunciado al 2015 como el año donde se dará partida al proceso constituyente en democracia.

Este podría ser el último invierno del legado de Jaime Guzmán. Para que así ocurra, la nueva Constitución debe recoger las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos de todo Chile, sin refugiarse solo –como siempre ha ocurrido- en las meditaciones de una élite. De lo contrario, la UDI se asomará victoriosa en su próxima primavera.

Salimos a buscar a nuestros mejores jóvenes, de todo el país, ansiosos de participar y representarnos frente al mundo. ¿Cómo los seleccionamos? Utilizaremos una herramienta que está al alcance de la mano, los últimos resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Elegiremos a los mejores entre los mejores; de los 253 jóvenes que obtuvieron puntaje nacional en alguna de las pruebas (matemática, lenguaje o ciencias/historia), dejaremos en competencia solo a quienes tienen un puntaje mayor a 800 puntos, en las pruebas de matemática y de lenguaje.

El resultado es un elenco de 21 jóvenes*, bastante alentador para el campeonato que jugaremos.

Los 21 provienen de colegios particulares pagados, la mayoría de ellos católicos y con mensualidades que bordean los $300.000 (133% del sueldo mínimo nacional). Los colegios particulares pagados representan en Chile el 7% de la matrícula escolar, pero en la selección de los mejores son el 100% del plantel, dejando fuera del elenco a los representantes del 93% restante. Con estos fichajes me atrevo a decir que pasaremos la primera ronda por lejos.

De los 21 nominados, 17 son hombres y 4 son mujeres. Los hombres chilenos somos el 49% de la población del país, pero en esta selección representamos al 81%. Las mujeres, 51% de la población, solo están representadas en un 19% del plantel. Ya estamos ubicados en cuartos de final.

En la Región Metropolitana vive el 40% de los chilenos, pero en esta selección nacional la RM se lleva el 76% de la torta, con 16 de los 21 privilegiados, que además provienen solo de 5 comunas de entre 52 que existen en ella (Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea).

El resto de las regiones, representativas del 60% del país, se tendrán que conformar con 5 nominados (24%). Esto, sin considerar la alta probabilidad de que los jugadores del Maule, Biobío y Los Lagos terminen radicándose en Santiago para ir a las mejores universidades. Pasar a semifinales será un mero trámite.

Para llegar a la final, solo basta agregar que ningún miembro del plantel representa a nuestras etnias originarias, que no hay ningún representante de regiones extremas, y que desde Arica y Parinacota hasta Valparaíso, tendrán que conformarse con ver los partidos por televisión. Para ganar la copa, bueno, algo tendrán que jugar nuestros elegidos.

El campeonato de la desigualdad, en buena hora, es ficción, pero los datos son reales.Estamos fallando como país, y hace rato. No es cierto que los chilenos más talentosos se ubican solo entre los hombres de colegios privados de cinco comunas de Santiago. Claro que muchos de ellos lo son, pero también hay talento en las restantes 341 comunas del país, en las regiones, en el campo, en nuestras mujeres, en los migrantes y en quienes tienen capacidades diferentes. ¡Hay talento en todo Chile, y lo estamos desaprovechando!

No se trata de resentimientos, quien escribe también estudió en un colegio privado y obtuvo puntaje nacional. Se trata de entender que el desarrollo solo será posible, cuando en todos los rincones del país sean desarrolladas las capacidades de nuestras niñas y niños por igual. Cuando la educación sea un derecho, y no una competencia desatada por obtener mejores puntajes en el Simce o en la PSU, para engrosar las matrículas de tal o cual colegio.

Ese es el sentido profundo de los cambios a la educación que hoy se están tramitando en el Senado. Cuesta entender qué fundamento puede llegar a tener la selección escolar en un país tan desigual, más allá de premiar a determinados niños por el capital cultural que le heredaron sus padres; resulta imposible descifrar por qué el Estado chileno lleva años siendo cómplice y financista de la segregación escolar a través del copago, o cómo permite que una parte no menor de sus recursos vayan a parar al bolsillo de los sostenedores, en vez de ser reinvertidos en educación.

Para ser campeones mundiales en algo más digno que la desigualdad, se necesitan estos cambios, junto a un fortalecimiento real de la educación pública.

Nuevas reglas del juego en donde se garantice que cada peso público en educación será invertido en colegios que promuevan la ciudadanía crítica, la excelencia y el respeto a la diferencia. Solo así, en el futuro, la selección de los mejores de Chile podrá ser representativa de nuestra diversidad, y estará preparada para competir en las ligas del desarrollo.

*Los datos son elaboración propia a través de la información pública de los puntajes nacionales PSU 2014, Demre.