La cita es del libro “Chile Anatomía de un mito”, de Tomás Moulián, publicado en 1997. El análisis de Moulián, criticado en los años del exitismo de la transición cuando presumíamos de ser los “jaguares” de América Latina, en los albores de la crisis asiática, pone el acento de una de las principales fragilidades de nuestro sistema social: el debilitamiento del espacio de la política y con ello, la posibilidad de abordar colectivamente los asuntos que afectan a la sociedad.

En lugar de conflicto, tenemos un consenso construido sobre el espejismo de un acceso al consumo que disciplina y controla, “este ciudadano credit-card es normalizado, `puesto en orden`, regulado por el consumo del pago diferido”.

Dicho debilitamiento del espacio público-político significa, entre otras cosas, que un conjunto de derechos sociales reconocidos durante el periodo desarrollista (aunque no siempre materializados con igual éxito) desaparecieron durante la dictadura y lo poco que de ellos quedó, lo hizo en condiciones en las que el estado y cualquier otra expresión del interés público, quedaba subordinado al rol subsidiario del estado en su relación con el mercado y los proveedores privados, rol que queda tan claramente expuesto en el texto constitucional con la relevancia reconocida a la propiedad privada.

Se dice, y con razón, que las condiciones de vida de importantes sectores de la sociedad chilena han mejorado.

Gran parte de ella ha aceptado -o debiéramos decir, ¿había aceptado?- las reglas del juego apostando a que el trabajo, la disciplina, el esfuerzo individual guiado por la consigna “de la casa al trabajo y del trabajo a la casa” iban a tener su premio.

Con el paso del tiempo, la versión chilena del selfmademan/women advierte el espejismo: trabaja horas y horas y no logra salir del hoyo, las estadísticas le dicen que no es pobre por lo que ya no es merecedor de las raquíticas ayudas del estado, pero el dinero no le alcanza para cubrir sus necesidades fundamentales.

Apuesta al orden, no quiere conflictos, tanto le han repetido que el conflicto genera desorden y este acarrea desocupación, si se queda sin pega, ¿cómo paga las cuentas?

Y si no paga las cuentas, ingresa a Dicom y se transforma en un ciudadano de segunda clase. Y más encima, si la bolsa cae, las pocas monedas que ha logrado reunir en su cuenta previsional, serán aún menos.

Ha apostado por este modelo confiando en que los poderosos valorarán su gesto, su buena voluntad, generando paulatinamente mejores condiciones de vida, más justicia, un mejor futuro para sus hijos.

Pero el tiempo pasa y las cosas no mejoran o mejoran en tiempos que no parecen razonables.

Las cifras de distribución del ingreso se mantienen mas o menos congeladas con un quintil de más altos ingresos que se apropia del 56% de los ingresos y un 1% que hace lo mismo con el 14% (cifras del 2005); la pobreza ha bajado de manera importante, pero con un elevado grado de vulnerabilidad; esforzadamente se sale, fácilmente se regresa.

Lo que está sucediendo durante estas últimas semanas reflejan el malestar de la sociedad chilena con el modelo neoliberal concebido y diseñado por quienes, una vez alejados del poder político ejercido durante la dictadura, han “cambiado de giro” insertándose en el mundo empresarial, desde donde han aprovechado al máximo los ventajas, subterfugios legales y la “vista gorda” de un estado débil y privatizado para enriquecerse.

Se enriquece porque los salarios en nuestro país son bajos, el 36,5% de las familias tienen ingresos promedio equivalentes a $292.000 y un 24,7% a 517.000.

La triste realidad es que la mayoría de las familias de nuestro país no tiene ingresos que le permita acceder a una vida digna.

Y la solución que aparece a mano es el endeudamiento, el tarjeteo, la “bicicleta” permanente y el sobreendeudamiento crónico.

Es cierto que hay un tema de responsabilidad de los ciudadanos consumidores.

Pero el problema es más estructural: las familias no se endeudan para acceder a bienes suntuarios o inmuebles o contingencias extraordinarias, lo hacen para cubrir sus gastos básicos.

Y como si no fuera suficientemente preocupante esta situación, cuando se endeudan lo tienen que hacer en condiciones leoninas con tasas abusivas. Pero hay más todavía, a los salarios miserables y las condiciones abusivas del acceso al crédito, se suma el engaño al estilo de La Polar.

El malestar -a veces vociferante, a veces balbuceante; a veces público y masivo, a veces cotidiano y sufrido privadamente- condensa una sensación de frustración colectiva frente a las promesas de un sistema social que se evidencian falsas.

No se trata de un simple error de cálculo de una sociedad que optó por un camino y fracasó en el intento de alcanzar el desarrollo.

Por el contrario, es el resultado de un modelo decidido entre “cuarto paredes” e impuesto violentamente, cuyos arquitectos siempre tuvieron claro que no lograría los objetivos que declaraban públicamente.

Entonces, uno empieza a pensar cuál es el ambiente en cuanto a valores, en cuanto a estabilidad emocional y afectividad que va a tener un niño que nace con esos déficit”.

Para luego agregar: “Chile es un país sin familia. Yo auguraba que esto iba a traer trastornos sociales para Chile. Lo más extremo es llegar al anarquismo. Un niño que no recibió nada, no recibió afectos, no recibió el cariño de un padre y una madre y la protección de ellos, se manifiesta en las calles con odio”.

Estas lamentables declaraciones no pasarían de ser una anécdota si no fuera porque se trata de una autoridad que tiene a su cargo recursos, personas y la ejecución de políticas públicas que están -o al menos debieran estarlo- orientadas a la discriminación que afectan a los ciudadanos de nuestro país.

Pero por otro lado, las declaraciones del Intendente reflejan lo que piensa una parte importante de los personeros de la derecha hoy gobernante, pero que tienen la prudencia como para no expresarlo públicamente.

En la matriz cultural de la derecha tiene especial importancia los componentes valóricos asociados a lo que podríamos denominar la “recta sociedad”; familias formadas por papá y mamá, unidas en “santo” matrimonio, con la cantidad de hijos que la divina providencia aporte; idealmente, la mujer dedicada a las cosas del hogar, a la reproducción valórica de la prole mientras el macho se dedica a proveer.

Esta se constituye en la única y auténtica familia. Si los datos estadísticos y sociológicos dan la espalda a este marco conceptual y valórico, peor para la realidad.

El 67% de los hijos/as nace fuera del matrimonio; la tasa de nupcialidad ha bajado dramáticamente en nuestro país: según la Casen 2009 “del total de familias nucleares, el 45.6% de los jefes de hogar están casados, el 18.2% es soltero, el 15.1% es conviviente o pareja y el 10.4% es viudo.

Desde 1990 se observa una disminución del porcentaje de casados y, como contrapartida, aumentan las familias con jefes solteros y convivientes, el 30% de los hogares reales tienen a una mujer como jefa de hogar.

En esa matriz conservadora de la derecha, esos datos no son realidades que hay que reconocer, ayudar a que puedan salir adelante ampliando el foco de las políticas públicas; desde esa perspectiva, una familia constituida de las múltiples maneras en que hoy se constituyen las familias en Chile es más un problema a solucionar.

Las políticas públicas operan como un mecanismo de castigo premiando a las familias correctas. Esto no es mero discurso.

Allí están las reformas propuestas en la Ficha de Protección Social por el ex ministro Kast que ya no considera como vulnerable a un hogar con jefatura femenina, que tiene los hijos a su cargo; el bono “bodas de oro” que solo es para los matrimonios, o la Ley de Fonasa que no permite ni a los hombres ni a las mujeres tener como carga de salud a sus convivientes.

Todo ello evidencia la miopía de la derecha; la miopía de no ver con claridad cuanto ha cambiado nuestro país; la miopía de no poder aceptar que las distintas familias pueden tener los mismos defectos y virtudes; la de no aceptar la libertad de los sujetos para tomar sus propias decisiones y la de no reconocer que el deber del estado no es “premiar” a la familia correcta sino apoyarlas a todas, para hombres y mujeres, para que puedan realizarse plenamente.

Por ello no nos sorprende el rechazo de la derecha a reformar la legislación de matrimonio civil abriendo la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero el Intendente va un paso más allá.

No solo las familias “raras” son malas porque van en contra del derecho natural sino que además, ellas están integradas de tal manera que no es posible tener las condiciones adecuadas para formar personas íntegras, civilizadas, que aporten a la sociedad.

La evidencia está en la calle: niños y niñas carentes de afecto, tirando piedras, destruyendo la propiedad pública, sin formación, vagando por la vida, prisioneros de la droga, alterando la convivencia social. En síntesis, puros problemas.

Olvida el Intendente reflexionar en las otras razones que explican de mucha mejor manera esta situación: falta de oportunidades, injusticias sociales estructurales, discriminaciones; es más sencillo responsabilizar a las familias “anormales” privatizando el problema.

Cabría preguntarse en qué tipo de familias se han formado los empingorotados e ilustrados gerentes de La Polar y de otras empresas que cotidianamente abusan de los ciudadanos y trabajadores.

Claro está, los “violentistas” de los cuales se ha hablado en las últimas semanas con motivo de los desmanes realizados en el marco de las marcha contra HidroAysén,  en Valparaíso el 21 de mayo o, más reciente, en las movilizaciones convocadas por la CONFECH, son también antisociales.

El que la forma que se utiliza para protestar sea condenable, no nos puede impedir observar que hay motivos de fondo que explican dichas conductas. Los ciudadanos que marchan pacíficamente, pero también quienes optan por la violencia contra sus semejantes y la destrucción de propiedad pública o privada son antisociales en el sentido que demandan, tal vez difusamente y equivocadamente cuando se recurre a la violencia, un tipo de sociedad que tenga otros valores o que priorice dichos valores de manera distinta.

Y lo hacen porque la sociedad chilena, incluso reconociendo sus logros y mejoras, ha construido no democráticamente, un modelo de desarrollo en donde muy pocos tienen mucho poder y muchos, la inmensa mayoría, está indefensa, desprotegida, abusada, estresada; los datos de la desigualdad y la facilidad con que dejamos de ser pobres (de acuerdo a las estadísticas) con solo un par de billetes en el bolsillo, son insultantes; casi una provocación. Y la sociedad chilena ha tenido harta paciencia: más de veinte años de democracia y los avances distan de ser sustantivos.

Y el gobierno equivoca el foco: el deber del Estado es garantizar el derecho de la ciudadanía a expresarse y hacerlo  en lugares en donde esa expresión cumpla con su objetivo que es comunicar a la sociedad un malestar, una demanda.

Para quienes no tienen millones de pesos para insertos en la prensa, ni influencia en los círculos de poder, ni son dueños de medios de comunicación, de nada sirve manifestarse en el Parque O’ Higgins.

La sociedad chilena quiere hacerse oír, decir presente.

Y lo hace, como dice el destacado politólogo Robert Dahl (a quien nadie podría tachar de marxista o anarquista para descalificarlo),  porque la embarga “un sentimiento  que las decisiones se escapan al control, que la propia vocecita jamás podrá oírse en medio del estrépito de un millón o 100 millones de otras, que para quienes toman las decisiones en el mundo,(…) uno es como una hormiga que se escabulle entre sus pies; la propia suerte depende nada más que de dónde zampen los propios pies estos gigantes o de que lo aprieten torpemente contra el suelo”. No lo tengo claro pero arriesgo una pregunta: ¿Qué es más violento, saquear una farmacia en Valparaíso o el saqueo masivo de las grandes cadenas de farmacias por medio de la colusión de precios?

La inequidad, la injusticia, una vida a la intemperie plagada de incertidumbres, esa sensación de impotencia, también es violencia. Claro, una violencia más sutil, larvada, si se la observa desde la perspectiva macro social pero muy patente en la vida cotidiana de millones de personas.

Recuerdo aquí un concepto poco utilizado en la actualidad: el de “violencia institucionalizada”. Lo empleó la Iglesia Latinoamericana en la Conferencia de Medellín (1968) para dar cuenta de la necesidad de avanzar en la construcción de una sociedad más justa como el principal antídoto contra la violencia y el autoritarismo: “Si el cristiano cree en la fecundidad de la paz para llegar a la justicia, cree también que la justicia es una condición ineludible para la paz”. No deja de ser que América Latina se encuentre, en muchas partes, en una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada cuando, por defecto de las estructuras de la empresa industrial y agrícola, de la economía nacional e internacional, de la vida cultural y política, “poblaciones enteras faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política” (Encíclica Populorum Progressio, No. 30), violándose así derechos fundamentales.

Tal situación exige transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras. No debe, pues, extrañarnos que nazca en América Latina “la tentación de la violencia”.

No hay que abusar de la paciencia de un pueblo que soporta durante años una condición que difícilmente aceptarían quienes tienen una mayor conciencia de los derechos humanos.