Lo primero se refiere a la democratización regional. Chile es de los pocos países democráticos del planeta que no elige a sus autoridades políticas regionales. En nuestro caso, los Intendentes son designados.

Siendo el acto de la designación no necesariamente pernicioso para el desarrollo de las regiones (hay evidencia de Intendentes que han sido aportes al desarrollo regional), su principal debilidad es el escaso vínculo político que se provoca entre el representante y el representado.

Esta debilidad se supera con la propuesta contenida en el programa de Michelle Bachelet que considera la elección directa de Intendentes y la apertura de mecanismos participativos que apoyen la gestión regional, propuesta mediante la cual se espera aumentar el control social del representado sobre el representante.

Un segundo aspecto se refiere a enfrentar las desigualdades territoriales. El crecimiento y desarrollo que alcanzan algunas regiones y algunas comunas en su interior, es dispar, ya sea por falta de capital humano, escasa focalización de recursos, o falta de incorporación de criterios de equidad territorial en la gestión regional.

En términos sencillos, estas disparidades regionales significan que dependiendo del lugar donde se nace o vive, las oportunidades para cada ciudadano son diametralmente distintas para ejercer derechos fundamentales como los de educación, salud, entre otros.

Por ejemplo, según investigaciones realizadas por RIMISP (www.rimisp.org) Chile presenta un nivel bajo de mortalidad infantil, no obstante, 141 comunas se encuentran peor que el promedio nacional, 43 más que lo duplican y 18 lo triplican.

Continúa señalando esta organización que ninguna región de Chile, aparte de la Metropolitana, tuvo promedio de 500 puntos o más en la última PSU y hay ocho regiones en que más de la mitad de los alumnos que sacaron 550 puntos o más en la PSU deben migrar a otras partes del país a continuar con su educación.

Pero el problema de las disparidades no solo se genera entre regiones también se provoca al interior de ellas. Por ejemplo, según datos de SINIM y para el caso de la Región de Los Ríos, en la comuna de San José de la Mariquina sólo un 18,6% de estudiantes provenientes de establecimientos municipales que rinden la PSU, obtienen igual o más de 450 puntos.

Como contrapartida, ese porcentaje sube a un 66,6% en la comuna de La Unión.Para el caso de los establecimientos particulares subvencionados, el porcentaje en la comuna de Mariquina sube a un 79,7%.En ambos casos, se observa una disparidad entre comunas de una misma región, y entre establecimientos educacionales al interior de una misma comuna.

Para hacer frente a esta negativa realidad social, en el programa de la reciente electa presidenta Michelle Bachelet, se propone la creación del Fondo de Convergencia Regional.

Este Fondo permitirá a las regiones más pobres, tener recursos para establecer Pactos Territoriales (entre ministerios, regiones, municipios, organizaciones sociales y empresariales, centros de educación superior) que permitan una acción articulada y eficaz de la reducción de desigualdades territoriales.

Esta y otras medidas harán posible hacer frente a las problemáticas regionales y locales, que muchas veces impiden que el desarrollo se perciba de manera armónica y equilibrada en muchas regiones y comunas del país.

Una tercera dimensión es el reforzamiento del capital humano avanzado en regiones.En este sentido se propone generar incentivos para retener y atraer capital humano a regiones, así también reforzar el vínculo entre universidades públicas/estatales y gobiernos regionales, adicionalmente se espera contar con CFT estatales en todas las regiones del país que puedan responder de manera pertinente a los requerimientos de formación técnica que demande la propia región.

Una cuarta dimensión se refiere a instalar un proceso de traspaso de competencias en materia de desarrollo productivo e innovación. Al respecto, se propone crear y reforzar Programas Tecnológicos de Inversión, Consejos Regionales de Innovación, fortalecimiento de los Comités de Innovación de las regiones y la creación de Centros de Desarrollo Empresarial que apoyen la gestión a las empresas de menor tamaño.

En definitiva, los años venideros serán propicios para el desarrollo de las regiones con participación activa de actores territoriales, los cuales están llamados a ser protagonistas de su desarrollo.

En primer lugar por su alta identificación con “causas” regionalistas que han liderado a lo largo de sus carreras políticas, y por cierto en tiempos recientes.

Por ejemplo, no es menor que ambos hayan enfrentado al centralismo de sus propios partidos políticos en oposición a designaciones de candidaturas, exigiendo primarias en las regiones para la definición del candidato al Senado.

De ellas se concretó la de Los Ríos donde Alfonso De Urresti derrotó claramente a Juan Gabriel Valdés.

Para el caso de Rabindranath Quinteros, su dilatada trayectoria como Intendente de la Región de Los Lagos y luego como Alcalde de Puerto Montt, lo han llevado a convertirse en un líder reconocido como “regional”, precisamente en una región que no tiene líderes a esa escala.

Alfonso De Urresti, es reconocido por su trabajo en terreno y presencia en cada rincón de la región de Los Ríos ( por electores y sus propios rivales políticos) lo que lo han hecho convertirse rápidamente en una figura de corte regional que ha sabido levantar temáticas regionales para ponerlas en la agenda nacional. Todo lo anterior se podría reducir a que ambos líderes gozan de una alta legitimidad regional, por su consecuencia con los temas regionales. ¿Cuáles son las implicancias de ello?

La primera que distingo es que ambos senadores,por cierto sumados a otros de similar perfil electos en otras regiones del país y de resultar electa Michelle Bachelet en el balotage, deberán ser los principales portadores de las propuestas de “descentralización” planteadas en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría (llámese elección de Intendente, Fondo de Convergencia Regional, mayores atribuciones a los Gobiernos Regionales, entre otros).

Este rol deberían cumplirlo dado que hoy son reconocidos a nivel regional y nacional como líderes “regionalistas”. Es una gran oportunidad para quienes habitamos en regiones, ya que asegura que las propuestas en esta materia que si bien es cierto son “nacionales”, tendrán un nivel de sensibilidad regional que tanta falta le ha hecho a este tema.

Pero a pesar de todo lo anterior, cabe preguntarse ¿por qué a la par de figuras regionalistas como las mencionadas, también resultaron electos dos figuras nacionales como Ena Von Baer en Los Ríos e Iván Moreira en Los Lagos?

Tanto Von Baer y Moreira salieron segundos (y primeros en sus listas) pero a una distancia bastante considerable de De Urresti y Quinteros (24 y 28 puntos respectivamente).

Los motivos por los cuales resultaron electos figuras nacionales en dos regiones donde la palabra regionalismo no resulta ajena al sentir ciudadano, y se usa como argumento de campaña electoral, se debe a que un sector de la ciudadanía que habita en estas zonas, ve con simpatía que “grandes figuras nacionales” los representen.

Dicha condición es vista como “algo bueno”, o como algo positivo para el territorio, ya que “alguien tan conocido” y “con tantos contactos” que los represente, puede llegar a favorecer a la región.Esta noción de representación exógena, claramente convive en nuestros territorios con una visión de regionalismo con un carácter mucho más endógeno.

Parece ser que nuestras regiones no sólo quieren “voces nacionales” que las representen, sino que mayoritariamente prefieren voces genuinamente regionales, que pongan sus temas a escala nacional. Esa combinación en el Senado y en algunas regiones, parece expectante de cara al futuro que conllevará la discusión sobre temáticas como la descentralización o la regionalización.

Las regiones, el regionalismo y la descentralización, sin duda se tomarán la agenda del próximo gobierno.

La incorporación de líderes regionales al Senado, puede transformarse en la garantía política para que los temas de regiones, como desigualdad territorial, centralismo político, falta de capital humano avanzando (entre otros), sean “legislados nacionalmente” pero con una mirada que pueda poner en el centro del debate, la heterogeneidad territorial propia de de nuestras regiones.

Hace pocos días se presentó el programa de la candidata de la Nueva Mayoría. En su globalidad el programa de gobierno, en su dimensión de descentralización, implica reformas políticas con democracia participativa, gobiernos regionales fuertes, capaces de proponer desarrollo territorial, fortalecimiento de la descentralización política y fiscal.

Algunas de las propuestas más sustantivas planteadas por la comisión a la candidata Michelle Bachelet y que fueron dadas a conocer son las siguientes:

La primera y más relevante de las propuestas es la elección directa del Intendente como una forma de lograr una mayor cohesión territorial y fortalecer la democracia regional.

En el programa de la Nueva Mayoría existe consenso en que la elección directa del Intendente no es excluyente con mantener un representante directo e inmediato del ejecutivo en regiones.

¿Por qué?, principalmente porque se debe garantizar la implementación de políticas nacionales en espacios regionales, especialmente cuando ocurren situaciones de gobiernos regionales que entran en tensión con gobiernos nacionales.

Manteniendo un representante del presidente (a) en regiones, se evita que sus habitantes sufran las consecuencias que implica tener un “Intendente” de tendencia política distinta al Presidente (a) de la República, que por ejemplo y con tal de hacer una férrea oposición al gobierno nacional, impida u obstaculice la implementación de políticas públicas nacionales en regiones. Diversos países de América Latina y el mundo así lo tienen establecido.

Otra de las propuestas tiene que ver con implementar garantías sociales territoriales.No se puede permitir que ninguna comuna del país caiga por debajo de niveles básicos de bienestar.

En el programa se plantea que estas garantías deben ser en seis dimensiones del desarrollo territorial: educación, salud, participación de las mujeres y de los jóvenes en el mundo del trabajo, calidad del empleo, vivienda y entorno, calidad ambiental, mejor acceso a bienes públicos y conectividad.

Para hacer realidad esta garantía social territorial, se implementará un Fondo de Convergencia Regional, creado por Ley. Este Fondo permitirá financiar rápidamente las inversiones y acciones extraordinarias que haya que realizar cada vez que una comuna caiga en alguna de las dimensiones señaladas, por debajo de aquel nivel que como sociedad regional establezcamos que es el mínimo aceptable.

Este Fondo permitirá a las regiones tener recursos para establecer Pactos Territoriales (Ministerios, Regiones, Municipios, además de la participación de organizaciones sociales y empresariales y centros de educación superior) que permitan una acción mancomunada y eficaz de reducción de desigualdades territoriales en las seis dimensiones del bienestar ya señaladas.

Una tercera propuesta que se vislumbra auspiciosa es la creación de estímulos para atraer y retener en regiones a personas calificadas, asimismo incentivar la migración a regiones desde Santiago, tanto en el ámbito laboral como académico.

Es sabido que el capital humano avanzado contribuye de manera sustantiva para promover el desarrollo territorial, condicionante fundamental para hacer de Chile un país muchos más equilibrado territorialmente y menos centralizado.

Esta variable asociada al recurso humano calificado para regiones sumado al compromiso explícito por aumentar los ingresos para inversión pública de decisión regional, y a la vez, dotar a los gobiernos regionales de recursos propios claramente identificados y de exclusiva decisión autónoma, resulta ser un pilar fundamental para avanzar hacia la consolidación de un Estado Unitario descentralizado que nos ponga a la par de los países más desarrollados en esta materia.

Finalmente, un Chile moderno, republicano y descentralizado es propicio. No ha existido un contexto histórico en democracia que haya generado tanta sensibilidad en la elite política por descentralizar al Estado y que a su vez vaya acompañado, “presionado” y planteado como un anhelo político por parte de la sociedad civil regional (según la CEP, un 73% manifiesta estar de acuerdo con descentralizar el país).

Tal como lo indica el programa de gobierno de la candidata de la Nueva Mayoría, este contexto es único para avanzar garantizando respeto y diversidad, con poder y democracia regional, con autonomías territoriales y participación de los pueblos originarios, con devolución de recursos financieros a las regiones y solidaridad entre todos para disminuir las brechas y superar el centralismo.

La primera razón se refiere a la falta de compromiso Estatal con las regiones.En el Estado no se aprecia una política estatal regionalista para sus regiones. Históricamente el Estado no ha puesto su aparataje técnico a disposición de estas para desplegar sus capacidades y potenciar los factores internos que determinan el desarrollo territorial.

De haber sido así, se habrían aminorado las crecientes disparidades y desequilibrios territoriales que muchas veces han gatillado la necesidad de muchos territorios por transformarse en región.

Mideplan y hoy Subdere, se han transformado prácticamente en contenedores de “supuestas” demandas separatistas de las regiones, desplegando pesadas burocracias que se concentran esencialmente en entregar subsidios y programas, pero no acompañan ni detonan procesos de desarrollo territorial.

El regionalismo no es política de Estado y aparece solamente de manera coyuntural, muchas veces para ser “juez” y justificar o negar la existencia de una región.

La segunda razón se refiere a la falta de cohesión regional. Los gobiernos regionales no han podido revertir la alta fragmentación territorial que se aprecia en muchas regiones del país.

Esto ha provocado que en los últimos años se hayan acrecentado las disparidades territoriales, fundamentalmente en la asignación de recursos públicos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Es común evidenciar en algunas provincias las constantes quejas por los porcentajes de asignación de recursos del FNDR.

Las ciudades que más han crecido en inversión pública y privada, son las capitales regionales concentrando la mayor inversión en desmedro de ciudades intermedias integrantes de una misma región.

Otro factor que ha incidido en esta falta de cohesión regional es la naturaleza de los proyectos que se postulan al FNDR. La mayoría de ellos son proyectos de alcance comunal y muy pocos son proyectos regionales.

Todo este conjunto de factores ha ido mellando la posibilidad de que ciudades intermedias se sientan parte de su región afectando la posibilidad de construir una identidad y cohesión regional.Precisamente son aquellas ciudades “afectadas” por la distribución de estos recursos, las que son portadoras de las demandas por ser una nueva región.

La tercera razón es histórica. Para explicar la creciente reivindicación de territorios por ser nuevas regiones es necesario recurrir a la histórica tensión que ha existido entre las provincias y el centro político, lo cual en los últimos 40 años se agravó con una nueva forma de organizar territorialmente a Chile: las regiones.

Las actuales regiones tienen más componentes geopolíticos que socio-políticos, en contraposición a las actuales demandas que tienen una configuración territorial sociopolítica asociada -en algunos casos- a las antiguas provincias (pre CONARA en 1974).Esto ha provocado que condicionantes como la identidad socio cultural, la historicidad de un territorio y la capacidad de articulación de sus actores en función de un proyecto político territorial, se han transformado en el argumento central “reivindicatorio” de las demandas por ser nuevas regiones.

Estas demandas por crear nuevas regiones, devela que ellas exigen reconocimiento no sólo por su tamaño de la población, actividad económica, peso de la burocracia, límites administrativos, o accidentes geográficos, sino que principalmente por su configuración social, política, e histórica.

Esto significa que componentes como la identidad socio cultural, la historicidad de un territorio y la capacidad de articulación de sus actores en función de un proyecto político territorial, son esenciales para hablar de “Regiones”. Asimismo le ponen al Estado el desafío de revisar/modificar la actual regionalización, ello permitiría avanzar con un primer paso hacia un nuevo pacto territorial que permita construir “regiones” en base a criterios socio-políticos, enmarcados en una nueva regionalización democrática.

La modificación sustituye la antigua forma de conformación del consejo regional, que consistía en una elección que realizaban los concejales de las comunas, posterior a las elecciones municipales.

Con esto se pasa a una elección por sufragio universal de parte de la ciudadanía para elegir los miembros de los Consejos Regionales, tal como lo establece el nuevo artículo 29 de la nueva ley.

Estas elecciones se efectuarán cada cuatro años, conjuntamente con las votaciones parlamentarias y podrán ser reelegidos en forma indefinida. Para la elección se empleará el sistema electoral proporcional, igual al usado en la elección de concejales, aplicándose con ello cifra repartidora.

Se aplaude esta medida, es un avance, pero no podemos emborracharnos con este logro. La razón es muy simple, actualmente en el Senado se encuentra en discusión el proyecto de ley ingresado por el boletín número 7963-06 titulado “relativo al fortalecimiento de la regionalización del país”.

En el se proponen, entre otras cosas, las nuevas funciones que cumplirán los consejeros regionales, que tal como está planteado en dicho proyecto son menores a las que hoy realizan.

Si antes podían incidir sobre proyectos específicos, a partir de marzo y de aprobarse dicha iniciativa, sólo tendrán opinión sobre “políticas regionales” a proposición del Intendente.Como contrapartida, todo el poder que pierden se le transfiere a los Intendentes, quienes de manera muy contradictoria se fortalecen con este proyecto de ley que se supone es para fortalecer la “regionalización”.

Tal como están las cosas, la elección de Consejeros Regionales traerá consigo a lo menos dos implicancias.

La primera es tirarse a una piscina sin agua. No hay certeza sobre qué función cumplirá un CORE a partir del 2014, cuánto tiempo le debe dedicar, ni cuanto será su remuneración mensual.

Con ello se reducen los candidatos y a muchos interesados no les quedará otra alternativa que colgar su candidatura de algún candidato a parlamentario. Así, los candidatos a COREs serán prácticamente los “operadores políticos” de los candidatos a parlamentarios, dado que surge una duda legítima ¿cómo financiará una campaña un candidato a CORE en provincias superiores a los distritos, o en provincias con un número de comunas igual o inferior a los distritos?

La realidad política que enfrentarán, dará lugar a fortalecer el clientelismo político y supeditar la representación territorial a cuotas que definirán los propios candidatos a parlamentarios. No se ve bien que a cambio de elegir los COREs, se fortalezca al Intendente y además se parlamentarice el consejo regional, dado que lo que se persigue al elegir estas nuevas autoridades es que le rindan cuenta a ciudadanos y no a parlamentarios.

La segunda implicancia es la configuración de gobiernos regionales similares al funcionamiento de los concejos municipales. Supongamos que se aprueba tal cual el proyecto de ley que está en el Senado, es decir, con Intendentes más fuertes y COREs más débiles. Ese escenario no sirve de mucho, será una réplica regional de lo que hoy demandan los concejales a nivel comunal.

Estos piden más poder, mejor remuneración y más funciones para contrarrestar la excesiva alcaldizacion que hoy existe en las comunas, ya que las funciones que cumplen son mínimas y el alcalde tiene todas las atribuciones de gestión y de política comunal. Al menos la alcaldizacion se legitima cada cuatro años, la Intendización es ilegitima. Este escenario es tremendamente contradictorio porque no descentraliza el poder, lo centraliza en un solo actor: el Intendente.

La elección de Consejeros Regionales por sí misma no es un avance en descentralización ni en regionalización, es un avance en democratización de los gobiernos regionales.

Avanzaríamos en descentralización si estas nuevas autoridades tuvieran funciones sustantivas que cumplir en materia de desarrollo regional, que puedan servir de contrapeso al poder central y al poder político regional, que efectivamente “representen” intereses territoriales.

Nada de eso está contemplado en la ley, nada de eso están demandando con fuerza los actuales CORES, nada de eso están planteando los parlamentarios en el congreso.

En definitiva, este es el escenario más óptimo para preservar el centralismo y el clientelismo político a escala regional.

Ojalá que un nuevo gobierno entienda que el centralismo es un problema de poder y representación territorial, y que su instalación el 2014 traiga implícita la promesa de modificar el actual imbunche institucional que quedará en regiones.

1.- Representación política regional. Elegir de manera directa al Intendente es una necesidad para garantizar la legitimad y representación territorial en la acción de gobierno en la región. Esto no es excluyente con mantener un representante directo e inmediato del presidente de la república en regiones o provincias.

Manteniendo un representante del presidente en regiones se evita que sus habitantes sufran las consecuencias de tener un “Intendente”,(por ejemplo con tendencia política distinta al Mandatario, que con tal de hacer una férrea oposición al gobierno nacional, impida u obstaculice la implementación de políticas públicas nacionales en regiones.

2.- Espacios de decisión y participación ciudadana en regiones.Habitualmente, no se vincula la priorización de necesidades que hacen los representantes sociales/productivos con planificación de la inversión pública. Una propuesta concreta que se plantea en esta materia es implementar un “presupuesto participativo regional”. Consiste esencialmente en que una parte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional sea priorizada y decidida por agentes regionales,representantes de la sociedad civil, del sector productivo e instituciones públicas.

3.- Instalación de capacidades técnicas en municipios y regiones.Una de las causas de la baja ejecución presupuestaria en los Gobiernos Regionales, es que los municipios no presentan muchos proyectos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Los proyectos que presentan traen falencias técnicas que impiden obtener rápidamente la recomendación o aprobación técnica (RS). El problema fundamental en regiones es que muchos municipios no tienen recurso humano calificado para formular adecuadamente dichos proyecto. La propuesta consiste en instalar de manera permanente recurso humano calificado en regiones, para que se pongan a disposición de los municipios más carenciados.

Con ello se puede evitar que las inequidades territoriales se profundicen cuando los municipios más pobres no pueden presentar proyectos para solucionar sus problemáticas territoriales.

4.- Traspaso efectivo de competencias en regiones. Si queremos contar efectivamente con gobiernos regionales en Chile, es necesario transferir a regiones una parte importante de la capacidad efectiva de “formular políticas públicas” en ámbitos como fomento productivo, capacitación laboral, medioambiente y territorios.Mucho se habla en Chile de superar desigualdades territoriales, disminuir brechas e inequidades territoriales, pero poco se hace para reconocer la heterogeneidad territorial como componente esencial de las políticas públicas que se aplican en regiones.

5.- Atribuciones políticas al Consejo Regional. Esta capacidad de “proponer” temas de agenda regional no se observa en las funciones de los Consejeros Regionales, sólo pueden “aprobar”. En definitiva, la posibilidad de deliberar políticas regionales de desarrollo no recae en el Consejo, sigue recayendo en el Intendente. Tampoco se observa un avance en materia de participación de actores locales y regionales en la formulación de políticas de desarrollo, dado que en este proyecto se considera la supresión de los actuales Consejos Económicos y Sociales Provinciales.

6.- Descentralización de los partidos políticos. La tesis planteada por Willis, Garman y Haggard (1999 y 2001), señala que la descentralización en América Latina, está arraigada en rasgos y características de la constitución, el sistema electoral y los sistemas de partidos.

Resaltan que en países con partidos políticos nacionales hegemónicos o con partidos políticos con sistemas de decisión interna centralizados, el gobierno central ejercitará un mayor control sobre el poder político y el uso de los recursos fiscales en los niveles locales. Por el contrario, en países con partidos políticos regionales o con partidos que cuentan con sistemas de decisión más descentralizados, se observan mayores avances en materia de descentralización. ¿Por qué se genera este proceso?

7.- Revisión de la Regionalización. En el modelo actual de regiones se observa más fragmentación que cohesión territorial, cuestión que se traduce en constantes conflictos políticos intrarregionales (provincias versus región y/o capitales regionales versus capitales provinciales).

No es menor que todas las demandas por mayor descentralización provengan de provincias empoderadas y descontentas con el Estado Central pero también con su región original.

Se propone una revisión de la actual regionalización. Esta revisión permitiría avanzar en un primer paso de la configuración de un nuevo pacto territorial que permita construir “regiones” en base a criterios socio-políticos, enmarcados en una nueva regionalización democrática.

Para sustentar lo dicho anteriormente, veamos algunos detalles de este discurso en lo que concierne a regiones y descentralización.

El discurso del presidente Piñera tuvo 14.540 palabras. En ese universo de palabras se pudieron distinguir sólo 5 menciones a las regiones, una mención a la descentralización, una a los municipios y ninguna a la palabra regionalización.

De las menciones hechas para las regiones, la primera fue para hacer alusión al fortalecimiento de la red de salud.

(Página 18) “Y para dotar a esta red de los médicos especialistas necesarios, hemos duplicado sus becas de formación, llegando hoy a casi mil al año, lo que nos permitirá incorporar durante este Gobierno tres mil nuevos médicos especialistas, particularmente en regiones, atendiendo en la red pública de salud”.

La segunda alusión a regiones fue para fortalecer su convicción de combatir el “terrorismo”.

(Página, 22) “Cada vez que las circunstancias y antecedentes lo hagan necesario, y siempre dentro del Estado de Derecho, seguirá invocando la Ley Antiterrorista, no contra pueblos o regiones, sino contra los terroristas que tanto daño causan a esos mismos pueblos y regiones, y al país en general”.

La tercera mención fue para repasar o recordar los avances logrados en materia de desconcentración y democratización regional concretados en años anteriores:

(Página 23) “Finalmente, hemos dado pasos mucho más largos y veloces en favor de nuestras regiones y comunas, transfiriéndoles más recursos, funciones, atribuciones y responsabilidades…Quiero agradecer a este Congreso la aprobación del proyecto que estableció la elección directa por los ciudadanos de los Consejeros Regionales”.

La cuarta fue para referirse a propuestas de transporte público, que además van a favorecer a los centros más poblados de regiones:

(Página, 25) “Para mejorar nuestro sistema de transporte público, tanto en Santiago como en regiones, hemos iniciado un ambicioso programa de inversión para mejorar el Transantiago… También estamos implementando los trenes de cercanía desde Santiago a Rancagua y Melipilla, mejorando la calidad del Merval en la Región de Valparaíso y del Biotren en la Región del Biobío” .

La quinta mención fue para aludir a un logro de desconcentración administrativa en materia de Medio Ambiente:

(Página, 27) “Ya tenemos en pleno funcionamiento el nuevo Ministerio del Medio Ambiente con representación en todas las regiones del país, así como el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, los primeros Tribunales Ambientales y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad”.

En resumen, no hubo ningún anuncio asociado al fortalecimiento de la descentralización política, menos a la regionalización o  algún proyecto que favorezca y promueva específicamente el desarrollo regional. Todo ello no se pudo distinguir en el discurso presidencial.

La hipótesis para explicar esta omisión puede ser porque el gobierno debe considerar que los dos proyectos emblemáticos que hoy existen (elección de cores ya aprobado) y fortalecimiento de la regionalización (que está en discusión en el Senado) son suficientes para hacer carne la “revolución descentralizadora” anunciada por el mismo presidente Piñera en su cuenta pública del año 2010.

Como ya lo he señalado en columnas anteriores, ninguno de los dos proyectos mencionados anteriormente se relaciona directamente con la solución al problema de fondo que padece Chile que es de Centralismo Político.

Por una parte, el proyecto de ley sobre regionalización que se encuentra en el congreso (en el senado) fortalece la figura del Intendente y minimiza la de los consejeros regionales, es decir, fortalece el centralismo político.

Y por otro lado la elección de consejeros regionales sin funciones políticas y administrativas sustantivas que cumplir, hacen que se democratice el cuerpo colegiado del nivel regional, pero que no se avance en descentralización del poder político en ese mismo nivel de gobierno.

Parece ser que la descentralización política para este gobierno -por “ideología y convicción”- se confunde con desconcentración administrativa.

Finalmente con este discurso se confirma que la “revolución descentralizadora” anunciada por el presidente Piñera en el año 2010 no es tal.

Con ello se cierra un ciclo de gobierno de la alianza, donde la principal lección para las regiones será que a cambio de democratizar la elección de consejeros regionales, se fortalecerá el centralismo político, y se consolida la frase inaugurada por Pinochet en 1974 quien señaló que “la administración se descentraliza, pero el poder no”.

No es normal -ni siquiera es una tendencia mundial que estemos imitando- que las autoridades intermedias, llámese autoridades regionales o provinciales, sean designadas.

No, no es normal que pase en países democráticos, sólo en Chile sucede. Dicho esto, quiero decir que es absolutamente normal exigir que las regiones cuenten con representación territorial para comenzar a hablar de gobierno regional en Chile.

Exigir esto, no significa que se proponga una autarquía y se rechace la presencia del nivel central en regiones, muy por el contrario, se trata de hacer gobierno regional consensuando las “legítimas” miradas locales, con las “legítimas” miradas nacionales sobre una misma realidad o problemática regional.

A-normal es lo que hoy se está discutiendo en el congreso en un proyecto de ley que fortalece al Intendente, y considera la elección de un “Presidente Regional”, el que se elegirá de entre los consejeros regionales, pero que no contará con atribuciones políticas para hacer precisamente lo que hace todo presidente: gobierno. Su función será, abrir, levantar, suspender y cerrar las sesiones del consejo regional, no otras, y no estoy ironizando.

La elección de un presidente regional (o la elección directa del actual Intendente, para que se entienda mejor), no es incompatible con la necesidad que tiene un Presidente (a) de la república de mantener un representante directo e inmediato en regiones o provincias, que garantice la implementación de políticas públicas esenciales para todo ciudadano.

Claro, es absolutamente necesario que exista esa figura para evitar que “presidentes regionales” de corte populista, puedan desestabilizar o evitar que aterricen en regiones políticas públicas vitales para ciudadanos, con el solo objetivo de hacerle contra campaña a un gobierno nacional de corte político distinto al del gobierno regional. Eso se puede solucionar otorgándole a las actuales provincias una importancia estratégica mayor a la que tienen, en cuanto sean estos espacios donde actúen, los representantes directos del gobierno nacional en territorios.

La política importa para el desarrollo regional, en su dimensión de facilitador y obstaculizador del desarrollo, por ello creo que es una falacia pensar que las regiones se desarrollarán y se reducirán las desigualdades intra e inter regionales por el sólo hecho de inyectar más recursos económicos al FNDR, por transferir más atribuciones administrativas a regiones, o por cobrar más impuestos regionales, o por crear el plan Aysén, Chiloé, Calama, Arauco, etc, etc.

Lo peor que nos puede pasar es seguir creyendo que las demandas o conflictos regionales se resuelven sin política, y sólo con más recursos, o en el peor de los casos, con delegados presidenciales en territorios.

Sin “política” a nivel territorial la cultura centralista inhibe aún más las potencialidades locales y acrecientan las desigualdades territoriales.

Para muestra sólo un ejemplo. La creación de la región de Los Ríos el año 2007 llevó implícita la promesa de un funcionamiento modelo. Nada de eso ha pasado, lo más destacable de ese funcionamiento modelo que se prometió, ha sido la instalación de algunas direcciones regionales en comunas, las cuales en vez de estar en la capital regional se instalaron en comunas (SAG e INDAP en Río Bueno).

La política importa, tanto para inhibir como para potenciar el desarrollo regional, el primer gran paso que Chile merece dar en esta etapa es transferir poder político a regiones.

El camino de la descentralización administrativa de los 90 y principios del 2000 es insuficiente, se agotó, pero tuvo una virtud. En mi concepto fue el gran causante de que los ciudadanos de regiones se hayan levantado contra el centralismo burocrático del Estado.

Frente a esta realidad, el municipio aparenta ser un órgano que no tiene mucha incidencia directa en el destino de un territorio. Es por eso que cuando sucede alguna situación conflictiva con una calle, escuela o consultorio (sobre todo en Santiago) es común ver en programas de TV que los alcaldes más que ofrecer soluciones,porque efectivamente no tienen poder para hacerlo, se transforman en “educadores populares” para explicar quien tiene las responsabilidad de fondo para resolver los problemas públicos que les toca enfrentar. Lo cierto es que muchas de esas responsabilidades son compartidas con Gobiernos Regionales, Ministerios, Servicios Nacionales.

Por el contrario, cuando se trata de cumplir con “las escasas atribuciones” exclusivas para hacer funcionar la gestión municipal, asoma “la otra realidad política” del ejercicio del poder local.

Esta realidad es la que concentra la mayoría de las atribuciones políticas contempladas en la ley de municipalidades “casi” exclusivamente en alcaldes y alcaldesas, quienes en general, se mueven sin contrapeso político de concejales y menos contrapeso de la sociedad civil en el espacio local.

La ausencia de este contrapeso político, se explica porque las atribuciones de los concejales en estricto rigor se reducen a ser fiscalizadores de la gestión municipal. La actual legislación y la dedicación parcial a la labor de concejal les impide, por ejemplo, que puedan proponer “políticas públicas locales” y que puedan incidir de manera “sustantiva” en la formulación presupuestaria, o en los instrumentos de planificación municipal.

Por ejemplo, si los concejales rechazan el presupuesto municipal presentado por un alcalde, éste puede hacer una nueva propuesta considerando la opinión de los concejales, lo cual no es obligatorio, ya que si insisten en rechazar después de un plazo corto de tiempo (generalmente 15 días), automáticamente se aprueba la propuesta del alcalde.

Tampoco se observa contrapeso social, dado que en general la sociedad civil organizada, al no contar con atribuciones reales para hacer control social, no les queda otra alternativa que establecer relaciones subsidiarias o en algunos casos clientelares con la autoridad local.

Este contexto nos enfrenta a una pregunta ¿es prudente ampliar las atribuciones políticas en el espacio local, manteniendo el mismo diseño de híper alcaldizacion de la gestión municipal?

Si la intención es potenciar al municipio -porque es la institución política más cercana y que mejor conoce la realidad de los ciudadanos-, no resulta prudente hacerlo sin corregir las fallas del actual diseño. Entre otras, está la híper alcaldizacion y la falta de contrapeso social y político.

La primera de las medidas políticas para corregir estas fallas, debería ser fortalecer al concejo municipal más que al alcalde y a los concejales.La unidad política más importante de un municipio es el concejo municipal y no la alcaldía.

Por otra parte, los concejales requieren más atribuciones, una fundamental es que puedan ser portadores y promotores de políticas públicas locales. Pero esto no significa que la ley los debiera facultar para proponer proyectos para favorecer a su “clientela”, muy por el contrario, se requiere de atribuciones que le permitan efectivamente a un concejal contribuir con ideas al desarrollo y crecimiento de su territorio. El proyecto de modernización del rol de los concejales que se encuentra en discusión en el congreso puede ser un aporte importante para corregir esta problemática.

La segunda medida es reducir el clientelismo de la gestión municipal. Con organizaciones sociales escasamente autónomas y altamente cooptadas difícilmente la sociedad civil organizada se puede transformar en un contrapeso social a las malas prácticas políticas que existen en muchos municipios. La adecuada implementación de la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública puede ser un avance, en la medida que se haga cargo de esta situación.

Más atribuciones a municipios es una necesidad, pero ello no significa fortalecer la hiper alcaldización existente. Se requiere fortalecer al concejo municipal, a la sociedad civil, transferir las buenas prácticas municipales, pero por sobre todo se requiere incorporar mecanismos que sancionen y ayuden a erradicar las malas prácticas políticas presentes en muchos municipios.

Asimismo, la ausencia de un representante legítimamente electo que garantice el interés regional, puede revivir el germen divisionista que está latente en algunas regiones del país, como Los Lagos, Bío- Bío, Maule, entre otras.

Por ejemplo, en la actualidad se observan algunos hechos en la gestión regional que distorsionan la identidad política de las regiones, especialmente en la dinámica que se provoca en torno a la aprobación de proyectos que se aprueban por la vía del FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional).

La mayoría de los proyectos presentados a los gobiernos regionales son iniciativas de impacto comunal que se concretan, muchas veces, gracias a alianzas que involucran a consejeros regionales de una misma provincia.

Incluso, tensiones territoriales existentes entre provincias como Osorno/Llanquihue/Chiloé; Ñuble/Concepción; Loa/Antofagasta, entre otras, pueden acrecentarse porque por primera vez en nuestra historia política regional, ellas tendrán referentes y líderes democráticamente elegidos para defender sus intereses.

En definitiva, estos nuevos representantes políticos no sólo serán potenciales competidores para diputados y senadores, sino que también serán “legítimos portadores” de demandas territoriales que podrían cohesionar a provincias en oposición a sus regiones, poniendo en cuestionamiento la existencia de estas últimas.

Por ello, es necesario poner atención en dos tensiones que se podrían provocar en regiones a raíz de la elección de CORES.

La primera será la que aparecerá en algunas provincias empoderadas que ante este nuevo escenario demandarán ser regiones. No me cabe duda que en el mediano plazo el argumento de algunas provincias por ser nuevas regiones, será utilizado como motivo central de las campañas de algunos candidatos a consejeros regionales.

Ya se demostró para el caso de la creación de la región de Los Ríos, donde todos los candidatos al senado, diputados y presidenciables al momento de pensar en Valdivia comprometían la creación de una nueva región para esa zona. Finalmente la ex provincia de Valdivia, en oposición y por rechazo de la provincia de Osorno, se constituyó como región.

La segunda tensión será entre las autoridades regionales electas y las autoridades designadas.La sola elección de CORES no resuelve la falta de legitimidad política y democrática que padecen los gobiernos regionales.

Esa función no la podrá cumplir un Presidente Regional electo de entre los consejeros regionales, tal cual está planteado en el proyecto. El aspecto más complejo en este punto es cómo conciliar la representación política de las regiones con una unidad electoral inferior a ella.

Elegir de manera indirecta al “presidente regional” es algo similar a pretender legitimar un presidente de la República eligiéndolo sólo en una parte del territorio nacional. Tampoco lo podrán hacer los actuales Intendentes dado que no son portadores de la voluntad popular regional. Lo positivo de este escenario de apertura democrática a medias, es que se puede abrir la posibilidad de revisar la utilidad de las actuales regiones, ya que tal cual quedarán no se les visualiza mucha importancia estratégica.

En conclusión, la iniciativa de elección directa de COREs sin mediar una iniciativa que promueva la identidad política y cohesión regional, como por ejemplo, la elección directa del Presidente Regional manteniendo al Intendente como representante del presidente en la Región, puede generar posibilidades reales de aumentar la fragmentación territorial existente al interior de algunas regiones del país.

No es menor que los principales movimientos regionalistas de los últimos 6 años que demandaron mayor autonomía y descentralización en Chile hayan surgido desde provincias, por mencionar algunas, Valdivia, Arica, Chiloé, Loa, Magallanes, Aysén, Osorno, Maule, entre otras.

Todo este contexto previo, sumado a los posibles efectos que provocará la elección de CORES en provincias, consolida a las regiones como un invento administrativo geomilitar que no tiene más de 40 años.

Los 160 años restantes de nuestra historia “regionalista” siempre han estado asociados a dividir el territorio nacional en provincias.

Ante esta confusión, dos aspectos resultan esenciales.El primero es conocer efectivamente las propuestas de “descentralización”, y el segundo es la viabilidad de su aprobación en el parlamento e implementación en municipios y regiones.

Respecto a las propuestas, es sabido que las materias de ley que involucran reformas al centralismo son iniciativas del ejecutivo. Entonces vale la pena preguntarle a los (as) candidatos (as) o precandidatos (as), si existe sintonía entre lo que piensan y proponen en materia de descentralización y lo que piensan sus parlamentarios, o en este caso, los candidatos a parlamentarios de su partido o coalición.

Sería bueno conocer además de su postura individual, si los parlamentarios y líderes de sus partidos (o coalición) están disponibles para apoyar la elección directa de Intendente o Presidente Regional.

También se ha demostrado que una variable fundamental para garantizar el éxito de la descentralización (sobre todo política y fiscal) se refiere a las capacidades técnicas y humanas que son necesarias en los niveles subnacionales para implementar las atribuciones descentralizadas.

La realidad actual indica que muchos municipios poseen escasa capacidad técnica y poco recurso humano para formular y presentar proyectos al FNDR u otros fondos sectoriales. Suele pasar a menudo que “hay platas pero faltan proyectos”.

¿Están dispuestos los presidenciables a fortalecer capacidades y aumentar la responsabilidad en el gasto y en los ingresos a los municipios y gobiernos regionales?

¿Están dispuestos a revisar las demandas por nuevas regiones y circunscripciones en territorios demasiado extensos en el país?

¿Están dispuestos a impulsar una reforma democrática regional que permita que un porcentaje de los recursos del FNDR se puedan “decidir” mediante procesos de participación directa de la ciudadanía?

Otro factor determinante es la presencia de una cultura política (regional y municipal) proclive a la descentralización.

Es sabido que nuestro país es social y culturalmente centralista, aspecto que se ve reforzado por el estilo de decisión centralizado y “nacional” que le imprimen nuestros partidos políticos en su bajada a regiones.

La elite política regional, es decir, los que viven el centralismo político, casi siempre subordinan sus intereses a los intereses nacionales de sus partidos y no son contrapeso para ellos. Muchos parlamentarios surgen de esa lógica de “negociación”, y saben que la última palabra para definir su cupo siempre la tiene el comité central o nacional del partido (incluso ahora para participar en una primaria).

¿Existe alguna reforma al respecto? Si esperamos que los partidos se autorregulen, o se auto reformen para que se hagan más descentralizados e incorporen mecanismos donde se respeten las decisiones regionales, se nos pasaran otros 200 años de república centralista.

No nos veamos la suerte entre gitanos, quienes legislan son personas que en un 90% pertenecen a partidos políticos y forman parte de una cultura política partidaria centralista que muchas veces resulta determinante a la hora de impulsar, promover o apoyar proyectos que implican precisamente la pérdida del poder que gozan.

De reducir la discusión y las propuestas de descentralización sólo a elecciones regionales y a mayores traspasos de recursos a municipios y regiones sin transferencia de autonomía política, -tal cual se ha hecho hasta ahora-, lo más probable es que se repetirá la tónica de elecciones pasadas.

En ellas, todos los candidatos (as) presidenciales asumieron compromisos en materia de descentralización y finalmente terminaron promoviendo “desconcentración de funciones”: la administración se descentraliza, pero el poder no. Sin ir más lejos, recordemos que el presidente Sebastián Piñera el año 2010 en su cuenta pública, prometió una revolución en materia de descentralización.

Dado que los proyectos de ley en esta materia son engorrosos, complejos, y en 20 años se ha avanzado muy poco, es hora de pedir algo más de claridad y precisión a nuestros pre candidatos (as).

Los problemas de regiones y municipios sólo en parte se deben a la falta de recursos, de eficiencia y eficacia de la gestión, la gran deuda sigue siendo la falta de autonomía y poder político para que efectivamente Chile pueda tener “gobierno regional” y “gobierno local”.

Tal cual hoy están las cosas, es decir, con un proyecto que plantea la elección directa de Consejeros Regionales con mínimas atribuciones, se está avanzando en materia de democratización de los gobiernos regionales, no en descentralización, menos en regionalización.

Descentralización es un proceso que implica transferir poder desde los niveles centrales de gobierno hacia organismos locales o regionales de su misma naturaleza. En estricto rigor, el proyecto de elección de Consejeros Regionales no implica pérdida de poder para el nivel central de gobierno, sino que implica pérdida de poder para los concejales y sus respectivos partidos políticos, ya que son ellos quienes elegían a los consejeros regionales.

Distinto habría sido si el proyecto hubiese planteado la posibilidad de elegir de manera directa al Intendente. En ese caso hubiésemos estado frente a un avance sustantivo en materia de descentralización política, ya que además de democratizar el gobierno regional, la figura del presidente de la Republica se estaría desprendiendo de la atribución de designar al Intendente quien es la autoridad de gobierno con más poder de decisión en el nivel regional.

Lo cierto es que con el actual proyecto, el nivel central de gobierno no está perdiendo ni transfiriendo ninguna función política, fiscal o administrativa a los gobiernos regionales. De ese proyecto aún no hay luces en el parlamento, y va por caminos distintos al de la elección de CORES. Cuando se conozca ese proyecto recién estaremos en condiciones de evaluar que tan descentralizador es dicha iniciativa y que tanto estaremos avanzando en esa materia.

La elección directa de consejeros regionales, tampoco es un proyecto de Regionalización. Por este concepto se entiende la forma cómo se organiza territorialmente un país, y en si misma la elección de COREs no altera ningún ordenamiento territorial. El último proyecto regionalizador que tuvo Chile fue el 2007 con la creación de las dos nuevas regiones de Arica y Los Ríos. Para ambas regiones, se prometió un funcionamiento modelo, pero nada de eso ha pasado. Un proyecto regionalizador sería por ejemplo, revisar nuestro modelo y enfrentar las distintas peticiones de nuevas regiones (por ejemplo, Loa, Maule Sur, Ñuble, Osorno), nuevas circunscripciones senatoriales y las distorsiones sociales, políticas y administrativas que se produce en algunos distritos.

En este concierto de confusión conceptual, aún no aparecen ni siquiera de manera balbuceante los desafíos más sustantivos en materia de descentralización. Queda por conocer y discutir sobre las nuevas atribuciones que tendrán tanto Consejeros Regionales como el Gobierno Regional. Aún están pendientes preguntas tan relevantes como si los nuevos CORES tendrán capacidad para proponer iniciativas de políticas públicas regionales, o si podrán incluir o sacar temas de la agenda pública regional. Resulta vital conocer si las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) tendrán nuevas funciones que le permitan formular políticas públicas regionales vinculadas a nuevos presupuestos regionales, o si se considerará la figura de un Presidente Regional electo de manera directa o indirecta y cuáles serán aquellas atribuciones de tipo administrativas y políticas con las que contará.

Sobre descentralización hasta aquí no se ha discutido mucho, solo confusión -y algo antojadiza en mi concepto-, precisamente con la intención de “engatusar la perdiz” y evitar desprenderse del poder real de decisión.

Aún es tiempo de hablar y discutir en serio sobre el Chile descentralizado que queremos y alcanzar un gran acuerdo por una descentralización consensuada por sus actores, que aborde los problemas de fondo que padece Chile. Este acuerdo, debiera contextualizar y avanzar hacia la construcción de un Estado democrático y descentralizado. Todo ello para evitar seguir parchando al país en materia de descentralización, cuestión que finalmente se termina convirtiendo en una protección al propio centralismo.