En la actualidad, más del 70% de la música que se escucha en nuestras radioemisoras pertenece a tres grandes sellos transnacionales que imponen una determinada cultura musical (principalmente norteamericana) por sobre las demás. Esta concentración no solo tiene consecuencias negativas para la sustentabilidad de la industria musical local, sino también implicancias culturales que afectan a nuestra identidad como país.

Los artistas nos hemos movilizado a lo largo de todo Chile para reivindicar lo que es nuestro. Estamos cansados de no disponer de espacios y cederlos a otros porque se tiene la idea de que lo que viene de afuera, siempre es mejor. Falso. Tenemos a grandes músicos y artistas autóctonos que son desconocidos para la mayoría porque no tienen difusión.

La ley del 20% de música chilena regulará una distorsión del mercado mundial de la música a favor de la diversidad. Gracias a esta medida podremos reforzar la industria local de nuestros músicos, promover nuevos talentos y fortalecer nuestra identidad cultural. Países como Francia, Argentina, Uruguay, Australia, Canadá y Portugal, aplican unas cuotas mínimas –partiendo en un 25%- para apoyar a los sellos independientes de sus respectivos países y luchar así contra el dominio de los grandes sellos transnacionales.

Nos encontramos ante una nueva forma de hacer política cultural. Han sido ocho años de tramitación, que culminan tras la aprobación en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, del informe que emitiera una comisión mixta que debió formarse para llegar a acuerdo entre ambas cámaras.

El triunfo de la ley del 20% de música chilena ha sido un gran paso en nuestra lucha, pero debemos seguir con esta misma garra en nuevas iniciativas que regulen, protejan y fomenten el arte chileno.

Aunque la instauración del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, dejó pendientes temas importantes para la institucionalidad cultural como la coordinación entre las organizaciones públicas con fines culturales y las facultades de su máxima autoridad, es una entidad única en su tipo ya que integra a la sociedad civil en la toma de decisiones.

El Estado chileno, desde sus inicios, ha confiado en los órganos colegiados para tomar las decisiones de política cultural. La existencia del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el Consejo Nacional del Libro y la Lectura (CNLL), el Consejo de Fomento de la Música Nacional (CFMN), el Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual (CAIA), el Comité de Donaciones Culturales y la Comisión Nemesio Antúnez, son una muestra de esta apuesta por la participación.

Tras estas opciones, me atrevo a afirmar, está el convencimiento que la cultura debe obedecer a una política de Estado y no depender de los designios del gobierno de turno.Un grupo de personas representativas de distintos ámbitos del sector, elegidas por su trayectoria e idoneidad técnica, posibilitan, si es que no aseguran, una toma de decisión acorde con los intereses del sector y la ciudadanía.

Sin duda, es necesario avanzar en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, pero la pérdida de las facultades entregadas a la sociedad civil – que propone la indicación sustitutiva presentada por la ministra de Cultura- es inaceptable y constituiría un retroceso a contracorriente de lo que hoy demanda la ciudadanía. De hecho uno de los resultados destacables de la consulta ciudadana que realizó el CNCA en el mes de abril fue justamente una participación más horizontal y vinculante en la toma de decisiones.

Por lo demás, la presidenta Michelle Bachelet ha resaltado ampliamente la importancia de avanzar hacia una participación más amplia de la “ciudadanía que ha decidido participar y ser protagonista de la construcción de nuestro país” como indica en su programa de gobierno.

El filólogo y estudioso de la cultura tradicional chilena, Fidel Sepúlveda Llanos en su libro “Patrimonio, Identidad, Tradición y Creatividad” concebía así la relación entre participación y cultura.

“Es preciso relacionar la cultura con el proceso global de nuestra sociedad, lo cual requiere pensar el desarrollo desde la cultura; la cultura desde la identidad; la identidad desde la participación y la participación desde la pertenencia y la creatividad”.

Pensamos que este concepto integrador está en el centro de la reflexión que necesita nuestra sociedad y ¿qué mejor entidad para impulsar esta reflexión y acción que un ministerio de la Cultura?

Aunque la indicación sustitutiva presentada por el gobierno, mantiene los órganos colegiados e incluso amplía la cantidad de sus miembros, le quita el carácter vinculante a sus decisiones, es decir, convierte a este grupo de representantes de la sociedad civil en grupos consultivos, a los que el ministro deberá escuchar pero no necesariamente considerar.

Convocamos al gobierno y a los parlamentarios a encontrar el camino para que el proyecto de ley sea un avance y no una pérdida irremediable en participación.

Con esta simple idea trataba de graficar una realidad transversal a todas las disciplinas artísticas: los creadores ponen gran cantidad de tiempo y dinero para que se produzca y se difunda el arte.

Inmediatamente aparecen imágenes cotidianas en nuestro sector: el pintor que financia la enmarcación de sus obras para una exposición en un museo público; el cantante que participa gratuitamente en un acto benéfico aunque se le pague a quienes montan el escenario donde cantará; el escritor al que se le pide un artículo sin remuneración mediante, entre muchas otras situaciones.

Ni mala voluntad de los solicitantes, ni excesiva generosidad de los artistas, detrás de esta situación hay ideas asentadas desde hace mucho en nuestra sociedad.

Por ejemplo, que aquello que realiza un artista no es propiamente un trabajo, sino una actividad recreativa (un “hobby”) o que lo hace por amor al arte (equivalente a decir que lo hace gratis).

También tiene relación con la idea que el arte es un bien suntuario, por lo tanto el valor de la función del artista para el desarrollo de una sociedad es relativo. Idea que, por lo demás, no es exclusiva de las autoridades o de los consumidores, sino también de los propios artistas.

Pero, por otro lado, en la medida en que el aporte de los bienes culturales a la economía es más medible y por lo tanto más evidente, la obra pasa a ser mercancía.

En esta medida quien fija su valor en el mercado siempre será la parte más fuerte, en este caso, las grandes industrias culturales, como son la TV, la industria cinematográfica, los sellos y editoriales transnacionales, entre otras. Frente ellas el artista es la parte más débil.

Esto deviene en que las reglas más básicas de una relación laboral, es decir, la regulación de un trabajo a través de un contrato escrito y el recibir una remuneración por éste, parecen estar fuera del oficio creativo.

Así como también la cobertura en salud, previsión y seguridad laboral a la que cualquier trabajador chileno aspira. Por otra parte, los derechos de autor aparecen como un concepto ajeno para la gran mayoría de la población.

Lo llamativo es que en términos legales, los derechos de los artistas parecen ampliamente protegidos en nuestra legislación. La libertad de creación está consagrada en la Constitución, hay una ley especial para regular nuestro trabajo (19.889), y la propiedad intelectual esta extensamente desarrollada en las leyes 17.336 y 20.243.

Sin embargo, en la práctica, el nivel de incumplimiento es enorme, en buena parte por desinformación, pero también por las ventajas económicas que se saca de ello. Mal que mal siempre será más barato para el empresario no respetar los derechos de sus trabajadores.

Todavía hay aspectos fundamentales que no han sido resueltos por la legislación (por ejemplo, cómo abordar la propiedad intelectual en la era digital) pero la gran falencia parece estar en los escasos instrumentos para velar por el cumplimiento de las leyes y la promoción de estas normas.

Desde la necesaria información para que cada persona entienda el sentido y la importancia de estos derechos, hasta la educación de los propios artistas, quienes no pocas veces desconocen el marco normativo en que se desarrolla su trabajo.

Pero hace falta también voluntad política y creatividad para establecer mecanismos efectivos para la observancia de estas leyes. No es posible que la única opción que tengamos sea ir a juicio cada vez que un canal decide no aplicar las leyes (como ocurrió recientemente con los actores) o cuando una obra se ocupa sin autorización o se obliga a los trabajadores a firmar contratos leoninos, en los que ceden sus derechos a perpetuidad.

En ese orden, los artistas organizados en la UNA hemos planteado que en la ley que permitirá el ingreso de la TV digital, que actualmente se discute en el Senado, se establezca como condición para entregar las concesiones, el respeto de la legislación indicada. Esto es un buen ejemplo de una medida de sencilla aplicación que puede tener un amplio impacto en el mejoramiento de las condiciones en las que cada artista desarrolla su trabajo.

Por otra parte, las políticas públicas para la cultura deberían integrar ampliamente programas de promoción de estos derechos, así como también se deben incorporar estos conceptos en la educación, pero no sólo para el cumplimiento de la norma, sino que para estrechar los lazos entre los niños y el arte.

Con todo, son sin duda los propios artistas quienes deben ser los principales agentes activos en la promoción de sus derechos, informándose respecto de ellos, haciéndolos valer y participando de las asociaciones que trabajan para que el artista tenga, como aspira cualquier trabajador de nuestro país, un trato justo.

Destaco también que se hayan mantenido conceptos importantes como el pluralismo y equidad de género, además de agregarse la noción de pueblos originarios

Entre los artículos que permanecen están los que obligan a los canales a cumplir con los derechos laborales e intelectuales, integrando la observancia de estos derechos como parte de la noción de “correcto funcionamiento” de las emisoras.

También quedó a firme la exigencia de emitir al menos 4 horas semanales de programación cultural y la posibilidad de una segunda señal para Televisión Nacional.

Fue finalmente un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición lo que posibilitó el despacho de la ley que permitirá el ingreso de la TV digital a Chile.

Recordemos que tras ser aprobada por el Congreso a finales del año pasado, el Presidente Piñera interpuso un veto a la ley que pretendía modificar 28 aspectos del texto final, lo que generó un amplio rechazo entre las organizaciones culturales y ciudadanas puesto que cambiaba aspectos fundamentales de la norma discutida.

Sin embargo, ayer en la Cámara de Diputados se declararon inadmisibles 10 indicaciones del veto, es decir, se lograron mantener tal cual habían sido aprobadas.

Agradecemos públicamente a los parlamentarios Marcelo Díaz, Ramón Farías, Gaspar Rivas y Ximena Vidal, entre otros, que defendieron de forma enérgica la necesidad de mantener en la ley la obligación de los canales de cumplir con los derechos laborales e intelectuales de los artistas que trabajan en TV.

La ley podría haber sido mucho mejor, no se cumplieron las expectativas que existían al principio de tener una TV de mejor calidad en relación a los contenidos.Pero de haber prosperado el veto el avance hubiera sido nulo.

¿Dónde estábamos ese día? ¿Nos tocó llorar o celebrar? ¿Debemos pedir perdón o perdonar?¿Qué hicimos o que dejamos de hacer para perder o recuperar la democracia?A la luz de esta reflexión, me parece justo recordar aquí el papel que jugaron los artistas.

Durante la Unidad Popular muchos creadores habían sido parte activa del proceso que creíamos conduciría a una sociedad más justa. Por lo mismo, el Golpe se ensañó con los artistas.

Las manos destrozadas y los 44 balazos en el cuerpo de Víctor Jara, son quizás la comprobación más dolorosa de esta afirmación. Asesinato, encarcelamiento, persecución y exilio tocaron fuertemente a la comunidad artística. El toque de queda apagó toda actividad, los espacios se cerraron y las escuelas fueron intervenidas.

Pero de a poco, a pesar de la censura, los artistas encontraron en su propio lenguaje una forma de decir lo que no era posible. Muchas de las primeras acciones de oposición a la dictadura, surgieron desde esta trinchera, con creatividad y agudeza, pero sobre todo con valor.

No hubo una disciplina artística que quedara indiferente. Basta observar los testimonios que quedan hoy para comprobarlo: fotografías, documentales, dibujos, obras de teatro, películas, canciones, coreografías, poemas, libros, videos, instalaciones, pinturas, entre tantas otras formas, reflejan mejor que cualquier documento esos duros años.

Los artistas extranjeros también corrieron riesgos para solidarizar con sus pares nacionales.Como no recordar la visita de Christopher Reeve en 1987 quien, junto a representantes de gremios artísticos de muchos países, viajó a Chile para solidarizar con los 77 actores que habían sido amenazados de muerte por partidarios de la Dictadura.

De la misma manera, la campaña del NO tuvo como principales protagonistas a los artistas.Fueron ellos quienes, delante y detrás de las cámaras, pusieron su talento y su imagen para alentar a la gente a votar sin miedo.

La comunidad artístico cultural jugó un papel importante, quizás decisivo, en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y en la recuperación de la democracia. Un rol pocas veces reconocidos y que nos llena de orgullo. Sirvan estas palabras de humilde homenaje al valor de todos ellos.

Luego vino el episodio de ARTV, canal que retiró el documental de un ciclo dedicado a Agüero en circunstancias que la transmisión ya había sido publicitada. La entonces directora de programación de ARTV, Natalia Arcos, renunció en protesta por este acto.

En nuestro país la libertad de creación y difusión de las artes está garantizada en el art 19, Nº 25 del Cap. III de la Constitución. Es más, este derecho tiene asociado un recurso de protección que permite apelar a los tribunales por cualquier intento de censura previa.

En la práctica esta garantía se traduce en que si alguien intenta impedir la exhibición o divulgación de una obra, se puede acudir a los tribunales para proteger este derecho.Hasta ahora, los pocos casos que se han presentado han sido todos favorables al artista, sentando el precedente de que no es posible censurar previamente el contenido de una obra.

Pero ¿qué pasa cuando la acción u omisión censuradora no proviene, o al menos no es posible probarlo, de quien podría sentirse perjudicado por el contenido de la obra -en este caso “El Mercurio”- sino de las plataformas de difusión, es decir, los medios de comunicación? Es ahí donde se vuelve más complejo, ya que se pueden argumentar razones editoriales o falta de espacio. En estos casos ¿sirve la garantía constitucional? Al parecer no.

Es más. ¿Qué sucede cuando, sin mediar una voluntad de censurar temas específicos, simplemente no existe el interés en los medios o canales para que la obra sea conocida.

Transmitir “La Belleza del Pensar” a las 8 de la mañana de un domingo o programar excelentes producciones premiadas por el CNTV en los horarios más insólitos y sin anunciarlas, podrían ser ejemplo de ello.

¿Qué sucede cuando cientos de obras de todas las disciplinas, nunca llegan a difundirse porque no se disponen de las plataformas para que ello ocurra? En rigor, el resultado es el mismo: que la obra no llega a ser conocida.

La garantía constitucional con la que contamos los creadores, es un logro y debe ser una herramienta conocida por todo artista y utilizada en caso de ser necesario, pero es evidente que las tramas que teje la censura son más complejas e invisibles, muchas veces en la forma de silencios, omisiones, complicidades o indiferencia.

Nos preocupa incluso que el proyecto que modifica la ley de donaciones culturales no se logre concretar antes que finalice el período.

Se comprometió un proyecto de ley para fomentar la escasa difusión de la música chilena en las radios, sin embargo el proyecto entró al Congreso el 2011 y ahí quedó, sin movimiento.

Hemos asistido a reuniones con el Ministro Cruz Coke y en todo momento estuvimos dispuestos a trabajar con él para avanzar en el desarrollo de la Cultura.Si bien se nos invitaba a participar, no hubo ninguna voluntad de escuchar y concretar.

Desde enero estamos esperando una respuesta del Ministro Luciano Cruz Coke, así como que explique por qué después de solicitar nuestra ayuda en el proyecto de donaciones culturales, de la noche a la mañana, cercenó parte importante de la propuesta.

Recordemos que el gobierno retiró del proyecto de ley que modifica las donaciones culturales el artículo que iba a permitir a las pymes artísticas presentar proyectos susceptibles de acogerse a este beneficio tributario. La Unión Nacional de Artistas , que había trabajado en función de ver aprobado el proyecto, se enteró a través de la prensa del abrupto cambio del ejecutivo.

Esperamos que esta situación cambie en el próximo gobierno y por eso iniciaremos conversaciones con los candidatos presidenciales para escuchar las propuestas para el sector.