Esto resulta de vital importancia pues es indispensable −en un país en el que cada vez que se habla corrupción, sólo se apunte hacia los funcionarios públicos− que comience a establecerse como hecho cierto, el que no existirían funcionarios públicos corruptos si no existiesen actores privados dispuestos a corromperlos y, por tanto, que la corrupción está lejos de ser un tema y una responsabilidad, solamente, del Estado.

Así las cosas, la Fiscalía Nacional −en la persona de la fiscal Macarena Cañas− luego de una larga y rigurosa investigación, ha llegado a la convicción de que la industria de pinturas Ceresita S.A., persona jurídica de derecho privado y con fines de lucro, que funcionó durante años en la comuna de Recoleta al margen de la ley, con una actividad contaminante y peligrosa, obtuvo en al año 2011, bajo la administración de la UDI, una patente provisoria de funcionamiento. Ello, nuevamente al margen de lo establecido en nuestras leyes, pagando a través de una tercera empresa denominada Carpe Diem, al director de Obras de la Comuna, Carlos Reyes, un monto cercano a los 11 millones de pesos.

No obstante lo anterior y a pesar de que la pena que arriesga la industria Ceresita S.A. puede llegar incluso a la liquidación de la misma, la fiscalía, en acuerdo con la actual administración municipal (PC) y con los imputados, ha buscado una forma de reparación del daño causado, que no implique daño para aquellos que no cometieron delito alguno, como es el caso de los más de 2000 trabajadores que quedarían sin trabajo si se aplicara a esta medida, la que permitiría, además, que los socios se distribuyeran el patrimonio de la misma, no perdiendo en ese caso, nada más que la marca y el prestigio de la empresa, hoy fuertemente cuestionada por su propio accionar.

En este contexto es que se ha aprobado, una suspensión condicional del procedimiento judicial a cambio de una serie de medidas que la empresa Ceresita tendrá que implementar, en beneficio de la comunidad de Recoleta, para reparar parte del daño causado a la misma, a la fe pública y a la imagen de la Municipalidad de Recoleta.

La primera de estas medidas es que Ceresita S.A. deberá hacer abandono de la comuna de Recoleta, mediante el traslado de todas sus faenas industriales, cumpliendo para ello la totalidad de la normativa medioambiental vigente.

Deberá, además, demoler las instalaciones que existen actualmente en el sitio en el que funcionaba, ubicado en Gabriel Palma N° 820 y donar a la comuna seis mil metros cuadrados del mismo, convertidos en un parque para la comunidad, con una multicancha, con implementación de juegos infantiles, máquinas de ejercicios estacionales, senderos y nuevas luminarias, luego de un proceso de descontaminación y remediación del terreno en cuestión.

En las inmediaciones de este parque, la empresa deberá desarrollar un sistema interconectado de plazas, que abarcará físicamente el mejoramiento −vía inversión e implementación de paseos peatonales− de senderos, juegos infantiles, implementación deportiva estacionaria, césped, flores e iluminación, de las plazas San Rafael, Alfonso Ortega, José María Caro y La Consistorial.

Asimismo, reparará, mejorará, reemplazará y/o construirá un paseo peatonal en las veredas del circuito identificado en extensión y calidad de la calle Gabriel Palma, que unirá, física y conceptualmente, el parque donado y las plazas intervenidas.

Deberá además, pintar las fachadas correspondientes a las casas utilizadas como habitación y que enfrenten las calles Gabriel Palma, entre Avenida Diagonal José María Caro y Calle Alfredo Lobos; Obispo San Miguel, entre las calles Gabriel Palma y Padre Antonio Correa; Alfredo Lobos, entre las calles Gabriel Palma y Emilio Álvarez; además de todas las casas utilizadas como habitación que enfrenten a las plazas antes mencionadas.

Adicionalmente, deberá equipar todos los consultorios de la comuna de Recoleta con equipos para enfermedades respiratorias, consistentes en kits para emergencias respiratorias; aerocámaras; cánulas nasales; máscaras y nebulizadores. Todo, en versión pediátrica y para adultos. Además de mascarillas de alta protección e inhaladores para personal sanitario y remedios para las mismas afecciones.

Por último, deberá implementar y aplicar, al interior de la empresa, un modelo de prevención de delitos como el que establece la ley, debiendo exhibir y entregar a la Fiscalía la certificación y los documentos que acrediten la aplicación del modelo, su evaluación y sistema de control permanente, de manera de evitar, a futuro, que sus funcionarios directivos y trabajadores vuelvan a incurrir en este tipo de conductas que tanto afectan a la comunidad y a la fe pública.

Una valoración económica general de las condiciones que tendrá que cumplir la empresa, en un plazo máximo de 24 meses, para evitar la continuidad del juicio en su contra, arroja una suma cercana de 1300 millones de pesos lo que, si bien, no repara todo el daño causado, sin duda contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los más directamente perjudicados, además de entregar una señal sin precedentes, en una de las aristas, hasta ahora completamente ausentes, del combate a la corrupción.

De esta manera, se suma a las formalizaciones personales −que seguramente terminarán con penas de cárcel− la formalización de una persona jurídica y se comienza a poner término, como posibilidad real, a los tiempos en que propiciar la corrupción quedaba impune y damos inicio a una etapa en la cual las empresas que lo hagan deberán, de verdad, reparar el daño causado, tanto a la comunidad como al bien superior de la fe pública.

En este contexto, no es novedad que durante los 12 años de gobierno comunal de la UDI en Recoleta se hayan entregando en concesión a actores privados, con claros fines de lucro, una serie de bienes nacionales de uso público o infraestructura y equipamiento social de primera necesidad, que han salido de dicha esfera para ir a incrementar negocios particulares y profundizar la desigualdad que tantos discursos adorna en nuestro país, pero que tan pocas acciones inspira.

Tampoco puede sorprendernos que se haya implementado una política de debilitamiento estructural de los servicios estatales que no fueron vendidos o entregados en concesión, como salud y educación, para que en su lugar surgieran unidades de negocio privadas dedicadas a transformar derechos universales en bienes de consumo.

De esta forma, se cerraron colegios municipales para permitir que en su lugar nacieran colegios privados que vinieron a reemplazar a la educación pública, mientras los colegios municipales que no se cerraban, carecían de todo lo necesario para asegurar una educación de calidad y languidecían, enfermos de falta de inversión y desfinanciamiento crónico.

En este contexto, las matrículas municipales bajaron a razón de un 10 % anual, llegando las matrículas privadas, que ascienden hoy a más de 23 mil, a representar poco más del 70 % del universo de matrículas escolares de la comuna.

El ejemplo más patético de esta política lo constituye el otrora emblemático liceo Valentín Letelier que, desde su época de oro hasta nuestros días, pasó de cerca de 3000 alumnos a algo más de 130, bajo la mirada cómplice y complacida de las autoridades comunales que incluso llegaron a evaluar la idea de vender la infraestructura a alguna institución privada.

De la misma forma se pauperizaron los consultorios actuando con la ley del mínimo esfuerzo en salud, buscando que nuestros vecinos y vecinas, cansados de esperar remedios y atención, terminaran recurriendo al sistema privado, pavimentando el camino al surgimiento de innumerables clínicas privadas, cuando no se inició un camino de una privatización encubierta de la infraestructura municipal.

En otro ámbito de la misma política, los permisos de utilización de los bienes nacionales de uso público, que tienen carácter eminentemente precario y deben ser destinados a fines asistenciales, fueron entregados, en no pocas oportunidades, a mezquinos intereses privados, a familias amigas o a clientes políticos para que lucraran a cambio de apoyo electoral, mientras otros tantos recoletanos y recoletanas se mantenían por años en listas de espera que nunca corrían, con la esperanza de una oportunidad para salir de la pobreza y poder dar un salto hacia la formalización económica.

En este caso, tres son los ejemplos más elocuentes de esta utilización de los bienes públicos en favor de intereses privados.

El primero de ellos es la concesión, por espacio de 35 años, de la superficie y del subsuelo de la comuna para estacionamientos con fines de lucro en vastos sectores comerciales de la comuna, con un evidente impacto negativo sobre los residentes, comerciantes y visitantes de la misma, sin considerar que de las fantásticas utilidades que esta concesión genera, solo una mínima parte va en beneficio de las arcas municipales y por tanto de las necesidades de las y los recoletanos.

De hecho los residentes ni siquiera poseen la garantía de poder estacionarse fuera de sus casas y para hacerlo, como lo hicieron siempre antes, deben pagar altas sumas de dinero a este nuevo dueño de nuestras calles. Lo mismo sufren los comerciantes y visitantes que hoy se ven sometidos a pagar uno de los valores más caros de estacionamientos de la Región Metropolitana de Santiago, para venir a trabajar o a comprar a un barrio que se conoce por su inmejorable relación entre precio y calidad de los bienes ofrecidos.

Cabe destacar que la concesionaria ni siquiera se hace cargo de la seguridad de quienes se estacionan en los espacios concesionados, ni de la limpieza del lugar en donde desarrolla su actividad lucrativa. Tampoco se preocupa de la mantención del bien que le genera tremendas utilidades y que sufre de un deterioro galopante.

Y como si esto fuera poco, tampoco ofrece a sus trabajadores las mínimas condiciones indispensables para desarrollar su labor de manera digna. De hecho no poseen baños, ni comedores, ni lugares de descanso, para jornadas que se acercan a las 12 horas diarias.

El segundo ejemplo, es la entrega de permisos para fines comerciales en el Mercado Tirso de Molina a una familia completa encabezada por una mujer, incluidas su primera y su segunda relación de pareja, con los hijos de ambas relaciones y con varios de los nietos de las mismas, llegando a tener más de 20 locales concentrados en una sola familia, varios de los cuales son arrendados a terceros, mientras otros son administrados por uno solo de los titulares, lo que por ordenanza local esta tajantemente prohibido.

Por último, la entrega de un permiso precario a la Universidad San Sebastián, para utilizar una importante faja del bien nacional de uso público tanto en su superficie como en el subsuelo de la misma, para la instalación permanente de una rampa de acceso a los estacionamientos subterráneos de la universidad, en donde hoy se desarrolla una actividad con fines de lucro a pesar de que en la misma ordenanza los permisos precarios están definidos para fines asistenciales y su carácter de precario obviamente no considera actividades ni inversiones de tipo permanente como la mencionada.

En el decreto que entrega el mencionado permiso, cuya naturaleza jurídica es, a lo menos, discutible, la autoridad intenta renunciar, valga la redundancia, al derecho irrenunciable de exigir de vuelta el bien nacional y ni siquiera existen los resguardos necesarios para la restitución del mismo en su estado original.

Como si no bastara, el pago que efectúa la universidad por este “beneficio social” es sólo una parte insignificante de lo que debiera pagar, si es que nuestra municipalidad decidiera, eventualmente, mantener el mismo bajo un formato apegado a la letra y al espíritu de las leyes.

Algo similar se implementó con los comodatos de las sedes sociales y las canchas, algunas de las cuales fueron, en los hechos, privatizadas en manos de dirigentes inescrupulosos que cobrando arriendo −con la excusa de mantener los gastos básicos de cada comodato−, privaron a los más necesitados de su uso y terminaron adueñándose y utilizando los mismos en beneficio personal sin jamás dar cuenta de lo que se hacía con los dineros que recibían.

En resumen, la UDI, en los años que estuvo en nuestra comuna desarrolló una política basada en el clientelismo bajo la forma de tejer una red de intereses privados sobre los bienes públicos de la comuna y eso es exactamente lo que en este periodo trataremos de revertir.

Tenemos la certeza de contar para ello con el apoyo irrestricto de nuestra comunidad que en estos pocos meses se ha ido dando cuenta de cuales eran y siguen siendo los verdaderos intereses que los representantes de la UDI en la comuna vinieron a representar.

El primer factor es la forma en cómo han crecido nuestras ciudades y en especial nuestra metrópoli que, en virtud de intereses privados, ha avanzado sin ninguna restricción sobre los suelos de la cuenca, súper explotando el recurso agua de la misma y terminando por sellar la mayor parte de ella con pavimentos y construcciones que impiden la normal infiltración de las aguas y generan como contrapartida las, cada vez más peligrosas y recurrentes, escorrentías urbanas que azotan nuestra ciudad cada cierto tiempo con todos los costos que ello implica en pérdida sistemática de patrimonio urbano y arquitectónico.

Este proceso ha impactado significativamente en la precordillera, la que hoy sufre una severa desertificación a raíz de la disminución de las napas subterráneas, lo que ha devenido en la casi desaparición de la capa vegetal y, con ello, de los árboles cuyas raíces antes afirmaban los suelos que hoy, ante la más mínima llovizna, ceden y se desploman con las consecuencias por todos conocidas.

Lo anterior se ha visto agravado por la inescrupulosa extracción de áridos en los cursos de aguas de la cuenca, que ha terminado por erosionar de manera irreversible los bordes de los cauces, haciendo cada vez más vulnerables los ecosistemas, sin que hasta hoy existan herramientas legales suficientes −desde los gobiernos locales− para impedir ni regular este tipo de actividades.

El segundo factor es la privatización de las empresas de servicios, privilegiando la iniciativa y la rentabilidad privada por sobre los derechos básicos de la ciudadanía, entre los que se destacan el derecho al agua como un bien cada vez más escaso y de primera necesidad.

Esto se traduce en que la empresa −como ya sabemos responde a intereses exclusivamente privados− no ha hecho las inversiones necesarias para prevenir lo sucedido y que, además, ha tenido la posibilidad cierta de comprar agua a Aguas Cordillera o a SMAPA para abastecer a sus clientes, no lo ha hecho porque, evidentemente, atenta contra sus utilidades.

Esta no está obligada por ley a hacer ni lo uno ni lo otro y puede optar por suspender el servicio y pagar una multa irrisoria a un Estado que ya no se hace responsable de casi nada de lo que sucede a sus ciudadanos.

El tercer factor es la falta de un marco normativo que obligue a incorporar el manejo de las cuencas y el desarrollo sustentable tanto en cualquier plan, programa o proyecto, de carácter público o privado, cuyo impacto ambiental y social resulte evidente. Así como en el desarrollo del instrumental técnico y normativo para desarrollar los procesos de ordenamiento, planificación e intervención territorial de nuestro país.

Cabe mencionar que los factores antes mencionados, que por cierto no son los únicos, poseen un tronco común que se hunde en el modelo de sociedad existente en nuestro país, en donde el ser humano y la naturaleza están al servicio de la economía y existen solo para favorecer la reproducción, la concentración y la acumulación de la riqueza en cada vez menos manos y no al revés, que es como debiera ser.

Resulta imprescindible, entonces, cambiar la mirada y el enfoque desde donde hemos venido abordando los nuevos problemas sociales y urbanos de nuestras ciudades y dejar de creer ciegamente en que la iniciativa privada es siempre más eficiente, eficaz y responsable que el Estado en la provisión de determinados derechos fundamentales.

En este contexto, el jueves recién pasado, la bancada de diputados de la UDI difundió un comunicado de prensa en el cual se afirmaba que ese día, a las 7 de la mañana, se había producido, frente al municipio de Recoleta una protesta en contra del alcalde por la decisión de dar por terminado el programa de seguridad ciudadana instalado y mantenido por los gobiernos de la UDI en nuestra comuna, por espacio de 12 años.

En el comunicado aludido se afirmaba que esta medida «deja a muchos sectores de nuestra comuna desprotegidos» y plantea que la administración comunal que me toca dirigir «no tiene interés en resguardar la seguridad pública, ni le interesa el combate al microtráfico y no busca prevenir la delincuencia».

Respecto de lo anterior cabe aclarar algunas cosas que la UDI omite o falsea para proyectar una imagen que nada tiene que ver con la realidad comunal.

Respecto de las falsedades que se leen en el documento, la más importante guarda relación con el hecho de que frente al municipio no ha habido jamás una manifestación y que si esta fue organizada por la diputada Nogueira o por la concejala Cabrera, resultó en un rotundo fracaso que solo viene a confirmar el cansancio que las y los recoletanos sentimos hacia la forma de hacer política y de gestionar nuestra comuna por parte de la UDI.

Lo anterior se vio agravado por la falta de responsabilidad y ética profesional de una agencia de noticias y de varios medios de comunicación que reprodujeron la noticia sin chequear la información ni citar la fuente del comunicado de la UDI, a pesar de que ninguno envió periodistas para cubrir la supuesta protesta.

Luego, la diputada Nogueira, de la UDI, falta a la verdad al afirmar que a la actual administración no le interesa la seguridad pública ni el combate al microtráfico.

El tema central es que nuestra administración no comparte el marco teórico desde el cual la UDI analiza la seguridad ciudadana y mucho menos compartimos las políticas y los planes que de ella emanan y que han demostrado ser, al menos en nuestra comuna y en el país, un completo fracaso.

De hecho nuestra política nace del concepto de la seguridad y la convivencia comunitaria y considera las variables de participación temprana y vinculante en la que se defina, con todos los actores involucrados, una estrategia territorial diferenciada de seguridad de acuerdo a la realidad de cada barrio (residencial, precarizado, mixto, comercial, etc.).

Esto implica un enfoque generado desde y con los vecinos y no un esquema armado por la autoridad que se intenta disfrazar con nombres «ciudadanos» que le quedan grande a cualquier enfoque basado en dichas concepciones.

Partimos de la convicción acerca de la necesidad de movilizar a la comunidad para generar cohesión, cariño y respeto -mediante la organización y el consenso acerca de las problemáticas y sus posibles soluciones- de manera de comprometer e identificar a todos y todas con la política en cuestión.

Esta reorientación o Plan de Seguridad Comunitaria, plantea en su estrategia una serie de acciones concretas para nuestra comunidad entre las que destacan la apertura de establecimientos educacionales a la comunidad con un mejoramiento de la infraestructura, habilitación de infocentros, capacitación y talleres, entre otros.

Por otra parte se plantea la recuperación de espacios públicos (plazas, canchas y sedes sociales); la implementación de mesas barriales en las que todas las organizaciones sociales del barrio puedan priorizar la necesidad real de cada sector en materia de seguridad y el establecimiento de un sistema de mediación vecinal para que la comunidad pueda resolver sus propios conflictos y se responsabilice por ellos.

Para terminar es importante aportar algunos datos que el comunicado de la UDI omite y que son fundamentales para entender el cambio de enfoque:

1. Las personas que conducen automóviles «de seguridad» no tienen atribuciones legales para interrogar, detener, retener ni trasladar a nadie y solo pueden llamar a Carabineros que es, en definitiva, la única institución responsable de la seguridad ciudadana en el espacio público, en el marco jurídico existente en nuestro país.

2. El Programa de Seguridad Ciudadana, en cuanto los automóviles de seguridad ciudadana se refiere, tuvo un costo cercano a los 450 millones de pesos anuales, durante 12 años.

3. Del promedio de 150 llamadas mensuales a la central telefónica que hace de intermediario entre los vehículos y la comunidad (4 diarias), solo el 2,2% guardó relación con temas de seguridad ciudadana.

4. A pesar del gasto realizado que asciende a más de 5.000 millones de pesos en 12 años, la cantidad de delitos de mayor connotación social, en Recoleta, ha ido subiendo de manera sistemática y permanente y con tasas incluso superiores a las medias nacionales y regionales.

5. Existen numerosas denuncias sobre el mal uso de los vehículos que se empleaban en estas tareas y una magra evaluación, tanto de su eficacia en la prevención del delito como de la eficiencia de los recursos utilizados debido a los resultados mencionados.

A partir de lo anterior, se puede entender que ninguna administración comunal está obligada a mantener los fracasados programas de los gobiernos que los anteceden y al mismo tiempo podemos deducir que las acciones de la diputada Nogueira y de la concejala del mismo partido María Inés Cabrera, únicas personas presentes en la supuesta «protesta» del día 17 de enero, distan mucho de estar basadas en una verdadera preocupación por la seguridad de las y los recoletanos.

Permanentemente han vociferado acerca de la necesidad de gastar bien los recursos del Estado llamando, sobretodo, a jamás gastar más de lo que se es capaz de generar y nunca aumentar la recaudación fiscal.

En este contexto, es importante dar cuenta de la situación en que se nos ha entregado la Municipalidad de Recoleta, ya que más allá de los discursos lo importante son los hechos pues, finalmente, uno es lo que hace y no lo que dice y la diferencia entre lo que la UDI dice y lo que ha hecho en Recoleta es, por decir lo menos, escandalosa.

En los primeros análisis del presupuesto municipal, nos encontramos con una serie de sorpresas acerca de las cuales se hace imprescindible dar cuenta a la sociedad.

La primera de ellas es que nuestra municipalidad se encuentra hoy con una deuda que supera los M$ 4000 (cuatro mil millones de pesos), pues durante los 12 años de gobierno la UDI se gastó, sistemáticamente, mucho más de lo que la municipalidad era capaz de generar.

Esta práctica, fue desarrollada mediante un procedimiento reiterado y a la vez engañoso, consistente en aprobar −con la mayoría de concejales de derecha que los alcaldes de la UDI tenían en el Consejo Municipal− presupuestos inflados basados en ingresos irreales, que permitían girar contra dineros que jamás ingresarían.

Para paliar, en parte, el impacto de esta nefasta práctica, se enajenaron propiedades municipales por montos cercanos a los M$ 7000 (siete mil millones de pesos). Pérdidas patrimoniales sin las cuales la deuda actual superaría con creces los M$ 10000 (diez mil millones de pesos).

Esto ha llevado a que el municipio se haya habituado a no cumplir con sus obligaciones financieras durante mucho tiempo, y que tampoco haya respondido a compromisos adquiridos contractualmente, lo que ha significado perder juicios que han generado un serio daño patrimonial para el municipio, que según la auditoría entregada por el gobierno saliente su origen se concentra en los primeros ocho años de gestión y que no pudieron revertirlo en los cuatro años restantes.

Entre las deudas que destacan, se encuentran los servicios básicos que alcanzan al mes de diciembre de 2012, una deuda exigible de M$ 1200 (mil doscientos millones de pesos) solo en consumo eléctrico, situación que podría explicar el retiro efectivo de las luminarias peatonales de las veredas, que tanto reclaman los vecinos y vecinas de nuestros barrios más vulnerables y muy especialmente los adultos mayores para quienes, especialmente, es un peligro desplazarse en medio de la oscuridad.

A ello se suman los gastos asociados a servicios generales como recolección de residuos sólidos domiciliarios y su disposición final, que presenta una deuda de M$ 782 (setecientos ochenta y dos millones de pesos); mantención de áreas verdes, que ascienden a M$ 134 (ciento treinta y cuatro millones de pesos); mantención de semáforos que ascienden a M$ 34.2 (treinta y cuatro millones, doscientos mil pesos); mantención de alumbrado público por M$ 105 (ciento cinco millones de pesos) y otros servicios generales por más de M$ 60 (sesenta millones de pesos).

A todo lo anterior se suma una Resolución de última instancia sobre un juicio interpuesto por Chilectra contra el Municipio buscando “Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad” que corresponde al pago de un trabajo solicitado por esta municipalidad pero no cancelado, que asciende a M$ 483.6 (cuatrocientos ochenta y tres millones, seiscientos mil pesos).

Como si fuera poco, existe una deuda flotante, que se origina a ejercicios de años anteriores que se traducen en compromisos pendientes por M$ 706 (setecientos seis millones de pesos), sin contar con la discutible opción que se hizo al optar por financiar el Nuevo Edificio Consistorial vía leasing, a una tasa de UF + 6,9 %, con un banco privado, en el mismo momento en que el Gobierno Regional comenzaba a financiar las reposiciones de Edificios Consistoriales a lo largo de todo el país.

Esta opción genera una cuota cercana a los M$ 800 (ochocientos millones de pesos) anuales por 10 años, con lo que se pagará casi el doble del valor real del edificio, con un claro perjuicio para las arcas municipales en beneficio de una entidad privada que se llevará jugosas ganancias sólo por poner dinero que podría haber aportado el nivel central.

En el ámbito del clima organizacional, nos hemos encontrado con una municipalidad tremendamente golpeada por casos de corrupción y denuncias de irregularidades administrativas que se encuentran en procesos de investigación y que han hecho pagar a justos por pecadores, debido a que determinadas prácticas reñidas con la ética de lo público se han naturalizado convirtiendo las normas de excepción en regla general y abusando del espíritu de las leyes en beneficio de actores privados que no dan muestras de estar interesados, en lo más mínimo, en el bien común.

Todo esto representa un tremendo desafío para esta nueva administración, pero estamos seguros de que lograremos cambiar la nefasta cultura organizacional y el clima que la UDI ha dejado, como uno de sus peores legados en nuestra comuna, para poner en su lugar la cultura de la transparencia, de la mejora continua y de la eficiencia en el uso de los recursos, todo ello con la participación de todos aquellos que deseen una comuna y una municipalidad de estas características.

Esto es parte fundamental de nuestro compromiso.

Comenzaremos a dejar atrás un modelo de gestión centrado en el establecimiento de una relación clientelar con la ciudadanía y daremos paso a una forma de entender el desarrollo local, basado en la participación temprana y vinculante, en la puesta en valor de nuestro patrimonio arquitectónico, urbano, ambiental y cultural; y en la mejora continua de los servicios y la atención municipal como eje central de nuestra relación con nuestros vecinos y vecinas.

Dejaremos atrás ese modelo que somete todo a la ley de la oferta y la demanda y que todo lo que solía ser público, lo convierte, en un negocio, para dar paso a la recuperación de la infraestructura social de tal manera de que esté siempre disponible para las y los recoletanos y especialmente para nuestros jóvenes y adultos mayores.

Sustituiremos esa forma de entender la relación con la comunidad que busca mantenerla cautiva de las dadivas de la administración de turno por una en que la ciudadanía sea protagonista principal y co-responsable de la gestión municipal.

Terminaremos con la transformación de dirigentes sociales en funcionarios municipales: con la entrega en comodato de la infraestructura social de nuestros barrios a los mismos dirigentes para que las conviertan en sus negocios privados; con la entrega de canastas de alimentos y ayuda social a los amigos y familiares de los clientes privilegiados; con la entrega discrecional de beneficios y paseos a los adultos mayores que se identifican con el sector al mando de la municipalidad y por supuesto, con la entrega de patentes y permisos, a esas verdaderas mafias que cobran por conseguirlas, como si fueran dueños de la vía pública.

Todas estas prácticas y otras que seguramente olvido en este instante, son las que, de una u otra forma, han llevado a nuestra comuna a una desafección profunda del quehacer político, llegando a estar entre las de mayor abstención a nivel país.

Hoy el desafío es revertir estos procesos de descomposición del tejido social, terminando de una vez y para siempre con la intervención de las autoridades en las organizaciones sociales, entregando apoyo a las mismas en infraestructura y recursos para que puedan asumir cada día más y más responsabilidades, convirtiéndose en socios estratégicos del municipio, velando por la democracia y la transparencia en las mismas organizaciones y desarrollando políticas participativas de desarrollo para las juntas de vecinos, para los adultos mayores, para los jóvenes, para los agentes culturales y para los clubes deportivos, de manera que ellos se conviertan, no en clientes sino en protagonistas de su propio desarrollo.

Hoy el desafío es terminar con todo gasto innecesario y superfluo, para poder revertir la situación de deuda estructural que 12 años de gobierno de la UDI le dejan a nuestra comuna.

Hoy venimos a terminar con los beneficios y prebendas de algunos que más que venir a desarrollar una vocación de servicio social, vienen a servirse del aparato público, poniendo por sobre los problemas más urgentes de la ciudadanía, sus mezquinos intereses económicos y políticos.

La tarea no es fácil pero estamos preparados para ella y tal como nuestros vecinos y vecinas cuentan con nosotros, el nuevo gobierno comunal cuenta con ustedes.

Manos a la obra.

A los problemas de frecuencia y hacinamiento en las horas de mayor demanda, ahora se suma la evasión que, según los responsables del mismo, estaría afectando su viabilidad económica al provocar pérdidas cercanas a los 120 millones de dólares mensuales.

De esta manera se sigue castigando a la sociedad con políticas públicas de mala calidad, de las que nadie se hace responsable y sobre las cuales parece no existir una mirada distinta e innovadora, para solucionar el problema en cuestión.

Así las cosas, se evita abordar el tema desde una perspectiva más integral, ya que ello pone en jaque la sacrosanta ley de la oferta y la demanda en el uso del suelo urbano. Se ha instalado la errónea idea que el problema central de nuestra metrópoli radica en cómo hacer más fluido y rentable el transporte público, sin medir que dicho enfoque traerá a futuro más problemas urbanos, sociales, económicos y políticos.

Se nos invita así a seguir por la senda de la destrucción de nuestra ciudad y la pérdida del patrimonio urbano y arquitectónico, como consecuencia de la necesidad de ampliar calles y avenidas y trazar nuevas autopistas que dividirán la ciudad. Sin embargo, el destino inevitable es que en un breve tiempo volverán a estar nuevamente colapsadas.

Basta con mirar la Costanera Norte y la Norte Sur para comprobar lo anterior.

Una alternativa a esta mirada es la que asume la necesidad de intervenir el territorio, para generar una mejor distribución del equipamiento social de primera necesidad generando mayor equidad urbana y social.

La encuesta origen destino de 2006, ofrece a cualquier investigador serio la evidencia que el problema de nuestra ciudad es la gran cantidad de viajes, como consecuencia de la pésima distribución del equipamiento social de primera necesidad.

De muestra, un botón: el 20 % de los viajes diarios que se realizan en Santiago guardan relación con el estudio. Si a ello le sumamos las personas que demandan salud, esparcimiento y servicios básicos, llegamos casi al 40% de los mismos.

En el caso de la educación (1), solo el 36 % de esos viajes se realizan mediante caminatas.

Esto implica que del total, que asciende casi a 3,5 millones de viajes diarios, 2,1 se realizan en algún medio de transporte motorizado.

Una simple reflexión nos permite deducir que si los millones de dólares de perdida mensual, fueran utilizados para dotar a la periferia de la ciudad, y en especial a los barrios más vulnerables, de infraestructura social como colegios y consultorios de calidad, así como bibliotecas, plazas y parques, gran parte de los viajes diarios que se realizan en la misma no serían necesarios, lo que acarrearía una disminución significativa de la congestión vehicular y de todos los males asociados a ella.

Eso además redundaría en una disminución de la carga de uso del sistema de transporte, haciéndolo más atractivo y desincentivando el uso del automóvil.

En esta alternativa, los habitantes de las comunas periféricas privilegiarían los desplazamientos a pie para acceder a dicho equipamiento al interior de sus propios barrios, lo que promovería el encuentro social, el intercambio y seguramente la reproducción del capital social y un aumento significativo de la convivencia comunitaria.

Como efecto secundario se obtendría una disminución significativa de la contaminación proveniente del polvo en suspensión. Ello generaría el consiguiente ahorro en los gastos de salud asociados a dicho fenómeno, sobretodo en el invierno. A ello se puede agregar el ahorro que se obtendría al evitar la destrucción de infraestructura útil, pero que bajo el enfoque vigente se vuelve obsoleta e inservible.

En suma, consolidar barrios integrales e integrados resultaría, sin duda, mucho más eficiente y eficaz que continuar subsidiando un sistema de transporte que no funciona bien y tratando de hacer más fluido y eficiente un sistema de transporte para una ciudad mal lograda, resultado de la ausencia de planificación y de la aplicación mecánica de la ley de la oferta y la demanda al uso de suelo y desarrollo urbano.

(1) Las escuelas modulares que Lavín construyó luego del terremoto, con capacidad para 150 alumnos cuestan U$180.000 aproximadamente por lo que con un mes de Transantiago se podrían construir 250 escuelas distribuidas en los barrios generadores de viajes.

De esta manera, se instala el temor como elemento unificador de la experiencia urbana, transformándolo en uno de los elementos principales del sistema de dominación y afectando seriamente las interacciones sociales y el desarrollo de la sociedad y muy especialmente la de los barrios vulnerables.

Se nos invita a desconfiar de todo: del vecino; de aquel que camina en la calle; de los jóvenes que buscan esparcimiento en las esquinas o en las plazas de los barrios; y de cualquier persona que no sea de nuestro círculo más cercano.

La destrucción de la comunidad, de sus redes y la instalación en su lugar del individualismo más exacerbado, es el resultado buscado por los creadores de este enfoque, el que nos invita a encerrarnos en nuestras casas, a elevar nuestros muros medianeros, a cercar nuestras pertenencias y nuestras vidas, de manera de evitar ser vistos, para no alimentar lo afirmado por el dicho popular que afirma que la oportunidad es la que hace al ladrón.

Lo anterior lleva, inevitablemente, a ceder el espacio público a los individuos y grupos que actúan al margen de la ley, en absoluta impunidad, precisamente gracias a la desaparición de la comunidad.

Desde esta perspectiva, el enfoque de seguridad ciudadana ha terminado actuando como una fuerza centrífuga en nuestra sociedad, alejándonos los unos de los otros hasta destruir los lazos que antes nos hacían, solidariamente, responsables de todo lo que pasaba a los miembros de nuestra comunidad.

No hay que sorprenderse entonces, si después de varias décadas de venir incrementado significativamente el presupuesto dedicado a mantener el orden y la seguridad pública bajo este enfoque, la tendencia al alza de los delitos y de la sensación de inseguridad no ceda y la tendencia de largo plazo sigue siendo al alza, de manera sostenida en el tiempo.

Se hace necesario, entonces, revertir este proceso de distanciamiento con un enfoque que actúe como fuerza centrípeta sobre los individuos, de manera de acercarlos entre ellos hasta que cada vez más miembros de la sociedad puedan resolver algunas de sus carencias, en el seno de su propia comunidad.

Para esto, se requiere de voluntad política y de leyes que potencien el rol de las organizaciones sociales en los barrios, mediante un financiamiento basal que, acompañado de un esfuerzo significativo para dotar a las mismas de sedes sociales y de una infraestructura capaz de convertirlas en verdaderos centros de desarrollo comunitario, con bibliotecas, infocentros e infraestructura deportiva y recreativa.

De esta manera estaremos construyendo barrios con ciudadanos que ocupen los espacios públicos y establezcan lazos de confianza y de expresión para la formación de varias y variadas colectividades, considerando además, ámbitos específicos, así como las vivencias de adultos mayores, jóvenes, mujeres y niños en el diseño de los espacios públicos.

Al mismo tiempo se requiere de manera urgente escuchar la voz, las demandas y las expectativas de quienes cometen delitos, de manera de que comparezcan también, en tanto víctimas de un sistema que los estigmatiza, los excluye y no les da posibilidades de salir del circulo vicioso en que se encuentran, en la búsqueda de soluciones a sus expectativas y carencias fundamentales.

Solo así, la comunidad volverá a reencontrarse, a conocerse, a quererse y a cuidarse, y retomará la senda de la convivencia comunitaria y de la recuperación de los espacios públicos, como única forma de establecer un control social informal sobre sí misma, sobre sus barrios y espacios públicos de manera tal, que quienes actúen al margen de la ley no puedan circular tan libremente por sus calles, como lo hacen hoy en día.

Si el Estado es capaz de asumir que las organizaciones sociales―tanto territoriales como funcionales― pueden ser socios estratégicos para abordar el tema de lo que suele llamarse inseguridad ciudadana, habremos dado un paso gigante en una batalla que según los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Pública, ponen de manifiesto, por una parte, el fracaso evidente del actual gobierno en una materia que fue utilizada como una de las promesas más valoradas de la última campaña presidencial, y por otro, el fracaso de esta forma de abordar el tema de la delincuencia que arrastramos hace ya varias décadas.

Han pasado cinco años ya de la entrada en vigencia de dicha ley y no hay ni rastros de aquel sistema completo que permitiría asumir en parte, la responsabilidad que tenemos como sociedad por la situación en la cual crecen nuestros niños, en este modelo económico que algunos tanto defienden.

Dicha ley que se implementó sin tener lo básico para que pudiera respetarse el “espíritu” de la misma y aun no hay rastro de la infraestructura necesaria para albergar procesos de rehabilitación/reinserción y el único resultado concreto, es que hemos violado, aun más, los derechos de nuestros niños y niñas tratándolos como sujetos peligrosos en vez de protegerlos, que es lo que toda sociedad desarrollada hace.

Los hemos encerrado a ellos para proteger a una sociedad que no es capaz de protegerse de sí misma y de los problemas que genera.

Hoy lo vuelvo a plantear como en aquella oportunidad, nada más simple y básico para abordar un tema complejo que ir a lo obvio. A los lugares comunes que todos repiten sin siquiera pensar en lo que se afirma.

Resulta increíble. En nuestro país nadie se siente responsable de que los padres de nuestros niños y niñas de más escasos recursos no puedan dedicar el tiempo suficiente a sus hijos porque deben salir a trabajar ambos y en jornadas que pueden llegar a las 12 horas diarias.

Nadie se siente responsable al ver cómo nuestros jóvenes y niños tienen que trabajar para ayudar a sus familias para subsistir.

Nadie se siente responsable de verlos en las calles pidiendo limosnas, estacionando autos o haciendo de malabaristas para “hacer unas monedas” cuando no han llegado aún a la desesperación que los lleva, de la mano de algunos inescrupulosos, a la prostitución infantil.

Nadie se hace cargo de que se eduquen en la calle, porque las viviendas que entrega el Estado son tan básicas y mal ubicadas, que ni siquiera alcanzan a acoger las actividades propias de cualquier niño, por lo que la calle termina siendo “su lugar” en esta sociedad.

En nuestro país, este país modelo para tantos y tantas, nadie se siente responsable ni se hace cargo de la pésima educación que tienen nuestros niños y niñas y que los condena a sueldos miserables por el resto de sus vidas, mientras ven por televisión, el mundo de los ricos, que siguen amasando sus tremendas fortunas y asegurando a sus hijos y nietos por varias generaciones.

De esta manera, violando todos los derechos humanos de los niños y niñas, en este, mi país, hemos optado por mirarlos, no ya como sujetos de protección social sino como sujetos peligrosos que atentan contra el orden establecido y pretendemos encarcelarlos incluso si es que salen a protestar por mejor educación, más salud, cultura y recreación.

Ahora podemos verlos en cárceles especialmente preparadas para ellos, y que como todas las cáceles, terminaron teniendo más población penal que la tolerable y se convirtieron en escuelas del crimen y tierra fértil para el odio y la anomia social, mientras algunos legisladores comienzan a preocuparse de los “delitos” de los menores de 14 años.

¿Cuáles serán las propuestas de los defensores del sistema neoliberal?

¿Terminaremos bajando la edad de responsabilidad penal a los 12, a los 9 o a los 5 años, para evitar que estos “criminales en potencia” pongan en peligro a una sociedad que no es capaz de darles ni la más mínima cuota de seguridad social para que se desarrollen de acuerdo a sus derechos?

Que le queda hoy a un muchacho que en los últimos 10 años ha visto a sus padres sufriendo por no poder darles lo básico, peleándose entre ellos y sin trabajo. Qué expectativas les ofrece esta maravillosa sociedad tan exitosa y desarrollada.

Yo no estoy de acuerdo y no quiero guardar un silencio cómplice en este minuto tan triste de mi patria. Los hijos ya no serán más nuestros hijos, como dijo Khalil Giban, ahora sí que serán hijos e hijas, solamente, de la vida.

Vaya para terminar, un desafío para el gobierno actual.

Si de verdad creen que esos jóvenes son completamente imputables; si de verdad creen que son completa y exclusivamente responsables de sus actos y que ya pueden pagar cuando se equivocan, con cárcel y supuestos programas de rehabilitación que nunca rehabilitan a nadie, al menos démosles también el derecho de votar, para elegir así a quienes hacen las leyes que seguramente les terminaran afectando.

Démosles el derecho también a ser elegidos cuando decidan finalmente tomar su destino en sus propias manos y no nos quejemos luego frente a las cada vez más violentas demostraciones de rabia contenida y de desprecio por ésta, nuestra maravillosa sociedad.

Como si fuera poco, el Ministro de Obras Públicas y pre candidato presidencial del oficialismo acaba de anunciar hace pocos días que los problemas de congestión vehicular de la capital serán abordados una vez más con el mismo criterio que ha fracasado ya tantas y tantas veces.

Resulta increíble, en todo caso, que se sigan discutiendo los problemas de nuestro país de manera tan simplona y sobreideologizada, pues se debate como facilitar el flujo vehicular y no el modelo de desarrollo urbano y de ciudad que la ideología neoliberal, que extiende el control del mercado a todos los ámbitos de la vida cotidiana, promueve.

Hoy lo que hay que asumir, de una vez por todas, es que esa ciudad ideal, dejada a la mano invisible del mejor administrador de los recursos, que es el mercado, no funciona y que el mercado es incapaz de entregar a los ciudadanos una calidad de vida como la que promete mediante la mentira del crecimiento infinito y la autorregulación.

De hecho, el problema de nuestras ciudades no son los tacos ni la congestión vehicular, sino la cantidad de viajes provocados por una ciudad entregada al mercado y sin atisbo de una equidad territorial que permitiera a los ciudadanos resolver gran parte de sus necesidades básicas dentro de sus propios barrios.

En nuestra ciudad, mientras unos discuten su calidad de vida en términos de minutos más o menos de demora en llegar de la casa al trabajo y viceversa, otros se levantan a las 5:30 AM hrs para atravesar la ciudad en búsqueda de satisfacer algunas de sus necesidades o las de los suyos.

Las encuestas origen-destino vienen demostrando hace años que más del 40% de los viajes que se realizan en el día, los motiva la búsqueda de trabajo y estudio. Si a ellos sumamos la búsqueda de otros servicios como salud, comercio, cultura y esparcimiento, hoy concentrado en grandes centros comerciales capaces de atraer hacia si a personas de todas partes de la metrópoli, llegaremos a más del 70% de los mismos.

Esto implica que si gastáramos solo una parte de los recursos que se gastarán en estas nuevas obras viales, en dotar a la periferia de nuestras ciudades y en particular a las zonas habitadas por grupos vulnerables, de buenos colegios, buenos hospitales o consultorios y nuevos polos de desarrollo, y si planificáramos zonas de industrias inofensivas más integradas con la trama urbana, a la vez que barrios más heterogéneos en donde convivieran los que trabajan con los que dan trabajo, los viajes disminuirían sensiblemente y no necesitaríamos continuar destruyendo nuestra ciudad y nuestro patrimonio para construir grandes autopistas y nudos viales que inevitablemente volverán a congestionarse y a colapsar en las horas punta, mientras el resto del día permanecerán casi vacías.[1]

Claro está que para eso debiéramos estar dispuestos a dar una discusión menos sobreideologizada, en donde se ponga al centro de la discusión, la calidad de vida de la ciudadanía y no las utilidades de los consorcios y las grandes empresas.

Para ello alguien debiera declarar oficialmente el fracaso del mercado en numerosas ámbitos, entre ellas la del desarrollo urbano, en donde se ha revelado como incapaz de asignar de manera adecuada los recursos y ha generado males casi imposibles de solucionar.

Finalmente para ellos debiéramos dotar al estado de un instrumental metodológico y técnico para intervenir el territorio en búsqueda de mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, con ejercicios de planificación con participación ciudadana temprana y vinculante de quienes habitan la ciudad, con políticas de viviendas social inclusivas e integradoras que no busquen el record mundial de las soluciones habitacionales más baratas y que promuevan el uso intensivo del casco urbano pericentral en vez de seguir expandiendo la ciudad de manera insustentable.

Es imprescindible entender que una casa, por buena que sea, que esté mal ubicada en la trama urbana y que genera viajes cada vez más largos y costosos para quienes las habitan, no es una buena vivienda y genera un desarrollo urbano imposible de sostener sin destruir la calidad de vida de los habitantes y el ya precario equilibrio con el medio ambiente.

[1] Esto es la ineficiencia de la eficiencia: Se invierten millones en infraestructura que se ocupa cuatro horas al día a una frecuencia que la hace rentable mientras para infraestructura para la cual existe mayor demanda y con mayor continuidad como escuelas, hospitales, plazas y universidades, no hay dinero.

Se habla de la necesidad de la descentralización de la toma de decisiones y de la desconcentración de los recursos del Estado; de la elección directa de los CORES y de las autoridades unipersonales de las regiones, como si solo con ello pudiéramos resolver un tema que es mucho más complejo de lo que la mayoría de la nación logra vislumbrar.

De partida, el problema no es solo de Calama, Puerto Aysén o Magallanes. Algo similar sucede en cientos de comunas mucho más cercanas y anónimas, que ni siquiera tienen la fuerza para generar un conflicto pues no solo están abandonadas y con dificultades para seguir adelante, sino que además cada día tienen menos población porque los viejos no tienen dónde ir y los jóvenes no tienen a qué quedarse.

Las razones para ello no son solo la falta de recursos y el centralismo. También juega un rol el modelo de desarrollo impuesto por la dictadura en un proceso carente de toda participación ciudadana y asesorado única y exclusivamente por el monopolio de las armas.

Se nos impuso un modelo de desarrollo que implicaba un repliegue paulatino del Estado en áreas estratégicas de la economía y en la producción de bienes y servicios de primera necesidad, mediante la eliminación de gran parte de la acción directa del Estado en la reproducción de la vida social y económica de nuestro país.

Para ello, se eliminaron todos los subsidios estatales de carácter universal que permitían, en regiones y territorios distantes y poco poblados, el funcionamiento de numerosas actividades productivas y de servicios que bajo las leyes del mercado, simplemente no resultaban rentables.

El objetivo de estas medidas era dejar en manos del mercado y la iniciativa privada todo proceso productivo, sin importar si lo producido era un derecho universal, una bien de primera necesidad o un simple bien de consumo.

Se buscaba potenciar las diferencias competitivas de los territorios, eliminando de ellos todas las actividades productivas que no se sostuvieran por sí solas, reemplazándolas por otras que generaran la mayor rentabilidad posible, independientemente de si con aquello se arrasaba con las formas de vida asociadas a las primeras.

Los territorios se fueron especializando de manera radical, generado ciudades y comunas industriales; otras de carácter agrícola o agropecuario; muchas forestales o mineras y algunas restringidas solamente a la actividad turística. La mayoría de los territorios no tuvo como elegir, pues su ubicación no les permitía participar de los círculos virtuosos de la globalización neoliberal.

Consecuentemente, la cantidad, variedad y costo de los bienes y servicios, en cada lugar, se fue ajustando a la nueva situación, en directa relación con el rol del territorio, y con el tipo y cantidad de la demanda que sus habitantes eran capaces de generar.

Las comunas y los territorios que no tenían cómo competir con aquellas en donde la actividad florecía se fueron apagando en la medida que desaparecían las actividades que por años los habían mantenido con vida.

Los viejos, sin tener a donde ir se quedaron tratando de sobrevivir cada día con menos recursos. Los jóvenes salieron huyendo en búsqueda de mejores expectativas de vida.

Los territorios reconvertidos casi en unidades mono productivas entraron en la dinámica de las crisis cíclicas del capitalismo, por lo que sus habitantes tuvieron que acostumbrarse a épocas de vacas gordas y flacas, convirtiéndose —parte importante de ellos— en población flotante de carácter nacional.

Estos nuevos «ejércitos» de trabajadores desplazados se dedican, hasta el día de hoy, a recorrer Chile en búsqueda de lugares en donde «haya pega». Todo esto a costa de la vida familiar, mientras los sectores dominantes cacarean sobre la necesidad de proteger a la familia como base de la sociedad.

En muchos lugares, la educación pública desapareció, se debilitó de manera significativa o se desplazó a lugares en donde la concentración de alumnos la hiciera viable con una subvención que representa menos de la mitad de lo necesario para asegurar una educación de calidad.

Algo similar pasó con la salud pública; con las universidades estatales que desaparecieron o nunca llegaron; con la cultura; con los lugares de recreación y esparcimiento; con la infraestructura deportiva y con todas aquellas actividades necesarias para la realización del ser humano que, lamentablemente, no son rentables en aquellos lugares en donde la cantidad de población no da para sustentar un negocio de este tipo.

El resto de los productos, esos que son indispensables, se encarecieron en todos aquellos lugares distantes, pues sin subsidios estatales de carácter universal, los productos y servicios de primera necesidad y aquellos que son derechos universales, cuestan lo que cuesta traerlos de donde están o simplemente no existen.

En este contexto ha surgido un país con dos realidades completamente opuestas: la de aquellos territorios y familias que lograron subirse al escenario de la globalización, y la de aquellos que no pudiendo hacerlo y siguen marcando el paso a la espera del día en que el último habitante se muera o decida marcharse, hastiado del indolente y ya demasiado extenso abandono estatal.

Efectivamente, lo anterior se ha visto agravado por la falta de democracia, el centralismo y la concentración de los recursos en las zonas exitosas de la globalización neoliberal, que han recibido todas las inversiones en infraestructura necesarias para subirse al carro de la mundialización; pero no será solo abordando estos males como podremos revertir un proceso que sin cambio de modelo, mas rápido o más lento, seguirá por la misma senda por donde transita hoy.

Resulta evidente entonces que de no asumir que, por un lado, necesitamos asegurar una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones sobre su propio destino y, por otro, requerimos de un Estado mucho más comprometido con los derechos universales, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes, independiente del tamaño del mercado que representen y del lugar en que habiten.

Será mejor que nos vayamos preparando para enfrentar conflictos o abandonar cerca del 95 % del territorio nacional, pues bajo el paradigma neoliberal, aunque haya más participación, todo seguirá relativamente igual.

En esta discusión, una vez más se enfrentan las distintas visiones de sociedad que se encuentran permanentemente en pugna y que se expresan, aunque no todos puedan percibirlo, en todas las actividades humanas.

La arquitectura y el urbanismo no son ni pueden ser una excepción en este escenario de permanente confrontación política e ideológica en el que se oponen una vez más como en la mejor de las síntesis, el egoísmo y la solidaridad, el desprecio por el otro y el respeto por la sociedad, el individualismo y la comunidad.

En este contexto, para algunos, la arquitectura se encuentra mucho más cerca del arte, entendido como actividad creadora del ser humano, mediante el cual se producen objetos que son singulares y cuya finalidad es principalmente estética o comunicativa.

Para otros, en cambio, es una disciplina al servicio de la sociedad en su conjunto, que implica la unión de tres elementos básicos que configuran la cultura humana: el arte, la ciencia y la técnica, lo que debiera permitir abordar y resolver, equilibradamente, los aspectos tecnológicos, humanos y medioambientales.

Ahora bien, en cuanto a la relación de la arquitectura con la ciudad, hay quienes piensan que esta es, solamente, un recipiente para la primera y otros que afirman que la ciudad es un texto inacabado en el que cada arquitecto que interviene aporta una palabra, un párrafo o un capítulo, dependiendo de la dimensión, pregnancia y relevancia de la obra ejecutada respecto de la ciudad en la que se inserta.

En la primera visión, la relación entre las distintas obras no existe y ellas se instalan en la ciudad como una simple extensión o reflejo de quienes las proyectan y construyen, sin considerar el impacto que tiene cada una sobre su entorno inmediato, sobre la calidad de vida de las personas y mucho menos, sobre la posibilidad de desarrollar ciudades sostenibles en equilibrio con el entorno natural en que se instalan.

En la segunda, se busca integración y coherencia que al igual que en los buenos textos, es asegurada porque cada parte de la obra habla un poco de aquello que la antecede y entrega las claves, para lo que la sucederá, respetando el patrimonio urbano y arquitectónico e integrándose sutilmente en ese todo mayor que es la ciudad.

En la primera escuela los protagonistas principales son los arquitectos, los dueños de las obras y los inversionistas inmobiliarios, que compiten entre ellos, llenando la ciudad de objetos sin más sentido que el de ser autores o propietarios del proyecto más grande, de la torre más alta o del gesto más audaz, buscando solamente sobresalir, obtener reconocimiento y diferenciarse del resto con el único fin de poner su obra al servicio de intereses o traumas personales que más tienen que ver con el estatus, el poder, la dominación o la propia inseguridad, que con la arquitectura propiamente tal.

En la segunda, el protagonista es el usuario, el destinatario final de la arquitectura y el arquitecto actúa solo como intérprete y profeta: Intérprete, pues busca representar de la mejor manera posible las expectativas de quienes vivirán la arquitectura y profeta porque define, en virtud de lo primero, la forma y sentido que ha de tener cada obra en el marco de una obra mayor que es la ciudad como un todo.

Para lograrlo, buscará una adecuada síntesis entre continuidad y transformación, de manera de valorizar la experiencia urbana y permitir o facilitar al ser humano la identificación con su entorno transformándose en parte de él y de su evolución, respetando los lazos entre el sujeto y el patrimonio natural, urbano y arquitectónico en que se desarrolla.

Consistentemente, para la primera escuela, el urbanismo y la planificación es un mal que hay que tratar de evitar a toda costa pues limita la libertad del artista y la del inversionista.

Mientras que para la segunda escuela, la planificación es la única herramienta que permite subordinar los intereses y afanes de protagonismos personales, al bien común y al interés superior de la sociedad.

Así las cosas, para la primera escuela, los problemas de la ciudad —congestión, contaminación y hacinamiento— no son de la arquitectura, por lo que deben solucionarse ampliando calles, instalando carreteras, destruyendo el patrimonio urbano y arquitectónico y avanzando de manera indiscriminada sobre el medio ambiente que, según ellos, no sirve más que para generar renta, transformando el suelo rural en urbano.

Para la segunda escuela, los problemas de la ciudad y de la arquitectura son dos caras de la misma moneda, y no existe posibilidad de abordar los primeros sin subordinar la arquitectura a la necesidad de desarrollar nuestras ciudades de manera sostenible, limitando esa libertad, mal entendida, que ni siquiera se detiene en los derechos de los otros.

Para colmo, la primera escuela siente un desprecio absoluto por el espacio público, el que solo es necesario como simple conector entre sus obras, por lo cual será de mejor o peor estándar dependiendo del nivel socioeconómico del público objetivo para el que se construyen las mismas.

La visión más comunitaria considera al espacio público como el alma de las ciudades y como su eje ordenador, por su vocación de encuentro e intercambio, de protección y reproducción de la cultura.

En este contexto resulta evidente cuál es la escuela que hoy prima en el desarrollo de nuestras ciudades, en donde a diario asistimos al surgimiento de una nueva obra más grande, más costosa y más alta que la anterior, como una búsqueda frenética por representar, a través de la arquitectura, el poder y la dominación, incluso mediante formas evidentemente falo céntricas que, parecen hablar más de una cultura obsoleta o de algún trauma psicológico —de sus diseñadores, dueños, moradores y admiradores— que de una aspiración de construir ciudad mediante la arquitectura.

No debemos extrañarnos entonces que los mismos actores que construyen estas obras pertenezcan a sectores políticos que buscan demostrar a toda costa su poder recordándole al ciudadano de a pié y a la sociedad en su conjunto, que pueden pasar por alto e incluso atentar contra la calidad de vida y los derechos de los otros con toda impunidad, sin importar, en este caso, el caos urbano, la congestión, el hacinamiento y mucho menos la pérdida de eficiencia y eficacia urbana que generen sus obras.

En este escenario, ¿puede alguien dudar que las ciudades sean fiel reflejo de las sociedades que las construyen y que en ellas se expresa, como en el mejor de los resúmenes, lo esencial de cada cultura?