Lamentablemente, factores culturales y sociales muy arraigados en nuestra sociedad derivan en que exista violencia al interior del hogar. Una de cada tres mujeres reconoce haber vivido violencia física, sexual y/o psicológica de parte de quienes son o fueron sus parejas.

No cabe duda, entonces, que la violencia de género es la expresión más desoladora y brutal de la discriminación hacia la mujer, y en nuestro país tenemos una red, aunque es necesario avanzar aún más, que nos permita acoger a las víctimas. Pero a la protección y al urgente cambio cultural, hay que sumar una lucha social por mejorar la calidad de la vivienda y desterrar el hacinamiento en que viven miles de familias. No es casualidad que la violencia contra la mujer se incremente en zonas donde estos dos factores se confabulan.

En este día es bueno recordar que pese a los esfuerzos de instituciones como el Servicio Nacional de la Mujer, las policías y varias ONGs vinculadas a temas de género, anualmente en Chile medio centenar de mujeres muere en hechos de sangre considerados como femicidio.

Nuestro llamado a las mujeres que sufren este acoso es que denuncien. Los estudios dicen que una mujer se demora unos 7 años en asumir que es víctima antes de hacer la imputación. También las cifras nos indican que existe un alto porcentaje de retractación, ya sea por miedo, amenazas, por vergüenza o simplemente porque creen que es algo pasajero.

Es importante que una sociedad democrática y con pretensiones de desarrollo elimine de raíz la violencia contra la mujer. Nada la justifica, nada la debe exculpar.

Esto significa que existe medio millón de perros que recorren la ciudad obligados a sobrevivir de la caridad de los vecinos, en el mejor de los casos, o procurándose la vida entre restos de basura, en el peor de ellos.

Esta situación ha generado problemas para el bienestar de los humanos, pero sobretodo una precaria situación para los mismos caninos. Un perro abandonado tiene más posibilidades de transmitir enfermedades; esparce la basura desmejorando el espacio público y se une a jaurías que atacan en su afán de sobrevivencia. Pero también sufre la escasez de comida y cobijo, y está expuesto a atropellos y al maltrato humano y de otros animales.

La semana pasada, como Gobierno Regional Metropolitano pudimos hacer realidad un sueño largamente acariciado: se dio inicio al plan de control y prevención de la población canina de Santiago, que busca educar a la población y fortalecer la responsabilidad de los dueños de mascotas.

Iniciamos una campaña en medios de comunicación masivos y en redes sociales, que además incluye dictar más de 500 talleres para niños de educación básica, además de fortalecer la asociatividad con municipios, capacitando a encargados  municipales sobre el correcto cuidado de estas mascotas, e implantando un chip en el animal que permitirá crear un registro regional de perros y vincular al can con un responsable claro.

Pero fundamentalmente queremos evitar la reproducción de perros sin dueño, por lo que encargados comunales, coordinados por veterinarios, se abocarán a la tarea de cumplir la meta de realizar 180 mil esterilizaciones gratuitas en dos años.

Estamos en el inicio de un proceso largo pero necesario, que es generar conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de hacerse cargo de las mascotas, son seres vivos y no un objeto a desechar una vez que pierde la novedad.

Cuidemos y tratemos bien a nuestros perros, y de esa manera protejamos nuestro entorno y la seguridad de nuestros vecinos.

Siempre hemos sabido que el fenómeno del delito es multicausal  y de compleja resolución. Que no caben recetas populistas del tipo “se les acabó la fiesta a los delincuentes” o “terminaremos  con la puerta giratoria”. Esas afirmaciones grandilocuentes, muchas veces hechas al calor de la competencia política, tienden a sobresimplificar el diagnóstico y la complejidad del fenómeno delictivo y a generar una gran frustración en la sociedad y la ciudadanía.

La lucha contra la delincuencia debe ser una lucha de Estado, en la cual cada actor debe hacer su contribución, y en la cual es indispensable aislar de toda influencia a la disputa política pequeña.

Es importante además que la estrategia de seguridad a nivel nacional, regional y local se haga cargo de las distintas dimensiones del delito, con una estrategia de control y persecución judicial inteligente  y coordinada entre policía, fiscalías y autoridades de gobierno de distintos niveles.La creación del Banco Unificado de Datos, por ejemplo, es un gran avance que nos va a permitir compartir toda la información disponible de las entidades del Estado para poner tras las rejas  y lograr condenas efectivas para quienes cometen delitos.

También tenemos que tener una estrategia de  mejoramiento del entorno urbano: iluminación pública de calidad, y la eliminación de sitios eriazos y microbasurales, son otras maneras de dar seguridad a las comunas periféricas.

Otra de las dimensiones complejas es el creciente  número de menores de 18, inclusive de menores de 14, que están cometiendo ilícitos. Debemos, por ello, evitar primero que esos niños deserten del colegio, y luego, tratarlos adecuadamente una vez que hayan cometido un primer delito, aunque sea algo menor.También es fundamental el trabajo de organización comunitaria en los barrios, y el apoyo manifiesto de las empresas en sus respectivas áreas de influencia.

Por último, hemos sostenido que una buena estrategia de seguridad  tiene que combatir los delitos de hoy pero también los de mañana. Para eso es fundamental mejorar nuestra política carcelaria, y que quienes están pagando con cárcel tengan la posibilidad de formarse y adquirir oficios, para que una vez puestos en libertad puedan tener empleos dignos y honestos.

Solo un país que es capaz de abordar las distintas dimensiones del delito, tanto objetivas como subjetivas, con el tiempo va a ser exitoso  en derrotar a la delincuencia. No sigamos el camino fácil de la retórica populista, sino que sigamos el camino difícil y escarpado de la solución integral al problema de la delincuencia.

Pocos años después, otro grupo de chilenos, de un sector pobre del norte de la capital, está viviendo algo parecido. Se trata de los vecinos de la comuna de Tiltil, que llevan años soportando los nauseabundos olores de la empresa de cerdos Porkland.

Múltiples multas, varias denuncias a las entidades ambientales, y la comprobación empírica de este propio intendente sobre los malos olores del lugar, nos permitieron clausurar parcialmente Porkland, cerrando 4 pabellones y concordando un compromiso para reducir cuatro mil cerdos. Pero claramente es insuficiente. Uno hubiese esperado que a esta altura hubiésemos aprendido la lección, y que tanto la empresa privada como el tribunal ambiental entregaran respuestas más claras y contundentes a los vecinos.

Yo me pregunto. Esta planta, que ha incumplido reiteradamente con los estándares establecidos por la resolución de calificación ambiental, ¿cuánto hubiese resistido abierta si esos olores, en lugar de afectar a los modestos vecinos de Rungue o Montenegro, hubieran llegado a los vecinos de Vitacura, Las Condes o Providencia?

Generalmente, en nuestro país las instituciones perciben de mayor manera la presión cuando surge de sectores que tienen más acceso a las autoridades y a los medios de comunicación.

Por ello, nos alegramos de esta buena noticia para la comunidad de Til Til, que se consiguió gracias a la alianza entre vecinos, las instituciones de gobierno y el municipio. Nuestro Plan Integral del Gobierno Regional, ha puesto en el candelero la irresponsable actitud de empresas como Porkland, que se han instalado en el sector y no han cumplido con la normativa, desmejorando notoriamente la calidad de vida de sus habitantes.

Como Santiago tenemos una deuda con Til Til y estamos empezando a pagarla. Paso a paso. No tenemos problemas de que las empresas se instalen en esa comuna, pero les exigimos que respeten el medioambiente, la dignidad y la salud de su gente. Para que chilenos y chilenas, que tiene los mismos derechos que el resto, no vuelvan a ser tratados jamás como ciudadanos de segunda categoría.

Mirada desde cerca, Santiago es una ciudad donde 6 de 34 comunas -todas vecinas entre sí- concentran a los habitantes de más altos ingresos. Pero no sólo eso. También concentran los mejores colegios,  los mejores centros hospitalarios, la mejor seguridad, las mejores áreas verdes, la mejor agua, las mejores viviendas, el mejor transporte, la mejor infraestructura y los mejores servicios públicos.

La segregación socio-económica presente en el territorio de Santiago es sin duda uno de los componentes claves en la fragmentación y desigualdad de la que hablamos.

Un proceso que se inició en los 80´, cuando la dictadura trasladó a los campamentos hacia la periferia, y cuya impronta no ha logrado ser revertida en estos casi 25 años de democracia. La falta de otros centros económicos suburbanos ha ensanchado esta brecha, y vemos que ingresos -y por ende gastos- de una comuna como Santiago superan  10 veces los que recibe otra como La Pintana.

Bajos de Mena es quizás el epítome de esta distribución desigual. Un sector donde viven 120 mil personas y que no cuenta con servicios mínimos –salud, educación, seguridad- para tener una calidad de vida aceptable, lo que precariza su ya desmejorada situación y donde encontramos una baja escolaridad, alto subempleo, débiles redes sociales y una violencia que estigmatiza a su población.

¿Cuánto de esto tiene relación con la falta de una instancia gubernamental cuya responsabilidad y atribuciones involucren al conjunto de la ciudad y no a parcelas provinciales y comunales? Creo que mucha, ya que a falta de atribuciones ese rol han debido asumirlo, a tientas, las secretarías  regionales ministeriales de Vivienda, Obras Públicas  y Transportes.

Es deber de las autoridades articular la ciudad como un espacio equilibrado, donde ciudadanos, Estado y mercado compartan un espacio democrático con justicia social, sustentabilidad ambiental y eficiencia económica. De otra forma se pone en riesgo la competitividad que pretende el país. La segregación social, tarde o temprano, termina por hipotecar la gobernabilidad de una metrópoli.

La decisión partía de un diagnóstico indesmentible: Santiago se había sobre expandido territorialmente a consecuencia de la política habitacional desarrollada por la dictadura en la década del ´80, consumiendo parte importante del rico suelo agrícola de la región, generando infraestructura urbana con costos enormes para el Estado, y agudizando los problemas de transporte y agua potable en la capital.

El optimismo se impuso y las autoridades de entonces proyectaban que en dos décadas la densificación de la ciudad avanzaría desde los 90 habitantes por hectárea a 125 o 135.

Nada de eso ocurrió. Y 20 años después de la proyección, la situación ha empeorado.Santiago hoy no tiene los 135 habitantes por hectárea proyectados, sino que apenas 65, y no tiene 80 mil hectáreas urbanizadas, sino 125 mil. Y en mucho de eso hay responsabilidad de autoridades que han cedido a las presiones de quienes solo miran el interés económico que estos “paños” pueden generar.

La pregunta que surge entonces, más allá de las modificaciones hechas al PRMS en estos años, es si queremos seguir viviendo en una ciudad devoradora de territorios o, por el contrario, queremos tener un modelo se ciudad que se construye desde afuera hacia adentro, y que genera otros polos satélite como puede ser los hoy casi conurbanizados Melipilla y Peñaflor.

A los santiaguinos les cuesta pensar en una ciudad con mayor densidad, pero es necesario buscar formas amables de hacerlo. Santiago lamentablemente ha ido en la dirección opuesta a lo que todos los urbanistas del mundo aconsejan, que es acotar el crecimiento de la urbe, y esto no significa necesariamente que los edificios vengan a sustituir a las casas, sino que hay recuperar zonas deprimidas de la ciudad y hacerlas habitables, considerando también calles y áreas verdes.

Hoy viernes realizaremos un seminario a propósito de este hito fallido, donde seguiremos abordando la mejor forma de hacer ciudad, y de entregar igualdad de condiciones y oportunidades para todos los santiaguinos.

Hoy vemos que los lugares suburbanos se están conectando bien con proyectos como el tren a Melipilla, pero sabemos que falta mucho para nivelar esa cancha.

La capital del país no resiste concentrar más gente. Santiago sigue creciendo, falta terreno, y se han generado problemas medioambientales y urbanos difíciles de resolver.Generar polos de desarrollo en todas las regiones del país se hace urgente, y  demanda de la clase política una tremenda responsabilidad de acoger estos planteamientos y apoyarlos.

En el documento recibido la semana pasada por la Presidenta, hay cuestiones fundamentales. La más visible y potente políticamente es sin duda la elección de los intendentes.

Una autoridad electa, como la que se plantea, tendrá un plazo fijo, de al menos de cuatro años, para ejecutar un plan de desarrollo integral para su región. No es menor en ese esquema que la representación sea entregada por la ciudadanía, validando ese mandato, y excluyendo la actual situación de inestabilidad del intendente, quien le debe más al Gobierno que a sus gobernados.

Otro propuesta fundamental es que haya al menos tres gobiernos metropolitanos en el país: Santiago, Concepción y Valparaíso, donde la conurbación de varias comunas hace necesaria una coordinación superior a la de otras ciudades de Chile. No es lo mismo una ciudad-comuna, como por ejemplo Antofagasta, que una ciudad con al menos 32 comunas urbanas como Santiago.

También es importante todo lo concerniente  al financiamiento de este plan, como el impuesto territorial a la extracción de recursos naturales o la creación de un fondo de compensación regional y de fortalecimiento al financiamiento municipal.

Lo que nos pide la ciudadanía en seguridad, transporte, medioambiente y desarrollo urbano, supone un gobierno supra-comunal. No se puede resolver el problema del transporte en las mega urbes aisladamente. Se debe tener una visión integral. Y eso lo puede hacer solo una autoridad que tiene liderazgo, facultades, y que mire a la región como un todo.

Muchas veces me entero por el diario de las cosas que pasan en la región. Los ministerios anuncian sus decisiones sin consultar a la persona del territorio, porque el intendente es visto solo como un “sheriff” que se encarga del estadio y de las marchas y no como el encargado de la planificación de los distintos ministerios, instituciones y sobre todo ciudadanos para armonizar y guiar el crecimiento de la ciudad.

Más allá de la fecha en que se realice la elección de intendente, la aprobación de una buena ley puede lograr una verdadera revolución en materia de descentralización en Chile. Ya lo dijo la Presidenta, si bien la medida más emblemática es la elección de los intendentes,  si a estos no se les entrega más atribuciones ni más presupuesto, va a ser casi más de lo mismo.

Sesenta días después del domingo de Resurrección nos reunimos en honor del cuerpo y la sangre de Cristo.

Esta celebración, en que los católicos salimos a la calle, es probablemente una buena ocasión para resumir algunas razones de por qué los cristianos y creyentes tenemos la obligación de participar de lo público.

Cristo fue un marginal. Era el hijo de un carpintero pobre. Nació, como diríamos ahora, “en situación de calle”, más precisamente en un establo. Si Cristo naciera en el Chile de hoy, probablemente sería el hijo de un obrero, iría a un colegio municipal y terminaría en una marcha, perseguido por la fuerza pública y acusado de organizar desmanes e insultar a la autoridad.

Un cristiano en política debe ver a Cristo en todos los jóvenes que se manifiestan y escuchar sus demandas por justicia social con la mayor atención y respeto. El respeto es también ser capaz de disentir y matizar las demandas. Una actitud de sumisión a la consigna en el fondo es poco respetuosa de las demandas e ideas que se expresan.

Entonces, los cristianos deberíamos sentirnos motivados a participar y a votar por una educación pública fortalecida, porque no haya enriquecimiento con recursos públicos para educación, porque se acaben las discriminaciones, porque se ofrezca educación técnico profesional de calidad.

Pro Familia.

Los cristianos somos pro familia. Nos gusta ver a las familias felices, queriéndose, desarrollándose. Y hemos aprendido a conocer muchos tipos de familia y a no espantarnos con las nuevas formas en que las personas desarrollan su amor.

El ser pro familia nos obliga en todo caso a mirar la integralidad de la vida en comunidad, no sólo la moral sexual sobre la que para algunos es tan fácil pontificar y poner sus opiniones como fundamentos religiosos.

Como le escuchamos alguna vez a un cura consultado sobre las relaciones sexuales prematrimoniales, creemos que algo realmente grave es no pagar las cotizaciones de las empleadas de casa particular. O que como dijo Felipe Berríos, el problema de Chile es el clasismo, una sociedad donde un cura es cuestionado por bendecir los anillos de un separado pero no por bendecir la sucursal de un banco.

Ser pro familia es querer terminar con las Isapres, porque son poco solidarias y discriminan a las mujeres que pueden tener hijos y a los ancianos.

Ser pro familia es no querer que los dueños de AFP sigan haciéndose ricos pagando jubilaciones de hambre.

Ser pro familia es respetar la diversidad sin renunciar a las propias convicciones, y para eso buscamos que los creyentes en un Dios no dejen de manifestarse en lo público.

Pro familia es ser contrario a cualquier tipo de aborto, no ocultarlo ni tener temor a decirlo con fuerza.

Pro familia es no creer que el problema de embarazo adolescente se soluciona con bonos.

Tolerantes.

En el día en que celebramos la Eucaristía, el encuentro de todos a agradecer, no podemos dejar pasar el reciente llamado del Papa Francisco, que nos recordó que “el cristiano debe construir puentes y no muros”, llamando a los cristianos a estar abierto a todos, listo para escuchar a todos, sin exclusiones.

Dejar las discriminaciones, buscar el encuentro ecuménico, respetar los orígenes étnicos, raciales, sociales y doctrinarios es labor del cristiano en política. Aportar tolerancia y apertura a escuchar y respetar, ése es el sentido que cada uno puede imprimirle a su voto.

Cuando colgamos un cartel que dice “Creo en Dios, ¿y qué?”, lo que intentamos decir son estas cosas. Buscamos una sociedad al servicio de las personas, centrada en la solidaridad, que no sea gobernada por el dinero ni por la dictadura de las utilidades.

Buscamos una revolución para terminar con lo anti ético de las Isapres y las AFP, donde los que tienen más, tributen más y donde no tengamos temor a proteger al débil, al desvalido, al marginal.

Una sociedad donde podamos expresar sin complejos los valores y creencias, principios al servicio de los seres humanos y no del acreedor o el abusador de turno.

Por eso creemos importante recordar el valor del cristiano en política y la participación activa de todos y cada uno de los que creemos que Dios está entre nosotros, especialmente junto a los más agredidos. Ese es nuestro lugar.

Pero entenderíamos mal si consideráramos que estos ejemplos sólo nos enseñan algo sobre el procedimiento y las formas. Por supuesto que el mecanismo de las primarias es infinitamente mejor que el de la designación de los candidatos por parte de las cúpulas partidarias entre las cuatro paredes de una oficina o un hotel de Santiago, pero las recientes experiencias nos hablan con mucha fuerza de una ciudadanía que demanda espacios de participación que van más allá del voto.

Las elecciones municipales y especialmente la primaria, permitieron que participáramos en decenas de encuentros y debates, en donde la gente pudo ver no sólo las enormes convergencias que, por ejemplo, teníamos con Ximena Rincón, sino también las diferencias. El debate de ideas y propuestas, planteadas con transparencia y audacia, y al mismo tiempo, con respeto y sin descalificaciones, creo que ha sido un componente esencial de la convocatoria de mucha de la gente que participó, especialmente de los cerca de 40 mil independientes que lo hicieron.Sinceramente, espero que la elección de la directiva DC siga por el mismo camino.

Hemos defendido con fuerza nuestra convicción de una candidatura de centro, socialcristiana y progresista. ¿En qué se traduce concretamente esto? En que creemos en el cambio y entendemos que Chile tiene enormes retrasos en su desarrollo, en la distribución más justa de sus riquezas, en el respeto de todos los ciudadanos, en la ausencia de discriminaciones y segregaciones, y por tanto estamos lejos de las posiciones conservadoras que pretenden mantener el statu quo, para que las mismas minorías privilegiadas de siempre sigan quedándose con la parte grande de la torta.

Y significa también que queremos ser audaces para promover los cambios y reformas que hagan a Chile un país más justo y solidario, pero que lo haremos con responsabilidad, con seriedad, escuchando y respetando las posturas de todos, especialmente de los afectados, y haciéndonos cargo de los anhelos de felicidad, de paz, de vida tranquila, de crecimiento de las personas a una escala humana.

Durante mucho tiempo se nos quiso hacer creer que daba lo mismo, que no había ya diferencias sustantivas entre lo que proponía uno u otro candidato. La próxima elección primaria, y también la posterior elección presidencial, nos mostrarán precisamente que no da lo mismo desde qué valores e ideas se construyen las propuestas de desarrollo y crecimiento.

En las primarias de la Concertación participará Andrés Velasco defendiendo las banderas liberales, José Antonio Gómez y muy probablemente Michelle Bachelet representarán el discurso socialdemócrata, más o menos cargado a la izquierda. Y nosotros, con mucho orgullo, defenderemos las ideas del centro socialcristiano, aquel que cree que en el foco de toda política pública debe estar la dignidad de cada persona, que promueve el desarrollo de las familias y las comunidades, que entiende la importancia del mercado pero demanda que sea claramente regulado para asegurar el bien común, que cree en un Estado fuerte para asegurar el acceso de todos a sus derechos y a la justicia y para cuidar a los que tienen menos, pero abierto, flexible y eficiente, para dar espacio a la libertad y la innovación.

Independientemente de quién gane las elecciones internas en la DC, estoy seguro de que tenemos una tarea común, la de defender nuestras ideas con fuerza y convicción, la de escuchar con apertura y proponer con audacia, el programa que Chile reclama y requiere.

Una elección presidencial no es un concurso de popularidad. La democracia se empobrece cuando en lugar de dar espacio a las ideas y las propuestas, se apuestan todas las fichas al caudillismo y el carisma personal.

Los recientes eventos nos muestran un país insatisfecho de lo que hay, pero ansioso de construir juntos un proyecto colectivo, inclusivo y justo.

No más de lo mismo ni más de los mismos, sino escucha sincera, diálogo constructivo e ideas compartidas en la construcción de un nuevo consenso, un nuevo trato para el Chile de todos.

Las encuestas tienen mil virtudes, pero hay una que todavía desconozco: su capacidad de predecir el futuro. Así como una foto de hoy es incapaz de determinar si mi estado físico será el mismo en un año, una encuesta es ineficaz para decir que pensarán los ciudadanos en el mismo periodo.

La democracia se sustenta en que la manifestación de la voluntad soberana de las personas se produce en un acto secreto y voluntario al interior de una urna, y no en una muestra aleatoria de unos pocos encuestados de meses antes. Demás está decir como los ciudadanos se han encargado en estos últimos meses de ratificarnos lo errados de estos diagnósticos: quedaron balcones preparados y botellas de champagne tapadas.

Mi convicción es, las campañas son consustanciales a la democracia: son el espacio en que en la plaza pública nos vemos expuestos a exponer nuestros ideales y programas.Y convencer a los ciudadanos que nuestro relato de lo que soñamos para Chile es coherente con el testimonio de nuestra trayectoria política.

Estilos y convicciones son puestas al ruedo público para que los ciudadanos decidan.

Para los que tenemos esas convicciones democráticas, resuenan ridículas las palabras que dicen que las primarias son un proceso para “legitimar” a ciertos candidatos que ganan en las encuestas. Esto se trata de democratizar los procesos e incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Ese es el gran paso que ha dado la DC al ser el primer partido que tiene primarias para elegir a su abanderado.

Las convicciones no se tranzan por una encuesta, se debaten en la calle. A los DC nos tiene que volver a latir el corazón, para ser una mayoría que articula los cambios políticos. Debemos recuperar la confianza de aquellos que dejaron de creer en la política.

A la política le sobra calculadora y le falta pasión. No podemos renunciar a priori a trascender con nuestras ideas: comunidad, libertad y dignidad de la persona humana.

Lo que en clave actual se transforma: en reforma urbana, protección de la clase media y los distintos tipos de familia, y redistribución del poder político, económico y social.

De lo que hablo no es de cupos, ni cuotas de poder, a lo que me refiero es a la esencia del humanismo cristiano: ser un partido de vanguardia que viene a transformar la realidad para hacer un Chile más justo. Un partido con vocación de transformación y no hambre de administración.

La otra dictadura que nos preocupa es la dictadura de los promedios. Mientras el Gobierno mira sorprendido su baja aprobación a pesar de sus “éxitos” económicos, nosotros sabemos que ha caído enamorado por la dictadura de los promedios.

Mientras el 77% de los chilenos se declara feliz, en el segmento ABC1 el 90% se encuentra en ese estado y en el estrato socioeconómico E baja al 56%.

En materia de embarazo adolescente hablamos que 54 de cada mil niñas queda embarazada, pero en Vitacura la cifra es de 5 de cada mil, mientras que en Collipulli es de 100 de cada mil adolescentes. Nuestra tasa de mortalidad infantil es promedio 7 por cada mil niños, pero si naciste en Sierra Gorda puedes ser uno de los 58 de cada mil niños que mueren al nacer.

Estos ejemplos pueden extenderse al infinito: superficies de áreas verdes para ricos y pobres, madres solteras de acuerdo a comunas, o tasa de homicidio según barrios.

¿De qué vale una campaña en este contexto?, es la oportunidad para construir una épica sustentada en una política que mira al futuro y sus perspectivas y no se engaña por su pasado.

Este 19 de Enero es mucho lo que está en juego. La DC ha ratificado su compromiso con la democracia en lo sustantivo: cada uno de ustedes será libre de elegir quién mejor representa en la próxima elección a este partido.

Ahora son ustedes los llamados a atreverse a derrotar las nuevas dictaduras.

El otro evento se realiza a varios miles de kilómetros hacia el este. No he visto información en la prensa.Tampoco me he encontrado con declaraciones de nuestras autoridades sobre el impacto de lo que en esa reunión podría ocurrir.

Probablemente sean pocas las personas en nuestro país informadas –y menos las interesadas- en la Conferencia Mundial sobre las Telecomunicaciones Internacionales (WCIT, por sus siglas en inglés) que comenzó el mismo 3 de diciembre en Dubai, convocada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, organismo dependiente de la ONU).

En La Haya nos jugamos que se refrende nuestro criterio histórico: que no existen litigios fronterizos y de soberanía pendientes con Perú, ya que a través de los acuerdos internacionales de 1952 y 1954 los límites marítimos entre ambos países quedaron fijados. Eso es en Chile política de Estado y recibe el unánime respaldo de todos los sectores.

Pero en Dubai nos jugamos algo que, a mi juicio, es también muy trascendente.Nuestra libertad de expresión y el libre acceso a información en Internet está en discusión. Internet puede cambiar con las decisiones que a contar del 3 de diciembre puedan tomarse –a puerta cerrada- en Dubai.

Un grupo de países, liderados por aquellos que hoy censuran el acceso a Internet, entre ellos China e Irán, están promoviendo se apruebe una norma que entrega a la ITU el control sobre la gobernanza de Internet. Ello significaría que serían los estados que integran la ITU, los que definirían las reglas del juego en Internet, pudiendo por las más diversas razones intervenir en todo los contenidos que se comparten a través de la Red.

Es cierto que su gobernanza actual no es perfecta y que Estados Unidos tiene un rol desproporcionado en ella. Sin embargo, su estructura abierta, su pragmática lógica de crecimiento y su gobernabilidad de abajo hacia arriba han hecho de Internet el formidable espacio de información, conocimiento y ejercicio de nuestros derechos que hoy es.

Los usos sociales de Internet han contribuido a cambiar el mundo en la última década y lo está haciendo para bien, permitiendo construir sociedades más abiertas, fomentando la innovación y colaborando en minimizar las asimetrías de información que están en la base de las desigualdades.

¿Cuál es la postura oficial de Chile en la Conferencia de Dubai? No se sabe.

A diferencia de los alegatos en La Haya, no sabemos cómo se pronunciará en Dubai nuestro representante, en este caso el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton. Más allá de algunas vagas declaraciones, aún no hay un pronunciamiento oficial.

Confiamos que Chile rechace los cambios que se proponen y defienda la Internet que hoy conocemos, una que basa su potencial de cambio no en la tecnología en sí misma, sino en la manera distribuida y descentralizada en la que fluye por ella la información.

En primer lugar, consensuemos que el litio debe ser explotado. En forma sustentable y eficiente, pero extraído al fin y al cabo, para superar la situación actual, en la que nos encontramos “sentados” sobre valiosos depósitos, sin explotarlos, tanto como los bolivianos siguen sin explotar sus enormes reservas de gas natural.

En segundo lugar, debemos tener un marco legal claro y que cuente con el respaldo de amplios sectores políticos y sociales.

Licitaciones que no cuenten con amplias garantías generan un margen de riesgo que hace que al final tengamos pocos interesados en participar en esta industria, y de los pocos que llegan, son empresas que tienen un historial de litigios, conflictos e incluso, malas prácticas empresariales.

Para evitar esto, quisiera proponer la creación de una empresa estatal, que podríamos llamar “Empresa Nacional del Litio”, que se encargue de explotar el litio, de manera eficiente y sustentable, como primer objetivo, y que explore las posibilidades reales de dar valor agregado a este recurso natural, en un mediano plazo.

Pero una empresa pública como se debe entender una empresa del siglo XXI: creada por ley, constituida como una sociedad anónima, supervigilada por la SVS y sometida a las normas del derecho común, que no dependa de ningún ministerio sectorial, sino que se relacione con el estado, a través del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y que cuente con un directorio pluralista, con nombres calificados propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública.

Esta empresa debiera explotar el litio, ya sea directamente, o a través de asociaciones con empresas especializadas, producto de licitaciones profesionales, competitivas y transparentes, sin conflictos de interés, parentesco, ni errores infantiles como los cometidos por el ministerio de Minería.

Una empresa pública con un directorio pluralista debe dar garantías a todos los sectores, tal como lo hace Codelco o TVN. Al ser una sociedad anónima, con un staff técnico y profesional debe darle garantías también a quienes temen la creación de un monstruo burocrático.

El SEP supervigila toda la industria portuaria, a través de empresas públicas, las cuales, a su vez, celebran contratos con privados especialistas.

Algo similar ocurre en las sanitarias no privatizadas. Es el momento que recojamos las buenas experiencias de nuestro Estado Empresario, que debe cumplir con los principios de la OECD que se aplican a las empresas públicas propias del mundo desarrollado.

Por último, cabe recordar que la creación de una empresa estatal debe ser aprobada por Ley de Quórum Calificado de acuerdo a la Constitución.

Esto permite discutir el tema en el Congreso, pero a través de una ley simple, que autoriza la creación de una empresa, fija ciertas reglas básicas, y se evita, por tanto, estar discutiendo en ambas cámaras un complejo tramado normativo.Esto debiera permitir una discusión de fondo, y no procesal en el Congreso, lo que podría ser ágil y efectivo.

La forma de explotación del litio entonces, será abordada por un órgano dedicado a eso, una empresa, y no un ministerio, que ya hemos visto no es el lugar más apropiado para dirigir la explotación de un recurso natural, menos uno definido como estratégico.

Hace años que no se crea una empresa estatal en Chile. Sabemos que el Estado debe concentrarse en regular y distribuir, dejando al privado, que es más eficiente, la labor de producción. Pero si el Estado debe intervenir, como en este caso por el carácter estratégico del mineral y por disposiciones constitucionales, es preferible que intervenga a través de una empresa, especializada y técnica, en vez de un ministerio, que carece, como hemos visto, de las competencias técnicas necesarias.

El Estado de Chile, por lo demás, tiene buenas empresas públicas (TVN, Metro, Banco Estado, Codelco, por nombrar algunas) que son capaces de cumplir los roles que les hemos asignado de manera competente, eficiente y crecientemente sustentable.

Tal vez llegó el momento de crear la primera empresa pública de este siglo.