En este camino avanzamos como Servicio Nacional de la Mujer este 2015, con la creación de una institucionalidad largamente esperada por las mujeres y sus organizaciones, como es el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Un ministerio que pone las necesidades y demandas de las mujeres al más alto nivel del Estado y nos permite aumentar las facultades para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas.

Avanzamos también este año en una reforma histórica que eliminó el sistema electoral binominal y lo reemplazó por uno de carácter proporcional inclusivo que incorporó el criterio de paridad de género en las candidaturas al Congreso Nacional.

Este es un avance importantísimo para las mujeres, que actualmente sólo tienen una representación del 15,8% en la Cámara de Diputados y el Senado, pese a que somos el 52,7% de la población. Con esto, desde las elecciones parlamentarias de 2017, las candidaturas que presenten las colectividades políticas deberán respetar la proporción que ni mujeres, ni hombres tengan menos del 40% ni más del 60% de la composición de la lista y tenemos el desafío de lograr que más mujeres sean efectivamente electas en estos cargos de representación.

Por otro lado abrimos un debate que la sociedad chilena había esperado por más de 25 años y que cuenta con un respaldo promedio de 70%, con la presentación de un proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Se aprobó la idea de legislar y tras su paso por la Comisión de Salud, el proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esta iniciativa abre opciones a las mujeres, sin imponer decisiones, garantiza acompañamiento y prestación de salud, entregando una respuesta a quienes enfrentan un embarazo donde su vida corre riesgo, donde existe inviabilidad fetal letal o que ha sido producto de una violación.

Como Sernam además hemos fortalecido los enfoques de autonomía económica de las mujeres, a través del Programa Mujer y Trabajo. Con el Programa Mujeres Jefas de Hogar llegamos a mujeres de diversos territorios del país, de zonas tan distintas como Putre o Puerto Natales.

Impulsamos las Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, invitando a gerentes directivos de empresas y a sindicatos a convertirse en Agentes para la Igualdad de Género, y difundimos estas ideas en seminarios y talleres en todo el país.

Promovimos la corresponsabilidad, contribuyendo al cuidado de los hijos e hijas para que las mujeres puedan estudiar y/o trabajar. Apoyamos y acompañamos las iniciativas de emprendimiento a través del programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento.

Asimismo, dimos pasos concretos para proteger a las mujeres que viven violencia y erradicar este problema de nuestra cultura. Al terminar este año, vamos a contar con 8 nuevas Casas de Acogida y 6 nuevos Centros de la Mujer habilitados, con lo que buscamos mejorar la cobertura territorial y la atención, protección y reparación integral que ofrecemos a las mujeres que viven violencia.

Pero además hemos puesto nuestros esfuerzos en la prevención, pues sabemos que necesitamos llegar antes, ya que en promedio las mujeres demoran 7 años en denunciar a quienes las violentan. Por eso implementamos el Programa de Formación de Monitoras y Monitores, dirigentas y dirigentes sociales en Prevención de Violencias contra las Mujeres. Más de 1.400 personas se capacitaron y el 2016 continuaremos ampliando esta cifra en nuevos territorios. 

Por otro lado, en el Programa de Mujer, Participación y Ciudadanía descubrimos que los conversatorios y talleres eran muy esperados por las mujeres. Por eso hemos fomentado la autonomía política y la participación social de las mujeres dándoles herramientas para que puedan ejercer sus derechos.  Las mujeres son las que más participan en organizaciones territoriales y en partidos políticos y el desafío es que puedan incorporarse a los espacios de toma de decisión política, económica, social y cultural.

Esperamos que este trabajo allane el camino para el proceso de diálogos participativos que dará origen a las bases de una nueva Constitución, para que las voces de las mujeres estén representadas en la nueva carta fundamental e incorporados los contenidos que garanticen la efectiva igualdad entre hombres y mujeres.

El 2016 seguiremos dando cumplimiento a la Agenda de Género del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, para avanzar en el objetivo central del programa, que es acortar las brechas de desigualdad del país.

Así, durante los últimos 12 meses, casi 71 mil mujeres encontraron un trabajo, en forma asalariada o a través de un emprendimiento propio. 

La Agenda de Género que impulsa el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet busca hacerse cargo de este desafío impulsando y fortaleciendo la autonomía económica de las mujeres a través de políticas públicas concretas y compromisos de carácter transversal.

En este camino, esta semana Chile Compra lanzó la Directiva de Compras y Contratación Pública N° 20, Enfoque de Género en Materia de Compras Públicas, que abordará la brecha de género en el mercado público, donde las mujeres alcanzan sólo el 36% de las personas naturales que ofertan y se adjudican solo un 26% de los montos, según estudio realizado por la institución en el 2014.

Así, a través de medidas como incluir en licitaciones criterios de evaluación de alto impacto social, que permitan una mayor equidad de género e inclusión de las mujeres en el sistema, el Estado se hace cargo de la necesidad de acortar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

Por otro lado, desde el Sernam, hemos realizado Escuelas de Emprendimiento, generando espacios para que las mujeres se conozcan, formen redes de trabajo y descubran potenciales nichos de negocio.

Asimismo, el Programa Mujeres Jefas de Hogar en 2014 busca fortalecer sus capacidades con habilitación para el trabajo, formación en derechos laborales y de género de manera de promover mejores condiciones para el empleo.

Pero a pesar de que se ha avanzado en la tasa de participación laboral de las mujeres, ésta continúa siendo baja en comparación con los países de nuestra región. En Chile alcanza el 48,1%, en tanto,  según la CEPAL el promedio en América Latina es de 52%.

Todo esto, reafirma la necesidad de avanzar hacia el cambio cultural que nuestro país necesita para acortar las desigualdades, considerando tanto a hombres y mujeres desde sus capacidades y aportes a la sociedad, entendiendo que somos diferentes, pero esta diferencia no puede seguir siendo motivo de inequidad y discriminación.

El mensaje es claro. Nuestro país necesita de las mujeres para su crecimiento económico, así como para seguir avanzando hacia una sociedad igualitaria, que ofrezca oportunidades equitativas a sus ciudadanas y ciudadanos, independiente de su lugar de origen, situación socioeconómica, acervo cultural o si son hombres o mujeres.

Como Gobierno, seguiremos enfocando nuestros esfuerzos para cumplir estos objetivos.

Tal como planteaba el mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet en la presentación del proyecto, “los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres, y por el contrario, se traducen en una vulneración de sus derechos”. Resulta, entonces, apremiante que enfrentemos como sociedad un debate largamente postergado que debe ser asumido respetando todas las perspectivas que sobre el mismo existen. La iniciativa del Gobierno se enmarca, precisamente, en esta realidad.

La propuesta que está en el Congreso busca abrir opciones para las mujeres que enfrentan tres situaciones críticas y acotadas: cuando su vida corre peligro, cuando se diagnostica inviabilidad fetal letal y cuando el embarazo es producto de una violación. En estos casos, no resulta legítimo que obliguemos a las mujeres a mantener un embarazo bajo la amenaza del uso del derecho penal. Debemos permitirles decidir libremente cómo desean enfrentar estas situaciones y acompañarlas de forma respetuosa en sus procesos de decisión.

Lamentablemente, hay quienes han querido sembrar dudas sobre los márgenes de estas causales, pretendiendo confundir y engañar a la ciudadanía.

Cuando el proyecto plantea que se resguarde la vida de la mujer, nos referimos a que tenga acceso a los tratamientos médicos que permitan preservar su vida, aún si ello implica que se deba interrumpir el embarazo.

Es importante aclarar que la inviabilidad fetal se refiere a casos de malformaciones congénitas o genéticas estructurales letales. En ningún caso podría considerarse que el Síndrome de Down o el labio leporino, como se ha sostenido, se incluyen en esta causal. Tanto el peligro de vida de la mujer como la inviabilidad deben ser diagnosticadas por profesionales idóneos.

Por otro lado, cuando una mujer queda embarazada a causa de una violación, el proyecto de ley busca darle la posibilidad de decidir sobre la continuidad del embarazo. Las niñas, adolescentes y mujeres adultas que han sido víctimas de una agresión sexual están en una situación en que su voluntad ha sido negada a causa de un ataque feroz. El proyecto reconoce su voluntad y establece un espacio para que decidan sin temor a que se inicie un proceso penal en su contra o que busquen realizar una maniobra en condiciones sanitarias inseguras, en la ilegalidad.

En cualquiera de los casos, ninguna mujer será obligada a interrumpir o continuar con un embarazo.

Sabemos que el debate sobre este proyecto de ley remite a las convicciones más profundas de cada persona y es por esto que sostenemos la firme idea de que este proyecto no impone sino que abre opciones a las mujeres y permite que ellas manifiesten su voluntad.

Esperamos que el debate público y legislativo se dé con altura de miras, en el marco del respeto y refleje el apoyo que los estudios de opinión dan a la idea de legislar sobre estas tres causales.

En este sentido, los aluviones que han ocurrido en el norte de nuestro país nos plantean el desafío de abordar la emergencia y el proceso de reconstrucción considerando una perspectiva de género.

Durante las catástrofes, es frecuente que las mujeres, además de tener que hacerse cargo de sus propias pérdidas y necesidades, asuman responsabilidades como el cuidado de quienes no pueden valerse por sí mismos, la contención emocional de los miembros de la comunidad afectada, la preparación de alimentos, la limpieza de los lugares comunes y el reestablecimiento de redes de apoyo y asociatividad disueltas por la emergencia.

Al mismo tiempo, el estrés posterior a los siniestros y las condiciones provisorias de sobrevivencia, aumentan el riesgo de que las mujeres experimenten vulneración en sus derechos y no pocas veces situaciones de violencia de género.

Las realidades propias de una catástrofe resultan particularmente desfavorables para las mujeres: falta de privacidad en espacios como los albergues, problemas en la iluminación de los hogares y la vía pública, limitada disponibilidad de servicios sanitarios básicos y de artículos de higiene personal, dificultades en acceso y uso de métodos de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, distribución desigual del trabajo comunitario,falta de redes del cuidado de hijos e hijas, pérdida de fuentes laborales.

Por ello, la labor que actualmente realiza el Servicio Nacional de la Mujer en las zonas afectadas por los aluviones ha consistido en brindar apoyo a las mujeres, procurando que la contención psicológica que se realiza en los albergues llegue especialmente a las ellas. A su vez, contribuir en la aplicación de la Encuesta Única Familiar (EFU), para que la ayuda sea entregada prioritariamente a quienes viven mayor vulnerabilidad tras la catástrofe.

Como SERNAM también hemos entregado algunas recomendaciones que, desde un punto de vista de género, se deben tener en cuenta en la convivencia al interior de los albergues tales como: que las mujeres puedan participar de los distintos comités de organización del albergue o de la reconstrucción, para ello fomentar la participación de los padres en el cuidado de hijas e hijos; establecer códigos de conducta que aseguren una convivencia de respeto entre las personas y generar mecanismos de protección para las niñas, adolescentes y mujeres que enfrenten situaciones de violencia de género en el refugio, entre otras medidas.

Por otro lado, es importante contar con personal femenino y masculino en todos los niveles de atención y contención que se realicen durante la emergencia, así como impulsar la privacidad de las consultas médicas junto a las actividades educativas, preventivas y de autocuidado dirigidas a la población en general, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los distintos grupos afectados.

Las funcionarias y funcionarios del SERNAM y de otros servicios públicos que viven en la zona siniestrada, y que también han sido afectados y/o damnificados, realizan sus mejores esfuerzos día a día para que las mujeres y la población en general puedan superar la emergencia y recuperar la normalidad a partir del respeto a la diversidad y la equidad de género.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización del ministerio del Interior de 2013, una de cada tres mujeres chilenas declara haber vivido o estar viviendo violencia física, sexual o sicológica,

Estas cifras refuerzan la importancia de impulsar un Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia la Mujer, en que hemos estado trabajando con ahínco desde mediados de este año y que pronto podremos anunciar en detalle.

En paralelo, el presupuesto 2015 del Sernam aumentó en un 9,3% respecto al presente año, con lo que llegaremos a 35 casas de acogida para mujeres víctimas de violencia y a 104 Centros de la Mujer durante ese año. Además, implementaremos un nuevo programa de Prevención Integral de Violencia Contra las Mujeres, que contará con un financiamiento de más de 1.100 millones de pesos y que permitirá sensibilizar e informar a la población, además de formar monitoras y monitores en prevención.

Como se ve, estamos llevando adelante una decidida Agenda de Género que, entre otros objetivos, busca visibilizar todas las formas de violencia contra la mujer y trabajar en aras de su erradicación.

Campañas como la que desarrollamos en noviembre bajo el lema “Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia”, constituyen un aporte significativo y ayudan a que las mujeres se atrevan a denunciar. Ese mes, las llamadas al fono de orientación gratuita del Sernam 800-104-008 aumentaron en un 93% y cerca del 60 por ciento se relacionaba con temas de violencia contra la mujer tanto en el espacio de la familia como en otros ámbitos públicos o trabajo.

La violencia contra las mujeres no es responsabilidad de quienes la viven, ni de las mujeres, ni siquiera del Sernam. Es una conducta aprendida en nuestra cultura y, por lo mismo, se nos hace invisible porque está naturalizada.

Es decir, no nos damos cuenta de que está ocurriendo porque mujeres y hombres hemos aprendido, desde nuestras familias, en la escuela, en nuestras relaciones interpersonales, a través de los medios de comunicación y en la industria de la entretención que las mujeres pueden ser subvaloradas, controladas, castigadas e incluso asesinadas.

Las mujeres que viven violencia viven con miedo, en silencio, inseguras, aisladas de sus familias y de sus amistades. Tienen comportamientos  que dan cuenta de lo que está ocurriendo: a estas señales debemos estar alertas.

Éste es un fenómeno transversal y puede afectar a una diversidad de mujeres, sean madres, trabajadoras, jóvenes o mayores, profesionales y/o dueñas de casa, vivan en sectores rurales, en grandes ciudades o en pequeñas.

En general, las mujeres que viven violencia se sienten responsables por lo ocurrido, incluso se sienten culpables y temen ser rechazadas por las personas cercanas. Por eso es tan importante la confianza, el acompañamiento y el apoyo a las mujeres cuando denuncian.

Es urgente que detengamos los femicidios y todas las formas de violencia contra las mujeres.Cada una y cada uno tiene el deber de contribuir en esta tarea. Las cifras demuestran que, por lo menos, una mujer en nuestro entorno vive violencia: en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en el liceo o en la calle por la que transitamos.

Es por eso que hemos llamado a la comunidad a estar alerta a las señales, a tomar conciencia y  actuar. Sólo así construiremos una sociedad más justa, más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres.

Son conocidos los múltiples obstáculos a este cambio, basados sin duda en el deseo de mantener el statu quo e impedir así que se realicen en Chile las transformaciones sociales que la mayoría demanda.

El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet contó con un amplio respaldo ciudadano porque se hizo cargo, precisamente, de estas demandas: reforma tributaria, reforma en educación, nueva Constitución. Para hacer realidad este proceso de transformaciones y construir el país más justo que queremos, necesitamos que las distintas opiniones estén representadas en el Congreso.

Un sistema electoral proporcional va a dar cuenta de las mayorías y minorías y de las posturas que representan. Parte del alejamiento de las ciudadanas y ciudadanos de la política se debe precisamente al sistema binominal que no permitía su verdadera expresión.

El fin a este sistema es un hecho histórico. Pero adquiere mayor fuerza cuando, por voluntad de la Presidenta Michelle Bachelet la propuesta del gobierno incluye el criterio de paridad de género, de modo de avanzar de manera decidida en la representación de las mujeres en el Congreso.La perspectiva de asegurar que ningún sexo tenga una representación menor de un 40% ni mayor al 60% garantiza la equidad de género, indispensable para un verdadero desarrollo de nuestra democracia.

Esta propuesta asumió medidas concretas y efectivas para garantizar la participación de las candidaturas de mujeres: incentivo económico al colectivo partidario por candidata electa y reembolso mayor por voto a las candidatas. Por otro lado, la inclusión de que las candidaturas de mujeres y hombres se presenten de manera alternada en las listas también da prueba de mayor igualdad de oportunidades.

Muchos se preguntan cuál será la diferencia con un Congreso Nacional con mayor presencia de mujeres. Las mujeres somos, a pesar de que se olvida, un poco más de la mitad del país.

Por lo mismo, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras perspectivas y realidades tienen que tener representación en los parlamentos donde se deciden las leyes que nos regirán.El largo trámite de ley sobre el femicidio dio cuenta de las barreras culturales que existían -y que perduran- para comprender realidades que vivimos las mujeres.

Sin duda que el término del sistema binominal es una gran noticia, pero que el nuevo sistema electoral proporcional sea más equitativo para mujeres y hombres constituye un cambio trascendente para nuestra democracia, dando cumplimiento al compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet.

Es un hecho de la causa que se avanzó sustancialmente en el cumplimiento de las 56 medidas de los primeros 100 días del Gobierno de la Presidente Michelle Bachelet Jeria.

Y fueron, por cierto, 100 buenos días para las mujeres chilenas. De partida, logramos, desde el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), cumplir con las medidas que teníamos establecidas, esto es, el proyecto de ley que crea el ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la ubicación de las 25 nuevas Casas de Acogida, el plan de capacitación para 300.000 mujeres, el programa Más Sonrisas para Chile, y el proyecto que reforma el sistema electoral binominal que incluye el criterio de paridad o cuota de género.

Son medidas concretas y de efecto directo en la calidad de vida, protección y desarrollo de las mujeres chilenas.

En tres meses estamos avanzando de manera decidida en la Nueva Agenda de Género que impulsamos como Gobierno.

En la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados se aprobó de manera transversal la idea de legislar el proyecto de ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y hoy se sigue discutiendo y aprobando en particular.

Este Ministerio permitirá impulsar leyes y medidas administrativas para el pleno ejercicio de los derechos e igualdad de las chilenas en el mundo del trabajo, la participación social y política, entre otras.Una actividad central de sus tareas será desarrollar, en mejores condiciones, programas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Contar con recursos y atribuciones permitirá promover y defender los derechos de las mujeres y avanzar en cambios culturales dentro de la sociedad que permitan avanzar en la igualdad y equidad de género.

La Nueva Agenda de Género asume con fuerza el trabajo contra la violencia hacia las mujeres. En ese sentido, se duplicará el número de Casas de Acogidas para mujeres víctimas de violencia, en riesgo vital, y para sus hijas e hijos.

Se instalarán 25 nuevas casas a lo largo de todo el país. Este año estarán habilitadas en Tocopilla, San Bernardo, Quillota y Puerto Montt. Estos son espacios confidenciales, seguros, de carácter temporal, donde se entrega apoyo para que la mujer rehaga su vida, entre en un proceso de autonomía y se inserte en la sociedad.

Con el programa “Más Sonrisas para Chile”, al final de estos cuatro años de Gobierno, serán beneficiadas 400 mil mujeres. Ellas tendrán mejor calidad de vida, una salud bucal en condiciones adecuadas, les significará un apoyo para la consecución de una fuente laboral, pero sobre todo implicará dignificarlas, cuidarlas y elevar su autoestima.

Junto con aquello, en estos tres meses de gestión, también se avanzó en cómo ejercer los derechos políticos de las mujeres.La reforma electoral que termina con el binominal, incluyó un criterio de paridad de género, que establece que en las candidaturas parlamentarias de los partidos políticos, no podrá haber más de un 60% de candidatos de un mismo sexo. Esto indica que, en el futuro próximo, las mujeres deberían constituir al menos el 40% de las postulaciones al Congreso.

Por otro lado, preocupados por la inserción de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, y enfrentando las barreras que impiden la incorporación en mejores condiciones, se estableció el plan de capacitación laboral para trabajadoras, lo que beneficiará a 300 mil mujeres en todo el país.

También se enviaron indicaciones al Congreso para garantizar los derechos de las trabajadoras de casas particulares, a partir del Convenio 189 OIT.

Se instaló también el Comité de Ministros y Ministras por la Igualdad de Género, presidido por la Presidenta Michelle Bachelet, que permitirá transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas abordadas por el conjunto con carteras ministeriales.

Asimismo se planteó el llevar adelante, como lo establece el programa de Gobierno, la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de inviabilidad del feto, violación y peligro de vida de la mujer embarazada.

Entonces, claramente estamos ante una nutrida y contundente Agenda de Género del Gobierno de Michelle Bachelet. En eso seguiremos trabajando durante toda esta administración.