Hay que sobreponerse a este nefasto escenario de disgregación, pugnas, recriminaciones o simple división. Se debe retomar esa antigua y no superada máxima del principio de sumar fuerzas, tan simple y certera como poner lo que une por encima de lo que separa, lo que nos convoca como lo primordial.

En tal sentido, hay que rememorar la historia y volver nuevamente a aquilatar los hechos que motivaron el acuerdo político programático que hizo posible la configuración del actual ordenamiento de fuerzas en el país.

La efervescencia social que remeció el gobierno anterior, aquella soberbia administración autodefinida como de “excelencia”, atrapada en sus propios conjuros como prometer una “revolución educacional” que jamás estuvo en sus planes, se presentaron energías sociales inesperadas, que fueron más allá de una mirada crítica a la gestión piñerista y se asociaron con dilemas muy profundos del país; en particular, un rechazo a la permanencia de un sistema de enseñanza segregador y excluyente.

Desde la Educación, en la ciudadanía se evolucionó rápidamente al desafío de la lucha contra la desigualdad que, desde hace años, señalamos como la causa estimulante del malestar o del descontento, muchas veces difuso, en amplios sectores ciudadanos.

Como es lógico en democracia había otras opiniones, también fundadas en diversos ingredientes del acontecer nacional, como que el problema central estaba en las llamadas “formas de hacer política” que en algún tiempo se enfatizaron muy intensamente como lo fundamental, sobretodo en sectores liberales de la entonces Concertación; o los temas del medio ambiente, que en una franja transversal de intelectuales apareció como primordial.

Sea como hayan ocurrido los procesos, el hecho es que el tema de la desigualdad se instaló como no se había instalado antes y el Programa presidencial lo adoptó como el factor primordial y orientador de las reformas estructurales a realizar en el segundo gobierno de Bachelet.

Las formaciones políticas de la Nueva Mayoría se unieron para dar respuesta a ese gran anhelo nacional. Este convencimiento se entronca con la ya dilatada brega que por la justicia social vienen librando los Partidos históricos de este bloque por los cambios, desde el más que centenario Partido Radical, incorporando al Partido Comunista, el Socialista, la Democracia Cristiana y el PPD; en su génesis todas son fuerzas cuya contribución a Chile, va más allá de cualquier diferencia en la contingencia.

En su conjunto han impulsado  el progreso social en el país, el propio desarrollo del Estado Nacional, su necesaria separación con la Iglesia, la industrialización desde la CORFO, el sistema de Educación Pública, la reforma agraria y la modernización de la agricultura, la recuperación del cobre y de las riquezas básicas, la extensión de la infraestructura y las obras públicas; así como, impulsaron los derechos de los trabajadores, del campesinado, la mujer y la juventud.

Asimismo, se comprometieron con la libertad de culto, el respeto de las minorías discriminadas y por los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando fue la hora más difícil, dieron lo mejor de cada una de ellas para recuperar la libertad perdida bajo la dictadura.O sea, hicieron todo lo que les fue posible por Chile.

Entonces, en la mirada larga se pone de relieve el aporte histórico que a esas organizaciones políticas les ha dado vigencia, raíces y sentido nacional. Ante ello, no hay que perderse y trabajar mirando al futuro, que no debiese tener otro objetivo, que no sea echar las bases de un acuerdo político que de continuidad a las fuerzas de la Nueva Mayoría, con vistas a que el proceso de reformas traspase los límites de un solo gobierno y pueda dar un nuevo paso adelante con la coherencia, el realismo y la capacidad de cambios que hoy Chile necesita.

Hay una queja en dicha carta, esta se refiere a que en el gobierno, que no es encabezado por una figura de la DC, el protagonismo de este Partido no sería tan firme o de tanto “perfil”, como desearían sus firmantes.

Hubo una etapa que fue al revés, los dos primeros periodos presidenciales luego de la dictadura.En tan decisivo ciclo, en su carácter muy distinto del actual pues se trataba de reponer y afirmar la democracia, las fuerzas de izquierda de la Concertación, sin perder su identidad, no regatearon o titubearon en su compromiso y apoyo a los Presidentes democráticos provenientes de la DC.

Había quienes en su interior también esperaban o pedían más “perfil”, másprotagonismo, se usaba la denominación PS-PPD para referirse a la izquierda participante del gobierno, ya entonces se podían notar ciertos afanes de lucimiento sólo personal. No obstante, la lealtad democrática hacia los Presidentes, en su origen DC, hizo prevalecer el objetivo común y se mantuvo dentro de criterios claramente constructivos, que siempre evitaron llevar agua al molino de la regresión pinochetista.

Como es natural, hubo situaciones difíciles. Recuerdo en particular, las diferencias que hubo por el impacto generado con el desacato de Manuel Contreras, gracias a la activa complicidad de Pinochet, al fallo de la Corte Suprema por el crimen de Orlando Letelier. En esa etapa, se cruzaron dos temas sumamente delicados, la estabilidad institucional y la necesidad de verdad y justicia en materia de Derechos Humanos y se logró que ambos prevalecieran.

Ahora bien, en tan complejas horas al tratar las diferencias, el entonces Presidente Frei y el PS, entendieron la lealtad al proyecto común como lo esencial. También ocurrió en el gobierno del Presidente Aylwin. Hubo divergencias pero no se rompió la unidad.

En ello, hay que decirlo, hubo una voluntad, un espíritu, que se volcó en una decisiónpolítica de sacar adelante la reinstalación de la democracia, desde esa perspectiva brotó la generosidad necesaria y la destreza política para superar los obstáculos mirando el país y no el interés limitado de cada fuerza o liderazgo por separado.

La DC logró que sus líderes entregaran la tarea realizada y, la izquierda desde la Concertación ganó en apoyo y respaldo social por su permanente responsabilidad política, que pasó a ser un factor clave de la gobernabilidad democrática. Este proceso fue público, conocido ampliamente por el país, y nada de lo que ocurrió fue oculto o bajo cuerda. Las divergencias se trataron con altura y sin descalificaciones. Quienes no concuerdan con ese periodo, insisten en que las políticas se resolvieron entre cuatro paredes, debieran revisar la prensa de entonces y saldrían del error.

El pinochetismo que apostaba a la inestabilidad y al miedo generado por un clima de desgobierno, que en sus cálculos sería creado desde la izquierda que mantendría una conducta anarquizante, empujada por demandas sin control, fue quedando en el vacío, cediendo terreno, hasta ser definitivamente derrotado. La fuerza democrática de la estabilidad institucional términó de sellar la derrota política del ex dictador y de su base de apoyo en la derecha.

De modo que la consolidación de la gobernabilidad bajo el liderazgo civil, echó por tierra la pretensión dictatorial de imponer el esquema institucional de la democracia protegida, bajo tutela militar. En tales circunstancias, no artificiosa ni arbitrariamente, fue que se comenzó a hablar del eje DC-PS, por su capacidad de responder a los retos centrales y a largo plazo, tanto de lo que fuera la Concertación, como de la estabilidad democrática del país.

El nuevo contexto, obligó a adaptarse a los actores políticos de la derecha, su largo matrimonio con la dictadura tuvo que ser concluido, para sobrevivir sus Partidos requerían votos y debían competir en elecciones populares, libres y competitivas, así se dieron a la tarea de “aggionarse”. A disgusto, la derecha hubo de abandonar sus sombríos vaticinios de que la democracia traía la anarquía.

La realidad fue tan indesmentible que la UDI y RN, debieron reconocer o resignarse a ello, que la estabilidad institucional del país estuviese asegurada por el entendimiento estratégico entre el centro y la izquierda, aquel mismo que habían descalificado como antesala del caos y el desorden. Hay algunos de ellos que ahora, después de tantas descalificaciones, con buena o mala intención, señalan que “echan de menos” a la Concertación.

Sólo cenáculos ideologizados, el lumpen al que sólo lo mueve el saqueo callejero, o el subjetivismo refundacional, desconocen lo esencial que fue para Chile transitar por esa etapa, de evitar un choque violento y estéril cuando más le convenía al dictador, de asentamiento paulatino de la realidad democrática y de progresivo desarme de la ultraderecha y de los grupos militaristas que se agrupaban bajo el paraguas del legado de la dictadura.

Ahora bien, la renaciente democracia entregó al país un avance estable, no espectacular pero consistente, para muchos inesperado, que trajo nuevas exigencias y, al mismo tiempo, en un país más maduro, puso en el centro de la atención ciudadana el tema de la desigualdad. Como sucede a escala global el progreso en la sociedad chilena fue enormemente desigual. Ello modificó la actitud hacia las fuerzas políticas, fenómeno acentúado por la condena a las malas prácticas y los hechos de corrupción o faltas a la probidad.

A lo largo de esta etapa, con su coherencia y responsabilidad política, la izquierda chilena que formó parte de la Concertación, se ganó un lugar de respetabilidad y legitimidad democrática, que le permitieron que sus liderazgos llegasen a encabezar la alianza de gobierno y el país, y luego, liderar la Nueva Mayoría y el actual periodo presidencial. Los hechos no ocurrieron de manera casual o fruto del azar, hubo una estrategia política de largo aliento que nutrió a la izquierda en el gobierno, como centro de una confluencia mayoritaria de fuerzas que le dio a Chile un nuevo horizonte.

Se trata de liderazgos surgidos de la diversidad y del carácter esencial que tiene cada fuerza por separado para llegar a ser mayoría nacional en conjunto. Nadie sobra y cada uno tiene un rol fundamental. Si alguno falta la tarea no se puede cumplir. Esa es la singularidad y “dialéctica” de este entendimiento que tan clave y primordial ha sido para Chile.

El perfil se gana, se construye, no se inventa arbitrariamente, surge y se modela de las luchas democráticas, de la comprensión de la realidad y de las respuestas programáticas a los nuevos desafíos.

El rol de cada fuerza no sale de un decreto, es una labor ardua de creación política y, esencialmente, de responsabilidad con el país. Si no se cuenta con ese patrimonio no hay reclamo, por airado que sea, que pueda resolver las grandes exigencias a las que hoy se enfrentan las fuerzas políticas.

Son vaticinios que desprecian el esfuerzo de los que se han dado la tarea de trabajar, independientemente de sus imperfecciones, precisamente, en búsqueda de una convivencia social que no esté amenazada por las catástrofes y tragedias que, augura este tarotista que, hay que recordar, pretendió salvar la dictadura recurriendo a las ciencias ocultas.

Hoy, la auténtica bancarrota, es el deterioro de la legitimidad del sistema político, en particular de la UDI, por las diversas causas por soborno, lavado de activos, fraude tributario y otros delitos que están en los Tribunales de Justicia.

Muy lejana a la crudeza de estos hechos, en la derecha “miran p’al techo” ante las pruebas que el Ministerio Público ha entregado sobre pagos ilegales a ex ministros, subsecretarios, senadores, diputados y alcaldes de sus filas, que indican ingresos incompatibles con las funciones políticas y de servicio público, que tales personeros tenían bajo su responsabilidad. La lógica de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, continúa siendo pilar central de su mirada de la realidad.

Ahora bien, a pesar de ello, haciendo pie en los desafortunados episodios que han tensionado el bloque de gobierno, la Nueva Mayoría, en la derecha ya proclaman eufóricos que esta está en descomposición, y se frotan las manos esperando que la división sea la causa de la derrota, del que ha sido un acuerdo programático, sin precedentes, entre las fuerzas reformistas, de izquierda y de centro, que hoy dirige el Estado.

Los cálculos de la derecha no son sólo imaginación o deseos, ya que se ve una distancia real en el grupo de Partidos que apoya la Presidencia de Bachelet. En los dichos de algunos de sus personeros aparecen más deseos de separarse que de unirse.

Ello exige una nueva mirada en las fuerzas de la Nueva Mayoría, que pueda ser capaz de valorar al aporte de todos y cada uno al desafío compartido de sacar las reformas adelante y de aquilatar la dimensión de la tarea que se han propuesto.

A la vez deben tener clara conciencia que su eventual dispersión sería una derrota para todas y cada una de las fuerzas que se comprometieron con un conjunto de transformaciones contra la desigualdad en el país.

Un fracaso que abra nuevamente el camino a la derecha, significaría una regresión social, que dañaría muy severamente la legitimidad de las fuerzas de la Nueva Mayoría como alternativa de gobernabilidad democrática para Chile,

Una idea muy repetida, pero errada, es que no importa lo que  pase con el centro político, de lo que se trata es de”fortalecer la izquierda”, ese propósito es tan transparente como equivocado. Hoy en el país, la fuerza que más resultaría afectada por el colapso del bloque de la Nueva Mayoría y el impacto que ello tendría sobre la marcha del gobierno, que duda cabe, sería la izquierda.

La razón es clara, no podría refugiarse en argumentos que intenten culpar a terceros por que las reformas se detengan ante la ausencia de una mayoría suficiente para sustentarlas. Frente a las dificultades responder con precipitación e inmadurez no es argumento válido.

En consecuencia, el destino de las reformas está en sus manos, en su madurez y espíritu unitario, en la capacidad de poner lo que une por encima de lo que divide. En suma, en no caer en la trampa de falsos protagonismos, que aíslen y lleven las reformas a una ruta que se torne intransitable.

A las amenazas de “desgobierno” de la derecha no hay que tenerle miedo. Ya no hay guerra fría, la excusa de la amenaza del comunismo no existe, ya no habrá golpe militar otra vez. Lo que se debe temer son las propias intolerancias y el descontrol en los juicios, que lleva el diálogo pluralista al terreno de las recriminaciones.

El problema está en nuestras propias fuerzas.

En demandas corporativas que se tornan incontrolables, y que suman y suman obligaciones al Estado, tantas que éste, simplemente,  ya no las podrá cubrir.

En la actitud de creerse poseedores de la verdad y descalificar toda la etapa histórica anterior.

En querer reducir la amplitud de la alianza o del bloque en el gobierno, para que se queden los “puros, duros y maduros”.

En suma, persiste el riesgo que se imponga una visión estrecha, sectaria, de iluminados, que nos condene a ser minoría y pavimente la vuelta de la derecha al poder.

Ante ello, asumir que en la Nueva Mayoría nadie sobra, que la amplitud es fundamental para asegurar un camino de mayorías que respalden las reformas y que la vía institucional es la clave de la transformación democrática, constituyen criterios probados por los que avanzo el pueblo de Chile.

Este camino, de la unidad en la diversidad, del cambio gradual, por vía institucional, es el mejor antídoto para derrotar a los que andan metiendo miedo.

Estamos entonces ante una inquietud de trascendencia, vale decir, si los Partidos, liderazgos y/o centros de pensamiento, a quienes toca ejercer influencia y dirigir la acción política, empresarial, u otros asuntos esenciales del país, tienen o  no conciencia de su responsabilidad, o si sufren de una grave inconsciencia ante sus obligaciones hacia Chile.

La idea que la conducción de los asuntos públicos esta señalada en el Programa presidencial del 2013, votado con un amplísimo respaldo de 62%, en la segunda vuelta de enero del 2014, es una respuesta cierta, válida pero insuficiente. Allí está el compromiso orientador del bloque de gobierno y sus tareas fundamentales, que se ejercen desde el rol esencial que en nuestro sistema político e institucional corresponde a la Presidencia de la República y, al gobierno, que desde allí se dirige.

No obstante, no podrían estar todas las respuestas, ideas o clarificaciones que una nueva realidad, diversa y en evolución exige del Estado y de las fuerzas políticas, como tampoco podía dicho Programa presidencial anticiparse al tremendo sacudón que han creado los escándalos por las llamadas “platas políticas”. Que se “congele” la vida de un país es algo que no ocurre, de hecho las mismas reformas producen cambios en diversos ámbitos y direcciones.

Además, las formaciones partidarias que deben apoyar y acompañar esa tarea tan trascendente y decisiva que es gobernar, no se han distinguido precisamente, por entenderse adecuadamente entre sí, y ayudarse a compartir el pesado esfuerzo a realizar ante extensos sectores ciudadanos, descontentos o alejados del acontecer político.

Influyentes sectores dirigenciales de los Partidos de gobierno confunden el perfilamiento de cada organización con un estilo de hacer política, en que hay un trato descomedido, con ataques alevosos y golpes bajos, en suma, con el ánimo que lo que rinde es “llevarse como el perro y el gato”.

Esa forma de actuar agrava la crisis de representatividad que sufre el sistema político.Este, mirado desde fuera, asemeja una caja hermética de grupos rivales, que se afanan en la captura de más poder, que no capta las resonancias intelectuales diversas. Por eso, el desafío actual no tiene precedentes y el esfuerzo por generar inclusión social no puede quedar sólo en el discurso.

Tampoco la política puede tomarse como una labor accidental o un entretenimiento más; esa mirada es una peligrosa frivolidad. En la medida que la política tiene como responsabilidad dirigir el Estado, su acción puede llegar a comprometer la vida o el destino de millones de personas; dicha función o impacto inescapable, le diferencia de cualquier otra tarea social, en consecuencia, quienes la ejercen están obligados a atender esta dimensión ética que es intransferible.

No se trata que una persona que hace política, o que una figura de alcance nacional, deba sentirse con una carga humana insostenible, como un “tonto grave” fuera de la realidad, pero el costo de la inconsciencia acerca de la responsabilidad de cada cual puede llegar a ser muy alto en la vida de un país, por ello, quienes practican la acción política no deben caer en la frivolidad ante sus deberes públicos.

En el mismo sentido, los que lleguen a la política para enriquecerse o sólo saciar apetitos de figuración personal son actores que provocan un daño incalculable a sus países, partidos o grupos de opinión. Como instalarse en el Estado puede ayudar a tales individuos a “forrarse” de modo ilegal e indebido, se pueden constituir en el más eficaz agente, en la termita más voraz, que socave y derrumbe los pilares éticos que sostienen el sistema político e institucional.

También es muy peligroso cuando se toma como válido el argumento de que los ricos son confiables, ya que como tienen mucha plata no van a robar en eventuales funciones de Estado. Los escandalosos casos de colusión indican exactamente lo contrario. Se ha confirmado que la codicia no conoce límites.

Hay ciertos líderes empresariales que para defender su propia conducta, teñida por actos enteramente vergonzosos, llegan a defender lo indefendible, con una retórica ideológica que no viene al caso, su conciencia les alcanza sólo a lo que les conviene, de allí para adelante lucen una total inconsciencia.

Meter la mano al bolsillo de la población se condena aquí y en la quebrada del ají, independientemente del gobierno en funciones, buscar en el tema de la colusión operaciones “anti-empresariales” cae en el absurdo, el cinismo o en la comedia.

Por ello, cada responsabilidad debe ser analizada y valorada en su mérito y los liderazgos sólo pueden ser debidamente aquilatados en su trayectoria y experiencia.

Ante ello mi conclusión es una sola: el país exige más, lo avanzado en reponer la dignidad del espacio público no basta. La política debe resolver sus carencias y responder con claridad este reto que se ha constituido en un dilema nacional.

La ciudadanía demanda honradez, pero también saber si los que quieren dirigir lo hacen conscientes de la responsabilidad que asumen y que no sólo ambicionan el poder por lo que esté en sí mismo significa. La crisis de legitimidad no está resuelta y pide esa respuesta.

Cuando se reemplaza el interés común de una fuerza política por el exclusivo afán individual, se pone de manifiesto la inconsciencia. Cuando los ataques personales se imponen y se faranduliza el debate se está ante el mismo síndrome personalista.

Hoy, se mezcla el protagonismo con la política espectáculo y se usan expresiones impropias, soeces, en las que se cae en el equívoco de creer que lo vulgar y chabacano es popular y avanzado.

Las reformas son un acto de honda conciencia, que expresan anhelos sociales que quienes las propician consideran inaplazables, que ven en ellas un instrumento, una vía más promisoria para forjar el futuro. De allí que deben ser tratadas con el mayor cuidado, con apertura a las ideas diversas que las enriquezcan, de manera que sea más segura y sólida su implementación. La amplitud es clave, un tono soberbio, con que ciertos actores se sitúan, como detentores absolutos de la verdad, es un sesgo impropio, que resta y no integra, a la postre, no sirve.

Quienes quieran opinar deben ser escuchados, no obstante, tendrán que hacerlo sin creer que van a decir la última palabra, todas las opiniones son valiosas, pero a ninguna le toca imponerse a las demás.

En un debate democrático, el mesianismo no corresponde. La propuesta a llevar adelante es la que sea presentada y asumida por la autoridad política, que fue electa para ello, allí esta radicada esa responsabilidad. El país no requiere poderes de facto, pero sí necesita una gran apertura al diálogo y el intercambio de opiniones. Hay que procurar encontrar un buen balance, entre ambos requisitos.

En la medida que los grupos políticos y los sectores que tengan liderazgos, asuman la conciencia apropiada acerca de su responsabilidad, y se tome nota del alto costo de la inconsciencia, se abrirán rutas impensadas que ayuden a reformas respaldadas mayoritariamente, que son aquellas que permitirán cimentar una mejor comunidad nacional.

Ante el debilitamiento de la autoridad y legitimidad que afecta al sistema político en su conjunto, la tarea de las tareas (en ello no puede haber duda alguna) es el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país. Eso es lo que hace posible un curso sostenido a las reformas en marcha.

Precisamente, en relación al proceso de reformas, algunos se apuran más de la cuenta y  quisieran desmontarlo todo para rehacerlo no saben cómo, son los maximalistas marcados por la euforia de arreglar la sociedad de una sola vez. Hay otros que no quieren cambiar nada, es el conservadurismo de los favorecidos por mantener el orden de cosas existente, cuya idea es que sus vidas prosigan igual, sin quebrantos de ninguna especie.

Entre ambas actitudes, he sostenido el camino reformista, de los cambios graduales, por vía institucional y con sólidas mayorías nacionales detrás de las mismas. En esta opción se entrelazan y unifican las propuestas y matices propias de la diversidad de una nación democrática, que deben tener como voluntad política y perspectiva estratégica la articulación de avances sucesivos que realicen la justicia social en democracia.

Por ello, hay que promover la alternativa reformadora, que logre mover los límites de lo posible, pero que lo haga sin poner en duda sus propios avances ante las luchas y contradicciones que el proceso de reformas va creando en su desarrollo. No hay que hundir el escenario con un peso que no sea capaz de soportar. Se trata de ubicar una línea de avances reformistas que abra nuevos espacios y horizontes, que se diferencie de un salto al vacío, de esos que pueden poner el país frente a un dilema que, a la postre, sólo provoque regresión social.

Se ha visto que uno de los mayores desafíos de este periodo, es lograr un adecuado equilibrio entre el fuerte presidencialismo del actual régimen político con el carácter plural del bloque social y político que lo sustenta. Más aún cuando en nuestro país, las mayorías nacionales necesarias para gobernar se forman con alianzas amplias e inclusivas.

En especial, ello debiese reflejarse en una nítida preocupación por la integración y participación del gabinete de ministros en la marcha del gobierno.En su composición se manifiestan las diversas fuerzas que lo sostienen y, en consecuencia, el aporte y respeto de sus miembros es fundamental. Un desencuentro en ese ámbito produce de inmediato tensiones evidentes.

Sin embargo, cada uno de los Partidos debe tener un superior y coherente sentido de responsabilidad política y no intentar sacar ventajas indebidas de episodios aislados. Hay incluso una exigencia mayor, los partidos que conforman el bloque de gobierno debe otorgar significado y trascendencia a sus deliberaciones si no éstas se tornan irrelevantes.

En suma, hay que robustecer la gobernabilidad democrática y lograr que el debate político no se consuma sólo en la contingencia, más allá de lo urgente que suenen esas controversias. Eso significa fortalecer la gestión en la conducción del Estado, financiar adecuadamente sus múltiples responsabilidades sociales, las que agregan ahora la gratuidad en la Educación Superior, así como, se debe modernizar el Estado, su aparato técnico y profesional, a la vez que asegurar la defensa del país y sus relaciones internacionales.

La gobernabilidad democrática implica tratar, por vía institucional, el proceso de avance hacia una nueva Constitución Política, que afiance un Estado social y democrático de Derechos, que corrija el fuerte presidencialismo del actual texto constitucional y genere instrumentos de participación ciudadana, como la iniciativa popular de ley, que realice traspasos efectivos de poder a las regiones y descentralice el país, sin colapsar el aparato estatal ni su rol, como el más potente inductor de un desarrollo que se haga cargo de la desigualdad que tensiona la convivencia nacional.

Un Estado potente, eficiente, en ningún caso burocrático, y tampoco copado por funcionarios indolentes o insensibles que actúan, muchas veces, sin reparar el daño social o nacional que provocan sus acciones, es decir, una institución cuyos sujetos  asumen con autenticidad y coherencia la responsabilidad y la condición de servidor público, que deben contar con una ética que otorgue garantías y legitimidad a su acción ante el país. El fruto de ese múltiple esfuerzo dignificará la acción política y repondrá su legitimidad.

Sin un Estado democrático con una capacidad de gestión a la altura del fortalecimiento de la sociedad civil, el proceso de reformas difícilmente saldrá airoso; en el caso en que además el Estado se vea tensionado  por una serie incontrolable de exigencias e impere el populismo en las demandas, esa será la mejor ayuda a la regresión social con que la derecha enfocará las próximas elecciones presidenciales.

No sería raro que se repita la paradoja, que el conservadurismo sea el que agite las aguas, con acciones de desgobierno tendientes a hacer más frágil la situación de orden público y seguridad ciudadana.

En este contexto, hay que ser claros, no todas las movilizaciones ayudan; no lo hace el vandalismo de los encapuchados, ni el desorden en las carreteras, ni la paralización de servicios esenciales a la población  o en los servicios de navegación aérea, en suma, no es un aporte impulsar peticiones que se alejan de las condiciones actuales de Chile.

De modo que debiese revertirse la actitud de exprimir y agotar el Estado en un completo desbalance entre derechos y deberes. Es difícil pero hay que frenar el debilitamiento de su papel y el desgaste de su legitimidad, para dotarlo de una real capacidad de regulación y orientación de las grandes decisiones nacionales, un rol que permita a Chile avanzar con pie firme por una ruta que de seguridad, crecimiento y justicia social.

La derrota de la desigualdad es un objetivo y, a la vez, una vía estratégica de largo aliento que rechaza el desgobierno y se funda y apoya en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país.

Al igual que en la vida personal, las fuerzas políticas que no valoran ni defienden su identidad, es decir, aquel conjunto de factores sociales, ideológicos y políticos que las definen, en suma, que no rescatan su propia historia de la que surge su carácter, fisonomía y los rasgos distintivos que la hacen diferente y proyectan su personalidad, sin ese necesario aprecio y valoración a lo que han hecho y sin la defensa del patrimonio forjado por aquellas miles de personas que determinaron su continuidad en el tiempo, sin esa apropiación de su propia identidad, no podrán esperar que el país, al que aspiran dirigir o representar pueda entregarles su apoyo y confianza.

En otros términos, la tesis refundacional alimentó el desprecio a la tarea de reimplantación de la democracia, realizada durante un cuarto de siglo por los partidos y fuerzas populares de izquierda y de centro, que unieron sus esfuerzos o que coincidieron en esta decisiva tarea nacional. En variados textos se descalifica la tarea realizada en su momento por la Concertación, como alianza política y fuerza de gobierno.

En dicho afán democratizador se pueden distinguir dos grandes etapas, el Golpe, la etapa de la cruenta represión posterior, la imposición del esquema institucional y del modelo económico hasta la gran crisis de 1983 y desde allí hasta las Protestas nacionales y la derrota dictatorial en el Plebiscito de octubre de 1988. El costo social y la dura experiencia que afectó a los Partidos populares todo ese periodo, del 73 al 90, fue determinante del ciclo posterior.

No cabe duda que los ideólogos refundacionales han tenido un gran aprecio de sí mismos y de sus afanes intelectuales, asunto que puede ser materia de cada cual y no resultar dañino, pero que en este caso, se proyectó en una mirada soberbia y autosuficiente que llevó a conductas sectarias y excluyentes que afectaron la marcha de las reformas en curso, al pretender reducir su conducción a un grupo de iluminados, cuya lógica paradojal es el menoscabo de la política y la sobrestimación de la tecnocracia.

Por muy radicalizada o “izquierdista” que haya sonado o aparecido en las imágenes mediáticas la idea que hacia atrás no había nada que rescatar y que, por tanto, lo que se debía hacer era comenzar desde cero, con esa propuesta se falseó la realidad, y desconoció en el hecho, el largo esfuerzo de lucha y movilización del pueblo y la nación chilena para recuperar la democracia primero, y luego ir  sucesivamente consolidando y ensanchando sus límites políticos e institucionales.

La tesis refundacional, en cuanto mirada histórica, favorece a la UDI y a la derecha, ya que omite o desvanece en la memoria la lucha por la reconstrucción democrática y, por tanto, la cerrada y cruenta brega que dieron los que mantuvieron la dictadura, por evitar su derrota política y desplazamiento.

Aunque no sea la intención expresa, en el punto de vista refundacional parece que la dictadura se extinguió por su propio deseo y no porque las condiciones históricas, forjadas por la lucha democrática de los partidos populares y de muy amplias fuerzas sociales, se lo impidieron.

De ese modo, se daña o imposibilita la formación de una memoria histórica fundada en un patrimonio tan esencial, como resulta ser, ni más ni menos, la opción por la libertad para Chile. Muy por el contrario, la derecha siempre ha pretendido, falsamente, que ese alto mérito le pertenece. No fue así, alcanzar la libertad en Chile es un valor que está enraizado en la infatigable lucha de los demócratas chilenos contra la dictadura.

La ciudadania aspira al pluralismo y no a la uniformidad. Tal vez, este aspecto sea lo más delicado en el sector refundacional, cual es haberse dotado de rasgos notorios de un “nuevo”, pero viejo autoritarismo ideológico, sentirse por encima de los demás, verse y considerarse superiores, dejar de lado la idea de que la verdad se construye entre todos, que su presencia y eficacia es el resultado de un esfuerzo colectivo.

Aceptar la diversidad significa convencerse que en cada uno de los protagonistas del proceso social hay una partícula, un grano de la verdad histórica que va brotando, armando y configurando en el esfuerzo creador, que vive y surge de la lucha de los pueblos, de las organizaciones sociales y políticas, y también de figuras individuales sobresalientes, de sus aciertos y errores.

Lo riesgoso del refundacionismo es que retrocede al dogmatismo, a la soberbia intelectual de creerse dueño de la verdad y que la historia se inicia cuando se llega, lo cual es una nociva expresión de arrogancia que resta objetividad y amplitud en la tarea de cambiar la realidad social.

No es extraño que el concepto refundacional surja en los momentos iniciales de un movimiento, cuando aún se transita por las primeras etapas de la propia experiencia, pero no es deseable que ese criterio se eternice en grupos que pueden gravitar y que aspiran a la edificación de una sociedad mejor.

La experiencia ha castigado, una y otra vez, la soberbia arrogante del dogmatismo, que se instala bajo la cubierta intolerante de quién desecha las ideas y valores anteriores a su existencia. Más aún, cuando se ha vivido de ellos y llevado una apacible rutina burocrática durante décadas, gracias a tales espacios de poder.

Además, se sabe que luego de la euforia que generan cálculos sobredimensionados, que se han enquistado en la conciencia por el mesianismo que empapa a quienes se sienten dueños de la historia, frente a las dificultades viene el desengaño, la frustración y no pocas veces este tipo de grupos deviene en minorías sectarias que incuban malas prácticas y conductas amicales, altamente perjudiciales para la transparencia y la rectitud que debe presidir la acción  política.

De manera que al arribar, este 29 de diciembre, a un año más desde la reunificación del Partido Socialista, concretada en esos días de fines de 1989 al recuperar la libertad perdida, valoremos la identidad socialista que se ha forjado en décadas de lucha, con el arrojo y sacrificio de sus mártires y el aporte invaluable de sus intelectuales y militantes, los que han luchado toda la vida, haciendo de este Partido un actor clave, histórico, esencial, y no sólo ocasional, de la reconstrucción democrática en Chile.

La meta esencial que los jóvenes puedan estudiar sin depender del dinero, es decir, independientemente de su origen social, teniendo la voluntad y las condiciones educacionales para hacerlo, es uno de los propósitos más nobles y también más difíciles de alcanzar en la situación actual del país y, en particular, de la disponibilidad de recursos fiscales para concretarlo. Pero, ese es el objetivo nacional.

Llegar a el sólo es posible de manera gradual, quemando etapas, ampliando consistentemente el universo de estudiantes que se van abarcando hasta alcanzar la meta. Se trata de un derecho social que el Estado democrático hará realidad, avanzando en ciclos sucesivos.

Ahora bien, la derecha que impuso el actual sistema segregado, implementado durante las llamadas modernizaciones del régimen militar, cuya pretensión era trasladar el financiamiento a los padres y/o apoderados de los estudiantes, ha saltado ahora a la arena política con la bandera de gratuidad inmediata, sin etapas ni gradualidades.

Este temerario vuelco en su posición política no tiene otro origen que no sea una voltereta oportunista, adoptada apresuradamente, luego que las encuestas de opinión, indicaran que la mayoría del país ha hecho suya la idea de la gratuidad universal en la Educación Superior.

Con ello, la derecha le da la razón al economista de pensamiento liberal, Sebastián Edwards, quien sostuvo en un debate de esta semana, que los defensores del modelo “han fallado“. Ahora ocultan su identidad. Resulta sintomático y aleccionador, que la regresión ultraconservadora de la dictadura, que tan dolorosa huella dejara en nuestra patria hoy no tenga quienes se hagan cargo de ella.

Efectivamente, la añorada y perdida popularidad es la que desvela a los actuales caudillos neoliberales. Los esquivos votos son los que les quitan el sueño; quedó en el olvido la etapa legada por Jaime Guzmán, aquella en que marcaban opinión, aunque fuera minoritaria. A la supuesta nueva derecha no se le pasa por la mente que la política exige coherencia y, que su ejercicio no puede ser un baile de máscaras, en que cada cual esconde su identidad y hace de los principios un simple estorbo.

Ahora, lo ridículo y paradojal, es que la derecha ha entrado en abierta competencia con la izquierda más radical, exigiendo que se materialice de inmediato una meta que, es posible sólo si se la considera como un objetivo nacional a conseguir luego de un enorme esfuerzo del país, y no simplemente, como una bandera demagógica que se dejará de lado tan pronto como aparezca otra, con la cual intentar ganar los aplausos de la galería. Sin embargo, tienen el descaro de acusar a la izquierda de “populismo”.

La “nueva derecha” mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, los  demás serán los “chavistas”, en cambio, ellos serán los dueños de la verdad y del buen criterio. Habrá que tomarse las cosas con humor, ya que hacerlo en serio, ante este desborde de demagogia no vale la pena.

Lo que no debe ocurrir es que las diferencias que se aprecian en las fuerzas de la Nueva Mayoría, sean mal procesadas y provoquen pugnas o escindan el bloque político de gobierno; eso sí que sería hacerle un favor gratuito al populismo que inunda hoy la posición de la derecha.

En un proceso gradual, nadie puede ser excluido a priori, salvo aquellos que sólo quieren lucrar con utilidades desproporcionadas y excesivas, ello debido a que se está concretando un derecho social de valor universal; al mismo tiempo que avanzar en la gratuidad se debe asegurar la calidad de la enseñanza.

Los estudiantes y sus familias no pueden ser defraudados y recibir títulos que sean simples diplomas, y que ante las exigencias laborales sean dejados de lado por carencias formativas.

El Estado debe orientarse con la voluntad que en sus instituciones la gratuidad sea una realidad y que su enseñanza sea de primerísimo nivel. La correcta gestión de los recursos fiscales, que son de todos y todas, es una obligación social y moral ineludible.

La responsabilidad social de las instituciones de educación superior pasa a ser fundamental, y los derechos deben ser inseparables de los deberes, que se anudan en el gran propósito de alcanzar una visión inclusiva, humanista, de excelencia, para la educación superior en Chile.

Lo que pasa es que los futbolistas y la hinchada han sido reemplazados como figuras centrales, ahora los actores principales son los que van a forrarse de dinero rápido y fácil de un lado y los grupos que provocan el vandalismo, por el otro. A veces se unen, otras se repelen, en ocasiones se rechazan, en otras son aliados.

La historia viene de antes que se crearan legalmente las “sociedades anónimas deportivas”, los antiguos clubes dirigían lo que era ya un hecho, el fútbol profesional se había convertido en una actividad rentada, es decir, un producto con el fin de obtener utilidades, pero reproducía, a su modo, un acervo cultural que entregaba a esos clubes un patrimonio y una razón de ser.

Llegó “el cambio”. El propósito de ganar dinero y maximizar utilidades pasó a ser primordial, e incluso excluyente en la legislación que creó las nuevas entidades; los clubes tradicionales fueron desplazados por poderosos controladores financieros, que tomaron su popularidad para capturar las elevadas utilidades del negocio.

Por ello, se vio como los más ansiosos en alcanzar ganancias, mudaron velozmente de camiseta, trocando sus amores de niños por el rendimiento de sus inversiones.

Al comienzo, para ganar popularidad, estos inversores transformados en inusuales y a veces patéticos fanáticos, se congraciaron con las “barras bravas”; con tal propósito el dinero bajo cuerda cooptaba sus líderes, para pagar desplazamientos u otros “gastos ad-hoc”, como hacer propaganda electoral a un candidato que fuera dirigente o hacer de matones contra los que se opusieron a tales reprobables acciones.

La “buena onda” no podía alargarse en el tiempo y esta alianza inicial se trocó en dura confrontación, asuntos de platas más, platas menos, el hecho es que los exaltados que componen tales grupos de choque se convirtieron, aparentemente, en incontrolables.

Hoy, son los actores de la violencia en el fútbol, los “delincuentes” de los que reniegan, al parecer, sus protectores de ayer.

Ahora, los financistas que les dieron vida están escandalizados, piden mano dura y la acción enérgica del Estado. Pero, quieren mantener el negocio al tope, sin molestos controles, sin repartir la torta, muy crecedora por lo demás, de varios centenares de millones de dólares.

En efecto, así como hubo quienes cambiaron el “club de sus amores” por pura avaricia, también existen los que usan doble vestimenta, son ávidos camaleones que cambian de color para atrapar dinero, por un lado usan la camiseta de la ANFP, es decir, la entidad que dirige esta actividad y, por otro, la del canal del fútbol, cuya adjudicación es decidida y entregada por la primera. Son juez y parte de un negocio abundante, altamente concentrado, que se debe repartir.

Al producirse los graves incidentes, del domingo pasado, en la ciudad de Valparaíso, una de las primeras reacciones que se conoció, sin confirmarse después, fue la de hacer los partidos “de alta complejidad” sin la hinchada visitante e incluso sin público; aquello no sería más que aumentar las ganancias de estos mismos controladores, ya que el público no tendría más que pagar el alto costo de la TV de cable, que encarece el acceso a estas emisiones de altísima audiencia e interés.

En el caso que así ocurriera, que la autoridad no pudiera controlar al lumpen que genera esta violencia, no pueden pagar justos por pecadores, obligando a gastar más a los hinchas que quieran ver los partidos de fútbol. En realidad, la solución no es que las transmisiones sean emitidas por un canal público de TV abierta, lo que obliga a declararlas como un bien público, que no podría ser comercializado en la oscuridad como lo es ahora. La tarea es entonces crear un Canal Deportivo Público, que realice esta labor.

Esto sería lo justo, ya que el Estado desembolsa cuantiosos recursos que posibilitan el “espectáculo” deportivo. Se trata de instalar un pago social, la justa retribución a la sociedad de una actividad que es pública, que pertenece a todos, pero cuyas utilidades son privadas.

La sola movilización de centenares de carabineros cada fin de semana, no sólo a los estadios, sino que también a las calles a garantizar el tránsito y la seguridad de las personas. Los gastos de aseo, reparación de bienes de uso público e infraestructura, tanto urbana como de autopistas, debiese ser reembolsada al patrimonio fiscal y de todas las personas y entidades perjudicadas y, para ello, emisiones públicas por la TV abierta podrían financiar tales costos y terminar con la usura actual en las transmisiones.

En todo caso, la situación así como está no puede seguir, pues se presta a las peores sospechas y a los más dudosos manejos, dado las redes desconocidas e indescifrables de las bandas violentistas que se han dado como norte violar el orden público, así como el obvio afán de parte de los controladores financieros de obtener ganancias desmesuradas de aquello que, alguna vez, fue una sana actividad deportiva.

Desde el fútbol profesional no se ve la solución, cada cual defiende lo suyo, el dinero lo es todo, no hay un interés colectivo, parece que los vándalos son el negocio. Por eso, en algún momento, hay que ponerle el cascabel al gato. Puede ser…ahora.

Pero, este año algo pasó que hará que ya nada pueda ser igual. Se cayeron imágenes y apariencias, rostros incólumes, siempre exitosos, ya no serán los mismos. Se rompió la aparente e inconmovible solemnidad constituida por las apariencias, hay caretas que se desplomaron y el país tomó nota que la corrupción también entró a nuestras instituciones y a las malas practicas de muchos.

En el sistema político, como dice el refrán “se vieron muertos cargando adobes”, es decir, hubo quienes cruzaron la frontera invisible que separa a víctimas y victimarios y estiraron sus manos para recibir el estipendio imposible, aquel que llegó del vil enriquecimiento personal bajo la dictadura y que cual presente griego, envuelto en lisonjas y halagos, como envolvente cannabis adormeció conciencias e hizo olvidar a padres, hermanos, amigos o compañeros caídos.

Con ese dinero se ensució muy a fondo el  alma nacional. No se había sabido, o si ocurrió se desconocía, que las víctimas se dejaran sobornar por sus victimarios. Estos sucesos en que se rompió todo límite ético, han sido letales para el prestigio y la valoración ciudadana de la acción política en democracia. Lo más triste es que muchos que hablaban tanto de “lo ciudadano”, eran los más ágiles para estirar la mano y retirar de sus nuevos patronos aquel dinero manchado por la represión y el enriquecimiento indebido.

También, en este periodo,  se supo de como la derecha usaba los mecanismos ilícitos de obtención de dineros fraudulentos para financiar costosas campañas electorales y atraer votaciones mal habidas, dando artículos de variado uso, desde alimentos hasta electrodomésticos a personas desafectas a quienes no importa su dignidad. Tanto fue el cántaro al agua que, finalmente, el caso Penta y su impacto dejó por el suelo la utilización de ese mecanismo de compra de conciencias y a su principal ejecutor condenado a tres años,en juicio abreviado, cuestionado  por amplios sectores.

Ni que hablar del fútbol profesional, luego que el sistema norteamericano de justicia persiguiera y procesara al binomio FIFA – COMMEBOL y sacara del medio a Jadue y otros que, autoinculpandose o no, por delitos tributarios, sobornos y mas, debieron dejar sus muy lucrativas y jugosas actividades “deportivas”.

Ante ello, el estupor y la rabia se cruzan en la respuesta ciudadana; sin embargo, el problema de fondo sigue sin resolverse y ese no es otro que la distorsión que se produce entre las entidades con fines de lucro que controlan el fútbol profesional y una institución “sin fines  de lucro”, la ANFP, que lo dirige.

Hay una falla, una incongruencia flagrante entre ambas situaciones, que más parece una burla, y que debiese ser resuelta urgentemente.

En la semana además, la colusión del papel higiénico, entre la CMPC y PISA, término por desbancar al empresario Eliodoro Matte de su sempiterno cargo de Presidente del CEP, principal referente programático de la derecha económica en el país, lo que no importó nada ante la magnitud del impacto nacional generado por la colusión.

Queda claro que la corrupción mata la fe pública, lesiona profundamente el alma nacional y daña la legitimidad de la acción política, socavando la gobernabilidad democrática.

Es evidente entonces, que las personas responsables de estos ilícitos, no podrán seguir con candidaturas u otros cargos de representación popular. Es hora de rectificar, y de hacerlo rápido, antes que se acabe el tiempo político para hacerlo.

Esta ley fue despachada del Senado, en diciembre del 2012, para su promulgación. La información posterior a su despacho, revela sobornos a ciertos legisladores de circunscripciones o distritos del  norte del país, a través de depósitos en las cuentas corrientes, efectuados durante largos periodos de tiempo, que fueron anudando y estrechando una relación perversa, que devino en un compromiso anómalo que culminó en prácticas corruptas que socavan la legitimidad democrática.

Al encadenarse los parlamentarios a las indicaciones de sus pagadores, altos ejecutivos de la pesca industrial, dando la espalda a sus obligaciones constitucionales y legales, en una deplorable entrega a los depósitos bancarios que “nutrían” esa corrupta asociación, se selló un capítulo funesto para el Congreso Nacional. El periodo más activo de esta asociación ilícita fue durante el trámite de la ley de pesca, aún proyecto en ese momento, que se efectuó en el Senado, en el segundo semestre del 2012.

Me correspondió, ese año ejercer la Presidencia de la Corporación y observé, desde la testera, el estrecho seguimiento que con descaro y sin rubor realizaban, desde las tribunas, los abundantes y ávidos grupos de asesores de los controladores económicos del sector de la pesca industrial, escudados en las garantías que entrega el propio  Congreso Nacional, para que sus debates sean públicos y abiertos.

Muchos chilenos sentirán amargura ante hechos tan bochornosos, que manchan al Congreso Nacional. No importa si son socialistas o liberales, republicanos o socialcristianos, de pensamiento humanista, laico, marxista, religioso o conservador, un punzante reconcomio acompañará su  reflexión.

No cabe duda que el haber convertido el trabajo parlamentario, en mercadeo para la compra y venta de indicaciones, a mandantes que desprecian profundamente la democracia y el rol del Parlamento, constituye una práctica inadmisible.

Sin embargo, la responsabilidad política del gobierno de Piñera es inexcusable, aunque pretenda ahora vestirse como blanca paloma. Fue su ministro Pablo Longueira, presidenciable apoyado desde La Moneda en las primarias de la derecha, a mediados del 2013, el férreo brazo ejecutor de este actuar, y de maniobrar, audaz y resueltamente, para hacer aprobar un cuerpo legal que entregaba a un puñado de poderosos controladores financieros, un sector clave de la economía y de la riqueza del país.

Ahora Piñera quiere escabullirse y guardar silencio. Su ya lanzada candidatura presidencial, pretende ignorar su responsabilidad en este verdadero desastre para el patrimonio nacional.

Los hechos están a la vista. En noviembre del 2012, se juntó el trámite de la ley de Pesca y la de Presupuesto, mediante el mecanismo de las urgencias, el Ejecutivo siguió adelante con la llamada “ley Longueira”. Actuando contra reloj, el gobierno piñerista asignó un mega negocio de cerca de 4.000 millones de dólares anuales, en concesiones que se extienden automáticamente cada 20 años. Fue un despojo que debe ser rectificado.

Con el tiempo se ha sabido que se sobornaron y compraron conciencias, además la organización de la pesca artesanal fue dividida para anular las voces en contra, en una maniobra usada desde tiempos inmemoriales, para hacer más fácil la captura de los valiosos recursos de nuestro mar, que serían entregados por medio de la ley, en ese momento, en debate.

Asimismo, fueron desoídos los reclamos de las comunidades indígenas de nuestro extenso litoral; en este caso, el pueblo lafkenche, cuyos derechos fueron apabullados. En concreto, se burlaron los logros y avances que pocos años antes, el propio Congreso Nacional, había establecido en la ley sobre el borde costero para pueblos indígenas.

Ante quejas insistentes y derechos postergados, la codicia apagó los escrúpulos y se giraron sumas que adormecieron las conciencias; por supuesto, a cuenta de las utilidades futuras, aseguradas por esa ley, sin importar los recursos marítimos y el patrimonio nacional.

Desde la oposición, con un sector del Parlamento, voté en contra, pero la maquinaria de poder que se puso en marcha no dejó margen alguno; luego recurrimos al Tribunal Constitucional que, si bien ratificó lo aprobado en el Parlamento, indicó que esta ley es modificable por otra ley, y que sus disposiciones no entregan “derechos adquiridos” a perpetuidad, como lo querían los consorcios beneficiados por su promulgación.

Lo que pasó en esas semanas habla muy mal de la salud moral de personas, que en cuánto autoridades debiesen actuar con un sentido superior de responsabilidad; se confirmó que la exacerbación del individualismo empuja y provoca una codicia que corrompe. Se requiere un compromiso de servicio público y de respeto al bien común que ponga término al tráfico de conciencias. Por de pronto, ninguna de las personas partícipes de estas violaciones a la ética, debiese tener nuevamente una candidatura al Parlamento.

La privatización de la política nutre esta burla a la democracia, la que confirmada por las investigaciones judiciales, aconseja que se revalúen las disposiciones que se aprobaron en la ley de pesca y que se vuelva a legislar sobre la materia; de modo que la señal institucional sea que la compra de votos y conciencias, no es aceptable para conseguir elevadas utilidades, fáciles y a bajo costo. Es la honra del Parlamento la que debe restablecerse a plenitud.

Atravesar esta etapa del periodo presidencial, con un quiebre del bloque político formado para apoyar este cuatrienio gubernativo, sería actuar con un apresuramiento que generaría un escenario de negativos efectos para las fuerzas que asumieron el compromiso de trabajar conjuntamente en la tarea de conducir el Estado, desde el gobierno, en nuestro país. En nada se  avanzaría en la superación de la crisis de legitimidad que afecta a la política.

Ante la desunión, la ciudadanía no podría aceptar que por las diferencias para conformar las nóminas de las candidaturas a los municipios, se deje de lado una acción de gobierno que lleva adelante reformas estructurales, que se han explicado como centrales para lograr un país mejor y una comunidad nacional inclusiva y solidaria; significaría que lo que se dijo y expuso no era tan sincero o no era tan esencial. Es evidente que la legitimidad política se vería aún más dañada.Entonces, hay que mirar por encima del día a día y reafirmar que la unidad es lo fundamental.

En el PS he propuesto e insistido en la idea que se presente una lista única del bloque de gobierno en las postulaciones a los Consejos municipales, la fortaleza de esta opción es que logra la participación de todos sin que las fuerzas se dividan en diferentes pactos, que siembran roces y desunión. Por eso, la alternativa de más de un pacto, hasta el presente, sólo consigue agriar o enturbiar el escenario, pues obliga a establecer agrupamientos que subdividen y polarizan, en lugar de fortalecer a la Nueva Mayoría.

Me permito advertir, solemnemente, que así comenzó, el año 2008, con estos roces y divisiones, la ruta que concluyó con la derrota presidencial del 2009 y el triunfo de Piñera.

Lo extraño es que se rechaza la idea de la lista única, con el argumento que no hay “cupos” para todas las candidaturas. Ante ello, para evitar el descontento hay que dividirse, sin que a nadie le guste y sin que tampoco haya quien lo postule como deseable, sino como el imperio de lo inevitable. Es claro que esta opción tiene como sustento satisfacer las presiones internas que se produce en cada formación partidaria.

Pareciera que eso es lo que se va a imponer finalmente, pero es una lógica paradojal, en el fondo, no tiene coherencia. Es el vértigo de peleas sin sentido, o porque las directivas no quieren o no pueden hacerse cargo de los reclamos de quienes quedarían sin cupo. Hacer las cosas para que quienes piden cupos lo tengan, me parece que es la renuncia a la responsabilidad de conducir.

Ante esta muestra del debilitamiento del rol conductor de los Partidos, me permito insistir en aquello que planteé  en el seno del PS, que lo que debiese guiar esta decisión es el bien común de todas las fuerzas y no la rendición a un mal entendido “basismo”; o sea, una traducción errada del respeto a las bases de cada conglomerado, la creencia que todo lo que se comenta o circula es valedero, sin reparar si es bueno o malo, y si expresa o no una mayoría capaz de enfrentar los retos de cada etapa de la lucha política.

Tengo la convicción que lo que las bases están pidiendo es algo muy diferente al culto de la improvisación y la espontaneidad; la clave es muy diversa y requiere  que sus organizaciones políticas se sitúen a la altura de las exigencias y decidan con convicción, mirando el futuro, aquel que aconseja velar por la unidad y la proyección de la Nueva Mayoría.

Si no hay argumentos para rebatir que una lista única a concejales es lo más conveniente, aunque tenga desventajas, es lo que debiera hacerse, ahora.

Es la realidad que se debe enfrentar, la fuerte desigualdad existente en Chile ha configurado un contexto de elevadas demandas y expectativas, tanto sociales como regionales y territoriales.

Además, pareciera existir la idea que la reforma tributaria, aprobada en septiembre del 2014, por su sola promulgación y no por los ingresos recaudados, ha creado un Estado rico con una abultada disponibilidad de recursos, lo que permite a muchos demandar reajustes y beneficios que provocan un descontrol que presiona al Fisco por capacidades y recursos que no tiene. Se mezclan peticiones legítimas y ansiedades desbocadas.

En este contexto, de múltiples solicitudes y estrechez fiscal se inflaman los discursos con una retórica populista y la demagogia de muchos, cuyo propósito no es otro que alimentarse de reivindicaciones que el Estado no está en condiciones de atender. Algunos repiten las malas prácticas, especialmente, esa de prometer lo que no se puede cumplir.

En suma, se está ante una situación difícil, nada fácil de armonizar en la multiplicidad de aspectos que interactúan y se cruzan entre sí, complejizando al máximo las respuestas que se entreguen desde el sistema político del país. Hay un claro desbalance entre derechos y obligaciones en el imaginario social. Al Estado se le pide como si fuese un saco sin fondo y se le regatea la más mínima contribución de cada cual.

En la mezcla de quienes piden todo tipo de beneficios y la codicia de aquellos que sólo amasan más fortuna, se ha ido perdiendo y hoy se encuentra muy debilitada, la voluntad nacional de compartir un proyecto común. Como la que hubo al retomarse la senda democrática en los años 88 – 89 y 90.

Muy probablemente, los casos de corrupción y de faltas a la probidad aumentaron este grave problema de deterioro de la ética social; no podría ser de otra manera. Si es el propio sistema político el que falla, se instala la nefasta conducta del “agarra Aguirre”, aquella en que cada cual pretende tomar lo que pueda, en la medida que no existe un proyecto nacional que le obliga a un actuar solidario, de objetivos compartidos.

El gran déficit es el descompromiso con la perspectiva-país, ese es el resultado inevitable de la exacerbación del consumismo y del ambiente del “agarra Aguirre”.Ante la colusión de los poderosos y el descrédito de la política, se va extendiendo una conducta social en que las personas no tienen razón para sentirse unidas a las tareas comunes, aquellas tan simples y necesarias que surgen de la inesquivable realidad de compartir el mismo suelo y ser parte de una misma nación.

Como nadie “paga”, como las malas prácticas políticas se diluyen en una nebulosa de excusas leguleyas, como el sector empresarial protege a los suyos y como los partidos políticos se ven condicionados por una telaraña de intereses creados, el descrédito y la desconfianza no se debilitan y se alimentan de nuevos incidentes casi a diario.

Aunque haya reconvención pública de los “pecadores”, pero no un cambio efectivo de las conductas, extensos grupos sociales se activan exigiendo del Estado más de lo que puede asumir y se presentan pliegos inabarcables.

Ha entrado en escena un desencanto que desvanece el sentido de la responsabilidad social que toda persona debe tener, nutrir y atesorar como parte de su propia riqueza individual. Si cada cual se recluye a los límites estrechos de su “metro cuadrado”, se disuelve la perspectiva de país y son escasas las fuerzas para sostener un proyecto nacional.

La crisis de legitimidad que está en curso, debilita el sentido mismo de vivir en democracia para resolver, adecuadamente, con un criterio de justicia social e inclusión, las diferentes perspectivas e intereses que entran al debate. La discusión por las asignaciones presupuestarias más parece una riña de enconados adversarios que un diálogo democrático para asignar recursos que son limitados.

Tal es el gran déficit. Un desencanto que disgrega la sociedad civil. Ante este vacío moral y espiritual, el momento de “unión nacional” se produce tras las banderas de la selección.Más aún, luego de ser por primera vez Campeón de América. Así, en el fútbol, se vuelca el fervor patrio que de otra forma no logra expresarse.

Sin embargo, no basta, hay que avanzar en la reconstitución de una idea de país que entregue la mística y el entusiasmo, como parte de la voluntad de hacer patria, abrazando un sentido de pertenencia, y confluyendo con el ejercicio y manifestación del pluralismo y la diversidad, propio de la democracia.

La izquierda siempre levantó la idea de lograr una patria para todos, sin distinciones odiosas ni discriminaciones de ninguna naturaleza, fue así como caminó y creció durante décadas, hasta lograr ser parte de una amplia mayoría nacional, que hizo suyo el horizonte de un país solidario, cuya democracia con lucidez y tenacidad fuese capaz de derrotar la desigualdad.

Las nuevas promociones de luchadores sociales deben rescatar esta maciza idea-fuerza, propia de quienes aman su tierra por encima de sus intereses individuales, dando sentido estratégico a las movilizaciones sociales que protagonizan y, de ese modo, estas no se pierdan ni diluyan en la exclusiva resonancia de las consignas y logren trascender y aportar al Chile de mañana.