No era un régimen amenazado, tampoco existía ningún peligro de guerra civil o confrontación armada; simplemente fue una acción criminal que desarticuló al núcleo de la dirección política socialista que se había constituido en la clandestinidad. Fueron apresados y nunca más se supo del paradero de Exequiel Ponce, Carlos Lorca y Ricardo Lagos Salinas, miembros de la Comisión Política, que lideraban una organización fuertemente debilitada por una represión sistemática.

Sin embargo, a pesar de ser detenidos desaparecidos, el legado de Ponce, Lorca y Lagos perdura hasta hoy. Su convocatoria al entendimiento entre el centro y la izquierda, entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, para reconquistar la democracia en Chile, pasó a constituirse en la clave del proceso político chileno de las últimas décadas.

Seguramente el brazo represivo de la dictadura, la DINA, los persiguió con la saña y alevosía con que lo hizo, precisamente para impedir que se avanzara en la configuración de la alternativa política, capaz de ofrecer una salida viable al momento del reemplazo del régimen militar. La división extenuaba a la oposición a Pinochet. Impidiendo la unidad democrática y nacional que se necesitaba se alargaba artificialmente la duración de la dictadura.

Ahora que entramos en el período de campaña presidencial, me permito reivindicar ese legado, el de Ponce, Lorca y Lagos, como precursores de la unidad democrática que abrió paso a una nueva realidad para Chile.

Comprendo que existen personas que subvaloran la importancia de ese acuerdo estratégico, han llegado hace poco a la lucha política o sufren de amnesia. Piensan que alcanzar una sociedad democrática con justicia social es cuestión de simple voluntad.

Que los deseos pidiéndolos vehementemente se harán realidad. Se trata de un error muy antiguo, creer que la transformación social es muchísimo más simple y fácil de lo que efectivamente resulta ser.

Lamentablemente, en la memoria histórica tiende a desdibujarse el período dictatorial, los sufrimientos y penurias que bajo su arbitrio se generaron; los tormentos que se sufrieron y los padecimientos que se vivieron hasta recuperar la democracia.

Sin embargo, para la nación chilena la unidad de los demócratas ha tenido un valor esencial. Recuperar la democracia que se había destruido con tanto esmero durante más de diecisiete años no podía hacerlo una minoría, por iluminada que fuere. Reinstalar el horizonte de una democracia solida, robusta solo iba a ser posible desde la acción y la capacidad de una mayoría nacional que así lo llevara adelante.

El esfuerzo que costó la vida a Ponce, Lorca y Lagos no fue sólo un testimonio de lucha heroica; tampoco simplemente una consecuencia política sin límites, junto a ello, a su arrojo increíble y su voluntad indomable, lo que ellos forjaron y anticiparon es un patrimonio moral y político que hoy menos que nunca puede desecharse.

Su sacrificio no fue en vano. No olvidemos que la roja bandera del Partido Socialista de Chile lleva una cuota de su sangre.

Las acojo sin soberbia. Los desafíos nacionales no lo permiten. Observo con preocupación cómo el debate político se deteriora cada día más y se acentúa la distancia entre lo que ahora se denomina “clase política” y las enormes demandas que extensos sectores plantean, como exigencias que se deben abordar y resolver en esta etapa, que ya se ha abierto y que con mayor razón se presentan ante la cercanía de un cambio de gobierno.

La crispación ocurrida con el reciente debate sobre las pensiones de exonerados políticos, en el periodo 1973-1990, se ha convertido en un nuevo y lamentable incidente que debiese obligar a la reflexión del conjunto del sistema político en Chile.

Por una parte, a los que detentan la autoridad gubernativa por el más que evidente intento descalificatorio de cuantas personas pueda denigrar, causando con ello un enorme daño a la legitimidad de miles de pensionados que sufrieron una odiosa persecución bajo la dictadura, que llegó al extremo de abarcar hasta las fuentes ocupacionales de las que dependía la manutención de sus familias.

La derecha olvida la esencia moral y el sentido de reparación de las tres leyes sobre exonerados políticos aprobadas en democracia. Pero, por otra parte, también hay casos evidentes de aprovechamiento en personas que hicieron postulaciones indebidas o que llegaron a obtener beneficios que no se justificaban. A lo anterior se suman las diatribas cruzadas entre parlamentarios que es otro nuevo capítulo para el olvido, que aumenta la baja valoración ciudadana hacia su rol institucional.

Sin embargo, el desafío nacional apunta en otra dirección; no está en la confrontación descontrolada, sino que en generar a través del dialogo y del debate de ideas, propuestas o alternativas programáticas que se hagan cargo de disminuir la desigualdad, que es lo que todos los sectores reconocen como el talón de Aquiles de la situación nacional.

Se acepta que las tensiones y la irritación social se provocan por la notoria escisión producida en la estructura económica, en una desigualdad agobiante, pero la preocupación concreta en nada confirma que sea auténtica esa inquietud y tampoco se percibe que en la elite del poder se trabaje para encarar ese desafío nacional, lo que hay es una crispación iracunda y descalificaciones destempladas.

Parece que se prefiere el camino de la destrucción mutua de los actores involucrados y que la conducta que se impone es la del canibalismo político.

No nos podemos resignar a ello. Se debe derrotar tan nociva ceguera.

La responsabilidad política obliga a la superación de estas deprimentes escaramuzas, para reinstalar una perspectiva de reformas profundas sobre la base de renovar y afianzar la estabilidad democrática.

La generosidad del respaldo recibido me compromete a un esfuerzo mayor por la dignificación de la política ya que el proceso de reimplantación de la democracia en Chile está en curso y aun es mucho lo que queda por hacer. De modo especial, en el despliegue de una estrategia nacional contra la desigualdad. Muchas gracias.

Esta efímera experiencia fue fruto del impacto de la debacle económica, social e institucional que se generó en Chile por la gran depresión de 1929, la más grave crisis del capitalismo mundial que se haya conocido.

Las reformas profundas que propugnaban sus protagonistas no lograron prosperar en medio de la aguda inestabilidad de ese período de nuestra vida republicana.

Fue una corta etapa, pero de ella tomó el Partido Socialista parte de sus definiciones esenciales, sobre todo movilizar a los más humildes por sus derechos básicos y establecer su convicción fundamental que arranca y termina en el valor irrenunciable de la democracia como sistema de gobierno, que desde entonces constituye su señal de identidad primordial en su diferenciación con el Partido Comunista de Chile.

Fue así que los socialistas chilenos nacieron para corregir con más democracia los defectos, insuficiencias y debilidades de la democracia.

Luego de la República Socialista de los 12 días, en su fundación el 19 de abril de 1933, los socialistas chilenos participaron exitosamente del gobierno del Frente Popular, encabezado por Pedro Aguirre Cerda y, a lo largo de varias décadas, desde la sociedad civil, el movimiento de masas y el Parlamento, se movilizaron para afianzar y reforzar los avances sociales que ampliaban la democracia y robustecían el protagonismo popular en su presencia y participación en la institucionalidad democrática del país.

Paso a paso se echaron los cimientos del triunfo presidencial de 1970.

De este modo, el gobierno del Presidente Salvador Allende, instalado en ese año, 1970, se inspiró en el propósito de transformar profundamente la institucionalidad, de manera que su propia evolución permitiera que en ella reposaran los cambios sociales que propugnaba para Chile. Su idea estratégica era fortalecer la democracia y evitar un colapso institucional del que sólo podían resultar victoriosos aquellos que detentaran el uso de la fuerza. Esta visión histórica se plasmó en su discurso al país del 21 de mayo de 1971.

Allende no fue escuchado. El conflicto fue agudizado hasta una crisis política sin solución, en cuyo contexto se impusieron por el uso de la violencia política más extrema, fuerzas ideológicas de derecha que, de no haber fraguado esa acción golpista en esa etapa de crispación nacional, por ser infinitamente minoritarias, en ningún caso o circunstancia hubiesen llegado a gobernar. Se impusieron gracias al quiebre institucional.

La razón histórica estuvo con Allende.

El derrumbe de la democracia sólo podía facilitar el acceso al poder de los grupos más extremistas e integristas de la derecha. Por eso sostengo que la gran lección política no es jugar, ni siquiera con las palabras, acerca del empleo de la ley del más fuerte para resolver los dilemas del país en democracia. Por ejemplo, aludir al escudo nacional que dice “Por la razón o la fuerza”, argumento usado como legitimador de tales conductas.

La experiencia al respecto es muy dura: en Chile, cuando se ha jugado a la ruptura institucional, los que han ganado e impuesto su designio, han sido los grupos más extremistas de la derecha. Los más violentos, los más inescrupulosos, los que no tienen límites en su acción reaccionaria.

De modo que aunque, una vez más, reciba descalificaciones verbales, como cuando esta semana un destacado académico ha manifestado que es una “estupidez” no proponerse una Asamblea Constituyente, prefiero desde ahora señalar que no hay ningún argumento o previsión que indique que aquello sea mejor y no peor para Chile.

De hecho, si se votara en el Congreso Nacional tal iniciativa y se formara dicha Asamblea Constituyente, la derecha sería ampliamente más representada en dicha instancia que las fuerzas que hoy la propugnan o solicitan.

En este debate se han ido sumando argumentos, como lo sería el caso de España a la muerte de Franco, en la segunda mitad de los ’70, omitiendo por completo que el acuerdo de los partidos políticos españoles, que fue fundamental para la transición, conocido como Pacto de La Moncloa, se materializó por la auto-disolución de las Cortes, provenientes del período de Franco y la instalación de una monarquía constitucional que perdura hasta hoy, en la cual la autoridad del Rey como Jefe de Estado se sitúa como un núcleo esencial de la estabilidad democrática española. Así se demostró en la fracasada intentona de golpe de Estado de febrero de 1982.

Finalmente, una reflexión más de fondo. Las fuerzas o grupos que pretenden el cambio revolucionario caen en el error de pensar que un golpe audaz, una acción afortunada, puede “de golpe” realizar aquellas añoradas transformaciones, es decir, que de pronto la minoría puede pasar a ser mayoría y materializar su voluntad. Esa es una simplificación profunda del proceso político, cuya raíz no es un pensamiento democrático.

Es la creencia que una minoría mesiánica puede alcanzar por su sola acción aquello que el proceso histórico no ha permitido y que las fuerzas populares, en su largo desarrollo, no han conseguido en décadas de luchas de esfuerzos sucesivos.

Por el contrario, desde su fundación en 1933, el socialismo chileno se la ha jugado por la profundización de la democracia y ha entendido que tal orientación estratégica resulta esencial; que no puede haber revolución posible si, a la postre, los partidos o fuerzas que la inspiran, para imponer su voluntad se niegan a sí mismos en su compromiso democrático, con la instauración del esquema autoritario de partido único, como ocurriera con la históricamente terminada experiencia soviética.

El socialismo sin democracia se ahoga y se extingue, por eso toma distancia de cualquier afán de minorías iluminadas que pretendan tomarse el poder sin que ese proceso sea fruto de una transformación institucional, de reformas paulatinas y sucesivas, que posibilitan la renovación democrática de la institucionalidad del Estado.

El socialismo chileno no promueve ni fomenta la acción aventurera de minorías, por ilustradas que estas sean; el socialismo chileno está por las transformaciones realizadas y conseguidas, por mayorías nacionales legitimadas por su esfuerzo a lo largo del proceso histórico, muy lejos del afán de un “putsch” generado en el marco de una crisis institucional.

En la lucha contra la dictadura reafirmamos tales principios, cuando más perseguidos estábamos. No nos enceguecimos por la represión, proclamamos que estábamos por una sociedad democrática que es el resultado de lo que ciudadanos y ciudadanas pueden alcanzar en correspondencia a la tradición chilena, a la realidad nacional, a las circunstancias históricas concretas y al balance de fuerzas que se configuran en cada etapa que marca el devenir social.

Estoy convencido que radicalizar artificialmente el programa que se propondrá al país como alternativa de gobierno, sólo redundará en el fortalecimiento de las fuerzas más conservadoras y en el debilitamiento, altamente inconveniente, del acuerdo estratégico en el ámbito cultural, político y social entre el centro y la izquierda, que ha sido la base hasta hoy, del restablecimiento de la democracia en Chile.

Afianzar la estabilidad democrática abre paso a los cambios que las mayorías anhelan.Especular con lo contrario sólo aleja tales propósitos.

Reitero que el entendimiento de los demócratas chilenos es el pilar insustituible y esencial del proceso de cambios en Chile. La tentación del izquierdismo no hará sino potenciar la resistencia de las fuerzas opositoras a todo cambio, que ampliará su campo de alianzas mucho más allá de los que, naturalmente, debiesen poder conseguir, respaldándose en las subjetividades que se levantan, cuando se proponen opciones que transgreden las potencialidades efectivas del proceso histórico.

Veo altamente riesgoso comprometer un esfuerzo programático que afecte las bases de sustentación de un futuro gobierno, cuando se proyectan metas que luego no se alcanzan y que el centro de gravedad de las políticas públicas, que debiese estar encaminado a encarar y resolver la agudización de la desigualdad como la “tarea de las tareas”, se vea enteramente desalineado por presiones ideologizadas que no se sitúan en la más profunda y decisiva contradicción que debe resolver el Chile de hoy, en esta segunda década del siglo XXI, que es, repito, encarar y resolver la desigualdad.

Advertir de tales peligros arranca de las raíces más profundas del valor democrático del socialismo chileno.

Siguiendo el legado de quien fuera senador y rector de la Universidad de Chile, Eugenio González, que en la década de los ‘40 advirtiera: “entre la dictadura y la anarquía, tradicionales polos de la política latinoamericana, el socialismo está decididamente por el régimen de derecho dentro del estado democrático”.

El tema de fondo sigue pendiente, ese no es otro que dotar de efectiva capacidad de negociación colectiva a los trabajadores que generan la riqueza social del país.Ese propósito significa promover y robustecer herramientas concretas y prácticas de fortalecimiento del movimiento sindical en Chile. Sin ello, sencillamente no será posible acrecentar la participación de los asalariados en los frutos que producen, con remuneraciones dignas y un trato decente.

El neoliberalismo se mofa de las dificultades que se enfrentan a diario para robustecer el sindicalismo. A ello le da una connotación ideológica, señalan que está superado y anticuado.

Esa es una falacia. Pero, el país está ante un círculo vicioso. Como el modelo de alta rentabilidad opera impidiendo la acción del movimiento sindical, dividiéndolo o aislándolo, estamos ante una realidad de injusticia y desigualdad que se retroalimenta: si el sindicalismo es débil se hace muy difícil para los suyos aumentar su rol y representatividad en las empresas y, por lo tanto, al momento de la negociación colectiva sus logros no son los deseados.

Ello a su vez determina que sus afiliados no crecen en la cantidad requerida y que los sindicatos no ganan en la fuerza y representatividad que sus desafíos exigen.Ese círculo vicioso desgasta y muchos sindicalistas no logran ver que sus esfuerzos redundan en logros que entreguen al movimiento sindical la potencia y legitimidad que la nueva situación les demanda.

He visto en Chiloé la entrega denodada de los sindicalistas para defender sus afiliados, de modo especial, en la industria del salmón donde la cadena de abusos se ha ensañado con el nivel de vida de su gente; jornadas extenuantes sin contrato indefinido y extensión de la modalidad por obra o faena; en suma, la instalación de un trabajo precario que nada tiene que ver con las maravillas que describe la autoridad gobernante.

En esta situación la labor de los sindicalistas resulta decisiva para frenar la proliferación y eternización de la cadena de abusos que han marcado esta actividad desde la llamada “crisis del salmón”, en los años 2008 y 2009, la que ha sido la base de una sistemática super explotación sustento de los procedimientos con que ha operado la reactivación de esta industria.

Este sábado, hemos dialogado nuevamente en la ciudad de Ancud, con los dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores del Salmón sobre la común convicción que sin reformas laborales de fondo, mejor ni hablar de enfrentar y derrotar la desigualdad que hay en Chile, la que hoy se reconoce como el principal desafío país del próximo futuro.

Efectivamente, será muy difícil crear un nuevo clima, de cooperación, tolerancia y entendimiento social, mientras la derecha económica no se convenza que debe aceptar y reconocer el rol del sindicalismo y la urgencia de reformas laborales que extiendan transversalmente la posibilidad de disfrutar el crecimiento económico del país.

Mientras se piense que basta con que las familias tienen lo suficiente para nutrirse con el chupe de repollo del recetario del ministro Lavín la meta de una sociedad más igualitaria estará demasiado lejos.

Si se sigue pensando que los “rotos” solo sirven para extenuarlos no se podrá resolver a tiempo, antes de una fractura social irreparable, lo que es un imperativo social para el país: una mejor y mayor dignidad de las personas y la justicia social que revalorice el trabajo que cada miembro de la comunidad entrega a nuestra patria,

En la sociedad global compiten los países y para ello deben contar con la cohesión y la inclusión social que resulta determinante para encarar los desafíos del siglo XXI.

Como es sabido, renuncié a la presidencia del Partido Socialista inmediatamente de concluida la segunda vuelta de los comicios presidenciales que ganó la derecha e instalaron al actual Mandatario en La Moneda.

En tal ocasión, asumí la parte de responsabilidad que me correspondió en la derrota presidencial. Ahora bien, en este nuevo episodio no tuve ninguna responsabilidad ni en la adopción de este acuerdo ni en su implementación.

He defendido, por supuesto, la idea que sin la renovación del acuerdo estratégico entre las fuerzas de izquierda y de centro no se logran generar las condiciones políticas para que se configure una nueva mayoría nacional, social y política, capaz de impulsar, instalar en la agenda nacional, procurar con tenacidad y alcanzar finalmente, las reformas de fondo de efecto estructural para que Chile afiance su estabilidad como nación, robustezca el Estado, sea capaz de potenciar su economía y de hacerse cargo de la desigualdad, que se ha transformado en el gran obstáculo para una comunidad integrada, dotada de un proyecto de país compartido, legitimado y realizado por esa mayoría nacional que le abra paso ante las dificultades que toda empresa o propósito tan ambicioso, inevitablemente, encontrará en su camino.

Estoy consciente que mi punto de vista no es unánime. No podría serlo. Mi reflexión es una manera de conceptualizar y diseñar un camino estratégico, en que es imposible que haya una sola opinión.

Pero, ante la ausencia de otros diseños, me atrevo a esbozar un plan que debe orientar la acción política, con una perspectiva, con pasos sucesivos y coherentes, que expliquen por qué se toman unas decisiones y no otras. Sabemos demasiado bien que sin una carta de navegación se aumenta el riesgo que se desnaturalice la política en un exclusivo afán de poder.

Como Presidente del Senado, impulsé el intercambio de ideas y opiniones, sin limitarme a las fronteras formales de gobierno y oposición. Surgió un fruto muy significativo, que la desigualdad es el desafío esencial del país. Así lo reconocen los centros de estudios y los avances programáticos de las candidaturas presidenciales.

Muchos piensan que el mejor camino para derrotar la desigualdad es una crisis política lo suficientemente profunda para provocar una inestabilidad institucional que genere una Asamblea Constituyente y se cambie de raíz el panorama político nacional.

No pienso así. Eso me genera detractores que me descalifican en lo personal. Es lamentable. Pero aquello no cambia mi convicción, que pensar en una “situación revolucionaria”, como la que generó la Revolución Rusa en 1917 es un error muy profundo, porque los hechos históricos no se repiten y la humanidad ha experimentado un cambio de epoca que recién comenzamos a captar en todas sus dimensiones.

Por eso, mi propuesta es la de reformas sucesivas, como lo hizo Allende por lo demás, pensando en afianzar y renovar la institucionalidad, para lograr que la misma sea capaz de evolucionar y en su fortaleza -y no en su debilidad- reposen las transformaciones que el pueblo de Chile, una mayoría nacional consistente, se vaya dando y generando en un proceso que, tal vez, no tiene la espectacularidad que muchos desearían, pero que en la tradición y las circunstancias chilenas, es el único sostenible para crear y consolidar la mayoría nacional que lo haga realidad y para avanzar hacia una nueva Constitución en nuestro país.

Estas preocupaciones, junto a mi esfuerzo legislativo, me han absorbido. La ley de Pesca y mi esfuerzo para evitar que el mar se entregara a siete familias, la situación laboral en la región de Los Lagos, el drama de la violencia intrafamiliar, la ejecución presupuestaria, en particular lo desfavorable que ha sido hacia las comunidades indígenas. Además, desde el 2010 a la fecha, he publicado tres nuevos libros.

Por tanto, no he tenido participación en negociación ninguna. Pero sí acepté la decisión de primarias legales abiertas. Estas se cayeron y me hacen responsable de tal situación. Me parece una completa injusticia.

Acepto que existan aquellos que rechacen frontalmente mis ideas y opiniones. Pero estoy cansado que los que nunca aportan nada para meditar y definir el rumbo estratégico, se aprovechen para denostarme e intenten, a propósito de esta situación no creada ni buscada por mí, reavivar odios de bajas pasiones.

Soy socialista y moriré socialista. Como tal, jamás me callaré ante la arbitrariedad y la acción irracional, menos aún cuando se diga que esa lesiva conducta se hace por los más pobres.

Rechazo desde mí ser más profundo el paternalismo y aspiro a una sociedad democrática, en que los más humildes sean capaces de decidir su propio destino.

Lo imposible comenzaba a ocurrir. En medio del terror y del miedo, de la persecución y la censura, de dolores y amarguras, de cesantía y pobreza, un inesperado e incluso impensable movimiento social dado las condiciones imperantes, iniciaba un difícil camino que culminaría con la recuperación de la democracia.

Hasta ese momento se imponía en Chile, aquel trágico período que el Cardenal Silva Henríquez denominaba como “la paz de los cementerios”; desde ese día en adelante, Chile empezó a restaurar su capacidad de autodeterminación para salir del callejón sin salida que había establecido una autocracia auto perpetuada en el poder.

No fue fácil. Hubo una dura represión y numerosas víctimas que se agregaron a las que ya habían entregado su vida por la democracia en Chile.

No obstante la dura respuesta dictatorial la presencia de miles de manifestantes en las calles a lo largo del país, y los caceroleos en los barrios y poblaciones permitieron saber que el vecino también estaba descontento y que anhelaba un cambio en el régimen imperante. En ese proceso se pudo reconocer una nueva mayoría nacional.

Ese fue un impulso decisivo para la formación de una alternativa política viable. Hasta antes de las protestas nacionales la prensa oficialista hablaba de voces “disidentes”, luego de aquel 11 de mayo tuvo que ser reconocida la oposición política.

Ahora bien, el movimiento social por sí solo no podía reemplazar la dictadura; para ese propósito se requería, necesariamente, lo señalado en el párrafo anterior, una alternativa política que viabilizara la conducción del país, en las nuevas condiciones que iban a constituirse con la restauración de la democracia.

Para avanzar en esa dirección, la campaña por la opción NO en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 jugó un rol fundamental.

En febrero de ese año, se formó el Comando por el NO que fue la base de la Concertación de Partidos por la Democracia. Soy de quienes piensan que sin las Protestas Nacionales no hubiera sido posible el triunfo del No.

Para sostener esta afirmación me baso en que el movimiento que irrumpió en mayo de 1983, permitió saber que Pinochet recibía un repudio nacional, que el miedo era posible de vencer y que, además, existían las condiciones para que una alternativa política se hiciera cargo del país.

Sin reconocerse como comunidad nacional con un propósito compartido en las Protestas Nacionales, ni más ni menos, que la voluntad de decidir su propio destino, sin tal experiencia decisiva, no se habría logrado reunir más de un chileno o chilena por cada mesa de votación el 5 de octubre de 1988 para asegurar el respeto al resultado e impedir la intervención y desconocimiento del veredicto popular a través del uso de la fuerza.

De manera que la lucha social y política fueron convergentes y determinantes. Sin el valor y el coraje de quienes protestaron, el país no viviría hoy en democracia y sin la amplitud y unidad política que se forjó en ese período, tampoco ello hubiere sido posible. Ese es su valor histórico perenne.

La primera y más evidente es que “la mujer del César no sólo debe serlo, sino que parecerlo”, pues las explicaciones del ahora ex candidato en el caso de las alzas unilaterales de las tarjetas Jumbo Más, perjudicando a más de 600 mil personas y su improvisada pero inconsistente respuesta a la no declaración de una cuenta de su propiedad, bajo el nombre de una empresa de fantasía en las Islas Vírgenes Británicas, rubricaron una campaña vacía, sin contenido, fantasmal. Un modelo que emulaba la caricatura del “correcaminos”, rauda e incesante, incapaz de lograr un mínimo de quietud en algún lugar, pero sin propuesta. Un caso de completa ausencia de temas-país.

Una situación enteramente paradojal. El partido más integrista y conservador del país con una candidatura vacía, sin bases programáticas de sustentación. En suma, una especie de holograma.

Luego de ello, la propia actitud del afectado, pensar que se puede postular a la Presidencia de la República como si ello fuera un juego, como si se pudiera hacer lo que la sola voluntad y deseo de cada cual indicara, sin responder de su trayectoria y pasado; entre tales aspectos decisivos, las resoluciones tomadas afectando a miles de personas en condición de gerente general del más importante conglomerado del retail del país.

Hay, evidentemente, una desvalorización del rol de lo público. Una suerte de “ninguneo” de la acción política entre este grupo de tecnócratas y gerentes, que se ven ellos mismos como “iluminados”, con una mirada de menoscabo y desprecio a la opinión de la comunidad, al punto que piensan que se puede actuar impunemente sin dar cuenta de sus responsabilidades recientes.

Revalorizar la política tiene como condición necesaria el restablecimiento de los valores de la ética política que son fundamentales. El “llanero solitario”, el “jovencito” intergaláctico o el corajudo policía encubierto, son personajes exclusivos de las películas.

El ideal de aquel que se aventura para imponer su voluntad a los demás con su audacia y dinero es una idea y un concepto que corrompe profundamente el sentido mismo de la acción política.

La razón es muy de fondo: el sentido de la política no es el beneficio personal, sea este a través del enriquecimiento propio o de la fama en los medios de comunicación; para eso es la farándula, los negocios o el deporte de alta competencia. En el fútbol de hoy, por ejemplo, un muchacho humilde puede, legítimamente, pasar a ser millonario, si tiene la destreza y el vigor físico esencial e irremplazable, así como la autodisciplina para no consumirse en el “carrete”.

Como es obvio, el sentido de la política apunta en otra dirección. No son ni comparables ni equivalentes. El dinero puede corromper a un político y la fama lo puede trastornar, alejándolo de las raíces profundas del sentido de su presencia en la acción política.

El episodio que denomino “auge y caída de un cometa” es, precisamente, el de la efímera trayectoria de una persona que se pensó con las aptitudes para dirigir la nación y que, muy por el contrario, se encontraba lejos de haberse dotado de los atributos, del bagaje y la experiencia requeridos para hacerlo. Por eso le sucedió lo que todas y todos sabemos.

Un paso fugaz por el firmamento y de su tránsito por la política, en cuanto a patrimonio de ideas y de influencia intelectual, no quedará nada.

Lamentablemente, el debilitamiento de la política expone al país al surgimiento de estas situaciones. El extremo individualismo genera estas manifestaciones. Opciones personalistas que sin ningún respaldo societal, sean con militancia en un partido político o sin ella, que tienen una sola meta: generar un impacto mediático que las coloque en la nómina del próximo sondeo y de allí “a probar suerte”.

En años recientes, mucho se especuló con el llamado “paradigma de la eficiencia”, la creencia de que un grupo de “caras nuevas”, provenientes de las empresas y servicios de los conglomerados económicos, los estereotipos del individualismo pragmático vendrían a resolver los problemas de burocratización del aparato público y lo reconvertirían en un modelo de excelencia tecnocrática.

Por ello, la administración Piñera llegó rodeada de un anchísimo cinturón de estos elementos que despreciaban la experiencia adquirida y la participación social. Hoy, el grueso de ellos, ya se embarca en estudios, empresas y bufetes privados, sembrando la cantinela que los “viejos políticos” no les dejaron hacer las maravillas que se proponían realizar.

Una suerte de refundación tecnocrática de la sociedad promovida desde el piñerismo se desploma junto a su ejecutivo más exitoso, el otrora poderoso gerente general de Cencosud. La política fue demasiado compleja para ellos. Aquello que despreciaban resultó ser, finalmente, el factor que los derrotó, la política.

En consecuencia, para el futuro de la democracia chilena, reponer la validez de los proyectos colectivos y de la responsabilidad política se transforma en una tarea fundamental. Se trata de un proceso social, no de una iniciativa mesiánica, por muy iluminada que sea la persona que la impulse o proponga. No es, tampoco, una acción vertical, pues los males de la democracia se sanan con más democracia.

Revalorizar la política significa que el concepto mismo debe redimensionarse. Se trata de una tarea con la sociedad, que emana de un compromiso profundo con la comunidad, que se expresa en una responsabilidad fundamental hacia la correcta dirección de los asuntos públicos y que, en consecuencia, repugna y rechaza cualquier afán de aprovechamiento individualista, por el sentido mismo del compromiso político.

No es una actividad de provecho personal, es una vocación de interés nacional y servicio a la comunidad. La política es un proyecto colectivo, por el bien común, la paz social y el ejercicio de la dignidad esencial que a cada persona le es inalienable y que se expresa en la búsqueda permanente de la justicia, la igualdad y la libertad.

La frivolización que hemos vivido en Chile en los últimos años, en que se pretende desde los negocios de algunos dirigir los asuntos del país, provoca un grave daño a la democracia y al sentido mismo de nuestra vida como comunidad nacional.

Es un objetivo imperioso el que seamos capaces de rectificar, fortaleciendo la institucionalidad política del país y los valores éticos en que se funda el sistema democrático, como la mejor opción de estabilidad y progreso para Chile.

De esa tragedia aprendimos que sobre la superficie del agua, el ojo humano advierte aproximadamente la séptima parte del total de ese bloque congelado, que pueda provocar efectos devastadores a los que se atreven con el o no perciben su fortaleza y desbaratan tristemente sus estructuras en aquellos fríos gigantes que pasan a convertirse en barreras infranqueables.

La nación chilena corre el riesgo de colisionar con su propio iceberg. Se trata del iceberg de la desigualdad. Hace años que vengo insistiendo en esa frontera de alto riesgo. Quienes lo duden pueden revisar mis intervenciones a propósito de la baja electoral de la Concertación en 1997 en las elecciones parlamentarias de ese año, en que sufrimos una merma de casi un millón de votos.

En ese período, hasta antes de la recesión internacional que golpeara duramente el país a fines de los noventa del siglo pasado, la frase reiterada en el empresariado hacia los que insistíamos que el tema de los derechos laborales era una “pata coja” en medio de tanto exitismo, fue que lo mejor era no preocuparse de aquello si el país “iba como un avión”.

En realidad, eran muy pocos los que gozaban de tan rotunda aseveración.

En mi opinión, la inflexibilidad y frialdad empresarial ya influyó, entonces, en que sectores sociales significativos iniciaran su distanciamiento del sistema político. Hay que rescatar de ese período que la administración Frei insistió con un proyecto de reformas laborales que, aprobado en la Cámara de Diputados fue rechazado en el Senado de entonces, marcado por la presencia de los senadores designados y vitalicios refractarios con la derecha a todo cambio en el esquema laboral dejado por la dictadura.

Asimismo, el gobierno generó un aumento sustantivo del salario mínimo que la derecha no ha dejado de cuestionar en los años posteriores, culpando a esa decisión de las dificultades económicas sobrevivientes a la llamada “crisis asiática”.

Superadas las turbulencias económicas, se reiniciaron los buenos índices de crecimiento económico, el país retomó altura y se inflaron nuevamente muchos abdómenes de un insensible exitismo; se volvió a repetir, si vamos “como avión”, para qué tocar o reformar lo que funciona tan espléndidamente bien.

En el intertanto, en medio de una creciente desigualdad, en muchos sectores se coaguló el distanciamiento hacia el sistema político y se extendió un nuevo estado de ánimo, transformado en motivo de múltiples estudios y análisis por diferentes exegetas del devenir social, como es el tema del “desencanto”.

He sostenido y reitero que este fenómeno es la expresión del distanciamiento hacia un sistema político débil, que no consigue revertir el agudo proceso de aumento de la brecha de la desigualdad que agobia a nuestro país.

No es una situación de crisis institucional, pero sí es una señal preocupante del severo riesgo que puede llegar a afectar las propias bases de la estabilidad democrática, en el caso que no se formule y materialice una respuesta de fondo de carácter integral, a sus agudas consecuencias en la convivencia nacional.

Por eso he insistido tanto en el tema de la desigualdad. El estudio realizado por los investigadores de la Biblioteca del Congreso Nacional reafirma que se ha extendido como mancha de aceite en la base económica y social del país, con todas sus múltiples y aberrantes repercusiones.

En esta conducta insolidaria han sido frecuentes comportamientos como el del actual precandidato de la derecha, señor Golborne, que llevó a cabo decisiones que perjudicaban directamente a familias humildes y de clase media, al ejecutar unilateralmente alzas en las comisiones de tarjetas Jumbo Más, del consorcio Cencosud del cual era gerente general.

La explicación que ha entregado no puede ser más insostenible, al señalar que “uno obedece instrucciones”. Esa afirmación es inaceptable y los propios Tribunales de Justicia la han rechazado, en situaciones como el caso La Polar.

Es decir, nadie puede alegar una “obediencia debida”; no se puede desplumar al prójimo porque lo manda el directorio de la empresa. Esa ausencia de estándar ético es la que ha condenado las actuaciones de los personeros pertenecientes al actual gobierno en diversos conflictos de interés.

Me alegro que el liderazgo político más potente con que cuenta el país, el de Michelle Bachelet, haya definido que este tema, enfrentar y reducir la desigualdad, es el pilar sobre el que se levanta su propuesta de gobierno. Los candidatos Orrego y Gómez así también lo asumen. Incluso el ex senador Andrés Allamand hace de este tema una preocupación central.

En consecuencia, nos encontramos ante un posible nuevo centro de convergencia de las políticas públicas de un próximo período. Muchos aceptan hoy lo que ayer no aceptaban.

Hasta el Presidente de la República se atreve a incluir el tema de la desigualdad como tarea mal realizada en sus constantes ataques a la ex Presidenta Michelle Bachelet. No cabe más que añadir quien te vio y quien te ve.

En todo caso, que el propio Piñera señale a la desigualdad como tema país, indica lo pertinente que ha sido el esfuerzo que hemos hecho.

Espero que en noviembre haya cambios en el liderazgo del país, porque sería un contrasentido que los que han levantado sus protagonismos individuales desde la desigualdad, los que son en el fondo la quintaescencia del sistema, no están en condiciones de formular y proyectar un camino estratégico de superación de la misma, para bien del país y bienestar de sus habitantes.

Sé que hay muchas personas que han denostado esta idea, porque representa una petulancia incalificable, pero también un menosprecio a las familias de menores ingresos que no se puede aceptar.

Sin embargo, ello no es lo más grave. Lo que resulta profundamente delicado es que se pretende reducir la alimentación de los hogares de menores ingresos a un estándar de niveles mínimos, infamantes. Se intenta legitimar un nivel de tal precariedad, “un chupe de repollo”, como se le denominó, de manera de condicionar el consumo de los hogares más humildes y perpetuar la desigualdad.

Si llegamos al extremo que una familia de cuatro personas puede comer con dos mil pesos significa, entonces, que se puede continuar indefinidamente viviendo en niveles de extrema precariedad.

Además, este supuesto recetario derrumba el mito del “pleno empleo” del gobierno y desnuda que estamos en un país que vive circunstancias de una extensión de un tipo de ocupación laboral tan exigua, que un organismo público pretende crear la costumbre de ingerir, por los más pobres, el mínimo de proteínas de lo que un ser humano requiere para reproducirse a sí mismo y a su entorno social.

Se quiere invitar al país a que se tolere que una parte de los suyos sea capaz de sobrevivir, pero no de vivir con la dignidad que Chile hoy puede entregar a todos quienes habitan en su suelo.

Estamos ante una pretensión autoritaria sumamente peligrosa: tolerar y convivir con una fractura social irreparable.

Hacernos parte de un modelo económico-social en que, aproximadamente, un quinto de la población está condenada al subconsumo y a una congénita subalimentación.Un Chile con parias, “humanoides”, mal nutridos, con sopas aguadas y sin proteínas. No es el Chile a que todos y todas debemos aspirar.

Además, desde el punto de vista valórico, con este recetario se está abriendo la puerta hacia la completa ruptura del principio de la solidaridad, ya tan debilitado por el hiper consumismo que afecta a nuestra sociedad.

Con este instrumento se pretende tranquilizar las conciencias y adormecer los remordimientos de muchas personas, debido a que con el se puede llegar, simplemente, a pensar que no es necesario ser solidarios, si resulta tan fácil alimentarse. Basta con tener dos “lucas”.

Esta aberración no es posible que se implemente en nuestro país.

No deseo acusar al ministro Lavín de un burdo maquiavelismo al concretar esta idea.Pero él ya se equivocó una vez, cuando sugirió que el sueldo mínimo se dividiera en dos, lo que significaba condenar a los trabajadores de menores ingresos a una situación de indigencia definitivamente humillante.

Ahora, en esta nueva iniciativa, sus repercusiones son inverosímiles, ya que se proyecta desde este recetario que las familias vivan en niveles que Chile no puede tolerar.

Todo ello me hace solicitar, humildemente, al ministro que esta iniciativa sea desechada por sus efectos definitivamente aberrantes.

Se señala en la información que La Moneda respalda esta actitud de injerencia en encuestas a su disposición que le entregaría a las fuerzas hoy en la oposición la capacidad de “doblar” en varios distritos de diputados e incluso en ciertas circunscripciones senatoriales.

Este esfuerzo, lógicamente, ha sido encargado con alto “secretismo”. Añade la información que los ajetreos desde el palacio presidencial tendrían como propósito “bajar” a competir, desde su cartera al ministro de Cultura, debido a un supuesto sobresaliente posicionamiento en tales encuestas que lo haría una “potente” carta electoral en la región de Coquimbo.

Como el trabajo debiese ser completo, un grupo de juristas tendría que encontrar la manera que tal postulación sea factible, ante el detalle no menor que la Constitución Política del Estado exige que los ministros renuncien un años antes cuando se tienten o sean tentados para postular al Parlamento.

Este proceso de aunar voluntades convergería, naturalmente, en la primacía indispensable para proyectar al actual gobernante al sillón presidencial en el 2017.

La teoría de la silla musical en versión ampliada. El gobierno como comando de campaña electoral.

Esta es la distorsión y desnaturalización de funciones que vengo denunciando desde hace varios meses. La torpeza de estos intentos me podría inclinar a guardar silencio.

Sin embargo, hay un tema-país: la intervención electoral es de muy triste recuerdo y de nefastos efectos, no es propia de las reglas del juego democrático, conlleva la huella y la marca de un autoritarismo de muy mal sabor en nuestro país.

La razón es inequívoca, desde el gobierno central se interviene a los partidos afines, dañando su legitimidad e institucionalidad y buscando la derrota de los opositores políticos mediante un sistemático abuso de poder.

El efecto es confrontación y polarización y un clima nacional que se vuelca contra sus propios autores. Los gobernantes se desautorizan ante el país ante afanes de perpetuación que resultan tan ilegítimos como inocultables.

En democracia el gobierno debe responder por el interés general de la nación.Mucho se habla en estos días de prestigiar la política, el intervencionismo electoral es uno de los golpes más duros que se puede proferir a la transparencia y a las buenas prácticas políticas.

De manera que no es un ejercicio retórico inútil solicitar, una vez más, la observancia del espíritu y de la tradición republicana, aquella que es inequívoca: el ejercicio del poder debe ajustarse plena y cabalmente al principio de legalidad, la autoridad no se puede arrogar otras atribuciones que no sean aquellas que le están expresamente conferidas. El interés del país así lo obliga.

Dicho esto de quien viene, una persona en nada cercana a la oposición política contra la dictadura, lo menos que se puede decir es que se trata de afirmaciones duras y fuertes.

Una de ellas se vincula al hecho histórico que en 1970, por la voluntad soberana del pueblo de Chile fue electo Presidente de la República, Salvador Allende.

Efectivamente, como constata la historiadora por primera vez se eligió un Presidente marxista. Es decir, fundaba su acción política y su visión del mundo en las ideas formuladas por el teórico y filósofo alemán Carlos Marx. Allende nunca lo ocultó y por el contrario, orgulloso de esa condición proclamaba su voluntad de impulsar un proceso de cambios sociales de acuerdo a la realidad chilena en democracia, pluralismo y libertad.

En otras palabras, Allende fue lo contrario de aquel estereotipo del término “marxista”, que tantas veces esgrimió el dictador Augusto Pinochet y otros violadores de los derechos humanos, que usaban tal calificativo con el exclusivo y siniestro propósito de ejecutar crueles acciones represivas, incluida la disminución física de sus opositores.

De triste recuerdo es aquella frase de Gustavo Leigh, el mismo 11 de septiembre de 1973, cuando señaló que el objetivo de la Junta Militar era “extirpar el cáncer marxista”.

Allende era un humanista laico, conocedor de la Teoría Marxista, concebida por él como una guía interpretativa de la realidad social y económica, abierta permanentemente a las transformaciones inevitables, e incluso deseables, “del constante devenir social”.

Allende era un político creador, con una mirada de largo plazo que daba coherencia a su infatigable lucha por una sociedad mejor, pero era un líder ajeno al fanatismo y la rigidez de quienes interpretan las ideas revolucionarias de Carlos Marx como un dogma, una receta inmodificable o peor aún, como un cuerpo pétreo y reseco, indiferente al país en el cual se sitúa el desafío, al cual no le importa lo que ocurre en su entorno, sino que vive sólo para su reproducción dogmática.

Por eso, Allende era socialista, lejano y profundamente ajeno al fanatismo y la irracionalidad de los que asumen el ideal socialista como una especie de libro sagrado, inmutable, estéril.

Es indudable que su “vía chilena”, obedecía a esas convicciones profundas. La petrificación de la construcción socialista bajo la llamada “teoría científica del marxismo-leninismo” en la Unión Soviética y su campo de alianzas durante medio siglo, hasta la caída del muro de Berlín, la conversión del partido único en una estructura de retroalimentación de un poder autoritario, sin democracia, le llevó a insistir durante décadas que el camino para Chile era “con democracia, pluralismo y libertad”. Sólo una alternativa profundamente chilena podía responder a las exigencias del camino revolucionario para Chile.

Es decir, para millones de luchadores, el término marxismo expresa un compromiso muy profundo, no dogmático, entrelazado al esfuerzo civilizatorio que entrega más dignidad y justicia, libertad al ser humano. En la vereda opuesta, para muchos terroristas de Estado no fue más que una palabra usada como excusa, para cometer atrocidades inenarrables.

La derecha se auto-encegueció con el terror que ella misma generó respecto de Allende y sus propósitos; por ello después del Golpe de estado de 1973, se hizo cómplice de las más inaceptables violaciones a los Derechos Humanos.

De manera que no resulta ociosa una reflexión sobre el sentido y las consecuencias que pueda adquirir una palabra en el proceso histórico y la vida de un pueblo.Allende era enemigo de toda censura. Fue un demócrata a carta cabal.Por eso, defendió hasta el final su concepción chilena para el cambio social en Chile.

No es excusa decir que la OCDE lo solicitó de esa forma, ya que al país se le oculta que con el nuevo estándar se cambia sustancialmente el resultado de la encuesta que se lleva a cabo, pretendiendo convencer que el mejoramiento en las cifras no es por el cambio de indicadores sino que por las virtudes de los que gobiernan. Levantar esa imagen falseada de la realidad es el gran mito de la actual administración. Es intentar configurar en los hechos una de las pesadillas de Orwell, instalar una mentira como verdad, haciendo uso para ello del poder.

Esto se hilvana con la más fuerte de las metas mediáticas de la actual conducción estatal, la que se piense que son un equipo fantástico. De allí que la autoridad económica repantingada en un mullido sillón de autocomplacencia pretende vender un producto: la imagen que en tres años logró que el país saltara, de lo que considera inercia burocrática e ineficiencia en sus antecesores, al umbral de la abundancia, el desarrollo y el primer mundo. Todo, por supuesto, gracias a su gestión sobresaliente, brillante y excelsa.

Lógico, para ellos no podría ser de otra manera, se ven como una autoridad de excelencia, gente de un nivel superior, con los recursos suficientes además, desde su particular criterio, para que sus fortunas personales despejen cualquier sospechosa insinuación relativa a conflictos de intereses, lo suyo es pura y simplemente” ganas servir”.

Desprecian también hacerse cargo de la “maliciosa” interpretación de la oposición de que en tan breve lapso de tiempo no se hacen milagros y que medran de una trayectoria anterior favorable y de precios del cobre que han permitido sostener gastos populistas para paliar la desigualdad en la distribución del ingreso. Sin esos elevados precios además, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos seria inmanejable.

Con el sesgo de su punto de vista se convencen que hay un mezquino intento de desconocer una obra maciza, poderosa, imponente; que los chilenos y chilenas muy mayoritariamente no les acompañen en el autobombo solo puede deberse, una vez más, a que el” populacho” es malagradecido y no se conforma con nada.

Sin embargo, la autoridad económica peca de presunción y su vanagloria conlleva un irreparable desconocimiento de la vida diaria, aquella que se vive en la realidad social y económica de cada familia.

Es tal la ignorancia lo que nubla y distorsiona sus juicios, alimentando un exitismo que llega a ser extravagante, que comienza dando la espalda por completo al déficit en la cuenta corriente del país, ya cercano a los diez mil millones de dólares, debido a que bajo la responsabilidad de la actual administración se ha saltado desde el superávit al déficit, haciendo gala de una completa dejación de sus obligaciones para cuando ya no estén en sus despachos y hayan regresado a sus negocios personales. El abuso de poder implícito en tal conducta es parte del problema que tenemos como país.

El hecho concreto es que el malestar en Chile arranca de una insatisfacción generalizada hacia un sistema de reiterados abusos e inequidades que se ha enquistado hondamente en los hábitos y las relaciones de poder en la sociedad chilena.

El fundamento neoliberal en los vínculos y correlaciones entre personas y grupos sociales fomenta el “agarra aguirre”, es decir, que por poco poder que sea quien lo tiene trata de imponerse y lucrar al máximo, para, en lo posible, enriquecerse sin reservas morales o escrúpulos molestos.

Vivimos en un estado de cosas en que hay predisposición al abuso, y ello ocurre, de modo especial, en el ámbito de las relaciones laborales, en la base de la pirámide, lo que sus colegas economistas denominan la distribución primaria del ingreso, sellando un desequilibrio frente al cual, las políticas públicas con todo su valor, no lograran modificar estructuralmente. Es por ello, que una masa laboral a merced de un trato abusivo no logra levantar cabeza y es el sitio en el cual se incuban pobreza, marginalidad y resentimiento social, que golpean y horadan las bases de la propia sustentabilidad democrática.

La normativa laboral está sobrepasada por el sector empresarial, cuyos ejecutivos y técnicos aprendieron con suma diligencia y resolución los mecanismos y resquicios que le permiten ignorarla, burlarla o anularla sistemáticamente.

Se ha coagulado un sistema jerarquizado de abusos y prácticas marcadas por el afán de rentabilidades leoninas, en una verdadera pirámide de orden y mando para torcer el sentido de las normas legales que protegen a los trabajadores que, finalmente, logra que se pierda el sentido mismo del valor del trabajo para muchas decenas de miles de hogares que dependen de un empleo para vivir decentemente y que se ven obligados a hacerlo en condiciones muy difíciles.

Este es el piso económico y social que la sociedad chilena debe ser capaz de levantar para hacerse cargo de la desigualdad que irrita a amplios sectores y que no puede seguir ensanchándose. Ese esfuerzo redistributivo potenciará a un millón de emprendedores y abrirá nuevas y amplias potencialidades a la clase media.

Aun más, reinstalar el valor del trabajo es un requisito básico para la cohesión social y la salud moral de la nación chilena. No hemos sido, no somos ni podemos llegar a ser una sociedad de especuladores, explotadores o pillos de cualquier tipo de categoría. El trabajo y su valor es el pilar que sostiene la existencia cuando se es parte de una comunidad nacional.

Una de las secuelas más graves del neoliberalismo es la conversión de la actividad laboral en una pesada carga, motivo de agobio e insatisfacción. Cuando se imponen tales conductas lesivas a los trabajadores, quienes caen en ellas, los abusadores creen que es un gran negocio, pues se ganan la plata fácil, a costa de hogares ajenos, pero padecen de una ceguera irrecuperable, pues es el desprecio al valor del trabajo expresado en bajas remuneraciones, en la burla de derechos sociales y previsionales y en la represión a la asociatividad autónoma, que no es otra cosa que sindicatos debidamente respetados.Es el conjunto de aquellas nocivas conductas las que fracturan la paz social.

Por ello, debemos abandonar la burbuja del gran mito y reponer en Chile el valor esencial de contar con un trabajo decente y de familias con dignidad. Se requiere superar la autocomplacencia y bregar por el respeto al empleo, expresado en salario justo y normas laborales confiables, de protección y no avasallamiento de los que viven cotidianamente de su esfuerzo laboral.

Hay que dignificar el trabajo humano.