En efecto, con especial orgullo y satisfacción recordamos aquel 19 de junio de 1933, fecha en que el entonces Presidente de la República, don Arturo Alessandri Palma, tuvo la visión de dar vida propia a una organización policial ya existente desde el siglo XIX y poseedora de una clara identidad investigativa y civil, separándola definitivamente de Carabineros de Chile.

Recordar aquella decisión del Presidente Alessandri es también una oportunidad para mirar con entusiasmo su presente y futuro, sobre todo ahora que la institución cuenta con renovadas autoridades. Es un momento de gran significación, porque nos permite pensar y reflexionar respecto de la Policía que Chile necesita para enfrentar de mejor forma sus nuevos retos en materia de seguridad, criminalidad, justicia y cooperación internacional.

Atrás quedaron los tiempos en que la delincuencia actuaba de modo más o menos improvisado y sujeta a rudimentarios códigos de comportamiento. En estos días la criminalidad se ha sofisticado, actuando de manera cada vez más violenta y planificada e incorporando en sus acciones los avances tecnológicos. Su proceder es cambiante y muestra un ascendente desprecio por reglas mínimas de respeto por los otros.

En este contexto y desde 1990, la Policía de Investigaciones ha elevado sus estándares profesionales, adecuándose a nuevas y mayores exigencias legales y deontológicas. Sus hombres y mujeres han dejado atrás la “intuición” como herramienta de ejercicio profesional, y han asumido el “conocimiento científico”, la “planificación estratégica” y la “sabiduría ética” como fuentes de auténtica gestión policial.

Sin embargo, ha llegado la hora de ampliar los horizontes. Con el impulso de estos 82 años de existencia, la PDI debe volcarse sin temores a consolidar un proceso de creciente especialización, haciendo del conocimiento aplicado y científico su mayor herramienta de desempeño. Ha llegado la ocasión de focalizar sus acciones en aquellos delitos críticos y de alta gravedad, complejidad e impacto para el desarrollo del Estado y la sociedad. Esto, por cierto, en sintonía con el resto de los actores de los sistemas de seguridad y persecución penal.

Desde la recuperación de la infraestructura y la dignificación policial de los noventa, pasando por la modernización de la gestión en la década del 2000, se hace necesario avanzar hoy en una nueva etapa de especialización investigativa.

Es la hora de trabajar en la ampliación de un capital humano poseedor de competencias policiales de alta entidad. Es la oportunidad de salir de las “fronteras interiores” para realizar aportes en materia de política criminal y en apoyo a la justicia, así como en temas de análisis delictual, investigación y prospectiva policial.

El terrorismo internacional, el crimen organizado transnacional, la ciberdelincuencia, el narcotráfico globalizado, la flexibilidad de la delincuencia común, así como otros fenómenos criminales, hace imperioso que el Estado de Chile cuente con una PDI apta para anticiparse, identificar tendencias y realizar análisis criminal de renovada eficacia, es decir, capaz de poner la ciencia policial al servicio de la seguridad integral del país.

Para enfrentar la moderna criminalidad, ya no es suficiente el uso exclusivo y legítimo de la fuerza. Ello fue exigible en el pasado. Hoy, empero, es indispensable el uso progresivo y sistemático del saber especializado y científico.

Ha llegado el tiempo de asumir plenamente el “valor estratégico” de la PDI para el desarrollo de la nación.

Como nunca antes en la historia de la humanidad, el planeta está más al alcance de todos.Las informaciones que ocurren en rincones del mundo opuestos al nuestro se reciben en tiempo real y todo indica que ya no hay regiones que puedan quedar al margen del conocimiento global. Tal como señalaba el profesor Jorge Larraín, en su libro la “Identidad chilena”, la distinción entre lo local y lo global se ha vuelto cada vez más difusa.

Sin embargo, la globalización ha generado a su vez un lado oscuro. Uno de estos aspectos negativos está estrechamente relacionado con la criminalidad, por cuanto ésta también se ha globalizado, siendo hoy capaz no sólo de actuar simultáneamente en varias partes del mundo, sino que además tiene el potencial de involucrar a personas de distintas nacionalidades. La actuación de las organizaciones criminales transnacionales es el típico ejemplo de la existencia de una nueva realidad global, donde se han superado las fronteras nacionales.

En medio de este escenario, algunas expresiones delictuales se han presentado con mayor fuerza, como es el caso de la “trata de personas”. No es que este delito no haya existido antes, sino que en las actuales circunstancias – de mayor apertura e información – se ha transformado en una expresión más recurrente por sus facilidades de operación, por sus enormes ganancias y por las posibilidades de éxito en sus planificaciones.

Este delito es sin duda una de las manifestaciones más deleznables de la realidad criminal actual, ya que impacta directamente en el núcleo de la dignidad humana. Por lo general, sus víctimas son personas vulnerables, como niños y mujeres, de escasos recursos y dispuestas a grandes sacrificios en favor de un futuro mejor. Sus victimarios juegan y destruyen las esperanzas y expectativas de sus víctimas, se aprovechan de sus vulnerabilidades y pretenden desconocer el valor más propio e íntimo de todo ser humano.

Es por ello que la trata de personas no es solo un fenómeno criminal de orden transnacional, es también y al mismo tiempo uno de los actos que más rechazo provoca en la conciencia moral.

Reducir a una persona a la condición de mercancía transable en el mercado, constituyéndose por lo mismo en la forma moderna de la esclavitud, repugna a una recta conciencia y, por ende, es motivo de reflexión y análisis desde la perspectiva legal, ética y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Tanto es así que el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, define este delito de la siguiente manera.

“Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Conforme la definición antes descrita, existen tres formas principales en que se expresa este delito.Una tiene como finalidad someter a las personas a trabajos forzados, y las dos restantes tienen por propósito la explotación sexual y el tráfico de órganos.

Por lo tanto, esta expresión criminal tiene una estrecha relación con otro ilícito relacionado, pero conceptualmente distinto, como es el tráfico de personas. Según INTERPOL, “en este caso los traficantes posibilitan la entrada ilegal en un país a quienes no son ni ciudadanos ni residentes permanentes del mismo. Por lo general, una vez que el inmigrante clandestino paga su deuda, acaba la relación entre éste y el traficante”.

En rigor, la trata de personas es una manifestación de la criminalidad organizada transnacional y sus ganancias a nivel mundial son francamente millonarias.

Por tal motivo, INTERPOL ha adoptado una moderna estrategia para enfrentar este delito en distintos niveles que abarcan iniciativas tales como: “Operaciones y proyectos” (Implementación de medidas para desmantelar las redes dedicadas a este ilícito), “Instrumentos” (Establecimiento de sistemas técnicos de intercambio de información a escala mundial), Generación de “alianzas” (Colaboración con distintos sectores), y “Conferencias y otros actos” (Coordinación entre especialistas de todo el mundo).(1)

A nivel nacional, la trata de personas también se ha transformado en motivo de preocupación y ocupación. Al respecto, cabe precisar que Chile se ha convertido en un receptor de migrantes, situación altamente positiva para el país, pues da cuenta de un ethos nacional cada vez más abierto a la riqueza intercultural y a la solidaridad internacional.

Sin embargo, esto ha despertado la atención de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, hecho que ha impulsado a la Policía de Investigaciones de Chile a implementar una unidad especializada en la investigación de este delito, como la Brigada Investigadora de Trata de Personas, creada el año 2012, con el propósito no solo de apoyar a los sistemas de persecución penal y de administración de justicia, sino que también para contribuir con el pleno respeto de los derechos humanos, particularmente los derechos fundamentales de mujeres, niños y niñas.

Es así que la trata de personas es un fenómeno de creciente preocupación. Analizar sus causas, enfrentar sus operaciones, y prevenir y remediar sus consecuencias son – a la vez – obligaciones de orden jurídico-estatal y moral. En efecto, este delito lastima a las personas más vulnerables de toda sociedad, a aquellos que más atención y ayuda necesitan para salir de sus condiciones de profunda fragilidad humana.

No hay que olvidar además que este ilícito se enmarca en un contexto mucho mayor.Vivimos en un mundo donde la dignidad de las personas parece perderse en los laberintos del egoísmo. De ello da cuenta la muerte de cientos de inocentes en enfrentamientos armados, los desplazamientos forzados en zonas de conflicto, la existencia de numerosos campos de refugiados con condiciones inhumanas, así como el abuso en contra de los menores de edad.

Se hace imperioso, entonces, el surgimiento de una reflexión serena y profunda, junto con una acción decidida y oportuna.

Ante estos escenarios surge con infinita fuerza la visión kantiana, según la cual el daño que se hace a una víctima, es un daño que se causa a toda la humanidad. El filósofo español, Fernando Savater, también nos habla de corresponsabilidad y nos dice que cuando se trabaja por el beneficio de la sociedad, en el fondo se está garantizando el beneficio de cada uno.

En síntesis, la trata de personas debe interpelarnos no sólo como urgencia legal, sino que fundamentalmente como desafío moral.

(1)Ver más en www.interpol.int

Estas cifras permiten realizar una reflexión serena y prudente sobre un tema siempre vigente y delicado, como es la seguridad ciudadana y el rol de los gobiernos y comunidades locales, en complemento con las acciones del sistema de seguridad y de persecución penal.

Al respecto, es posible decir que en Chile la lucha contra la delincuencia paulatinamente se ha ido profesionalizando sobre la base del conocimiento aplicado y de la generación de estadísticas, cuyas cifras han venido a reflejar de modo más objetivo la naturaleza de la delincuencia.

Sólo desde el año 2004 el país cuenta con una “Política Nacional de Seguridad Ciudadana”, la cual estableció los criterios orientadores que enmarcaron las estrategias y los programas respectivos. Más tarde, en el 2006, se consolida este proceso mediante la implementación de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública” y, posteriormente, se dio un nuevo paso con la ejecución del “Plan Chile – Seguro”.

La victimización y el temor comenzaron a medirse, a fin de tener fotografías lo más exactas posible respecto de lo que ocurre en la práctica. Nació así la “Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana”, que representó un salto cualitativo en la materia, por cuanto se focalizó no sólo en las denuncias, sino que en la victimización efectiva y en la percepción de inseguridad.

Este instrumento, unido al estudio de la experiencia comparada, permitió sacar conclusiones relevantes y basadas en evidencia.

Por ejemplo, se logró identificar que la criminalidad urbana responde a “patrones específicos”, tanto territorialmente como en lo relativo al tipo de delitos y al perfil de sus ejecutores.En general, los delitos ocurren en determinados territorios y en horas establecidas y, a su vez, los delincuentes tienden a ser los mismos.

Estos antecedentes han permitido consolidar los tres ejes de acción que se requieren para un efectivo combate a la delincuencia, a saber: prevención (social – situacional – policial), control-sanción y rehabilitación-reinserción social.

En rigor, las personas están hoy demandando más y mejor “seguridad ciudadana”.Ésta – más allá de cualquier definición jurídica o técnica – equivale al ejercicio de un derecho respecto de un bien público, que en el presente se ve afectado por factores socio-institucionales tales como la criminalidad y la actuación de los organismos responsables de prevenir y controlar la inseguridad objetiva e impartir justicia.

En otras palabras, las personas exigen mucho más que un eficaz combate del crimen, demandan un clima social óptimo para el desarrollo humano.

En este contexto es importante destacar un elemento que ya no es tan nuevo en el escenario de la promoción de la seguridad ciudadana, y que dice relación con que el Estado ha cambiado la forma de concebir su papel.

Antes éste asumía casi de manera exclusiva y excluyente su función de generar tranquilidad ciudadana. No obstante hoy – y a partir del interés de contar con un Estado moderno y eficiente -, se busca fortalecer el rol de la sociedad civil y de la comunidad organizada en propósitos de interés común. El Estado se trasforma así en un promotor de alianzas para un objetivo compartido.

Asimismo, el diseño de políticas públicas sobre seguridad se ha dado en el marco de la reflexión de la modernización del Estado, lo cual implica la modificación de su referente socio-territorial.

El Estado moderno debe “funcionar” activamente en el nivel local. Esto implica una innovación en la estrategia y accionar del aparato público, pues  debe diseñar las políticas “con” la gente y no “para” la gente. Es por ello que la política de seguridad debe estar orientada hacia las comunas e, incluso, a nivel de barrios, pues la magnitud y naturaleza de la delincuencia y la inseguridad subjetiva difieren significativamente de un sector de la ciudad a otro, explicando muchas veces el carácter local y dinámico de algunos problemas.

En este escenario, no se obtendrán resultados satisfactorios si no se promueve el apoyo técnico y financiero a los gobiernos locales, y si no se construyen “coaliciones” o “acuerdos de trabajo conjunto y coordinado” entre las instituciones públicas y privadas competentes en el ámbito de la prevención.

En efecto, la construcción de comunidades más seguras es una exigencia inter-sectorial, pues incluye variables tales como la planificación urbana, la vivienda, la escuela, la juventud, los servicios sociales, la violencia doméstica, la policía y la justicia, entre otros.

También es fundamental establecer una política de cooperación para la implementación de medidas que limiten el acceso a los “facilitadores de la violencia y la delincuencia”, como las drogas y las armas. En este contexto, la ciudadanía puede y debe contribuir ocupándose de grupos vulnerables, sean éstos “potenciales víctimas” o “potenciales infractores”.

La experiencia internacional, particularmente en países desarrollados donde las políticas y estrategias de prevención del delito tomaron forma a principios de los años 80, avanzaron en los 90 y se consolidaron en los años recientes, destaca los siguientes aspectos.

1) Que las comunidades locales deben ser el foco central para la prevención.

2) Que son necesarias coaliciones multi-sectoriales y multi-modales que apunten a factores de riesgo.

3) Que es esencial un proceso riguroso de diagnóstico, un plan de acción, una implementación coordinada, así como el monitoreo y la evaluación del programa.

En síntesis, la seguridad ciudadana no es sólo una iniciativa policial (por cierto importante, primordial e irrenunciable en calidad y cantidad), sino que también es un esfuerzo amplio y coordinado entre el Estado y sus instituciones, los gobiernos locales y los vecinos organizados.

Sé que en el ámbito de la delincuencia se busca respuestas rápidas y de corto plazo, pero como hemos podido comprender, la seguridad ciudadana es un desafío complejo, dinámico y permanente.

Si la Policía de Investigaciones ha llegado a esta etapa de su existencia, es porque ha acumulado un conjunto de experiencias y vivencias que deben ser analizadas en toda su dimensión. Ello, con el fin de aprender, corregir, mejorar y seguir avanzando. Chile espera mucho de su PDI y como institución debe estar a la altura de la confianza que el país le ha entregado.

No es posible construir un mejor mañana sin antes poner la mirada en la historia. Los orígenes remotos de esta Policía se pierden en el siglo XIX, tiempo en que un grupo de visionarios tuvo la inspiración de crear un cuerpo policial de carácter civil, profesional y científico-técnico, en apoyo fundamental a la seguridad y al sistema de justicia penal.

Dicha visión no sólo se centró en la creación de un cuerpo policial efectivo en el cumplimiento de sus deberes.También se construyó un “sentido de servicio” capaz de dar esencia, propósito y valores a esa novel Policía Civil. No sólo se creó un cuerpo armado y científico, se diseñó también una nueva forma de entender el concepto de policía.

Cuando Sir. Robert Peel, en la vieja Inglaterra de 1829, escribió que “la policía son los ciudadanos y éstos son la policía”, nos regaló una nueva concepción valórica. A partir de entonces, decir policía es hablar de sociedad.Desde ese momento, policía y ciudadano son dos términos que se refieren a una misma realidad. La PDI moderna recoge esa tradición.

Como no recodar aquel histórico 19 de junio de 1933 cuando se creó la entonces Dirección General de Investigaciones, Identificación y Pasaportes, separándose así y definitivamente del Cuerpo de Carabineros de Chile. Se consolidaba de este modo un proceso iniciado en 1864, cuando la Municipalidad de Valparaíso creó una policía silente y reservada al momento de trabajar, fundándose la llamada Sección de Pesquisas, cuyos funcionarios recogían la experiencia de los “guardias comisionados”.

En la década de 1870, estos agentes se convirtieron en un importante apoyo para la seguridad y la administración de justicia, razón por la cual el Intendente de Santiago de la época, don Benjamín Vicuña Mackenna, propuso adoptar como modelo policial para esta naciente organización la “sûrete” de París, Francia, país del cual también se tomó la estructura administrativa.

Vinieron así años de progreso institucional. En 1896 se formó la Sección de Seguridad dentro de las Policías Fiscales, consolidando con ello su carácter investigativo y civil instaurado 32 años antes en Valparaíso. En ese tiempo esta novel Policía Civil fue incorporando los adelantos de la ciencia, la criminalística y la criminología.

Más tarde, en 1948, ya como Servicio de Investigaciones, ingresó a la Organización Internacional de Policía Criminal, INTERPOL. Del mismo modo, comenzaron a instaurarse las llamadas Brigadas Especializadas y se crearon modernos laboratorios de criminalística. Chile contaba ya con una poderosa herramienta estratégica para el control del delito.

Al cumplir 80 años esta PDI se presenta orgullosa ante la sociedad chilena. Fue pionera en la incorporación de mujeres a sus filas y hoy sus avances en gestión, en formación continua, en ética y en cooperación internacional, han permitido confirmar a esta organización como un referente en materia policial. Es, además, una institución que ha asumido la planificación estratégica como modo propio de gestión, siendo los Planes FÉNIX y MINERVA garantía de seriedad y eficacia.

Este nuevo aniversario no sólo es una fuente de celebración, es también un motivo para recordar a todos sus mártires. El mayor tesoro de esta Policía, sin duda, no está en sus estructuras materiales, sino en  su gente. Su mayor potencial no radica en el uso legítimo de la fuerza, sino en el conocimiento aplicado.

Hoy la PDI enfrenta diversos desafíos y, por lo tanto, su mejor celebración es poner la mirada en el futuro, promoviendo una profunda reflexión respecto de su ser y su hacer. En efecto, esta fecha tan emblemática es una ocasión especial para redescubrir su sentido y para fortalecer su identidad de servicio a Chile.

Lo primero que se debe afirmar – de manera general – es que la inteligencia es una necesidad estratégica propia de todo Estado moderno y, como tal, indispensable para su seguridad integral. El proceso de transformación de datos en información útil para que los conductores estratégicos y tomadores de decisión puedan adoptar las mejores medidas, requiere de modo indispensable de una inteligencia de la más alta calidad.

El proceso de recolección de datos, así como su posterior análisis y procesamiento, es una tarea de suyo compleja y delicada para el Estado. La adopción de buenas decisiones depende en gran medida del soporte de una información estratégica que permita definir escenarios complejos y conflictivos, anticipar hechos y adelantarse a las acciones de riesgo.

Poner la mirada en las futuras y posibles amenazas es una responsabilidad de primer orden y, en consecuencia, debe estar en manos de organismos especializados, profesionales y ajenos de toda influencia indebida.

El clásico estratega, Tsun Zsu, en el “Arte de la Guerra”, en sus capítulos finales, ya adelantaba que alcanzar posiciones ventajosas frente al enemigo implicaba conocer desde dentro sus decisiones y acciones, lo cual implicaba necesariamente la ejecución de tareas de inteligencia operacional.

Dicho esto, algunas de las preguntas que surgen son: ¿Cuáles son los límites de las acciones de inteligencia? En virtud de la seguridad del Estado, ¿puede la inteligencia intervenir en los espacios privados e íntimos de las personas? ¿Alcanzar el equilibrio entre seguridad estatal y privacidad personal es simplemente una utopía? ¿Es posible conciliar la obligación del Estado de proveer seguridad con el derecho de las personas a no ver afectada su intimidad?

El equilibrio es complejo. Países desarrollados se han visto en el dilema de resolver ambas necesidades con aciertos y desaciertos. Es un camino donde fácilmente se puede traspasar los límites de lo justo y lo correcto.

Se entiende que la seguridad y la inteligencia son tareas prioritarias del Estado y actividades en extremo complejas que, como tal, deben estar sometidas a estrictos controles jurisdiccionales y políticos. Para ello, se han establecido normas de supervisión jurídica y mecanismos de monitoreo radicados especialmente en los Congresos, a fin de que los responsables de estas funciones puedan rendir cuenta de sus actos, omisiones y decisiones. Se ha buscado de este modo asegurar un equilibrio que – como ya dije – es complejo, pero indispensable.

Sin embargo, creo que la labor de inteligencia no solo debe estar sometida a controles jurisdiccionales.

Es posible y debe también existir una primera barrera que evite al máximo toda tentación y/o conducta impropia y, para ello, el control ético debe tener una posición de vanguardia. Sí, con todas sus letras, la ética en la inteligencia es y debe ser una tarea permanente. Esto no es ingenuidad, es una exigencia propia de una seguridad legítima y eficaz.

Ningún control estatal tendrá la capacidad de supervisar cada espacio de decisión y acción estratégica, como sí lo puede hacer una conciencia ética y profesional recta y bien formada.

La inteligencia no sólo es una tarea necesaria para el Estado, sino que también válida socialmente. En este contexto, sus acciones no se conciben como parte de una “guerra sucia” donde todo se permite. Los organismos del Estado, por su carácter público, deben enmarcarse en principios legales y éticos pues están al servicio del ciudadano, aún cuando las organizaciones criminales y terroristas actúen fuera de estos encuadres.

Deslegitimar las acciones de seguridad estratégica puede poner en grave riesgo la estabilidad y el desarrollo de un país. Por su parte, la inteligencia es fuerte y efectiva no sólo por la eficacia de sus análisis y operaciones, sino también porque goza de importantes grados de confianza social y política.

En rigor, el ciudadano debe ver en la inteligencia del Estado una fuente de tranquilidad, no una causa de peligro. Tanto es así que en materia de ética policial, Robert Peel, en el Acta de la Policía Metropolitana de Londres, señalaba: “No olvidar nunca que ganarse el respeto de los ciudadanos y conservarlo significa también asegurarse la cooperación de un público dispuesto a ayudar a la policía a respetar las leyes”. A renglón seguido agregaba: “No olvidar que cuanta mayor cooperación se obtenga de los ciudadanos, menos necesario será el empleo de la fuerza física y del enfrentamiento para conseguir los objetivos de la policía”.

Por lo tanto, no puede haber seguridad sin inteligencia, pero tampoco puede haber buena inteligencia sin un adecuado soporte ético y jurisdiccional. Acciones éticas y estratégicas no son ni pueden ser contradictorias.

En efecto, nos movemos en un mundo (y en una sociedad chilena) que lucha por los derechos, pero poco se habla de los deberes. Se trabaja por la libertad, pero se nos olvida la responsabilidad.Estamos involucrados en la búsqueda de metas y nos alejamos de nuestras convicciones.

Hay que recordar que derechos y deberes se implican mutuamente. Chile ha transitado desde la primacía de las obligaciones a la supremacía de los derechos. En este transitar el concepto de “autoridad” ha sido el gran damnificado, pues hoy se le asocia a imposición y arbitrariedad. Se olvida que este concepto tiene una dimensión moral y fuera de ésta pierde su sentido más pleno.

El segundo eje es la tensión entre libertad y responsabilidad. Hoy se pone énfasis en las libertades, lo cual es correcto y necesario para una efectiva ciudadanía. Sin embargo, la responsabilidad queda en un segundo plano, por lo que se requiere de una nueva visión que integre ambas dimensiones. Cómo no recordar a Víctor Frankl, quien planteaba el reto de construir junto a la estatua de la libertad una estatua de la responsabilidad.

El tercer eje de reflexión es el binomio: deontología y teleología. Lo relevante es cumplir los objetivos sin dar mayor importancia a los medios.En este contexto, las utopías y la retórica – que daban sentido a la política – han quedado en segundo plano.

¿Cómo romper estas posiciones antagónicas? Volviendo a la idea aristotélica del “justo y recto medio”.

Ahora bien, un justo equilibrio no es una postura simplista que busca evitar conflictos.

Gran error. El “justo medio” aristotélico era un desafío de vida que implicaba preparación, prudencia y disposición de espíritu. Una justa moderación implica tener la valentía de tomar postura, de salir de la indiferencia y de no sucumbir en una neutralidad sin sentido.

Avanzar en el “justo medio” tampoco significa borrar las diferencias. Pretender suprimir las divergencias de opinión como exigencia de “moderación aristotélica”, es no entender la profundidad de la propuesta del filósofo de Estagira. El “medio” aristotélico es una respuesta que nace de la más honda racionalidad humana y, como tal, jamás podría desconocer las diferencias que nacen de los pensamientos y las convicciones de cada cual.

Como esfuerzo racional supone conocimiento, indagación, respeto, reconocimiento del otro, tolerancia, empatía, humildad y capacidad de diálogo. Implica tener la disposición de ánimo para poner el acento en el bien común. Chile no puede ni debe perder esta perspectiva.

El debate actual nos presenta varios ejemplos de estos escenarios contrapuestos y de sus desafíos éticos. Para algunos la educación debe ser gratuita porque es un derecho, mientras otros ponen el acento en la libertad de enseñanza. En materia de debate político, la diferencia no se asume como proposición dialógica, sino que como imposición destructiva. En política criminal, unos ponen énfasis en la represión policial y otros se centran en la prevención, deslegitimando cualquier política de control.

Frente a esta realidad se pierde la capacidad de diálogo. Chile requiere de políticas que rompan estos ejes para llegar a un justo medio racional, que como dice Aristóteles se aleje del “exceso y del defecto”.

Tarea difícil, pues implica reconocer que en el otro también hay parte de la verdad.