Si hay un diagnóstico claro en cuanto a la baja popularidad de los partidos políticos es aquel que indica que ellos se han alejado de la gente, han abandonado los más mínimos canales de participación interna y han conseguido como respuesta un notorio desafecto que se traduce en la falta de interés en la vida diaria de los partidos e incluso al momento de ejercer el elemental derecho a voto para elegir autoridades.

Resulta evidente que el sistema binominal está agotado, es un obstáculo para una verdadera democracia y coopera activamente al deterioro de los partidos. Todo esto es cierto.

Pero mientras no exista la posibilidad de cambiarlo, herramientas secundarias como eran las primarias para elegir los candidatos de elección popular, no se pueden desechar porque entregan un cierto grado de legitimidad en la definición de esos postulantes y amplían la base de electores que se pueden involucrar en esta decisión, cuestión clave para ampliar la base de los partidos políticos y sus representantes populares.

No haber llegado a acuerdo es no haber percibido este aporte sustantivo a la transparencia democrática, dado el restrictivo modelo imperante y refleja la peor cara de la política, cual es el triunfo de los intereses particulares por sobre el bien común.

Pone en duda también, la capacidad de mando que pueda tener un eventual Presidente de la República que provenga de las filas opositoras, nada se saca con decir “no estuvimos a la altura” porque ese sólo reconocimiento no asegura que no se volverá cometer el mismo error.

Pone una duda además la verdadera consistencia y claridad de objetivos compartidos que debe tener una coalición que postula a gobernar el país, esta nueva mayoría no parece haber construido aún esos lazos que posibilitaron en su momento los sucesivos gobiernos concertacionistas.

Los partidos políticos en particular los de la actual oposición deben ser capaces al más breve plazo de entregar una señal potente y efectiva que despeje esa sombra que los persigue en cuanto a una eventual captura de la institucionalidad partidaria, por una clase que se repite indefinidamente y que en la práctica ha clausurado los espacios de participación interna.

Por último, es necesario señalar que la primaria para elegir el candidato a Presidente de la República de este sector, hace necesaria la discusión programática como un eje decisivo para optar al apoyo ciudadano porque hay proyecto e ideas que se quieren ejecutar y no sólo porque se quiere acceder al poder.

Esa será una prueba adicional de respecto, tolerancia y capacidad de acuerdo, necesaria para asegurar el triunfo en noviembre.

Por supuesto que no sucede lo mismo cuando los empresarios realizan este mismo tipo de acciones, por ejemplo, impidiendo el tránsito en la ruta 5. Pareciera que el país no sufre pérdidas y ni siquiera amerita alguna acción del ministerio de Interior en contra de los cabecillas de estas operaciones.

La pregunta obvia es ¿porqué si los paros son tan costosos, no hay un esfuerzo por solucionar los problemas reales que los trabajadores expresan en estas paralizaciones, antes de que sean vean obligados a tomar una medida extrema como es el paro?

Centenares de millones de dólares de pérdida, pareciera que no tienen una contra partida lógica con no acceder al justo reclamo de media hora para almorzar o de un bono de tres mil pesos.

Más justa aún resulta la advertencia de los trabajadores del cobre de una privatización encubierta que se estaría llevando a cabo por las actuales autoridades de la empresa estatal o la falta de adecuada mantención que lleva a la muerte de un trabajador y luego de la protesta (millones de pérdida) del despido del gerente de la división.

CODELCO tiene en su directorio miembros que adhieren a la actual oposición y que sería bueno que solicitaran información a los ejecutivos y la transmitieran a la opinión pública.

Estar transformando en plata demandas que tienen origen en la búsqueda de mayor dignidad de las personas no parece una buena forma de enfrentar los problemas, y esa es la raíz del porqué este gobierno tiene tantas dificultades para superar estos problemas.

Mas aún contabilizar cada demanda del mundo del trabajo que no es resuelta oportunamente por empresarios o autoridades del Estado como pérdidas para el país, es una práctica coercitiva que no se condice con la construcción de una sociedad más equitativa y con el libre juego que debe privilegiarse en democracia.

Detrás está el viejo cuco de la derecha más retrógrada y conservadora: los trabajadores y sus organizaciones son molestos y entorpecen el desarrollo nacional, sus demandas aunque sean legítimas son incomodas y producen pérdidas para la economía.

Lo que verdaderamente retrasa el progreso es la inequidad, el trato discriminatorio y la aplicación desigual de las reglas de un estado de derecho.

No puede ser que impedir el libre tránsito sea causal de represión para unos: trabajadores y estudiantes y de legítima expresión de una demanda para otros: camioneros o empresarios del agro.

Cuando el actual gobierno se pregunta porqué tan pobre evaluación en las encuestas, la respuesta está en este visible y grosero doble standard en sus actuaciones.

¿Será efectivamente causado por fuerza mayor?

¿En qué está el plan de inversiones de la empresa que determina la tarifa que se cobrará por el agua?

¿Puede la autoridad pública señalar que no existe ni un solo proyecto destinado a mitigar los efectos de un deslizamiento de tierra? En fin son muchas las preguntas y hasta aquí escasas las respuestas.

Como lo señalara el actual alcalde La Reina Raúl Donckaster, la causa de estos cortes en el suministro de agua potable, son inversiones que no se hicieron ya sea por la empresa o el Estado.

Para la empresa acudir a la causa de “fuerza mayor” le permite evitar las multas y la responsabilidad que pudiera tener por la obligación de cortar el suministro de agua. De manera que resulta casi obvio que cada comunicado se inicie con esta explicación.

Es necesario señalar que en el caso del agua potable, cada empresa debe elaborar y comprometerse a implementar un plan de inversiones cuyo valor es parte significativa en la determinación del valor de la tarifa por suministro, que deberá cancelar cada usuario.

Sería conveniente que se diera a conocer públicamente plazos y proyectos que contempla el compromiso asumido por la empresa, y de no estar las obras para evitar los efectos de estos desplazamientos sería bueno saber porqué no se han contemplado.

También hay una responsabilidad de la Superintendencia del ramo porque o debió exigir un proyecto de este tipo a la empresa o hacerlo exigible al ministerio de Obras Públicas si así correspondiera. Al ser empresas de servicio público estas son empresas reguladas por el Estado.

Una vez más, el sistema de multas no ha tenido el efecto deseado, la baja cuantía de ellas hace más rentable a las empresas asumirlas que evitarlas, ésa es una característica perversa y generalizada de nuestra legislación comercial.

Por otro lado, el estado a través de CORFO ha perdido la posibilidad de participar en estas decisiones al vender a privados el saldo de acciones que había mantenido luego del proceso de privatización de la empresa. Se demuestra en el corto plazo lo equivocado y dogmático de la medida tomada por el actual gobierno.

La opinión pública requiere tener información veraz y oportuna respecto a las verdaderas causas de estos eventos más aun si ellos se empiezan a repetir con frecuencia.

Queda la sensación de que efectivamente no fueron desastres naturales los que provocado no sólo la incomodidad de miles de personas sino que el peligro cierto de daños a la salud.

Esperamos que ahora sí se tomen las medidas necesarias para asegurar el suministro de agua potable a la población.

Lo que ha quedado en duda es el verdadero control y regulación que ejerce el Estado para el correcto funcionamiento de un servicio público.

IPC de la Salud. No puede ser que se pretenda señalar como una mejora la creación de un mecanismo de medición de alzas de precios sectoriales que incluye en forma exclusiva la cuantificación del monto en que las propias ISAPRES a través de las clínicas de su propiedad reajustarán los precios de las prestaciones que otorgan.

Ese es el mecanismo que ha sido rechazado, el gobierno se ha negado a incorporar elementos de medición objetivos como pueden ser la variación que esas mismas prestaciones tengan en el sector público de la salud.

Un IPC particular construido y manejado por las propias ISAPRES que habría permitido legitimar los escandalosos reajustes de precios que han permitido las utilidades groseras que estas instituciones han tenido en los últimos años.

¡Qué se puede decir ante esto sino que está muy bien rechazada la idea!

El Plan Garantizado de Salud propuesto tampoco contempla avances significativos respecto a lo actualmente vigente: se establece la discriminación por edad, cuestión expresamente rechazada por el Tribunal Constitucional, el proyecto reduce garantías vigentes, se desregulan ciertos servicios y el arancel se define por el Ministerio respectivo y un Consejo que sólo contempla prestadores privados. No se avanza en el control de las preexistencias ni las exclusiones.

¡En definitiva nada sustantivo como para merecer ser aprobado¡

Nada relevante en cuanto a beneficios para los afiliados al sistema y además el peligro que su aprobación implicara una peligrosa sanción constitucional para que las ISAPRES pudieran seguir reajustando a voluntad sus tarifas y generando las utilidades conocidas.

El proyecto deshuesado pasará al Senado donde resulta esperable que la oposición se conduzca en términos más cercanos a como lo hizo en la Ley del pos-natal que en la tramitación de la Ley de Pesca.

Una vez más la oposición está llamada a enmendarle la plana al Ejecutivo, a mejorar la iniciativa, a convertir en bueno un mal proyecto, en este año eleccionario eso es un muy buen apronte para las decisiones que habrá que tomar a fin de año.

Por último no hay apuro, el fallo del máximo Tribunal de Justicia es la mejor noticia que han recibido los afiliados al sistema, si alguna ISAPRE tuviera la desvergüenza en marzo de informar un alza en sus planes, cada uno de los afiliados sabe que puede recurrir a los tribunales. Lo que no deja de ser tranquilizador.

Este comentario me parece muy poco alineado con lo que la gente está pidiendo y con el desarrollo y demandas de los movimientos ciudadanos entre otras cosas alejados de los partidos políticos justamente por la falta de participación con que los partidos toman sus decisiones.

Esto aparece como las antípodas de lo deseado, es decirle al país. “Mire ya ni siquiera los militantes del partido o sus dirigentes tomarán las decisiones, hemos sorteado tres mil personas que a lo largo de Chile serán consultadas con un cuestionario tipo y la opción mayoritaria será la adoptada”. Poco serio, por decir lo menos.

Por el contrario poco antes un diputado UDI al ser preguntado si las diferencias marcadas entre los dos candidatos del oficialismo hacían ya inútil la primaria, contestó con un rotundo: “no, las primarias están acordadas y deben realizarse de acuerdo a lo convenido”. Sorpresas de la vida.

Preocupante lo de la oposición, si esta opinión es generalizada revelaría que poco se ha aprendido fuera del poder, este proceso de primarias verdaderas es un excelente mecanismo para elegir candidatos que puedan contar con una base amplia de respaldo ciudadano.

Las primarias obligan además a elaborar ideas con las cuales captar la adhesión ciudadana, ya no más programas de última hora realizados por unos cuantos expertos.

Los independientes en el sentido de las personas que no quieren pertenecer a un partido político determinado, pueden tener además efectivamente un espacio de participación real y concreto.

Esta ley tuvo un amplísimo apoyo y no parece correcto que quienes la sancionaron, luego la relativicen acotándola a la existencia de determinadas circunstancias.

Al menos mientras exista el sistema binominal esta es “la” forma en que la gente incluidos los militantes de los partidos pueden participar como candidatos o dar su voto a personas de una misma corriente pero que evidentemente pueden representar matices distintos, en forma amplia.

Es de esperar que se cambie el sistema binominal pero al menos mientras eso no suceda las primarias pueden ser un buen sucedáneo para una democracia verdadera.

Ojalá la ciudadanía respalde esta fórmula acudiendo a expresar su opción en las primarias que sean de su interés.

La derecha no cree en nada que signifique obstáculos o restricciones (así les dicen) a la libertad de emprendimiento y al funcionamiento del libre mercado. Esto es un dogma de fe. Creen que el mercado mientras menos regulado mejor funciona: fanatismo que no tiene expresión real en ninguno de los países capitalistas más desarrollados del mundo. Y esto es otro ejemplo.

Por años se negaron a cualquier sistema que pudiera involucrar una evaluación externa que entregara a los eventuales usuarios, el mercado, información objetiva y comparable respecto a las cualidades de las universidades, porque no todas son iguales y porque hay algunas mejores que otras y porque el mercado por sí mismo no es capaz de discriminar, porque no es ese su objetivo.

De esta forma y dada la participación parlamentaria que les entrega el sistema binominal, ejercieron en este tema el poder de veto que les permite bloquear las mayorías.

La actual oposición optó en este como en otros temas por concordar una ley profundamente insatisfactoria que no iba al fondo del problema pero que como ya sabemos “es mejor que nada”…y pareciera que “nada” puede resultar mucho mejor que “algo”.

Bienvenida y bendita sea la alternancia en el poder, una vez más la democracia jodiendo los negocios, el actual gobierno ha debido enfrentarse sucesivamente a sus propios dogmas de fe que como el buen sentido común lo indica no resisten la menor ventolera.

Ridiculeces que se desprenden del sistema imperante (inoperante) es que todas las carreras de Medicina hayan sido acreditadas y que los estudiantes ingresen a estudiar una carrera acreditada y puedan egresar de una carrera no acreditada. Y todo por la misma plata.

Este caso además tiene aristas judiciales al descubrirse ciertos elementos que podrían configurar soborno o coima en la obtención de la tan anhelada certificación, pudiendo llegar a involucrar nada más ni nada menos que al actual ministro de Justicia. ¿Podría el señor Ribera dueño de un instituto de educación superior no saber que en el mismo período en que se encontraba en el proceso de acreditación, su institución (de él) contrataba al Sr.Eugenio Díaz? A la justicia le debiera corresponder determinarlo.

La corrupción que la derecha quiso instalar durante años en el sector público ha puesto en evidencia el más elemental de todos los principios: para sobornos y coimas se requieren siempre al menos dos.

Desde el punto de vista de la credibilidad del sector privado corresponde preguntarse cuántas otras cosas no saben los dueños de las empresas y también cuántas sí saben.

A la derecha le costó mucho tiempo valorar los derechos humanos, cuánto falta para que empiecen a valorar el rol regulador del Estado, que pueda hacer la diferencia entre más business y más mercado que no solo no son lo mismo sino que pueden en algún momento aparecer en contradicción, como en este caso.

El exceso de ideologización de la derecha nuevamente les juega una mala pasada.

Sin embargo demuestran poco arrepentimiento y menos proactividad, van detrás de la justicia y la opinión pública, ¿no sería del todo razonable una nueva ley que ataque de verdad el problema y para la que sí se use con razón la urgencia en el trámite?

El ministerio del Trabajo dentro de una innumerable cantidad de avisos que ha comprado en los medios de comunicación transmite uno que habla de cómo la eliminación de la cotización de salud del 7% al 5% (sic) de los pensionados permite que la clase media ya pueda acceder a ese beneficio.

Para saber si se es o no beneficiario se debe ir una página del Ministerio y digitar el RUT del interesado y entonces se conocerá que uno de cada veinte consultantes o menos, tendrán respuesta positiva, el resto la inmensa mayoría deberá “seguir participando”.

Este mensaje cómo se puede leer es confuso, no establece quienes son los beneficiarios, es erróneo, nada señala que efectivamente pueda estar alcanzando a la clase media, objetivo sin duda loable, más bien cumple una regla básica de propaganda más no de buen gobierno: deja en el aire la idea de que es un enorme beneficio que ya no sólo cubre a los sectores más pobres sino que va mucho más allá. Mucho ruido y pocas nueces.

El ministerio de Desarrollo Social por los mismos medios de comunicación y para no ser menos, anuncia con bombos y platillos la llegada del tan deseado “Ingreso Ético Familiar”… sólo que no se trata de aquella remuneración mínima pero digna que alguna vez propuso la Iglesia Católica, sino que de un conjunto de subsidios y programas especiales que con recursos públicos y sólo públicos pueden aumentar el ingreso familiar por alguna temporada porque son subsidios temporales.

El otro, el verdadero Ingreso Ético Familiar aquel que interpelaba a los empresarios y al sector privado a pagar remuneraciones dignas que cumplieran un objetivo elemental, cual es que todo el que tenga un trabajo estable no sea considerado un pobre, ha pasado a mejor vida.

Nuestros emprendedores deben estar esperando que una Ley los obligue a semejante desembolso (ética y legalidad para ellos es lo mismo) y para ello se preparan haciendo el lobby que impida la tramitación exitosa de una Ley así.

Cuantas personas beneficiadas, a cuantas personas con trabajo alcanza el beneficio para que pueda ser llamado Ingreso ético familiar no importa, en realidad da lo mismo, el objetivo igual que en el caso anterior es instalar en la opinión pública a través de un slogan que para este gobierno el tema de la equidad es un tema. Cuando no lo es.

Cuantos recursos del Estado se gastan hoy en este tipo de propaganda política para crear imágenes ya que no se pueden mostrar muchas realidades, no lo sabemos y quizás si tampoco es lo más importante; porque lo de fondo es el desprestigio y el aporte a la falta de credibilidad que una vez la derecha o centro-derecha como a ellos les gusta decirse ha hecho ahora desde la institucionalidad pública.

Si uno quisiera incendiar la pradera podría exclamar “ me da asco la política de comunicaciones de esos Ministerios”, pero con alguna responsabilidad cívica para lo cual no se requiere investidura ministerial, simplemente consignamos un elemento que no contribuye a la educación ciudadana.

Durante años la política ha sido vituperada y los que la ejercen desprestigiados y mal calificados, hemos escuchado frases del tipo: “da lo mismo por quien se vote, igual tengo que trabajar mañana”, como si algún candidato hubiera prometido alguna vez remuneración gratuita para todos y fin del trabajo.Sólo la obligatoriedad del voto movilizaba al electorado.

Ausentes a partir de la dictadura las clases de educación cívica, reducidos los espacios de debate e intercambio de ideas por inútiles y poco rentables, reducidos los espacios de proselitismo, la política se ha ido arrinconando y haciéndose posible sólo para aquellos que poseen dinero para pagar publicidad. La política ya no son ideas sino que sólo marketing.

Este degradante sistema subsistió gracias a un no despreciable castigo: quien no votaba se hacía acreedor a una multa equivalente a la mitad más o menos de un mes promedio de pensión. Las personas ejercían su derecho ciudadano para evitar pagar la multa y no para elegir como su representante a quien estuviera más cerca de sus principios y valores.

Ante la desesperación de un cuadro empatado que no tenía renovación y no ejercía el menor interés para el ingreso de los jóvenes, se optó por el mal menor, eliminar el castigo haciendo automática la inscripción y voluntario el voto.

Unos (la derecha) se sentían protegidos por los estudios que indicaban que en esas condiciones los votantes eran normalmente los sectores más acomodados e instruidos de la población. O sea, todo debía seguir igual.

Los otros (oposición no derecha) lo entendían como el último intento para dar aire a un registro electoral envejecido y conservador.

Así llegamos al 28 de Octubre, y ¡oh sorpresa! ¡Bienvenida Sorpresa! No pasó ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. Todo cambió, las encuestas al tacho de la basura.

¡Que pasó! Surgió una poderosa explicación del porqué sí se votaba cuando era obligatorio: con un modelo cultural que ha exacerbado el valor del dinero, que ha mercantilizado incluso las elecciones (quien hace hoy trabajo voluntario), que le ha puesto precio al voto: si no votas debes pagar, la verdadera razón del voto de una parte de los acomodados ha desaparecido.

Cocidos en su propia salsa, esclavos de su propio discurso los que se miden por cuanto tienes reciben la buena noticia de que pueden dejar de votar sin pérdida monetaria. Y así proceden.

En el siglo pasado por allá por 1970, a un señor llamado Jorge Alessandri le pasó lo mismo, perdió por treinta y seis mil votos y se decía que medio millón de personas no había votado.

Bastó que una parte de los jóvenes desoyera los llamados a las funas y a no votar para que el vuelco fuera gigantesco. Una inesperada revalorización de la democracia ¡con mi voto puedo cambiar las cosas!

Ya empezamos a escuchar la preocupación por los ahora altos niveles de abstención y curiosamente, se insiste en medidas económicas como transporte gratuito y no la educación y formación, a lo mejor porque el foco es distinto, a unos le interesan los mayores a los otros los jóvenes.No escuchamos de la derecha esa queja en el sistema anterior.

El desafío es enorme, los elegidos tienen que cumplir sus promesas, hacer una buena gestión municipal que incentive a los que participaron en el proceso a ejercer su derecho en los próximos ejercicios democráticos. En todo caso, este electorado ya sabe que si no está conforme, su voto puede cambiar las cosas.

Claro, en lugar de asumir el compromiso ante el país de no manipular las cifras de pobreza y de honrar el respeto y la seriedad que Chile tiene por la confiabilidad de sus estadísticas, decidió suspender la toma de la CASEN 2012 e intervenir un Servicio público que goza de la confianza nacional e internacional, en un vano intento de conseguir por la vía de la Ley lo que corresponde a la ética con que debe actuar las autoridades públicas.

No es necesario hacer reformas al INE para que pueda asumir la CASEN o cualquier otra tarea de su incumbencia, no hay derecho a suponer desde ya que con el actual INE se podría repetir lo que se hizo con la última CASEN.

Más que reformas a este servicio se requiere revisar los cuerpos legales que sancionan conductas que atentan contra la fe pública cometidas por altas autoridades de gobierno.

Allí está el verdadero cuestionamiento, es eso lo que está pasando colado. Una vez más otro volador de luces, para desviar la atención sobre una grave falta que incluye haber hecho mal la pega nada menos que por un ministro y una subsecretaría de un gobierno que prometió justamente lo contrario.

Hace mal la oposición con valorar una reforma innecesaria, espero que el proyecto sea rechazado y que no se pierda un minuto en una discusión que no tiene otra razón que echar tierra sobre una chambonada descomunal.

¿Alguien puede pensar que un directorio compuesto por representantes de distintas reparticiones dependientes de las mismas autoridades políticas, puedan dar una señal de independencia y objetividad? Al menos para este gobierno, no.

Más grave aún, resulta el intento de poner fin a la historia, creando una nueva definición de pobreza que no podrá ser empalmada para tener la continuidad histórica del avance de las políticas sociales en este rubro. Si el actual 14,4% de pobreza es el resultado de un manejo de cifras, mal se puede perpetuar como un dato significativo hacia delante.

¿Qué hacer? Ponerse una vez colorado reconocer que se hizo mal y con total transparencia hacia los actores públicos y privados, dar seguridad de que la lección está aprendida hacer un buen trabajo y recuperar la confiabilidad perdida.

La soberbia de que hacen gala las actuales autoridades del país, es un obstáculo para realizar una autocrítica como la señalada, pero al final de cuentas, si resulta ya ineludible iniciar el proceso, pártase con este caso.

Que Chile tiene los cuadros técnicos y profesionales para realizar todo el proceso que implica la CASEN lo sabemos desde hace mucho tiempo, ni siquiera en su origen fue ésa la razón por la cual se solicitó el aporte de CEPAL; en los noventa ya existía el expertise necesario en el Estado chileno para asumir toda la responsabilidad. Este débil argumento sólo se entiende por provenir de un organismo internacional en una disputa con un gobierno de la región.

El verdadero argumento del porqué era necesaria la CEPAL radica en la independencia, seriedad y ausencia de riesgo respecto a una manipulación de las cifras resultantes, en un área tan sensible como es la medición de la eficiencia de las políticas públicas para combatir la pobreza y por lo tanto políticamente tan rentable.

Durante veinte años la CASEN se mantuvo lejos de esa discusión, gozó del mayor crédito en el mundo académico, político y público respecto a la veracidad de los resultados entregados y por lo tanto de los procedimientos y criterios en su elaboración.

Se podía tener opiniones divergentes respecto a la eficacia de usar un método alternativo pero nadie puso jamás en duda que los resultados entregados no se desprendieran del método rigurosamente aplicado y suficientemente informado.

Eso es ni más ni menos lo que el gobierno del Presidente Piñera y el Ministro Lavín se han farreado: la obsesión sicopática de mostrar siempre los mejores resultados aun cuando los estudios serios –como la última CASEN- mostraran algo distinto, ha tenido como resultado el término de una alianza CEPAL-Estado que acerca ahora al más importante instrumento de medición de política pública a la arena de la duda, la interpretación mañosa y la pérdida de credibilidad.

Si se creía como ahora se indica por el Sr. Ministro, que ya la CEPAL podía ser reemplazada, la decisión debió venir del gobierno de Chile y no del organismo internacional, ponerse soberbio y no reconocer los graves errores cometidos sólo agravan la falta.

¿Podemos tener alguna seguridad de que ante una eventual discrepancia futura similar a la que dio origen a la salida de CEPAL entre el INE y el ministerio de Desarrollo Social se velará por la rigurosidad y la verdad irrestricta? No, al menos durante este gobierno, no. Baste recordar que ya en este caso un funcionario del Ministerio Social renunció por discrepar de la forma como se mostraron los resultados.

Sin estar aun sometido a la inminencia de perder el gobierno, estas autoridades como lo señaló magistralmente un rector universitario en una columna de un periódico dominical muestran signos inequívocos de una grave descompensación, con la angustia de cumplir metas, no se tiene la prolijidad de usar los medios adecuados.

Triste escenario para quienes esperaron tanto para mostrar sus bondades gobernando.

Es imaginable la crisis que se habrá producido en el ministerio de Desarrollo Social cuando la CEPAL entregó el resultado de la CASEN 2011 que reflejaba ningún avance en el combate a la pobreza.

Se caían todos los dioses, cómo era posible que habiendo hecho en 20 días lo que no se había hecho en 20 años los pobres fueran los mismos, y cómo se iba a poder seguir sosteniendo que el crecimiento bastaba para sacar a la gente de la pobreza y el aumento en el empleo cómo no se traducía en disminución de los pobres: ¡llamen a Friedman! Está muerto. Entonces a Harberger! Ya está muy viejo.

Imposible comunicar a Piñera este resultado, los pobres tienen que ser menos que con Bachelet esa es la obsesión. Hay que revisarlo todo y entonces alguien descubrió por ahí un ingreso no considerado, normalmente no considerado y un bono especial sacó números y ¡aleluya! La pobreza bajaba, no mucho pero bajaba.

Ahora sí se puede comunicar al Presidente, demos la noticia en forma anticipada y celebramos en grande aunque el motivo sea chico.Total después la gente se olvida.

¿El escándalo que han puesto en evidencia un ex funcionario del Ministerio y un ex funcionario de la CEPAL está fuera de contexto? ¿No es real? ¿Se trata de un análisis parcial y malintencionado para perjudicar al gobierno? Nada de eso. Se inscribe más bien en la tradicional línea de prudencia y moderación que tenían las autoridades públicas del país.

Una vez más se han superado todos los límites, al candidato disfrazado de indígena o al presidente cargando colchones, a la entrega de paquetes a cambio de votos o al ajuste tributario que se le denomina reforma, para ganar todo es válido y para mantenerse también,

Cuidado que el límite siempre se puede correr y se inicia un proceso de elecciones que termina en definitiva en la presidencial del próximo año, candidatos-ministros y ministros-candidatos, dineros hay y los bonos si no sacan a la gente de la pobreza por lo menos la hacen superar la indigencia y eso ya es para celebrarlo.

Se ha puesto en duda la fe pública y se ha vulnerado una de las más caras obligaciones que tienen quienes detentan autoridad, ser responsables en el ejercicio de sus cargos.

Parece que para la derecha, en el episodio Casen,  como en el caso del espionaje electrónico todo vale.

Para ser respetado, querido creíble y confiable hay que actuar en consecuencia con esos valores. ¡Qué duda cabe que para este gobierno ahí está su tendón de Aquiles!

Pero en este caso las cosas no son lo que parecen y el responsable no es el mercado.Una recaudación de la misma magnitud se podría haber obtenido con precios sensiblemente más bajos si el escenario hubiera sido el Estadio Nacional y no el Monumental.

La razón es que el primero tiene más capacidad que el segundo. Así de simple.

Entonces el problema radica en las razones que tiene la ANFP para despreciar el principal coliseo deportivo del país e irse al Monumental, donde sabe que entra menos público y por lo tanto debe cobrar más caro.

Ya Borghi  entregó las primeras señales cuando al asumir hizo arreglar un camarín especial para la selección en ese estadio, en un intento de identificar la selección con el equipo de mayor popularidad en Chile cuestión que también se reflejó en la nómina de jugadores convocados.

Para citar un solo ejemplo convocó a su ahijado Rubio y no a E. Vargas. El fracaso de la Copa América lo ha obligado a rectificar.

Pero además, se sabe que esta directiva de la ANFP es extremadamente dependiente de las S.A. constituidas por los llamados clubes grandes y por lo tanto lo que para algunos de ellas sea lucrativo, esta ANFP está obligada a consentirlo.

¿Quién ha preguntado cuánto le cuesta a la ANFP arrendar ese Estadio?Sería bueno saberlo. Difícilmente podría ser más económico que el Estadio Nacional.

No hay razones para compartir la selección nacional entre ambos recintos, por excepción se puede jugar un partido de baja convocatoria como con Venezuela fuera del Nacional.

Cuando como en esta ocasión el interés privado choca con el bien de la mayoría existe una institución que puede y debe  arbitrar el conflicto y resolver en bien de la mayoría: es el Estado y en este caso esa es  la subsecretaría  de Deportes; pero  es evidente que  nos enfrentamos a un flagrante conflicto de intereses, el actual subsecretario era el presidente de la sociedad dueña del Monumental antes de asumir el cargo de Gobierno. Y quien lo nombró el Presidente de la República era el accionista principal de la misma sociedad.Por lo tanto no hay interés en cambiar la decisión.

Una vez más quien pierde es la gente, ajena a este juego de platas, influencias y poder.

En definitiva, son los intereses económicos particulares y la debilidad de la ANFP, ante la ausencia de un Estado interesado, atento y vigilante para ejercer su rol regulador y en favor de  la mayoría y no el mercado el responsable de los exagerados precios fijados para este evento deportivo.