Sin embargo, existe poca atención por el contexto global en que se enmarca la reclamación boliviana, y será difícil de explicar por completo la determinación judicial de mañana si es que no se hace mención a otros eventos paralelos que son de interés de la Corte.

El tribunal de arbitraje de La Haya, se encuentra revisando la compleja disputa por el “mar de China”, más específicamente, la solicitud de arbitraje de Filipinas frente a China por su derecho a explotar la zona económica exclusiva a 200 millas de su territorio, incluyendo la soberanía sobre las Islas Spartly. La primera ronda de alegatos orales sobre la materia culminó el pasado mes de Julio.

Filipinas ha elegido esta ruta basada en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), pero China se ha escudado en el artículo 9, del anexo VII de la misma, para no comparecer ante el tribunal. En vez de ello, ha escogido la ruta informal de publicar, el pasado mes de diciembre,un documento de posición argumentando por qué no considera que La Haya tenga jurisdicción en la materia.[1]

Tal como en el caso boliviano, Filipinas parece no encontrar en el arbitraje la solución a su reclamación sobre el territorio marítimo, sino el comienzo de una disputa a través de los organismos multilaterales.

Por una parte, espera que China finalmente se vea forzada a levantar el manto bajo el cual se encuentran sus intereses específicos en el área en disputa, obligándola por cierto a ajustar estos al derecho internacional, la segunda es que espera que su caso aglomere la mayor cantidad de apoyos internacionales, sobremanera estadounidenses, para presionar a China a modificar su política.

El problema recae precisamente en el mecanismo de arbitraje y la ausencia China, que torna poco probable la aplicación de dictamen alguno por parte del tribunal. Es entonces importante cómo los próximos fallos de la Corte Internacional de Justicia, incluido por cierto el de nuestro caso con Bolivia, le permitirían a Filipinas eventualmente encontrar en la Corte un espacio viable donde revisar tratados o exponer ofertas y actos previos como base de derechos.

La diferencia recae en la presión que China pueda ejercer al respecto, puesto que a diferencia del arbitraje, la Corte tiene mecanismos de aplicación del fallo más efectivos, pero dependientes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del cual China es miembro permanente. La Corte falla caso a caso y no está necesariamente obligada por sus precedentes; sin embargo un fallo en una línea contraria a los intereses de China puede ser una alerta ante una composición del tribunal que sólo hace poco tiempo se ha modificado.

Cómo y con cuánta fuerza impacte esta situación en la demanda que enfrentamos como país, es una pregunta de difícil respuesta. Lo que sí está claro, es que el caso de Chile y Bolivia tiene una mayor importancia internacional de lo que a simple vista se desprende de la situación bilateral.

La aplicación del fallo se encuentra en una lenta marcha, no tanto por el ritmo natural de las reformas legales, sino más bien relacionado con un desinterés en generar los cambios necesarios que, en la óptica de Perú, arriesgan intereses más importantes que las pequeñas ganancias obtenidas en el tribunal.

Es así como cierta parte de los legisladores y la sociedad peruana ven con malos ojos renunciar a su concepción de dominio marítimo, recogida incluso constitucionalmente, por una ganancia de 22.500 km. de territorio marítimo poco productivo y sobre el que deben asegurar las condiciones de paso y comunicaciones necesarias.

En Chile, si bien se acepta como victoria la confirmación del inicio de la frontera marítima en el paralelo, pocos pueden evaluar con real conformidad el dictamen de las 80 millas como punto del inicio de una frontera equidistante. Previsible desde el inicio del proceso, nada menos que mantener el statu quo se consideraría un detrimento a nuestra posición.

La Corte tampoco ganó mucho en este proceso. Lejos de las críticas jurídicas a su fallo –que los estudiosos del derecho internacional podrán hacer mejor que uno-, la figura de la solución pacífica de las controversias se vio aminorada por este caso. Ni el juicio, ni el fallo evitaron conflicto latente alguno, generó nuevas controversias, esta vez en la figura del triángulo terrestre, y dejó disconformes a ambas partes en un fallo creativo, alejado de la realidad del último siglo en la zona y de los intereses que ambas partes buscaban.

Como instrumento, a pesar de un espíritu y valores centrales a los cuales Chile adscribe, la evaluación que podamos hacer de este siempre dependerá del uso que se le otorgue por parte del resto de quienes lo hayan suscrito.

Nuestros vecinos, lejos del espíritu del Pacto de Bogotá, han utilizado la instancia judicial como instrumento para revisar los acuerdos y tratados vigentes, los de 1952 y 1954 que no pudo eliminar Perú y, peor aún en el caso de Bolivia, ha ratificado el Pacto recientemente y sólo para tratar de modificar un tratado previo a 1948, fecha que impone el Pacto de Bogotá.

A un año del fallo de la Corte, algunos argumentarán que la relación bilateral ha mejorado enormemente y que la coordinación ha mejorado entre ambas cancillerías. Pero también se puede argumentar que lejos de ser esto resultado de un fallo que ni siquiera ha terminado con las controversias limítrofes creadas desde el Perú, la ruta de “cuerdas separadas” es tanto o más importante en esta construcción de confianzas que la sentencia misma. Nuestros esfuerzos conjuntos en integración, con la Alianza del Pacífico al centro, no se han gestado tras este caso y la decisión conjunta de manejar en el nivel diplomático la nueva ofensiva peruana por el triángulo terrestre así lo demuestra.

Poco se puede festejar tras este año, y el avance sólo dependerá de que Perú tome las medidas necesarias para adecuarse a aquello que buscaron lograr durante los cuatro años que mantuvieron a nuestro país en la Corte. Los aprendizajes del proceso parecen haber servido en algo para moderar la relación con Bolivia ante el caso que nos enfrenta en la actualidad, pero requerimos de un esfuerzo consciente y a nivel nacional para no repetir los errores.

Parte importante de ello es, con la distancia del tiempo transcurrido y, aún cuando la Corte pueda aceptar nuestra excepción de competencia en el caso con Bolivia dentro de los próximos meses, participar de un debate abierto y definitivo sobre la pertinencia de mantenernos obligatoriamente bajo la jurisdicción de La Haya.

Es de esperar que este nuevo intento llegue a buen puerto, APEC no ha sido capaz de lograr los avances esperados en la apertura regional, aspiraciones que ya se plasmaron en el Acuerdo de Bogor de 1994, y que pretendía desgravar las exportaciones en 2010 y 2020.

Nuestro Gobierno ha celebrado la propuesta y rápidamente apoyó la iniciativa. El modelo de apertura chileno, su vocación oceánica y el hecho que nuestros mayores socios comerciales se encuentran precisamente en ambas riberas de la cuenca del Pacífico, hacen del todo necesario involucrarse en aquellas negociaciones y participar de todo mecanismo de integración que facilite nuestras exportaciones al exterior.

En esto Chile es pionero, activo miembro de APEC, parte de TLC bilaterales con gran parte de los países de la región, pero también a la vanguardia como consolidador de tratados con la experiencia del P4 y como uno de los Estados negociantes del TPP.

Políticamente, para la Presidenta Michelle Bachelet la propuesta de FTAAP relaja su posicionamiento en la región. Públicamente incómoda ante la negociación de un tratado como el TPP, que entiende divide al Pacífico en dos y nos aleja de nuestro mayor socio comercial, China, la nueva propuesta le da balance a su posición, además de dar mejores herramientas para negociar con un apurado Estados Unidos aquellos temas de propiedad intelectual y patentes que han dificultado llegar a un acuerdo transpacífico, pero del cual existe intención de llegar a buen puerto.

Sin embargo, esta posición parece contrastar con los movimientos que en paralelo el Gobierno ha hecho en nuestra ribera. Previo a la visita de la Presidenta a China, a instancias del Gobierno de Chile se realizó la primera reunión de presentación entre los miembros de la Alianza del Pacífico y MERCOSUR, y ayer se ha realizado en nuestro país un seminario sobre integración para ambos bloques.

Para Bachelet, la Alianza es vista como una opción política e ideológica para darle la espalda al Atlántico, o más específicamente, a Brasil. Escudados en la idea de ser un puente entre ambos bloques, Chile ha incomodado a sus socios al extender invitación a un bloque que ve en las políticas proteccionistas las herramientas para asegurar su desarrollo.Para nuestro país y el resto de la Alianza, en cambio, la apertura que presentamos hace sólo semanas a los líderes de APEC ha sido un modelo exitoso para crecer de manera constante.

Es a lo menos dudoso que se logre algún acuerdo o que exista interés de parte de MERCOSUR por apoyar el desarrollo de la Alianza, sobremanera cuando el acceso es abierto y sólo Paraguay y Uruguay han ingresado como observadores. Iniciar negociaciones entre bloques sólo logrará aminorar el ritmo con el que la Alianza del Pacífico se ha consolidado y convertido en un atractivo mecanismo para más de treinta países en el mundo.

Si bien es un fin loable y es de toda importancia el poder lograr un acercamiento entre ambas porciones del continente, parece que hacerlo mediante dos estructuras tan distintas no es el espacio indicado para realizarlo.

Existen por lo demás diversos mecanismos e instituciones regionales, subregionales, latinoamericanas y suramericanas más indicados para dar una discusión más fructífera.Ejemplo de esto es la iniciativa IIRSA que, en el marco del COSIPLAN de UNASUR, tiene por objeto impulsar distintos proyectos que posibiliten el acceso de los países del Mercosur a la ribera del Pacífico, a través de Perú y Chile.

Cabe preguntarse entonces cuáles son las señales que está enviando nuestro gobierno a nuestros socios de la Alianza y del Pacífico en general, si en pos de complacer las objeciones de los Estados del Atlántico arriesgamos mecanismos que ya han dado resultado, mientras que por otra parte nos sumamos con entusiasmo a todas las iniciativas de apertura comercial que se nos presentan en la región.

Aun así, el debate público sobre el tema parece no estar en pauta, frente a la discusión de las reformas que impulsa el Gobierno.

Por cierto, cancillería, el equipo jurídico y el comité asesor continúan el estudio y, como señal positiva, parece existir un amplio consenso sobre impugnar la competencia del tribunal, posición que todos los ex presidentes han apoyado.

Además, de acuerdo a lo que públicamente conocemos hasta ahora sobre la presentación de la demanda, no parece existir argumento jurídico alguno que disuada a Chile de presentar excepciones preliminares.

Bolivia busca a través de la construcción de su demanda reescribir lo que ya ha sido zanjado mediante el Tratado de Paz y Amistad de 1904, más aún, lo hace buscando una negociación condicionada. Existe una clara ofensiva de carácter político, y el Presidente Morales hará uso indistinto de un escenario con o sin excepciones preliminares.

El antecedente reciente del diferendo con Perú también nos hace repensar la confianza que tenemos sobre las decisiones jurídicas de la Corte y los fines que persigue con sus fallos, y con ello evaluar si deseamos someter el fondo de la demanda al criterio de sus jueces y la señal que pretendemos enviar a estos.

Por ello sólo pareciera haber dos posibles preocupaciones al momento de optar por la presentación de excepciones previo a la contra memoria. La primera es naturalmente la evaluación del riesgo que la Corte se declare efectivamente competente, el temor a comenzar con una derrota y discutiendo el fondo del asunto.

Si los argumentos bolivianos no van más allá de lo hasta ahora conocido, y La Haya se declarase competente, no pareciera que hacerlo inmediata o posteriormente tengan real efecto en el fondo del asunto, más se perdería en renunciar a enviar esta señal al tribunal.

Lo que parece más trascendente en esta decisión son las consideraciones de costo político al tomar una determinación errada. Un proceso de larga data como es el que enfrentamos en la CIJ, al igual que el con Perú, seguramente tomará suficiente tiempo como para ser resuelto durante la siguiente administración.

Conocido el fallo con Perú, en dicho momento la Presidenta de la República evitó pagar con su popularidad y la de su gabinete una determinación que habría sido errada. Ante el caso actual, y con una ciudadanía más enterada del funcionamiento de la Corte, será necesario explicar de mejor manera qué decisión se tomará.

Por ahora sólo podemos esperar que la Presidenta Michele Bachelet nos de algunas luces sobre su decisión en el primer discurso del 21 de mayo de su nuevo gobierno.

Venezuela no se encuentra bien.Tras 14 años del chavismo en el poder, el país está económicamente golpeado y sufre una inflación que sobrepasa los 50 puntos,y un desabastecimiento generalizado, mientras que en las calles se vive una violencia inusitada, tanto por efecto de la delincuencia como por odios políticos.

Maduro rápidamente ha echado mano a la vieja táctica de acusar a la oposición de estar detrás de todos los males del país, y ha sindicado a Leopoldo López, María Corina Machado y Heríque Capriles como una “trilogía del mal” que busca derrocarlo inconstitucionalmente.

Así es como el presidente de Venezuela acudió a la Asamblea Nacional para recibir poderes excepcionales y, tras una habilitante, se encuentra facultado para gobernar por decreto.Esto le ha permitido llevar adelante su lucha contra aquella “guerra económica”, que dice los burgueses han lanzado contra el pueblo.Con este último movimiento, Maduro ha finalmente socavado gran parte de las instituciones democráticas de la nación.Todas salvo las elecciones populares.

Las urnas serán entonces el campo de batalla donde gobierno y oposición busquen legitimar sus posiciones. Tras una presidencial marcada por el deceso de Hugo Chávez, y con resultados altamente cuestionados –que aún no son del todo auditados por la CNE-, la oposición apuesta por utilizar un resultado positivo como evidencia del fraude en los comicios de abril, “ya nos robaron las elecciones el 14 de abril y no vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir”, sostuvo Leopoldo López.

Al mismo tiempo, un resultado electoral positivo para la oposición permite a los demócratas dentro de la oposición, aquellos que han logrado imponer la vía electoral por sobre los que llaman a derrocar a Maduro, e incluso impulsar la medida del referéndum revocatorio.

Capriles mismo se juega mucho al interior de la MUD, puesto que la derrota significaría un retroceso en la carrera electoral del contendor número uno de Nicolás Maduro, y un complejo escenario al interior de un movimiento antichavista que sólo tras Capriles ha logrado presentar una línea uniforme.

Por lo mismo, la oposición apostará por ganar en los sectores urbanos, más poblados, a modo de extrapolar los resultados al nivel nacional y, al menos, quedar en buen pie para las próximas elecciones legislativas.

Por su parte, Nicolás Maduro también arriesga mucho en estas elecciones.Imponerse en los comicios del domingo le brindaría el manto de legitimidad que ha buscado desde que fuese electo a comienzos de año, dirimiendo de una vez por todas a su favor el tema de las presidenciales y su estrecha victoria, acallando las críticas internacionales que sus contendores han logrado difundir.

Pero en caso que los resultados acompañen a Maduro y al chavismo, los cambios son inevitables.El triunfo municipal debería dar al gobierno margen de acción para normalizar un discurso que se ha radicalizado en la medida que se acercan las elecciones.Adecuando la gestión a un pragmatismo que se requiere de cualquier forma dada la delicada situación interna del país, restaurar las confianzas en su gobierno y mantener con vida el proyecto chavista.

Como vemos, las elecciones municipales en Venezuela, aunque siempre importantes, en esta ocasión en particular han adquirido un trasfondo mayor.Simplemente nada quedará igual tras ellas, sea cual sea el resultado.

La importancia entonces de contar con unas elecciones limpias que demuestren cuál es la intención de los ciudadanos venezolanos, es el instrumento más efectivo para lograr los cambios que el país necesita.

Chile y la región deben estar atentos a las señales y, más allá de los líderes favorecidos, apoyar el tránsito hacia una sociedad más democrática y pacífica para Venezuela.

Por ello sorprendió que, pese a reiterar las aspiraciones de su país y otros poderes emergentes por reformar el Consejo de Seguridad y el FMI, o abarcar algunos de los conflictos internacionales actuales –sin brindar mayores alternativas ni soluciones-, Dilma Rousseff haya dedicado gran parte de su tiempo para denunciar las actividades de espionaje digital realizadas por Estados Unidos en el mundo, y especialmente a Brasil en nuestra región, las cuales fueron reveladas a propósito del caso de Edward Snowden.

Sin lugar a segundas interpretaciones y, aun cuando estas prácticas puedan ser consideradas como comunes por parte de los analistas de inteligencia, las actividades de espionaje son un hecho grave y repudiable, a tal punto que la falta de explicaciones por parte de Washington motivó posponer la visita de Estado que la presidenta brasileña realizaría al país norteamericano, evento que no ocurre desde hace dos décadas.

“Los argumentos que afirman que la interceptación ilegal de información y datos ayudan a proteger a las naciones contra el terrorismo no se sostienen”, afirmó Rousseff, al tiempo que señaló que“Brasil sabe cómo protegerse a sí mismo; rechazamos, atacamos y no refugiamos a grupos terroristas”, reforzando la soberanía de su país y dando una respuesta correcta y contundente ante la situación.

Sin embargo, Dilma ha ido más lejos en su discurso, proponiendo que “las Naciones Unidas deben jugar un rol de liderazgo en el esfuerzo por regular la conducta de los Estados en relación a estas tecnologías”, adelantando que Brasil “presentará propuestas para el establecimiento de un marco para la gobernanza y el uso de la Internet y para asegurar la protección efectiva de los datos que viajan a través de la red”, reviviendo así un debate que pone en juego la libertad de la Internet tal como la conocemos hoy.

Ya en diciembre pasado, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo dependiente de Naciones Unidas, realizaba en Dubái la última versión de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales (WCIT-12). Ocasión en que midieron fuerzas aquellos estados a favor o en contra de mayor regulación de Internet.

Por una parte, países como Rusia y China han solicitado el control total de las comunicaciones que se efectúen vía web dentro de su territorio, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea se han opuesto enérgicamente a toda regulación nacional o internacional que afecte la libertad de las comunicaciones, la libertad de expresión y la inviolabilidad de la correspondencia entre usuarios.

ITU ha continuado con su tarea desde entonces, a través de Grupo de Trabajo del Consejo sobre asuntos de política pública relacionados a internet CWG-Internet, a reunirse nuevamente en noviembre de este año.

Existen diferentes intereses cruzados, y muchas naciones pretenden impulsar sus propias agendas.

Algunos están empeñados en combatir el control que ejerce de facto Estados Unidos sobre internet, a través de la International Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN), organismo independiente, pero localizado en Estados Unidos, que tiene a su cargo el protocolo de asignación de direcciones numéricas de internet (IP).

Pero más preocupante es el problema de reconciliar el concepto de libertad de expresión con las nociones tradicionales de soberanía nacional.

Entregar la prerrogativa del control de internet a cada uno de los países miembros de la UIT significaría la legitimación de las prácticas de censura y vigilancia que ejercen ciertas naciones autoritarias sobre internet (como es el caso de Rusia, China, Irán, Corea del Norte y recientemente Siria).

Cabe destacar que de todas maneras la UIT ya reconoce a sus estados miembros ciertos derechos de restricción de la libertad de expresión en internet, incluyendo los casos de violación del derecho de autor, pornografía, difamación, discursos políticos extremos, etc.

Estos se encuentran en el artículo 34 de la Constitución de la UIT que permite a los estados cortar los servicios, de acuerdo a sus legislaciones nacionales, en caso de que cualquier telecomunicación privada parezca atentar contra la seguridad nacional, sea contraria a sus leyes, el orden público o la moral y las buenas costumbres.

Algunos Estados han dado pasos para manifestar su interés por mantener Internet fuera del dominio de cada nación, entregando su infraestructura y control a la sociedad civil y los privados, de forma de evitar tentaciones de mayor control por parte de agentes estatales.

La cámara de representantes del congreso de Estados Unidos votó de manera unánime (397 a 0)(1) una declaración en que se opone al esfuerzo de Naciones Unidas por promocionar mayor control gubernamental sobre Internet,lo que se suma a lo ya hecho por el senado, donde también votó unánimemente sobre el asunto.

Por su parte, la Unión Europea también rechazó los planes de Naciones Unidas durante el mes de noviembre(2) .Todas estas declaraciones hacen patente el temor de “socavar el actual modelo con múltiples partes interesadas, que hasta ahora ha permitido el florecimiento de internet y en el que el sector privado se ha encargado de generar las reglas y plataformas”. En respuesta, Wang Qun, embajador chino para asuntos de desarme, ha señalado que “la práctica de la política del poder en el ciberespacio en nombre de la ciber-libertad es insostenible”.

Los casos de espionaje y de seguridad en la red que han afectado a países como Brasil e incluso a Chile son sin duda un llamado de atención sobre los riesgos asociados a las tecnologías de la información y la posibilidad de su uso para transgredir los límites de la soberanía nacional.No obstante aquello, la solución no se encuentra necesariamente en la reproducción de modelos que operan hoy en el mundo físico.

La naturaleza libre de Internet y la capacidad de traspaso de información son un pilar fundamental de la libertad de expresión y desarrollo del ciudadano moderno, y su restricción en favor del resguardo de líderes y secretos comerciales puede ser contraproducente.

Un estado democrático y libre debe por cierto fijar las defensas que estime necesarias para proteger la información de la que depende su seguridad nacional, pero también posee los canales institucionales y el estado de derecho necesarios para garantizar la libertad de comunicación, tránsito e información de sus ciudadanos y sus transmisiones privadas.

(1)http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hconres127eh/pdf/BILLS-112hconres127eh.pdf
(2)http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2012-0498+0+DOC+XML+V0//ES

Luego de esto, el día 10 de diciembre los trasandinos renovarán 127 de los 257 diputados nacionales, mientras que el senado lo hará con 24 de un total de 72 congresistas.Adicionalmente las provincias, autónomas en su proceso electoral por efecto del sistema federal, realizarán sus propias elecciones locales, en muchos casos aprovechando la coincidencia con las nacionales.

Las elecciones de este año corresponden al medio término presidencial, puesto que Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta en 2011 con el 54% de los votos, por lo que no se elegirá nuevamente presidente hasta el 2015.

El resultado de este proceso será de gran importancia para la presidenta Argentina quien, además de requerir las mayorías parlamentarias para llevar adelante su agenda legislativa como todo presidente, desea realizar reformas constitucionales que le permitan extender aún más la vida del kirchnerismo, que en 2013 celebra un decenio en el poder desde la asunción de Néstor Kirchner.

Alarma el éxito y entusiasmo que están mostrando algunos presidentes latinoamericanos por buscar fórmulas y mecanismos que les permitan perpetuarse en el poder más allá de los períodos presidenciales establecidos constitucionalmente.

Cuba, Nicaragua y Venezuela cuentan con reelección presidencial indefinida, Ecuador se ha propuesto lo mismo, aunque el Presidente Rafael Correa –quien se encuentra en su tercer período presidencial gracias al cambio constitucional de 2008- ha dicho que no pretende presentarse en 2017.

Situación similar a la de Correa es la que atraviesa Evo Morales en Bolivia. La Constitución Política aprobada en 2009 en teoría obviaría su primer período presidencial y le permitiría presentarse a un tercer período en 2014, y todo parece indicar que no honrará el compromiso que adquirió de no presentarse nuevamente.

Alberto Fujimori en Perú fue otro de los que utilizó esta estrategia para completar tres períodos presidenciales continuos.

En Argentina, Carlos Menem no tuvo fortuna con su intento de asegurar un tercer período bajo la fórmula antes descrita.

Otro que no logró una segunda reelección fue Álvaro Uribe en Colombia quien, si bien logró reformar la constitución para ser reelecto en 2006 para un segundo período, fue rechazado por la Corte Suprema cuando se buscó realizar un referéndum para aprobar la segunda reelección en 2010.

Volviendo a las elecciones argentinas, el Frente para la Victoria de Fernández hoy no cuenta con las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados para impulsar una ley que propicie un cambio constitucional.

En teoría, los kirchneristas requieren 172 escaños, que de acuerdo a los resultados de votaciones en la cámara significa que no sólo debe reelegir todos los diputados que ponen su cargo en juego en esta elección sino, de acuerdo a lo planteado por Horacio Minotti, arrebatar junto a sus aliados 35 diputados extra a las fuerzas políticas opositoras. En el senado la contienda también será dura, puesto que el oficialismo pone en juego 13 de los 24 senadores que se definirán en octubre.

Si con este escenario se ve difícil lograr las mayorías oficialistas necesarias, más todavía se ven dificultadas las opciones de Fernández dado la pugna que se ha gestado con algunos de sus ex colaboradores.

En la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante en nivel de votación, y que concentra sobre 11 millones de electores (38% de los electores nacionales), el candidato oficialista Martín Insaurralde se ve superado por Sergio Massa, intendente de Tigre y antiguo colaborador de los Kirchner.

Con tan sólo 41 años, Massa  se ha desempeñado en el justicialismo como titular de seguridad social, diputado, y jefe de gabinete presidencial, siempre dentro del oficialismo, aunque manteniendo una personalidad propia.

Marcado por el incidente de Wikileaks del año 2010 en que se revelaron sus conversaciones en que trata en malos términos a Néstor Kirchner y, tras la elección provincial de 2009 en que Massa apoyó a su mujer frente a la lista que apoyaba en la provincia el entonces candidato a Diputado Néstor Kirchner, Massa ha formado su propio frente electoral para competir contra la presidenta, llamado Frente Renovador Peronista (Ferepe).

Hoy se presenta como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, en una prueba de su fuerza electoral y como alternativa para un 2015 donde Cristina Fernández pueda no ser una opción.

Con todo, el período electoral que se abre hoy en Argentina nos dirá mucho sobre lo que ocurrirá en dos años más.

¿Podrá el kirchnerismo mantenerse con fuerza en Argentina? ¿Existen sucesores capaces de vencer en las elecciones de no lograr Fernández el deseado cambio constitucional?

En Chile debemos mirar con atención lo que pasará estos meses al otro lado de la Cordillera.

La notificación presentada por el ex presidente –hoy agente ante la CIJ- Eduardo Rodríguez Veltzé, señala que Chile, más allá de sus obligaciones legales, se ha comprometido a negociar un acceso soberano al mar, mediante la celebración de acuerdos, la práctica diplomática y una serie de declaraciones de sus autoridades de mayor rango. Lo cual habría generado, en opinión de Bolivia, obligaciones internacionales por cuanto crearon expectativas que esto se haría realidad.

Las autoridades chilenas han rápidamente enfrentado la situación, reafirmando la posición chilena que señala que no existen asuntos pendientes entre ambos estados, que el tratado de 1904 es claro y que Chile ha cumplido con sus obligaciones.

Sin embargo, atacar públicamente la posición boliviana argumentando que “no tiene fundamento”, o incluso ironizándola bajo el concepto de los “derechos expectaticios”, no aportan en nada en la resolución de la controversia y sólo contribuyen a aumentar las animosidades entre ambos estados, motivo precisamente por el cual ya nos encontramos en esta situación.

Argumentar que presentarse ante La Haya pueda ser una solución óptima para resolver definitivamente la situación boliviana, rindiendo nuestra capacidad de negociar soberanamente, y sometiéndose a un tribunal internacional que puede o no acoger los argumentos bolivianos, es caer nuevamente en los triunfalismos que no ayudaron en nada en el diferendo con Perú.

Por lo demás, la notificación boliviana no pretende someter su aspiración marítima a discusión, sino los actos del Estado de Chile en la materia.

Tampoco podemos desestimar a priori las cualidades jurídicas de la tesis boliviana. En el derecho internacional existe efectivamente un debate teórico sobre los actos jurídicos unilaterales y la posibilidad de exigir su cumplimiento, aunque tal vez con mayor explicitud y acompañados de práctica y ejercicio de dichos derechos.

Menos podemos desconocer la inteligencia de la contraparte en presentar sus intenciones antes del esperado fallo entre Chile y Perú, sentando el precedente de sus aspiraciones antes de cualquier posible modificación a las fronteras marítimas.

Sentirse triunfadores antes de siquiera comenzar este proceso no sólo es poco cauto, sino que errado. Que dos de nuestros vecinos hayan optado por la vía de la CIJ se debe asumir como una derrota que, si bien está matizada por la naturaleza bilateral de los temas, no excluye la omisión de propuestas concretas para evitarlo o las escaladas discursivas que se dieron, por ejemplo, a nivel presidencial a comienzos de este año.

Será labor del equipo chileno entonces presentar o no un recurso de incompetencia ante la corte, dentro de los tres meses siguientes a que efectivamente se envíe la demanda a La Haya.

En dicho sentido, es rescatable la nominación de un perfil como el del Embajador Felipe Bulnes como agente ante el tribunal, quien deberá presentarse al presidente de la Corte, Peter Tomka, el próximo 12 de junio para fijar los plazos del proceso.

El equipo chileno debe enfrentar  un arduo trabajo de investigación para presentar los argumentos de Chile, trabajo que para algunos de nosotros sería prudente que el Embajador Bulnes encabezase desde ya con dedicación exclusiva, dada la sensibilidad que genera ante la ciudadanía.

Desde ahora, y tal como lo ha hecho con Perú, Chile debe aprovechar la oportunidad de explorar otros temas de cooperación e integración que han sido interrumpidos por la preponderancia del tema marítimo en las relaciones bilaterales.La opción por la solución pacífica de controversias obligará a Bolivia a restarse de campañas en foros internacionales, lo que abre la puerta a una relación bilateral por cuerdas separadas durante los años que se asume durará el proceso judicial.

Con la seguridad de los argumentos jurídicos de nuestra parte, es nuestra misión entonces explorar y proponer soluciones definitivas que reconozcan las limitantes de las relaciones bilaterales, pero con una actitud proactiva, que traiga alternativas viables a la mesa de negociación.

Si la soberanía no es un tema a tratar, debemos seriamente considerar tratos más favorables que los actuales para Bolivia, quedando así establecido entonces que será responsabilidad de nuestra contraparte si no prosperan las negociaciones.