Los Fondos de Inversión Privados o FIP son formados por un grupo de aportantes que los administra por medio de una sociedad constituida para ese efecto. La idea es lograr reunir un capital para hacer inversiones en proyectos, que por su tamaño los aportantes individualmente no podrían realizar.

Desde el punto de vista tributario los FIP no paga impuestos, pero si los aportantes cuando liquidan su participación en el FIP. De esta forma, la gran ventaja es que los aportantes “postergan” la tributación correspondiente, y por esa razón constituyen una parte importante del acumulado del Fondo de Utilidades Tributables (FUT).

Lo que dice Axel Christensen es muy importante: la razón por la que los Fondos de Inversión Privados existen es porque tienen un beneficio tributario consistente en la “postergación” –prácticamente indefinida- del pago de impuestos.

Es un típico caso de lo que los economistas llamamos una renta generada por la ley, es decir una ganancia que se obtiene no por el esfuerzo propio sino porque la legislación (en este caso la suma del FUT y los FIP) la otorgó.

Pero también hay un segundo elemento en el análisis de Christensen: es que el atractivo de los FIP frente a otras alternativas es su beneficio tributario.Lo que se desprende de esa afirmación es que hay otras opciones que, de no existir el beneficio de no pagar el impuesto, serían más atractivas. Eso quiere decir que hemos estado asignando los recursos de una manera errada, no a lo más productivo sino a lo que permite obtener una ganancia de esa renta a que aludía. Eso es menor crecimiento de la economía.

Esto ocurre con el FUT que estimula tanto la postergación de impuestos, en beneficio de los pocos que pueden hacerlo y en perjuicio de todos los que no pueden hacerlo y que se ven obligados a pagar más impuestos o impuestos más altos; como la inversión en proyectos menos rentables desde el punto de vista del conjunto de la economía, es decir que generan menor crecimiento del que debieran si fueran invertidos correctamente, sin ese beneficio tributario que distorsiona las decisiones de inversión.

Se puede concluir, entonces, que al corregir esas decisiones motivadas solo por el menor pago de impuestos, la asignación de recursos en la economía será mejor y ello traerá más crecimiento.

El alegato de que eliminando estos beneficios injustos traerá menores niveles de ahorro e inversión es cierto, pero la magnitud de lo que a ello se le atribuye no parece ser real, ya que solo disminuirán su ahorro e inversión aquellos que simulaban estas actividades para aprovechar el beneficio tributario, y no los que verdaderamente tenían un proyecto entre manos. Y estos son los que importan.

Todo esto sobre la asignación de recursos se enseña en los cursos de economía en las Universidades, pero parece que los intereses personales lo ocultan tiempo después. No creo que haya temas ideológicos sobre algo tan simple.

Como es normal al comienzo de los mandatos presidenciales este primer Mensaje contó con más anuncios que cuentas, y posiblemente careció de estas últimas no solo por el breve tiempo de gestión sino por hacer un gesto a la oposición que, hasta ahora, se ha mostrado renuente a concordar con el Gobierno la construcción de un camino que represente los anhelos mayoritarios de los chilenos y chilenas.

Por ello también las referencias al proceso de elaboración de una nueva Constitución fueron lo suficientemente generales para que nadie se sintiera excluido y nadie se sintiera amenazado, sin definir cómo ni cuándo se realizará dicho proceso:“trabajaremos, con participación social y diálogo político, para dotarnos de una nueva Constitución que ponga en su centro a los Derechos Humanos, a la democracia y a la buena política como base del orden común. No hay nueva Constitución sin participación”, pero reafirmando el mensaje central de su gobierno: “las decisiones deben reflejar a las mayorías, eso está en el corazón de la democracia”.

La primera parte del Mensaje estuvo centrada en los tres ejes de su programa de Gobierno, y consistió una reafirmación de lo ya expuesto en estos primeros días de gestión.

Además de la breve alusión a la nueva Constitución hubo una defensa de la reforma tributaria basada en la reforma educacional, cuyos anuncios no fueron novedosos. Un acierto político fue presentar categóricamente la reforma tributaria como instrumento necesario para la reforma educacional.

Ello desafía a la oposición a concordar su apoyo en el Senado, la que no estuvo dispuesta a realizar en la Cámara. Los agradecimientos específicos de la Presidenta a senadores y diputados fueron una especie de pololeo necesario para avanzar en lo que viene, que será más difícil debido a que no se cuenta con los votos necesarios para legislar en algunas de las materias claves de educación y, por cierto, en los cambios políticos fudamentales.

La segunda parte del discurso fue el tradicional conjunto de anuncios, algunos ya antes difundidos, sobre lo que desea hacer el Gobierno en cuatro años de gestión.

En cierto sentido era el acompañamiento necesario a las iniciativas fundacionales, pero lo importante de estos anuncios, salvo lo relativo al aborto, ya estaba hecho: energía, emprendimiento, relaciones exteriores, etc.

Bien, especialmente lo relacionado con energía y con reformas al estado, incluyendo resolver los temas de Alta Dirección Pública que el gobierno anterior y este han desvirtuado en su esencia, o que fue mal concebido en su origen. En su conjunto es tarea ardua y que difícilmente se pueda alcanzar en cuatro años, por eso es importante que haya una mayoría que se ejerza y que permanezca. El mensaje a su coalición resultó implícito, y tal vez hizo falta.

También hizo falta algo más sobre un problema que ya lleva años penando y que ni los gobiernos ni la sociedad hemos asumido en todo lo que ello representa, especialmente en la cotidianeidad de sectores medios y populares. Una sola frase sobre el flagelo de las drogas, “para tener éxito en la lucha contra las drogas debemos mejorar nuestras estrategias. Durante el primer semestre de 2015, elaboraremos y lanzaremos el Plan Nacional contra el Narcotráfico que nos permita enfrentar de manera integral y con mayor eficacia esta problemática”.

Ello parece considerar lo que el narcotráfico significa en destrucción de redes y pérdida de cohesión social, pero al mismo tiempo reconocer que no se sabe qué hacer en esta materia en la que el narcotráfico lleva las de ganar a las políticas actuales.

Y la ausencia de los temas de planificación territorial, tímidamente presentes en relación a políticas urbanas, pero que no rompen aún con la lógica mercantil, tan ideológicamente impulsada como errada en cuanto a construir la sociedad que la Presidenta y la gran mayoría del país, una mucho mayor que la que votó por ella de acuerdo al Estudio de Valores Sociales de la USACH, desea.

El Congreso tendrá ahora la palabra, y los partidos de la Nueva Mayoría un doble desafío: reafirmar la mayoría y seducir a la minoría para que los anuncios y cambios, ambiciosos o modestos, se hagan realidad, y Chile sea la Dulce Patria de todos.

Me gusta que esta sea la reacción de los parlamentarios por los que voté, y que se sumen otros más a esta posición.

Se cierra con ello un doble discurso de mucha gente que ha señalado, con mucha parsimonia que ahora se desmiente, que los parlamentarios de la Concertación se opusieron en el pasado a este cambio de sistema de representación.

Es una buena señal de la política al país, y mejorará la representación de la ciudadanía no solo por la diversificación de opciones que ello representará, sino también porque habrá una mayor proporción territorial en la representación parlamentaria, es decir los votos de los chilenos de distintos territorios pesarán más parecido ahora que antes de la reforma.

Pero la propuesta de la Presidenta tiene otra cara respecto de la que poco se ha dicho y que me parece debiera ser destacada en el apoyo de las fuerzas políticas: las cuotas por sexo.

Soy de los que ha sido crítico de la constitución de los equipos de gobierno, que son menos paritarios que en el primer mandato de la Presidenta Bachelet, pero he ido cambiando de parecer respecto de la responsabilidad de la totalidad de la desproporción.

Hoy estoy consciente que son más responsables los partidos y movimientos que apoyan al gobierno que la propia mandataria. Ello ha quedado reflejado en que a medida que los nombramientos se alejan de la responsabilidad presidencial la desproporción de cargos de uno y otro sexo se acrecienta.

Esto también ocurre en otros espacios de gobierno, como los municipios.

Por eso la otra cara de la reforma electoral es tan importante.Las listas deben tener al menos un 40% de personas de cada sexo.Esto va a obligar a mirar al 50% del país sub representado en nuestras instituciones, aunque tengamos una Presidenta mujer.

Esto es importante en lo doméstico y también en la imagen país: los indicadores de inclusión y equidad, es decir de desarrollo de Chile caen enormemente por esa sub representación de las mujeres en los cargos de representación y responsabilidad directiva.

La reforma electoral que introduce las cuotas va a ayudar a resolver esta inequidad en el sistema de representación del Estado. Un paso siguiente será cuando también ello sea parte de todas las estructuras de dirección colectiva, pero el primer paso que se propone será el más importante.

Quiero ver el apoyo “cerrado” de nuestros representantes.

Con el Presidente Aylwin se inició un ciclo político que se cerró este 11 de marzo. Al asumir el Presidente Piñera se cerraba un período de cuatro gobiernos de la Concertación y el país se enfrentaba a verdaderas disyuntivas, las más importantes desde el retorno a la Democracia.

¿Habría continuidad institucional con alternancia en la coalición de gobierno o el país sería arrastrado a una crisis? Y ¿sería capaz, el primer Presidente de derecha en cincuenta años, de llevar al país a un nuevo piso de democracia y solidaridad o retrocederíamos en ambos espacios?

La primera de estas disyuntivas se resolvió favorablemente: el país aceptó la alternancia con gran madurez, y hoy continúa su funcionamiento con normalidad. Pero en la segunda no hubo avances, tal vez tampoco retrocesos, aunque en términos relativos cuando las sociedades no avanzan sí retroceden, y esto ha ocurrido en Chile.

Con la gran diferencia que estamos en democracia y estos cambios de gobierno son asumidos con normalidad por la sociedad chilena, lo que enfrenta la Presidenta Bachelet se parece más a la situación que enfrentó el Presidente Aylwin que a su anterior mandato o al de cualquiera de los de sus otros predecesores democráticamente electos.

El país presenta relativamente buenos indicadores económicos, más allá de las discusiones que podamos tener respecto a las causas de los resultados y a la mejor o peor gestión que se pueda haber realizado,

Algo similar ocurría con la economía a fines de la dictadura, aun cuando entonces la discusión era sobre los niveles de pobreza y hoy es sobre el endeudamiento y las capacidades de la clase media.

Por otra parte hay cierta duda sobre la capacidad de las instituciones a seguir funcionando con normalidad, claro que a fines de la dictadura la duda era sobre si Pinochet permitiría su funcionamiento y la libre expresión que se inauguraba, en cambio ahora es sobre si las instituciones -gobierno, parlamento, partidos- serán capaces de representar y acoger las demandas de la sociedad y sobre si se ampliará el espacio de la libertad de información tan fuertemente concentrado en pocos actores.

También se ha señalado que los anuncios de cambios en materias esenciales, como reforma tributaria y nueva Constitución, traerán inestabilidad y ahuyentarán inversiones afectando el empleo y la vida de las personas, tal como hace veinticuatro años, claro que entonces no ocurrió nada de lo relacionado con estos eventos.

Hubo alza de los tributos en una proporción superior a lo que ahora se anuncia y un enorme incremento en la inversión, mejorías en el empleo y condiciones de trabajo como no se han repetido en ciclos de cuatro años.

Pero al igual que en ese momento, la sociedad  hoy expresa gran malestar y el gobierno saliente no escuchó ese digusto y no se hizo cargo de la situación, confiando solo en indicadores de éxito financiero.

Al igual que Aylwin en 1990, lo que enfrenta Bachelet en 2014 es un escenario casi totalmente nuevo. Ella así lo ha entendido al señalar reiteradamente que “Chile cambió”.

Es cierto, Chile cambió respecto de 2006 y de 2010, así como enormemente desde 1990, y por ello se requieren nuevas formas, nuevos estilos y nuevas propuestas, porque los desafíos ya no son los mismos y la actitud de las personas ya no es la misma.

Es cierto que como a fines de los 80 la gente está dispuesta a movilizarse, pero ya no por ideales como el retorno a la democracia, aunque siguen existiendo idealistas.Los estudiantes, los funcionarios públicos, los portuarios se mueven por intereses de corto plazo, y las respuestas de corto plazo son necesarias, pero insuficientes para avanzar al desarrollo.

Es necesario mirar el país estructuralmente y conducirlo, cuestión en la que fracasó –y tuvo las oportunidades- el Presidente Piñera, en una nueva forma de hacer las cosas, recogiendo lo central de lo que ha permitido progresar, pero entendiendo que el poder, la riqueza, la información y el conocimiento ya no pueden ser patrimonio de unos pocos, que con ello el país está perdiendo oportunidades, competitividad, posibilidades de crecimiento, mayor tranquilidad y felicidad.

La Presidenta Bachelet no será evaluada por lo que haga en estos primeros 100 días, sino por si fue capaz de impulsar al país para que luego de su gobierno alcance un nuevo estadio de desarrollo social político y económico, así como el Presidente Aylwin es y será evaluado por hacerlo en el difícil momento del retorno a la Democracia.Algo de lo que falta tiene que ver con los sueños, pero también con procesos de construcción de nuevas estrategias.

Einstein dijo que no se puede esperar resultados distintos si se hace lo mismo. Podemos inaugurar una nueva etapa o seguir languideciendo, cuatro años son suficientes para iniciar el cambio, para comenzar el camino.

Deseo que a la Presidenta Bachelet en estos cuatro años le vaya tan bien o mejor que al Presidente Aylwin en su gobierno.

El mal resultado alcanzado en enero para el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) que publica el Banco Central ha sido calificado como puntual por el ministro de Hacienda, y como una señal de la tendencia negativa en que recibe a la economía por el que será su sucesor. ¿Es posible que ambos tengan razón?

Efectivamente hay razones para explicar, como lo hace el Ministro, que el indicador haya sido peor de lo esperado, pero eso no oculta que lo esperado ya era muy malo, es decir, no venían buenas noticias.

El ministro ha recordado entonces que recibió una economía en recesión, y podemos agregar que en medio de las réplicas de un gran terremoto.

La economía chilena vivió un ciclo recesivo en 2008-2009 causado por la crisis mundial originada en EEUU y Europa a raíz de la especulación inmobiliaria, pero al momento de asumir el gobierno Chile ya venía saliendo del mismo, si no lo había hecho ya.

El impulso de esa recuperación venía dado principalmente por las políticas reactivadoras del gobierno de Bachelet que fueron aplicadas, entonces y ahora criticamos que tardíamente, por el Ministro Velasco.Recordar una parte de la historia y no la otra no es serio de parte de una autoridad del sector económico.

El gobierno de Piñera se benefició del impulso reactivador que traía la gestión económica anterior, ya que los efectos de las medidas económicas tardan en materializarse, del dinamismo de la economía china que elevó el precio del cobre a niveles espectaculares, y de su propio impulso y del sector privado a la reconstrucción pos terremoto.

Pero cuando el dinamismo de China disminuyó un poco y se estabilizó y bajó el precio del cobre, cuando se acabó el impulso de la reconstrucción y se agotó el empuje reactivador que se traía del gobierno anterior, el dinamismo de la economía chilena languideció, y esa es la herencia que recibirá el nuevo gobierno.

Si se miran las cifras en perspectiva, como lo hace la mayoría de los agentes económicos y los estudiosos del tema, podemos ver que la economía creció un 5,8% en 2010 luego de haber caído un 1% en 2009; luego creció un 5,9% en 2011, para crecer sólo un 5,6% en 2012 y tal vez un 4% en 2013.

El presidente de la SOFOFA ha señalado que espera que la economía crezca entre un 3% y un 3,5% este año, en tanto que la última encuesta del Banco Central a operadores financieros predice un 3,8%.

Es decir, la tendencia es que vamos de más a menos, y cuando comenzó el gobierno íbamos de menos a más. Este cambio en la tendencia es el que nos debe importar y a partir del que debemos hacer las evaluaciones correctas.

El desafío de las nuevas autoridades es, entonces, revertir esta tendencia, lo que no se logrará fácilmente, pero tampoco es imposible.

El cuadro internacional no es desfavorable y se puede esperar cierto impulso del mercado a raíz de la corrección favorable a la reactivación del tipo de cambio y la tasa de interés, pero también es necesario que el Gobierno actúe en favor de esas correcciones y aporte lo suyo.

La reforma tributaria para financiar un mejoramiento de la productividad y corregir los desbalances en diversas áreas es imprescindible, ya que sin ella no podrá haber ese impulso reactivador.

En síntesis, la herencia económica de Piñera no es tan buena como el Presidente quiere mostrar, pero tampoco es tan terrible como para anticipar una crisis en el país.

Sí será necesario enfocar la política desde otra perspectiva, poniendo énfasis en lo que se necesita en los sectores productivos que generan la mayor parte de los empleos en nuestro país, que no ha sido el enfoque de las actuales autoridades.

Espero que lo sea de las que asumen este martes 11.

Ya estaba intrigado de que esto fuera una materia de Ley. Las leyes pueden prohibir el consumo de determinados productos, pero normalmente ello ocurre de manera genérica y no específica. Por cierto, habiendo sido parlamentario por tres períodos, me llama igualmente la atención que un proyecto de esta naturaleza no tenga su origen en el Gobierno o en una institución especializada en el tema, en este caso en vacunas.

Mayor fue mi asombro cuando vi una inserción en que numerosos especialistas, que firmaban como algo así como un “consejo de expertos”, señalaban que los fundamentos del proyecto, esto es que dicho componente de las vacunas, no tenía el efecto que se imputaba. Dicha inserción se reiteró y luego se manifestó en numerosas cartas a medios de comunicación.

En el intertanto esperaba yo una voz del Gobierno, pero tal vez la autoridad estaba preocupada de otros asuntos. Entiendo que primero apoyó el proyecto y luego se sumó al coro de especialistas.

Esperé que hubiera una reacción de un grupo contrario de expertos en la materia que defendieran el proyecto. No lo he visto. Me disculpan si efectivamente dichos expertos expusieron el tema a la opinión pública y yo no me enteré.

Más, hace unos días estuve con profesionales relacionados con la implementación de las políticas de salud pública y me expresaron su inquietud por el hecho que el número de niños que está yendo a vacunarse ha disminuido drásticamente desde que este tema se ha publicitado por el Parlamento.

Estamos frente a un hecho mayor, ya que la disminución en las vacunas puede hacer reaparecer enfermedades que están controladas o parcialmente erradicadas.Esto es muy grave y requiere de un pronunciamiento de las autoridades sanitarias.

Pero los temas de dudas e inquietud no quedan ahí. Leí una declaración del Diputado René Saffirio en que defendía el proyecto y acusaba a los productores de vacunas de hacer una campaña en contra del mismo.

Pero también leí una declaración, no recuerdo de quién –debo decir- en que se señalaba que de suprimirse el Timerosal el costo de las vacunas se incrementaría sustantivamente (no recuerdo la cifra exacta pero era superior al 40%), ganando los mismos Laboratorios, o alguno específico que podría ser el capacitado para entregar una vacuna diferente y de mayor costo.

Sabemos que los Laboratorios son una industria poco competitiva, principalmente por los temas de Patentes y las barreras a la entrada.Por otra parte la demanda por vacunas es bastante inelástica, es decir aunque suba el precio hay que comprarla de todas formas.

Los Laboratorios tiene conciencia de su poder y establecen relaciones políticas eficaces, como contratar a un antiguo regulador para que los represente.

Entre tantas cosas poco claras, ¿no habrá en todo esto más bien una disputa de mercados? ¿Quién o quienes han hecho Lobby en este tema?

Yo no lo sé, pero estoy lleno de dudas e inquietudes.

El Estudio de Valores Sociales de la USACH nos dijo que en primera vuelta la participación electoral fue muy diferenciada en función principalmente de dos variables: edad y nivel socioeconómico.

Efectivamente en relación a estos dos elementos las correlaciones fueron totales.A mayor edad hubo mayor participación electoral, es decir los mayores votaron en mayor proporción que los más jóvenes, y a mayor nivel socioeconómico hubo mayor participación electoral, es decir los más ricos y educados votaron en una proporción mayor que los más pobres y con menor nivel de educación.

Esto último es muy significativo cuando se pregunta por la auto calificación en la escala social ya que casi un 90% de los que se autodefinen como clase alta o media alta votaron en la primera vuelta del 17 de noviembre, en tanto que la participación global alcanzó a solo un 52% del padrón electoral, corregido de los que viven en el extranjero y les estaba impedido votar y de los fallecidos que no han sido eliminados del padrón, que sumados se estima son un millón de personas.

Un nivel de participación bajo no tendría por qué ser un problema. Muchos estudios dicen que hay sociedades desarrolladas y no tan desarrolladas en que la participación es baja. Pero es un problema si la participación electoral es segregada, como demostró el Estudio de Valores Sociales.

Ya teníamos un problema cuando el voto de una persona en Maipú vale menos de la mitad que el voto de una persona en Melipilla, y menos de la cuarta parte que en Vallenar. Pero el inconveniente es mayor al agregar las segregaciones por edad y por nivel socioeconómico, especialmente por este último calificativo.

No funciona bien una sociedad donde los ricos y calificados participan y los pobres y poco instruidos no lo hacen. Ello refleja diversos problemas, y constituye un problema frente al que han surgido básicamente tres posiciones.

La posición más conservadora sostiene que el problema no es un problema en si y por lo tanto no hay que actuar. Seguramente, apunta esta posición, los que no participan aprenderán con el tiempo a hacerlo y lo harán en la medida que tengan mayores niveles de educación.

La posición radical postula que no es posible que la sociedad tolere que unos participen y decidan por todos, y que el tiempo que se toma en ir a votar es una excusa de menor nivel, y que si la sociedad impone obligaciones en diversas áreas también lo debe hacer en esta, y el voto debe ser obligatorio (y recuerda que ser vocal de mesa es obligatorio para los que son convocados).

Una posición similar, pero menos categórica, dice que hay que asociar las obligaciones a los derechos y que si alguien quiere obtener un beneficio de la sociedad debe participar en su construcción, así el votar debería ser una exigencia para obtener subsidios, abrir cuentas de ahorro para la vivienda y otras actividades en las que las personas requieren del Estado.¿Recuerdan que así ocurría hasta 1973, en un sistema que funcionó con gran eficiencia?

¿Cuál camino tomará la sociedad? El nuevo Gobierno y el Parlamento tienen la palabra al respecto, lo importante es que la conversación y el debate sobre este tema no se olviden hasta que las elecciones municipales del 2016 lo vuelvan a poner de relieve.

Hoy tenemos información y estudios que pueden y deben ser considerados para abordar el problema.

Asimismo, ante la pregunta, “para usted el lucro es aceptable si mejora la calidad…” en el caso del agua esto es aceptado por el 34% de las personas, idéntica cifra para la electricidad y 33% para el gas.Para la educación este porcentaje es de 41% y para la salud de 42%.

Es decir, el Estudio de Valores Sociales nos dijo que las personas son más partidarias del lucro en la educación y en la salud que en los servicios de agua, gas y electricidad. Por eso me sentí cuestionado.

Al respecto, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha entregado una información muy importante para comprender el por qué las personas no quieren el lucro en estos servicios básicos que históricamente han sido provistos por empresas privadas.

La información sobre las utilidades sobre ventas de estas empresas, es decir el beneficio que queda para el proveedor del servicio por cada peso que recibe de pago, supera con creces lo que se considera justo, lo que corresponde a un análisis de mercados competitivos y, particularmente en los casos de las empresas de agua y electricidad, cuyos precios están regulados por contratos con el Estado, lo que establecen las leyes.

La información señala que la empresa Metrogas tuvo una utilidad sobre las ventas de casi un 30%, es decir casi uno de cada tres pesos que recibió fue utilidad.

Luego tres empresas que prestan servicios de agua potable, Aguas Andinas, Concesionaria de Servicios Sanitarios y Aguas Los Lagos, tienen sobre un 25% de utilidades, es decir de cada cuatro pesos que reciben más de uno es utilidad.

Muy cerca les sigue Chilectra, con casi un 25% según la SVS, y luego otras más con menores pero importantes utilidades sobre las ventas. Estas ganancias se llamarían “extraordinarias” por su magnitud, pero al estar en empresas de servicios a la comunidad y, como señalo en los casos de agua y electricidad, sujetas a regulación de tarifas o precio, debemos llamarlas escandalosas.

El escándalo procede por dos razones: la primera es porque son utilidades que provienen de la explotación de los consumidores, de los usuarios de estos servicios y la segunda es porque reflejan una mala legislación o regulación de estos mercados por parte del Estado.

La provisión de agua y electricidad a los hogares y empresas medianas y pequeñas es realizada por una empresa monopólica, por ello son reguladas y sus precios o tarifas se fijan por un procedimiento establecido por Ley.

Si hay utilidades escandalosas en estos sectores es porque la Ley está mal, porque está siendo mal aplicada por la autoridad encargada o porque está siendo vulnerada. Habrá que estudiar cada caso. Pero la realidad es que hay utilidades inmorales según se desprende del informe de la SVS y esas ganancias son rentas producto de explotación a los usuarios y consumidores.

Se entiende entonces que no se quiera el lucro en estos sectores, tal como nos dijo el estudio de Valores Sociales.

Por otra parte, al analizar estos resultados en relación a lo que se gasta en salud podemos concluir que el retorno del gasto en salud, es decir el resultado por peso invertido en salud, es de los más altos del mundo, lo que nos dice que el sector es un sector que funciona bien en general.

Esto es más evidente si se observa que alrededor del ochenta por ciento de la población se atiende en el Sistema Público de Salud, cuyos niveles de eficiencia (resultado por peso gastado) son aún superiores.

Sin embargo la opinión de la gente no coincide con estos datos.

De acuerdo con el Estudio de Valores Sociales realizado por el Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago, al preguntar, “¿Cuál de los siguientes temas generan más problemas en el Chile de hoy?” un 51% de los consultados (mayores de 18 años que viven en zonas urbanas) respondió: “el sistema de salud”, el número más alto de respuestas entre las alternativas propuestas. Este resultado es mayor entre las mujeres (56%) que entre los varones (46%) y también en los grupos socioeconómicos más altos (64%) que en los sectores medios y en los bajos (49%).

Por su parte, al consultar cuáles son las tres mayores preocupaciones personales, fue el “acceso a la salud” la más mencionada con un 42% de las respuestas. Este resultado también es mayor entre las mujeres (44%) que en los varones (36%), pero es menor en los sectores de altos ingresos (29%) que en los demás.

Si interpreto correctamente la relación entre las respuestas a ambas preguntas concluyo que para los sectores medios y bajos el “tema salud” es un problema es mayormente de acceso, asunto que es de menor importancia que para los sectores medios altos y altos.En este último caso el “tema salud” podría tener que ver con el costo del acceso más que con el acceso mismo.Esta afirmación es consistente con las respuestas a otras preguntas del Estudio.

Mientras que sólo un 2% piensa que el “sistema de salud con el sistema ISAPRE es apropiado y debe conservarse” y un 17% señala que “necesita algunos cambios pero debe conservarse”, un 37% cree que “debe ser modificado sustancialmente” y un 39% que “debe ser reemplazado por otro sistema”, es decir, más de tres de cada cuatro personas creen que el sistema requiere cambios muy profundos.

Por su parte, más de la mitad de los consultados justificaría un alza de los impuestos si estos se destinan a financiar una reforma en el sistema de salud. Curiosamente este porcentaje es más alto en los niveles socioeconómicos más elevados (64%) y en los mayores (58%), y más bajo en los pobres (48%). Estas diferencias tienen, a mi parecer, un fuerte correlato con la demanda de cambio en el sistema de ISAPRE y con la percepción del sistema de salud como un problema, y se refrenda con el análisis de la última pregunta que consideraré: ¿es aceptable el lucro si mejora la calidad de la salud?

El lucro, si mejora la calidad de la atención, es aceptado por solo el 44% de los consultados, pero  es menos aceptado en los sectores de altos ingresos (38%) y por las personas de mayor edad (42%) y más aceptado en los sectores de bajos ingresos (45%).

Como puedo presumir que las personas de menores ingresos se atienden en el sector público, y un sector mayoritario de los de altos ingresos en las ISAPRE, me parece claro que al plantearse la salud como problema se están discutiendo dos asuntos diferentes: para los de altos ingresos el alto costo que representa estar en una ISAPRE, es  un problema de mercado, y para los más pobres la dificultad de acceso, es  un problema de salud.

No digo algo muy nuevo, pero es una distinción que es necesaria para poder hacer la reforma que tan mayoritariamente se demanda.

Lo primero que llama la atención, y que no debiera hacerlo, es que ante la consulta sobre ¿cuál de los siguientes temas generan más problemas en el Chile de hoy?, el 20% responde que las desigualdades sociales, el 16% la educación, otro tanto la salud y un 14% la delincuencia.

En tanto que cuando se les consulta sobre ¿cuál es su mayor preocupación personal?, las personas señalaron en primer lugar con un 18% la educación de sus hijos, seguido con un 15% por la delincuencia, 13% para el costo de la vida y 10% para la salud.

Consultados por cómo resolver las desigualdades, mencionadas en primer lugar como tema de preocupación, el 66% señala la educación y un 14% apela por mayores impuestos.

Sin embargo el mismo universo sostiene que el sistema educacional debe ser modificado sustancialmente (58%) o debe ser reemplazado por otro sistema (25%).Es decir se observa a la educación como la gran solución para la desigualdad, pero al mismo tiempo no se cree que el actual modelo educacional sea el camino que entregue esa solución.

Una de las transformaciones que se propone tiene que ver con el avance en la gratuidad.El 41% de las personas piensa que la educación debe ser totalmente gratuita, en tanto que un 48% que debe ser gratuita solo para los que no pueden pagarla.Esto refleja un deseo de equidad y de avance en la solución de las desigualdades que no puede soslayarse.

El examen consistente de la información revela que la educación hoy no es gratuita, ni siquiera para los que no pueden pagarla, y por ello la demanda por gratuidad total o por gratuidad para los que enfrentan una situación que les obliga a endeudarse o descapitalizarse para poder financiar los estudios.

Esto es crítico en la educación superior, de allí que se entienda su mayor movilización por la demanda.

Un estudio del Profesor Víctor Salas, que dirige el equipo de Economía de la Educación en el Departamento de Economía de la USACH, señala que el 64,5% de todo el financiamiento de la educación superior es aportado por las familias de los estudiantes, es decir 4200 de los 6500 millones de dólares que hoy representa el gasto en educación superior en Chile.

Este financiamiento de la educación superior, de acuerdo al profesor Andrés Bernasconi del Centro de Políticas y Prácticas de la Educación de la UC, es similar al de los países de desarrollados en su proporción respecto del tamaño de la economía (2,5% del PIB), pero exactamente inverso en su forma de financiamiento, es decir, en los países desarrollados dos tercios son aportados por el Estado y un tercio por las familias.

El Estudio de Valores Sociales nos refleja este problema de manera clara, revelando que la educación es la primera preocupación individual, la desigualdad es el principal problema social, que la educación es la solución a la desigualdad, pero no el actual modelo educativo.

Ellos tienen razón en reclamar. Los alumnos de los colegios particulares y públicos así llamados “emblemáticos” son seleccionados con mucha antelación a esta fecha y, producto de esa selección que se produce por razones económicas, sociales y –en los menos casos- académicas, se les “garantiza su acceso a las mejores universidades, las del Consejo de Rectores.

Tienen razón los rectores en modificar el sistema de asignación de puntajes utilizando en mayor medida el Ranking de Notas, ya que están dando oportunidades a los mejores alumnos, independiente de su condición económico social, y valorando su desempeño académico en su propio establecimiento, es decir, están introduciendo equidad en el sistema de selección, tal vez corrigiendo una política adoptada por los propios Rectores hace unos años al cambiar la Prueba de Aptitud Académica (PAA) por la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que discrimina a favor de los estudiantes de los “colegios emblemáticos”, como se ha demostrado por estudios de diversas Universidades.

Paradojalmente han sido los estudiantes de los establecimientos emblemáticos los que se han movilizado por la equidad y calidad de la educación, y algunos de ellos ahora se movilizan contra una de esas propuestas.

Seguramente, como toda construcción de indicadores, el Ranking de Notas es perfectible, pero es importante que se entienda su formulación y su objetivo.

Con el Ranking de Notas se otorga puntaje a los mejores alumnos de cada establecimiento considerando dos variables, ambas endógenas, es decir que no se relacionan con otros establecimientos tal como algunos voceros contra su implementación han dicho.

La primera variable es el desempeño en su propia aula, dando un premio en puntaje a los mejores alumnos de cada curso.La segunda es premiando a los alumnos que tienen un promedio superior al de su establecimiento en los años inmediatos a su año de egreso, es decir que son los mejores de varias generaciones.

Esto premia a los que se esfuerzan, que son los que mejor van a aportar en sus estudios y desempeños laborales en el futuro, cuando se les dan oportunidades, como es lo que se está proponiendo por el Consejo de Rectores.

La sociedad debe evaluar estas decisiones por el conjunto de sus resultados, cuidando de causar el menor daño que sea posible en las situaciones individuales, pero no puede paralizarse en los caminos correctos porque exista ese tipo de daño.

Esperar que egresen todos los estudiantes de los colegios que seleccionan a sus alumnos para comenzar a aplicar esta medida que, insisto, corrige en parte la discriminación que introdujo la PSU, significaría perjudicar a muchos más estudiantes que, siendo buenos en su desempeño, no han tenido las oportunidades que merecen y que, en una parte bien menor aún, se les está otorgando.

Sería muy positivo para la sociedad que este debate no quedara en el ranking y la PSU, sino se abriera a la discusión sobre todo el sistema de acceso y sobre la necesidad de reformular el sistema universitario en su conjunto incorporando el Propedéutico como una forma natural de incorporación, dando valor a los Bachilleratos, planificando los cupos de cada carrera para que sean conducentes a empleos relacionados con las diferentes formaciones, y retomando el sentido de la Universidades como actores de los procesos de desarrollo de la sociedad, donde quienes ingresan a ellas debe entenderse como parte del mismo y no como decisiones individuales fundamentadas en criterios económicos.

¡Qué importante es que la democracia no sea secuestrada!

Pero las movilizaciones son parte esencial de la democracia, y lo importante es llegar a entender por qué podrían llegar a “secuestrarla”.

Me parece que la respuesta es simple. Las movilizaciones pueden llegar a secuestrar la democracia cuando se cumple uno de dos requisitos.El primero es muy obvio y se da cuando las movilizaciones corresponden o son impulsadas por quienes no creen en la democracia y las utilizan para promover su reemplazo mediante algún tipo de Golpe de Estado, tal como ocurrió hace 40 años.

El segundo se produce cuando la democracia ha sido “protegida” de tal manera frente a la soberanía popular que no cumple sus tareas de ser un mecanismo adecuado de diálogo, mediación, representación y gobierno. En este caso las movilizaciones son la respuesta al “secuestro” de la democracia por quienes se detentaron en sus protectores.

Chile vive una etapa de fuertes contrastes.Estabilidad institucional con gran apatía ciudadana; movilización de las elites y parsimonia de la gran mayoría; crecimiento económico y profundización de la desigualdad; individualismo acentuado en los comportamientos y demanda de que se cree un Estado solidario que resuelva los problemas; temor paralizante a la violencia delictual y apelación a mayor violencia institucional.

Parte de estas contradicciones se debe a que la sociedad no ve que el sistema democrático responda a lo que en esencia deba ser, lo siente secuestrado. Allamand hace años indicó a los “poderes fácticos” como sus secuestradores.

Vivimos una democracia, pero una democracia cuyas formas de representación se han agotado debido a la concentración del poder económico, principalmente, y a la falta de mecanismos de control y solución de conflictos cuando hay una mayoría que quiere una cosa y se enfrenta al veto de una minoría que se escuda en la institucionalidad generada en Dictadura para que esa mayoría no pueda conducir al país como en democracia debe ocurrir.

Por esto apelamos a una Nueva Constitución, para que la democracia se libere de sus secuestros presentes y no se generen nuevos.

Frei Montalva, en su histórico discurso del Caupolicán en 1980, señaló que Chile necesitaba una Constitución que emanara de una Asamblea Constituyente. Nunca en nuestra historia ha sido esa la forma de generar nuestras constituciones.

Sería bueno comenzar a construir una nueva historia que nos de seguridad por los próximos cuarenta años.