Andrés Oppenheimer, el periodista y columnista argentino, editor de América Latina en The Miami Herald, nos recuerda que Brasil es la sexta economía del mundo, y México la 14º, lo cual debiera tener alguna incidencia en la capacidad de esos países de dar soporte a universidades de excelencia.

Es cierto que algunas de las universidades europeas que figuran en los puestos de avanzada, así como las líderes de los Estados Unidos, han existido por varios siglos, y eso contribuye a su prestigio, que es una de las variables de más peso en este particular ranking, pero algunas de las instituciones de educación superior más antiguas de América Latina también datan del siglo XVI y XVII. Es más, las universidades que en el ranking exhiben mayores progresos, la mayoría de ellas ubicadas en Corea, Singapur, Taiwán y China, son más bien nuevas, y la juventud no parece ser un escollo para ellas. ¿Qué nos está pasando?

Primero y principal: los profesores. No su número, ni su vocación, ni su dedicación a la universidad, ni la calidad de su docencia. El problema está en la falta de calificación para lo que en el resto del mundo se entiende propiamente como investigación, en su limitada capacidad para usar el idioma inglés para acceder a las principales corrientes del conocimiento mundial, y en sus salarios inaceptablemente bajos en la mayor parte de los países de la región.

En la gran mayoría de las mejores universidades de América Latina el profesorado con doctorado todavía es una minoría (salvo en Brasil), y la fluidez en idiomas que no sean el español o el portugués es aún excepcional.

Hay muchas razones perfectamente comprensibles para ello, pero la verdad es que no es posible hacer investigación internacionalmente competitiva con profesores que no han sido entrenados para ello, o de académicos cuya base de conocimiento se limita a lo que está publicado en español o portugués, o en las generalmente deficientes traducciones a esos idiomas.

Tampoco se pueden esperar buenos resultados allí donde los salarios son tan bajos que los profesores supuestamente dedicados a tiempo completo a la universidad deben trabajar en dos o tres lugares para llevar una vida decente, como ocurre en casi todas partes en la región con excepción de Chile, Brasil y México.

El segundo obstáculo es el gobierno de las instituciones y de los sistemas nacionales de educación superior. La autonomía universitaria, que ha sido prácticamente un objeto de culto en América Latina, sirvió por muchas décadas a la noble función de mantener alejados de la universidad a gobiernos corruptos, incompetentes, lunáticos o autocráticos.

Infelizmente, esto sigue siendo necesario en algunos países en la actualidad. Pero en la mayor parte de la región existen democracias estables con liderazgos razonables que han ido consolidando espacios de diálogo donde las universidades pueden desarrollar política pública en asociación con los gobernantes, en vez de darles con la puerta de la autonomía en las narices.

¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de las universidades latinoamericanas, especialmente las estatales, no tienen la fuerza política para reformarse a sí mismas, y necesitan trabajar con sus gobiernos (como crecientemente lo hacen las universidades en Europa, Australia y Asia) para encontrar mecanismos que les permitan renovar sus cuadros académicos, destinar más recursos para investigación a quienes pueden usarlos más productivamente, reformar las estructuras de las carreras académicas y las escalas salariales, crear capacidades de toma de decisiones y de planificación de largo plazo, reducir la hinchazón de la burocracia administrativa, y reasignar recursos dentro de las universidades y entre instituciones del sistema universitario, por citar solamente algunas de las correcciones que tanto hacerse.

Desafortunadamente, en típico estilo latinoamericano, algunos líderes universitarios en esta parte del mundo le disparan al mensajero, sospechan una conjura internacional, y buscan refugio en un universo paralelo de su propia creación.

Un grupo de ellos se reunió en mayo en México, con el apoyo de UNESCO, para denunciar que los rankings globales no son válidos como mediciones de calidad, protestar su sesgo “anglosajón”, y proclamar que dado que las universidades en esta región son diferentes, se debiesen diseñar rankings que reflejen la misión “social” de la universidad en América Latina, un concepto de contenido indeterminado que se usa para nombrar aquello que las universidades hacen aquí que no es investigación, ni enseñanza, ni transferencia de resultados de investigación, ni en buenas cuentas ninguna de las funciones que en el resto del mundo se asocian a la universidad como institución.

Así, es probable que el grupo de interés encabezado por las grandes universidades públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Colombia, y la Universidad de Chile (precisamente aquellas a las que les debiera estar yendo mucho mejor en los rankings si su desempeño científico estuviese a la altura del alto concepto que tienen de sí mismas) continuará dando la espalda a lo que los rankings globales señalan consistentemente: que la educación superior latinoamericana permanece en la periferia de la moderna búsqueda del conocimiento, más un espectador que un actor.

Están bajo una presión enorme, e inusitada en tiempos democráticos, la Universidad, el Congreso, el Ejecutivo, y las Fuerzas de Orden.

La porfiada paralización de actividades académicas en muchas universidades del Consejo de Rectores y sus consecuencias han lesionado la autoridad de los rectores, vulnerado los estándares académicos para dar por enseñado y aprendido el primer semestre, dañando las finanzas de las instituciones, y perjudicado a los alumnos beneficiarios de becas y crédito.

La prolongación de los paros hasta fin de año causaría menoscabos aún más profundos a la educación superior que el movimiento dice querer fortalecer.

El Congreso, por su parte, parece impotente para jugar un rol que no sea sólo servir de caja de resonancia a las voces más afiebradas que protagonizan las pugnas que atraviesan a la sociedad chilena.

Relegado por acontecimientos que no puede manejar, no es más que el espacio en que se escenifica el drama del conflicto.

Su imagen pública se deteriora bajo el impacto de los duelos de descalificaciones, los combates cuerpo a cuerpo en las tribunas, el descontrol de algunos honorables transmitido al país en los noticiarios, y la falta de progreso en el trabajo legislativo en las materias en que se juega el conflicto.

El Ejecutivo se muestra a veces tan anárquico como el movimiento estudiantil que enfrenta, y desprovisto por entero de la firmeza de principios y convicciones que el movimiento, en el otro extremo, lleva a niveles de fanatismo religioso.

Así, termina siendo tan difícil adivinar el plan del gobierno como escudriñar las verdaderas intenciones de quienes manejan a los estudiantes.

Otrora una de las pocas instituciones en la que confían los chilenos, Carabineros es hoy cuestionado tanto por el exceso como por el defecto de su actuar. Sus procedimientos mecánicos revelan jueves por medio su desajuste con el desafío de la mezcolanza de manifestantes pacíficos y encapuchados violentistas.

El movimiento estudiantil alcanzó su cota de máximo poder a inicios de Agosto, cuando el recién nombrado Ministro Bulnes propuso en un documento público el más amplio conjunto de reformas a la educación superior y municipal desde 1980.

Sin embargo, intoxicado por su éxito y atrapado en su fundamentalismo revolucionario, no quiso ni supo capitalizar ese momento. Desde entonces, las cosas han ido cuesta abajo, tanto para los estudiantes como para las instituciones que crujen el peso de sus marchas y tomas.

Es tiempo de que los actores más responsables en uno y otro bando—que los hay, así como los hay en el Congreso—se abran paso y dejen atrás a los ultras, que los hay también por doquier, y forjen un acuerdo que podrá no ser del gusto de todos ni el óptimo de nadie, que podrá ser denunciado como cupular, que podrá romper alianzas y lealtades, pero que será el medio de empezar a mejorar la educación y de preservar las instituciones que tanto ha costado construir.

En la hora presente, el diálogo y la negociación son la más creativa y fructífera forma de protesta.

Vale entonces la pena revisar algunos datos duros sobre este sistema para permitir al lector juzgar la magnitud de la pretendida crisis, o incluso su misma existencia.

La educación superior ha servido a Chile bien a lo largo de su historia. Especialmente bien en los últimos 20 ó 30 años. Toda la educación superior, la pública y la privada. Por eso no extraña el abismo que existe entre el discurso de “crisis” de algunos y las tecnicalidades sobre las que de hecho discurre el debate:

¿Cuál debe ser la tasa de interés de los préstamos estudiantiles?

¿Debieran las universidades del estado endeudarse por más que la duración de un periodo presidencial?

¿Qué es legítimo hacer con los excedentes de las universidades privadas y de los negocios privados de las universidades públicas?

¿Qué rol debe tener la Contraloría respecto de las universidades estatales?

¿Cómo es posible que la Comisión Nacional de Acreditación acredite universidades por sólo un año? … problemas relevantes, sin duda, pero difícilmente síntomas de una condición terminal.

La buena salud de la educación superior chilena brota por doquier. Primero, la cobertura: Chile exhibe tasas de acceso a la educación pos secundaria muy superiores a la de países en desarrollo, y bien cercanas a las de países del primer mundo.

Incluso la distribución de los estudiantes entre carreras técnicas y profesionales—tenemos demasiados profesionales en comparación con el número de técnicos calificados—sempiterno problema de nuestro sistema, se ha ido corrigiendo y en los dos últimos años han sido más los nuevos ingresantes a centros de formación técnica e institutos profesionales que a las universidades.

Además, gracias a las políticas públicas de becas y crédito que han duplicado desde 2005 la inversión pública en educación superior (como porcentaje del PIB) prácticamente la totalidad de los alumnos más pobres que acceden a la universidad hoy no pagan nada o pagan muy poco por sus estudios en el presente, difiriéndose los pagos para el futuro en los casos de los que estudian con crédito, que por lo demás es un crédito altamente subsidiado por el Estado en las universidades del Consejo de Rectores.

Si bien la deserción es alta en Chile: más o menos un tercio de los estudiantes de primer año no se matriculan nuevamente en la misma carrera al año siguiente, estadísticas indican que la abrumadora mayoría de los que desertan lo hacen para continuar estudios en otra institución o en otra carrera, y siguen por lo tanto participando de la educación superior.

En otras palabras, se atrasan, pero no abandonan. Y este atraso, que se produce por cambios de carrera, reprobación de ramos, y múltiples otras causas, típicamente agrega a la duración curricular de los estudios (duración teórica de dos años para carreras técnicas, y entre 4 y 7 para carreras profesionales) un promedio de entre un año y un año y medio adicional. Nada para estar orgullosos, pero ciertamente indicadores mucho mejores que los de Argentina, México, y la mayor parte de los países de la región.

Y la educación superior chilena no puede ser de tan mala calidad desde el momento que, en promedio, un graduado universitario gana 4 veces más que quien sólo ha terminado la educación secundaria.

Hablando de calidad, Chile tiene ya por 15 años un sistema de acreditación de la educación superior que—no obstante sus múltiples defectos—fue uno de los pioneros en el mundo y entrega información detallada sobre el funcionamiento de buena parte de las instituciones de educación superior del país. Otra cosa es que esa información pueda ser mejorada, pero podríamos partir por leerla—está toda en la web.

Por su parte, los académicos chilenos son los más productivos de América Latina: es decir, el costo para los contribuyentes de cada paper que genera la ciencia que produce Chile es el más bajo de la región, y si bien, por supuesto, nos gustaría tener más y mejor ciencia, sucede que Chile, Brasil y China están entre los países del mundo cuya producción científica ha aumentado más dramáticamente en los últimos años.

En fin, podríamos seguir. Nuestra educación superior tiene problemas, es indudable, pero ya se quisieran para ellos nuestros vecinos y otros países no tan cercanos, un sistema tan en crisis como el chileno.