Sin embargo, el modelo de desarrollo también ha tenido su lado B: una persistente desigualdad entre sus habitantes. Esto es preocupante no sólo desde la perspectiva de la justicia social, también, en concordancia con un informe reciente del FMI, hay evidencia que una alta inequidad puede retardar el crecimiento en la medida que existen imperfecciones en el mercado crediticio o este causa inestabilidad política.

En base a esta publicación del FMI, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, en este caso por ingreso disponible, alcanzó para Chile 50.6 el año 2009, siendo 53.7 el año 1990 (mientras menor el coeficiente de Gini mayor es la equidad, siendo 100 la mayor desigualdad, todo el ingreso recae en un agente o una familia y 0 la equidad total).

Es decir, aunque el nivel de desigualdad ha disminuido, no se observa un cambio importante en esta materia, considerando que el período es de 22 años. El contexto internacional es completamente distinto, este indicador para países desarrollados es de 30.1, algunos casos interesantes a considerar son: Canadá 31.9, USA 38.6, Suecia 24.4, UK 33.5, Alemania 32.1, Holanda 24.8 y Japón 32.9.

Adicionalmente, este coeficiente, para los países de Europa emergente, es de 33 y para el Asia Pacífico de 37.3. Chile es superado en inequidad sólo por tres países de la región ,Colombia 54.4, Brasil 52 y Bolivia 54.4  y por algunos países centroamericanos y del África. El desafortunado y lamentable título mundial de la desigualdad lo disputan Namibia 64 y Sudáfrica 63.

El mismo informe indica que, junto con un sistema tributario progresivo, las políticas públicas centradas en educación y salud son las que mejor resultado tienen en disminuir la inequidad social. También son relevantes las políticas e instituciones que protegen los mercados y evitan los monopolios y excesiva concentración económica.

Las conclusiones están a la vista. Todos los países más avanzados son más equitativos, una sociedad más justa no sólo es absolutamente compatible con el crecimiento económico, también es necesaria para que este ocurra.

Por tanto, el paso hacia el mundo desarrollado debe darse de la mano con una sociedad más equilibrada en cuanto a ingreso y oportunidades.

Si queremos seguir el camino de economías competitivas y que entregan altos niveles de bienestar a su población, como Canadá u Holanda, necesariamente el país debe emprender políticas que mejoren las posibilidades de desarrollo de las personas.

En consecuencia, el desafío futuro es mantener las altas tasa de crecimiento, que han permitido al país mejorar sustancialmente el ingreso per cápita, con políticas que generen condiciones de equidad en la población, particularmente en áreas como educación o salud, que apuntan directamente a distribuir mejor los beneficios del progreso.

Tal como lo mencioné en el artículo anterior, esos objetivos hoy en día no están limitados por la falta de recursos, como ocurrió en el pasado, sino más bien por la gestación de consensos que reflejen apropiadas soluciones de políticas públicas. En definitiva, tenemos la oportunidad de gestar un país que sea considerado un ejemplo de progreso económico y justicia social.

De acuerdo a cifras del FMI (Fondo Monetario Internacional), en 1990, el ingreso per cápita de Chile corregido por poder de compra era de US$ 4949. Comparado con Venezuela (US$ 7015), Brasil (US$ 5363), México (US$ 7357), Argentina (US$ 5647) y Perú (US$3242), Chile era un país de ingreso medio en la región. Para los países que hoy son considerados desarrollados, ese mismo indicador, para dicho año, era de US$ 23.198, para Estados Unidos; US$ 19.641, para Canadá; US$ 14.200, para España; y US$ 11.292 para Portugal.

Después de 22 años, con 20 años de gobierno de la concertación, en base a las mismas estadísticas del FMI, la posición de nuestro país ha cambiado sustancialmente.

El año 2012, Chile es el país más rico de la región con US$ 19.238 (con la población corregida por el nuevo censo poblacional), superando a Argentina (US$18.205), Brasil (US$ 12.038), México (US$ 15.300) y Venezuela (US$13.242), siendo este último el que menos progresó en este indicador en el período de tiempo considerado. Perú se situó en US$ 10.679.

Estos resultados merecen tres consideraciones importantes.

La primera, es un indicador que sin duda tiene una correlación muy alta con el bienestar de la población. La segunda, nuestro país está muy cerca de calificar como desarrollado, dicho umbral está en los US$ 20.000, lo que probablemente constituirá uno de sus mayores logros alcanzados en materias económicas. La tercera, el progreso es en términos relativos, al país le ha ido mucho mejor que a naciones que hace pocas décadas nos superaban largamente, como Venezuela o México.

En consecuencia, podríamos afirmar con base que el modelo de desarrollo ha tenido logros muy importantes y el desempeño de nuestro país en el marco internacional también ha sido destacado.

Ciertamente, aún faltan áreas muy relevantes de la sociedad que requieren ser mejoradas, como educación o salud, que apuntan directamente a distribuir mejor los beneficios del progreso económico. Sin embargo, el desafío hoy en día no está restringido por la falta de recursos, como ocurrió en el pasado, sino más bien por la gestación de consensos que reflejen apropiadas soluciones de políticas públicas.

La situación económica de Chile es equivalente a la de Canadá el año 1990, país que hoy tiene un ingreso de US$ 41.507, y que es considerado como una de las naciones que más prosperidad entrega a su población.

Nuestro país está en condiciones que los próximos veinte años se consolide su desarrollo y, al igual que Canadá, sea considerado un ejemplo por el nivel bienestar al que acceden sus habitantes, sólo se requieren las políticas adecuadas.

Recientemente, el ex ministro de Hacienda Hernán Buchi, se unió a esa línea de opinión, deslizando críticas a los organismos reguladores. Como ex Superintendente creo fundamental aclarar el rol de las instituciones y las líneas de responsabilidad.

La primera instancia de control de una sociedad anónima, y por lejos la más importante, es el Directorio.Este organismo, en principio, debe monitorear el desempeño de la alta administración en representación de la Junta de accionistas.

Esto significa, entre otras cosas, aprobar decisiones de negocios significativas, la estrategia empresarial y la asignación de los recursos materiales de la compañía.También está a cargo de la política de compensación de ejecutivos, supervisar la gestión de riesgos, y apoyar a la administración aportando conocimiento y conexiones.

Para llevar a cabo esta tarea el marco legal inviste a los directores con un conjunto de derechos y deberes. La ley claramente establece que la administración de una sociedad anónima la ejerce el Directorio elegido por la junta de accionistas.

También establece que cada director “tiene derecho a ser informado plena y documentadamente en cualquier tiempo de todo lo relacionado con la marcha de la empresa”.

Por otro lado, existen un conjunto de buenas prácticas y técnicas profesionales que tienen la finalidad que el rol del directorio sea eficiente, un ejemplo claro, es la recomendación de establecer comités de apoyo a la labor del Directorio, como el Comité de Auditoría, el Comité de Riesgos o Comité de Compensaciones.

Claramente, el Directorio es la primera capa de control de la gestión ejecutiva en una sociedad anónima. En esta labor es indispensable articularse directamente con las instancias de control internas y externas, como el contralor, oficial de cumplimiento, auditoras y clasificadoras de riesgo.

Ha ocurrido frecuentemente que la relación con estos organismos es ejercida por la plana ejecutiva, por lo cual, el Directorio, en los hechos, se priva de usar adecuadamente estos instrumentos, lo que inevitablemente daña su eficacia. Empíricamente, la buena práctica de establecer reuniones periódicas entre el Directorio y dichos cuerpos de control es poco común en las empresas.

Esta es la base en que está diseñado el esquema regulatorio, es decir, descansa en parte importante en el rol del directorio.

Más aún, con el desarrollo de los modelos de supervisión basada en riesgo, su responsabilidad se ha acrecentado y definido más nítidamente. En consecuencia, si no es eficaz en su desempeño el costo social es muy alto.

Por la misma razón, el modelo supone que los Directores deben estar informados y les otorga los debidos derechos para que ello ocurra, si esto no fuese así, el esquema de supervisión se desarmaría como un castillo de naipes.

Por razones de eficiencia, el marco regulatorio supone un nivel de riesgo o vulnerabilidad.

De otra manera, se gastarían recursos infinitos en su aplicación y las empresas tendrían que distraer una parte relevante de sus energías a cumplirlo, concentrándose menos en la creación de valor de largo plazo.

Luego, lo que se busca es eficiencia regulatoria no perfección o infalibilidad, esto último sería de un costo completamente irracional. Lo anterior implica que habrá un cometido de ilícitos, algunos serán detectados por el sistema, se llevarán a cabo investigaciones y se aplicarán sanciones si corresponde.

Dado que la labor de las entidades fiscalizadoras descansa fuertemente en las primeras capas de control, donde el directorio es la más relevante, si alguno de estos agentes no cumple de manera debida su rol, se afecta todo el sistema.

Por ejemplo, los estados financieros que son preparados de acuerdo a determinados principios contables, auditados por entidades externas, deben ser aprobados por el directorio. Si estos últimos, considerando todos los recursos y derechos que tienen, no detectan anomalías, es muy difícil que lo haga la entidad supervisora, que está fuera de la compañía y tiene limitados recursos públicos para fiscalizar un amplísimo conjunto de agentes y transacciones en el mercado.

Por otro lado, si estuviésemos frente a un problema sistémico, donde se observaran fallas generalizadas, probablemente la responsabilidad recaería en el marco regulatorio y/o el modelo de supervisión.

Sin embargo, La Polar ha sido la excepción la regla, por lo cual, las responsabilidades están en ese entorno y no en las entidades fiscalizadoras.

Si hubiera ocurrido en otra universidad probablemente no nos hubiésemos enterados, pero sucedió en Harvard, una de la universidades más prestigiosas del mundo.

Es una manera de poner sobre el tapete de discusión pública la percepción de que la ciencia económica no da respuestas adecuadas a un conjunto central de problemas de la sociedad.

No existe una explicación suficientemente clara del verdadero origen de la crisis económica que tiene, hasta el día hoy, tambaleando a varios países.

Tampoco, en consecuencia, respecto de los ajustes que deben tomarse para evitar o disminuir la probabilidad o intensidad de ocurrencia de una crisis futura. O, dicho de otra forma, existe una gran incertidumbre respecto de la utilidad y eficacia del instrumental para prevenir y enfrentar futuras crisis y, en consecuencia, que se vuelva a repetir tropezar de nuevo con la misma piedra.

La gente ha visto estos últimos años como en los períodos de bonanza las utilidades fluyeron a los ejecutivos y accionistas de las compañías.

También, cuando esas decisiones esencialmente privadas generaron enormes pérdidas estas fueron para la sociedad. Una vieja historia, lamentablemente cierta, la vivimos en Chile en 1982-83.

Da la impresión que la sociedad está afecta al riesgo que la codicia y la imprudencia de algunos ejecutivos puede llevar a la bancarrota a un país y, con ello, a comprometer los flujos de recursos de varias generaciones que no tuvieron arte ni parte en los hechos.

Tampoco sobre esto se aprecia que exista aun un antídoto.

Es lo que mueve los movimientos más organizados de los indignados y los ocupantes de Wall Street.

Es una protesta contra un modelo que lleva intrínsecos enormes riesgos que no han sido mitigados debidamente. Que hace privadas las ganancias y, a veces, socializa grandes pérdidas. Que algunas veces muestra poca o escasa preocupación por la justicia social y que, generalmente, desdeña y hace compleja la labor regulatoria del Estado, que justamente intenta administrar mejor muchos de esos riesgos.

Es una enorme duda respecto del futuro. También lo es en el mundo académico, donde la apreciación de la realidad toma distancia de los modelos económicos más conservadores.

Bien por los estudiantes de Harvard, han contribuido a poner en la opinión pública esa gran incertidumbre.

Cuantos problemas se habrían evitado si las reglas disciplinarias de la selección hubiesen estado claras de antemano, en pleno conocimiento de técnicos y jugadores, y con instancias de supervisión independientes.

Más aún, si esas reglas o buenas prácticas se aplicaran a todos por igual, sin hacer distinción si se trata del cuerpo técnico o de los propios jugadores, probablemente no ocurrirían actos de indisciplina como los que dieron origen o contribuyeron a la expulsión de destacados jugadores de la selección, lo que trajo consecuencias desafortunadas.

Por un lado, esta se privó de su eventual aporte. Por otro, para los propios futbolistas, hubiese sido mucho mejor someterse a un conjunto de reglas estrictas, ya que su carrera y desempeño profesional no se habrían visto empañados por estos bochornosos hechos. En definitiva se habría previsto una situación en que todos pierden.

Una buena práctica en las organizaciones es separar las instancias de control de las líneas ejecutivas, esto permite resolver conflictos de interés y juzgar de forma más independiente los actos de sus miembros. Lo que es más importante, institucionaliza los mecanismos de supervisión y control.

Si aplicamos este concepto a la selección nacional, la disciplina de los jugadores y cuerpo técnico no dependería del quién es el entrenador, si es Borghi, Bielsa o Acosta, más bien sería un tema institucional.

Luego, por el mero hecho de ser parte de la misma, estos quedarían sujetos a la aplicación de las normas correspondientes y su respectivo monitoreo por un oficial de cumplimiento.

Por ejemplo, en las actuales circunstancias, la separación de los jugadores del plantel sería determinada por una instancia autónoma, la que sería la encargada de aplicar el debido proceso y cumplimiento de las reglas.

Los beneficios de una medida como esta son varios. En primer lugar, haría de la disciplina una política permanente, cuya aplicación estaría institucionalizada y, por tanto, no dependería del técnico.

En segundo término, los miembros de la selección sabrían de antemano que no tienen espacio de “negociación” para faltar a las reglas y, además, ayudaría a evitar conflictos entre el entrenador y los jugadores, o entre ellos mismos, producto de actos fuera del reglamento.

Adicionalmente, los hinchas también percibirían que el riesgo de indisciplina está mucho mejor gestionado a través de una entidad permanente y de largo plazo.

Esta dio origen, entre otras cosas, a la agencia de protección al consumidor en el ámbito financiero, muy similar a lo que en Chile hemos denominado el Sernac Financiero.

Su función es cautelar los derechos de las personas en contratos de tarjetas de créditos, préstamos hipotecarios y otros servicios relacionados. Se trata de una agencia con mucho poder y con capacidad para dictar normativa y ser cumplida por entidades bancarias y no bancarias. Su autoridad máxima es nombrada directamente por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, lo que indica la importancia del organismo. El objetivo fundamental es preservar apropiadamente el funcionamiento del mercado en el largo plazo, esto supone resguardar una relación de confianza entre los consumidores y las empresas.

La conclusión a la que arribó la discusión pública en el país del norte, es que el propio desarrollo de una economía de mercado requiere de instituciones que protejan adecuadamente su funcionamiento. En otras palabras, el modelo se legitima y potencia en la medida que sus participantes perciben que son tratados de manera justa.

Desde esta perspectiva, el comportamiento de La Polar con sus propios clientes ha sido lamentable, esto no sólo ha deteriorado su posición financiera, solvencia e imagen pública, también ha generado externalidades negativas a otras empresas del mismo sector y a la misma actividad del mercado.

Situación que se agrava cuando los involucrados son personas que pertenecen a segmentos de ingreso relativamente bajos, con menor capacidad de defenderse. Se ha expandido una sensación de abuso cuyos límites van más allá de la propia empresa.

Frente a esto, el sistema requiere imperiosamente dar señales, de forma oportuna y completa, que este tipo de fraudes no se repetirá a futuro.

Los consumidores afectados tienen que ser debidamente compensados, no basta sólo una oferta de la compañía, esta debe ser inequívocamente beneficiosa con las víctimas, por lo cual, la aprobación del SERNAC es indispensable.

A nadie debe caber dudas que el abuso y arbitrariedad como estrategia de negocios es, finalmente, un pésimo negocio. Esto no sólo en resarcimiento de los deudores de La Polar, sino también como un factor imprescindible para proteger y desarrollar los mercados en el largo plazo.

Por la misma razón, la sociedad debe castigar con justicia a los ejecutivos involucrados en el diseño y puesta en práctica de este fraude. Las señales en este caso son particularmente relevantes.

La gestión presupuestaria de las últimas décadas ha tenido un notable comportamiento en respetar y hacer respetar ese criterio. Este ha sido uno de los factores más relevantes en la mantención de los equilibrios macroeconómicos de largo plazo de la economía chilena.

El envío de los proyectos de ley de extensión del plazo del post natal y la eliminación del 7% de cotización de salud de los jubilados no sólo dejo la sensación que no se había sido especialmente riguroso con este criterio, además, desató un fuerte y complejo debate en el Congreso.

La propuesta del ejecutivo, de limitar los beneficios a sólo un segmento de la población potencial, que tiene la lógica de limitar el compromiso de recursos públicos, focalizándolo en los estratos de más bajos ingresos, ha sido respondida por la oposición señalando que dichos beneficios deben ser entregados a la totalidad de la población que cumpla con los criterios de acceso sin discriminar por nivel de ingreso.

El argumento central es que esas garantías guardan relación con otras condiciones, como la vejez y el embarazo, y no con la riqueza de las personas, por tanto, cumplidas las mismas, todos debieran recibir las asignaciones. En otras palabras: lo tuyo y otro más, lo que pone la discusión en una peligrosa espiral populista.

De esta forma, un proyecto que ya podía ser cuestionable por la falta de focalización del gasto social, podría terminar siendo aun más regresivo en la redistribución de los recursos públicos.

Sin embargo, hay varios elementos subyacentes que pueden ayudar a ordenar este debate.

El primero, es la propia constitución, que no otorga inicitiva al parlamento para aumentar el gasto, lo que debe ser aplicado con rigurosidad. Esta disposición ha sido un factor clave en el ordenamiento fiscal de nuestro país y permite canalizar la discusión dentro de ciertos límites.

Lo segundo, guarda relación con la distribución de los beneficios electorales de implementar una política que favorece a una parte importante de la población de mujeres y jubilados. La teoría de juegos aplicada a las finanzas públicas, sugiere que en estos casos es mejor llegar a acuerdos cooperativos, esto podría materializarse abordando previamente el tema con la oposición, acotar la propuesta y disminuir el riesgo que el debate parlamentario vaya más allá de lo presupuestariamente razonable, lo que también se traduce que, en alguna medida, se compartirán los beneficios y costos políticos.

Como Chile es una país fuertemente presidencialista, la puesta en práctica de estos procedimientos dependen fuertemente de la capacidad de convocar y gestar acuerdos del ejecutivo, lo que, a la luz de los hechos, requiere replantear su propio tipo de liderazgo por uno mas convocante y con sentido de Estado.

Lo que es definitivamente relevante, es que desde la perspectiva de las finanzas públicas es urgente dar señales claras que privilegien la rigurosidad fiscal sobre las eventuales tentaciones de formular propuestas buscando inclinar preferencias electorales.

Más aún cuando las dos iniciativas mencionadas, una vez en práctica, son completamente irreversibles.