Ese mismo informe indicaba que el gasto interno bruto en Investigación y Desarrollo llegaba a 0,67%, muy lejos del 2,28% promedio de los países de la OCDE, estimando además que el número de investigadores de la región representaba el 3,5% del total mundial, habiéndose incrementado un 0,6% desde 2002. De ese 3,5, la mitad estaba en Brasil, país que además concentraba el 60% del gasto regional en I+D.

Un ranking de la revista Scientific  American de 2012, en producción científica de calidad los 10 mejores países del mundo son: EEUU, Alemania, China, Japón, Reino Unido, Francia, Canadá, Corea del Sur, Italia y España. Los criterios considerados en este ranking fueron el número de estudios científicos publicados en las mejores revistas del mundo, la cantidad de patentes registradas, el gasto total en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) y la cantidad de doctores que generan en un año.

Para el caso chileno, Conicyt informaba el 2013 que el número de artículos científicos, en que al menos un autor tiene como filiación de país Chile, crecieron de 1.691 en 1996 a 6.490 en 2010.Otros indicadores dados a conocer ese año señalaban que la participación chilena en la investigación mundial pasó del 0,15% en 1996 a un 0,31% en 2011.

Asimismo, el crecimiento promedio de la producción científica en Chile en el período 2006-2011 fue de 11,06% anual, superando en 0,3 puntos la tasa de América Latina y en 3,83 puntos la mundial. También se destacó que Chile muestra la mejor relación de documentos por población.De 134 documentos por millón de habitantes en 2001 se alcanzó a 388 en 2010.

En junio de 2015 la revista Nature destacó que Chile tuviera la tasa de patentes científicas más alta de Sudamérica, que según cifras del Banco Mundial alcanzan a 13,52 patentes por cada millón de habitantes. Cifras del Instituto Nacional de Propiedad Industrial durante 2013 ratifican este dato: ese año se recibieron 3.076 solicitudes de patentes, 2% más que el año anterior. De ellas, el 35,4% fue del área mecánica, el 25,6% del área química, el 20,9% de farmacia, el 9,9% eléctrica y el 8,2% de biotecnología.

Sin embargo, pese a todas estas cifras que pudieran parecer extremadamente positivas -y sin duda lo son- los investigadores científicos levantaron su voz en noviembre del año pasado, tras la renuncia del entonces director del Conicyt, el destacado físico Francisco Brieva.

Luego, la discusión sobre los montos comprometidos para investigación científica en el presupuesto 2016 nuevamente gatillaron la molestia de los científicos. Ya desde antes organizaciones como “Más ciencia para Chile” venían promoviendo la creación del ministerio de Ciencia y Tecnología, propuesta respaldada por un proyecto de acuerdo suscrito por 29 senadores en diciembre pasado.

Por cierto, los planteamientos de los científicos e investigadores no se reducen a la necesidad de tener una nueva institucionalidad. Sus demandas pasan por la baja de recursos para becas y fondos concursables, el cierre de centros de excelencia, la imposibilidad de postular a concursos que pesa sobre muchos científicos por haberse retrasado en las fechas de titulación, la demora y falta de participación vinculante en el consejo directo de Conicyt, la falta de contratos y largos períodos de trabajo a honorarios (con su impacto previsional y de acceso al crédito), la imposibilidad de tener pre y pos natal, y el no contar con seguros de accidentes, entre muchas otras.

Pero al igual que en muchas otras materias el problema no es solo de mayor disponibilidad de recursos. El problema de fondo es, muchas veces, la ausencia de una política nacional clara, pero también tiene que ver con el modelo político y económico dominante en el país.

Pese a ser un país con enormes riquezas y fortalezas en materia pesquera, forestal, minera y astronómica, solo por citar algunas, no tenemos grandes centros o proyectos de investigación científica asociados a ellas. En materia tecnológica ocurre algo similar: seguimos siendo colonizados por tecnologías y softwares extranjeros, pagando millonarias patentes, cuando muchas de ellas podríamos hacerlas nosotros mismos.

Para ser bien claros, lo que estamos diciendo es que tenemos un modelo económico con mucho extractivismo, pero poca investigación e innovación científica. Es decir, es un modelo que prescinde de la ciencia, que en gran medida siente que no la necesita. Pero para un país que debe, sí o sí, avanzar en darle un mayor valor agregado a sus exportaciones, como lo han hecho muchos de los países con los que nos gusta compararnos, debemos,  como dijo en su visita a Chile a fines del año pasado el secretario ejecutivo del OCDE, Miguel Angel Gurría, “pasar del cobre a la neurona”.

Desde la Comisión Desafíos del Futuro estamos permanentemente tratando de aportar a este debate que es ineludible. Porque entendemos que sin Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación no hay mejores y más justos mañanas para Chile.

Por eso valoramos el anuncio de la Presidenta Bachelet de crear el ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero para avanzar más y más rápido, primero necesitamos responder qué ciencia necesitamos, para qué modelo de desarrollo y para qué país.

El primero, respecto de sus alcances. Porque mientras el gobierno entiende que el único cuestionamiento es sobre algunos requisitos para las instituciones que quieran adherir al sistema (acreditación, participación triestamental y ausencia de vínculos con sociedades con fines de lucro), para la derecha se trata de un reconocimiento a una supuesta discriminación respecto de aquellos estudiantes que estudian en instituciones que no cumplen dichos requisitos.

La abogada y ex ministra Paulina Veloso, quien alegó defendiendo la posición del gobierno ha sostenido con claridad que este pronunciamiento, no cuestiona ni el principio de la gratuidad que el gobierno busca implementar desde 2016, ni tampoco afecta el monto aprobado en la ley de presupuestos, por tanto lo que debe ocurrir en lo inmediato es que se modifiquen las formas de asignación de recursos a las instituciones para la cancelación de matrículas y aranceles del 50% de los estudiantes que forman parte de los cinco primeros deciles.

Sin embargo, más allá de este importante debate, en que siguen enfrentándose las posturas de quienes consideran que la educación es un bien de consumo, como lo explicitó con singular honestidad el ex Presidente Piñera, y por tanto siguen considerando justo y correcto que sea la cada vez más difusa mano invisible del mercado la que regule la oferta y la demanda, permitiendo incluso el lucro, mientras que por otra parte estamos quienes creemos que la educación pública es un bien común que el Estado debe garantizar a todos, sin distinción, porque ello permite que desde mínimas condiciones de igualdad, sea solo la capacidad y esfuerzo de los jóvenes lo que permita su formación profesional y posibilite su movilidad social.

El otro debate que se ha reabierto, es respecto de la función y el rol que le cabe al TC, instancia que aunque existe desde el 21 de enero de 1970, en el marco de la aprobación de la Ley 17.284, mediante la cual el gobierno de Frei Montalva introdujo un conjunto de reformas a la Constitución de 1925, fue disuelto posteriormente por el dictatorial Decreto Ley 119 del 10 de noviembre de 1973, hasta que en el contexto de la imposición fraudulenta de la Constitución de 1980 se repuso como el máximo organismo constitucional nacional.

Hasta antes de la reforma de 2005 el TC estaba compuesto por 7 miembros: tres ministros de la Corte Suprema, un abogado designado por el Presidente de la República, un abogado elegido por el Senado, por mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, y dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional. Tras la reforma quedó integrado por tres ministros de la Corte Suprema y tres designados por el Presidente de la República, dos miembros elegidos por dos tercios de los senadores en ejercicio y dos miembros propuestos por la Cámara de Diputados y ratificados por el Senado.

Lamentablemente, y en una situación donde debemos ser autocríticos, el mecanismo de nombramiento de los ministros de este tribunal es legítimamente cuestionado. Desde 1990 a la fecha un procedimiento binominalizado permitió que se nombraran ministros cercanos a uno o a otro sector mayoritario del Parlamento, lo que es peligroso para el propio rol que este tribunal debe cumplir. Porque al final, como al parecer ha ocurrido en esta ocasión -y en otras- termina imponiéndose el criterio político por sobre el jurídico, lo que en el contexto de la crisis de credibilidad solo tendrá como corolario el cuestionamiento a la existencia de esta instancia.

Ante este escenario es natural asumir que en el marco del proceso constituyente, se deberá revisar la integración y alcance del TC, con el solo fin de evitar que más allá de los gobiernos de turno, este tribunal cumpla su función que, como ha señalado el constitucionalista Francisco Zúñiga, es “la custodia de la Constitución y no la imposición de una tiranía de valores fruto de sus preferencias y valores ideológicos”.

O como ha cuestionado el destacado jurista Fernando Atria, el TC no puede terminar siendo una “tercera Cámara”, y menos aún cumplir el destino que le imaginó Jaime Guzmán, al buscar convertirlo en una trampa o cerrojo electoral para que, con independencia del resultado de las elecciones, quienes estén en el poder “se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo [la derecha] anhelaría”.

En definitiva se trata de que este espacio institucional no se convierta en un contrapeso de facto ante la legitimidad surgida de las urnas que ostentan gobiernos y parlamentos y termine torciendo la voluntad de la gran mayoría como ocurre en este caso, cuando sabemos que detrás de ese aguado discurso pro gratuidad que ha enarbolado sin convicción la derecha y que ha acompañado de su poco creíble preocupación por los estudiantes vulnerables de las instituciones privadas, se sigue escondiendo su férrea defensa del modelo autoritario, excluyente y con fines de lucro que impusieron, a inicios de los 80.

Más recientemente, la Conferencia “Nuestro Océano”, realizada en Chile, reiteró las voces de alarma que desde hace tiempo ONGs y científicos vienen lanzando respecto de la sobrepesca, pesca ilegal, la acidificación y contaminación de las aguas marinas, ejemplificadas en los 8 millones de toneladas de plástico que se arrojan al océano, provocando la muerte de especies marinas y aves, formando las llamadas “islas de plástico”.

En agosto de 1998, un enorme fragmento de plataforma antártica se desprendió. Con una superficie de más de mil kilómetros cuadrados y una altura de 27 metros, 183 metros bajo el mar y un peso estimado de 700 millones de toneladas. En marzo de 2010 otros dos grandes bloques se desprendieron de una capa de hielo de un tamaño similar a la península ibérica. Eso, y la disminución del espesor del hielo en ambos polos, presentan imaginables efectos en mares y continentes.

En la próxima conferencia COP21 los países tratarán de alcanzar un acuerdo global de lucha contra el cambio climático, partiendo del objetivo más simple, concreto y difícil enunciado hasta ahora: que a fines de siglo la temperatura planetaria no haya aumentado más de dos grados respecto de la era pre industrial. Se considera que esa cifra es el nivel que no compromete nuestra existencia y la de otros seres vivos. Sin embargo, el actual nivel de emisiones permitiría estimar el alza de temperatura en 4 ó 5 grados.

¿Y qué hacemos desde Chile para enfrentar el cambio climático?

Algunos, antes de responder, recuerdan que por ser un país pequeño y baja emisión de gases de efecto invernadero, comparado con China o EEUU, nuestros compromisos no son vinculantes. Pese a ello, y aunque evidentemente Chile no es el mayor generador de emisiones en la región, sí es uno de los que más ha incrementado sus emisiones en el tiempo, entre otras razones por la “carbonización” de la matriz eléctrica.

Según el documento “Contribución Nacional Tentativa de Chile para el Acuerdo Climático París 2015”, que Chile presentará ante la COP21, hay un compromiso que llama la atención.

Se trata de una “contribución específica para el sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura”, que pasaría por “forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas, que representarán capturas de entre 900 mil y 1 millón 200 mil toneladas de CO₂ equivalentes anuales, a partir del 2030”, agregándose a continuación que “este compromiso está condicionado a la prórroga del Decreto Ley 701 y a la aprobación de una nueva Ley de Fomento Forestal”.

Uno podría estar de acuerdo con la necesidad de contar a la mayor brevedad con una nueva legislación forestal y con el pendiente Servicio Forestal. Lo que cuesta entender es que este compromiso esté “condicionado” a la prórroga del DL 701 de fomento forestal, de 1974, dictado para crear un nicho exportador, pero que tras cuatro décadas requiere ser superado por una legislación moderna y sustentable.

Buen ejemplo de lo anterior es Panamá, donde se habla de “Modelo Forestal Sostenible para la restauración de cuencas hidrográficas y Áreas  Protegidas” o de “Bosque de Protección”, que tiene entre sus funciones resguardar las cuencas hidrográficas.

O Costa Rica, que ya el 2005 contaba con el 51,4% de su territorio cubierto de bosques y que definió la meta de alcanzar la Carbono Neutralidad al año 2021, desarrollando una Estrategia Nacional de Cambio Climático, y cuya ley forestal considera que los bosques son un patrimonio natural “inembargable e inalienable” y cuya “posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible”.

Compromisos como el citado no parecen ir en la dirección correcta, cuando se trata de un paradigma del modelo extractivista, entendiendo este concepto -según Gudynas- “como un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo”.

Lo que hacemos hasta ahora no es suficiente, sobre todo si se observa lo que sucede en otros países, como Holanda, donde la justicia determinó, a petición de una ONG y casi un millar de ciudadanos, la obligación del gobierno de adoptar acciones más concretas para prevenir el cambio climático.

O Andalucía, que inició la tramitación de una ley de cambio climático, fijando nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero, regulando el régimen jurídico de la huella de carbono de productos y servicios, su valoración en los procedimientos de contratación pública y creando un fondo de CO₂.

Debemos hacer más para que el cambio climático y el calentamiento global no se conviertan en efectos irreversibles de la acción humana. Estamos cambiando el clima, qué duda cabe.

Algunos no aceptan esta realidad porque ven en ella una amenaza a sus paradigmas sociales, culturales y económicos. Pero como dice Naomí Klein, ya no sirven las medias tintas. Es hora de reiventarnos, de reinventar otro mundo.

Lamentablemente, este ha sido el único camino posible para conocer la verdad detrás de algunos casos de brutal violación de los derechos humanos cometidos durante la dictadura, como recientemente sucedió con el emblemático caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana.

En todo caso hay que precisar que en estos pactos de silencio que se han roto es posible detectar dos formas de construirlos: por un lado el amedrentamiento y amenaza a jóvenes conscriptos y policías, así como a sus familias, tras convertirlos en autores materiales de planes criminales de superiores, y por otra parte el “premio”, por la vía de ascensos, destinaciones y jubilaciones, a los oficiales que comandaban las unidades exterminadoras.

En el caso de la denominada “Masacre de Laja”, que hasta ahora era probablemente uno no muy conocido para muchos concurren al menos, tres factores que lo hacen totalmente representativo del terrorismo de Estado implementado por la dictadura desde el primer día.

Por un lado la actuación del brazo uniformado, representado en este caso por Carabineros; por otro la participación de lo que el ex Presidente Piñera denominó “cómplices pasivos”, que en este caso fueron más bien activos, y que se retrata en la actuación de la CMPC; y, finalmente, en el rol cumplido entonces por la actual ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, que grafica parte importante de la actuación del Poder Judicial durante la larga noche del autoritarismo.

Han pasado ya más de cuatro décadas desde estos injustificables actos que afectan hasta el día de hoy a sencillas familias de trabajadores de la “papelera”, de ferrocarriles e incluso a personas detenidas por razones totalmente alejadas de la política. Sin embargo, para quienes no hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante la muerte injustificada de chilenos, es indignante comprobar que tanto las víctimas, como algunos de sus obligados ejecutores eran jóvenes que apenas se empinaban sobre los 20 años.

Molesta también comprobar el rol gravitante de aquellos civiles, que como señalara el Presidente Allende, buscaban recuperar con mano ajena sus privilegios. En este caso una empresa, que a través de su superintendente y su jefe de la división de personal, entre los más visibles, no solo “seleccionó” las víctimas, sino que también facilitó sus dependencias y vehículos, el alcohol que se les obligó a beber a los policías antes que cometieran este horrible asesinato colectivo y hasta el terreno donde fueron ocultados sus restos.

Indigna saber que recién el 2010, gracias a la iniciativa de la Asociación de Familiares de Presos Políticos Ejecutados de Laja y San Rosendo, el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana pudo dejar sin efecto el sobreseimiento y reabrir la causa, que tiene a once carabineros procesados, entre ellos el oficial acusado como autor de este homicidio: el entonces teniente Alberto Fernández Mitchell.

Hemos dicho que no queremos que la verdad que surge tras el rompimiento de los pactos de silencio que parecían estar cumpliendo con su misión de obstruir la justicia y perpetuar la impunidad, incluso en aquellos casos donde todos saben qué pasó, sean un “veranito de San Juan”, que sea solo un tímido rayo de sol que se cuela, casi accidentalmente, entre las negras nubes que pretenden ocultar la verdad.

Por eso no basta con alegrarse de que las pesadillas o los residuos de conciencia que aún existen en algunos de los victimarios (porque al parecer los autores intelectuales no tienen) sirvan para ratificar ante la justicia lo que las familias siempre han sabido. Se necesita generar las condiciones para que más involucrados den el paso que permita romper con ese silencio forzado que las instituciones y sus jefaturas idearon e implementaron para garantizar su impunidad.

Porque ya no es posible seguir aceptando la gastada tesis de los “excesos individuales” que tiene como único objetivo hacer pagar a los eslabones más débiles de la cadena de mando.

Confiamos en que los tribunales sabrán ahora restituir el imperio de la verdad que muchos denegaron durante la dictadura que no reconocía detenciones, torturas, ejecuciones y desapariciones y que recurrían al ilegítimo decreto de auto-amnistía para justificar lo injustificable. Los otros poderes del Estado, por cierto, también deben hacer lo suyo.

A estas alturas del siglo y de la historia que queremos escribir mirando hacia un futuro digno y democrático, la única meta posible es que se sepa toda la verdad, porque como dice el gran poeta uruguayo Mario Benedetti.

En el fondo el olvido es un gran simulacro
nadie sabe ni puede/ aunque quiera/ olvidar
un gran simulacro repleto de fantasmas.

Tanto la cita, como el actual documento papal, permiten dimensionar como ha transcurrido el tiempo sin que todavía exista plena conciencia acerca de la importancia vital que tiene para el futuro de la humanidad.

Algo parecido es lo que nos expone el último libro de Naomí Klein “Esto lo cambia todo”, que también parte con una cita de un informe de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, de 2014, que en una parte dice: “impulsar las temperaturas mundiales hasta más allá de determinados umbrales podría desencadenar cambios abruptos, impredecibles y potencialmente irreversibles que tendrían consecuencias enormemente perturbadoras y a gran escala”.

Estos dos textos, que han sido conocidos casi simultáneamente por la opinión pública, tienen pese a sus distintas visiones de base, muchas similitudes, toda vez que ambos entienden que no se trata solo de aportar más elementos a un debate científico-ambiental, sino de enfrentar las causas reales de este fenómeno, sus impactos en la vida humana y en el planeta tierra y lo que aun podemos hacer para tratar de evitar una hecatombe.

La “encíclica verde” como algunos la han llamado peyorativamente hace afirmaciones que solo el jefe de una de las iglesias más grandes del mundo puede hacer, sin ser cuestionado por ello: “Lamentablemente, muchos esfuer­zos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confian­za ciega en las soluciones técnicas”.

Y va más allá aún: “La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería”, afirma el Papa Francisco, agregando que “estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura”.

La siempre provocadora Naomí Klein también aporta lo suyo, señalando que a veces los seres humanos preferimos no mirar, para no darnos por enterados de lo que pasa a nuestro alrededor.“O miramos, pero nos consolamos con argumentos reconfortantes sobre lo inteligentes que somos los seres humanos y sobre cómo se nos ocurrirá pronto algún milagro tecnológico que succionará sin peligro alguno todo el carbono de los cielos, o que atenuará el calor del sol como por arte de magia lo que es, también, otra forma de mirar para otro lado”.

Nuevamente Francisco apunta a algunos aspectos claves del cambio climático haciendo dos puntos argumentales relevantes. Uno, afirmando que “el clima es un bien común, de todos y para todos”, convirtiéndolo en un bien público. Y, dos, señalando que el efecto invernadero se ve potenciado por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles “que son el corazón del sistema energético mundial”.

En esto último coincide con la escritora canadiense, quien además hace una aguda observación política al respecto, señalando que se invirtieron millones de dólares para evitar la quiebra de los bancos ante la burbuja inmobiliaria, que los presupuestos tampoco fueron un obstáculo para Estados Unidos y otros países para las “guerras preventivas” tras la caída de las torres gemelas, pero que sin embargo, a la hora de enfrentar el cambio climático, nunca hay suficientes recursos porque no se asume que es una situación de crisis.

Para Klein este es un punto clave, pues mientras no se asuma que es una crisis nada cambiará y que para ello, la ciudadanía global y los movimientos sociales son relevantes para que ello ocurra, tal como ha sucedido antes en la historia, pues “la esclavitud no fue una crisis hasta que el abolicionismo hizo que lo fuera… El apartheid no fue una crisis hasta que el movimiento anti apartheid hizo que lo fuera”.

Naomí Klein va al fondo del asunto cuando afirma que “la del cambio climático es una batalla entre el capitalismo y el planeta. La batalla ya se está librando y, ahora mismo, el capitalismo la está ganando con holgura. La gana cada vez que se usa la necesidad de crecimiento económico como excusa para aplazar una vez más la muy necesaria acción contra el cambio climático…”

O como dice la “Laudato si”, “conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inauditos. Ya se han rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta, sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza”.

En definitiva, desde la religión o la fe, o desde la política o la economía, el problema es uno solo, qué hacemos ahora, para tratar de evitar que el cambio climático no solo sea el fin de un modo de producción, sino el fin de toda forma de vida.

Esta iniciativa plantea entre sus objetivos principales formar ciudadanos activos, responsables, participativos y comprometidos con el rol que tienen en la sociedad, lo que se expresaría a través del desarrollo de un Plan Nacional de Formación Ciudadana y Derechos Humanos, participativo y de formación integral, en todos los niveles educacionales.

La propia Comisión Engel sugirió en su informe que “prevenir y disminuir la incidencia de actos de corrupción y de faltas a la probidad requiere un sistema educacional que forme en valores cívicos de respeto a la convivencia y fomento del bienestar común. Una educación para los desafíos que enfrenta el país debe poner la formación cívica como un eje transversal que permita preparar a niño/as y jóvenes para enfrentar dilemas éticos a lo largo de sus vidas”.

La experiencia es clara en mostrar que la educación cívica juega un rol clave en el fortalecimiento de las democracias.

Por eso, ya en junio del año pasado, un conjunto transversal de senadores habíamos presentado un proyecto de acuerdo solicitando a la Presidenta reincorporar la Educación Cívica como asignatura, programa, taller u otra forma pedagógica participativa, eficaz y permanente, para promover en la población infantil y juvenil, a la par de su formación ciudadana, el desarrollo de una opinión informada respecto de los procesos de cambio en desarrollo.

Este tema, que pareciera gozar del más amplio apoyo social y político tendrá, con toda seguridad, sus detractores. Y no es difícil adivinar de dónde provendrán dichas críticas. Se dirá que se está de acuerdo con el principio, pero que se trata de un proyecto “ideológico” que busca inducir o “concientizar” a los jóvenes, pasando a llevar su libertad y la de sus familias.

Nada más alejado de la verdad.

Lo que les preocupa a esos aun silentes cuestionadores son los contenidos de dicha educación cívica. Les preocupa que se les hable a niños y jóvenes de dictadura, de derechos humanos, de diversidad, de tolerancia, de pueblos originarios, de derechos sociales, de democracia y quizás hasta de “temas políticos”.

Este tipo de situaciones ya las vimos, por ejemplo, en el debate sobre la creación de la asignatura “Educación para la Ciudadanía” en España el 2006 y más ampliamente cuando en 2010, todos los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron la Carta del Consejo de Europa sobre Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos.

En el caso español dicha norma tenía como objetivo “favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable”. El actual gobierno del PP la dejó fuera de la ley de educación el 2013.

En el caso de la Carta de UE ésta se propone “la búsqueda de la equidad y la cohesión social ha sido una prioridad política creciente en los últimos años, tanto a escala nacional como europea. Animar a los ciudadanos, particularmente a los jóvenes, a participar activamente en la vida política y social ha sido una de las principales formas de abordar estas cuestiones; en este sentido, la educación se ha considerado un medio fundamental para alcanzar dicho objetivo”.

Esta materia, sin duda opinable y debatible, se entronca necesariamente con otra materia en discusión: si el voto es voluntario o vuelve a ser obligatorio. Porque el voto forma parte esencial de la concepción republicana de una democracia no solo representativa, sino también participativa.

Y este debate no surge del proyecto que presentamos recientemente junto a senadores de bancadas de oposición y de gobierno, sino que quedó pendiente desde la aprobación de la ley que estableció el voto voluntario, cuando diversos actores y organizaciones plantearon, como lo explicitó entonces el sociólogo Manuel Antonio Garretón, que “declarar el voto voluntario es un retroceso enorme en la democratización política del país… como si el acto político democrático por excelencia no fuera un derecho y un deber sino solamente una manifestación que sirve para detectar estados de ánimos respecto de la política”.

La experiencia comparada es diversa en esta materia: hay países donde el voto es voluntario pero que registran alta participación electoral, justamente porque hay una importante educación cívica y otros donde la voluntariedad ha reducido, como en el caso de Chile, ostensiblemente la participación en las elecciones.

A estas alturas también hay países con diversas formas de votación, anticipada o electrónica, que permite facilitar el ejercicio de su derecho a los ciudadanos que viven en zonas más apartadas e, incluso, que permiten el voto de personas detenidas pero aun no condenadas, como Argentina, u otros donde en cada votación existe la opción “blanco”, como en Colombia.

Lo concreto es que se ha establecido que en aquellos países donde hay voto obligatorio la distribución del ingreso es mejor que en aquellos donde es voluntario.

En síntesis, se trata de temas que tiene con ver con la condición de ciudadano o miembro de una sociedad determinada y la participación en los asuntos de la polis, porque como también dice Garretón, “no se es ciudadano en abstracto, se es ciudadano de un país”.

Con estas palabras, uno de los libertadores de la mayor de las Antillas, buscaba reivindicar la autonomía, no sólo política o territorial, de Cuba y de América Latina respecto del imperio español, sino especialmente la independencia intelectual para imaginar con libertad la construcción de las nuevas repúblicas.

Pese a los 124 años que han transcurrido desde la publicación de ese escrito, su mensaje sigue vigente. Y aunque la mirada martiana apuntaba a un nivel continental, puede ser perfectamente aplicada a lo que ocurre dentro de los países. Por eso, en el seminario “¡Descentralizar Ahora!”, organizado el pasado 14 de Mayo por la Fundación Chile Descentralizado, la Academia Parlamentaria y el Centro de Extensión del Senado, me permití parafrasear a Martí para sostener que “Nos equivocaremos en regiones, pero nos equivocaremos nosotros, no en Santiago“.

Al proceso descentralizador que Chile requiere, no le basta con que avancemos en una constante progresión legislativa o administrativa que traspase algunas decisiones, recursos o competencias. Tanto es así que, por más que represente un gran avance, la propia elección de intendentes no será suficiente para la consolidación de ese proceso si no está sustentado en la piedra angular más importante: la capacidad de las propias regiones, sus habitantes, organizaciones y autoridades, de pensar y de imaginar su propio proceso de construcción y desarrollo.

La regionalización, la descentralización y la desconcentración que muchos imaginamos, sólo podrá verse materializada cuando hayamos también avanzado en la concientización, la educación, la construcción del imaginario colectivo acerca de lo que significa vivir en regiones y la responsabilidad que todos tenemos en hacer de esa región no solamente un lugar de residencia, estudio o trabajo, sino que parte de nuestra identidad individual y colectiva.

Ser regionalista, por tanto, no trata de construir una suerte de “nacionalismo” regional, ni de construir mitos que tengan como objetivo declarado la búsqueda de la cohesión social en torno a un territorio. Tampoco se trata de ser anti Santiago, ni menos aun de asumirlo como una constante competencia con o contra las otras regiones.

El desafío es ordenar potencialidades, capacidades, posibilidades y fortalezas, teniendo claras también las debilidades y carencias, para desde allí aportar a la construccción de un país unitario, construido sinérgicamente más allá de la simple suma de lo que cada región representa.

El regionalismo no es una moda o una tendencia como algunos quisieran. Es un proceso lógico, racional que se desarrolla con la construcción de cultura, investigación y opinión pública local y regional. Junto con ello, se requiere también en las regiones, la existencia de una sociedad civil cada vez más organizada, con mayor claridad acerca de sus demandas y sus derechos, en disposición de hacer atendible sus puntos de vistas para incidir en la dirección de los destinos del territorio donde vive.

Este es un tema que además tiene que ver con las lógicas y dinámicas con que hoy se articulan la educación, las leyes y los propios partidos políticos. Por eso es cada vez más atendible la demanda por una educación que responda a las necesidades de cada territorio, por leyes que asuman las diversidades territoriales y culturales que tenemos en el país y por partidos que deben descentralizarse y desconcentrarse, si quieren representar las corrientes de opinión que se expresan cada vez más desde las regiones.

Lo importante es seguir avanzando sin miedo en esta materia. El Estado unitario no está en peligro y nadie está promoviendo un Estado federado. Se entiende también que no se trata de crear regiones ni comunas por simple voluntarismo y que es necesario –desde hace mucho tiempo- una ley de ordenamiento territorial para que la actividad económica, junto con generar empleo en regiones, cuide su entorno y la calidad de vida de las personas.

Lo importante, como nos dice Martí, es no tener miedo de crear, y si nos equivocamos, como es posible y normal que ocurra, al menos sea porque desde cada territorio tuvimos iniciativa y ganas de hacer, innovando y no sólo repitiendo lo que alguien nos pautea desde la capital, sin conocer nuestra región y menos a su gente, sus problemas y sus sueños.

El futuro de las regiones está ahí. Hablando nuevamente con palabras de Martí habría que decir que hay que subirse las mangas y meter las manos en la masa, porque efectivamente la salvación está en hacer región.

No solo porque en el actual contexto de desconfianza ciudadana hacia la política -no hacia lo político como se encarga muy bien de precisar el último informe del Desarrollo Humano en Chile- es un desafío aun mayor hacer partido y construir opinión, propuesta y programa de cara a la ciudadanía, sino también porque como partido de gobierno, nos enfrentará a una coyuntura en que deberemos trabajar por cumplir con las reformas que comprometimos ante el país.

Sin embargo, no tenemos dudas que al término del período de la Presidenta Michelle Bachelet el escenario será distinto al actual. Habremos cumplido con hacer cambios absolutamente justos y necesarios que nuestra sociedad venía reclamando con razón desde hace ya largos años. Ahí estarán para testimoniarlo las reformas tributaria, educacional y laboral, la eliminación del sistema binominal, la creación del ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la ley de Unión Civil y tantos otros cambios que son un avance en materias de la mayor importancia para Chile y su futuro.

Ese momento será el instante propicio para demostrar que el octogenario Partido Socialista ha seguido aprendiendo lecciones de la historia y no dedicándose a la repetición de consignas, ni a la renuncia de principios históricos, que seguirá siendo un referente y un espacio común para los trabajadores y las trabajadoras manuales e intelectuales de Chile y que seguirá estando disponible para nuevos desafíos, proyectos y sueños colectivos en pleno siglo XXI.

Ciertamente la ciudadanía, la sociedad y el propio Estado de este siglo del que ya llevamos una década y media, seguirán cambiando y adaptándose a los ciclos económicos, sociales y culturales en Chile y el mundo.

El mundo será cada vez más cercano e interconectado, la expresión de las personas estará cada vez menos sujeta a los medios formales de comunicación y la exigencia hacia los representantes de cualquier índole será más exigente y horizontal. A eso aspiramos. Por eso queremos el cambio constitucional. Por eso creemos en el camino de la Asamblea Constituyente.

En este desafío, será la capacidad de articular la cada vez más heterogénea demanda social, más que la edad, un elemento central a la hora de construir mayorías que sigan avanzando en la profundización democrática que en diversos aspectos, sigue estando pendiente en nuestro país.

Hoy Chile es un país donde más allá de simpatías o adscripciones políticas, tiene certeza de que ya no quiere seguir siendo el modelo de exclusión social que surgió de los experimentos que los Chicago Boys pudieron hacer amparados en el uso de la fuerza.

En esa tarea ineludible de la que muchos hemos venido siendo parte desde hace muchos años, el Partido Socialista, siguiendo el ejemplo del Presidente Salvador Allende, su consecuencia heroica, su profunda convicción democrática y republicana, pero sobre todo su visión amplia y moderna de una sociedad más justa construida en libertad.

Y así como en su legado está la recuperación del cobre para Chile, el medio litro de leche para los niños y su vocación latinoamericanista, el desafío para los socialistas chilenos de este siglo será el respeto a los derechos de los pueblos originarios, la recuperación del Litio, la inclusión de minorías sexuales y personas con discapacidad, una opción radical por la descentralización, y una más decidida defensa del medio ambiente, todo esto en el contexto de un mundo globalizado.

Por eso, cuando estamos en medio de una efervescencia social que nos sacude de la modorra de una transición interminable, el triunfo de Isabel Allende en el Partido Socialista no es una casualidad, ni una coincidencia, sino el reflejo de un proceso interno que cristalizó, mediante una amplia unidad, en la construcción de un liderazgo de gobernabilidad partidario que hace tiempo no teníamos y que nos permite aspirar a nuevos y necesarios aires al interior del PS.

¿Qué mejor que una Allende para cristalizar y encabezar este proceso, como tantas veces en la historia partidaria lo hizo el propio Presidente?

Militar en el mismo partido que fundó Allende es un privilegio. Soñar sus mismos sueños de justicia es un honor. Compartir época y momento histórico con su hija, primera presidenta del Senado, primera presidenta del PS y la figura política mejor evaluada en la actualidad, es una coincidencia de la que podremos jactarnos ante nuestros hijos y nietos.

Pero lo importante es que como pocas veces, la historia nos da a los socialistas chilenos una segunda oportunidad: la oportunidad de cerrar un ciclo histórico, que después de más de cuatro décadas, podría llegar a permitir -quien sabe- que sea nuevamente alguien de nuestras filas, un o una socialista, o quizás una Allende, la que termine definitivamente con la Constitución de Pinochet y la reemplace por una verdadera y profundamente democrática en su origen, su forma y en su fondo.

Tal vez ese será el verdadero término de una transición, demasiado larga, a la democracia.

Sin embargo, a casi 12 años de la creación del CNCA, la vocación descentralizadora y, sobre todo, el citado énfasis presupuestario, está en deuda. Tal como los hemos venido señalando desde hace un tiempo, existe una necesidad de descentralizar la cultura, en la que es prioritario abordar el desequilibrio presupuestario existente entre el nivel central y regional.

Si bien el CNCA ha sido dotado de un relevante aumento del presupuesto para el 2015, ello no se ha reflejado en un mayor presupuesto para las regiones distintas de la Metropolitana.

En efecto, a la hora de analizar los ámbitos que dan cuenta de este problema, hay dos que a todas luces urge solucionar. Uno es el relativo a las transferencias de recursos que se efectúan al sector privado y el otro la distribución de los fondos concursables.

Respecto de las transferencias, tal como lo denunciamos con motivo de la discusión del presupuesto para Cultura, el Parque Cultural Valparaíso es la única transferencia netamente regional a instituciones colaboradoras del sector privado, de un total de 13 que consagra el presupuesto del CNCA y de 6 transferencias que establece el presupuesto de la DIBAM.

Dicha situación, debe necesariamente modificarse para el presupuesto 2016, para que éste disponga los recursos y las condiciones necesarias que permitan contar con transferencias a instituciones privadas colaboradoras del sector público, en cada una de las regiones del país.

Por otra parte, tal como lo diagnosticó el Observatorio de Políticas Culturales, los resultados de la última convocatoria, lamentablemente continúan con una desigualdad territorial en la entrega de los fondos culturales, toda vez que, del total de recursos adjudicados, el 53% se concentra en la Región Metropolitana.

El citado estudio, da cuenta de una realidad dramática para las regiones. Al revisar el detalle territorial, descontando la Región de Valparaíso que se lleva un 12,7% de los recursos y la del Bío-Bío que se lleva un 6%, el resto de las doce regiones no supera el 4%, siendo las zonas del extremo norte del país (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) las más perjudicadas, al obtener cada una menos del 1,5% del total de recursos que se asignaron en la última convocatoria de fondos concursables.

Ahora bien, la desigualdad también se produce a nivel central, al reparar en que, del total de proyectos seleccionados de la Región Metropolitana, el 75%, pertenece a las cinco comunas del sector oriente de la capital (Las Condes, Vitacura, La Reina, Providencia y Ñuñoa), más la comuna de Santiago.

Nos mantendremos en el objetivo de lograr una real descentralización cultural para el país, de manera que el problema que señalamos, se traduzca en acciones concretas que lo aborden. En ese sentido, presentamos indicaciones al reciente presupuesto de Cultura, con el fin de establecer criterios o cuotas mínimas de asignación presupuestaria para proyectos de regiones distinta de la Metropolitana. Seguiremos insistiendo en ellas.

Sólo con una real y comprometida descentralización presupuestaria podremos abordar el desafío que el gobierno ha asumido de mejorar las condiciones de acceso e inclusión de los fondos de Cultura, así como también de avanzar en una verdadera regionalización cultural.

En caso contrario, seguiremos a la espera de una justicia distributiva también en este importante ámbito del desarrollo de un país.

Una de las soluciones planteadas, es la instalación de plantas desaladoras o desalinizadoras.Estas plantas representan una tecnología que implica la extracción de agua de mar que, a través de un tratamiento de osmosis inversa o nanofiltración, la transforma en agua potable para el consumo humano o para procesos productivas.

En Chile actualmente existen varios proyectos de estas plantas especialmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. Sin embargo la mayoría se encuentra en la región de Antofagasta y sirven de abastecimiento tanto de agua potable para la población, como para actividades económicas como la minería.

Esta opción a simple vista puede parecer como la mejor, toda vez que la extracción de agua de mar no tiene, a la fecha,  ningún tipo de regulación. Sin embargo, se deben tener ciertas precauciones a la hora de analizar la pertinencia de este tipo de instalaciones.

Hay tres temas fundamentales en este análisis. Uno de los temas a estudiar, es el lugar físico de instalación de la planta y su impacto en el medio ambiente. Esto porque hay lugares de un gran valor turístico que pueden sufrir impactos y daños patrimoniales, como la playa “La Virgen” en la región de Atacama, donde el año 2011, se pretendía construir una planta desaladora, pero que finalmente la autoridad de la época desechó.

Es vital, por tanto, el establecimiento de planes de zonificación del borde costero que busquen proteger los recursos naturales y que permitan su eventual ubicación en el lugar más propicio.

Además del lugar físico de instalación, otro tema controvertido, dice relación con los eventuales derechos que debiera pagar la empresa desalinizadora por la extracción del agua de mar, que podrían ser asimilables a los derechos de aprovechamiento de aguas respecto de las aguas superficiales.

Lo anterior, considerando que el artículo 589 del Código Civil, establece que “se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda” y que cuando su uso pertenece a todos los habitantes, como las calles, plazas, puentes y caminos, “el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos…”

Si las aguas tienen la misma naturaleza jurídica de bien nacional de uso público según las normas ya citadas ¿no deberían tener un régimen similar que permita su extracción para distintos tipos de actividades?

Pues bien, la extracción de agua de mar no tiene actualmente ninguna regulación. Las empresas que han instalado plantas desalinizadoras tramitan una concesión marítima que permite el uso particular y que se realiza ante la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Esta es una concesión otorgada a un particular a fin de realizar un objetivo determinado. Esta concesión sin embargo, no es un derecho para extraer el agua de mar, sino que es una autorización para ocupar un espacio de mar y solo eso.

¿Es necesario entonces un mecanismo de tarifas para la extracción de este recurso natural que pertenece a todos los habitantes de la nación? La respuesta es afirmativa. Es imperativa la creación de normas que establezcan este mecanismo tarifario para la captación de agua de mar, toda vez que puede suceder que éste termine siendo el nuevo mercado del agua, donde será la empresa privada quien la extraiga gratuitamente, para luego vender al Estado el agua desalinizada para el consumo humano.

Respecto al abastecimiento de agua potable por esta vía una opción plausible es que fuera el mismo Estado quien financie y realice tales inversiones, a fin de que los ciudadanos no se vean luego afectados a la hora de pagar altos precios por el consumo de esa agua.

Por tanto, la creación de un marco normativo que regule tanto la implementación de plantas desaladoras, como un mecanismo tarifario por la extracción del agua de mar y una política definida acerca de la localización de las plantas, debe ser analizado y estudiado en un corto plazo, dada la coyuntura de crisis hídrica actual del país.

Además de las plantas desaladoras, se debe establecer una política que considere diversos medios para enfrentar los problemas de escasez hídrica, como la implementación de sistemas de captación de aguas lluvias y sistemas de reutilización de aguas. Otros países han podido desafiar los problemas de sequía, por ejemplo, reciclando sus aguas residuales, que son reutilizadas para fines productivos como la agricultura.

En este camino de hallar respuestas ante la escasez hídrica ciertamente no hay soluciones mágicas, ni tampoco opciones que deban desecharse sin analizarlas. Pero lo que no nos puede pasar es que con la coartada de la necesidad y la urgencia, terminemos afectando uno de nuestros ecosistemas más importantes: el mar, que se supone, es de todos nosotros.

Lo anterior no significa solo apuntar con el dedo a los presuntos culpables y pedir las penas del infierno, sino también hacer el difícil pero necesario ejercicio de la autocrítica, acerca de lo que hemos hecho, bien o mal, pero sobre todo lo que no hemos hecho.

Esto tiene que ver, por ejemplo, con el rol que les cabe a los partidos, sus dirigentes y representantes, así como a quienes han tenido responsabilidades en el Ejecutivo, frente al proceso de despolitización acentuado en nuestra sociedad, no solo desde el primer día de dictadura y su sistemática destrucción de la política y su imagen como actividad humana, legítima y necesaria, sino también durante la larga transición a la democracia iniciada en 1990.

Porque hoy parece una coartada muy conveniente sostener que los gobiernos y los partidos actuales, en general, han perdido poder, a manos de un mercado globalizado y el sector privado, los medios de difusión y de la propia ciudadanía. La confianza sigue siendo, sin duda, el activo más importante en la política, pero ello no se da de forma espontánea: eso se construye desde su rol, desde sus ideas, desde su relato, desde el desempeño de sus representantes, desde sus proyectos.

Pero lamentablemente, como lo señalara Geoff  Mulgan, ex asesor de Tony Blair, lo que se ha venido ofreciendo a la ciudadanía no es una ideología ni una estrategia de cambio, sino simplemente una forma de ganar elecciones. Ello, sostiene este político inglés, termina haciendo que los mismos factores que le dieron éxito a un proyecto electoral, terminen debilitándolo como un proyecto transformador.

Este desafío, el principal que enfrentan gobiernos, coaliciones y partidos en el siglo XXI, se da además en un contexto mundial de desafección ciudadana con la denominada política tradicional. Ello es lo que ha estado atrás de muchos procesos en nuestro continente y en otras latitudes; es lo que pasó en algún momento en Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia, y lo que ha estado pasando en el último tiempo en Islandia, en Grecia y en España, donde tras la falta de respuestas adecuadas por parte de los partidos tradicionales, han surgido nuevos movimientos y agrupaciones que han canalizado, para bien o para mal, la voluntad ciudadana.

A ello hay que agregar aquello que Tironi denomina el proceso de “desolirgarquización” o “deselitización” que irreversiblemente viene viviendo la sociedad chilena, y que se expresa no solo en un acto temporal de rebeldía frente a las elites, sino en un proceso permanente de desconfianza en sus predicciones, vaticinios y promesas.

Todo este escenario se desarrolla, además, en un marco de compromisos programáticos que, tras un paréntesis de gobierno de la derecha, apuntan a introducir cambios en temas de fondo que se necesitaban y que la ciudadanía también venía exigiendo desde hace mucho tiempo, pero más visiblemente, desde el 2011 con la movilización surgida desde y por la educación, pero sintetizando en ella otras temáticas, expresadas bajo la consigna de “fin al lucro”, pero de baja participación electoral, gracias también a la  cuestionada decisión de establecer el voto voluntario.

Así las cosas, el escenario tiende cada vez más a un escenario del todo o nada. Donde pese a avanzar en temas como el voto de los chilenos en el exterior y abrir el debate sobre el aborto, todo parece poco enfrentado a la más que legítima demanda de Asamblea Constituyente que todavía no logra encontrarse, en el hacer, con el compromiso programático de una nueva Constitución.

La Nueva Mayoría y su futuro inmediato deben comenzar por reconstruir la hegemonía política y social que en el camino se redujo solo a lo electoral. Debe superar también lo que Cortés Terzi llamaba la “personalización” de la política, que es sin duda otro de los factores que aportan a la generación de episodios de crisis. La separación definitiva de los negocios y el ejercicio del servicio público, así como el término de lo que en algunos momentos ha tendido al suplantamiento de la sociedad civil por parte de las elites políticas, son condiciones ineludibles para edificar una democracia solida y dinámica.

Ciertamente hay muchos otros aspectos que se podrían abordar en un análisis de este tipo, como es la falta de medios de comunicación para expresar y difundir ideas y proyectos políticos diversos, más allá de programas electorales coyunturales. Sin embargo renunciamos a ello al inicio de la transición y hoy pagamos ese costo, aun cuando nunca es tarde para revisar esa decisión política que cada vez nos pesa más.

Estamos en un momento difícil, crítico, pero como dice Roberto Mangabeira, si tenemos una propuesta, la crisis es el momento. Debemos superar lo que este analista brasileño denomina “la parálisis de la imaginación programática”, para enfrentar y superar la “dictadura de la falta de alternativas”, para no seguir diciendo y haciendo solo más de lo mismo.

Es nuestra obligación, moral con quienes dieron sus vidas por recuperar la posibilidad de trabajar por una sociedad mejor y con quienes conducirán los destinos del país que viene.

Aún estamos a tiempo. Chile lo necesita.

En la actualidad, sólo las regiones de Tarapacá y la Araucanía cuentan con un archivo en su región. A ellas se sumará Magallanes, que próximamente tendrá su primera biblioteca y archivo regional. En dichas regiones, a diferencia del resto, su patrimonio documental permanece en el lugar al que pertenecen, sin tener que cumplir con la obligación de envío a Santiago.

Por ello, urge avanzar hacia una regionalización total de nuestros archivos. Con ello, será posible cumplir con una máxima que es de toda lógica y justicia, esto es, que el patrimonio documental de una región, se reúna, organice y preserve en la ciudad o región de la cuál dan cuenta dichos documentos históricos, fortaleciendo, de esta manera, las identidades regionales.

La historia de nuestra región, comenzando por sus pueblos originarios y las primeras nociones de Valdivia registradas por el almirante Juan Bautista Pastene, los exploradores holandeses, la colonización alemana, el aporte siderúrgico francés y la tradición que, durante años, han desarrollado las familias de este extremo sur del país, constan en archivos históricos, notariales, judiciales y registros de las diversas organizaciones públicas, que requieren salvaguardarse a nivel local.

En ese horizonte, debe reforzarse y concretarse el compromiso que, desde hace un tiempo, asumieron la Universidad Austral, la Intendencia de Los Ríos, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y  la DIBAM, para, de manera conjunta, concretar el proyecto de creación de un archivo regional para devolver a la Región documentos (archivos judiciales, notariales, históricos), cuya, gestión investigación y difusión a nivel local, sea parte de dicho compromiso común.

En concordancia con las gestiones que las instituciones y autoridades han realizado para poder contar con el anhelado archivo regional, presentamos una indicación al proyecto de ley de Ministerio de Cultura, para, por primera vez, consagrar legalmente a los archivos regionales, en todas y cada una de las regiones del país, estableciendo su disposición para el aprovechamiento de los investigadores y de la ciudadanía en general, velando por su resguardo digital.

De este modo, nos hemos hecho cargo de este desafío para que Los Ríos, como pionera en iniciativas y procesos de descentralización, otorgue a la creación del archivo regional, prioridad máxima, con el fin de que, cuanto antes, los habitantes de la Región tengamos en ella, acceso a la documentación patrimonial y de interés legal que, actualmente, debe obtenerse principalmente en Santiago.

Así, estaremos avanzando en la descentralización cultural que hemos venido promoviendo y, a la vez, estaremos resguardando las particularidades únicas de nuestra memoria, identidad y patrimonio.

En síntesis, debemos seguir avanzando para que exista un archivo regional en todo Chile.