Lo más grave, es que esta violencia proviene desde las instituciones que supuestamente deberían resguardar sus derechos como lo son los hospitales y el Tribunal de Familia, y en medio de un silencio cómplice por parte del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Porque cuando hablamos del cuidado personal de un niño, lo hacemos desde el concepto de un cuidado integral en lo corporal, lo psíquico y lo vincular.

Esta semana ha sucedido otra grave situación en el hospital Higueras de Talcahuano, a todas luces es una desproporción.Producto de un informe elaborado por el Consejo Técnico del hospital, el Tribunal de Familia ordenó retener a un recién nacido, privándolo de la  lactancia y apego inicial fundamental para cualquier ser humano, por el solo hecho de que su madre informó consumo medicinal de Cannabis.

Existe suficiente evidencia que muestra que un niño que ha sido separado de su madre al nacer sufre efectos perjudiciales en su desarrollo cognitivo, menguando su capacidad de respuesta al estrés, de aprendizaje y habilidad social a lo largo de su vida.

Este tipo de medidas no se sustenta sobre la base de la evidencia científica, dado que la concentración de fito cannabinoides que se pudiese encontrar en leche materna luego que la madre consume un cigarrillo diario es muy bajo, del orden de los 10-80μg/mL, considerado incluso como trazas de sustancia. Lo anterior pone en evidente cuestión la viabilidad de los efectos sobre el recién nacido (Hanan Abramovici, 2013.Extractode informe realizado por Dra. Ximena Steinberg, Profesional Bioquímico)

Esta situación constituye una aberración contra los derechos del niño, asimismo se trata  un evidente acto de violencia obstétrica, no menos violenta que la violencia física, psíquica o económica contra la mujer.

Otro caso indignante es lo ocurrido en el Hospital Barros Luco, donde una educadora de párvulos solicita asistencia en medio de una hemorragia,y acaba siendo denunciada a carabineros por aborto, en un hecho repudiado por toda la sociedad chilena.

En esos mismos días, otra mujer,  proveniente de Cunco , que había comprado misotrol por internet, lo ingirió, interrumpió su embrazo y fue denunciada en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco. Luego fue detenida por PDI, y formalizada posteriormente.

El país de hoy, se encuentra sometiendo a discusión y negociación política un tema sobre el cual no debiese existir duda alguna: el aborto terapéutico cuando la vida de la mujer se encuentra en peligro; cuando existe un feto que morirá indubitablemente al nacer creando un trauma y un dolor de por vida en esa mujer y familia, o cuando una adolescente o mujer ha sido violada, que corresponden a un piso ético mínimo. Son tan solo un porcentaje de todos los abortos que se realizan en Chile, pero son situaciones éticamente ineludibles.

Las mujeres, en general jóvenes, que terminan en el hospital pues su desesperación las  ha llevado a realizarse procedimientos caseros que ponen en riesgo sus vidas, para luego ser denunciadas por un personal de salud en ocasiones ignorante e inescrupuloso, como lo que ha sucedido recientemente, nos confirman que los aprendizajes y el respeto por las ciudadanas en su calidad de usuarias y de pacientes aún no es parte de la cultura de los servicios de salud.

Sólo hace pocos años ha surgido la noción de Violencia Obstétrica en nuestro país. Sin embargo, Argentina y Venezuela (sí, la Venezuela que tanto es criticada) ya tienen reconocida por ley la Violencia Obstétrica. En Chile, solo tenemos un incipiente proyecto de ley en la Cámara de Diputados.

Decía Salvador Allende, un sanitarista mundialmente reconocido “…dar a toda mujer, democráticamente, el derecho a la libertad de decidir conscientemente la concepción de los hijos que desea, según el principio de que el Gobierno Popular protegerá la familia, la estimulará, si ello es necesario, pero nunca impondrá a la mujer sacrificios que vayan en contra de su realidad cultural y económica…”.

Vemos como esta postura reconocía la preponderancia del proyecto de vida de una mujer respecto de una maternidad obligada en un contexto de pobreza y falta de oportunidades.

Pinochet, en 1989 prohibió cualquier forma de aborto. En este aspecto aún la transición no culminó.

Legislar para erradicar la violencia obstétrica es fundamental. Aprobar la ley de interrupción de embarazo por tres causales, es una urgencia.

El principal argumento que detonó la aprobación de esta comisión fueron las declaraciones  de la directora de Fonasa, Jeanette Vega, quien señalara recientemente que Fonasa está asumiendo 540 mil licencias médicas que corresponden a enfermedades y accidentes laborales que deberían estar asumiendo las mutuales, por las que el sistema público deben desembolsar cerca de $90 mil millones al año.

Durante el año 2014 se tramitaron en Chile 4,3 millones de licencias médicas, aumentando en un 9,6% en comparación con el año 2013. De estas, el 71% pertenecieron a Fondo Nacional de Salud (Fonasa)  y el otro 29% a  las ISAPRES. No obstante, tal como lo hemos venido exponiendo desde el año 2013 no todas las licencias que llegan al sistema público de salud tienen causa en enfermedades de origen común, sino que muchas corresponden a enfermedades profesionales o accidentes del trabajo, que deberían asumir las Mutuales y no Fonasa.

En el caso de las Isapres, estas han establecido mecanismos de defensa, es así como en enero de 2013, casi dos mil millones de pesos fueron devueltos por las Mutuales a la Isapre MasVida, por concepto de licencias médicas que dicho organismo pagó por prestaciones, que en realidad correspondían a accidentes del trabajo que habían sufrido trabajadores y trabajadoras beneficiarios de la ley 16.744.

En el caso de Fonasa esto no ocurre, ya que no cuenta con un sistema que permita fiscalizar que las 540 mil licencias médicas que llegan al sistema público correspondientes a enfermedades y accidentes laborales, sean reembolsadas por el seguro de la ley 16.744, por lo que debe cancelar cerca de $90 mil millones que no corresponden, constituyéndose un importante perjuicio fiscal.

Pese a que son miles y miles los casos donde trabajadores denuncian el rechazo de su licencia, la situación ha pasado inadvertida por la opinión pública. Recordemos que en diez años la mutual ACHS ha invertido más de $6.635 millones (poco más de US$ 14.000.000) en marketing.

Cabe señalar que entre 2005 y 2009, el gasto anual en publicidad realizado por la ACHS superó al monto que resulta de la suma que la mutual ha destinado tanto a la compra de insumos médicos como al traslado de pacientes.

Pero esta situación no compete sólo a las Mutuales. La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) también juega un rol como organismo fiscalizador. La Suseso, es el organismo del Estado encargado de revisar las apelaciones y reclamaciones cuando la mutual rechaza la calificación de accidente como laboral o enfermedades laborales.

Por otro lado está  la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez  (COMPIN) quien revisa si una licencia corresponde o no ser pagada. Ninguno de estos dos organismos ha establecido los mecanismos para evitar este millonario fraude administrativo.

Cabe señalar que durante el año 2014, el 75.34% de las enfermedades profesionales fueron declaradas de origen común y en el periodo de enero a septiembre de 2015 esta cifra aumentó a 80.4%, debiendo asumirlos Fonasa.

Es el Fisco de Chile, es decir los 17 millones de chilenos, quienes producto de estas operaciones irregulares dejan de percibir 91 mil millones, que fácilmente podrían ser utilizados en el Presupuesto de la Nación en la construcción de hospitales públicos o en brindar una atención adecuada –como corresponde- a los trabajadores y trabajadoras beneficiarios de la ley 16.744.

Esperamos que la Comisión Investigadora iniciada en la Cámara de Diputados pueda esclarecer estos y proponer una serie de modificaciones a la ley 16.744 con el fin de detener la sangría, empezando por pedir al Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República, y otros organismos, actuar sobre esteevidente perjuicio fiscal.

Es así como en marzo del 2009, iniciamos una campaña ciudadana para promover la creación de una farmacia estatal que potencie la competencia entre las 3 grandes cadenas que existen actualmente, porque la solución a este problema, no pasa por multar a las grandes cadenas, sino  por establecer mecanismos para que la gente tenga acceso a medicamentos a precio justo.

Es así como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con la autorización del Instituto de Salud Pública, abrió las puertas de la primera farmacia popular para hacer frente a esta problemática. Si bien, en principio esta beneficiará sólo a  los miembros de la Cooperativa de Salud de Recoleta, en los próximos días se busca extender esta garantía a toda la comunidad.

Esta experiencia local abre el debate respecto a la necesidad, hoy, de implementar a lo largo y ancho del país una Cadena de Farmacias Populares, que permitan a las personas acceder a sus medicamentos a precios razonables.

Existe amplia experiencia internacional al respecto. Es así como en Canadá está el Consejo de Exámen de Precios de Medicamentos Patentados (Patented Medicine Prices Review borrad), organismo federal con facultades fiscalizadoras, encargado de velar, entre otros,  por precios no excesivos en la venta de medicamentos patentados.

Esta corporación está encargada de regular la venta al por mayor del medicamento entre el productor y las farmacias, a fin de que éstas tengan de forma obligatoria un stand con medicamentos a valores asequibles.

Del mismo modo en Brasil, el acceso a medicamentos se garantiza a través de una farmacia estatal, creada mediante el “Programa de Farmacia Popular”,  destinado a la atención igualitaria de las personas, sean usuarias o no de los servicios públicos de salud.

Son destinatarios especialmente las personas que tienen dificultades para adquirir los medicamentos que necesitan en los establecimientos farmacéuticos comerciales, y que en los casos de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, el uso irregular de los remedios compromete los resultados del tratamiento.

El Programa de Farmacia Popular de Brasil  opera en dos líneas de acción: la propias unidades, en funcionamiento desde junio de 2004, que son productos en colaboración con los municipios y Estados, y el sistema de copago, lanzado en marzo de 2006, desarrollado en asociación con las farmacias privadas y farmacias públicas. En las unidades propias del programa el usuario recibe un servicio personalizado, llevado a cabo por personal calificado.

En tanto, en Cuba, están las farmacias estatales. La universalidad de la gratuidad que posee este país en cuanto a atenciones médicas, hace que la venta de medicamentos se realice en boticas del Estado. Los medicamentos son adquiridos por la población, bajo prescripción médica, en establecimientos de la red de farmacias al que es asignado cada ciudadano. El costo es relativamente bajo para el nivel de ingresos del individuo, siendo totalmente gratuito para aquellas personas discapacitadas, enfermos de VIH y en caso de epidemia.

Asimismo, en Venezuela cuentan con el programa Misión Mercal, proyecto social de abastecimiento popular para toda la población. Esta misión no solo vende medicamentos, sino también bienes de consumo básicos como alimentos, materiales de higiene y limpieza, y productos de la canasta básica a un precio justo. Mercal cuenta con edificios estandarizados, construidos en mampostería y distribuidos en todos los barrios populares de Venezuela. La diferencia de sus productos puede llegar de 35 % a 40 % por debajo de los precios de mercado.

En un país que avanza en un proceso constituyente, es necesario repensar el actual diseño de políticas públicas en salud, con el fin de garantizar este derecho, sobre todo para la gente más vulnerable. Hasta ahora 70 municipios buscan imitar la farmacia popular de Recoleta, y serán muchos más con el transcurrir del tiempo.

Ante este escenario, se vuelve urgente legislar sobre el asunto con el fin de avanzar hacia una sociedad que garantice a sus ciudadanos, el derecho a sanarse.

Es así como el año 2013 advertimos que esta situación iba a terminar desmantelando la salud pública,  producto del amarre de la compra de camas a clínicas privadas por más de 45 mil millones de pesos en 3 años, todo en desmedro de la contratación de médicos especialistas de dedicación exclusiva y la renovación de camas para el sistema estatal.

No es casualidad que la Clínica Las Condes sea la institución privada que venda más camas al sector público, esto pues el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue director precisamente de esa Clínica y el Presidente Piñera uno de sus principales accionistas.

Cabe señalar que una cama en un hospital cuesta 150 mil pesos y en el sistema privado más de 1 millón 200 mil pesos en promedio, es decir, ¡es 5 veces más cara! Esta operación de externalización de la salud pública respondió a una estrategia que instauró el  lucro para un grupo de privados, agudizando la crisis hospitalaria que hoy vivimos, la que advertimos en reiteradas ocasiones, detonará en una crisis social.

Invito a la UDI a comer pasas para la memoria, dejar de lado la arrogancia y altanería, y ser capaces de trabajar en base a la búsqueda de soluciones integrales de largo y corto plazo, como la venida de una misión de médicos cubanos que hemos propuesto junto a 217 alcaldes de todos los colores políticos.

Hoy la Nueva Mayoría tiene el desafío y la responsabilidad de generar una política de contratación de médicos de dedicación exclusiva y terminar con la compra de servicios a clínicas y médicos que trabajan medio día como empleado público y medio día como doctor privado.

Espero que la UDI y la oposición en general más que dedicarse a interpelar a una ministra que está trabajando por dignificar la salud pública, tenga una actitud más constructiva, un ánimo de avanzar y colaborar.

Además, como parte de la negociación, tres agentes cubanos presos hace 15 años en Estados Unidos –que en su país tienen estatus de héroes- fueron liberados. Lo propio sucedió con un empresario norteamericano arrestado en La Habana, acusado de espionaje.

El bloqueo, ese añoso y rabioso saboteo al pueblo cubano, ha tenido un costo difícil de cuantificar. Como dijo oportunamente el escritor uruguayo Eduardo Galeano “el cerco asfixiante tendido en torno a Cuba es una forma de intervención, la más feroz, la más eficaz, en sus asuntos internos: genera desesperación, estimula la represión, desalienta la libertad. Bien lo saben los bloqueadores”.

En este contexto, el anuncio del fin de las hostilidades entre Cuba y Estados Unidos –hecho en forma simultánea por los presidentes de ambos países en mensajes televisados a sus respectivas naciones- debe ser interpretado como el inicio de un nuevo tiempo en el que el diálogo sincero y el mutuo respeto, se impondrán al belicismo y el complot.

La señal del reinicio de las relaciones diplomáticas entre Estados y Cuba ha sido tan potente, que se ha vuelto contagiosa: sólo un día después que se revelara este acuerdo, las FARC informaron que implementarían un cese unilateral del fuego en Colombia. “Esto va a repercutir positivamente en todo el hemisferio”, afirmó  el presidente colombiano Juan Manuel Santos.

El contexto favorable a los acuerdos también está llegando a nuestro país.Distintas voces piden que las diferencias con Bolivia se resuelvan mediante un diálogo sincero que apunte a poner fin a la mediterraneidad del altiplánico país. Después de todo y, tal como sucedió a Washington con el embargo a Cuba, el gran obstáculo que impide a nuestro país avanzar en su integración regional es la negativa a resolver el diferendo con Bolivia.

Sin embargo, el camino del entendimiento entre Cuba y EEUU enfrentará grandes dificultades.La primera se verificará en el Capitolio, dado que los republicanos ya han anunciado una oposición radical al proyecto. Las derechas más rancias de América Latina también intentarán dificultar las tratativas basadas en el diálogo Washington-La Habana.

No obstante esto, quienes se oponen a este nuevo clima de entendimiento también la tendrá difícil. Esto, debido a que en forma creciente la opinión pública norteamericana propende a la búsqueda de acuerdos y rechaza el bloqueo. De hecho, hasta los cubano-americanos son hoy en su mayoría contrarios al embargo.

En este mismo sentido, cabe mencionar que las Naciones Unidas han rechazado el embargo contra Cuba, y, sin duda, la comunidad internacional respaldará el camino del diálogo que estamos viendo nacer. Esta tendencia será más fuerte si se considera que el reencuentro entre ambos países fue patrocinado fundamentalmente por el Papa Francisco, que probablemente es la figura más respetada de nuestro tiempo.

El acuerdo diplomático con el Imperio es sin duda un triunfo de la Cuba socialista y revolucionaria que ha resistido más de medio siglo de acoso de una fuerza desproporcionadamente superior.

Justo es subrayar que, pese a este difícil contexto, este país ha podido construir una sociedad en donde la noción de bien común está en el centro de su quehacer, como lo pone de manifiesto la prioridad que allí tienen el deporte, la educación, la salud y la cultura.

A mayor abundamiento, es dable acotar que, pese a la precariedad en la que se ha visto obligada a vivir, Cuba ha tenido la generosidad de aportar constantemente al desarrollo de otros países en planes de largo alcance, fundamentalmente en políticas de salud y deporte. Pero también ha destacado por hacerlo en emergencias, como ocurrió en el terremoto y tsunami ocurrido en Chile el 27 de febrero de 2010, episodio tras el cual instaló un completo hospital de campaña en Rancagua. Otro ejemplo: 300 médicos cubanos voluntarios combaten actualmente el ébola en África.

Respecto del presidente Obama cabe señalar que con este paso retoma la iniciativa política en momentos que su credibilidad se encuentra estructuralmente debilitada por la continuidad que ha dado a las políticas imperialistas y por el incumplimiento de sus promesas de campaña como es, por ejemplo, el cierre de la prisión de Guantánamo.

Por lo mismo, es un deber de América Latina estar atenta a que EEUU no imponga injustas sanciones contra Venezuela, las que en el actual escenario podrían pasar desapercibidas.

No sería aceptable que la nueva etapa de las relaciones internacionales abiertas en nuestro continente con el paso dado en Cuba, viniera aparejada de una ofensiva de Washington contra Caracas. Venezuela no puede ser la nueva Cuba.

Hoy son el cierre de la UCI del Hospital Padre Hurtado y la advertencia de renuncia masiva de médicos del Hospital de Puerto Montt, los episodios que ponen nuevamente la crisis de la salud en boga. Ayer fueron grandes protestas en Aysén, Tocopilla y Chiloé, las que instalaron el tema. Seamos claros: el problema se viene arrastrando hace tiempo y hemos hecho muy poco como país por solucionar las causas que lo generan.

De acuerdo a un estudio recientemente entregado al Congreso Nacional, por la Subsecretaría de Redes Asistenciales (MINSAL), la lista de espera en los hospitales alcanza a un millón 878 mil personas. Un millón seiscientos mil de estos, aguardan una consulta con un médico especialista y otros 226 mil esperan por una operación.

En sencillo esto implica que más de una décima parte de la población de Chile lleva un tiempo desproporcionadamente largo esperando por una hora al médico o por una operación.

El 88% de quienes esperan una consulta médica lo ha hecho por más de cuatro meses.Según destaca La Tercera –en nota publicada el miércoles 3 del presente- este tiempo aguardando atención ha crecido levemente desde la asunción del nuevo gobierno en marzo pasado, momento en que los tiempos de espera superiores a 120 días representaban el 86% de los casos.

Una de las razones inmediatas de este fenómeno dice relación con la falta de médicos especialistas en el sistema público. Según el MINSAL se requieren cerca cuatro mil especialistas en todo el país para acabar las carencias del sistema público.

Aquí no cabe ser autocomplaciente, la realidad es mucho peor que lo que muestran estas cifras y que lo que aparece en la prensa. Por todas partes el sistema muestra síntomas de colapso. Pero no apuntemos mal, la culpa no es de los trabajadores y trabajadoras, que son los sostenes de un sistema que si no fuera por ellos, ya se habría derrumbado por completo.

En el artículo Cómo se ha desmantelado la salud pública, de los investigadores Matías Goyenechea y Danae Sinclair (Ciper, 27 de mayo de 2013) se subraya que según un informe de la OCDE de 2008, en el que se analizó  cuán “efectivo” era el gasto público en Salud, se concluyó que ‘(…) la proporción de trabajadores de la Salud (médicos y enfermeras) y camas de hospital para la población son muy inferiores a la media de la OCDE. Sin embargo, los resultados (esto es, esperanza de vida, mortalidad infantil, tasas de inmunización) son comparables al promedio de los países OCDE”.

Es decir, concluyen los investigadores: “El sistema de atención de Salud chileno se las arregla para conseguir resultados relativamente buenos usando comparativamente menos recursos”.  

La razón fundamental del colapso de la salud en Chile es la destrucción del sistema público, fundamentalmente debido a la conversión de la salud en una mercancía.Un negocio más.

Duro pero cierto. El Estado de Chile se ha dedicado en los últimos 25 años a potenciar el negocio privado antes que el bienestar sanitario de la población. Ha hecho esto por diversas vías, como –por ejemplo- mediante la implementación de la Modalidad de Libre Elección (MLE) que supone la derivación de pacientes del sistema público a clínicas privadas, las que reciben jugosos pagos por esto. Según cifras oficiales del Minsal el año pasado el Estado destinó 1.105 millones de dólares a pagar prestaciones entregadas por clínicas privadas.

La perversión del sistema se evidencia en otro dato (citado en el informe de Goyenechea y Sinclair). Fonasa paga por un día cama básico en la Clínica Las Condes 827 mil pesos, mientras que a un hospital público cancela por el mismo concepto $60 mil. Fonasa paga 126 mil pesos el día de cama en Unidad de Tratamiento Intensivo  a los hospitales públicos. Sin embargo el costo real de esta prestación asciende a cerca de 300 mil pesos. En estas condiciones no nos puede extrañar que la deuda de los hospitales públicos supere largamente los cien mil millones de pesos.

Otra dimensión de las malas políticas en la que nos hemos embarcado tiene que ver con la concesión de hospitales. De acuerdo al citado informe publicado en Ciper “el Estado deberá pagar aproximadamente US$600 millones por dos hospitales (Maipú y La Florida) que cuestan menos de US$300 millones (los que ya ha pagado en gran parte)”. Esto implica que hay US$300 millones de los invertidos por el Estado que quedan ganancia para el concesionario, y que se derivan del subsidio a la construcción y a la operación.

Como país hemos distorsionado severamente el gran sistema público de salud que hace no muchas décadas fuimos capaces de construir y cuyo objetivo no era otro que brindar salud a la población. El sistema actual está demasiado contaminado por el objetivo de entregar ganancias a los operadores del sistema (clínicas, Isapres, cadenas de farmacias).

Ya no basta con poner un parche aquí y otro por allá. Debemos apostar por reconstruir un sistema político, económico y cultural que conciba la salud como un derecho universal en el que todas las políticas y programas tengan como norte ese objetivo.

Para que ello ocurra es necesario implementar un sistema de salud preventivo, que vele por mejorar la alimentación de la población, cuidando que las fuentes de agua y los alimentos estén libres de contaminación y sean saludables, e incorpore la noción de soberanía alimentaria como parte estructural de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo.

De nada nos sirve ser un país minero, forestal, salmonero, si como resultado de estas actividades contaminamos el agua y el territorio que da vida a nuestras comunidades y medio ambiente.

Debemos impulsar una noción de medicina preventiva que evite el desarrollo de enfermedades antes que estas se propaguen. Para eso se deben potenciar los Cesfam con el fin que allí realmente se resuelvan la mayoría de las dolencias, para que lleguen a hospitales  sólo los pacientes que lo necesitan.

Para avanzar debemos denunciar la hipocresía: de nada sirve constatar que somos uno de los países con mayor tasa de alcoholismo juvenil en el mundo, si por otro lado llenamos caminos y medios de comunicación de propaganda de licores, haciendo ver su consumo como una irremplazable fuente de placer.

Por otra parte, para acabar con las carencias de médicos y especialistas, se hace urgente incentivar el retorno de algunos de los muchos médicos chilenos que residen en el extranjero.También urge contratar médicos extranjeros, eliminando todo tipo de trabas injustificadas –como el examen Eunacom- que impidan su llegada.

¿Sabía usted que en Cuba hay especialistas disponibles para atender nuestras necesidades y que el costo de traerlos es muy inferior que el que ofrece el Estado chileno sin conseguir llenar las vacantes? ¿En qué topamos? ¿Por qué no actuamos si la crisis ya está en nuestra puerta?

Debemos aumentar el gasto en salud –que hoy representa el 3,5% del PIB, apenas la mitad de lo recomendado por organismos internacionales- y destinar los nuevos recursos al sistema público, mejorando la remuneración de los trabajadores, contratando más personal, mejorando la capacitación de los funcionarios y aumentando la cantidad de hospitales y centros de atención primaria.

Necesitamos mejorar la formación de profesionales de la salud, perfeccionando el enfoque curricular allí donde haya falencias. Seamos objetivos, en Chile hay universidades que forman muy buenos médicos y especialistas en otras disciplinas de salud, pero hay otras que tienen notables carencias.

La medicina es una ciencia pero también es un arte. Las y los profesionales de la salud no sólo tienen que saber sólo de síntomas y remedios, sino que requieren de una formación integral y multidimensional.

Como sociedad debemos recoger el aporte de las terapias alternativas y el conocimiento ancestral de nuestros pueblos originarios, especialmente el relativo al uso de las hierbas medicinales y su visión holística de la salud.

Debemos implementar una política de salud dental, dado que la que existe es absolutamente insuficiente. Ya hemos señalado en otros escritos lo crítico que es el estado de la salud mental en Chile, subrayando la necesidad de una ley en la materia.

Es urgente acabar con el abuso de las cadenas de farmacias y con el absurdo que nuestros viejos y enfermos deban viajar a otros países para conseguir remedios que en Chile, por su alto precio, resultan inalcanzables.

Chile necesita una revolución en salud. No hay tiempo que perder, de ello depende nuestro presente y futuro.

¿Qué tienen en común todos estos temas tan diversos? Son todas materias relacionadas con el respeto a la libertad y autonomía del ser humano, con el respeto a los Derechos Humanos esenciales, los fundamentales, los que procuran garantizar la paz en el mundo, los que tienen que ver con el respeto a la soberanía que cada ciudadano tiene sobre su propia existencia, sin causar daño a terceros como única restricción para la sana convivencia.

Así es, el ejercicio de la libertad está garantizado por los tratados de Derechos Humanos suscritos por Chile. También por nuestra Constitución. Y hoy día, claramente la ciudadanía exige esto se cumpla verdaderamente.

Sería un grave error no reconocer que la sociedad ya está madura, que los poderes y organismos del Estado debemos apresurarnos a facilitar las transformaciones necesarias para que se instale en Chile, definitivamente, el  respeto a los Derechos Humanos Esenciales, generando así las condiciones para la actualización de nuestro potencial espiritual, que es la máxima aspiración de la humanidad,  tal como se explicita, en los preámbulos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del  Hombre.

El miedo a lo desconocido, el miedo a perder un cierto tipo de control ilusorio, no pueden ser el argumento para no asumir el desafío de avanzar. Se trata de la ocupación primera que como sociedad debemos enfrentar. ¿Con que noción de ser humano estamos trabajando? ¿Estamos promoviendo el sano ejercicio de la libertad plena? O ¿Estamos quedando atrapados en el paradigma prohibicionista, realizando pseudo-ajustes que a la larga nos traerán costos aún mayores?

El daño, la descalificación esencial sobre el ciudadano, que implica que el Estado, bajo argumentos de buscar el bien común, restrinja libertades y comprometa el ejercicio de la soberanía personal, nos obliga a avanzar con determinación en corregir toda manifestación de prohibicionismo en nuestra cultura.

El prohibicionismo ha traído muchos más costos que beneficios en nuestra sociedad. No podemos seguir desconociéndolo. Hoy día, desde el prohibicionismo,  se vulneran derechos fundamentales en Chile y es nuestra responsabilidad detener tal vulneración.

No podemos seguir pretendiendo que criminalizar conductas o restringir libertades solucionará los problemas que como sociedad enfrentamos. Entiendo que justamente se trata de reorientar la energía, el gasto presupuestario, hacia la investigación, la prevención, la  educación, y la implementación de Políticas Públicas que atiendan el Desarrollo Integral del ser Humano, como estrategia para resolver estos problemas, generada desde el nuevo paradigma, uno que respete la libertad y autonomía verdaderamente.

Así se abrirá el espacio para que los ciudadanos efectivamente emitan respuestas de más jerarquía, inclusivas, respetuosa de las diferencias e interesadas en el bien común.

Hoy en Chile ya existen ciudadanos que quieren vivir de manera madura el ejercicio libre soberano de su identidad esencial, que ya lo están realizando y transparentando además, y eso va a seguir saliendo a la superficie, como ya se anticipa en estas encuestas.

En este sentido celebro y valoro la reciente votación unánime y transversal (desde la UDI al PC) en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con 10 votos a favor, ninguna abstención ni voto en contra,  de la idea general de legislar para modificar la actual ley 20.000 y despenalizar el autocultivo de Cannabis.

Sin duda un hecho histórico en todo sentido. Y espero que en la discusión en particular prime el buen criterio y se resguarde el respeto a la Libertad –sin restricciones-  de usuarios y cultivadores de cannabis, que no causan ningún daño a terceros, como un asunto de resguardo de Derechos Humanos.

Reflexionemos un minuto sobre esto mirando nuestra historia reciente: hemos padecido una brutal dictadura, liderada por Pinochet. El autoritarismo no sólo impactó en las familias que vieron a algunos de sus integrantes detenidos, desaparecidos, torturados, exiliados o muertos.También impactó en el imaginario colectivo: el miedo, el silencio, la arbitrariedad y las consecuencias psicosociales que se instalan en sociedades con eventos traumáticos.  

Paralelamente -tutelado y aplaudido por los más poderosos de aquí y de allá-  se instaló un sistema económico que consagró la inequidad, la injusticia y la explotación conocido como “neoliberalismo”.

Los efectos trágicos de este sistema son menos evidentes que los de una dictadura, pero son tanto o más devastadores en la salud mental personal, familiar y social.

¿Cómo dimensionar el daño psíquico y social que sufren miles y miles de familias en las cuales madre y padre salen de su casa a las 6:30 de la mañana y vuelven del trabajo en la noche? Los colegios culpan a los padres de los problemas de sus hijos. Estos responsabilizan a los colegios, pero más allá de quien tiene la culpa, ¿qué podemos hacer para remediar los problemas que este sistema genera?

Es imposible enumerar todas las injusticias de este sistema neoliberal –que no hemos podido o no hemos querido cambiar- pero sí se puede asegurar que, en su conjunto, este modelo constituye un feroz atentado a la salud mental de la mayoría de la población.

Según se releva en el Segundo Informe sobre el Sistema de Salud Mental en Chile (2014), realizado por un equipo de destacados profesionales encabezados por el siquiatra Alberto Minoletti, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, un 23 % de la carga de enfermedad en el país corresponde a enfermedades de salud mental.

En este estudio se señala que Chile destinó a salud mental en el 2012 el 2,16% de su presupuesto de salud, muy lejos que el promedio de los países de ingreso alto que gastan 5,10% de su presupuesto sanitario en este ítem.

Al analizar el valioso estudio de Minoletti –que contiene una presentación de la ministra de Salud, Helia Molina- es claro que pese a algunos avances, nos falta mucho por hacer.

Uno de los aspectos que más destaca este informe es que Chile “no dispone de una legislación específica sobre salud mental”. Por supuesto que existen varias leyes que abordan el tema, pero no una ley de salud mental propiamente tal.

Minoletti y sus colegas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile mencionan, entre otros muchos defectos del sistema de salud mental en Chile,aspectos relevantes.

• El derecho de las personas con discapacidad mental para conocer la información de su ficha clínica puede ser negado a criterio del médico tratante, en contraposición con el estándar de la OMS.

• No se contempla la creación de una autoridad independiente para supervisar las hospitalizaciones involuntarias.

• No se reconoce el derecho exclusivo de las personas con discapacidad mental a dar consentimiento para procedimientos irreversibles (como es el caso de la esterilización y psicocirugía).

En ese estudio también se da cuenta de las inequidades del sistema. Para muestra basta un botón: el acceso a tratamiento de salud mental de los beneficiarios de ISAPRES es 8 veces superior al de los beneficiarios de FONASA.

Una ley de salud mental para Chile

Reconociendo los avances sanitarios en el campo de la salud mental en la últimas décadas, y las iniciativas de la Nueva Mayoría que afectarán positivamente la salud mental de chilenos y chilenas, resulta imprescindible contar pronto con un marco legislativo que aborde distintos aspectos de la salud mental, desde un enfoque integrador que considere la importante incidencia de los determinantes sociales.

El actual marco legislativo resulta insuficiente para garantizar el financiamiento de los servicios, la calidad de la asistencia, proteger derechos de los usuarios aún no tomados en cuenta, incluir plenamente a los pueblos originarios en las soluciones, disminuir las listas de espera con especialistas y profundizar el enfoque comunitario desde la Atención Primaria de Salud (APS).

Una nueva ley de salud mental debe considerar, entre otros aspectos fundamentales:

El papel del Estado como garante en la promoción de la salud mental de personas y colectivos; de la atención oportuna y de la rehabilitación y reinserción de personas con trastornos de salud mental.

Los efectos traumáticos en el pueblo chileno de la pasada dictadura.

El peso en la salud mental de las familias y comunidades del modelo económico neoliberal que mantiene a un porcentaje importante de la población en estado de estrés.

El consumo abusivo de drogas legales e ilegales.

El  endeudamiento de las familias, entre otros factores reconocidos por la OMS como determinantes sociales de la salud.

Los altos niveles de alcoholismo, la tasa de suicidios, los femicidios, el acoso laboral y escolar (bullying), y las dificultades para la aceptación de las diversidades en un país geográfica y culturalmente diverso.

El Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría ya ha cumplido una década y debe existir una nueva versión, en el menor tiempo posible. 

Una Ley de Promoción, Prevención y Rehabilitación en Salud Mental, debe estar centrada en los Derechos humanos de las personas afectadas por problemas de salud psíquica y de quienes integran su red de cuidados.

Legislar en Salud Mental es un imperativo para un país que pretende un  desarrollo incluyente de todas y todos, y que tiene como horizonte ético - eso creemos firmemente–los máximos niveles de equidad y  solidaridad en la búsqueda del buen vivir del pueblo chileno.

(Extracto de una carta de José Saramago al intendente de Montevideo Ricardo Ehrlich, fechada en Guadalajara (México) el 27 de noviembre de 2006, tras enterarse de la primera marcha contra el machismo y la sociedad patriarcal en Uruguay.

Es sabido que los hombres viven menos años que las mujeres en la mayoría de los países del mundo, y los hombres chilenos no son la excepción. Estos tienen en la actualidad una esperanza de vida de 76 años, seis menos que las mujeres chilenas.

Hay diversos factores sociales y culturales que llevan a los hombres a conductas de riesgo para su salud e integridad. La brecha en la mortalidad por accidentes laborales según sexo es impactante: los hombres afectados por estos accidentes representan el 70% del total.Estos afectan más a los varones jóvenes y se dan con más frecuencia en las áreas de transporte, minería y construcción.

Las consecuencias de estos accidentes no solo repercuten en la calidad de vida de los hombres adultos, sino también en la de menores de edad, ancianos y mujeres; de los cuales son padres, hermanos, parejas y/o hijos.

Además los hombres son más propensos a generar situaciones de violencia que afectan a mujeres y niñas/os, a otros hombres y a sí mismos.

Según el estudio Situación Actual del Suicidio Adolescente en Chile, con Perspectiva de Género (Minsal, 2013) la tasa de suicidio de los hombres triplica a la de las mujeres.

Por su parte, la violencia de género tiene una expresión dramática en Chile y así lo indican las cifras. Una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física por parte de una pareja o ex pareja. De acuerdo a lo que reporta SERNAM, a esta altura del año ya han muerto 33 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Los hombres que cometen violencia de género pertenecen a una sociedad patriarcal donde la vida de las mujeres parece no ser tan valiosa.

Por todo lo anterior, pensar en prevención en salud de los hombres desde la perspectiva de equidad de género, supera ampliamente la misión de un ministerio de salud: necesariamente requiere de cambios en todas las esferas incluyendo la cultural.

Modificar los determinantes sociales de la salud requerirá políticas intersectoriales, con participación ciudadana y comunitaria, y apostar fuertemente por la promoción de salud así como la prevención en todos los niveles.

Tres países han sido visionarios y han planteado frontalmente este desafío: Australia, Nueva Zelanda y Brasil. En agosto de 2009 el Ministerio de Salud de Brasil lanzó la Política Nacional de Atención Integral de Salud de Hombres. Esta acción tuvo por objetivo facilitar y ampliar el acceso de población masculina a los servicios de salud. Además de crear los mecanismos para mejorar la asistencia ofrecida a esa población, la meta de este plan es promover un cambio cultural.

En Chile han existido intercambios desde hace algunos años para conocer la política de salud de los hombres en Brasil, sin embargo, no se han concretado en objetivos y acciones concretas.

Es imprescindible que pronto comencemos la tarea de educar a nuestros niños para ser solidarios y para demostrar sus capacidades intelectuales, afectivas y físicas  para vivir en comunidad. La  virilidad no puede continuar siendo un arma contra otros y otras y contra sí mismos. Es en este sentido que el machismo y el neoliberalismo se han potenciado: vale más el que tiene más y la ley del más fuerte.

Es imprescindible un cambio de rumbo, para que la dominación de unos pocos  hombres sobre la mayoría de los hombres y de muchos hombres contra muchas mujeres y niños deje de ser la regla.

Los servicios de salud también debiesen modificar sus prácticas: incluir a los varones en los programas comunitarios y de salud familiar con un componente preventivo es fundamental. Y una vez más decimos: no es un tema meramente técnico, es un tema político con toda la riqueza del término.

Queda claro que los programas aislados de prevención no logran las metas deseadas, basta revisar las cifras en salud.

Porque, en definitiva, lo que está “enfermo” es el modelo de masculinidad hegemónico. Promover su cambio, requiere de una política pública integrada que aborde con eficacia y eficiencia la violencia de los hombres, la falta de autocuidado, los factores comportamentales que les conducen a situaciones de riesgo, y la salud física y mental en los hombres.

Es hora de avanzar  e innovar en propuestas de salud en el marco del gobierno de la Nueva Mayoría, para generar cambios auténticos y sostenibles.

Aludimos al Grupo Penta; al Coronel de Ejército (R) Cristián Labbé y al sacerdote John O’Really, que ocupaban los puestos de privilegio en la simbólica empresarial, eclesiástica y militar del partido gremialista de Jaime Guzmán Errázuriz.

La UDI, en el periodo de la transición y pese a ser oposición, llegó a ser el más poderoso e influyente del país.

Pero, ¿es este desprestigio algo infundado? o ¿es el justo relato de todo un sistema de oscuras prácticas que ahora se destapa?

El fraude

En agosto de este año, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una denuncia criminal en contra de los controladores del grupo Penta: Carlos Délano y Carlos Lavín, como posibles autores de delito tributario. A ellos se les imputa la utilización de boletas de honorarios falsas de sus esposas, accionar que tuvo por fin disminuir la base imponible del impuesto a la renta de la Sociedad Inversiones Penta III Limitada.

En una arista distinta de esta causa, el Ministerio Público les investiga por financiamiento ilegal de campañas políticas, en operaciones que han favorecido, fundamental aunque no exclusivamente, a parlamentarios de la propia UDI.

Entre los beneficiados por el oscuro y aparentemente ilegal sistema de financiamiento de campañas –según nombres entregados por el ex gerente general de Penta, Hugo Bravo- se encontrarían Ena Von Baer, Iván Moreira, Laurence Golborne, Pablo Zalaquett y José Antonio Kast (todos de la UDI) y el ex ministro de Hacienda, Andrés Velsaco. 

El codueño y cofundador de Penta, Carlos “choclo” Délano ha sido un gran financista de campañas políticas de la UDI y fue jefe de las campañas presidenciales de Joaquín Lavín.

Incluso ganó cierta fama de gurú electoral luego que se le adjudicase la paternidad del slogan de la campaña presidencial de 1999, “¡Viva el cambio!” Pero su imbricación con ese partido tiene que ver también con su historia personal y familiar: es tío del presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva. Las redes de Carlos Lavín con la UDI y el resto de la elite son similares.

Según ranking elaborado por la Universidad del Desarrollo, Penta figura en el puesto 14 en el escalafón de la riqueza nacional. Entre las empresas de este conglomerado destacan: Banmédica, Banco Penta, Penta Security y Penta Vida.

Sabemos que el financiamiento a las campañas no es gratuito: busca su retribución a través de favores políticos. Por lo mismo, cabe inferir que los parlamentarios financiados por Penta -y por otros grupos económicos- están siendo mandatados ya no por el pueblo soberano, como corresponde en una democracia, sino por los dueños del capital, lo que es propio de un régimen oligárquico, plutocrático.

Penta no es el único grupo económico que en dictadura ejecutó el saqueo legalizado de nuestro país y que está vinculado a la UDI. Julio Ponce Lerou y José Yuraszeck, se hicieron ricos en procesos de privatización fraudulenta que manejaron en su abierto beneficio. De ejecutivos de Soquimich y Endesa, pasaron en pocos años a ser parte de sus dueños. ¿O no?

Cabe recordar que, aunque beneficiario principal del financiamiento de las campañas, la UDI no es el único grupo político que recibe jugosos aportes empresariales, como la información oficial  puede corroborar.

La corrupción en la política no es aceptable y debe ser penalizada, al menos, con el mismo castigo que recibe el delincuente que asalta pistola en mano a un inocente peatón.

La hipocresía

Tanto o más duro que la caída en desgracia de Penta, es para la UDI la recientemente decretada condena contra el sacerdote John O’Reilly por abusos sexuales contra una niña estudiante del Colegio Cumbres, imputación que lo podría llevar en brevísimo plazo a la cárcel.

Este establecimiento llegó a ser el preferido de la casta política y económica dirigente del país y por cierto de los principales dirigentes de la UDI.

La cercanía de este partido con O’Really y los Legionarios de Cristo puede graficarse en el hecho que, con ocasión de la celebración de los 25 años de sacerdocio de este sacerdote irlandés, realizada en diciembre de 2000 en el Colegio Cumbres, asistió la plana mayor del partido gremialista que estaba encabezado por el entonces diputado, Pablo Longueira.

Los Legionarios se instalaron en Chile, en 1980, en momentos que la derecha y la oligarquía estaban distanciadas de la oficialidad de la Iglesia Católica, que estaba dirigida por el defensor de la dignidad humana Cardenal Raúl Silva Henríquez.

De acuerdo a lo que se afirma en el libro Legionarios de Cristo en Chile, “partidarios y detractores coinciden en que la llegada de O’Reilly le dio un nuevo impulso al crecimiento de (esta) congregación en Chile. Gracias a él, los contactos con el empresariado y la derecha chilena se incrementaron”.

O’Really llegó a ser hombre cura de confianza de Eliodoro Matte, Agustín Edwards, Andrónico Luksic y Ricardo Claro. Su influencia llevó a la Cámara de Diputados a concederle la nacionalización por Ley (por gracia) el 20 de agosto de 2008, por 66 votos a favor, ninguno en contra.

La debacle de este sacerdote propina, directamente, un misilazo bajo la línea de flotación de la UDI y de toda la hipócrita elite chilena, sector que ha tenido en su pretendida superioridad moral, el fundamento ideológico primordial de todos sus abusos.

Manos manchadas

Como si lo anterior fuera poco, éste lunes 20 de octubre el ex agente de la DINA y ex alcalde de Providencia Cristián Labbé, fue procesado y  detenido por su participación en la asociación ilícita que operó en el regimiento Tejas Verdes, de San Antonio, lugar en el que se cometieron los crímenes más abominables de nuestra historia.

Este ex alcalde –quien llegó a ser secretario general del Gobierno dictatorial de Pinochet- fue respaldado por la directiva de la UDI, cuyo presidente, el diputado Ernesto Silva fue a visitarlo al Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, donde permaneció detenido.Silva reclamó a propósito de esta detención que en Chile “no hay igual trato ante la ley”.

El hundimiento de Labbé es durísimo para la UDI porque su presencia en la política activa nacional -de alguna manera- era una notificación al conjunto de la sociedad de que hasta los indviduos más abyectos deben ser aceptados como parte de la clase dirigente que rige nuestro país.

No olvidemos que Labbé propició el homenaje al asesino en serie Miguel Krassnoff Martchenko el que se realizó el 21 de noviembre de 2011, en el Club Providencia.

Desenlace

Este triple golpe contra la UDI es letal puesto que llega en circunstancias en que las ideas que esta tienda política impregnó al conjunto de la sociedad (chorreo económico, consumismo y endeudamiento, apertura a inversión extranjera, privatización de bienes y servicios públicos) están siendo derrotadas en el plano de la batalla de las ideas.

Si a esto le sumamos los cambios al sistema electoral y de financiamiento en las campañas, no es extravagante pensar que lo que le espera al gremialismo es la jibarización, la irrelevancia o de lleno su muerte.

Por ser un jugador clave en la institucionalidad de la democracia protegida, diseñada por el líder gremialista Jaime Guzmán Errázuriz e implementada por la Junta Militar, la caída de la UDI debe interpretarse como el desbarrancamiento de una de los pilares (quizás el garante) de la institucionalidad pos dictatorial.

Lo anterior inevitablemente acelerará el debate respecto a la necesidad de una Nueva Constitución vía asamblea constituyente como paso necesario para el fin de la pos dictadura y comienzo de la instalación de un sistema verdaderamente democrático, en lo político, económico, social y cultural.

Rompiendo con la herencia de la generación de sus padres y abuelos, cuyos liderazgos –en su mayoría respondían a ideologías totalizadoras, racionalistas, europeocéntricas y decimonónicas, burocráticas y jerarquizadas, estos nuevos movimientos sociales se despliegan horizontalmente y prescinden de esas doctrinas.

El destacado sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein ha llamado a esta movilización mundial como “el nuevo movimiento internacional por la justicia social”.También podríamos llamarlo, el movimiento mundial por el bien común.

Las más visibles actuaciones de este movimiento se vienen desarrollando desde 2011 y tienen sus mayores hitos en la primavera árabe, los movimientos de “ocupación” en Estados Unidos, las protestas de los indignados de España y Grecia y, por supuesto, las grandes manifestaciones medioambientales y estudiantiles de Chile.

Más allá de estos hitos, por todas partes, se expande la defensa de las comunidades; el cuidado del medioambiente y el consiguiente rechazo a la contaminación; la lucha por la democratización de la educación, la cultura y el conocimiento; la defensa de los derechos humanos y animales.

Lo que en algún momento la sociología definió como los “nuevos movimientos sociales” para caracterizar a aquellos que no se definían en torno al conflicto de clases propio de sociedades industriales, están hoy copando la agenda política con sus temas y están presionando por grandes transformaciones que se han instalado en el seno de la discusión política.

De ahí la preocupación de las élites y su despliegue mediático y político contra los cambios y en pos de una agenda que criminalice la justa protesta social, que es lo que hoy ocurre en Chile.

De acuerdo a lo que expresó Wallerstein en su artículo El segundo viento del movimiento internacional en pos de la justicia social, estos movimientos – fundamentalmente juveniles- “por todas partes han podido mantener su énfasis en una estrategia horizontal.Los movimientos no son estructuras burocráticas sino coaliciones de múltiples grupos, organizaciones y sectores de la población. Siguen trabajando duro en debatir de modo continuo sus tácticas y sus prioridades, y están resistiendo el volverse excluyentes”.

Este proceso de construcción conjunta de la transformación social, ha reivindicado a la asamblea –al ágora- como espacio privilegiado para mejor resolver.

Esto es quizás el mayor legado que le dejó a Chile el gran movimiento estudiantil de 2006 conocido internacionalmente como “la rebelión de los pingüinos”.

La clase política traicionó esa gran movilización llevando adelante un programa legislativo que en nada acompañó los anhelos de esa valiente juventud que ya buscaba acabar con la educación de mercado y reconstruir la educación pública bajo la noción de restitución del bien común y de un proyecto de nación democrático e incluyente.

Pero nada de eso sucedió lo que quedó en evidencia al promulgarse la Ley General de Educación, por medio de la cual se apostó a la consolidación del modelo vigente en educación. Esto constituyó, aparentemente, una derrota del movimiento estudiantil.

Sin embargo, las enseñanzas de los procesos radicalmente democráticos y poco burocráticos que los pingüinos mostraron a todo el país quedaron grabadas a fuego en la memoria del movimiento social.

Y, muy probablemente alimentado de esta experiencia, es que sólo un lustro después, el 2011, surgieron las grandes protestas juveniles en defensa del medioambiente y por la democratización de la educación y las grandes revueltas de Magallanes, Aysén y Freirina.

Estas protestas, en su conjunto y densidad, pusieron en jaque todo el modelo de (sub) desarrollo instalado tras el golpe de 1973 e instalaron en el centro del debate los grandes temas como la renacionalización de los recursos naturales y la necesidad de construir un nuevo orden por medio de una asamblea constituyente.

En estas protestas los protagonistas no fueron los burócratas (el jefe de un partido o los dirigentes de la CUT) sino que fueron las asambleas democráticas y soberanas, conformadas por y para la coyuntura y representadas por sus voceros o voceras.

En estos y otras expresiones de protestas y de reconstrucción del poder popular hemos podido ver que la participación juvenil ha sido determinante, aunque esto no sea reconocido por los defensores del modelo -tanto en cultura, economía o política- quienes prefieren estigmatizar a la juventud popular como delincuentes, vagos o drogadictos, desconociendo con ello su inmenso y desinteresado aporte a la sociedad.

Como resultado de esta discriminación –que es más que centenaria en Chile- los jóvenes siguen sin ser escuchados. Basta con ver la televisión para darse cuenta que su voz es poco y nada considerada en los programas informativos y culturales. Por cierto que aparecen, pero más que nada vinculados a programas de farándula que banalizan su propio existir.

Los jóvenes son marginados de nuestra sociedad puesto que, salvo aquellos que provienen de estratos sociales muy acomodados, no tienen los recursos necesarios como para tener acceso a los bienes materiales, culturales e incluso educacionales que han sido convertidos en bienes de consumo.

En los colegios los estudiantes fueron privados de la educación cívica, y de horas de filosofía, artes y de todo aquello que llame a la reflexión o que los acerque a la belleza ¿Merecen ese castigo?

La promesa de la “reforma educacional”de principios de los noventa, de ampliar la jornada escolar con más deporte y artes se diluyó como tantas otras promesas.Las horas extras terminaron convirtiéndose en más de lo mismo.

Evidentemente que en este contexto, entre los jóvenes surgen movimientos que cuestionan el actual modelo económico y político vigente el que a sus ojos y con toda razón se les aparece como nefasto. Pero nuestra particular democracia, en vez de buscar incluirlos y hacerlos más partícipes de las decisiones que a todos nos afectan, las más de las veces los excluye y criminaliza perpetuando la injusticia.

Expresión de este trato casi policial de sus problemas es la promulgación –en 2005- de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que eliminó el examen de discernimiento e hizo a todos los jóvenes mayores de 14 años como responsables ante la ley. Sin embargo, esta determinación no fue acompañada con otras medidas que reconocieran esta capacidad de discernimiento que se estableció respecto de los adolescentes.

El gran abogado de derechos humanos y extinto diputado socialista, Juan Bustos, abordó este problema en una moción ingresada en octubre de 2007 (Boletín 5419-07) en la que se proponía legislar para rebajar la edad mínima para votar en elecciones municipales de los 18 a los 14 años.

En la fundamentación de este proyecto, Bustos expresó en relación con la citada ley de responsabilidad penal adolescente.

“Se infiere que los fundamentos de la responsabilidad jurídica de un adolescente, sirven perfectamente para justificar una mayor participación política de éste, ya que, en virtud del principio de unidad del Derecho y del ordenamiento jurídico, si un sujeto es responsable penal y civilmente, está también capacitado para el ejercicio de un derecho político como el derecho a sufragio.”

Aunque nos queda mucho por recorrer en lo que se refiere al reconocimiento de derechos políticos a los adolescentes, algo hemos avanzado. En 2006 conseguimos promulgar la Ley 20.131 –que impulsé y patrociné- que posibilita que los jóvenes de 14 años puedan votar en elecciones de juntas de vecinos, normativa que se encuentra plenamente vigente.

En 2012 presentamos, junto a los senadores Eugenio Tuma y Jaime Quintana, un proyecto de ley que rebaja el derecho a voto de los 18 a los 16 años y en casos de elecciones municipales a 14 años (Boletín 8.680-07), el que se encuentra en tramitación.

Ya es tiempo que reconozcamos la importancia de nuestra juventud, y le abramos de par en par las puertas de la política. Ellos, más que el futuro, son el presente de Chile y, por lo mismo, debemos incorporarlos a los procesos de elección de las autoridades que a todos nos rigen.

Cabe consignar en este sentido que, según una encuesta encargada por el Instituto Nacional de la Juventud en 2013, sólo el 3,3% de los jóvenes siente que su opinión cuenta en el país. En contrapartida, la mayoría de los jóvenes (90,3%) cree que como grupo etario son un aporte para la sociedad y 89,9% cree que debiesen tomarse medidas para mejorar su participación.

Reducir la edad de voto entre los jóvenes no es descabellado, y conviene visualizar lo que han sido los hitos de la ampliación del derecho a voto para entenderlo. Hasta 1874 –año en que se otorgó derecho a voto a todos aquellos que sabían leer y escribir, sin considerar la magnitud de sus bienes- el sufragio era censitario, esto es, restringido a una porción de la población, específicamente la que se ubica en la cima de la pirámide social.

Hasta 1949 –en que se promulga la ley 9.292- “las mujeres carecían de la posibilidad universal de hacer uso de su ciudadanía y votar en igualdad de derechos”. Además, sólo en 1969 se viabilizó el voto de los no videntes y en 1971 el de analfabetos.

Ya es tiempo que en Chile reduzcamos la edad mínima para votar de los 18 a los 16 años en elecciones presidenciales y parlamentarias, y a los 14 años en casos de elecciones municipales. Si tomásemos esa medida, aproximadamente un millón de chilenos se podrían integrar a las discusiones y decisiones, proceso que oxigenaría nuestra democracia.

Por todas partes se multiplican los ejemplos que reconocen –con el otorgamiento de derecho a voto- el criterio y el aporte de los más jóvenes. Es lo que vimos en el reciente referéndum sobre la independencia de Escocia, en que por primera vez se permitió sufragar a quienes tenían 16 años cumplidos.

Lo anterior no es un hecho aislado sino una corriente de alcance mundial. En Cuba, Ecuador, Argentina y Brasil -por mencionar países cercanos- los dieciseisañeros ya tienen derecho a voto.

¿Por qué no podríamos tomar esta medida si en nuestro país es la juventud el principal motor de cambios que son imprescindibles hacer si lo que queremos es la justicia social y ambiental?

Esta ley de Amnistía de Pinochet es en realidad una ley de amnistía al revés puesto que su verdadero objetivo era proteger a los criminales de la dictadura. Anular el Decreto- ley de amnistía es derrotar el principal símbolo de la impunidad en Chile lo que sin duda es un gran avance para nuestra todavía incompleta democracia.

Por eso es necesario saludar la valentía de la presidenta Michelle Bachelet que consiste en dar este paso tan importante en un momento complejo de la vida económica y social del país.

En estos momentos de satisfacción por la gran importancia del paso que pronto estaremos en materia de protección de los derechos humanos, es preciso hacer memoria respecto de algunos hitos relevantes relacionados con la aplicación de este Decreto-ley de amnistía al revés.

La semilla de Almonacid

Luis Almonacid Arellano era un dirigente comunista de Rancagua. El 16 de septiembre de 1973 una patrulla militar llegó a su casa a buscarlo. Lo sacaron violentamente sin darle tiempo siquiera para terminar de ponerse su ropa. A la vuelta de la esquina lo ametrallaron. Su viuda, Elvira Gómez Olivares, acudió inmediatamente en su ayuda y fue seguida de sus dos pequeños hijos a quienes pidió que volvieran a casa.

Elvira vio a su marido agonizante y vio como militares lo arrojaban –aun con vida- a un vehículo militar como si fuera un saco de papas. La pena, el horror, la conmoción hizo que se le desprendiera la placenta y que perdiera la güagüa de ocho meses que tenía en su vientre. Un día después de estos luctuosos hechos, moriría Almonacid cuyos restos se encuentran en el cementerio de Rancagua. En su tumba se puede leer.

“Luis Almonacid A. (19-8-1931/17-9-1973). Creyeron que te mataban con una orden de ¡Fuego! Creyeron que te enterraban y lo que hacían era enterrar una semilla”.

Ahí comenzó un ejemplar peregrinar en pos de la justicia. En dictadura casi nada se pudo avanzar. Ya en democracia la Corte Suprema entregó este caso a la Justicia Militar la que lo derivó al Segundo Juzgado Militar de Santiago. Este -en enero de 1997- sin realizar ninguna diligencia investigativa dispuso el “sobreseimiento total y definitivo” de esta causa en aplicación del Decreto Ley 2191.

En sus fundamentos, el citado tribunal militar aseguró que “la amnistía es una institución que, fundada en la seguridad jurídica, en cierta medida prescinde de la justicia con el objeto de obtener la paz social, fin último y esencial del derecho que da razón a su existencia”. En marzo de 1998 la Corte Marcial ratificó la citada resolución expresando que “la amnistía es una causal objetiva de extinción de la responsabilidad criminal”.

Luego que la viuda de Almonacid presentara un recurso de casación alegando que la amnistía no tenía cabida en casos de delitos internacionales y de lesa humanidad como el cometido en contra de su esposo, la Corte Suprema -en fallo de 16 de abril de 1998- confirmó la decisión de la Justicia Militar.

Este agotamiento de las instancias internas y la necesidad inextinguible de obtener justicia llevó a la familia de Luis Almonacid a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que decidió pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En octubre de 2006 este tribunal internacional condenó a Chile por amnistiar a los autores del asesinato de Almonacid Arellano, lo que –entre otros aspectos- obligaba a nuestro país a abolir el Decreto Ley 2191.

En su fallo este tribunal –cuya existencia fue establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Chile en 1990- definió el DL 2191 como de “autoamnistía” manifestando que este “tuvo el efecto de cercenar de forma definitiva el procedimiento judicial que tenía como objeto la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables del asesinato de Almonacid”.

Asimismo la Corte IDH determinó que el homicidio de este militante de izquierda fue un crimen de lesa humanidad cuya penalización es obligatoria para el derecho internacional.

En dicho fallo se sostuvo claramente que las leyes de autoamnistía “conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos e indudablemente afectan derechos consagrados en ella.Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad internacional del Estado”.

Por medio de la mencionada sentencia se determinó que “el Decreto Ley 2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para investigar los hechos que constituyen este caso (Almonacid) ni para identificar y castigar a los responsables ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

Dicho dictamen es de aplicación obligatoria para los tribunales chilenos lo que significó un golpe de muerte para el citado decreto ley.

El proyecto de 2006

En abril de 2006 presenté -junto a los senadores Mariano Ruiz Esquide, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier- el proyecto de ley que buscaba anular la amnistía y que es el que ahora la presidenta Bachelet pone en valor.

Nuestro proyecto en vez de derogar la amnistía al revés de la dictadura (dejando intacta su aplicación previa) la anula, por ser inconstitucional y por haber sido dictada en contra de los preceptos básicos del derecho internacional de derechos humanos.

Por lo mismo, todas las causas cerradas o sobreseídas en virtud de la aplicación de esta ley, tendrán que reabrirse para ser juzgados como corresponde.

Los tres artículos del citado proyecto son:

Art. 1°.- Declarase insanablemente nulo por inconstitucional, el Decreto ley N°2191 de 19 de abril de 1978.

Art. 2°.- El Decreto ley N°2.191, carece de todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penales, civiles, administrativas y militares emergentes de los hechos que ella pretende cubrir, siendo en particular inaplicable a ella el principio de la ley penal más benigna establecido en el art. 18 del Código Penal.

Art. 3°.- Se declara que son inamnistiables e imprescriptibles todos aquellos crímenes y simples delitos perpetrados por funcionarios públicos o particulares durante un período de interrupción constitucional, que cometidos individual o masivamente puedan ser calificados como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, de conformidad a los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como por los Principios Generales del Derecho Internacional.

Finalmente cabe señalar que tras la anulación de la ley de amnistía -uno de los últimos vestigios de la dictadura militar- la principal tarea que nos queda como sociedad si lo que queremos es terminar con nuestra eterna transición es dar forma, construir una nueva Constitución, la que debe ser discutida y votada por todos los chilenos donde una ley de esta naturaleza no tiene cabida alguna.