Sin embargo, es indudable que cuando existen más candidatos jóvenes, la participación de éstos aumenta, basta con mirar la alta concurrencia juvenil de las mesas electorales en las cuales participaron Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo y KarolCariola. Pero, cuando el discurso del candidato logra ser más juvenil y transformador que su apariencia, los jóvenes se inclinan abiertamente por las ideas, más que por las figuras.

Berni Sanders, senador socialista, y participante de la primaria demócrata en la carrera presidencial de EEUU, es el candidato más longevo en participación. Nacido el 8 de septiembre de 1941, Sanders tiene actualmente 74 años, 30 años más que el candidato más joven en la carrera Norteamérica, Marco Rubio de 44 años. A pesar de su edad, su pelo blanco y su apariencia de papá Noel, el hombre que marchó en los sesenta junto a Martin Luther King por la igualdad racial, hoy gana por amplia mayoría el apoyo de los jóvenes americanos.

Sanders, ha planteado la necesidad de reformular el sistema económico norteamericano, cuna del capitalismo mundial, generar igualdad de pago entre similar trabajo de hombres y mujeres, respetar y consolidar el pos natal de las mujeres trabajadoras en EEUU y generar un sistema de acceso igualitario a la salud, entre varias otras propuestas de corte “Socialista” o “Progresista”.

¿Cómo es qué el país cuna del libre mercado y la libertad del emprendimiento, hoy ve a un candidato de 74 años, socialista, recibir el apoyo mayoritario de los jóvenes?

¿Será acaso que el sistema económico imperante, si bien ha logrado generar riquezas, ya no puede contener las desigualdades sociales que el mismo forja?

Los jóvenes Norteamericanos hoy nos demuestran que no basta con ser joven para recibir su esquivo voto, sino que desde ahora en adelante, la generación “Milennium” clamará por candidaturas que pongan el acento en la disminución de las desigualdad sociales, y la necesidad de un sistema justo de equidad, de oportunidad, incluso  aunque estas propuestas provengan del más longevo de los oferentes.

Ffinalmente los jóvenes han despertado, y votarán por las ideas y no por las apariencias.

En el marco de esta instancia es relevante preguntarse respecto de los desafíos que enfrentamos como país en los temas de igualdad de género, puesto que tras las importantes mejoras, emergen nuevos desafíos.

El Observatorio de igualdad de Género de la Cepal pone énfasis en el concepto de autonomía como principio básico para abordar las políticas al respecto. En este sentido, destaca que la autonomía física, económica y de toma de decisiones son tres pilares fundamentales para avanzar en una mayor igualdad.

Al respecto, en Chile hemos avanzado en materia legal en lo relativo a violencia contra la mujer, el femicidio, participación laboral y se discuten incentivos a la participación en política; a la vez que se ha instalado con fuerza en el imaginario colectivo que la discriminación y violencia de género es inaceptable.

En septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó  el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, un plan de acción con 17 objetivos de desarrollo sustentable y 169 metas, que buscan lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio que no se alcanzaron. En esta hoja de ruta se establece como foco el “hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas”.

La declaración es explícita y pone sentido de urgencia respecto de la necesidad de instalar una perspectiva de género en las políticas públicas. En concreto sostiene que “no es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades. Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles.”

Como mencioné, es indudable que en Chile hemos evolucionado positivamente en varios de estos ámbitos, tales como la violencia, el acceso a educación y salud o la participación política. Prueba de ello es que hoy la primera magistratura es ocupada -por segunda vez- por una mujer y hay representación femenina en las más altas esferas del poder, incluyendo el Congreso y la Corte Suprema.

Este avance también lo constata, por ejemplo, el Gender Gap Index 2015, un indicador del World Economic Forum, que señala que el número de parlamentarias, altas funcionarias y directivos mujeres en nuestro país ha aumentado.

Sin embargo, hoy estamos frente a nuevos desafíos que requieren ser abordados con perspectiva de género.

El ámbito de la alta dirección de empresas, especialmente en el marco de las políticas de gobierno corporativo, es uno de los temas emergentes donde se ha generado un debate interesante respecto de cómo garantizar la participación femenina. Lo positivo es que no hay discusión respecto del beneficio para las empresas al contar con mujeres en los más altos niveles ejecutivos y en sus directorios; la evidencia contundente agotó el debate.

La mayoría de los países desarrollados optó por fórmulas de cuotas de género en directorios y de hecho un grupo de parlamentarias chilenas planteó una iniciativa en esta línea. No obstante hoy en día ha tomado fuerza el modelo “comply or explain”, el que me parece altamente atractivo y que concita un apoyo creciente.

El modelo “comply or explain” fue introducido como concepto en 1992 en el llamado “Cadbury Report” (en honor a quien lideró el consejo que lo elaboró, Adrian Cadbury) que estableció los principales lineamientos de las normas de gobierno corporativo que hoy se aplican en Europa y Estados Unidos.

En lo fundamental, propone que los entes regulatorios de los mercados establezcan –en lo que a inclusión de mujeres se refiere- una proporción deseable de participación femenina en los directorios y en caso de que las empresas no la alcancen, les exija explicar públicamente el porqué.

Así, países como Australia, Inglaterra, Alemania y Holanda han implementado códigos de gobierno corporativo bajo este principio y los resultados han sido muy positivos. A modo de ejemplo, el  “The Female FTSE Board Report 2015”, de la Universidad de Cranflield, Inglaterra, muestra que desde que se adoptó este modelo en Inglaterra, se consiguió aumentar desde un 12,5 % de participación de mujeres en los directorios de las 100 primeras empresas en bolsa, a un 23,5 % en 2015.

En octubre de este año se llevará a cabo la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en Montevideo, Uruguay. No me cabe duda que tendremos muchos progresos que mostrar como país, pero igualmente importante un diagnóstico claro respecto de los nuevos retos que se presentan y una agenda de trabajo para abordarlos. Sin embargo, el desafío no es solo público sino también del sector privado porque si la norma no obliga la ética es un buen driver.

Lo dicho es lo que un buen lector puede experimentar luego de leer el último libro que ha publicado el senador independiente por la Región de Aysén Antonio Horvath. En efecto, en su reciente libro publicado nos entrega un profundo y esclarecedor estudio sobre las energías renovables no convencionales (ERNC) de que Chile dispone en abundancia y que lo constituyen en un país privilegiado, si se decidiera a explotarlas convenientemente, en lugar de recurrir a la importación de energías fósiles y a la destrucción de su ecología mediante la construcción de centrales hidroeléctricas innecesarias.

A todas luces, el senador Horvath hace un gran aporte a su región y al país entero mediante la publicación del mencionado libro. ¿No podrían otros parlamentarios realizar estudios de tal trascendencia en diferentes ámbitos de sus competencias? Eso sería digno de su alta investidura y suculentos ingresos. Así estarían “haciendo la pega”, que es lo mínimo que todos los ciudadanos esperamos de su parte.

El ministerio de Energía debería considerar muy seriamente el estudio realizado por el senador de la región de Aysén, pues en esa cartera deberían estar los profesionales más idóneos para apoyar o refutar las afirmaciones que plantea el senador Horvath, como, por ejemplo, que Chile está en condiciones de multiplicar varias veces su actual potencial energético, con el consecuente beneficio público y privado, incluso pudiendo exportar energía a otros países de la región y del mundo. El ministro Máximo Pacheco podría felicitar al senador y agradecerle su aporte o bien decirle caballerosa y fundadamente que está “metiendo la pata”, si ese fuere el caso.

No cabe duda de que los chilenos llevamos un largo tiempo sin sentirnos orgullosos de nuestra clase  política. Por desgracia, ya no destacan, como sucedía antaño, por sus brillantes planteamientos y aportes al mejoramiento de la sociedad. Hoy nos parecen seres lejanos que se mueven por ambiciones e intereses personales, incluso un grupo, de diferentes partidos, hace dudar de su verdadera capacidad intelectual. Ni hablar de lo ético.

Ante la proximidad de nuevas elecciones , resulta saludable examinar los aportes que cada parlamentario ha sido capaz de efectuar en beneficio de Chile. Si ha sido satisfactorio o bueno, que sea reelegido; de lo contrario, que se vaya para su casa y deje de profitar en su propio beneficio. No nos sirven los parásitos públicos. Chile necesita verdaderos servidores públicos, eficientes y probos. Todos los demás sobran y son un lastre.

Las últimas semanas fuimos testigos en Chile precisamente de las tensiones en torno al monopolio del poder. Afloraron resistencias que, en el marco de la discusión sobre la Ley de partidos políticos y fortalecimiento de la democracia, algunos congresistas expusieron para rechazar o abstenerse de aprobar una medida como las “cuotas” en directivas y órganos colegiados de los partidos políticos.

La equidad entre hombres y mujeres, ha sido parte de la agenda de los procesos de transición en América Latina, sin embargo la igualdad efectiva aún es lejana. Sin duda las cuotas han favorecido que la representación de mujeres aumente a 30% en promedio en los parlamentos de países que las han implementado, pero es insuficiente. En las elecciones parlamentarias de 2017 recién se estrenará en Chile este mecanismo esperando aumentar el 15% de mujeres en el Congreso.

El Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción recomendó el principio de paridad de género como parte de los nuevos estándares para la democracia interna de los partidos. El espíritu original del proyecto de ley de partidos políticos, que logró mantenerse finalmente, busca asegurar que ninguno de los sexos supere el 60% en la integración de los órganos colegiados y directivas.

Revolución Democrática ha dado esa discusión desde sus inicios hace 4 años. Hoy en pleno proceso de conformación de partido sus estatutos garantizan participación equilibrada 40-60% donde ningún sexo debe superar al otro en conformación de listas a directiva nacional y a su consejo político. Y esto funciona: la directiva nacional está compuesta por tres mujeres y dos hombres, y de 7 consejeros nacionales, 4 mujeres han sido elegidas recientemente.

Es de esperar que la discusión sobre la Ley de Partidos no solo permee a las cúpulas partidarias.Además, que las bases políticas tomen plena conciencia que abrir la democracia significa, entre otros temas, actuar para que los grupos discriminados históricamente tengan representación efectiva. Esto es parte de lo que esperamos, por ejemplo, en las instancias de participación del proceso constituyente y en la definición de mínimos programáticos para las próximas elecciones municipales.

Gabriela Mistral lo decía claramente en el periódico “La voz de Elqui” el 8 de marzo de 1906: “Honor a los representantes del pueblo que en sus programas de trabajos por el incluya la instrucción de la mujer; a ellos que se proponen luchar por su engrandecimiento ¡éxito y victoria!”.  Las mujeres no solo queremos votar en las próximas elecciones, queremos construir los programas y decidir el país que habitamos.

La paridad parece una quimera a estas alturas. Que deje de serlo, depende no solo de las acciones que promuevan mujeres políticas y organizadas en la sociedad civil, también de quienes conducen procesos políticos de entender que una democracia fortalecida también es con todas.

Hay que sobreponerse a este nefasto escenario de disgregación, pugnas, recriminaciones o simple división. Se debe retomar esa antigua y no superada máxima del principio de sumar fuerzas, tan simple y certera como poner lo que une por encima de lo que separa, lo que nos convoca como lo primordial.

En tal sentido, hay que rememorar la historia y volver nuevamente a aquilatar los hechos que motivaron el acuerdo político programático que hizo posible la configuración del actual ordenamiento de fuerzas en el país.

La efervescencia social que remeció el gobierno anterior, aquella soberbia administración autodefinida como de “excelencia”, atrapada en sus propios conjuros como prometer una “revolución educacional” que jamás estuvo en sus planes, se presentaron energías sociales inesperadas, que fueron más allá de una mirada crítica a la gestión piñerista y se asociaron con dilemas muy profundos del país; en particular, un rechazo a la permanencia de un sistema de enseñanza segregador y excluyente.

Desde la Educación, en la ciudadanía se evolucionó rápidamente al desafío de la lucha contra la desigualdad que, desde hace años, señalamos como la causa estimulante del malestar o del descontento, muchas veces difuso, en amplios sectores ciudadanos.

Como es lógico en democracia había otras opiniones, también fundadas en diversos ingredientes del acontecer nacional, como que el problema central estaba en las llamadas “formas de hacer política” que en algún tiempo se enfatizaron muy intensamente como lo fundamental, sobretodo en sectores liberales de la entonces Concertación; o los temas del medio ambiente, que en una franja transversal de intelectuales apareció como primordial.

Sea como hayan ocurrido los procesos, el hecho es que el tema de la desigualdad se instaló como no se había instalado antes y el Programa presidencial lo adoptó como el factor primordial y orientador de las reformas estructurales a realizar en el segundo gobierno de Bachelet.

Las formaciones políticas de la Nueva Mayoría se unieron para dar respuesta a ese gran anhelo nacional. Este convencimiento se entronca con la ya dilatada brega que por la justicia social vienen librando los Partidos históricos de este bloque por los cambios, desde el más que centenario Partido Radical, incorporando al Partido Comunista, el Socialista, la Democracia Cristiana y el PPD; en su génesis todas son fuerzas cuya contribución a Chile, va más allá de cualquier diferencia en la contingencia.

En su conjunto han impulsado  el progreso social en el país, el propio desarrollo del Estado Nacional, su necesaria separación con la Iglesia, la industrialización desde la CORFO, el sistema de Educación Pública, la reforma agraria y la modernización de la agricultura, la recuperación del cobre y de las riquezas básicas, la extensión de la infraestructura y las obras públicas; así como, impulsaron los derechos de los trabajadores, del campesinado, la mujer y la juventud.

Asimismo, se comprometieron con la libertad de culto, el respeto de las minorías discriminadas y por los derechos de los pueblos indígenas. Y cuando fue la hora más difícil, dieron lo mejor de cada una de ellas para recuperar la libertad perdida bajo la dictadura.O sea, hicieron todo lo que les fue posible por Chile.

Entonces, en la mirada larga se pone de relieve el aporte histórico que a esas organizaciones políticas les ha dado vigencia, raíces y sentido nacional. Ante ello, no hay que perderse y trabajar mirando al futuro, que no debiese tener otro objetivo, que no sea echar las bases de un acuerdo político que de continuidad a las fuerzas de la Nueva Mayoría, con vistas a que el proceso de reformas traspase los límites de un solo gobierno y pueda dar un nuevo paso adelante con la coherencia, el realismo y la capacidad de cambios que hoy Chile necesita.

Por esto, resulta evidente que no da lo mismo que exista una comuna –me refiero a Ñuñoa- donde se han destinado 15 mil millones de pesos de las arcas municipales a la construcción de un edificio que aún no entra en funcionamiento y que, más aún, su futuro es totalmente incierto.

La mal llamada “Clínica de Ñuñoa” es un proyecto mal concebido desde su origen hace siete años. Una inversión de tal envergadura es insostenible para un municipio y, por consiguiente, la solución más cómoda es licitar al sector privado, que es la idea original del renunciado Alcalde Pedro Sabat. Y es ahí donde surge motivo del reparo mayor.

¿Es concebible que un municipio gaste tal cantidad de dinero en construir un recinto para que, finalmente, éste se licite a un privado que lucrará con la salud de la comunidad? Mi respuesta es no.

El también llamado “elefante blanco de Ñuñoa”, incluso sin estar operativo, requiere anualmente de más de mil millones de pesos para su mantención. Por esta razón hoy se pone en duda el traslado del servicio de Urgencia Comunal  más el Cesfam Salvador Bustos a los dos primeros pisos del edificio. La situación se agrava si pensamos en la gran crisis económica en que dejó Pedro Sabat al Municipio, y que operar estos servicios costaría cuatro veces más de su costo actual.

El déficit en las arcas municipales tiene de manos atadas al actual Alcalde Andrés Zarhi, quien en la sesión de Concejo Municipal del pasado martes 12 de enero, propuso licitar la administración de este recinto, considerando pedir un trato preferencial para los habitantes de la comuna, como parte de las bases de adjudicación. Es una salida desesperada e inconcebible. No es posible apoyar el lucro a costa de la comunidad de Ñuñoa, pues los fondos públicos deben utilizarse para beneficio de sus habitantes.

Es urgente explorar otras alternativas, como reevaluar con el ministerio de Salud la incorporación del edificio a la red del Servicio Metropolitano Oriente, algo que se intentó durante el Gobierno de Sebastián Piñera, pero que fue rechazado por el entonces titular del Minsal, Sergio Mañalich. Sería una muy buena opción para descomprimir la gran demanda que tiene hoy el Hospital del Salvador, donde se atiende una parte importante de población ñuñoína usuaria de la red pública de salud.

El convenio con universidades públicas y acreditadas es otra posibilidad, aportando a la formación de especialistas y beneficiando, al mismo tiempo, a la comunidad de Ñuñoa al abrir una opción para contar con más de estos profesionales. Cualquiera sea la solución, porque pueden haber otras, es imprescindible que sea discutida por los concejales, que son los representantes electos por la comunidad. La salida no puede significar la pérdida de la inversión ya realizada, teniendo que pagar los vecinos y vecinas el costo de una irracional decisión.

Las opiniones son en general, respetuosas, pero muchas de ellas  parecen olvidar que la comunidad partidaria, exige la colaboración elemental en el trabajo político y que ello se hace eficiente en la medida que se respetan los acuerdos y las instancias para cambiarlos.  Las juntas nacionales de antes duraban dos días, a lo menos, y hablaban cientos de destacados líderes locales y nacionales. Esa es la asamblea natural donde debemos escucharnos.

La DC celebró un Congreso Ideológico y Programático que culminó el año 2007 y que no fue respetado por todos de buena fe y que, además, fue leído muchas veces en forma interesada.Dicho congreso, que rige los pasos del partido hasta hoy, fue un trabajo inédito, donde a lo menos participaron 5.000 personas en su proceso y unas 800 el día de la deliberación y aprobación final de sus conclusiones.

Los acuerdos allí establecidos fueron la base del programa del actual gobierno, especialmente en educación, reforma política y constitucional, fin de sistema binominal, reforma tributaria y reforma laboral, entre otras muchas materias. Esa nutriente es la base del programa del actual gobierno, más allá de buenas  o malas interpretaciones sobre sus puntos de detalle.

En el curso de este gobierno no se ha puesto en ejecución ninguna idea extrema que provenga, por ejemplo, del partido comunista, que ha propuesto nacionalizar recursos naturales, cosa que ni ahora sostiene en relación a las pesquerías.

Por lo tanto, constituye un exceso interesado sostener que dicho partido ejerce una influencia determinante en la conducción del gobierno, ya que ni siquiera tiene un miembro en el Comité Político. Llama la atención que dicho partido responda las críticas con injurias completamente destempladas y fuera de lugar, que expresadas al boleo afectan a toda la comunidad del partido.

La DC sólo debe apegarse a su doctrina, y debe aclarar en su próxima junta nacional, que el programa reformista es en su mayoría una buena expresión de los acuerdos de su último congreso.

Si eso hace en materias educativas, aborto terapéutico y en lo laboral, coloca en la balanza los intereses generales del mundo del trabajo y de la comunidad nacional, tan bien expresados en su congreso, y así podremos verla caminar tranquila, sin necesidad de hacerse eco de grupos interesados que han vaticinado y han actuado, desde la derecha y la izquierda para su extinción.No somos ni seremos un botín político para derechas ni izquierdas.

Una derecha entusiasmada en extremo con las ideas neoliberales y un socialismo liberal, hacen necesaria más que nunca, la expresión moderadora de un partido, que si bien se ha empequeñecido por generosidad excesiva y falsas modas, necesita dar expresión a un mundo cristiano, humanista y sereno que es en la práctica el que define los grandes momentos eleccionarios.

Hay que cuidar a la DC, especialmente sus militantes.

Como todos pudieron observar, desde nuestra llegada a la municipalidad,  desplegamos una intensa batalla contra la corrupción que se había apoderado de ésta durante las administraciones anteriores, ligadas a la UDI.  En este marco, nos propusimos recuperar para nuestra comunidad, una serie de bienes públicos que habían sido privatizados por los fundamentalistas del neoliberalismo y pusimos orden en las direcciones de patentes, tránsito y obras, que se presentaban como algunos de los nichos más duros del problema.

El ordenamiento de la casa fue una potente señal sobre el cambio profundo en cómo administraríamos una comuna que, hasta nuestra llegada, solo brillaba por emblemáticos casos de corrupción y por la destrucción de los aparatos públicos de salud y educación.

Toda esta batalla generó indignación en la UDI, que comenzó a ver cómo toda su cultura comenzaba a ser desmantelada y cómo se destapaban, una tras otra, las irregularidades sin precedentes que se erigían como su único legado.

La respuesta no se dejó esperar.Desarrollaron una estrategia cuyo único objetivo era la aniquilación política total del enemigo. Dispusieron de un equipo de abogados para estudiar y buscar cualquier excusa que sirviera para levantar acusaciones en nuestra contra y le ofrecieron a quien quisiera iniciar acciones legales, abogados y asesorías gratis.  Fracasaron una y otra vez.

Se abocaron luego a construir supuestos casos de corrupción, falseando o manipulando datos, tergiversando hechos y relacionando variables que nada tenían en común, con el único objetivo de dañar la imagen ante la opinión pública, de quien hace de rostro visible de este proyecto político.

Presentaron requerimientos al tribunal electoral, solicitando mi destitución y mi inhabilitación para ejercer cargos públicos, con acusaciones de notable abandono de deberes y supuestas faltas a la probidad.

Paralelamente presentaron dos querellas criminales: una genérica por prevaricación, que a pesar de haber sido presentada contra quien resultasen responsables, fue difundida por los medios de la derecha, como una acción personal contra el Alcalde. La segunda querella, con nombre y apellido, transformaba la acusación ante el Tribunal Electoral Regional en querella criminal.

Un dato relevante es que los abogados patrocinantes eran siempre los mismos: un militante de RN que alguna vez intentó ser candidato por la comuna y un viejo militante de la UDI, ex Director Jurídico de Providencia y coincidentemente, encargado de litigar contra la Municipalidad en defensa de las inmobiliarias comprometidas en casos de corrupción.

Una vez presentadas todas las acciones judiciales, la maquinaria de comunicación intentó hacer su trabajo.Algunos medios ligados a la derecha más dura, difundieron la noticia sin siquiera darnos derecho a réplica.En esta ocasión a la UDI no le importó ni el respeto a la presunción de inocencia, ni la dignidad de la persona humana con la que tanto se llenan la boca en estos días.

Por último, la honorable diputada Nogueira, la misma que tuvo que devolver dinero, luego de ser formalizada por cuatro casos de fraude al fisco, la misma que, como hoy reconoce el Sr. Orpis, le pagaba a sus asesores para que luego le devolvieran el dinero, difundió, escondida tras su fuero parlamentario, un video con un encendido discurso denostándome personalmente y hablando sin ningún tipo de vergüenza, sobre mí, como el Alcalde de la corrupción. 

Semanas después, ante una solicitud de investigación presentada por nuestra diputada Karol Cariola, Nogueira reconoció estar detrás de las miles de llamadas telefónicas realizadas en Recoleta para “consultar” si la gente estaba enterada que el Alcalde Jadue estaba en proceso de destitución.Incluso llamaron a la casa de mi madre para realizar esta supuesta encuesta telefónica.

Uno de mis acusadores llegó a decir, en un medio de comunicación que hace poco sufrió un asalto, que la orden de demolición contra el proyecto inmobiliario Bellavista, era una cortina de humo para tapar mis propias irregularidades, afirmando que los permisos de dicho conjunto estaban completamente en orden.

Hoy comienza a cerrarse este periodo y las cosas vuelven a estar en su sitio. Nosotros levantamos nuestras manos limpias ante los ciudadanos.

Las querellas criminales presentadas en mi contra han sido desechadas por falta de fundamento, por los fiscales a cargo, y han sido archivadas o sobreseídas según sea el caso.

El Tribunal Electoral Regional se ha pronunciado en Primera Instancia, rechazando todas y cada una de las acusaciones por falsas y sin mérito alguno y ha dejado claro que las pruebas aportadas son falsas o están manipuladas y que incluso, ninguna de las acusaciones da para sostener ni la acusación de notable abandono de deberes  mucho menos falta a la probidad.

Tan poco serias eran sus acusaciones, que no aportaron datos a las investigaciones y no fueron capaces siquiera de presentarse al alegato ante el tribunal.

En otro ámbito de cosas, la justicia ha confirmado en fallo de primera instancia, la legitimidad de la Orden de Demolición firmada en contra de una parte del proyecto inmobiliario Bellavista, por considerar que ningún derecho adquirido puede nacer de un acto ilegal y el Consejo de defensa del Estado se ha sumado a la querella por Falsificación de Instrumento público, en el mismo proyecto.

La Corte de Apelaciones ha confirmado nuestro triunfo judicial sobre la Concesionaria de Parquímetros, que opera en nuestra comuna gracias a una licitación absolutamente discutible que privatizó el espacio de todos, por espacio de 41 años, dejándonos con los estacionamientos más caros de Chile.

Y como si todo esto fuera poco, hemos ganado más del 98% de todos los juicios presentados en nuestra contra, pudiendo contar hasta ahora más de 50, por supuestos despidos injustificados, persecución política y otras mentiras que jamás han podido acreditar.  Sólo hemos perdido en donde nuestra inexperiencia nos llevó a cometer faltas administrativas que debilitaron nuestra defensa.

Todo esto se da cuando a pesar de la falta de ética de nuestros adversarios para actuar en política, a pesar de sus ingentes intentos por desconcentrarnos y apartarnos de nuestras tareas, hemos podido llevar a nuestra comuna a lo más alto del escenario nacional, con avances significativos en educación, salud, cultura, deporte y mejoramiento urbano, además de haber llegado a figurar dentro de las cinco comunas más transparentes de Chile.

No esperamos sus disculpas, porque para pedir perdón hay que reconocer la falta, hay que sentir sincero arrepentimiento, hay que comprometerse a no seguir actuando de la misma forma y hay que reparar el daño causado, cuatro cosas que la derecha chilena aun no incorpora en su cultura política.

Tampoco podemos asegurar que esto se detendrá con todas estas derrotas de nuestros adversarios.

Es más, podemos estar seguros de que vendrán nuevas acusaciones infundadas y nuevas presentaciones ante la justicia pero estamos seguros y orgullosos de saber que no somos como ellos.

Que nunca nos verán teniendo que devolver dinero para no ir a la cárcel, ni pagándole a nuestros asesores para que nos devuelvan el dinero luego, tampoco nos verán pagando arriendos simulados para nuestro enriquecimiento personal, porque aunque les duela,no somos todos iguales y nosotros, sobretodo, no somos como ellos.

En el último tiempo nuestra preocupación ha sido la agresividad de la política, por el momento verbal, y la necesidad de revalorizar la Unidad Nacional concebida como el requerimiento de colocar a Chile por encima del bien particular o partidario, donde las distintas opiniones del espectro político enriquecen el debate y las visiones de largo plazo, pero no entorpecen el sentido de patria o de país de hoy y de mañana.

Esta instancia es particularmente ajena a tendencias internas o corporativas del partido y busca ser un lugar de conversación serena pero no menos atrevida en sus propuestas. No es tampoco un Consejo de Ancianos porque se nutre de invitados de distinta naturaleza para mantener la actualización de sus debates.

En esta perspectiva se diseñó un texto muy inclusivo y respetuoso para las fuerzas políticas, y que sin excepción fuesen invitadas a participar. De ahí el título propuesto:”Un esfuerzo para prestigiar la política en aras de la unidad”, y se encargó a Sergio Molina, Carlos Massad y al suscrito que elaborasen un texto que una vez aprobado por miembros de la institución, se entregara al Partido para buscar su implementación, lo que ya se hizo.

Los puntos centrales de la propuesta.

- Reconocer los cambios positivos y negativos del andar democrático de Chile.

- Asumir que lo positivo y negativo de la política de hoy es responsabilidad de TODOS pero en mayor medida en los que tuvimos o tienen responsabilidad.

-Reconocer la multiplicidad de factores que influyen en este tiempo que ha permitido o ayudado al criticable proceso que vive la sociedad chilena.

- Precisar que esta preocupación la tienen muchos políticos y no sólo los democratacristianos y los valores a reponer son la serenidad del debate, el cambio de las conductas personales, el esfuerzo por colocar al país por encima de todo, la coherencia del discurso y del actuar y morigerar nuestro trato sin orgullo o soberbia.

El llamado es buscar esta revalorización política e institucional para reemplazar la descalificación por el respeto, la agresividad injustificada por la solidaridad y la segregación por la Unidad Nacional.

Ésta o un nuevo Acuerdo ha sido una conducta usada ya en el pasado con resultado positivo.

Es nuestra esperanza.

Si llevamos esta reflexión al mundo político y empresarial de nuestro país, puedo decir que hay muchos que tienen una gran tarea, pues estos sectores, fueron el epicentro de las críticas, el desprestigio y la desconfianza social.

Teniendo estos antecedentes en consideración, hay tres “alumnos” que bajo mi opinión debieran reivindicar su desempeño.

El primero de ellos son los economistas. Sí, esos mismos que anteriormente califiqué como los meteorólogos de la economía, pues teniendo en cuenta que ellos poseen los conocimientos necesarios para realizar diagnósticos con respecto a las variaciones que pueden sufrir los factores que conforman el sector, ninguno de sus representantes avecinó que el precio del dólar alcanzaría los niveles actuales. Por el contrario, aseguraron que no llegaría a los $600 pesos nacionales.

Esta situación es positiva para quienes forman parte de la industria nacional exportadora,  pero también puede generar graves daños sociales, pues el hecho de que el valor de esta divisa se haya elevado no significa que veremos resultados positivos para el sector de modo inmediato.

Recordemos que la actividad empresarial no se hace de un día para otro, uno necesita al menos de 4 años para posicionar a una empresa que quiera exportar. Los grandes cambios, los podremos notar cuando este valor se mantenga en niveles similares durante un tiempo prolongado.

Pero bueno, siguiendo con mi lista de reprobados, lamentablemente debo mencionar al sector empresarial. ¡Qué  pasó! ¡En qué momento se dejó de lado la real labor de la empresa! Esa que se configuraba como una institución social que debe crecer  junto a la sociedad  y NO a costo de ella.

Todos sabemos la serie de polémicas que afectó al mundo empresarial en 2015,es por eso  que este año la gran labor de los empresarios debe radicar en recuperar el concepto original de lo que era una Empresa: una organización social, cuyo resultado se basa en la suma de capital financiero más capital humano.

Y bueno, para terminar, mi tercer repitente corresponde a los políticos. Cuando pienso en este grupo me respondo la interrogante del por qué la ciudadanía ha disminuido su participación electoral, esto, considerando que  su comportamiento y desempeño tiene una variable de mayor importancia: la gente los eligió.

La tarea de este sector definitivamente debe basarse en demostrar que ellos sí merecen estar en los cargos que ocupan, en avanzar en las reformas planteadas en vez de centrarse en discusiones que entorpecen el avance del país, y por sobre todo, en recuperar la confianza de la ciudadanía.

Con estos planteamientos no pretendo ser un ejemplo a seguir, todos cometemos errores, pero al ser actores sociales públicos nuestra labor es de doble importancia.

Por lo mismo, al igual que un alumno repitente, este nuevo año los representantes de los sectores mencionados tienen la posibilidad de aprobar el curso, pues  ahora lo importante es seguir avanzando con buenos resultados.

Quedar “repitiendo” no siempre es malo, pues es una nueva  oportunidad para poder hacer las cosas bien.

Estas reacciones no sorprenden si se tiene en cuenta que las relaciones laborales son, en buena medida, relaciones de poder al interior de la empresa, algo que nadie está dispuesto a compartir o ceder fácilmente.Sobre la urgente necesidad de una reforma laboral en Chile hablan los más elementales datos duros.

Según un informe reciente de la Fundación Sol basado en la encuesta CASEN, el 50,5% de los ocupados gana menos de $260.000 líquidos y el 74% menos de 400.000. Ante este escenario social, la negociación colectiva es una llave para desmontar uno de los nudos más compactos de la desigualdad.

Entre los temas más álgidos discutidos durante 2015 se cuentan la titularidad sindical; la extensión de beneficios; el reemplazo en huelga; la determinación del quórum para crear sindicatos. En cada una de estas materias, a los senadores de la Nueva Mayoría integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social nos ha guiado la profunda convicción de restablecer equilibrios en el desbalance existente en nuestro país entre capital y trabajo.

Se trata de resituar la importancia del trabajo en el modelo de desarrollo, en la superación de la desigualdad, en el respeto de derechos y en el fortalecimiento de la organización social.A su vez, la mayoría de los cambios que apoyamos ya están vigentes en la mayoría de los países de la OCDE.

En el transcurso del debate, hemos recibido en audiencia a diversos actores sociales y políticos: organizaciones sindicales; organizaciones empresariales; representantes del mundo académico y de centros de pensamiento; abogados y abogadas laboralistas. Hemos intercambiado opiniones en seminarios y expuesto puntos de vista en numerosas entrevistas con medios de comunicación.

Llegado este punto del proceso legislativo, no obstante, resulta oportuno integrar la perspectiva de la ciudadanía en general, remitiéndonos a estudios de carácter nacional.  En este contexto, la encuesta que integra el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo revelaba ya en el año 2013 un apoyo mayoritario en cuanto a que la capacidad de negociación de los trabajadores frente a los empleadores requería cambios profundos (59%).

En julio de 2015, la encuesta realizada por la CUT junto con la empresa MORI reconocía sorpresa ante sus resultados: en un clima de controversia sobre la reforma laboral, la inmensa mayoría de chilenos manifestaba estar de acuerdo con que los sindicatos “fuertes” eran buenos para Chile.La misma encuesta pone en evidencia un amplio rechazo al reemplazo de los trabajadores en huelga, con un 70%  en contra.

En este sentido, incluso las tensas semanas del paro del Registro Civil, no alteraron la percepción de la ciudadanía en general sobre el valor de respetar el derecho a huelga. En la encuesta “Otra Mirada Ciudadana” desarrollada por Chile21/Criteria en diciembre de 2015, un 67% desaprueba que se permita a los empresarios el reemplazo de trabajadores en huelga.

En la misma línea que las otras encuestas mencionadas, este sondeo reciente indica que un 81% de los entrevistados considera que para resguardar los derechos de los trabajadores es necesario fortalecer a los sindicatos.Una mayoría más ajustada (51%) considera que los sindicatos debieran ser los únicos que puedan negociar colectivamente con los empresarios, sin posibilidad de que lo hagan grupos paralelos.

Un contundente 91% acuerda con que todos los trabajadores deberían tener derecho a formar sindicatos, sean de empresas grandes o pequeñas; en tanto que un 90% la ampliación de beneficios sindicales debe ser acordada entre trabajadores y empleadores. En todos los casos cabe destacar el bajo porcentaje de respuestas no sabe/no responde.

Estas cifras reflejan de algún modo el inmenso valor del debate público abierto en torno al Proyecto de Ley que Moderniza las Relaciones Laborales, conversaciones que Chile se adeudaba desde hacía veinticinco. A su vez, los resultados de estos análisis cuantitativos sugieren que la opinión pública tiene claridad con respecto a los principios y valores que hemos sostenido a lo largo de meses de debate y en innumerables audiencias y entrevistas. La ciudadanía, nuevamente, nos da lecciones, sólo falta prestarle la debida atención.

Si hay algo claro, es que en los últimos 13 años la ciudadanía nunca creyó este discurso oficial.

Según estudios de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez, entre 2003 y 2015 un promedio de 75% de las personas vulnerables de Santiago* piensa que en Chile hay un alto o muy alto nivel de corrupción. En tanto, el ranking de percepción de la corrupción ha estado liderado permanentemente por el mundo político (diputados y senadores, partidos), el Gobierno en general, los Tribunales de Justicia y subiendo rápidamente las empresas privadas, sin dejar de lado a las municipalidades, diversas reparticiones públicas, las policías, fuerzas armadas y empresas públicas.

En pocas palabras, toda la institucionalidad en la cual estos mismos han insistido que debemos esperar a que funcione y hagan lo suyo.

A esto se suma el que 8 de cada 10 personas,en promedio en estos 13 años, cree que la corrupción está en todos los niveles de la administración pública, que la cantidad de gente involucrada es mayor de lo que se sabe, que la gente no denuncia a los corruptos por miedo a represalias y que no se les castiga en forma ejemplar.

Sobre un 75%considera que los casos de corrupción son hoy más graves que hace un año y que hay más corrupción entre las personas que poseen más recursos que entre los pobres.

Demás está decir que, en general, todos estos resultados negativos aumentaron significativamente el último año.

Por si alguien todavía se pregunta a qué se pueden deber estas desfavorables percepciones de los últimos años, basta recordar el creciente número de casos y de personas ligadas a responsabilidades públicas que cada día saturan todo tipo de medios de comunicación por su (presunta) vinculación a casos de corrupción.

Entonces, alguien podría preguntarse a qué se pudieron deber estas percepciones negativas de una amplia mayoría hace 8, 10 o más años cuando los casos eran “aislados” tratando de llegar a las causas de las percepciones o, quizás, a una descalificación de estas como instrumento válido para que la ciudadanía se exprese y evalúe a sus autoridades e instituciones.

Más allá de esta discusión, que tiene su valor por cierto, quisiéramos insistir en que, para bien o mal, las percepciones construyen realidades en la mente de las personas, las que influyen (y se dejan influir) en sus opiniones, expectativas, creencias, confianza, credibilidad, evaluaciones, sus conductas y, por cierto, en su disposición a participar en procesos electorales y en su voto, por lo cual no son irrelevantes para el país, independiente de que sean acertadas o no.

Por ello, hemos insistido en los últimos años en la urgencia de que las autoridades de todo nivel se hagan cargo de sus responsabilidades en este tema, exigiéndoles máxima coherencia, transparencia y consistencia en su actuar y en el de las instituciones, con el discurso público que mantienen, así como la generación de normas claras, con sanciones efectivas que sean un real desincentivo a cualquier práctica reñida con la probidad y transparencia.

Si bien en este último punto se ha avanzado con la presentación y aprobación de algunos proyectos de ley, no queda tan clara la convicción de todos los actores respecto al camino a seguir, ya que en algunos sectores pareciera haber mayor interés en salvar a determinadas personas y su imagen, más que en crear las bases para recuperar la confianza y credibilidad en la institucionalidaddel Estado.

¿Será su lema “hasta que el elástico se rompa”?

¿No será que ha llegado la hora que algunos (o un poco más que algunos) den un paso al costado y que renuncien a sus pretensiones de jubilarse en el “servicio al país” (y de paso, que renuncien también a dejar a sus herederos)?

¿No será que ha llegado la hora que la democracia vuelva a las mayorías ciudadanas y deje de pertenecer a elites políticas que se protegen mutuamente y se auto reproducen?

* Por la línea de ingreso per cápita utilizada para definir el universo en esta investigación, cubre cerca del 60% de la población de Santiago (sexto decil) de acuerdo a la encuesta Casen.