Más allá del nivel de inversión y desigualdad entre las comunas descritas, el fenómeno de inseguridad es el mismo.

Entonces, nos preguntamos ¿qué es lo principal que se debe tomar en cuenta al abordar la problemática de la seguridad pública?

Es evidente que se deben buscar soluciones para entregar una mejor calidad de vida para todos y todas, pero con el exiguo presupuesto que se destina y la abismante diferencia con otras comunas, se hace más que necesario encontrar ideas y caminos que posibiliten obtener resultados positivos en el corto y mediano plazo.

Veamos primero un diagnóstico: los fundamentos ideológicos del neoliberalismo (en el cual Chile está inmerso desde la dictadura de Pinochet), enfatizan y rentabilizan el miedo y la sensación de inseguridad de la población, con mucha ayuda de los medios de comunicación masiva que, de tanto en tanto, sacan a relucir de manera excesiva nuevos delitos y sus correspondientes soluciones a precio de mercado, fomentando la industria del miedo que, además, genera dividendos políticos cortoplacistas para quien se autoproclame como el sheriff de turno.

Además, el actual modelo de sociedad rinde culto a la individualidad, las desigualdades son groseras y segregadoras, no se garantizan derechos ni igualdad de oportunidades, se construyen guetos en las metrópolis, posibilitando las subculturas con códigos y antivalores propios y funcionales a la comisión de delitos.

Esto, sumado al clientelismo que opera en las comunas, ha ido articulando sociedades apáticas, carentes de identidad, sin sentido de pertenencia ni redes por donde fluya la solidaridad, el apego y el compromiso por los demás, lo que dificulta articular acciones de prevención y ocupación de espacios públicos para atacar el problema en el fondo y en las formas, con la participación activa de todos.

Chile no puede seguir siendo el mismo. En primer lugar, el cuerpo de fundamentos y normas en el que se ha sustentado, la Constitución, debe ser revisado y modificado en función de una nueva realidad que se presenta cada vez más compleja, dinámica y desafiante, pero que a la vez abre la posibilidad de soñar y construir un mejor país y con ello, mejores comunas, más equitativas y con mayor integración social.

Es urgente avanzar en un proceso de reformas democratizadoras y de justicia social en los municipios, que a modo de desafío se superpongan e interpelen a la institucionalidad que nos rige y que se orienten como práctica social al reconocimiento y validación de la acción colectiva y la deliberación ciudadana. Esto constituye el primer paso de una tarea mayor, que es dotar a la Comuna y al país de un proyecto compartido para su desarrollo y un mejor vivir.

La actual política de seguridad pública ha dado mayor énfasis a los procesos punitivos y represivos por sobre una mirada preventiva. En este sentido, es preciso elevar la mirada para buscar más allá del efecto, construir entre todos una solución de fondo, donde la complementariedad, la participación democrática y vinculante y la generación de programas que privilegien la reinserción social y, especialmente, los orientados a mejorar la convivencia social, el uso de los espacios públicos y entornos más inclusivos, barrios más amigables y seguros para quienes los habitan.

No se puede pensar que con 450 millones de pesos al año se va a solucionar en algo la delincuencia ni menos dar abasto con la demanda de Seguridad Ciudadana de toda la comuna.

Aspiramos a crear por ejemplo una Defensoría Comunal, con énfasis en la seguridad pública y que fomente los derechos sociales; o bien, integrar de manera permanente a distintos actores sociales que incidan en el diseño y elaboración del Plan Comunal de Seguridad que junto a los órganos del Estado respectivos, dote de herramientas reales y efectivas para prevenir la delincuencia.

Es por eso que en Estación Central nos urge, más allá de incrementar o no el presupuesto destinado, crear nuevos espacios de participación ciudadana que apunten a la generación de soluciones permanentes de los factores que inciden en la delincuencia y avanzar definitivamente hacia una mejor calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos.

Hace casi cuatro años, la Democracia Cristiana y quien escribe, asumimos el compromiso de apoyar al candidato que emergiera de una primaria amplia, a la que concurrimos convencidos del agrupamiento de vecinos en torno a un programa de futuro, generado de forma colaborativa, y que ponía acentos en la calidad de vida y en la reconstrucción de las comunidades locales.

Queríamos -y queremos- una comuna participativa, democrática y comunitaria y una Municipalidad al servicio de sus vecinos y vecinas, todos aspectos en los que hemos avanzado significativamente durante este período.

El programa, instrumento que recogió el trabajo de muchos, ha guiado parte importante del quehacer municipal y se ha ido cumpliendo sin dogmatismos ni artificios, dando cuenta de forma pública a la ciudadanía de lo que se ha logrado en estos años.

No cabe duda que en estos casi cuatro años, como probablemente en todo el país, se han develado nuevas necesidades para Providencia, nuevos desafíos y anhelos ciudadanos, cuyo logro debemos acometer con decisión, mas sin precipitación, cortoplacismo o improvisación.

Nuestra propuesta, que someteremos a la consideración de los ciudadanos y vecinos de Providencia, es renovar nuestro compromiso y apoyar a Josefa Errázuriz para lograr un segundo y último, (así lo planteó ella desde el primer día) período alcaldicio.

Una creciente preocupación por la seguridad ciudadana, que no se acalla ni con los positivos números que, comparativamente, muestra Providencia; la demanda por mejor calidad de atención en nuestra  mejorada, pero aún insuficiente red de salud y el cuidado de nuestro entorno, no sólo en cuanto a aseo sino también a sustentabilidad son temas de aparición frecuente en las conversaciones con vecinos y sobre los que debemos poner atención en los años que vienen.

En un nuevo período, aspiramos  profundizar lo logrado, y  asumir los nuevos desafíos de la comuna de la misma forma –o mejor- que hace 4 años, con unidad.

Comprometemos nuestro trabajo para actualizar el programa municipal con el fin de hacernos cargo de aquellos aspectos que se han identificado como más complejos o que, a partir de lo logrado, surgen como nuevas prioridades.

Para ello, resulta fundamental mantener la unidad de las organizaciones políticas y sociales que durante esta administración han participado de este proyecto y proyectarnos al 2020 como la base vecinal que da sustento a una administración que va más allá de la izquierda y la derecha, que nace y vive por los vecinos de Providencia.

Invitamos a la unidad y  la generosidad de los actores políticos y sociales de la comuna, lograr, sea en primarias o por la renovación de la confianza en la actual administración, una convergencia de ideas y voluntades en Providencia para continuar construyendo comunidad.

Creemos que hoy, más que nunca, es necesario crear comunidad y convergencia en Providencia.

Ñuñoa es un ejemplo de una desigualdad encubierta. Aunque no sea la característica más mediática de nuestra comuna, lo cierto es que basta con atravesar la Avenida Grecia con dirección al sur, para darse cuenta que los supuestos beneficios del desarrollo inmobiliario no han llegado hasta allí. Para verificar que no todos los colegios públicos de Ñuñoa gozan de excelente infraestructura, para darnos cuenta que también hay basurales, falta de conectividad y problemas en la Atención Primaria de salud.

Me detendré en este último punto. Sonará redundante, pero hay que recordar que el renunciado alcalde Pedro Sabat destinó cerca de 11 mil millones de pesos en la construcción de un lujoso edificio que albergará un consultorio y la posta comunal. Un despilfarro incluso interpretable como malversación de fondos municipales. Y aunque hoy contemos con una nueva gestión, las cosas no han cambiado, lo que es posible de verificar en Plan de Salud 2016, documento que solo por segundo año consecutivo podemos revisar como Concejales, luego que personalmente solicitara en 2014 a la Contraloría, revisar las razones por las cuales Ñuñoa nunca había cumplido con la ley en este sentido.

Fueron los propios gremios de la salud, cuyos dirigentes fueron invitados a debatir el plan respectivo, quienes advirtieron esta situación: una orientación que discrimina a los sectores más vulnerables, agudizando la desigualdad en vez de proponer alternativas de superación. Como detectaron los gremios, los gastos de operación muestran diferencias que parecen inexplicables: de un año para otro, el CESFAM Rosita Renard, ubicado en la población del mismo nombre, aumenta sus gastos en 189 millones de pesos, en tanto que el Salvador Bustos, que funcionará junto a la Urgencia en el edificio llamado “Clínica de Ñuñoa”, lo hace en 976 millones de pesos.

La política de dejar que la fruta caiga de madura le traerá consecuencias a Andrés Zarhi. Es tan alto el costo de operar la frustrada “Clínica de Ñuñoa”, que el propio alcalde baraja la posibilidad de no trasladar el consultorio y la urgencia hasta allí, y se abre nuevamente la pregunta acerca de qué pasará con ese elefante blanco. Otro gallo cantaría si el actual edil hubiera pensado en los costos y beneficios para la comunidad mientras era concejal.

Es imposible no concordar con los trabajadores de la salud, cuyo documento de análisis al Plan de Salud 2016 señala: “Lo primero que debe ocurrir son los diagnósticos participativos, la evaluación y programación, cálculo de la dotación, y finalmente el presupuesto. Todos estos procesos acompañados, socializados y elaborados en conjunto con representantes de las asociaciones y de la comunidad”.

Lamentablemente, la planificación de salud para Ñuñoa en 2016 replica y refuerza la segmentación social. El valor más relevante a considerar debiera ser el número de inscritos, algo que el documento no transparenta, pues sólo con ese dato es posible inferir la mayor relevancia o necesidad de un sector de la población por sobre otro. Pero la propuesta pone más recursos donde hay menos necesidades, algo incomprensible.

La salud pública en Ñuñoa está sobrepasada. Quienes antes tuvieron un buen pasar económico, hoy sobreviven con pensiones insuficientes y destinan gran parte de su dinero en atenciones médicas y medicamentos. Es lo que hemos verificado en terreno, con nuestra campaña de firmas por la instalación de una Farmacia Popular, y estamos a la espera de que el alcalde Andrés Zarhi explicite su voluntad de aplicar el programa, respondiendo a una demanda transversal de la comunidad.

De cara al inicio de un nuevo año, las muestras de cambio son urgentes. Pero no se trata de un mero cambio cosmético, de fachada, de estilo en el ejercicio del poder. Lo que se requiere es la voluntad real de avanzar hacia un gobierno comunal decidido a combatir las desigualdades que existen en Ñuñoa, abriendo espacios de participación a la comunidad que permitan que esta realidad se exprese y se vea reflejada en las políticas implementadas.

Pocos han sido instruidos sobre la “subducción de placas tectónicas”, que explica por qué el territorio es tan sísmico, con centenares de fallas geológicas y al menos 90 volcanes activos.

La mayoría tampoco puede explicar cómo fue posible que se formaran ciertos minerales, por qué Chile parece desmembrarse desde Puerto Montt hacia el sur, o por qué los desastres no son naturales sino una ceguera humana sobre cómo operan los peligros geológicos en la corteza terrestre de nuestro país.

Con las erupciones más recientes y el desarrollo y expansión de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Sernageomin (que monitorea más de 40 volcanes activos desde el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, en Temuco), nuestro desconocimiento relativo ha quedado nuevamente expuesto.

Muchos creen erróneamente que los volcanes emiten humo, o que la lava sería el principal peligro volcánico, entre varios otros mitos. También se desconoce que los Mapas de Peligros Volcánicos publicados son la información técnica más relevante de todas para anticiparse a estos peligros, o que las comunas con volcanes activos tienen ahora una nueva tarea pendiente en cuanto a elaborar el Plan de Emergencia Volcánico.

Con esto en mente, se está desarrollando la campaña del “ABC de los volcanes” (www.sernageomin.cl/abc), que busca aportar a la educación de la ciudadanía sobre la comprensión geológica del volcanismo en el país.

El objetivo de esto es democratizar ciertos conocimientos básicos, para reducir la incertidumbre de las personas y su vulnerabilidad ante mensajes alarmistas o espectaculares. Chile, como pocos países, tiene muchísimos volcanes de diverso tipo, los que han forjado este territorio a través de miles y millones de años.

La idea de propiciar un flujo cada vez mayor de información técnica es precisamente favorecer que las personas reaccionen sin temor, y con inteligencia. Sabemos, eso sí, que la educación es sólo uno de los requisitos para que el país incorpore los peligros geológicos a las decisiones públicas y privadas.

Está pendiente aún la necesidad de avanzar en medidas de ordenamiento territorial, para evitar la instalación de edificaciones en las zonas de peligro, o bien disponer de obras y acciones para mitigar o reducir los posibles impactos negativos de erupciones volcánicas.

Puesto que el Arco Volcánico (franja donde se emplazan los volcanes en la cordillera de los Andes) alcanza en esta parte del continente los niveles más altos de actividad en Sudamérica (especialmente entre los volcanes Nevados de Chillán y Calbuco), puede afirmarse con seguridad que la actividad eruptiva va a continuar. Incluso es seguro que, a causa de la mayor disponibilidad de información publicada, muchas personas tendrán la errónea impresión de que actualmente hay más erupciones… Somos muy inocentes al suponer que el lapso de nuestras vidas o la de nuestros abuelos serían suficientes para desentrañar la historia eruptiva de millones de años. Tampoco vemos que los tiempos geológicos superan a los tiempos humanos así como si una hormiga quisiera medir sus ciclos con los nuestros.

Lo cierto es que el país está dando pasos enormes hacia la democratización de la información geológica. Sin esta apertura creciente, no es posible que el país tome decisiones cada vez más inteligentes sobre el uso del suelo y subsuelo. Es así, por la simple razón de que se distinguen al menos tres sectores de la sociedad que deben concurrir concientemente a la discusión pública sobre estos temas.

En primer lugar, a las instituciones corresponde la responsabilidad de respetar la información geocientífica, pues de otro modo seguiremos presos de los “desastres naturales” así como en el medievo europeo se creía que la Tierra era plana.

En segundo término, concierne una responsabilidad a los medios de comunicación, para evitar los mensajes alarmistas y tratar con autocrítica la información científica. Los públicos merecen respeto, y eso pasa necesariamente por darse el tiempo de comprender los procesos geológicos para saber qué informar, en conciencia del impacto de la comunicación.

Además, existe una responsabilidad de la ciudadanía en general, para no reaccionar con fobia o con desconfianza ante la información técnica, tener la capacidad de identificar mensajes alarmistas y finalmente participar del control de las decisiones públicas sobre qué y dónde se construye.

La conciencia crítica (no destructiva ni impulsiva) es indispensable para superar los problemas territoriales de nuestro país.

Con el voto favorable del concejal de RN, Víctor Caro, podrán ser revisados los últimos dos períodos del renunciado edil, quien hoy se concentra en obtener un cupo para competir por un escaño en el parlamento.

Sin duda, la aprobación de este arqueo de las finanzas municipales tiene un gran significado: permitirá conocer el deterioro real de la billetera del Municipio de Ñuñoa, pero también será la primera vez, en casi dos décadas de administración de la derecha, que podremos enterarnos de los detalles de la gestión  financiera de Pedro Sabat.

Según la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Concejo tiene la facultad de realizar dos tipos de auditorías, financiera o al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), para lo cual debe ser aprobada por mayoría de sus integrantes, pudiendo llevarse a cabo sólo una vez en el año. Debe contratarse por medio del alcalde, representante legal del municipio, y con cargo al Presupuesto Municipal.

Más allá de estas formalidades, lo más importante, a mi modo de ver, es que los informes finales deben ser de conocimiento público. De esta forma, esperamos que sea posible esclarecer hechos que, es cierto, no pasan de ser rumores, ya que no contamos con documentos que permitan probarlo.

Por ejemplo, que las luminarias led instaladas en Ñuñoa son unas tres veces más caras de las compradas en el resto de las comunas; que el gasto total que ha significado la llamada “clínica de Ñuñoa” alcanza para construir cinco consultorios equipados; que se deben 900 millones de pesos a Chilectra y otros 500 a la empresa que construye la misma clínica.

En el Concejo del pasado martes 10 de noviembre, Andrés Zarhi señaló que los informes elaborados en el municipio hablan de una cifra cercana a los 2500 millones de pesos de déficit.

Un punto que afecta al patrimonio municipal, según establece la ley, son las multas cursadas en favor del municipio. Durante el invierno de 2014, recibí correos electrónicos y mensajes de redes sociales de vecinos y vecinas de distintos sectores, señalando llevar varios días, incluso semanas sin luz en las calles. En julio del año pasado expuse el tema en Concejo Municipal, pero debí ingresar un documento formal, el Ordinario N° 15, para recibir una respuesta, por cierto, insuficiente.

En el verano de 2012, antes del actual período, la empresa Chilectra se adjudicó el suministro y mantención del alumbrado público de la comuna, estableciéndose en el contrato la aplicación de multas desde las 12 horas por puntos en mal estado o sin suministro de energía. Vecinos señalaban llevar semanas sin luz en sus calles, aumentando su sensación de inseguridad. Las multas jamás fueron aplicadas, sin dar el ex edil ninguna explicación.

Otro de los elementos importantes a la hora de auditar la gestión financiera de Pedro Sabat en Ñuñoa, tiene que ver con la cuantiosa suma de dinero invertida en el fallido proyecto de clínica, que hasta hoy suma 11 mil millones de pesos. Edificio que terminó albergando un CESFAM y la urgencia comunal. De allí el nombre con que el inmueble se ha hecho tristemente famoso, “elefante blanco de Ñuñoa”.

En relación al presupuesto de salud, este 2015 será la segunda vez que el municipio cumpla con lo exigido por la Ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria, y entregue a la autoridad respectiva, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, su Plan de Salud Comunal, que debe presentarse anualmente para ser sancionado por el Concejo Municipal. Sólo después que con el equipo de trabajo de la concejalía que encabezo, presentáramos un requerimiento ante la Contraloría General de la República para revisar esta grave falta, este documento fue entregado. Hasta entonces, el presupuesto de salud fue una incógnita, ya que esta área está delegada a una Corporación Municipal.

El trasparentar la gestión financiera de Pedro Sabat, tiene sin duda un valor más cualitativo que el necesario arqueo de cifras.

Se trata de devolver a la ciudadanía su derecho a contar con información –primero que todo- y que ésta sea veraz y oportuna. Al mismo tiempo, reconoce al Concejo Municipal su real dimensión fiscalizadora y de representación de la comunidad. En definitiva, un paso más hacia la puesta en valor de la democracia en Ñuñoa.

Hoy día se configura como un espacio local joven en desarrollo y con mucho potencial.Durante estos 30 años, diversas han sido las tendencias políticas que la han administrado, pero a ojos vista, queda clara la incapacidad que se ha tenido para imprimirle un desarrollo armónico y sustentable que redunde en una mejor calidad de vida para quienes la habitamos.

Es una deuda aún pendiente que es menester saldar, para así revertir este estatus de comuna que no cumple con los estándares mínimos de desarrollo establecidos.

En otras palabras, existe una deuda desde la administración municipal con la concepción de comuna, además de excluir a los habitantes de Estación Central en la definición de la imagen objetivo, sobre el uso y destino del territorio en el que quieren vivir a futuro.

La noción miope de concebir el municipio exclusiva y excluyentemente desde lo administrativo y tecnocrático, dificulta proyectarse a largo plazo con una mirada estratégica pensada de forma plural, participativa y vinculante, práctica que colisiona con los sueños, anhelos e intereses de vecinas y vecinos de nuestra comuna.

Para muestra un botón, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N° 18.695) establece en su artículo 6 que “la gestión municipal contará, a lo menos, con los siguientes instrumentos: a) El plan comunal de desarrollo y sus programas; b) el plan regulador comunal, y c) El presupuesto municipal anual”.

Quiero detenerme en el primer punto, el conocido pero abandonado PLADECO (recién hoy día en proceso de actualización), instrumento de gestión local definido por Ley y que en Estación Central caducó el año 2010 y desde esa fecha hasta ahora, no existe un plan de desarrollo comunal actualizado y específico para el periodo, sólo se ha ampliado un instrumento anacrónico y extemporáneo que no se condice con lo que hoy sucede en la comuna.

Esta situación refleja la incapacidad de gestión del municipio y deja manifiesta la desidia con nuestra comuna y sus habitantes, toda vez que en el artículo 7 de la Ley N° 18.695 indica que el PLADECO -instrumento rector del desarrollo en la comuna- contemplará las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural, alcances que no se han cumplido desde 2010 a la fecha.

Si existiera un razonamiento lógico, se comprendería y asumiría que la planificación permite anticipar problemas, describe ciertos aspectos de la situación a intervenir y se establecen ciertos resultados esperados, por lo que el PLADECO se transforma en un instrumento que permite coordinar acciones y enfrentar ciertas incompatibilidades con tareas urgentes.

Muy lejano a esto, hemos visto en estos años que Estación Central no avanza con un horizonte claro, definido y planificado en conjunto con su gente, sino todo lo contrario, avanza hacia la desregulación territorial, con un boom inmobiliario que está arrasando con la historia y patrimonio local; se aprecia una carencia de áreas verdes y espacios de recreación cuyo objetivo sea apartar a niños y jóvenes de la droga y delincuencia; la cultura popular de masas aún no cuenta con la Casa de la Cultura financiada hace años por el gobierno central, entre tantos otros anhelos de los vecinos incumplidos.

En definitiva, el PLADECO es la expresión de la implementación de políticas públicas desarrolladas, principalmente, con la participación de la ciudadanía, considera métodos y herramientas de planificación estratégica, planificación comunitaria y planificación ambiental. Hasta el momento, nada de eso tenemos, cuestión que se refleja en lo desorden de las acciones implementadas en la comuna.

Lo antes expuesto no es una opinión personal antojadiza ni menos un invento, sino que se plasma y sustenta en la historia reciente y la propia Ley existente (implantada por la dictadura y que aún nos rige), la que establece el criterio normativo analizado y que desnuda la pésima gestión municipal de esta comuna de casi 15 Km2 y cerca de 120.000 habitantes a los que se les ha negado la posibilidad de ser parte de las orientaciones de sus destinos, en la definición del horizonte de la comuna y el uso de su territorio, opinar sobre los programas y acciones, planes de inversión anual, enlazar la visión de comuna con el instrumento de planificación territorial como es el Plan Regulador Comunal (PRC), entre otros cercos y limitantes en la decisión.

Termino diciendo que la administración municipal de turno y también la anterior, por el hecho de tener a la comuna sin una planificación estratégica local por más de 5 años, demuestran su total indiferencia y nula sintonía con la ciudadanía de Estación Central que vive los problemas antes mencionados y que anhela respuestas de avanzada y concretas en la destinación de los esfuerzos, voluntades, recursos y asignaciones sociales, por ejemplo, como es la creación de una Farmacia Popular en Estación Central.

Nuestra labor y nuestra propuesta, como siempre ha sido, es trabajar comprometidamente en conjunto con la ciudadanía y las organizaciones sociales, para avanzar en la modernización del territorio y entregarles a los vecinos la calidad de vida que sin duda se merecen.

Reconocemos que es un gran avance el hecho de que se proclame la ley que establece la obligatoriedad de incluir un plan de formación ciudadana desde la educación parvularia hasta la media para el 2016 y, de manera más específica, la exigencia de dicha asignatura en tercero y cuarto medio para el 2017. No obstante, sigue siendo poco claro la manera en cómo se va a abordar el tema.

Es decir, si bien hay consenso sobre ciertos conceptos que todo alumno tiene que manejar para poder asumir sus deberes cívicos, no se ha puesto sobre la mesa el cómo se va a realizar el proceso de una manera reflexiva con el fin de formar ciudadanos participativos, capaces de pensar por sí mismos y no dejarse seducir fácilmente por una ideología política.

La demora en la tramitación del proyecto de ley y la poca claridad respecto al cómo se implementará el programa de formación ciudadana -siendo que es un plan que deberá ser acogido por todos los colegios a partir del próximo año-hace que la rapidez con que el gobierno pretende implementar una campaña de educación cívica a nivel nacional a partir del próximo 10 de noviembre, tenga objetivos cuestionables.

En otras palabras, si todavía no hay claridad respecto a un programa que pretende educar a todos los estudiantes de los colegios del país a partir de marzo del 2016, ¿cómo es que el Gobierno tiene claridad sobre la forma en que se educará cívicamente a la población en menos de un mes?

La implementación de una asignatura sobre educación cívica, es un tema que está siendo discutido en el Congreso desde hace varios años, sin éxito. Sin embargo, la formación ciudadana solo se convirtió en una materia urgente para el Ejecutivo dentro del contexto del cambio de la Constitución propuesta por la Presidenta hace unos días.

Las prioridades del Gobierno en cuanto a la educación cívica son dudosas considerando que van a invertir $250 millones en una campaña apresurada de “educación”, dirigida por ellos mismos, a través de los medios de comunicación, cuando lo que se debería estar haciendo es concentrar los esfuerzos en clarificar la nebulosa alrededor de cómo se llevara a cabo la inserción de la educación cívica en los colegios.

¿Cuál es la verdadera intención detrás de esta campaña tan urgente por educar cívicamente a la población? Si comparamos los esfuerzos y la inmediatez con la que se está llevando a cabo la nueva iniciativa del Gobierno, con la demora en la tramitación del proyecto de ley y la poca claridad de parte del MINEDUC sobre los lineamientos a través de los cuales esta se implementará, se puede pensar que el único objetivo de la campaña es convencer a la población de la indispensabilidad del cambio constitucional.

Una población informada, educada y crítica no se logra de la noche a la mañana. La verdadera educación cívica no se reduce a una mera incorporación de conceptos traspasados gracias a una campaña propagandística del Gobierno, sino que se refiere a una toma de conciencia sobre el impacto que tienen las acciones de cada individuo en la sociedad y la responsabilidad que significa vivir en un sistema democrático.

La complejidad de este proceso es algo que se logra a través del tiempo, gracias a la incorporación de conocimientos perdurables y a la reflexión sobre estos, los cuales forman personas críticas que a la larga puedan hacer cambios basados en la comprensión profunda del sistema en el que se encuentran inmersos.

Este proceso cognitivo y social no se logra a través de una campaña mediática, sino que es el resultado de años de una educación fundamentada en lineamientos sólidos y planificados.

La Fundación “Chile Descentralizado… Desarrollado”, sucesora de la Conarede, ha reimpulsado la discusión luego de la presentación de las 70 propuestas que se entregaran a Michelle Bachelet hace más de un año.Nacieron del trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional que presidieron Esteban Valenzuela y Heinrich von Baer.

Descentralización es una palabra poco cercana, hay que reconocer, y que algunos ligan a tecnocratismo ininteligible y a enmarañados procedimientos del Estado.  Que otros asocian a una especie de voluntarismo por avanzar hacia un regionalismo y localismo extremista, limítrofe con ideologismos chovinistas.  Y no falta el que habla del egoísmo y la falta de reciprocidad de cualquier territorio que pretenda acceder a los beneficios de pertenecer a una comunidad país, más no a sus costos.

Distintas miradas para un concepto anclado en el propio origen del vivir en sociedad.  Ya lo dijéramos hace un par de meses en forma simplificada: “Desde que dos hombres (o mujeres si se quiere) se juntaron y decidieron caminar juntos (en sociedad) y decidir sobre aspectos que a ambos les afectarían, debieron buscar mecanismos para actuar en propiedad.  ‘Un día decides tú, al otro yo’, ‘yo soy más fuerte que tú, así es que decido yo’ y ‘veamos caso a caso y sobre la base de quién convence al otro resolvemos’ me imagino fue ese inicial y caricaturizado diálogo.  Porque descentralizar, al igual que la discusión sobre los sistemas electorales, la asamblea constituyente y la propia democracia, no es nada más que el debate sobre el ejercicio del poder.Una reflexión clásica que nos ha acompañado desde nuestros inicios como ser social”.

Bien dice la sabiduría popular que el poder no se entrega, sino que se conquista. Y como la discusión sobre la descentralización apunta al poder, preciso es copar todos los espacios con la demanda. Que haga sentido en los ámbitos social, político, ciudadano e institucional.

Hoy hay que pasar al activismo por una causa que no es más que la redistribución del poder. Donde los que viven en el día a día los efectos de las decisiones que otros toman puedan ser protagonistas de estas y no solo clientes, usuarios, beneficiarios (o, si me permiten, perjudiciarios).

Porque ya no basta con quejarse, paso siguiente al de darse cuenta de que algo está mal.Tampoco con reclamar, que no es más que demandar luego de visibilizar el problema.

Tales son acciones necesarias, por cierto, pero que deben confluir en el camino de la transformación.  De recuperar el control de lo que nos atañe, de ser protagonistas de nuestro presente y orientadores de nuestro futuro.

Y para todo ello es preciso informarse, participar y ser coherente entre el decir el actuar.Aunque cueste.  Aunque sea difícil. Aunque signifique ciertos costos que cada uno sopesará.

Tal es válido no solo para los ciudadanos. También para las comunidades, las organizaciones, las regiones.

La lucha por el poder es un clásico de la humanidad. No terminó con un nuevo sistema electoral, ni lo hará con una nueva Constitución.  Tampoco con una Asamblea Constituyente.  Pero tal certeza no debe ser argumento para dejar de construir una sociedad más democrática.  Es más, debe ser el incentivo para hacerlo.

Porque como dijera alguna vez Galeano recordando al cineasta argentino Fernando Birri, los ideales (utopías, causas, sueños) están allá como el horizonte y su objetivo no es hacernos llegar.

Es, afortunadamente, hacernos avanzar.

En primer lugar, la comunidad se ha pronunciado contra el llamado realizado, extensamente y casa por casa, por el municipio para aprobar toda la Enmienda, y contra la propuesta de otros sectores a rechazarla . La comunidad mayoritariamente optó por acoger nuestra propuesta. Esta situación hay que leerla con detenimiento, la comunidad no comulga con ruedas de carreta, está alerta, sabe que la comuna está amenazada y que debe movilizarse.

Adicionalmente, la presión ciudadana  convirtió una consulta (que en derecho no es por ahora vinculante) en consulta vinculante de hecho, gracias al peso abrumador de la amplia mayoría de quienes participaron. El Concejo Municipal debió pronunciarse a favor de lo manifestado por los vecinos, con la excepción de los concejales UDI, Edwards y Palacios, quienes ciertamente están a favor de los negocios inmobiliarios que nos amenazan. Este hecho sienta un precedente muy importante, la autoridad municipal debe entender que ya no es posible tomar decisiones de relevancia para la vida de la comunidad sin procesos de participación ciudadana vinculante.

Ciertamente, y no hay dos lecturas, aquí el único ganador es la comunidad de La Reina que ha logrado por esta vez incidir y evitar se materializara una Enmienda que de haber sido aprobada integralmente, habría significado en la práctica no avanzar nada. La autoridad municipal debe saber hacer la lectura, la comunidad se siente amenazada, reacciona frente a ello y no quiere cambios formales para dejar contentos a moros y cristianos.

Cabe recordar que no es la única oportunidad en que los vecinos de La Reina resisten y ganan una lucha contra gigantes.  Así ocurrió con la oposición a los proyectos de diferentes gobiernos para la Autopista Américo Vespucio Oriente, que finalmente llevó al MOP a instalar una mesa técnica con las Coordinadoras Vecinales de La Reina y Peñalolén; posteriormente con la movilización contra el proyecto de Ensanche de las calles Pepe Vila y Vicente Pérez Rosales, cuyo único propósito era llevar hacia los centros comerciales de Avda. Kennedy a los cientos de miles de clientes de Puente Alto, La Florida, Peñalolén y La Reina, y en varias oportunidades cuando las empresas que instalan torres de antenas para celulares han debido suspender los proyectos o cambiar de ubicaciones las torres como resultado de las protestas de vecinos.

Otros casos de amenaza, cuyos resultados están pendientes son el intento de demolición del Colegio Las Américas para construir edificios de altura, donde incluso se ha involucrado el Concejo de Defensa del Estado, y el proyecto de instalar un Lava Lubri Centro en la Plaza La Reina, espacio emblemático de la comuna donde los vecinos junto con decenas de movilizaciones,  han recurrido a diferentes tribunales para evitar se consume este proyecto ampliamente rechazado por la comunidad.

Está el caso del Mall Plaza Egaña, este mega centro comercial, cuya instalación fue resistida por muchos vecinos pero que, virtud de la modificación al Plan Regulador Comunal realizada entre gallos y medianoche por el Alcalde Montt el año 2010,  terminó por aprobarse (menester es reconocer que muchos vecinos querían un centro comercial, pero nunca de las dimensiones del que terminó por autorizarse por el municipio de la época).

El mall en cuestión ha generado entre otros problemas, tacos interminables en Avda. Larraín producto de los desvíos para asegurar sus accesos (los llaman medidas de mitigación) niveles de delincuencia nunca antes conocidos y distracción de carabineros que han debido desatender otros sectores por el gran aumento de la delincuencia cinco cuadras a la redonda del mencionado centro comercial.

Al acecho está el proyecto impulsado por el Alcalde de La Maza y que cuenta con el apoyo de otra autoridad edilicia, de licitar la instalación de un mega-centro de eventos (tipo Arena) en el parque Padre Alberto Hurtado. No hay que ser muy ingenioso para percibir el impacto en la calidad de vida de quienes vivimos en La Reina, significaría una intervención urbana de esa característica y magnitud.

La pérdida de seguridad se ha precipitado hace alguno años, desde el 2010 para ser más precisos, y hoy debemos reconocer que hay barrios donde las casas, los vehículos, las visitas de nuestros vecinos han sido robadas en múltiples ocasiones.

Las patrullas de seguridad ciudadana y el Plan Cuadrante no dan abasto. Los vecinos sabemos muy bien que además es inútil denunciar pues las Fiscalías solamente notifican luego de un par de meses, que no se ha encontrado a los culpables por falta de pruebas.

Podemos decir entonces que La Reina está amenazada, y que a pesar de los esfuerzos y denuncias, seguimos en estado de indefensión.

Los vecinos forman comités de seguridad, se organizan por cuadra, desarrollan diversas formas de coordinación y comunicación para enfrentar estas amenazas, pero son demasiado poderosas e invisibles, y no basta con dichas acciones espontáneas.

La batalla contra las inmobiliarias ocurre en toda la comuna, si no son edificios en altura  (que en los bordes de Vespucio ya son varios los proyectos terminados, en ejecución y aprobados antes de la Enmienda) son condominios con muchas viviendas y estacionamientos insuficientes, trituran nuestros barrios y nos atiborran de autos. Lo mismo  que con la delincuencia. Las “medidas de mitigación” para la amenaza inmobiliaria (cuando las cumplen las inmobiliarias) son a todas luces insuficientes para aminorar los aumentos de congestión y contaminación.

En el caso de la delincuencia, claramente la comunidad ha debido tomar el problema en sus manos avanzando en ocupar los espacios públicos restando libertad al accionar de la delincuencia

No es exagerado decir entonces que La Reina está amenazada, nuestra tierra, nuestros barrios, nuestros comercios cercanos, nuestra forma de vida, nuestra seguridad y posiblemente nuestra vida, si acaso llegamos a vivir episodios violentos como en las comunas vecinas.

Eso no puede seguir. Es un tema que ninguna autoridad puede soslayar y no vemos que se esté haciendo toda la “pega” necesaria. Advertimos hace varios años de las consecuencias de las políticas que se aplican. Esto debe cambiar.

Una vez más en La Reina realizamos un proceso participativo, en una práctica instaurada desde que asumimos la administración hace ya casi tres años.Este proceso de consulta no es requerido por la Ley, es sólo la reiteración de nuestro compromiso.

Proponemos que se disminuya la altura de las edificaciones d elas áreas más cercanas a Avenida Ossa (que es la zona donde se pueden construir más pisos en nuestra comuna) y en cuanto a densidad y constructibilidad, se creen condiciones para que haya viviendas de precios más accesibles para la mayoría.Los efectos se producirán desde que rija el resultado de la Enmienda.

Para la mejor información de todos hemos realizado más de 10 audiencias y asambleas (la ley sólo nos pide 2) y seguimos en esa tarea.

Nuestra propuesta es fruto de un largo periodo de análisis, discusión y búsqueda de alternativas que nos permitan, en el menor plazo posible tener solución, por eso optamos por la Enmienda, que nos llevará aproximadamente tres meses, y no por una Modificación al Plan Regulador Comunal, proceso que requiere de varios años, pues necesita de la intervención de distintos órganos del Estado.

Creemos firmemente que la Enmienda viene a resolver en particular estas materias y que, en definitiva, reiterará la identidad de nuestra comuna y sus principales valores, como la posibilidad de vivir en barrios tranquilos y en comunidad.

La invitación es a todos los vecinos y vecinas de La Reina mayores de 14 años, ¿por qué podrían no pronunciarse en esta consulta sobre su barrio y comuna estos jóvenes, si desde esa edad tienen responsabilidad penal plena?

Llamamos a todos los reininos a seguir informándose en detalle sobre la Enmienda y a votar electrónicamente, sea por computadores o teléfonos, en www.lareinavota.cl o presencialmente en los seis lugares que hay desplegados en distintos sectores de la comuna desde hoy y, al igual que en el caso digital, hasta este miércoles 30 de septiembre.

Y nos referimos a acciones a futuro, pues creemos que el camino iniciado, debe tener su corolario cuando converjan en una sola línea de acción los intereses y aspiraciones de los representados con el quehacer concreto del representante en beneficio de los sueños y necesidades de todas y todos los que compartimos este espacio común. Y hacia allá orientamos nuestro quehacer.

En sesión ordinaria del concejo Municipal realizado el martes 05 de mayo, el Concejo aprobó por mayoría simple -sólo tres de cinco Concejales de la Nueva Mayoría rechazamos- la enajenación del terminal de buses de Estación Central.

Se buscaba por la vía de la venta despojar a los centralinos y centralinas de un bien comunal que es patrimonio de todos y todas, de forma inconsulta y con desprecio absoluto al habitante de carne y hueso que le dan sustento, coherencia y sentido de pertenencia al espacio geográfico llamado comuna.

Esta intención queda de manifiesto y nítidamente expuesta en la intervención del alcalde Rodrigo Delgado en sesión ordinaria N° 013 del 2015 ante el Concejo Municipal en donde dice textual que “lo que queremos hacer es una venta para recibir el valor que recibiríamos por varias de esas concesiones”. Pues bien, mediante la organización ciudadana de los vecinos y vecinas de Estación Central, hemos logrado torcerle la mano al alcalde y a los concejales, quienes no pensaron en el futuro de la comuna al intentar despojarnos de uno de los escasos bienes y fuentes de ingreso permanente con que contamos los centralinos.

Este es el triunfo de los pobladores, de las organizaciones sociales, de los dirigentes vecinales, de los partidos políticos y de los habitantes de Estación Central que rechazaron de forma manifiesta y mayoritaria la privatización del patrimonio comunal.

Lo más importante a mi parecer es que el éxito obtenido permite abrigar esperanzas en la necesaria participación social en la comuna, requisito sine qua non para cambiar el rumbo de los designios de la actual administración comunal y aspirar a construir en conjunto el diseño de un gobierno comunal distinto, con democracia participativa y vinculante, con derechos garantizados, con contraloría social y amigable con el medio ambiente. Para que nunca más una minoría que se niega a escuchar el clamor popular, pueda tomar decisiones que perjudiquen a las mayorías ciudadanas.

Esto nos demuestra a todos que la unidad de acción en torno las causas justas y loables conducen a buen puerto para felicidad y tranquilidad de los mayoritarios.

Dije en esa oportunidad que “no estoy ni estaré disponible para avalar iniciativas que se orienten en la dirección de despojar y mutilar el patrimonio colectivo de Estación Central” y obré en consecuencia votando en contra de esta iniciativa.

Asimismo, en concordancia con lo manifestado en sucesivas reuniones con los y las vecinas de la comuna, oficié sendos recursos ante los tribunales de justicia y ante la Contraloría General de la República, entidad que deberá pronunciarse en los próximos días sobre la legalidad del “programa de adecuación patrimonial” del municipio.

Continuaré ejerciendo mi rol fiscalizador en beneficio del bien común. Seguiré trabajando junto a los vecinos y vecinas por mejorar la calidad de vida de todos y todas y construir juntos una comuna más amigable y digna. Pero lo más importante y la gran enseñanza que nos deja el desenlace del triunfo obtenido, es que una mejor comuna es posible, siempre y cuando nos dispongamos a dar las luchas con la unidad más amplia, con todos y con todas.

De igual manera, toda la experiencia conocida tiende a coincidir en la necesidad de que sea la comunidad organizada, “comunidad viva”, diríamos nosotros, el principal referente de control social, que ha ayudado, en muchos casos, a disminuir la ocurrencia de estos hechos tan deleznables.

Esto es lo que hemos iniciado, como tarea prioritaria, desde hace dos años, cuando asumiéramos la Alcaldía, creando las condiciones para que en las diversas áreas del municipio y las instituciones policiales de la comuna haya la máxima cooperación y coordinación, para prevenir y enfrentar los actos de delincuencia e inseguridad, que afectan a nuestros vecinos. Seguridad y Emergencia Municipal disponen hoy de equipamiento más adecuado y dedica toda su atención a las tareas que le son propias, coordinada eficazmente con Carabineros y la PDI.

Ello genera encuentros frecuentes de coordinación, que permiten compartir y analizan información, apoyarse recíprocamente y atender, coordinadamente, a los vecinos afectados, desarrollando, además, acciones preventivas, en diferentes barrios.

Con el incentivo del municipio, los reininos cada vez tienen mayor conciencia de la fundamental importancia de su protagonismo y se han ido organizando en comunidades y comités de barrio para conocerse, confiar entre sí, apoyarse y estar coordinados con la municipalidad y las policías.

Son ellos los que, responsablemente y de manera directa, han hecho denuncias a Carabineros y la PDI, mediante los sistemas de Denuncia Seguro y a través del Alcalde, todos los cuales hemos manejado y entregado reservadamente la información que se nos provee, que en los últimos meses ha permitido que se hagan diversos operativos en los que se ha logrado apresar delincuentes y desbaratar organizaciones delictivas.

Reiteramos nuestro reconocimiento a los detectives de la BICRIM y a los carabineros de la 16ª Comisaría de La Reina, especialmente al subteniente Oscar Muñoz por su valentía ejemplar, clara muestra del compromiso y disposición que apreciamos en todos ellos con nuestra comuna. Esperamos su más pronta y plena recuperación.

Renovamos nuestro compromiso por no decaer en el esfuerzo por lograr una comuna que viva tranquila, sabiendo que el esfuerzo de todos, a partir de su propia participación, con el municipio y las policías, pero por sobre todo con la tarea común, lograremos vecinos seguros, comunidades alertas y familias que, como siempre, reconocen en su barrio un lugar deseable para crear familia y comunidad.