Obra del cineasta que contiene más de una veintena de realizaciones, entre ellas, la premiada Batalla de Chile, Salvador Allende y Nostalgia de la Luz. Donativo que pretende asegurar la conservación, investigación y difusión de sus materiales históricos, entre los cuales, destaca su invaluable y detallado registro de los tres años de la Unidad Popular.

En el sentido opuesto al de Guzmán, la universidad privada Diego Portales compró el archivo del diario La Nación en un proceso de escaso conocimiento público.

Lo hizo a un precio absolutamente subvalorado cercano a los 80 millones de pesos, según confiesan los protagonistas.Y lo adquirió sin una explicación pública de parte del Directorio de ese medio, sobre la imposibilidad de la DIBAM y de la Universidad de Chile, de hacerse cargo del resguardo de este importante material histórico perteneciente a todos los chilenos.

Patricio Guzmán predicó con su ejemplo en momentos que el patrimonio cultural está en pleno debate en nuestro país. Una serie de intelectuales ligados a la conservación histórica suscribieron una crítica declaración en rechazo a la forma y al fondo de la enajenación del archivo de La Nación.

A su vez, los especialistas se oponen al proyecto enviado por el gobierno al congreso, que modifica la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales.

Reforma legal que no considera a la sociedad civil y peor todavía, propone la exclusión de los especialistas y organismos técnicos del Consejo de Monumentos Nacionales. Los críticos de este cambio legal apuntan a la desprotección a la que quedará expuesto el patrimonio cultural flexibilizando una serie de filtros a favor de proyectos energéticos y otros inmobiliarios.

Los defensores del patrimonio cultural, hoy organizados en diversos espacios ciudadanos, reclaman frenar este proyecto impulsado por el Ejecutivo y al mismo tiempo, abrir un debate nacional sobre lo que el país requiere, entiende y está dispuesto a conservar su patrimonio en una nueva era global.

En los expedientes de La Nación se contienen 97 años de crónicas, ilustraciones y fotografías no sólo de la historia política del país -como erradamente lo declaran en su página oficial la UDP-, sino además, esos polvorientos estantes guardaban toda la memoria gráfica, cultural y social de Chile plasmada en crónicas de todos los ámbitos del quehacer nacional (*).

Desde ahora y a no ser que se revierta la venta del archivo, el patrimonio cultural de este diario estatal (público) quedó en manos de un establecimiento privado de educación. Universidad que no trepidó en adquirir este material histórico relegando a las instituciones estatales más prestigiosas y especialistas en conservación de archivos.

Universidad que con este gesto emitió una señal poco académica y éticamente cuestionable, de pegarle en el suelo a un grupo de trabajadores que sostiene una activa campaña para defender la continuidad del diario con un nuevo proyecto como medio público.

La venta de los archivos del diario y a su vez la compra de este material atentan contra la protección del patrimonio cultural del país. Los que lo vendieron se proponen, amparados en argumentos políticos, la liquidación de La Nación al mejor postor.

Los que compraron intentan, con argumentos de baja solidez, sostener que protegerán el acerbo histórico bajo las normas y requerimientos técnicos que impone la especializada disciplina de la conservación de documentos, fotografías, negativos y diarios.

Vendedores y compradores se unen en un garrafal error de concepto, como lo es concebir la historia cultural del país y su registro material como una mercancía transable.

Apelan desde la cúpula de UDP – con un sofisma y con pluma pontificadora – a confundir a la opinión pública con una entelequia que niega que lo público, por definición, tenga carácter estatal.

Actualmente el Estado posee el 69, 26% de las acciones de La Nación y sólo el 29, 52% está en manos de privados. Discusión que hace rato en la academia y también en las leyes se zanjó separando de la discusión sobre la propiedad de los medios de comunicación versus la importancia que revisten para la sociedad los contenidos informativos y culturales

Televisión Nacional es un medio público, no pertenece a privados y su garantía de independencia política –muchas veces pisoteada- se reflejó en una ley y en un reglamento pactado a comienzos de los noventa. Obviamente, las normas de TVN hasta ahora son discutibles y criticables.

Desde la UDP aseguran que garantizarán el libre acceso al archivo del diario, pero encubren con ello una movida que va contra los tiempos, pues sólo buscan dar un mal entendido valor agregado a su labor académica, por medio de una espuria apropiación de un archivo público.

No sería raro que los próximos procesos de admisión universitaria, este centro de estudios use como un gancho publicitario la posesión de la historia del diario La Nación para captar estudiantes.

Las razones de la debacle de La Nación son tan amplias como los responsables de su fracaso de uno y otro sector político.

Sus detractores ligados a la derecha -desde La Moneda y el parlamento- criticaron siempre el uso y la manipulación del diario de parte de los gobiernos concertacionistas. La receta de este sector político implica enajenar sus bienes, borrar su historia y cerrar de una vez este medio.

Desde quienes serán el nuevo gobierno no hay una posición única ni menos nítida sobre el futuro de La Nación.Mientras unos personeros hacen la autocrítica por el abandono al que condenaron a este medio estatal, otros dirigentes en la Nueva Mayoría se abren a elaborar un proyecto que implique la conservación del diario como un medio público, independiente de los gobiernos de turno y con financiamiento estatal que garantice su existencia.

En ambos sectores de la Nueva Mayoría, la sobrevivencia de La Nación no representa una prioridad política para el nuevo gobierno.

Unos y otros carecen de una lectura fina y de fondo que les permita reconocer que un medio público –no de gobierno- es vital en estos tiempos para impulsar junto a una ciudadanía activa los cambios políticos, económicos y culturales que el país exige desde 2011. Tal vez, el contenido más de fondo en esta polémica.

La Nación atraviesa por días decisivos de sobrevivencia. En noviembre de 2010 se cerró su versión en papel, desde entonces cerca de 300 trabajadores fueron cesados y se circunscribió sólo a la edición electrónica. En estos días se conocerá el nombre de quién compre las acciones en una licitación de su propiedad.

La creación de un proyecto de calidad que conciba a un medio público como factor de democratización cultural del país es urgente. La clase política, la sociedad civil y la ciudadanía organizada tienen en sus manos la oportunidad de refundar La Nación, rescatar su archivo y su historia.

Y por sobretodo, como lo hizo Patricio Guzmán con su filmografía, asegurar a las nuevas generaciones la conservación de su material histórico. Un patrimonio cultural que no se vende.

(*) Durante 5 meses de 2004 el autor de esta columna tuvo acceso gratuito al archivo de la Nación para investigar la campaña de Colo Colo a mediados de 1973. Trabajo que concluyó en el documental “Sabor a Victoria”.

Necesario porque actualiza un trauma histórico y porque permite elucubrar soluciones a un puzle intencionalmente no resuelto. Tanto así que sin quererlo Juan Emilio Cheyre, en su estudiada puesta en escena en TVN ante Ernesto Lejdeman, dejó abierto un flanco vital para cualquier lógica militar: la Inteligencia.

Tanto en el sentido común como en el sentido castrense. Sí, esa misma Inteligencia que cuenta con agentes encargados de procesar información. Que sabe al dedillo quiénes componen sus filas y cómo se comportan. Que conoce cada huella de su institución. Y que si se usa su trabajo por los tribunales de justicia sería crucial para aclarar las violaciones a los derechos humanos.

No es posible bajo ninguna óptica que un ex jefe del Ejército, hasta hora general estrella de la transición política, no arribe a pistas, datos e informaciones sobre detenciones, torturas y desapariciones de miles de personas.

No es posible que existiendo un detallado contenido sobre la represión política en las conclusiones de la  Comisión Rettig y el Informe Valech, Cheyre lo desconozca.

No es posible que siendo el segundo al mando en el Regimiento Arica de La Serena desconozca todas las acciones de los efectivos de ese destacamento ejecutadas después del golpe de Estado, entre ellas, el paso de la Caravana de la Muerte y las circunstancias que terminaron con la vida de los padres de Lejderman.

No es posible que argumente verdades parciales cuando se sabe el día, la hora y el lugar donde fueron detenidos cada uno de chilenos que pasaron por los cuarteles de la DINA, del Comando Conjunto y de la CNI.

No es posible que un militar de alto rango -contemporáneo con los hechos denunciados- no logre a través de sus servicios de inteligencia (vigentes en democracia) diseñar un detallado modus operandi de los represores, realizar cruces de informaciones y elaborar una lista precisa de agentes y oficiales que participaron de los crímenes de lesa humanidad.

Con todo el acerbo existente sólo resta un dato clave que necesariamente pasa por una información de inteligencia militar.

Y en eso, Lejderman goza de toda la razón cuando le exige a Cheyre romper el pacto de silencio entre los violadores de derechos humanos. En especial, el llamado grupo de exterminio que fue el encargado de las ejecuciones y luego de no dejar rastros de sus víctimas.

Grupo selecto, que según diversos testimonios no supera los 50 efectivos totalmente encuadrados desde Manuel Contreras hasta agentes de menores rangos. Comando que en una operación diseñada por los altos mandos militares logró hasta hoy mantener en incógnitos y diversos paraderos a la mayoría de los Detenidos Desaparecidos.

Ante los pactos de silencio, los procesos históricos son ejemplares a la hora de romper esos oscuros acuerdos. Los juicios a los criminales nazis en Nuremberg aportaron una señal clara sobre las formas y métodos para obtener y procesar la información depurada por organismos competentes en investigaciones históricas.

En Chile, los tribunales en cientos de procesos no lograron, hasta hoy, sistematizar los datos, construir relatos precisos y arribar a conclusiones irrefutables, que rompan el secreto pactado entre asesinos y torturadores. Información de alta fidelidad que acorrale ante la historia a los militares y también a los cómplices civiles y los obligue por su contundencia a entregar la verdad de la represión política durante diecisiete años.

Juan Emilio Cheyre contó con las herramientas institucionales. Tuvo el poder y las facultades.

Gozó de los aplausos de un parte de los civiles en la transición. No se atrevió porque es leal a la institución que violó los derechos humanos y que hasta estos días protege a los responsables.

No lo hizo porque por formación asume que los civiles no pueden romper secretos militares ni menos castigarlos. No lo hizo porque prefirió la impunidad ante la justicia. Y por estos días y ante la presión de la opinión pública se refugió en un peligroso y poco creíble predicado “me siento libre de todo cuestionamiento legal y ético”.

A toda vista, una cuestión de Inteligencia.